Internacional Socialista: El socialismo que viene

Si hay algo que ha caracterizado históricamente a los partidos socialistas en la defensa de los intereses de la clase trabajadora es su carácter internacionalista, pero como todos reconocen, la IS no ha sido una herramienta útil en las últimas décadas.
Esta semana, en el marco del XXVI Congreso de la IS celebrado en Madrid bajo el lema “El socialismo que viene”, Pedro Sánchez, ha sido nombrado nuevo presidente de la IS sustituyendo a Yorgos Papandreu.

Pedro Sánchez presentó hace unos meses su candidatura a presidir la internacional con el objetivo de renovarla y revivirla. En aquel momento, Alfonso Guerra recordó que ya hacía 30 años que había calificado a la internacional socialista como “una agencia de viajes”. Esta inactividad ha sido reconocida por la mayoría de representantes, incluído el propio Sánchez.

A finales de este mes de noviembre, Pedro Sánchez ha sido elegido por unanimidad de los asistentes al Congreso como nuevo Presidente de la IS. El aval con el que se ha presentado ha sido su gestión de gobierno: actualización de las pensiones conforme al IPC, la subida del SMI o el impuesto a las eléctricas, las grandes fortunas y la banca. en un contexto marcado por las secuelas económicas de la guerra de Ucrania.

Los militantes de las agrupaciones no hemos recibido información sobre este congreso, y de la poca información a la que he podido acceder, destaco la publicación aparecida en la página web del PSOE, en la que Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, escribe en su tribuna de “El Socialista”: “Una vez más nos volvemos a reunir, no solo para renovar los órganos de dirección, sino también para debatir sobre los retos que afrontamos, y que a día de hoy están marcados por hechos tan convulsos como la guerra de Putin, la postpandemia de la Covid y la amenaza del cambio climático”.

Precisamente en su intervención Pedro Sánchez se ha referido a los retos que debe afrontar la IS, y que pasan por abordar estrategias conjuntas en la lucha contra el cambio climático, la colaboración de la IS con los organismos internacionales, principalmente con la ONU y la reincorporación a la internacional de partidos que en su día la abandonaron, como es el caso del SPD alemán, o los socialistas suecos, estandartes del concepto del estado de bienestar en Europa

Para el que suscribe, esta renovación de la IS nace con mal pie, para empezar, por la nula participación de la militancia en los debates, algo que las nuevas tecnologías permiten realizar a la perfección, y que permitirían situar el debate en aquellos temas controveridos sobre los que la socialdemocracia hoy se ha posicionado sin contar con las bases, como por ejemplo, la posición sobre la guerra

de Ucrania, esa guerra que está destruyendo Ucrania entera y empobreciendo a los trabajadores tanto de Ucrania como de Rusia como del mundo entero.

El socialismo que viene tiene que defender los intereses de la clase trabajadora. En esta misma edición de Tribuna Socialista nos hacemos eco de varios ejemplos de resistencia de la clase trabajadora, defendiendo los derechos sociales (nuestro salario diferido, la sanidad, la educación, las pensiones…), luchando contra el empobrecimiento de los salarios,..en formas de movilizaciones y Huelgas, en Grecia, en Bélgica, en el Reino Unido, en Francia, en España y en todo el mundo. El socialismo que viene tiene la obligación de representar estos intereses. Desoirlos, y en ocasiones, enfrentarse a ellos, solo conduce a la pobreza, a la barbarie y a la creciente desconfianza en nuestras organizaciones que tienen como con- secuencia una creciente desafección y que abre la puerta a los populismos y a los fascismos.

Es cierto que la internacional socialista debía renovar- se, pero sobre todo, debe recuperar las alianzas internacionales entre los pueblos con el objetivo de poner fin a la destrucción de sectores productivos enteros, abordar las verdaderas causas de la inflación (que ya aumentaba antes de la guerra de Putin) y de la bajada de poder adquisitivo de los trabajadores en el mundo entero, abordar la producción energética pública que garantice el confort térmico y evite la especulación, abordar la distribución de la riqueza,y abordar en definitiva, un modelo de sociedad basado en la justicia social, la fraternidad entre los pueblos y la paz.

Estos son bajo mi punto de vista los retos que este congreso no ha abordado adecuadamente y que el socialismo que viene tiene la necesidad y obligación de trabajar, representando los intereses de la clase trabajadora.

Baltasar SantosMilitantedelPSCy

miembro del comité de Redacción de TS

Fiscalidad: Que contribuya más el que más tiene Fiscalidad

Es las épocas de “vacas flacas” es cuando más se notan las diferencias entre las políticas fiscales progresistas y las liberales, las de izquierda y las de derecha. Los impuestos son las aportaciones de los ciudadanos por diferentes conceptos (renta, patrimonio, bienes inmuebles, vehículos…). Su recaudación permite aplicar polítcas públicas. Una de las características de las políticas socialdemócratas es la aplicación de una fiscalidad que permitas quién más tiene aporte más para cubrir las necesidades de todos, especialmente, de los que menos tienen. Las políticas liberales, al revés, aplican bajadas de impuestos, especialmente a las rentas más altas con el objeto de reducir el peso de las políticas públicas y privatizar todo lo privatizable generando negocio privado para los suyos.

Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid eleva la desfachatez fiscal a su enésima potencia, no solo baja los impuestos a los más ricos, sino que además, el dinero público recaudado lo utiliza para favorecer a las rentas más altas. El anuncio de la creación de becas al estudio para los hijos de famílias bienestantes que van a colegios privados en detrimento de más dinero público para la sanidad y educación públicas son un buen ejemplo.

Pero el mes de septiembre ha estado cargado de noticias relacionadas con la fiscalidad, especialmente con la competencia o competitividad fiscal que las autonomías gobernadas por el PP están anunciando sobre el Impuesto de Patrimonio. Madrid fue la pionera, ahora Andalucía y Galicia anuncan exenciones o rebajas del impuesto de Patrimonio, es decir bajadas a los más ricos. Esta estrategia de competir en bajadas de impuestos a los más ricos es una clara declaración del objetivo de estos gobiernos autonómicos: reducir las políticas públicas a su mínima expresión y atraer las rentas más altas. Políticas para ricos.

Pedro Sánchez ha censurado esta medida de «competencia fiscal a la baja” y ha dicho que “Lo importante es fortalecer el Estado del Bienestar, que nos defiende frente a adversidades como la pandemia”.

Por otro lado, el impuesto a las energéticas y la banca, así como el nuevo impuesto que se ha anunciado sobre las grandes fortunas, son medidas que se orientan a que contribuya más el que más tiene, pero que deberían aplicarse no temporalmente, sino de manera estructural.

En Europa también cuecen habas. La primera medida que ha anunciado la flamante nueva ministra conservadora, Liz Truss es reducir los ingresos del Estado, rebajando varios impuestos, por lo general a las rentas más altas, en un total de 55.000 millones de euros para reactivar la economía. La laborista Rachel Reeves, en la oposición, dice que esta es la estrategia para favorecer a los ricos para que su gasto llegue a los más pobres.

En el primer mandato de Macron en Francia ya se han aprobado importantes rebajas fiscales a las clases más pudientes, con la supresión parcial del impuesto sobre la fortuna o disminuyendo del 45% al 30% la tasación máxima del capital. Ahora, el segundo mandato se ha iniciado con el anuncio de los superbeneficios de las grandes multinacionales en Francia, ante los que el gobierno Macron se niega a gravar fiscalmente, de forma contratria a lo que exige la oposición de izquierdas, Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) que reclama un impuesto ante tan descomunales beneficios, mien- tras los servicios públicos se están deteriorando a la velocidad de la luz

El debate ideológico por la fiscalidad no es cualquier cosa. Los servicios públicos que deben garantizar la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, está en juego. Defender hoy los impuestos puede parecer impopular, pero los impuestos son necesarios. Eso sí, justos. Que sirvan para redistribuir la riqueza que se genera en beneficio de toda la población. Unos impuestos que obliguen a que el que más tiene contribuya más, para cubrir las necesidades de quien menos tiene.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

¿Gobernar sin ideales?

A pesar de mis setenta y siete años cumplidos, sigo siendo un poco iluso, toda mi vida, especialmente esa parte donde mi implicación política fue mas directa y activa, he sido catalogado como “utópico”, por la mayoría de las personas que me rodearon, mi mujer y mis hijos lo llevan con resignación, pero lo curioso es que las mayores confrontaciones e incomprensiones por mi utopía, las he sufrido siempre de quien en teoría menos se debería de esperar, de mis propios compañeros de ideología.

Ideología, eso que cada vez existe menos en la política actual, ideología que en los grupos de la derecha nunca existió, pues básicamente sus actos están dirigidos e inspirados desde siempre, por cuestiones exclusivamente macroeconómicas y la finalidad de su empeño, es siempre la de aumentar los dividendos de las empresas que manejan a la sociedad, este hecho, que viene siendo así desde que el ser humano abandono el trueque y se inventó la moneda, era propio de la sociedad conservadora, y también de la que se hizo conservadora, al conseguir el espejismo de unas mininas comodidades ficticias, que quiso conservar ante los compañeros que aún no las tenían.

Pero desde que los socialistas, tuvimos la desgracia de tener que gobernar nuestro país con mayoría absoluta, nuestra derechización ha sido constante y progresiva, perdiendo una tras otra, nuestras señas de identidad que nos diferenciaban, justamente por esa utopía que era la persecución de una sociedad justa.

Perdimos el pudor, cada vez éramos mas sumisos a los caprichos del Capital, cada vez nuestros ideales se difuminaban, con una desvergüenza que nunca antes habia sido propia de un socialista.

Una y otra vez, sucumbíamos a los caprichos de las multinacionales, asumiendo sus premisas que imponían sus brechas sociales, aun sabiendo que eso iba en contra de nuestros planteamientos éticos y morales, que cada vez son menos éticos y menos morales.

A día de hoy, el retroceso de las clases sociales más débiles, es cada vez mas evidente, pues a la falta de socialización de nuestros dirigentes, se unen una serie de crisis económicas y sociales que nos golpean una y otra vez, lo que crea un caldo de cultivo ideal, para en crecimiento desmesurado de la extrema derecha, que esa si que tiene unos ideales muy claros además de los económicos y son los facticos, con los correspondientes recortes de derechos y sometimiento de las clases mas desfavorecidas.

Hoy gobierna nuestro Partido, pero son escasas las señas de identidad socialista, que de sus decisiones se desprenden, evidentemente con la “ayuda”una Izquierda tan fragmentada de forma tan irreconciliable, que lo único que consigue es el regocijo de la derecha, que espera ansiosa nuestra total descomposición, para entrar a destruir esos pocos logros sociales, que tan lentamente con tanta timidez se van consiguiendo.

Quizás nuestro presidente lo tenga claro, yo no, yo no tengo claro, porque hemos abandonado a los saharauis, entregándoselos sin miramientos a un monarca depredador, quizás nuestro presidente tenga claro, que lo mejor ante un conflicto es armarse hasta los dientes, aumentando el odio en lugar de fomentar el dialogo, yo desde luego eso no lo tengo tan claro, quizás él, también tenga claro, que a los que huyendo de guerras en el cono africano, intentan llegar a nuestro país buscando una vida, se les asesine y masacre en colaboración con el Monarca Alauí

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Se que es complicado gobernar con ideales, teniendo que contentar a tantos socios, que a pesar de presumir de tendencia social, solo están a nuestro lado como carroñeros, esperando satisfacer las pretensiones que no conseguirían nunca de otra forma, pero mi pregunta es ¿vale realmente la pena humillarnos destruyendo nuestros principios?, sabiendo que estamos destruyendo o colaborando a la destrucción de nuestro tejido social.

Querido presidente, querido compañero, ¿no crees que gobernar sin ideales lo hacen mejor los que hoy en la oposición esperan tu caída?, diferénciate de ellos, recupera nuestros principios, recupera nuestra ética, olvida eufemismos “socialdemócratas” y vuelve al socialismo real, esa es nuestra seña de identidad, nuestro espíritu, no es adquirir y conservar, lo nuestro, lo realmente socialista, es compartir equitativamente.

¡¡SI SOY UTOPICO, Y ESPERO SERLO MIENTRAS EL UNIVERSO ME MANTENGA COMO HUMANO PENSANTE!!

Paco Ascón
Xares, 15 de Julio de 2022

Carta a Pedro Sánchez

Nota introductoria a la Carta a Pedro Sánchez

El grupo de Sindicalistas que promueve esta misiva al presidente del Gobierno, nace en octubre de 2021, a partir del Llamamiento reivindicativo de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, secundado por casi 500 firmantes, hombres y mujeres militantes de distintas organizaciones sindicales de clase, de la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

A mediados del mes de julio del presente año, se han dirigido al presidente del Gobierno, para trasladarle su compromiso con la defensa del Sistema Público de Pensiones. Coherentemente, le exigen que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social; que, a diferencia del pasado año, ha pasado de ser una reivindicación a una obligación contraída en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre.

Los y las firmantes de la carta, recuerdan a Pedro Sánchez que se han incumplido los plazos que el Gobierno asumió en la citada ley, en cuya disposición adicional sexta, el Gobierno se comprometió a encargar un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social en el plazo de un mes, y a presentar este informe en el plazo de seis meses ante la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados.

Los y las sindicalistas, remarcan en la carta su preocupación por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, por la que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones pretende, con acuerdo del Gobierno en su conjunto, elevar el número de años para hallar la base reguladora de la pensión de 25 a 35 años.

Les parece inaceptable que el Estado sea deudor de la Seguridad Social en cientos de miles de millones de euros; deuda que han acumulado la práctica totalidad de los gobiernos desde 1967, y que por el contrario se continúen llevando a cabo reformas de la Ley de Seguridad Social de recorte.

Estos y estas sindicalistas esperaban una respuesta por parte de Moncloa, respuesta que a fecha de hoy no se ha producido.

En defensa del Sistema Público de Pensiones, con la exigencia de que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en Ley, y para protestar por la brutal pérdida de poder adquisitivo que salarios y pensiones están sufriendo por el alza de los precios, este grupo de sindicalistas anuncia que llamará a participar y se sumará a la Manifestación prevista para la mañana del 15 de octubre en Madrid, en el cortejo y tras la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP.

La Carta

Complejo de la Moncloa

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Secretario general del PSOE y presidente del Gobierno

Avenida de Puerta de Hierro, S/N

28071 Madrid

Presidente:

Nos dirigimos a ti, militantes del PSOE y miembros de otras organizaciones y colectivos de los movimientos sociales, para expresarte nuestra preocupación por las reformas que, desde el Gobierno que presides, se están operando en la Ley de Seguridad Social y otras legislaciones que afectan al Sistema Público de Pensiones.

Hace ya décadas, desde el pasado siglo, que los lobbies, gabinetes de estudios y supuestos expertos al servicio del mundo financiero se lanzaron a teorizar sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones, en todo el mundo. Sin embargo, las fechas en las que profetizaban que los sistemas quebrarían han ido venciendo y los sistemas públicos de pensiones continúan siendo viables. Prueba de ello es el papel que los y las pensionistas del Estado español jugaron en la crisis de 2008 y años subsiguientes, siendo una autentica red de seguridad para las familias trabajadoras y para la sociedad en su conjunto, pues, muy probablemente, el esfuerzo de nuestros mayores evitó un estallido social:

En el periodo que va del 2008 al 2016, los hogares en los que el cabeza de familia tenía más de 65 años aumentaron su gasto en alimentación y bebidas no alcohólicas un 36,9% mientras que en aquellas familias en que la persona de referencia tenía menos de 44 años se dio un descenso del 22,3%.” Datos del Observatori Bon Preu i Esclat del consum alimentari a Catalunya, elaborado por Josep Oliver (UAB) y Ramon Roig y Xavier Segura (Tracis).

Nos preocupan las reformas que se están introduciendo en la Ley de Seguridad Social y las que se anuncian, como la que tu Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, atendiendo a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, anuncia que se aumentaría a 35 años el periodo de cotización para hallar la base reguladora.

Estas reformas, y las que se vienen haciendo desde 1985, están enfocadas a reducir la tasa de reposición, a endurecer el acceso a la pensión y a paliar las exenciones y bonificaciones que los distintos gobiernos venís haciendo a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no son otra cosa que salario diferido de los trabajadores, debiendo ser un concepto intocable. Esto no es una mera opinión, con datos de la Seguridad Social: en 1980, las empresas cotizaban el 29,25% de la base de cotización y el trabajador el 5,15%. Hasta el acuerdo de primeros de 2022, las empresas han estado cotizando el 23,60% y los trabajadores un 4,70%. Tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, las empresas van a cotizar el 24,1% y los trabajadores el 4,8%. Es decir, que las empresas seguirán cotizando un 17,61% menos que en 1980, y los trabajadores cotizarán un 6,79% menos.

A lo anterior, hay que añadir la utilización de los fondos de la Seguridad Social para realizar pagos indebidos y en todo caso ajenos a las pensiones; como así puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas del Estado en su informe de 2020, por el que, solo en el periodo 1989-2013, el Estado ha generado una deuda en la Seguridad Social de más de 103.000 millones de euros en concepto de “pagos indebidos”.

A pesar de todos estos elementos, nuestro Sistema Público de Pensiones continúa siendo una herramienta fundamental de cohesión para el Estado y un instrumento que dignifica la vida de más de 9 millones de pensionistas en nuestro país.

Por todo lo expuesto, consideramos que, antes de acometer nuevas reformas que sigan en la senda de recorte de la las Pensiones, el Gobierno está obligado por la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, a encargar un “Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.” Pues, a fecha de hoy, se han incumplido los plazos señalados en dicha Ley. En este mismo sentido, entendemos que corresponde al Tribunal de Cuentas llevar a cabo el informe al que obliga la Ley, para el periodo 1967-2019.

Los abajo firmantes de esta carta, quedamos a tu entera disposición y de los miembros de tu equipo para abordar cualquier cuestión, relativa al Sistema Público de Pensiones, que estimes oportuna.

Atentamente.

Firmantes, a título individual, de la Carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Roberto Tornamira Sánchez – Sindicalista de UGT y militante del PSOE en la Agrupación de Arganzuela.

María José García Lucas – Secretaria General de la Sección Sindical de la UGT en el Ayto. de Sant Boi.

Miguel Sagüés Navarro – Ex abogado laboralista de CCOO. Miembro de Sindicalistas por la Auditoría.

José Miguel Villa Antoñana – Ex Secretario General de FeS-UGT.

Luis González Sanz – consejo Confederal de CCOO.

Juan Fernando Díaz – Mayordomo Martínez – Miembro de Sindicalistas por la Auditoría.

José Luis Sánchez – Miembro del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

César Serrano – Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Comarca Sur de CCOO-Madrid.

Mikel González – Secretario de Organización de UPTA-Euskadi-UGT.

José Antonio Fernández Guerras – Sindicalista de UGT.

(…) hasta 250 firmas más.

46 aniversario del mítin de la libertad

El 22 de junio de 1976, hace 46 años, se celebraba en el Palau Blaugrana de Barcelona el primer mitin democrático en Catalunya desde el fin de la Guerra Civil española (1939). Aquel acto, convocado bajo el lema “Ganemos la libertad” y que reunió a
10.000 asistentes, aunque había sido promovido por las fuerzas políticas catalanas todavía en la clandestinidad, sería la primera concentración autorizada por las autoridades gubernativas postfranquistas. Aunque Convergència Democràtica Socialista y Grupo de Socialistas Independientes habían sido los principales promotores de aquel acto, se añadirían, también, dirigentes y militantes del PSUC y de la mayoría de fuerzas políticas catalanas de izquierdas.
Aquel mitin fue, también el pistoletazo de salida del PSC-Congreso, que se acabaría constituyendo formalmente pasados cuatro meses y pico (1 de no- viembre) por las dos principales fuerzas políticas convocantes. El PSC-Congrés, liderado por Joan Raventós, que entonces se definía como una fuerza política de ideología marxista, posteriormente sería el embrión del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). El 15 de julio de 1978, dos años después de aquel primer mitin, se fusionaría con la Federación Catalana del PSOE, con quien ya había concurrido juntos en las primeras elecciones generales de 1977 y con el PSC-Reagrupament, que había fundado y liderado hasta su muerte el histórico Josep Maria Pallach.

La prensa de la época destaca que aquel mitin se convocó con el propósito de materializar, en Catalunya, la creación “de una gran fuerza política socialista”. En aquel mitin intervinieron un total de once oradores, que abordaron temas como trabajo, cultura, Catalunya, la mujer o las instituciones catalanas. Personalidades que, posteriormente, tendrían un papel muy destacado tanto en el PSC-PSOE como en la política catalana. Durante las dos horas y media que duró el acto, por el cadalso de oradores pasarían Alexandre Ciricí, Maria Aurèlia Campmany, Javier López Blanco, Jordi Llimona, Josep Andreu i Abelló, Anna Balletbó, Josep Vidal Pep Jai, Dolors Torrent, Joan Colominas, Juanjo Ferrer y Joan Raventós. Así mismo, intervino desde el exilio el President de la Generalitat, Josep Tarradellas que empleó por primera vez su expresión “ciudadanos de Cataluña”.
Más allá del carácter reivindicativo que aquella jornada nos dejó a las generaciones actuales de socialistas, el legado más importante fue el carácter de unidad de unas izquierdas siempre plurales, pero que lucharon por levantar un partido al que también se unieron militantes del PSUC y de la federación catalana del PSOE, para constituir un PSC como partido de unidad de las izquierdas catalanas.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC El Vendrell

INFLACIÓN, SALARIOS Y PODER ADQUISITIVO

La inflación afecta negativamente a las empresas y los hogares, genera incertidumbre sobre los salarios y los beneficios, reduce drásticamente las rentas y el ahorro, y puede frenar la inversión y la creación de empleo. Actualmente la inflación es un fenómeno global, el año 2021 marcó récords sin precedentes en las mayores economías. En España en el mes de marzo la inflación registro una tasa interanual del 9,8%, y la subyacente (sin los precios energéticos y los alimentos frescos) del 3,4%, un nivel de inflación desconocido desde 1985. Esta espiral inflacionista se inició hace un año originada por los problemas globales de las cadenas suministros industriales, la virulenta escalada de los precios de la energía y su traslado a los procesos productivos y de distribución, y todo ello se ha visto agravado por la invasión de Putin en Ucrania.

La economía global se ha enfrentado desde el inicio del siglo XXI a tres grandes crisis -la financiera de 2008, la covid-19 en 2020 y la guerra en Ucrania este año- con muchos problemas sin resolver todavía de la primera como la desigualdad y el aumento de la pobreza, aún estamos inmersos en la recuperación de los efectos de la pandemia del coronavirus y con una inflación desbocada a causa de la segunda y la tercera. En la crisis de 2008 se produjo una gran depresión y la deflación que hundió la demanda y aumentó enormemente el desempleo, en cambio actualmente estamos inmerso en proceso de descontrol de la inflación, y esta es fundamentalmente un fenómeno monetario por eso no sirven las medidas adoptadas entonces.

Fruto de las políticas económicas basadas en la austeridad, recortes del gasto público y la devaluación salarial impuesta con las reformas laborales autoritaritas, se provocó la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras y el aumento de las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística el IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad siendo cero la nula desigualdad y 100 la total desigualdad, ha pasado de 34,2 en 2012 a 32,1 en 2020, en 2014 alcanzó el 14,7, la reducción se produce coincidiendo con la ampliación de la cobertura por desempleo y las subidas del SMI del 31,8% realizadas por el Gobierno PSOE-UP entre 2018 y 2020.

Para afrontar los efectos de la invasión de Ucrania el Gobierno de Coalición ha puesto en marcha un conjunto actuaciones recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y para apoyar a los colectivos más vulnerables (se amplía la cobertura del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. A la vez se plantea acelerar las inversiones del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

En paralelo al Plan aprobado el Gobierno viene impulsando con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT un pacto de rentas para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021. La intención es que se deberían dar respuesta a tres temas fundamentales, en concreto, a abordar la evolución de salarios, de los beneficios y dividendos empresariales y las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. Los interlocutores sociales han manifestado su predisposición al pacto de rentas, que propone el Gobierno, para evitar una espiral inflacionaria si bien han manifestado algunas de sus demandas: los empresarios insisten en ampliar las ayudas a las empresas y se oponen a nuevas subidas de impuestos y los sindicatos plantean tres ámbitos de actuación: salarial, energético y fiscal, junto con mejoras en la protección social, porque consideran que solo un acuerdo salarial no es un pacto de rentas.

Según las estimaciones hechas públicas el impacto de la escalada inflacionista sobre las rentas podría situarse en el entorno de los 70.000 millones de euros por la reducción del poder adquisitivo de los salarios y los ahorros. En cambio, los pensionistas tienen garantizado el poder adquisitivo, de acuerdo con la reforma de las pensiones de 2021 que recoge que las pensiones se revalorizan con el IPC medio anual. También hay que tener en cuenta que el aumento de la inflación al 6,5% en 2021 supuso una ampliación de la recaudación de la Agencia Tributaria. Los salarios pactados en los convenios colectivos subieron de media un 2,36% hasta marzo, una décima más que en febrero y casi un punto por encima del promedio de 2021 (1,47%).

Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales vienen negociando, de forma bipartita, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debería fijar los criterios y las recomendaciones para la negociación salarial junto con las otras materias que conforman los contenidos de los convenios colectivos. Las propuestas conocidas dan a entender que la situación actual de la negociación es muy compleja, pues CEOE y CEPYME vienen manifestado su rechazo a las propuestas de CCOO y UGT basadas en incrementos iniciales inferiores a la inflación actual y en mantener el poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial, los empresarios consideran que aumentarían la inflación por el efecto de “segunda ronda”. En ese sentido el Banco de España ha vuelto a advertir de que la tendencia al alza de las cláusulas de garantía salarial que se está registrando en la negociación colectiva en los últimos meses son un riesgo creciente de que se produzcan efectos negativos que aumenten la inflación.

La propuesta de las organizaciones sindicales, contempla un escenario plurianual en el que se plantean incrementos por ejercicio, más una recuperación gradual del poder adquisitivo que se pierda. Podrían fijar unas subidas mínimas, del 3,4% este año, del 3% en 2023 y del 2,25% en 2024. Adicionalmente se repartiría el impacto de la inflación media de 2022 en los años 2023 y 2024, y en 2025 los sueldos subirían en función del IPC medio de 2024 más un 0,25%. Los empresarios han propuesto una subida del 8% para los próximos tres años, el desencuentro se produce precisamente en la revalorización en función de la evolución precios que las organizaciones empresariales consideran inaceptable porque consideran que supondría una indexación del IPC año a año, pues ven el riesgo de que se integre definitivamente en el futuro.

La oposición de las organizaciones empresariales a las cláusulas de garantía del poder adquisitivo de los salarios no es una novedad, hasta la reforma laboral impuesta por el PP en 2012 más del 70% de los trabajadores incluidos en los convenios colectivos tenían las cláusulas de revisión salarial, pero desde entonces han llegado a descender por debajo del 20% en los últimos años. En 2022 el porcentaje de trabajadores protegidos por las cláusulas de salvaguarda salarial ha mostrado un aumento en los primeros meses de este año, alcanzando en marzo un 29,1%. Además, los convenios colectivos ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año.

Históricamente el modelo de determinación salarial que se ha venido desarrollando, en la mayoría de los acuerdos interconfederales pactados por las patronales y los sindicatos, con resultados positivos en la lucha contra la inflación se ha basado en el mantenimiento del poder adquisitivo a través de tres elementos interrelacionados. Estos elementos son: la previsión de inflación, como elemento de referencia; la cláusula de revisión salarial que debe garantizar la recuperación de desviación de la inflación respecto incremento salarial inicialmente pactado en base a dicha previsión y la toma en consideración de la evolución de la productividad para mejorar el poder adquisitivo. Estas reglas salariales han contribuido al control de la inflación, al estímulo de la demanda, al crecimiento económico y la creación empleo.

Toni Ferrer, senador socialista por Madrid. 24/04/22

¿Es esta la Europa que queremos?

El martes 1 de marzo se celebró un pleno extraordinario de la Eurocámara para explicar las medidas tomadas y debatir sobre la invasión Rusia en Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se dirigió a los miembros del Parlamento Europeo y enunció las claves de la construcción europea en base al fortalecimiento de una “nueva Europa geopolítica” mediante el poder coercitivo financiero y el aumento de las estructuras de defensa y el poder coercitivo armamentístico. ¿Es esta la Europa que queremos?

Seguidamente, la transcripción del discurso de Josep Borrell:

Estimados miembros del Parlamento Europeo,

Intentaré compartir con ustedes mis reflexiones sobre el significado de los trágicos acontecimientos que estamos viviendo y las lecciones provisionales que podemos extraer de ellos, especialmente para la Política Común de Seguridad y Defensa, que tengo el honor de intentar desarrollar y que sigue siendo una política intergubernamental. Una política que sigue estando en manos de los Estados miembros, pero que no puede aplicarse eficazmente sin la fuerte cooperación de las competencias de la Comisión. Creo que este es el momento en que la Europa geopolítica está naciendo.

Esta es la partida de nacimiento de la Europa geopolítica. El momento en el que tomamos conciencia del reto al que nos enfrentamos. El momento en que Europa debe hacer frente a sus responsabilidades. El momento en que nos damos cuenta de que, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un país está invadiendo a otro y ese país tiene armas nucleares, lo que aumenta su capacidad de intimidación. Me pone enfermo pensar en la analogía histórica con los acontecimientos del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Pero, en realidad, es el retorno de la tragedia, a lo que Europa se enfrenta hoy. El retorno de la tragedia, lejos de asustarnos, debería galvanizarnos.

En primer lugar, desecha la idea de que el proyecto europeo había perdido su impulso porque el horizonte de la guerra se había desvanecido. Por desgracia, no es así. Esto nos recuerda que el mal, la tragedia y la guerra nunca se desvanecen. Y se trata de la relación con la guerra, con el uso de la fuerza, con la violencia, sobre la que llevamos años debatiendo, para saber si Europa puede contrarrestarla. Por eso en los últimos años hemos hablado más que en el pasado de cuestiones de defensa y hemos empezado a establecer programas militares conjuntos. Por eso el propio Parlamento Europeo ha votado la creación de este Fondo Europeo de Defensa, y los Estados miembros han creado este Fondo Europeo de la Paz que ahora estamos movilizando para proporcionar armas a Ucrania.

El Consejo Europeo, en las próximas semanas, adoptará la Brújula Estratégica. Y con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, debemos ampliar nuestra reflexión, ajustar nuestros medios y anticipar nuestras respuestas. Porque una de las lecciones que hemos tenido que aprender con la invasión de Ucrania es que, más que nunca, Europa debe pensar estratégicamente sobre sí misma, su entorno y el mundo. Ya no es un lujo, es una necesidad. Europa debe ampliar su reflexión sobre las cuestiones de seguridad, y el Parlamento Europeo ha tenido un papel importante en este sentido. Hay que reflexionar sobre el instrumento de coacción, de represalia y de contraataque frente a adversarios temerarios, porque lo único que hay que entender es que para hacer la paz hay que ser dos, pero para hacer la guerra basta con ser uno. Esto es exactamente lo que nos dice Putin. Y por eso tenemos que aumentar mucho nuestra capacidad de disuasión. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de disuasión para evitar la guerra. Y está claro que nuestra disuasión no ha sido lo suficientemente fuerte como para detener la agresión de Putin. Y desde que comenzó esta agresión, hemos reaccionado en los últimos días de una manera que Putin no esperaba. Y le estamos demostrando que nunca sacrificaremos nuestra libertad, y la de los demás, en el altar de nuestro bienestar y prosperidad.

Siendo presidente de este Parlamento en 2007, tuve la oportunidad de decirle a Putin, cara a cara, tras el asesinato de una periodista, Anna Politkovskaya: «No vamos a cambiar los derechos humanos por su gas». Y este es el momento de repetírselo, y de actuar en consecuencia. No vamos a compartir, no vamos a abandonar la defensa de los derechos humanos y de la libertad porque seamos más o menos dependientes de Rusia. Y tenemos que empezar a trabajar rápidamente, como ha propuesto la Comisión, para anular esta dependencia.

El sábado pasado, después de haber celebrado otro Consejo de Asuntos Exteriores y de asistir al debate del Consejo de la Unión Europea, estuve hablando con usted, presidente Michel, y me dijo: «¿Estamos haciendo todo lo que podemos? ¿Hay algo más que podamos hacer? ¿Es suficiente? ¿Somos tan impotentes?» Y usted me dijo: «Piensa, haz, actúa. Tenemos que presionar a los Estados miembros para que adopten decisiones sobre el SWIFT y saquen a Rusia del sistema financiero. Piensa en cómo podemos armar a Ucrania. No país por país, uno tras otro de forma descoordinada». Y me animó a volver a hablar con los Estados miembros, y en pocas horas acordamos utilizar este Fondo Europeo para la Paz con el fin de aportar ayuda financiera y coordinar a los Estados miembros para armar al ejército y al pueblo ucranianos. En menos de 24 horas, otro tabú había caído.

Y la presidenta de la Comisión mostró inmediatamente un fuerte liderazgo y empezó a trabajar para conseguir un acuerdo con nuestros socios internacionales, con el fin de hacer posible desconectar a Rusia del sistema financiero. Y, ¿saben qué? Ahora la mitad de las reservas del Banco Central de Rusia están completamente fuera de su control, están congeladas. ¿Se lo pueden imaginar? Esto es capacidad de coerción. Hace tres días era imposible, y ahora es posible, y Rusia empieza a sentir las consecuencias en términos de inflación y caída de su moneda.

Sí, tenemos capacidades. Hemos movilizado esas capacidades y tenemos que seguir haciéndolo, poniendo en común las capacidades de los Estados miembros y de la Unión Europea.

Quiero recordarles que el Fondo Europeo para la Paz no forma parte del presupuesto que ustedes votan. Es otro presupuesto. Es un fondo intergubernamental, gestionado por los Estados miembros. Porque afirmamos que nosotros, la Unión Europea, somos una fuerza de paz y que no podemos proporcionar armas a nadie más. Sí, podemos. Sí, lo hemos hecho. En el próximo presupuesto, piensen en ello. Cuando voten su próximo presupuesto, utilicen la capacidad presupuestaria de esta institución para poner los medios para hacer frente a la próxima crisis y a la próxima agresión rusa.

Estamos trabajando también en el ámbito internacional para crear una coalición que condene a Rusia en las Naciones Unidas. Rusia no obtuvo ni un solo voto a favor [en el Consejo de Seguridad]. Todo el mundo estuvo a favor de la resolución y hubo algunas abstenciones que son muy significativas.

Ha habido países, tradicionalmente aliados de Rusia, que no han votado a favor suyo, se han abstenido. Y ahora hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar para otro lado.

Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el ismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado.

Sí, hemos utilizado nuestra capacidad coercitiva, la capacidad de imponer, no necesariamente usando las armas. Cuando digo que Europa tiene que ser un hard power, la gente piensa únicamente en el poder militar. No, el hard power se ejerce de otras muchas maneras. La capacidad de condicionar, the coercive capacity, la capacidad de imponer al otro otra conducta no se hace solamente con las armas. Se hace como ha propuesto la Comisión de una manera extraordinariamente eficaz, gracias señora presidenta [Ursula von der Leyen], y como usted ha impulsado en los debates del Consejo Europeo, gracias, señor presidente [Charles Michel].

Tomar medidas como esta, que parecen de papel, que desde luego no movilizan misiles, pero que tienen un efecto trascendental sobre la solvencia de un país e impiden que Rusia vaya a gastar el dinero que pagamos por su gas para alimentar la guerra.

Esto es, creo, señoras y señores diputados, la lección más importante que tenemos que extraer de estas trágicas circunstancias. No podemos seguir confiando en que apelar al Estado de Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a convertir el mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa.

Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos, siguen vivos y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora.

Hemos hecho mucho y hemos, sin duda, asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino.

Y este acto, este momento parlamentario donde ustedes con sus aplausos quieren dar ánimos a las instituciones europeas para seguir en el camino que hemos aprendido, puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su Unión.

La pandemia abrió la puerta a acciones innovadoras. La pandemia nos ha impulsado por el camino de unirnos más para hacer frente a los virus. Este momento trágico debe impulsarnos a unirnos más para hacer frente a aquellas acciones humanas que amenazan también la vida, la seguridad y la prosperidad de todos.

Fin del discurso de Josep Borrell

CARNE, ¿escondemos la verdad?

El ministro de consumo en mi opinión, con respecto al reciente problema de la carne, ha cometido dos errores básicos, quizás por no ser demasiado comunicativo ante una prensa básicamente carroñera.

El primero y fundamental, es no ejercer con dureza su responsabilidad con las industrias cárnicas que no cumplen con la normativa, porque supongo que existirá dicha normativa, y si no fuera así su obligación es elaborarla, al margen de las exigencias que en este ámbito mantiene Europa.

Por otra parte, señor Garzón, creo que un ministro tiene capacidad suficiente, para convocar a todos los medios informativos, para dar a conocer a la sociedad lo que comemos y lo que destruimos para crear esa comida, antes de decirlo fuera.

Que los humanos somos depredadores, que estamos empeñados en destruir el mundo actual inexorablemente, está mas que documentado y comprobado, pues son escasos o nulos, los países que hacen el más mínimo esfuerzo por evitarlo, pero eso siempre nos lleva a la misma conclusión, la política mal entendida. Los políticos actuales están ejerciendo el maravilloso arte de la política, para proteger, cuidar, conseguir, una sociedad justa, o están ejerciéndola de una forma bastarda, egoísta y depredadora, con el único fin de permanecer en la correspondiente poltrona, durante el tiempo suficiente para conseguir enriquecerse personalmente, mediante sospechosas y burdas maniobras y conseguir una de esas pensiones vitalicias, que suele ser siempre lo primero que suben al llegar a su mandato.

Evidentemente hablo en general, porque desgraciadamente ya no existen colores políticos, que se identifiquen con la justicia social, aunque figure en sus estatutos. Me duele especialmente que esto ocurra en mi propio partido el PSOE, que se creó precisamente para lograr, algún día, esa justicia social tan anhelada.

Cualquiera que tenga un mínimo interés y una pequeña capacidad de análisis, sabe que en nuestro país han proliferado, alarmantemente, esas macro granjas donde es evidente que sus productos quizás no sean veneno, pero está claro que por pura lógica tampoco son productos de delicatesen.

También es falso eso que se nos pretende hacer creer: que con estas macro instalaciones, se genere mas empleo que con la ganadería extensiva, pues evidentemente por el contrario, esas grandes empresas cárnicas, impiden el desarrollo de las explotaciones ganaderas rurales, que además de generar empleo de calidad generan productos de alta calidad y vida en los pueblos casi abandonados.

Claro que hoy es mas caro un kilo de carne de calidad, producida en una explotación extensiva, que ese otro producto que elaboran masivamente esas macroempresas cárnicas, mediante la explotación humana y animal, con un descomunal índice de contaminación ambiental y la consiguiente destrucción de los entornos donde están instaladas.

Es por eso, que me sorprende el feroz ataque, que el poco locuaz ministro esta recibiendo por parte de la sociedad desinformada, que se deja llevar tan fácilmente por los bulos.

Me sorprende menos en esa creciente y retrograda derecha, pues es evidente que sus intereses suelen estar ligados estrechamente a este tipo de industrias de dudosa calidad y que el descubrimiento de estas verdades les deja al descubierto, además de los intereses electorales que les reporta magnificar un bulo extendiéndolo soezmente, sobre una sociedad que desgraciadamente carece de criterio propio, por lo tanto, el señor ministro le ha proporcionado gratis, la carnaza necesaria para seguir con su labor destructiva.

Lo que no me sorprende ya, aunque debería de sorprenderme, es que la mayoría de los caciques de nuestro partido, se lancen como hienas sobre el ministro por el simple hecho de decir la verdad, esa verdad que nuestros barones conocen pero ocultan, por los motivos a los que hice mención antes (no son artistas de la política son usuarios para su propio fin), es francamente vergonzoso, que incluso sus propios compañeros del “consejo”, no solo le dejen abandonado como lo hace hipócritamente el Presidente, sino que tratan de descalificarlo por todos los medios a su alcance. Siento realmente vergüenza, queridos lectores. Lo que si os puedo asegurar es que esto no es socialismo, esto no es mi PSOE, esto no es la búsqueda de una Sociedad Justa, puede que a esto se le pueda llamar “socialdemocracia” que nunca supe realmente que significa pero no es “SOCIALISMO”.

¡Feliz y esperanzador 2022!

Paco Ascón

Xares (Ourense), 11 de enero de 2022

Editorial

Normalidad democrática, pero para quién.

El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.

Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.

De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.

La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.

Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.

Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.

No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:

  • Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
  • El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.

Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

  1. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
  2. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/DESI_2021_Spain_es.pdf

La reforma de las Pensiones: Avances y Retos

El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por  Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP. 

La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.

La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).

El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.

Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.

Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.

El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.

El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.

También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:

  • Impulsar desde 2022 medidas para que las pensiones mínimas superen los umbrales de pobreza, según determina la Carta Social Europea.
  • Reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas con discapacidad.
  • Mejorar en el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho.
  • Realizar una auditoría de la Seguridad Social, que incluya los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el año 1967.
  • Establecer complementos específicos para los pensionistas jubilados anticipadamente con largas carreras de cotización.

Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.

Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.

Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.

Toni Ferrer

29/11/21

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