En el transcurso de los últimos 14 años, desde la crisis del 2008, nos hemos acostumbrado a escuchar y leer a través de los medios de información y comunicación palabras como: crisis, recortes, privatización, precariedad, etc. Nos hemos acostumbrado a ellas, o nos han acostumbrado, convivimos con ellas, siendo un lastre para la sociedad y la clase trabajadora. El liberalismo nos impone sus criterios, siempre pensando en los intereses de la minoría privilegiada, y condiciona las vidas de quienes dependemos de un salario o una pensión. Colectivamente, parece que hemos asumido la incertidumbre, el miedo, el bloqueo, la parálisis e inseguridad que los medios de comunicación de masas inoculan a la sociedad que se cree libre. Es evidente que esas palabras están incluidas en los debates políticos, y como es lógico en sus políticas de gobierno. Prueba de esto es el diseño de los Presupuestos Generales del Estado, donde prima el pago de la deuda y sus intereses sobre los gastos sociales, o la aprobación para determinadas leyes que dejan exentos de impuestos a los que más tienen.
E l pasado sábado 17 de septiembre se desarrolló una manifestación en protesta por la situación de las residencias de mayores en las comunidades autónomas. Bajo el lema, OTRO MODELO DE RESIDENCIA ES POSIBLE, unas 10.000 mil personas se congregaron desde la Plaza de España hasta la Plaza de Callao, ocupando toda la Gran Vía de Madrid. Cansados, sus familiares, del trato que reciben nuestros mayores en las residencias.

No es necesario que yo reproduzca aquí lo que ya sabemos y hemos visto todos en la intervención que se dio en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por Mariano Turégano, de 82 años, afectado por la deshumanización que sufre y se produce en las residencias de Madrid.
En las reivindicaciones que se llevaron a la manifestación, convocada por PLADIGMARE y otras asociaciones por la dignidad de las personas mayores, destacaban: el incumplimiento de las ratios del personal que garanticen una atención de calidad, aumento del número de Inspectores que permitan controlar el funcionamiento en las residencias, garantizar la asistencia sanitaria por parte de la sanidad pública (algo que parece evidente, pero que no se hizo en plena pandemia), contratación indefinida, la formación adecuada del personal y acabar con la precariedad y los bajos salarios, que todas las residencias públicas que han sido privatizadas vuelva a una gestión pública directa; es inadmisible la privatización del sector de los cuidados, limitar a 60 plazas por residencia, entre otras medidas.
El desmantelamiento de lo público llega a todos los sectores y las políticas que se desarrollan son contradictorias a las necesidades reales de la sociedad, lo estamos viendo con los pensionistas y las reformas de la ley de la seguridad social, en la educación pública con un abandono de los centros públicos, en favor de las empresas privadas del mercado de la educación, con un gran auge de centros concertados y privados a costa del dinero público.
Las políticas para la cobertura de las necesidades sociales van en contra de las necesidades de la mayoría: vivimos tiempos en los que la natalidad ha bajado considerablemente y sin embargo, en entramos ya en la etapa en la que, la generación del babi boom, está llegando a la vejez, pero nos encontramos ante un déficit de residencias públicas que cubran las necesidades, o mejor dicho, los derechos fundamentales.
Por el derecho a una vejez digna, por nuestra dignidad y la de nuestros padres y madres, por los sistemas públicos, ¡¡¡luchemos ante las políticas deshumanizadoras del neoliberalismo!!!
