46 aniversario del mítin de la libertad

El 22 de junio de 1976, hace 46 años, se celebraba en el Palau Blaugrana de Barcelona el primer mitin democrático en Catalunya desde el fin de la Guerra Civil española (1939). Aquel acto, convocado bajo el lema “Ganemos la libertad” y que reunió a
10.000 asistentes, aunque había sido promovido por las fuerzas políticas catalanas todavía en la clandestinidad, sería la primera concentración autorizada por las autoridades gubernativas postfranquistas. Aunque Convergència Democràtica Socialista y Grupo de Socialistas Independientes habían sido los principales promotores de aquel acto, se añadirían, también, dirigentes y militantes del PSUC y de la mayoría de fuerzas políticas catalanas de izquierdas.
Aquel mitin fue, también el pistoletazo de salida del PSC-Congreso, que se acabaría constituyendo formalmente pasados cuatro meses y pico (1 de no- viembre) por las dos principales fuerzas políticas convocantes. El PSC-Congrés, liderado por Joan Raventós, que entonces se definía como una fuerza política de ideología marxista, posteriormente sería el embrión del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). El 15 de julio de 1978, dos años después de aquel primer mitin, se fusionaría con la Federación Catalana del PSOE, con quien ya había concurrido juntos en las primeras elecciones generales de 1977 y con el PSC-Reagrupament, que había fundado y liderado hasta su muerte el histórico Josep Maria Pallach.

La prensa de la época destaca que aquel mitin se convocó con el propósito de materializar, en Catalunya, la creación “de una gran fuerza política socialista”. En aquel mitin intervinieron un total de once oradores, que abordaron temas como trabajo, cultura, Catalunya, la mujer o las instituciones catalanas. Personalidades que, posteriormente, tendrían un papel muy destacado tanto en el PSC-PSOE como en la política catalana. Durante las dos horas y media que duró el acto, por el cadalso de oradores pasarían Alexandre Ciricí, Maria Aurèlia Campmany, Javier López Blanco, Jordi Llimona, Josep Andreu i Abelló, Anna Balletbó, Josep Vidal Pep Jai, Dolors Torrent, Joan Colominas, Juanjo Ferrer y Joan Raventós. Así mismo, intervino desde el exilio el President de la Generalitat, Josep Tarradellas que empleó por primera vez su expresión “ciudadanos de Cataluña”.
Más allá del carácter reivindicativo que aquella jornada nos dejó a las generaciones actuales de socialistas, el legado más importante fue el carácter de unidad de unas izquierdas siempre plurales, pero que lucharon por levantar un partido al que también se unieron militantes del PSUC y de la federación catalana del PSOE, para constituir un PSC como partido de unidad de las izquierdas catalanas.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC El Vendrell

INFLACIÓN, SALARIOS Y PODER ADQUISITIVO

La inflación afecta negativamente a las empresas y los hogares, genera incertidumbre sobre los salarios y los beneficios, reduce drásticamente las rentas y el ahorro, y puede frenar la inversión y la creación de empleo. Actualmente la inflación es un fenómeno global, el año 2021 marcó récords sin precedentes en las mayores economías. En España en el mes de marzo la inflación registro una tasa interanual del 9,8%, y la subyacente (sin los precios energéticos y los alimentos frescos) del 3,4%, un nivel de inflación desconocido desde 1985. Esta espiral inflacionista se inició hace un año originada por los problemas globales de las cadenas suministros industriales, la virulenta escalada de los precios de la energía y su traslado a los procesos productivos y de distribución, y todo ello se ha visto agravado por la invasión de Putin en Ucrania.

La economía global se ha enfrentado desde el inicio del siglo XXI a tres grandes crisis -la financiera de 2008, la covid-19 en 2020 y la guerra en Ucrania este año- con muchos problemas sin resolver todavía de la primera como la desigualdad y el aumento de la pobreza, aún estamos inmersos en la recuperación de los efectos de la pandemia del coronavirus y con una inflación desbocada a causa de la segunda y la tercera. En la crisis de 2008 se produjo una gran depresión y la deflación que hundió la demanda y aumentó enormemente el desempleo, en cambio actualmente estamos inmerso en proceso de descontrol de la inflación, y esta es fundamentalmente un fenómeno monetario por eso no sirven las medidas adoptadas entonces.

Fruto de las políticas económicas basadas en la austeridad, recortes del gasto público y la devaluación salarial impuesta con las reformas laborales autoritaritas, se provocó la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras y el aumento de las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística el IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad siendo cero la nula desigualdad y 100 la total desigualdad, ha pasado de 34,2 en 2012 a 32,1 en 2020, en 2014 alcanzó el 14,7, la reducción se produce coincidiendo con la ampliación de la cobertura por desempleo y las subidas del SMI del 31,8% realizadas por el Gobierno PSOE-UP entre 2018 y 2020.

Para afrontar los efectos de la invasión de Ucrania el Gobierno de Coalición ha puesto en marcha un conjunto actuaciones recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y para apoyar a los colectivos más vulnerables (se amplía la cobertura del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. A la vez se plantea acelerar las inversiones del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

En paralelo al Plan aprobado el Gobierno viene impulsando con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT un pacto de rentas para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021. La intención es que se deberían dar respuesta a tres temas fundamentales, en concreto, a abordar la evolución de salarios, de los beneficios y dividendos empresariales y las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. Los interlocutores sociales han manifestado su predisposición al pacto de rentas, que propone el Gobierno, para evitar una espiral inflacionaria si bien han manifestado algunas de sus demandas: los empresarios insisten en ampliar las ayudas a las empresas y se oponen a nuevas subidas de impuestos y los sindicatos plantean tres ámbitos de actuación: salarial, energético y fiscal, junto con mejoras en la protección social, porque consideran que solo un acuerdo salarial no es un pacto de rentas.

Según las estimaciones hechas públicas el impacto de la escalada inflacionista sobre las rentas podría situarse en el entorno de los 70.000 millones de euros por la reducción del poder adquisitivo de los salarios y los ahorros. En cambio, los pensionistas tienen garantizado el poder adquisitivo, de acuerdo con la reforma de las pensiones de 2021 que recoge que las pensiones se revalorizan con el IPC medio anual. También hay que tener en cuenta que el aumento de la inflación al 6,5% en 2021 supuso una ampliación de la recaudación de la Agencia Tributaria. Los salarios pactados en los convenios colectivos subieron de media un 2,36% hasta marzo, una décima más que en febrero y casi un punto por encima del promedio de 2021 (1,47%).

Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales vienen negociando, de forma bipartita, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debería fijar los criterios y las recomendaciones para la negociación salarial junto con las otras materias que conforman los contenidos de los convenios colectivos. Las propuestas conocidas dan a entender que la situación actual de la negociación es muy compleja, pues CEOE y CEPYME vienen manifestado su rechazo a las propuestas de CCOO y UGT basadas en incrementos iniciales inferiores a la inflación actual y en mantener el poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial, los empresarios consideran que aumentarían la inflación por el efecto de “segunda ronda”. En ese sentido el Banco de España ha vuelto a advertir de que la tendencia al alza de las cláusulas de garantía salarial que se está registrando en la negociación colectiva en los últimos meses son un riesgo creciente de que se produzcan efectos negativos que aumenten la inflación.

La propuesta de las organizaciones sindicales, contempla un escenario plurianual en el que se plantean incrementos por ejercicio, más una recuperación gradual del poder adquisitivo que se pierda. Podrían fijar unas subidas mínimas, del 3,4% este año, del 3% en 2023 y del 2,25% en 2024. Adicionalmente se repartiría el impacto de la inflación media de 2022 en los años 2023 y 2024, y en 2025 los sueldos subirían en función del IPC medio de 2024 más un 0,25%. Los empresarios han propuesto una subida del 8% para los próximos tres años, el desencuentro se produce precisamente en la revalorización en función de la evolución precios que las organizaciones empresariales consideran inaceptable porque consideran que supondría una indexación del IPC año a año, pues ven el riesgo de que se integre definitivamente en el futuro.

La oposición de las organizaciones empresariales a las cláusulas de garantía del poder adquisitivo de los salarios no es una novedad, hasta la reforma laboral impuesta por el PP en 2012 más del 70% de los trabajadores incluidos en los convenios colectivos tenían las cláusulas de revisión salarial, pero desde entonces han llegado a descender por debajo del 20% en los últimos años. En 2022 el porcentaje de trabajadores protegidos por las cláusulas de salvaguarda salarial ha mostrado un aumento en los primeros meses de este año, alcanzando en marzo un 29,1%. Además, los convenios colectivos ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año.

Históricamente el modelo de determinación salarial que se ha venido desarrollando, en la mayoría de los acuerdos interconfederales pactados por las patronales y los sindicatos, con resultados positivos en la lucha contra la inflación se ha basado en el mantenimiento del poder adquisitivo a través de tres elementos interrelacionados. Estos elementos son: la previsión de inflación, como elemento de referencia; la cláusula de revisión salarial que debe garantizar la recuperación de desviación de la inflación respecto incremento salarial inicialmente pactado en base a dicha previsión y la toma en consideración de la evolución de la productividad para mejorar el poder adquisitivo. Estas reglas salariales han contribuido al control de la inflación, al estímulo de la demanda, al crecimiento económico y la creación empleo.

Toni Ferrer, senador socialista por Madrid. 24/04/22

¿Es esta la Europa que queremos?

El martes 1 de marzo se celebró un pleno extraordinario de la Eurocámara para explicar las medidas tomadas y debatir sobre la invasión Rusia en Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se dirigió a los miembros del Parlamento Europeo y enunció las claves de la construcción europea en base al fortalecimiento de una “nueva Europa geopolítica” mediante el poder coercitivo financiero y el aumento de las estructuras de defensa y el poder coercitivo armamentístico. ¿Es esta la Europa que queremos?

Seguidamente, la transcripción del discurso de Josep Borrell:

Estimados miembros del Parlamento Europeo,

Intentaré compartir con ustedes mis reflexiones sobre el significado de los trágicos acontecimientos que estamos viviendo y las lecciones provisionales que podemos extraer de ellos, especialmente para la Política Común de Seguridad y Defensa, que tengo el honor de intentar desarrollar y que sigue siendo una política intergubernamental. Una política que sigue estando en manos de los Estados miembros, pero que no puede aplicarse eficazmente sin la fuerte cooperación de las competencias de la Comisión. Creo que este es el momento en que la Europa geopolítica está naciendo.

Esta es la partida de nacimiento de la Europa geopolítica. El momento en el que tomamos conciencia del reto al que nos enfrentamos. El momento en que Europa debe hacer frente a sus responsabilidades. El momento en que nos damos cuenta de que, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un país está invadiendo a otro y ese país tiene armas nucleares, lo que aumenta su capacidad de intimidación. Me pone enfermo pensar en la analogía histórica con los acontecimientos del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Pero, en realidad, es el retorno de la tragedia, a lo que Europa se enfrenta hoy. El retorno de la tragedia, lejos de asustarnos, debería galvanizarnos.

En primer lugar, desecha la idea de que el proyecto europeo había perdido su impulso porque el horizonte de la guerra se había desvanecido. Por desgracia, no es así. Esto nos recuerda que el mal, la tragedia y la guerra nunca se desvanecen. Y se trata de la relación con la guerra, con el uso de la fuerza, con la violencia, sobre la que llevamos años debatiendo, para saber si Europa puede contrarrestarla. Por eso en los últimos años hemos hablado más que en el pasado de cuestiones de defensa y hemos empezado a establecer programas militares conjuntos. Por eso el propio Parlamento Europeo ha votado la creación de este Fondo Europeo de Defensa, y los Estados miembros han creado este Fondo Europeo de la Paz que ahora estamos movilizando para proporcionar armas a Ucrania.

El Consejo Europeo, en las próximas semanas, adoptará la Brújula Estratégica. Y con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, debemos ampliar nuestra reflexión, ajustar nuestros medios y anticipar nuestras respuestas. Porque una de las lecciones que hemos tenido que aprender con la invasión de Ucrania es que, más que nunca, Europa debe pensar estratégicamente sobre sí misma, su entorno y el mundo. Ya no es un lujo, es una necesidad. Europa debe ampliar su reflexión sobre las cuestiones de seguridad, y el Parlamento Europeo ha tenido un papel importante en este sentido. Hay que reflexionar sobre el instrumento de coacción, de represalia y de contraataque frente a adversarios temerarios, porque lo único que hay que entender es que para hacer la paz hay que ser dos, pero para hacer la guerra basta con ser uno. Esto es exactamente lo que nos dice Putin. Y por eso tenemos que aumentar mucho nuestra capacidad de disuasión. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de disuasión para evitar la guerra. Y está claro que nuestra disuasión no ha sido lo suficientemente fuerte como para detener la agresión de Putin. Y desde que comenzó esta agresión, hemos reaccionado en los últimos días de una manera que Putin no esperaba. Y le estamos demostrando que nunca sacrificaremos nuestra libertad, y la de los demás, en el altar de nuestro bienestar y prosperidad.

Siendo presidente de este Parlamento en 2007, tuve la oportunidad de decirle a Putin, cara a cara, tras el asesinato de una periodista, Anna Politkovskaya: «No vamos a cambiar los derechos humanos por su gas». Y este es el momento de repetírselo, y de actuar en consecuencia. No vamos a compartir, no vamos a abandonar la defensa de los derechos humanos y de la libertad porque seamos más o menos dependientes de Rusia. Y tenemos que empezar a trabajar rápidamente, como ha propuesto la Comisión, para anular esta dependencia.

El sábado pasado, después de haber celebrado otro Consejo de Asuntos Exteriores y de asistir al debate del Consejo de la Unión Europea, estuve hablando con usted, presidente Michel, y me dijo: «¿Estamos haciendo todo lo que podemos? ¿Hay algo más que podamos hacer? ¿Es suficiente? ¿Somos tan impotentes?» Y usted me dijo: «Piensa, haz, actúa. Tenemos que presionar a los Estados miembros para que adopten decisiones sobre el SWIFT y saquen a Rusia del sistema financiero. Piensa en cómo podemos armar a Ucrania. No país por país, uno tras otro de forma descoordinada». Y me animó a volver a hablar con los Estados miembros, y en pocas horas acordamos utilizar este Fondo Europeo para la Paz con el fin de aportar ayuda financiera y coordinar a los Estados miembros para armar al ejército y al pueblo ucranianos. En menos de 24 horas, otro tabú había caído.

Y la presidenta de la Comisión mostró inmediatamente un fuerte liderazgo y empezó a trabajar para conseguir un acuerdo con nuestros socios internacionales, con el fin de hacer posible desconectar a Rusia del sistema financiero. Y, ¿saben qué? Ahora la mitad de las reservas del Banco Central de Rusia están completamente fuera de su control, están congeladas. ¿Se lo pueden imaginar? Esto es capacidad de coerción. Hace tres días era imposible, y ahora es posible, y Rusia empieza a sentir las consecuencias en términos de inflación y caída de su moneda.

Sí, tenemos capacidades. Hemos movilizado esas capacidades y tenemos que seguir haciéndolo, poniendo en común las capacidades de los Estados miembros y de la Unión Europea.

Quiero recordarles que el Fondo Europeo para la Paz no forma parte del presupuesto que ustedes votan. Es otro presupuesto. Es un fondo intergubernamental, gestionado por los Estados miembros. Porque afirmamos que nosotros, la Unión Europea, somos una fuerza de paz y que no podemos proporcionar armas a nadie más. Sí, podemos. Sí, lo hemos hecho. En el próximo presupuesto, piensen en ello. Cuando voten su próximo presupuesto, utilicen la capacidad presupuestaria de esta institución para poner los medios para hacer frente a la próxima crisis y a la próxima agresión rusa.

Estamos trabajando también en el ámbito internacional para crear una coalición que condene a Rusia en las Naciones Unidas. Rusia no obtuvo ni un solo voto a favor [en el Consejo de Seguridad]. Todo el mundo estuvo a favor de la resolución y hubo algunas abstenciones que son muy significativas.

Ha habido países, tradicionalmente aliados de Rusia, que no han votado a favor suyo, se han abstenido. Y ahora hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar para otro lado.

Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el ismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado.

Sí, hemos utilizado nuestra capacidad coercitiva, la capacidad de imponer, no necesariamente usando las armas. Cuando digo que Europa tiene que ser un hard power, la gente piensa únicamente en el poder militar. No, el hard power se ejerce de otras muchas maneras. La capacidad de condicionar, the coercive capacity, la capacidad de imponer al otro otra conducta no se hace solamente con las armas. Se hace como ha propuesto la Comisión de una manera extraordinariamente eficaz, gracias señora presidenta [Ursula von der Leyen], y como usted ha impulsado en los debates del Consejo Europeo, gracias, señor presidente [Charles Michel].

Tomar medidas como esta, que parecen de papel, que desde luego no movilizan misiles, pero que tienen un efecto trascendental sobre la solvencia de un país e impiden que Rusia vaya a gastar el dinero que pagamos por su gas para alimentar la guerra.

Esto es, creo, señoras y señores diputados, la lección más importante que tenemos que extraer de estas trágicas circunstancias. No podemos seguir confiando en que apelar al Estado de Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a convertir el mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa.

Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos, siguen vivos y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora.

Hemos hecho mucho y hemos, sin duda, asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino.

Y este acto, este momento parlamentario donde ustedes con sus aplausos quieren dar ánimos a las instituciones europeas para seguir en el camino que hemos aprendido, puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su Unión.

La pandemia abrió la puerta a acciones innovadoras. La pandemia nos ha impulsado por el camino de unirnos más para hacer frente a los virus. Este momento trágico debe impulsarnos a unirnos más para hacer frente a aquellas acciones humanas que amenazan también la vida, la seguridad y la prosperidad de todos.

Fin del discurso de Josep Borrell

CARNE, ¿escondemos la verdad?

El ministro de consumo en mi opinión, con respecto al reciente problema de la carne, ha cometido dos errores básicos, quizás por no ser demasiado comunicativo ante una prensa básicamente carroñera.

El primero y fundamental, es no ejercer con dureza su responsabilidad con las industrias cárnicas que no cumplen con la normativa, porque supongo que existirá dicha normativa, y si no fuera así su obligación es elaborarla, al margen de las exigencias que en este ámbito mantiene Europa.

Por otra parte, señor Garzón, creo que un ministro tiene capacidad suficiente, para convocar a todos los medios informativos, para dar a conocer a la sociedad lo que comemos y lo que destruimos para crear esa comida, antes de decirlo fuera.

Que los humanos somos depredadores, que estamos empeñados en destruir el mundo actual inexorablemente, está mas que documentado y comprobado, pues son escasos o nulos, los países que hacen el más mínimo esfuerzo por evitarlo, pero eso siempre nos lleva a la misma conclusión, la política mal entendida. Los políticos actuales están ejerciendo el maravilloso arte de la política, para proteger, cuidar, conseguir, una sociedad justa, o están ejerciéndola de una forma bastarda, egoísta y depredadora, con el único fin de permanecer en la correspondiente poltrona, durante el tiempo suficiente para conseguir enriquecerse personalmente, mediante sospechosas y burdas maniobras y conseguir una de esas pensiones vitalicias, que suele ser siempre lo primero que suben al llegar a su mandato.

Evidentemente hablo en general, porque desgraciadamente ya no existen colores políticos, que se identifiquen con la justicia social, aunque figure en sus estatutos. Me duele especialmente que esto ocurra en mi propio partido el PSOE, que se creó precisamente para lograr, algún día, esa justicia social tan anhelada.

Cualquiera que tenga un mínimo interés y una pequeña capacidad de análisis, sabe que en nuestro país han proliferado, alarmantemente, esas macro granjas donde es evidente que sus productos quizás no sean veneno, pero está claro que por pura lógica tampoco son productos de delicatesen.

También es falso eso que se nos pretende hacer creer: que con estas macro instalaciones, se genere mas empleo que con la ganadería extensiva, pues evidentemente por el contrario, esas grandes empresas cárnicas, impiden el desarrollo de las explotaciones ganaderas rurales, que además de generar empleo de calidad generan productos de alta calidad y vida en los pueblos casi abandonados.

Claro que hoy es mas caro un kilo de carne de calidad, producida en una explotación extensiva, que ese otro producto que elaboran masivamente esas macroempresas cárnicas, mediante la explotación humana y animal, con un descomunal índice de contaminación ambiental y la consiguiente destrucción de los entornos donde están instaladas.

Es por eso, que me sorprende el feroz ataque, que el poco locuaz ministro esta recibiendo por parte de la sociedad desinformada, que se deja llevar tan fácilmente por los bulos.

Me sorprende menos en esa creciente y retrograda derecha, pues es evidente que sus intereses suelen estar ligados estrechamente a este tipo de industrias de dudosa calidad y que el descubrimiento de estas verdades les deja al descubierto, además de los intereses electorales que les reporta magnificar un bulo extendiéndolo soezmente, sobre una sociedad que desgraciadamente carece de criterio propio, por lo tanto, el señor ministro le ha proporcionado gratis, la carnaza necesaria para seguir con su labor destructiva.

Lo que no me sorprende ya, aunque debería de sorprenderme, es que la mayoría de los caciques de nuestro partido, se lancen como hienas sobre el ministro por el simple hecho de decir la verdad, esa verdad que nuestros barones conocen pero ocultan, por los motivos a los que hice mención antes (no son artistas de la política son usuarios para su propio fin), es francamente vergonzoso, que incluso sus propios compañeros del “consejo”, no solo le dejen abandonado como lo hace hipócritamente el Presidente, sino que tratan de descalificarlo por todos los medios a su alcance. Siento realmente vergüenza, queridos lectores. Lo que si os puedo asegurar es que esto no es socialismo, esto no es mi PSOE, esto no es la búsqueda de una Sociedad Justa, puede que a esto se le pueda llamar “socialdemocracia” que nunca supe realmente que significa pero no es “SOCIALISMO”.

¡Feliz y esperanzador 2022!

Paco Ascón

Xares (Ourense), 11 de enero de 2022

Editorial

Normalidad democrática, pero para quién.

El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.

Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.

De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.

La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.

Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.

Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.

No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:

  • Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
  • El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.

Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

  1. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
  2. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/DESI_2021_Spain_es.pdf

La reforma de las Pensiones: Avances y Retos

El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por  Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP. 

La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.

La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).

El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.

Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.

Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.

El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.

El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.

También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:

  • Impulsar desde 2022 medidas para que las pensiones mínimas superen los umbrales de pobreza, según determina la Carta Social Europea.
  • Reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas con discapacidad.
  • Mejorar en el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho.
  • Realizar una auditoría de la Seguridad Social, que incluya los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el año 1967.
  • Establecer complementos específicos para los pensionistas jubilados anticipadamente con largas carreras de cotización.

Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.

Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.

Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.

Toni Ferrer

29/11/21

Cuento de invierno “Una Constitución”

Tanto este “País del Cuento” que os voy a relatar, como todos sus personajes solo están en mi delirante imaginación, por lo tanto, todo parecido con la realidad, es pura ficción, sometida al análisis crítico del lector.

¿Como de respetable y respetada es o debe ser la constitución de un país democrático?, teniendo en cuenta que desde hace más de sesenta años soy gallego de adopción os contestaré que “depende”.

Había una vez, desde el principio de los tiempos, en el sur de Europa un país, que durante su larga historia fue conquistado y reconquistado una y otra vez, por muy distintas “civilizaciones” o “culturas” fue dominado y regido de diversas maneras más o menos dictatoriales y también democráticas o seudodemocráticas, fueron muchas y muy variadas las dinastías, y abundantes las castas que durante toda su historia, sometieron de forma más o menos brutal durante muchos siglos a la población de este hipotético pueblo.

Sin embargo, a pesar de los constantes sometimientos, vejaciones, penurias, sufridas por los ciudadanos de este país, siempre tuvieron dificultades para auto-gobernarse, a veces se produjeron algunos tímidos intentos de autogobierno, pequeñas y timoratas escaramuzas, tratando de rebelarse contra el poder dominante, que conseguían establecer eventual y tímidamente sistemas más o menos democráticos, que fracasaban una y otra vez, pues siempre pasaba lo mismo, surgían enseguida las individualidades propias e inevitables de las gentes de aquel singular lugar.

El problema vital de aquel país y de sus sociedades, siempre era el mismo, la incapacidad de unirse para conseguir un fin común aunque este fuera importante para todos, cada vez que se iniciaba un proyecto colectivo para mejorar la vida de sus habitantes, el colectivo que presentaba la iniciativa, era escrutado criticado y vilipendiado por los demás, sin analizar su propuesta y sin presentar ninguna alternativa, solo se producía sin argumentos válidos la descalificación al promotor de la idea, injuriándole y acusándole de las mayores falsedades, hasta acabar inevitablemente con las incipientes autodeterminaciones, volviendo irremediablemente a dar entrada al dictador de turno, o a la dinastía monárquica que se limitaba pacientemente a esperar el desastre para poner “paz”, con las formas que al parecer eran las únicas que el pueblo entendía, que simplemente y como rebaños de sumisas ovejas en lugar de autogobierno, necesitaban ser pastoreados por el despotismo más brutal, sin que hubiera lugar a ninguna libre decisión.

Por lo cual aquella sociedad, durante siglos y de alguna manera también en la actualidad, parece preferir ser dirigidos despóticamente para que todo funcione más o menos a gusto de regímenes totalitarios, pues siempre se evidencia cierta tranquilidad cuando está dirigida sometida o mangoneada tiránicamente por alguien. En las esporádicas ocasiones en las que el pueblo pretendía experimentar formas más o menos democráticas, es cuando se producían las envidias, las intrigas, las desconfianzas, los abusos de poder, las guerras, incluso entre hermanos, hasta que de nuevo, aparecía una dinastía de las que esperaban la ocasión en algún exilio cercano, o bien un dictador por la fuerza de un golpe de estado, derribaba la endeble democracia y se hacía con el poder, humillando otra vez a los ciudadanos, que una vez más eran incapaces de unirse contra esa injusta situación, claudicando sumisos ante el poder impuesto, que en muchas ocasiones utilizaba a los personajes que habían representado democráticamente al pueblo, como cómplices de la represión.

En ese país, eran frecuentes los conflictos y las guerras por el poder, la última de las citadas guerras fue la llamada Guerra Civil, provocada por un golpe de Estado, que consiguió derribar por la fuerza uno de aquellos intentos democráticos, una cruenta y fratricida guerra, que enfrentó incluso a hermanos y que costó la ruina e incluso la vida, a una gran cantidad de ciudadanos de todas las edades, con la consiguiente destrucción de patrimonio y en especial de la poca dignidad que podría quedar.

Pues bien, como suele ocurrir después de una guerra, que en teoría se había planificado para evitar la autodestrucción de los gobernantes democráticos que habían sembrado el caos y que daría paso a una dictadura provisional, cuyo fin teórico era calmar las aguas y luego se instauraría una democracia. Ganó esa guerra criminal un militar insignificante, pero con mucho caudillaje y con pocos escrúpulos, una gran ansia de poder, que rodeándose de abundante gente de su calaña, consiguió someter a lo que quedaba de la población de aquel país, consiguiendo incluso mantenerlo aislado del resto de países de su entorno, que sí habían conseguido unirse y autogobernarse, con sistemas imperfectos pero democráticos.

Pues bien, una vez acabada la guerra por eliminación de todo aquel que pudiera significar un obstáculo, aquel personaje mediocre se autoproclamó Jefe de gobierno de lo que a partir de entonces se convertía una vez más en una dictadura, este dictador, que supo rodearse de incondicionales sumisos, consiguió con gran facilidad y con la inestimable ayuda del Clero, que como es sabido siempre esta con el poder, someter rígidamente a lo que él llamó su pueblo, durante más de cuarenta años, sin necesidad de soportar rebeliones de importancia, consiguiendo mantener el poder, hasta su muerte tranquilamente en la cama de su palacio, anciano y enfermo, pero ostentando hasta el final el poder absoluto.

Antes de morir y para mantener a su país humillado lo cual no era difícil, al darse cuenta de que era un ser mortal, quiso inmortalizar su poder instaurando la monarquía una vez más, sin aconsejarse por nadie, nombrando heredero tras jurar fidelidad a su proyecto, a un príncipe de una dinastía que nunca destacó por sus luces, que ya había gobernado antaño, dejando por tanto su sucesión atada y bien atada.

Esta decisión, evidentemente no fue cuestionada por los acólitos del fallecido dictador, clero incluido, que veían como su estatus, podría seguir igual o mejor, ya que se convertían en cortesanos.

El dictador, junto con la corte recién creada, ante las presiones de los países vecinos con democracias consolidadas, que aumentaban considerable y peligrosamente, se inventaron lo que se dio en llamar una democracia asistida, no fuera que algunos se creyeran de verdad que el poder emana del pueblo, que sí que emana, pero poquito. Pues bien, sentaron durante meses a unas destacadas mentes pensantes, que en su gran parte habían sido y eran íntimos colaboradores del Dictador, para que elaboraran -que ironía- una “Constitución democrática” pero sin pasarse, como tenía el resto de países modernos.

Tras meses de sesudos estudios, se elaboró una “Constitución” que, como merito principal, tenía el consenso general de aquellos llamados Padres, que la habían confeccionado siguiendo fielmente las pautas del dictador, lo cual no garantizaba demasiado su libertad.

El compromiso, era que esa “Constitución” no considerara -olvidara- las aberraciones y crímenes de Estado, ocurridos anteriormente y por lo tanto tratara con “sensibilidad” a militares, golpistas, asesinos, torturadores, políticos colaboradores de la dictadura, y una especial “Ternura” con los miembros del Clero, que tan cerca estuvieron siempre del Dictador, eso a pesar que la propia “Constitución” declaraba que se trataba de un país aconfesional, lo cual tampoco era del todo exacto.

Una “Constitución” que dogmatizara, que la forma de gobierno sería la Monarquía “Parlamentaria”, es decir que el jefe del Estado, sería el que, de forma totalmente arbitraria, había decidido el dictador, es esa Constitución que, no obstante, recogía como cualquier otra derechos y obligaciones. Las obligaciones eran cumplidas estrictamente, aunque muchos de los derechos después de cuarenta años de supuesta democracia aún siguen sin ser efectivos, ante la vergonzosa pasividad de nuestros partidos políticos.

La muerte del dictador, trajo como consecuencia lo que se dio en llamar irónicamente “Transición Democrática Ejemplar”, que dio paso a algo tan esperanzador en aquel entonces, como fueron unas elecciones “libres”, por fin aquellas gentes, podrían elegir a quien les iba a gobernar, por fin no se verían sometidos al poder, por fin no les robarían, por fin no les engañarían, por fin serian ellos los que decidirían quien les gobernaría, por fin tenían una “Constitución”, que  permitiría a esos políticos elegidos por el pueblo, poner a su disposición esos derechos que a los ciudadanos la Carta Magna les garantizaba.

Pues bien, después de varias décadas de “Transición Ejemplar”, y como siempre ha ocurrido en ese “País del Cuento” que os estoy relatando, los ciudadanos, siguen siendo igual de sumisos que antes con las dictaduras, igual que antes con las monarquías, igual que antes de los imperios, siguen siendo envidiosos, siguen siendo incapaces de unirse para nada, siguen siendo prepotentes cuando alcanzan un mínimo de poder, siguen robando prevaricando y malversando, cuando los ciudadanos los colocan en cotas de poder, siguen mintiendo a los ciudadanos para conseguir su elección, solo utilizan la “Constitución” para su conveniencia y como arma arrojadiza, pero no la cumplen en los aspectos sociales, ni en cuanto a los derechos de los ciudadanos, los habitantes de ese país del Cuento, siguen sin tener asegurado, el derecho a una educación digna y gratuita, siguen sin tener derecho a una vivienda digna, siguen sin tener derecho al trabajo, siguen muriendo de hambre niños y ancianos en las calles, mientras cada año que pasa hay más millonarios.

Una “Constitución” que no garantiza la equivalencia del voto entre ciudadanos, pues depende de dónde vivan o a quien quieran votar, su voto vale más o menos, una “Constitución” que no garantiza poder ser revisada, ya que solo se revisa para favorecer a los poderosos.

Este país, en el que ahora los políticos son elegidos por el pueblo, pero que una vez en el poder, se olvidan del pueblo y que solo respetan la “Constitución”, para aquello que se ajusta a su forma de gobernar, un país en el que en materia educativa, los políticos de todos los colores, nunca se han puesto de acuerdo, en elaborar unas leyes, que faciliten a los ciudadanos una educación, que les permita tener capacidad de análisis, ante la verborrea de los políticos, especialmente cuando se presentan a las elecciones, algo que es evidente que a los distintos partidos políticos, no les interesa, pues un ciudadano que sabe lo que quiere y a lo que tiene derecho, lo exige democráticamente, es más fácil gobernar a ciudadanos dóciles, que solo con tener acceso al futbol y a los toros tienen suficiente para satisfacer su “intelecto”.

En una ocasión a un político honrado, –que también los hay- en el “País del Cuento” se le ocurrió Proponer en el Parlamento, eliminar los toros y el futbol y con el dinero que el Pueblo se gasta en esos eventos, elaborar un impuesto, con el que pagar las becas a todos los estudiantes con pocos recursos, hacer viviendas sociales, para que nadie viviera en la calle y cosas así, además de ser el hazmerreír de la Cámara, de ser pasto de las críticas más feroces de la prensa, a día de hoy este político está en paradero desconocido.

Que esto venga ocurriendo con los partidos conservadores a nadie le extraña, pero es muy grave que, en este país del cuento, un partido que se autodenomina de izquierda, progresista, que dice luchar por una sociedad justa como le ordena sus estatutos y que así lo hizo en el exilio, con eufemismos como Socialdemocracia, enmascara soezmente su evidente giro a la derecha más retrograda, desacreditando a aquellos pocos militantes que siguen manteniendo sus valores socialistas y morales, ensalzando y promoviendo a los obedientes y sumisos pero sin ideales.

En fin, como afirmé al principio de este cuento, este país está en mi imaginación, quizás exista, pero cualquier parecido con la realidad, quizá sea fruto de mi calenturienta mente.

Si alguien se ve reflejado en este cuento no le pediré disculpas, que reflexione a ver si es cierto, si cuadra con su personalidad y si se encuentra capacitado para demostrar que no es así.

Con este cuento, no pretendo herir a nadie, solo deseo que la gente adquiera capacidad de análisis y que cuando elijamos a quien nos va a representar, sepamos lo que nos conviene como personas, como colectivo y como sociedad.

Paco Ascón

Xares-Ourense

Dejarse engañar

Nicolás Maquiavelo dejó escrito para provecho de gobernantes que «cuando un príncipe dotado de prudencia advierte que su fidelidad a las promesas redunda en su perjuicio, no puede, ni siquiera debe, guardarlas, a no ser que consienta en perderse«, pues “los hombres son tan simples que el que engaña con arte halla siempre gente que se deja engañar«.

Eso debió pensar nuestro amado príncipe cuando en 2017 prometió renovar un partido esclerotizado, dominado por barones (y una sultana) regionales, firmemente asentados merced a una cultura política clientelar, de intercambio de votos internos por prebendas. Como la semilla que cae en suelo fértil, esta promesa encontró una militancia deseosa de renovación, que le restauró en el poder, haciendo olvidar el espectáculo bochornoso de su defenestración. La campaña de primarias de aquel año fue una “road movie” coral, que representó el guión de cuento del príncipe destronado que conquista de nuevo el reino de nunca jamás (o del “no es no”, consigna simplista donde las haya, pero efectiva) y cuando cayó el telón del 39º Congreso todos fueron felices y comieron perdices. Pero entre el clamor de los aplausos y el fárrago de los estatutos, y demás reglamentos internos que nadie es capaz de leer, se había perdido la oportunidad política de sentar las bases para la regeneración.

Porque, a pesar de dibujar la posibilidad de ensanchar la base social con la participación de los simpatizantes en los procesos de primarias y de elegir directamente a un tercio de los cargos internos, los veteranos, curtidos en batallas de letra pequeña, consiguieron diferir la aplicación de la apertura y hacerla depender de la decisión de las cúpulas de cada nivel territorial. Las consignas eran “coser” y “ahora no toca”. Así, los barones y miembros de ejecutivas regionales conservaron la llave del poder orgánico, a través del cual se controla la red de intermediarios y conseguidores de nivel local y se mantiene el dominio de cada agrupación. Todo atado y bien atado. Cambiar algo para que nada cambie. Manteniendo un sistema de dominación social semejante a las estructuras de la mafia y la criminalidad organizada. Un sistema de captura de rentas que se nutre de las instituciones y de los recursos públicos. En el cual el retorno de los favores mediante el voto está monitorizado, especialmente en las votaciones internas, sobre listas cerradas y bloqueadas previamente orquestadas y basadas en una aritmética que anula los derechos de las minorías: la ley de que el ganador se lo lleva todo.

De hecho, para conjurar la amenaza al poder del aparato en todos los procesos de primarias desde 2017 no se ha activado nunca la apertura a simpatizantes. Tampoco funcionan las conferencias sectoriales y el debate interno brilla por su ausencia. A día de hoy las fallas de democracia interna han convertido al PSOE en un híbrido entre, de un lado, una empresa de trabajo temporal para toda suerte de empleos, desde el directivo público hasta el peón subcontratado por contratistas del sector público, y de otro, un club de fans del querido gran líder, configurado como máquina electoral para la distribución de consignas propagandísticas a cargo de aspirantes meritorios, la mayoría de ellos formados en la “universidad de la vida” y sin experiencia laboral al margen de cargos públicos.

A día de hoy no se puede afirmar que el PSOE sea precisamente un instrumento para la participación política y es imposible que se regenere si esa regeneración depende de la voluntad de los administradores de la franquicia electoral, que han tejido redes de vasallaje y mutua dependencia con los integrantes de los eslabones de la cadena trófica. La nueva limitación de tres mandatos en un mismo cargo orgánico, introducida en los nuevos estatutos, está destinada a un público muy crédulo o que aparenta serlo. Resulta tan ridícula como decorativa, a la vista de la facilidad para saltar de un puesto orgánico a otro, por no hablar de los cargos públicos y de la pléyade de asesores a quienes nadie conoce ni exige rendición de cuentas.

En Euskadi en el Congreso que se ha celebrado el 21 de noviembre, Eneko Andueza ha asumido la secretaría general del PSE y dado a conocer su ejecutiva, arropado por Pedro Sanchez y varias ministras. No se esperaban novedades ni sorpresas. Tal vez consciente de que recibe en herencia una organización clientelar con los pies de barro y muy dependiente de la credibilidad y del éxito a nivel estatal, Andueza se muestra prudente y dispuesto a marcar perfil ante el PNV cuando afirma que «en las próximas elecciones se verá qué fuerza dan los ciudadanos a cada uno y, a partir de ahí, veremos para qué queremos gobernar”.

Esto supone un cambio con respecto a la invocación de Idoia Mendía a la estabilidad y a la gobernabilidad como valores superiores que exigen el sacrificio de los abnegados ocupantes de sillones, prestando servicios al país como serviles mayordomos del PNV. Ya hemos asistido al último acto de demostración de falta de principios, con la votación de los miembros del Tribunal Constitucional apelando cínicamente a la “ética de la responsabilidad” por encima de la integridad, cuando precisamente quien la formuló alertaba contra el demagogo que tiene que medir siempre el efecto que causa, lo que le lleva a comportarse como un actor vanidoso… Pues cuando el afán de poder que caracteriza al político no está al servicio de una causa, cuando se convierte en un profesional del poder sin convicciones, ahí reside el pecado mayor contra la política. Así los duros pasajes que Max Weber dedicaba a los políticos de poder, detrás de cuyas formas ostentosas detectaba la perfecta vacuidad de quien carece de fines y proyectos más grandes que su propia carrera, advirtiendo que sin principios y valores los éxitos aparentemente más sólidos llevan consigo la “maldición de la inanidad”.

Pero no se asusten los ocupantes de sillones con eusko label. Es difícil creer a estas alturas que Andueza sea capaz mediante su liderazgo de regenerar el PSE y de hacer política de otra manera, partiendo de unas bases éticas y de vocación para la gestión de lo público, abandonando la dinámica clientelar y promoviendo la participación y el debate interno.

Asistimos al final de un ciclo ascendente, el crédito y la paciencia del electorado se van agotando y asoma una nueva marca electoral en la izquierda. Como advirtió Maquiavelo al príncipe, “fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir en su creencia”.

Susana Cejudo

Ex militante PSE-EE/PSOE

Revertir le reforma de 2012 y modernizar el mercado laboral

Por Toni Ferrer (12 Noviembre 2021)

Desde el pasado mes de marzo el Gobierno de Coalición PSOE-UP, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) vienen negociando en la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral. Con esta mesa el ejecutivo y los interlocutores sociales recuperaron las negociaciones sobre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y para afrontar los retos del empleo y de las relaciones laborales, que se interrumpieron al inicio de la pandemia. A partir de marzo de 2020 el diálogo social se centró, casi en exclusiva, en la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, a través de los Acuerdos en Defensa del Empleo y otras medidas, para proteger el tejido productivo (empresas y autónomos), las rentas familiares y establecer unas condiciones especiales para los expedientes de regulación temporal de empleo o de reducción de jornada (ERTE) para mantener el empleo. También se ha pactado la regulación del teletrabajo y de la actividad de los raiders.

España tiene una larga historia de diálogo y concertación social en materia de grandes reformas laborales. El Estatuto de los Trabajadores constituye el fundamento y pilar básico que regula el sistema de relaciones laborales, desde su promulgación en 1980 ha sufrido numerosas reformas en distintos periodos y por gobiernos de diferente signo, unas veces pactadas en el diálogo social tripartito y otras aprobadas por una decisión unilateral del ejecutivo, mediante reformas aprobadas en el parlamento por consenso con otras fuerzas políticas o   por la imposición de una mayoría absoluta.  Las grandes reformas del mercado de trabajo, realizadas con o sin acuerdo, son concretamente las de los años 1984, 1994, 1997, 2001, 2006, 2010 y 2012.

De estas experiencias   reformadoras se debería tener en cuenta que cuando las reformas no han sido aprobadas con la participación del dialogo social han producido rechazo y desafección, expresados en la mayoría de ocasiones por las movilizaciones sociales y las huelgas generales contra las normas impuestas.  Una legislación negociada es una legislación que genera la adecuada    confianza y seguridad en nuestro sistema de relaciones laborales y es una garantía de estabilidad para las normas aprobadas. Para ello es fundamental respetar el diálogo social con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y priorizar al máximo el consenso político con los grupos parlamentarios ante una nueva reforma.

La última de las anteriores reformas fue aprobada de forma unilateral por el Gobierno del PP, sin diálogo ni consenso con los interlocutores sociales y las otras fuerzas políticas, en un contexto de auge de las   políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea (UE) a los países más golpeados por la crisis financiera de 2008. Con medidas de austeridad y recortes del gasto público junto con las contrarreformas laborales y de pensiones para producir una devaluación interna, reducir las inversiones en   protección social y   servicios públicos. El objetivo real de la reforma laboral de 2012 era la devaluación salarial para potenciar la competitividad de la economía vía precios y no en base a la mejora de la productividad, como resultado de la inversión en tecnología e innovación, educación y formación. 

Aquella reforma laboral representa un modelo laboral obsoleto, desequilibrado e ineficiente, que vulneró el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 firmado por las organizaciones empresariales y sindicales. Nunca se alcanzó los objetivos que proclamaba de reducir la dualidad y la segmentación de nuestro mercado de trabajo. Las principales medidas injustas y lesivas del Real decreto-Ley 3/2012 y sus desarrollos fueron la siguientes:

  • Abaratar y facilitar los despidos individuales y colectivos, precarizar el empleo con el contrato para emprendedores con un periodo de prueba de un año (despido libre y gratuito).
  • Desregular, a favor de los empresarios, el sistema de negociación colectiva: prevalencia del ámbito empresa sobre los convenios sectoriales, que dan cobertura a la mayoría de las empresas y trabajadores, y suprimir la ultraactividad de los convenios colectivos.
  • Facilitar las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y las inaplicaciones de los convenios colectivos: salarios, jornada, condiciones de trabajo, etc.
  • Recortes y privatización de las políticas activas de empleo y de la protección por desempleo y expulsión de los sindicatos y las patronales del sistema de formación para el empleo.

Estas agresiones, de los gobiernos del PP, a los derechos de los trabajadores y las políticas socialmente regresivas fueron acompañadas por una ofensiva autoritaria y antidemocrática, con el fin de impedir la acción colectiva y la capacidad de respuesta de los trabajadores y la ciudadanía. Con normas como la Ley “mordaza” (actualmente en trámite parlamentario para su modificación), el endurecimiento del Código Penal (con el ya derogado artículo 315.3 que criminalizaba el ejercicio del derecho de huelga) y una agresiva campaña dirigida a debilitar al movimiento sindical de clase. 

Nuestro mercado de trabajo arrastra desequilibrios que provocan las desigualdades y la pobreza laboral existentes, agudizadas por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del coronavirus. Entre los problemas más graves están: la baja tasa de ocupación, el elevado desempleo, la temporalidad injustificada, desigualdad en la distribución de la riqueza, los bajos salarios, el abuso de los despidos, la brecha de género y las tasas insoportables de desempleo y precariedad que sufren los jóvenes. Con la recuperación económica, iniciada 2014, se puso de manifiesto que en España se había impuesto un nuevo modelo económico y social: por primera vez el crecimiento económico y la renta de la mayoría de los ciudadanos se han desacoplado y no progresan juntos. 

El PP sigue instalado en una defensa numantina de su reforma laboral, de forma torticera le atribuye unos resultados que están fuera de toda evidencia. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI)  las medidas entonces adoptadas contribuyeron a la creación de empleo,  impulsada por la recuperación económica a nivel internacional, pero aumentaron la precariedad y pobreza laboral,   tal como afirmaba en su informe de febrero de 2020, donde se recogen, entre otras,  las siguientes observaciones:  «han inducido a un deterioro de la media de horas trabajadas, la pobreza laboral y posiblemente también el trabajo a tiempo parcial de manera involuntaria “. 

A partir de junio de 2018, con la llegada del PSOE al gobierno, se abrió una nueva etapa orientada a la recuperación de los derechos de las personas trabajadoras – con medidas como la derogación del contrato de emprendedores sin indemnización o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años-, la mejora en las condiciones de vida y trabajo (como la dignificación del SMI) y la lucha por la erradicación de las desigualdades y la pobreza laboral. El PSOE adoptó en el Programa Electoral de 2019 el compromiso de derogar las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012 y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI mediante el diálogo social, estas propuestas se incorporaron en el Acuerdo del Gobierno de Coalición PSOE y UP.

En dicho Acuerdo se planteaba con carácter urgente derogar el despido objetivo por absentismo por bajas de enfermedad, medida que ya fue aprobada por el Gobierno en febrero de 2020. Junto con desmontar la reforma de 2012 mediante, entre otras, las siguientes materias: reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal e impulsar la contratación indefinida, la recuperación de la ultraactividad y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, restableciendo la capacidad de la autonomía colectiva para ordenar la estructura negocial. También se preveían otras  medidas: la mejora de la regulación de  la  subcontratación, revisar el procedimiento de las inaplicaciones, reformular los   contratos formativos y la regulación de un  Estatuto del Becario, proteger los derechos laborales en los procedimientos para modificar las condiciones de trabajo, actualizar la legislación de prevención riesgos laborales,  corregir la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, establecer medidas para impedir los  falsos autónomos y revisar la regulación del despido.

Actualmente estas materias están siendo debatidas en la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral, que debe culminar sus trabajos antes de final de año. De acuerdo con el compromiso contraído por el Gobierno con la UE de aprobar una nueva reforma laboral dentro del Plan de Recuperación, que se vincula a los fondos europeos para la reconstrucción económica y social. Concretamente en su componente número 23 se integran las reformas para “Un Mercado Laboral Dinámico, Resiliente e Inclusivo”,  tienen unas previsiones de inversión de 2.400 millones de euros para el periodo 2021-2023 y comprenden un conjunto de 17 reformas orientadas a reducir el desempleo estructural, el paro juvenil, reducir la temporalidad, potenciar la formación profesional, modernizar la negociación colectiva, establecer un mecanismo de flexibilidad permanente (ERTE con bonificaciones para las empresas), reformular las políticas activas de empleo y reforzar los servicios públicos de empleo.

La nueva reforma laboral acompañada de   las otras reformas e inversiones previstas en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, unas 170 reformas, pueden contribuir a   modernizar nuestro aparato productivo. Mediante el desarrollo de proyectos en los sectores tractores y actividades de futuro, ante   la creciente digitalización y descarbonización de la economía, y con el impulso a la innovación, ciencia, educación y formación profesional que deberían potenciar un nuevo modelo productivo, más justo, sostenible y duradero. Para ello se requiere un nuevo modelo laboral equilibrado y participativo, que se asiente en la mejora de la productividad, salarios dignos y   empleo estable y con derechos.

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