Mes: junio 2018

El pasado jueves dia 7 de junio se celebró un acto en la sede de UGT de Cataluña.

El acto convocado por militantes ugetistas impulsores de la recogida de firmas pidiendo su libertad, y que entre otras cosas, dice el texto de firmas

» Lo hacemos como militantes del movimiento obrero que, hoy como ayer, estamos convencidos de que defender la libertad nunca puede dividir a la clase obrera».

Al acto acudieron 120 militantes entre afiliados, delegados, responsables comarcales y miembros del Secretariado Nacional de Cataluña.

Se informó de las más de 200 firmas recogidas hasta el momento, entre los firmantes hay compañeros y compañeras de todas las comarcas de Catalunya, también se informó de que empiezan a llegar las primeras firmas de compañeros y compañeras del resto del estado, destacando la importancia de que la recogida de firmas se extienda por todo el país.

En el acto fueron leídos comunicados de varios compañeros, entre los que destacaba el del diputado de ERC Jordi Salvador.

Hubo intervenciones que destacaron el carácter humano de la compañera Dolors, otras su compromiso militante a favor de las reivindicaciones, su labor como ugetista, como secretaria general de UGT de las comarcas de Gerona y como Consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y familia que lo fue del Gobierno de la Generalitat.

Todas las intervenciones coincidieron en que la UGT, como sindicato con más de 130 años de historia no puede  dejar de defender a sus militantes por tener unas ideas distintas al Gobierno de Rajoy o cualquier otro, las leyes que encarcelan a políticos por sus ideas, a raperos por sus canciones, a titiriteros por sus obras son las mismas leyes que tienen encausados a mas de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, no lo podemos permitir, nos quieren atemorizar para que no defendamos derechos y libertades, subrayó alguno de los que intervinieron en el acto.

El acto finalizo con la constitución de un comité de ugetistas por la libertad de Dolors Bassa, con el compromiso de organizar una delegación para visitarla a la cárcel y organizar un acto en Madrid a poder ser en los locales de UGT y con la sala en pie gritando por la libertad de Dolors Bassa.

Jose Antonio Iniesta

Tribuna Socialista Catalunya

Izquierda Socialista siempre se ha reclamado republicana. El republicanismo es consustancial a la naturaleza misma de la corriente y estaba en el pensamiento político de quienes la constituyeron. Así se expresaba Luis Gómez Llorente, el 11 de mayo de 1978 en la defensa del voto particular del PSOE, en el Congreso de los Diputados, en pro de la República como modelo de Estado:

“…es un axioma que ningún demócrata puede negar, la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas.  Nosotros agregaríamos: se debe incluso facilitar la libre determinación de las generaciones venideras” ¹

La República no es para nuestra corriente una celebración festiva que se produce una vez al año, de manera extraoficial. Ni es una rememoración romántica de una etapa de gran prosperidad en cultura y libertades, que fue truncada por el violento golpe militar animado por los poderosos de la sociedad.

La República es el modelo de Estado que hoy puede regenerar la corrompida vida política de nuestro país. Es la puerta por la que salir hacia un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.

No renegamos de La Constitución de 1978, pero está superada. Fue una Constitución para la transición de un régimen fascista, dictatorial y criminal a una democracia que había que construir. Tras 40 años, corre el riesgo de convertirse en un freno para la evolución democrática.

Ciertamente no hay nada escrito que diga que caducaba en tal o cual fecha, pero es que las leyes, las constituciones también, alcanzan su obsolescencia cuando la sociedad percibe que sus problemas no son solucionados por las leyes.

La Constitución de 1978 además arrastra muchos elementos del régimen que había que superar, como es lógico al ser producto del consenso y tener por objetivo transitar de un régimen criminal e ilegítimo a un régimen democrático, aunque esa democracia no fuese perfecta.

Uno de los sesgos más simbólicos es el vago concepto del aconfesionalismo, que ha permitido continuar con la Iglesia católica inmiscuida en los asuntos de Estado. O dicho de otro modo, el Estado continúa bajo palio, dando dinero público a la Iglesia para que pueda mantener sus negocios en sectores estratégicos como la educación, la salud o las organizaciones no gubernamentales, de las que la Iglesia es propietaria del más del 80%. Una Iglesia que está presente en todos los actos de Estado, evidenciando sus privilegios y su poder.

Ya es hora de resolver este asunto e introducir el concepto del laicismo, para respetar el sentir del pueblo respecto a la separación de Estado y religión, sin menoscabo del respeto a la fe en el ámbito privado. Y el concepto de laicidad, para garantizar un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos.

Lo que ya no es un sesgo sino una herencia directa del pasado, es que el Jefe del Estado sea a su vez, según el Artº 62 h) de la CE “El mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

Lo que quizás no todos los ciudadanos sepan o recuerden es que este precepto de la Constitución se basa en la ley 16/75 de 20 de noviembre de 1975, es decir que el Rey es militar antes que rey. Este anacronismo es el que hace dudar de si en la denominación del modelo de Estado “Monarquía Parlamentaria”, pesa más el sustantivo o el adjetivo.

Es quizás por lo que parece que la democracia tiene el límite en no cuestionar las herencias del pasado; lo venimos viendo con las incomprensibles trabas para hacer justicia a la memoria histórica y poner fin al dolor de las víctimas del franquismo.

Como Constitución de transición que fue, el Artº 2 refleja la necesidad de “contentar” a las partes para alcanzar el necesario consenso que se habían marcado. Este Artº, refleja el sentir del pasado: “España una grande y libre” que estaba incorporado en la banda del negruzco águila, símbolo de la España franquista; cuando dice dicho artículo: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” para acto seguido decir: “…y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Vale que en aquel momento hubiese que casar voluntades, incluso si el papel que todo lo aguanta se acercase muchísimo a lo contradictorio, pero han pasado 40 años y es preciso evolucionar, pasar página definitiva al franquismo, apartar todos sus sesgos, herencias y reminiscencias.

Tenemos que felicitar a nuestro Partido, por la iniciativa parlamentaria de constituir una Comisión para la reforma constitucional. Es un paso importante y valiente que no puede saldarse con un mero cambio estético.

Esta iniciativa tiene que ir acompañada de un sano debate en las agrupaciones del Partido, y es el Partido el que debe liderar un debate abierto en la sociedad, para recabar el sentir de la ciudadanía y para madurar nuestra posición, para enriquecerla con las aportaciones de otras fuerzas políticas que se identifiquen con la República como modelo de Estado.

Las leyes hay que cumplirlas, pero las leyes no pueden ser el obstáculo para el avance democrático de los pueblos. Hay que dejar atrás la España de las Autonomías, para avanzar hacia la España Federal, en la que los pueblos que componen el Estado español puedan decidir cómo se relacionan entre sí, desde la libertad y no desde la imposición.

Son muchos los aspectos que hay que reformar en la Constitución, como lo es la necesidad de blindar el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones públicas. Como es necesario poner nitidez en la separación de poderes, particularmente entre Ejecutivo y Judicial.

Hay que avanzar en la democratización y transparencia de la elección de los jueces; colectivo social que está impregnado de los sesgos del pasado antes referidos.

No será un trabajo fácil ni rápido, pero es un trabajo necesario, vital, en el que IS tiene un papel muy importante que jugar.

¹.-http://www.escoladeferrado.es/wp-content/uploads/2014/06/19780511-CONGRESO-REPUBLICA-VOTO-PARTICULAR-PSOE-GOMEZ-LLORENTE.pdf

Comunicación realizada por Roberto Tornamira de IS-Madrid, afiliado en la Agrupación de Arganzuela.

El 29 de marzo de 2012 tuvo lugar la Huelga General, convocada por los sindicatos UGT y CCOO y secundada por la práctica totalidad de las organizaciones sindicales y estudiantiles; contra la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, la más salvaje y agresiva que hemos conocido.

Millones de trabajadores secundaron la huelga; el Gobierno reconocía que 800.000 manifestantes participaron en las movilizaciones de la tarde del día 29 en distintas ciudades; fueron muchos más de 2 millones, teniendo en cuenta el criterio de aquel Gobierno de minimizar los efectos de una huelga contra sus medidas laborales, comprometidas con la Comisión Europea: recordemos como reportaba Luis de Guindos, Ministro de Economía del Gobierno Rajoy, a Jean-Claude Junker, Presidente del Consejo Europeo en aquel entonces, hoy Presidente de la Comisión Europea: “será una reforma extremadamente agresiva”, dijo el Ministro de Rajoy.

Aquella noche, como en todas las huelgas, miles de militantes sindicales, obreros concienciados de lo que nos jugábamos, salimos a colaborar en los piquetes informativos para fomentar e informar de los motivos de la huelga. Entre ellos estaban los compañeros José Manuel Nogales y Rubén Ranz, militantes de la UGT, trabajadores del sector de hostelería y Comercio respectivamente.

Fueron detenidos junto al lujoso Hotel Ritz, en Madrid, en la Plaza de la Lealtad. Desde entonces han pasado un calvario judicial, al ser acusados por la fiscalía, en connivencia con la policía con falsedades que lo único que perseguían era la criminalización de la huelga, buscando sentencias y penas ejemplarizantes para disuadir al movimiento obrero de hacer huelga, induciendo a los trabajadores a renunciar de su derecho constitucional para la defensa de sus legítimos derechos: la fiscalía llegó a pedir penas de 14 años de cárcel para Rubén y José Manuel, 7 para cada uno. En el caso de los encausados de Airbus el conjunto de los años solicitados por la fiscalía alcanzaron los 64 años de cárcel, 8 para cada compañero.

Estos criterios fiscales y policiales, absolutamente desproporcionados, han emanado del Gobierno del PP, por suerte hoy fuera del poder gubernamental. La consecuencia ha sido que más de 300 trabajadores y trabajadoras, como Rubén y José Manuel, como los ocho compañeros de la planta de Airbus en Getafe, han pasado y muchos de ellos continúan pasando por un drama personal y familiar.

Tras más de seis años, el pasado día 28 de mayo, fue publicada la sentencia de apelación 191/18 de la Audiencia Provincial de Madrid, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3, de 17 de julio de 2017, sentencia de la Audiencia provincial en la que les da la razón a los compañeros, al considerar que, examinada la grabación audiovisual, no hubo coacción ni intimidación y que el trabajador afectado no se sintió en ningún momento obligado a abandonar su puesto de trabajo, “no pudiendo derivarse la intimidación o el temor del mero hecho de que los componentes de un piquete insten de otros trabajadores la adhesión a la huelga, ya que ello forma parte de sus facultades de información, publicidad y propagación de sus reivindicaciones, las cuales no sólo son plenamente legítimas, sino que integran el contenido de un derecho fundamental”.

Tras conocer la sentencia, desde UGT, se insiste en la necesidad de derogar el artículo 315.3 del Código Penal, aún vigente, que tipifica como delito “la conducta de quienes actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. La derogación de dicho artículo del Código Penal, será la medida necesaria para acabar con situaciones de injusticia como esta y como las sufridas por otros muchos sindicalistas de nuestro país.

​Es necesario recordar que el Artº. 315.3 del Código Penal desciende del artículo 496 del viejo Código Penal, que se introdujo precisamente en el periodo entre la muerte del dictador y cuando aún no habían sido legalizadas las organizaciones sindicales, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. El objetivo declarado de la norma era el de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”. Eufemismo utilizado con el objetivo de intimidar a las organizaciones sindicales entonces todavía clandestinas.

No exageramos cuando afirmamos que el PP es un partido heredero del franquismo; es un hecho que mantiene intactas sus posiciones filofascistas.

Junto a la “ley Mordaza” y a otras medidas que restringen la libertad de expresión y movilización, introducidas por el anterior Gobierno del PP, es urgente la derogación del Artº 315.3 del Código Penal.

La absolución de los compañeros encausados es un triunfo de la clase trabajadora con sus movilizaciones y el apoyo sindical y jurídico ejercido por los sindicatos de clase.

Roberto Tornamira Sánchez

Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

La militancia socialista está de enhorabuena con el cambio de Gobierno. Sin embargo, en el ambiente interno conviven opiniones divididas: Desde los que pensamos que ya era hora, hasta los más escépticos que ven cómo el triunfo de la moción de censura es una patata caliente difícil de gestionar. Lo que todo socialista tiene en común es la esperanza de un cambio real de políticas, y concretamente, una serie de puntos que el Gobierno de Pedro Sánchez debe abordar con la máxima urgencia.

Derogar la Reforma laboral:

Es urgente cumplir con el compromiso adoptado de derogar la reforma laboral que ha empobrecido a los asalariados y asalariadas de nuestro país, y no ha aportado ninguna solución al grave problema del desempleo.

Derogar la Ley Mordaza y el 315.3 del Código Penal

La Ley Mordaza y el 315.3 del Código Penal son normas que están ejerciendo una auténtica represión contra la clase trabajadora, y que están sirviendo para encausar y/o encarcelar a todo aquél que, en el ejercicio de su libertad de expresión, ose discrepar con los poderes establecidos, sea escribiendo la letra de una canción, o participando en un comité de huelga para defender los derechos de la clase.

Cambio de políticas de medio ambiente

El medio ambiente no es un tema menor. Hoy la tecnología permite satisfacer las necesidades de abastecimiento energético de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Que el país con más horas de sol esté a la cola en energía solar y sea importador de energía nuclear procedente de Francia es inadmisible. Es necesario apostar decididamente por las energías renovables y eliminar la dependencia de los grandes lobbies energéticos.

Pensiones

La lucha de los pensionistas por unas pensiones dignas es una lucha que no acaba con el cambio de gobierno, sino con leyes que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras. Ya hemos hablado en otros números de TS de que el sistema público de pensiones y de la seguridad social es perfectamente viable, desmontando con argumentos todos y cada una de las afirmaciones neoliberales de quienes ven en las pensiones un negocio lucrativo para el capital financiero. Garantizar pensiones dignas y el sostenimiento del sistema público de Seguridad Social han de ser piedras angulares del gobierno de Pedro Sánchez.

Protección contra el desempleo

Como ya se ha argumentado en el artículo de este número de TS de Toni Ferrer sobre los Presupuestos Generales del Estado, las políticas activas de empleo son fundamentales para el cambio de modelo productivo. Por eso, es necesario reformular las políticas previstas por el gobierno orientadas a subvencionar a las empresas y destinar esas partidas a incrementar las actuaciones de orientación y formación, e incrementar la dotación económica para impulsar infraestructuras para la ocupabilidad, modernizar los Servicios Públicos de Empleo y el sistema de formación para el empleo y detener (y eliminar) la espiral liberalizadora de los servicios públicos de empleo hacia el sector privado.

Justicia

Es necesario abordar un cambio de nuestro sistema judicial para resolver con mayor celeridad y justicia todos los casos de corrupción y violencia de género, como temas con mayor clamor popular, pero también la revisión de los supuestos de prisión preventiva que se están aplicando como consecuencia de la ley mordaza.

 Hacia una reforma constitucional

Somos muchos los que pensamos que si existe una vía para el mejor encaje de las distintas nacionalidades que conviven en este estado plurinacional llamado España, esta vía es una reforma constitucional de corte federal, y en la que el derecho de autodeterminación de los pueblos se constitucionalice. Es necesario, abrir el diálogo (negado por Rajoy y el bloque independentista en Catalunya) y comenzar a reconstruir puentes de diálogo y acuerdo en aquellos puntos que nos unen a todos.

 Una sociedad más igualitaria.

El nombramiento de 11 ministras como miembros del Gabinete de Pedro Sánchez no debe ser solamente un gesto, sino una primera acción para conseguir la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el fin de la brecha salarial, y la construcción de un país basado en los principios de clase, que permita el empoderamiento de hombres y mujeres sin distinción de género.

Educación, sanidad y dependencia

Tres de los pilares del Estado de Bienestar más castigados por el gobierno Rajoy deben ser 3 motores de la recuperación económica, laboral y social para los socialistas.

Estos son algunos de los ejes del cambio que desea la mayoría social de nuestro país, y que supondrán la recuperación de la confianza en el Partido Socialista como partido del cambio.

Los militantes socialistas sabemos de las dificultades de un plan de gobierno que vaya en esta dirección, por cuanto la caverna mediática al servicio del capital financiero no cesará en su propaganda contraria a un plan de reformas social; y por cuanto, la oposición de la derecha (PP, C’S, PNV y PDCAT) es muy fuerte.

Sin embargo, la mayoría social de este país necesita de este cambio radical de las políticas para que la supuesta recuperación económica se refleje en la recuperación económica de la clase trabajadora.

Todas las esperanzas están depositadas en Pedro Sánchez.  ¡No nos falles, los militantes no fallaremos!

Baltasar Santos

Primer secretario PSC EL Vendrell

Tribuna Socialista Tarragona

El PNV da su apoyo a los PGE prolongando la agonía de Mariano Rajoy  y de un gobierno descompuesto, esto un día antes de que salga la sentencia de la Trama Gürtel  que condena al Partido Popular  por lucrase y a 29 cargos del PP a un total de 351 años de cárcel, solo por esta trama, como ellos mismos dicen  “un caso aislado”, como la detención de Eduardo Zaplana, Ignacio González, Francisco Granados, Luis Bárcenas y tantos otros “casos aislados” que dejan patente la norma de actuación de muchos cargos del  PP a lo largo de toda la geografía española durante las últimas décadas.

Es razonable pensar que la derecha vasca quiera salvar el culo al Gobierno del  PP, primero por una suculenta gratificación económica, pero en segundo lugar para mantener en pie todo entramado empresarial al que tan bien sirven, tanto el uno como el otro.

El problema lo tenemos nosotros, socialistas, militantes socialistas, que vemos como nuestro Partido firma acuerdos, aquí en Euskadi con el PNV o en Madrid con el PP que nos genera contradicciones en la defensa diaria que hacemos en lucha del bienestar de los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado.

Toda la lucha en la calle por una subida de las pensiones no servirá de nada cuando se hagan las trasferencias de la Seguridad Social al Gobierno Vasco, según lo firmado en su acuerdo por PNV-PSE/EE pasara todo el patrimonio de la Seguridad Social en Euskadi (incluido hospitales) a manos de la C.A.V., el primer paso para su privatización y la hucha de la pensiones pasara a depender del Gobierno Vasco de turno, destruyendo definitivamente la caja única de la Seguridad Social, que terminaran por ser  17 “cajas únicas” a disposición de los 17 gobiernos de turno y así acabaran con el último resquicio de solidaridad obrera que aún nos queda a los trabajadores de este país y que contribuye a vertebrar el Estado.

Pero no acaban ahí los problemas con el Pacto PNV-PSE/EE, el problema se agrava en nuestras ciudades, cuando las políticas municipales acaban presas de ese pacto, que aunque a nivel municipal los ayuntamientos como Barakaldo o Irún puedan romper el acuerdo de gobierno, en esos municipios, tiene por encima el pacto de Euskadi que les obliga a unos mínimos, como por ejemplo aprobar los presupuestos en esos ayuntamientos. Todo esto lleva a situaciones ridículas en nuestros pueblos y ciudades, sobre todo ahora que van llegando las elecciones municipales y nos vemos en la obligación de “atacar” las posibles iniciativas y actuaciones del PNV mientras en Euskadi hay que tragar con todo, como que apoye los PGE con el PP el mismo día que presumiblemente acuerdan en el preámbulo al Estatuto de Autonomía con EH-Bildu en favor del derecho a decidir, según algunos medios de comunicación, derecho a decidir que es una de las causas del conflicto catalán.

Nos están vendiendo desde hace muchos meses que desde Cataluña viene el  lobo… cuidado, que viene el lobo… como en el cuento infantil,  cuando la verdadera jauría de lobos estuvo y está todavía hoy en el Partido Popular, ya he mencionado a alguno de ellos al principio de este articulo y lleva años devorando a la clase obrera y sus derechos.

Iñaki Merino

Tribuna Socialista Euskadi

Muchos han sido los artículos de la prensa de derechas y las tertulias -la de izquierdas la esperamos con ansiedad-  dedicados a destacar que la victoria del PSOE en la Moción de Censura contra el Gobierno de M. Rajoy, celebrada entre los días 31 de mayo y 1 de junio, se debe casi en exclusividad a la corrupción del PP tras la sentencia del caso Gürtel.

Quisiera destacar que no sólo la corrupción que azota al PP ha llevado a la victoria del PSOE en la referida Moción de Censura y que como consecuencia tengamos un Presidente del Gobierno del PSOE.

Resaltar en primer lugar, que el actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue elegido en primarias Secretario General el pasado 21 de mayo de 2017, gracias a la movilización de la militancia de base frente al aparato del partido, hecho destacable entre los militantes, simpatizantes y por qué no de la clase trabajadora, apostando por el Sí es Sí y por tanto el cambio del Gobierno del Partido Popular.

El resultado de lo anterior generó un tiempo de cambio y de esperanza entre la clase trabajadora para hacer efectivas. Derogación de las reformas laborales de 2010 y de 2012, supresión de la Ley Mordaza, eliminación del artículo 315.3 del Código Penal, la salida política del conflicto de Catalunya y el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones y la necesaria reforma de la Constitución.

En el terreno de lo concreto, de Norte a Sur, Este a Oeste del Estado, los trabajadores se han movilizado por la defensa del Sistema de Público de Pensiones, por la derogación de la reforma del 2013, aprobada en solitario por el Gobierno del PP, comenzando las movilizaciones con la marcha de trabajadores el 9 de octubre de 2017 convocadas por CCOO y UGT. Dicha movilización fue creciendo en intensidad y participación en las convocatorias de los meses de febrero y marzo así como en la del 15 de abril de 2018 con la participación no sólo de los pensionistas también la clase trabajadora activa, así como los jóvenes que estuvieron presentes en todos los actos convocados.

Fue el 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la convocatoria por parte de los sindicatos de la Huelga General contra la desigualdad de género en todas sus vertientes: brecha salarial, discriminación o acoso laboral y sexual, violencia de género,…, cuando en más de 120 ciudades en las concentraciones del mediodía y en las manifestaciones de por la tarde centenares de miles de trabajadores salieron a la calle siendo una jornada de reivindicación de gran éxito; tanto fue así que incluso el Gobierno del PP tuvo que rectificar sus declaraciones de días anteriores reconociendo el éxito de la jornada de huelga, y partidos como C´s, a prisa y corriendo, se quisieron sumar a este tremendo movimiento social y sindical.

La contestación social a la que aludo, se puede cuantificar con las horas de trabajo perdidas por huelga, que superaron los 6,4 millones en los cuatro primeros meses del año 2018, lo que supone multiplicar por más de dos (+146,9%) las del mismo periodo de 2017, según el último informe de la CEOE sobre conflictividad laboral.

Por tanto, aunque la opinión publicada pretenda engañar a la clase trabajadora, la presión ejercida en las calles y en los centros de trabajo con sus organizaciones al frente ha contribuido de manera determinante a poner en evidencia la antipatía y el rechazo que ha cosechado el PP en estos últimos años, siendo la gota que colmó el vaso la primera de las sentencias del caso Gürtel; (la segunda se hizo pública el pasado día 11 de junio, con la pieza de Gürtel en País valenciano, en la que también ha quedado acreditado que el PP financió actos electorales con dinero de la trama). La consecuencia lógica ha sido que ningún partido político, salvo Ciudadanos, ha querido salvar al Gobierno que más daño a realizado en este país contra los derechos y libertades de la mayoría social.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

 

 

Desde el gobierno del Partido Popular han calificado el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 como “los más sociales”, y afirman que tienen como objetivo principal que los beneficios de la recuperación económica lleguen a todos los ciudadanos especialmente a aquellos cuyas rentas dependen del Presupuesto. Pero la realidad es bien distinta para los cerca de 3,8 millones de personas desempleadas, de los que el 50 % son parados de larga duración, contabilizados por la EPA en el primer trimestre de este año, pues sufren los recortes de la protección por desempleo desde 2012.  El gasto en prestaciones por persona parada ha pasado de los 500 euros de 2011 a 369 en 2017.

El Proyecto de Ley de los PGE para 2018, aprobado por las derechas (Partido Popular, Ciudadanos, PNV y CC junto a otros representantes regionales), tiene como previsión de ingresos   de las cotizaciones de desempleo 20.471 millones de euros. Al mismo tiempo, el gasto previsto en prestaciones a las personas desempleadas se presupuesta en 17.702millones de euros, hay 3.060 millones de euros que, procediendo de cuotas de desempleo, no se destinan a proteger a las personas desempleadas.

El gobierno pretende justificar esta reducción de la protección por desempleo en la mejora del empleo, pero las causas reales son los recortes impuestos por el gobierno de Mariano Rajoy al sistema de protección por desempleo con el RDL 20/2012 junto con la reforma laboral de 2012, que han provocado un grave deterioro del mercado laboral y la expansión desorbitada de las contrataciones precarias que restringen el acceso a las prestaciones contributivas por desempleo. Lo que tiene como consecuencia que la tasa de cobertura por desempleo es cada vez menor, del 76,6% en enero de 2011 ha caído al 59,2% en enero de 2018.

El gasto previsto en prestaciones por desempleo en 2018 es un 3,4% inferior al de 2017, cuando la partida presupuestaria fue de 18.318 millones de euros, esta reducción se suma al recorte de un 7,6% en los PGE 2016. El presupuesto destinado a lo protección por desempleo es claramente insuficiente para atender a los mas 3,4 millones de parados registrados en el SEPE, pues casi cinco de cada diez personas desempleadas estén desprotegidas.

El pasado 30 de abril terminó la prórroga de los programas de protección de los parados de largo duración (PREPARA y PAE) acordada por el gobierno con las organizaciones empresariales, sindicales y las Comunidades Autónomas sin alcanzar un acuerdo. Después de siete meses de inacción y con las propuestas de recorte de la actual cobertura de la RAI, PREPARA y PAE el Gobierno anuncia que el grupo parlamentario Popular ha presentado una enmienda en la tramitación los PGE. Con un excedente de fondos procedentes de cotizaciones por desempleo sobre las previsiones presupuestarias de gasto con la enmienda que presenta el PP y ha consensuado con el PNV, Ciudadanos, y resto de apoyos, cambia el PREPARA y el PAE por un subsidio de seis meses de duración que solamente se puede percibir en una única ocasión. Es decir, reduce en seis meses el período que una persona parada de larga duración y sin protección podía cobrar con los dos programas.

Es inaceptable que el presupuesto total de programas del Servicio Público de Empleo Estatal se reduzca de 23.994 en 2017 a 23.606 en 2018, lo que representa  una reducción de un 1,6%, No se prevén tampoco  partidas para reformar el  sistema de protección por desempleo ante los enormes  vacíos de cobertura que sufren  los parados de larga duración y los mayores d 52 años ni tampoco para crear el  necesario sistema de rentas mínimas, como el que se contiene en  la Iniciativa Legislativa Popular promovida UGT y CCOO para establecer una prestación de ingresos mínimos y que actualmente se está tramitando en el Congreso.

Las políticas activas de empleo con un presupuesto que crece un 3,9%, por debajo del 4,2% de previsión de crecimiento del PIB nominal, hasta los 5.716 millones de euros. Es un presupuesto insuficiente y repartido de forma injusta. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el aumento de determinadas partidas, que tienen como destino a las empresas a través de las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones, es decir, no está orientado a la atención de las personas desempleadas, a impulsar itinerarios de inserción laboral y a mejorar su la empleabilidad a través de orientación y la formación, sino a subvencionar al sector privado.

 

Las actuaciones de fomento de la contratación laboral: bonificaciones, reducciones de cotizaciones y tarifas planas, representan 3.327 millones de euros, con un peso en el conjunto de las políticas activas cada vez mayor. La apuesta del gobierno por este tipo de medidas es un grave error, ante nula eficacia de la gran mayoría de estas actuaciones.  Estas medidas en la mayoría de los casos son un peso muerto en los contratos realizados, pues las contrataciones que se hubieran realizado igualmente sin la ayuda.

 

Menor gasto se prevé en la formación para el empleo tanto para desempleados como para trabajadores ocupados, se destinan 2.284 millones de euros y se presenta como novedad el cheque formación, ya comprometido en 2017 por el PP con Ciudadanos, que no va resolver los problemas que atraviesa el sistema de formación para el empleo.  El resto de actuaciones previstas las conforman otras partidas las que se destinan      cuantías menores como las destinadas al impulso de la responsabilidad social, la economía social o el trabajo autónomo, que ponen al descubierto la falta de compromiso real con estos políticas por parte del gobierno. Tampoco se realiza ningún esfuerzo en la partida de modernización de los Servicios Públicos de Empleo y en cambio se establecen   programas de ejecución externa por parte la Agencias de Colocación.

 

El Plan de Garantía Juvenil incluye la dotación 500 millones de euros, para contrataciones precarias se destina un complemento salarial del 80 % del Iprem. Esta medida ya estaba prevista en el acuerdo de investidura del Partido Popular y Ciudadanos, en 2017 no se puso en funcionamiento. Esta medida no tiene ninguna utilidad real, el objetivo subvencionar los costes laborales a las empresas. La prioridad con una tasa de paro juvenil que roza el 36% debería ser potenciar programas de orientación, formación e inserción laboral de los jóvenes.

 

Para el PSOE este Proyecto de PGE de las derechas para 2018 es inaceptable porque no se orientan a que nuestro país crezca de forma sólida y sostenible y no posibilitan el cambio de modelo productivo. No plantean que el crecimiento se asiente en unas bases justas, redistribuyendo los beneficios de la recuperación entre todos para corregir las desigualdades y la exclusión social, el gasto social pierde peso en el conjunto de la economía.

 

El PSOE presenta unos Presupuestos Alternativos que persigue modernizar nuestra estructura productiva, sacar a la mayoría de sociedad del estancamiento que les someten las políticas de las derechas y potenciar la igualdad y la cohesión social mediante el diálogo con los interlocutores sociales. En materia de protección social , junto garantizar la sostenibilidad del sistema público de las pensiones a través del Pacto de Toledo  y asegurar   revalorización de las pensiones   con el  IPC  y  la derogación del factor de sostenibilidad, se plantea una mejora de la protección por desempleo para los parados de larga duración y mayores de 52 años y un plan de choque contra la pobreza con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, estas dos partidas representarían   un gasto de 3.600 millones de euros por encima a lo previsto por el gobierno en el Proyecto de PGE para 2018.

 

Para los socialistas a las políticas activas de empleo son fundamentales para el cambio de modelo productivo por eso se pretende reformular las políticas previstas por el gobierno orientadas a subvencionar a las empresas y destinar esas partidas a incrementar las actuaciones de orientación y formación.  A la vez se prevén 1.100 millones de euros adicionales destinados impulsar infraestructuras para la empleabilidad, modernizar los Servicios Públicos de Empleo y el sistema de formación para el empleo. Se potenciará el Plan Garantía Juvenil, en España está actualmente estancado pese a la importante financiación europea, a través de programas de asesoramiento y formación, con itinerarios personalizados de inserción, para ello se impulsarán programas de Becas de Éxito, destinado a los jóvenes sin estudios básicos para que puedan finalizar sus estudios y de Primera Experiencia Profesional para los jóvenes titulados en formación profesional o en grado universitario.

 

Toni Ferrer

 

El espectacular e inesperado éxito de Pedro Sánchez en la reciente moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy ha generado una fuerte ilusión y un renovado entusiasmo en muchos ciudadanos. La moción presentada por el PSOE respondió a un imperativo ético y moral y concitó un fuerte y radical rechazo a la impunidad y, sobre todo, a las mentiras absurdas y sin sentido vertidas por los responsables del PP y del gobierno anterior, incluso en sede judicial y parlamentaria. El éxito tuvo una relación directa con la determinación, valentía y audacia de Sánchez y con el comportamiento adecuado y responsable de Pablo Iglesias y de Unidos Podemos, junto a los partidos nacionalistas e, incluso, independentistas, que han tomado esta decisión sin exigir a cambio ninguna contrapartida.

Sin duda, lo que ha hecho posible la amplia confluencia de criterios (mayoría absoluta: 180 diputados) ha sido la imperiosa necesidad de echar al ya ex presidente Rajoy del gobierno, al negarse terminantemente a asumir su responsabilidad, como máximo dirigente político del PP (presidente), después de conocida la primera sentencia del caso Gürtel relacionada con la corrupción estructural y con la caja B del PP. Previamente, y antes de votarse la moción de censura, Sánchez había ofrecido a Rajoy la posibilidad de que dimitiera como presidente del gobierno, a lo que éste se negó terminantemente sin dar ninguna explicación sobre los motivos de su decisión.

Los grandes perdedores de la moción de censura han sido el PP y Ciudadanos víctimas de una corrupción sin escrúpulos (el primero) y de sus propios errores de cálculo (el segundo), de marcado carácter oportunista, al empeñarse en celebrar anticipadamente las elecciones generales. En todo caso, y al margen de la corrupción, Rajoy ha sido incapaz en su mandato de abordar en términos políticos el asunto de Catalunya (al judicializar como única solución el conflicto), ha disparado la deuda pública, vaciado de contenido el fondo de reserva de la Seguridad Social, precarizado la contratación, devaluado los salarios, eliminado la eficacia de los convenios colectivos de sector, transferido rentas del trabajo al capital, deteriorado los servicios públicos, reducido fuertemente la protección social y desarmado la política fiscal (fraude, amnistía fiscal y desplome del impuesto de sociedades). Lo que ha generado una mayor desigualdad y un aumento de la pobreza y de la exclusión social, como reconocen todos los expertos e, incluso, diversas instituciones y organismos internacionales.

Lo más grave de todo ello es que, en una fase de mayor crecimiento de la economía (en torno al 3%), Rajoy no ha corregido los brutales efectos de las políticas de ajuste, de marcada orientación neoliberal y, por lo tanto, tampoco ha compensado la deuda social generada en los momentos de crisis, a pesar de las fuertes movilizaciones de los colectivos más afectados por las medidas de ajuste. Por eso, y en estas circunstancias, Sánchez no lo tendrá nada fácil (con sólo 85 diputados), a pesar de contar de entrada con el potencial apoyo de Unidos Podemos y del PNV, ante el anuncio de una brutal y despiadada oposición del PP y de Ciudadanos (“Sánchez rompe España y pacta con los terroristas”). Esta previsible realidad conducirá, tarde o temprano, a unas elecciones generales anticipadas, al margen de que se intente gobernar, si es posible y cuando menos, hasta después de las elecciones en municipios, CCAA y parlamento europeo.

Mientras tanto, el nuevo gobierno debe comenzar a trabajar- sabiendo que no puede cometer errores- y, antes del verano, marcar sus prioridades junto a los nuevos ministros que, a su vez, deben de concretar sus primeras medidas. De entrada, el gobierno debe abordar la exigente Agenda Social: políticas activas de empleo; derogar las reformas laborales de 2010 y 2012; impulsar el diálogo y la negociación colectiva entre los interlocutores sociales; mejorar la protección social  (recuperar la dependencia, aumentar la cobertura del desempleo, revalorizar las pensiones- ligadas al IPC- y eliminar el factor de sostenibilidad); reducir la precariedad de nuestro mercado de trabajo; perseguir el abuso y el fraude en la contratación; garantizar la igualdad salarial de género; aprobar la ley de ingresos mínimos promovida por UGT y CCOO…

En segundo lugar, debe actuar ejemplarmente para moralizar la vida pública, regenerar la democracia y recuperar los  derechos perdidos. En este sentido es prioritaria la lucha contra la corrupción, asegurar la eficacia de la intervención del Estado (sobre todo a través de la Inspección fiscal y de la Seguridad Social); derogar la Ley Mordaza; así como el artículo 315.3 del código penal, que coarta el derecho de huelga y encausa a sindicalistas; y la disposición final de la Ley de Extranjería.

En tercer lugar, el gobierno debe redoblar su actividad en la UE, sobre todo cuando en estos momentos España ocupa un lugar irrelevante. Todo ello desde el respeto a los acuerdos con Bruselas y a los PGE-2018, que deben dar paso a la negociación del techo de gasto para 2019 y, posteriormente, de los propios PGE-2019, al margen de lo que deparen las conversaciones. En este sentido, el nombramiento de José Borrell como ministro de Asuntos Exteriores parece una decisión particularmente acertada.

En cuarto lugar se debe recuperar paulatinamente la calidad y la financiación de los servicios públicos; principalmente la educación, la sanidad y los servicios sociales con el propósito de mejorar la dotación económica vigente antes de la crisis.

En quinto lugar, poner en práctica medidas que nos garanticen superar la insuficiencia  fiscal y la progresividad. Comenzando por dimensionar los efectivos de la inspección para combatir el fraude fiscal, así como propiciar mayores ingresos a través del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas, junto a nuevos impuestos a las transacciones financieras y a las grandes empresas tecnológicas. Y, desde luego, abordar a fondo la financiación territorial que incluiría lógicamente a Catalunya.

En sexto lugar, modernizar la economía,  impulsar el cambio de nuestro modelo productivo (muy dependiente del turismo, la agricultura y la construcción), trabajar para dimensionar las plantillas de las pequeñas y medianas empresas, impulsar una política industrial y apostar por la formación y la cualificación profesional, así como por la innovación, la investigación, la robótica y la inteligencia digital.

En séptimo lugar, el asunto catalán es un problema político y, por lo tanto, debe ser  tratado con mesura y eficacia. Sobran soflamas patrióticas, banderas y desafíos y falta diálogo y un talante distinto, a pesar del brutal desafío independentista. Ya sabemos que no será fácil y que se alzarán voces en contra, incluso, bien intencionadas. A pesar de estas serias dificultades, se debe dialogar desde el respeto a la Constitución, el Estatut de Catalunya y  las decisiones que tome el poder judicial (división de poderes).

Por último, el gobierno debe luchar contra el cambio climático y la contaminación del medio ambiente. Apostar por la igualdad de género en todas sus expresiones (la composición del gobierno es extremadamente significativa), sin olvidar la igualdad de clases. Garantizar, con todas las consecuencias, la independencia de Radio Televisión Española. Además de desarrollar en positivo el concepto de Memoria Histórica. Cuatro asuntos capitales que deben marcar la impronta del gobierno Sánchez y la diferencia entre gobiernos de distinto signo.

En todo caso, el gobierno socialista no debe olvidar la difícil situación económica y social de muchos ciudadanos. El paro sigue siendo nuestro principal problema; por eso llama profundamente la atención que no se contemple una Secretaría de Estado de Empleo en el organigrama del nuevo gobierno. Según UGT, lo padecen más de 3,7 millones de personas, de las que 2 millones son mujeres. El 50,4% de los desempleados llevan más de un año en el paro. La mitad de los jóvenes están desempleado y 1,2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Además, las personas en riesgo de pobreza siguen aumentando y el tener un empleo no garantiza salir de la pobreza, como lo demuestra que el 14% de las personas con empleo son pobres. Por otra parte, la precariedad alcanza límites exagerados: nueve de cada diez contratos son temporales y uno de cada cuatro contratos dura menos de una semana, a lo que hay que añadir que la contratación a tiempo parcial aumenta y que el 74% de esos contratos lo sufren las mujeres. Finalmente, uno de cada tres ciudadanos tienen ingresos anuales inferiores al SMI y la mitad de los desempleados no tienen ningún tipo de cobertura por desempleo. Mientras esto está ocurriendo, la economía crece, los beneficios empresariales aumentan, las empresas reparten jugosos dividendos y suben las retribuciones de los consejeros y los sueldos de los altos directivos…

Para abordar esta gigantesca tarea el nuevo gobierno debe contar con los máximos apoyos y propiciar todos los acuerdos posibles, sobre todo después de la declaración lamentable del PP de que va a enmendar los PGE-2018 en el Senado. Efectivamente, el PP estará en la oposición (y en crisis de renovación por la dimisión de Rajoy) y, desde luego, Ciudadanos. Ambos partidos se disputarán ferozmente la hegemonía en el espacio de la derecha. A pesar de todo, el PSOE debe hablar con todos los partidos, incluidos el PP y Ciudadanos. Este último partido no es un socio privilegiado del PSOE (como algunos quisieran), ni muchísimo menos; sin embargo, hay que dialogar también con Ciudadanos, sin perder de vista que los apoyos fundamentales a la gestión del gobierno se deben buscar en Unidos Podemos, a pesar de su ausencia forzada en el nuevo gobierno por decisión expresa del presidente Sánchez.

En esta tarea ingente deben participar, respetando a su autonomía, los sindicatos y las nuevas organizaciones emergentes, a través de las redes sociales y de las movilizaciones que consideren oportunas. En todo caso, la experiencia del gobierno portugués y las ideas socialdemócratas, encabezadas por Jeremy Corbyn (Reino Unido), deben seguir siendo una referencia obligada e ilusionante en el presente y una plataforma imprescindible para construir  nuestro futuro sin traicionar las ideas y los valores del socialismo democrático.

Antón Saracíbar.

Desde Tribuna Socialista animamos a la Moción de Censura y ahora celebramos que Pedro Sánchez la ganara. Hoy tenemos un Gobierno legítimo, por mucho que ladre la rabiosa derecha corrupta y quienes les daban sustento, es tan legítimo como cualquiera de los que han salido de los procesos de investidura. La situación era grotesca, insoportable, es por ello que ninguna formación, salvo Ciudadanos, se prestó a sostener al Gobierno de Rajoy.

Los medios de comunicación del capital, se han apresurado a tapar todas las fisuras que venían apareciendo en la judicatura. Hacen de la necesidad virtud y se apoyan en la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel y en la del caso Noos, también del Tribunal Supremo, para intentar demostrar la independencia judicial, cuando es evidente que hay una división de la misma y su actuación un gesto necesario de auto salvación debido a la falta de credibilidad entre la mayoría social.

Los ataques a la libertad de expresión, con jueces secuestrando libros, encarcelando a cantantes, titiriteros. La censura en exposiciones artísticas. El encausamiento con saña de la fiscalía a más de 300 trabajadores y trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga, el abuso de la prisión preventiva para los políticos catalanes. A la par que han dictado sentencias machistas, retrógradas como en el caso “La Manada”.

Siempre recordaremos el papel del fiscal del caso Noos; más parecido a un abogado defensor que a un fiscal, atenuando las acusaciones contra los imputados e imputadas, con especial insistencia en favor de señora Cristina de Borbón. O el papel del Presidente de la sala del caso Gürtel en la vista en la que declaró Rajoy; leyendo su voto particular lo entendemos todo. Qué decir del que fue Presidente del Tribunal Constitucional y afiliado al PP, el Sr. Pérez de los Cobos. Así podríamos rememorar muchos casos de vínculos e indicios que ponen en cuestión la  independencia de la justicia.

Es la vía que había tomado el deterioro de la política y el autoritarismo del Partido Popular y que han puesto en evidencia en muchas ocasiones el deterioro de la separación de poderes.

La sentencia de la Gürtel ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero han sido las movilizaciones de los pensionistas, la huelga y movilización del día 8 de marzo, el conflicto en Cataluña, los hechos que han jugado un papel fundamental para la caída de Rajoy y desde luego; la voluntad y determinación de Pedro Sánchez y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que han sabido recoger e interpretar que la situación requería un cambio inmediato de Gobierno.

La composición del Gobierno de Pedro Sánchez ha sorprendido a propios y extraños. Después de desalojar del Gobierno al PP, los medios de comunicación se apresuraban a marcar las pautas que debería seguir el nuevo Presidente de Gobierno. En líneas generales todos coincidían en que debería ser breve, de tránsito, para convocar nuevas elecciones y poco más. Algunos iban un poco más lejos y demandaban personas de probada solvencia para ocupar los principales ministerios; sobre todo, aquellos que tienen competencias en la aplicación de las políticas económicas que con tanta urgencia demanda aplicar la Unión Europea y los poderes financieros. Evidentemente la llamada cuestión territorial debería quedar en manos firmes, no fuese el caso de que cediese a las demandas planteadas por el independentismo catalán.

Todo parece indicar que el Gobierno finalmente constituido, ofrece la estabilidad requerida tanto a nivel nacional como internacional, no sucede lo mismo entre la mayoría social que ve en este Gobierno con esperanza y al tiempo que está expectante.

Los asalariados, los desempleados, los jóvenes, pensionistas y autónomos ven en este Gobierno la oportunidad para que la Reforma Laboral sea derogada, el derecho al estudio sea garantizado, la ley mordaza suprimida y el Sistema Público de Pensiones salvaguardado.

En relación con Catalunya, hay que hacer todo lo necesario para encontrar una solución pactada y acordada con los representantes del pueblo catalán que permita recuperar las instituciones catalanas, dar una solución democrática a las demandas tantas veces expresadas mayoritariamente y evitar la división y el enfrentamiento entre pueblos hermanos.

Estamos de acuerdo Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, cuando decía en “El Economista” del 07/06/18: «La justicia sería más justicia si no hubiera consellers en prisión preventiva, porque no es necesario y no ayuda a mejorar las cosas«.

Y con la ministra Meritxell Batet, quien “no veía mal avanzar en el acercamiento de los presos a Cataluña” (eldiario.es en su publicación del día 9/6/18)

Cada vez se hace más urgente acometer con valentía una reforma de la Constitución; una reforma en profundidad, que resuelva políticamente y con garantías el encaje de las distintas nacionalidades, que el federalismo no sea un cambio semántico respecto al autonomismo. Es necesaria una reforma constitucional que supere rémoras del pasado; como lo es la interferencia de la Iglesia en los asuntos de Estado gracias al falso aconfesionalismo. Es necesario replantearse la propia jefatura del Estado; la Monarquía es un modelo de Estado anacrónico, vinculada a la jefatura del ejército por decisión del régimen que precisamente esta Constitución dejó atrás; ha cumplido el papel de Transición, ahora es preciso Evolucionar.

 Comité de Redacción de Tribuna Socialista