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El jueves 18 del presente mes, tomaron posesión los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) como si nada hubiese pasado. En menos de un mes ha quedado en el olvido la Comisión de Nombramientos del Congreso, donde el diputado socialista Odón Elorza puso en evidencia al juez Enrique Arnaldo, propuesto por el PP. Lo puso en evidencia por sus múltiples conexiones con casos de corrupción como el “Caso Palma Arena” o por la petición del juez al corrupto Ex ministro de Aznar, Jaume Matas: “Cuéntame lo de Panamá”.

También da la sensación de que ha pasado mucho tiempo de la bochornosa sesión plenaria del Congreso de los Diputados del día 11 de noviembre, 232 diputados, de los 350 posibles, votaron favorablemente. Tristemente se habló más de los votos disidentes, como el de Elorza, que de la vergüenza que debiera suponer elegir a ese señor como miembro del Tribunal Constitucional, sabiendo que no es ético y sí un vehemente defensor de postulados antidemocráticos que ha esgrimido desde FAES.

Tan rechazable es la elección de Enrique Arnaldo como lo es la de Concepción Espejel, también conocida en círculos judiciales como La Cospejel, por la amistad que une a la magistrada con una de las piezas claves del caso “kitchen”. Tanta es la afinidad de esta magistrada con miembros del PP que, en 2016, los propios magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la obligaron a ella y al magistrado Enrique López (hoy miembro del Gobierno de Díaz Ayuso) a excluirse del tribunal que debía juzgar la primera etapa de la trama Gürtel; la de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Estos dos jueces serían pura anécdota si no fuese por la cantidad de jueces y juezas que ejercen más como un destacamento del PP en la Justicia que como cualquier otra cosa: Francisco Pérez de los Cobos, tan afín al PP que estaba al corriente de pago de las cuotas de afiliado siendo presidente del Tribunal Constitucional; el mencionado Enrique López, el que intentó instrumentar el Caso Faisán, entre otras tropelías judiciales; o Manuel Marchena, quien al frente de la sala II del del Tribunal Supremo (la sala que el portavoz del PP en el Senado, el señor Ignacio Cosidó, se jactaba de tener controlada) acaba entrar, como caballo en cacharrería, en el poder legislativo, al utilizar vericuetos legales para despojar de su acta de diputado (elegido por el pueblo) a Alberto Rodríguez, por un asunto menor y con pruebas dudosas. La lista sería larga.

Además de una Ley de Memoria Democrática, habría que legislar una ley que garantice que este tipo de oprobios no se puedan dar en las instituciones del Estado. Ya sé que eso es muy difícil, pues partimos de la gran vergüenza que significa que el jefe del Estado que designó Franco como sucesor suyo el 22 de julio de 1969, hoy fugado en Abu Dabi, ha estado lucrándose y abusando de su cargo para construirse una fortuna que, según Forbes, ronda lo 2.000 millones de dólares.

Los golfos, tienen la teoría de que los escándalos en la prensa no duran más de 72 horas. Tristemente hay que darles la razón. En menos de un mes ya ha quedado en el olvido la catadura de estas nuevas perlas del TC. Siendo así, como vamos a recordar que el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista fue disuelto el 4 de enero de 1977, y ese mismo día se constituyó la Audiencia Nacional. Ni que decir tiene que la mayoría de los jueces del TOP pasaron a formar parte de la nueva Audiencia nacional y del Tribunal Supremo. De aquella fracción del franquismo en la “Justicia”, destacan joyas como Jaime Mariscal de Gante, que antes de ser juez instructor del TOP había sido comisario de la Brigada Político Social. Y después, magistrado de la Audiencia Nacional hasta que se jubiló en 1988.

Mariscal de Gante es un buen ejemplo de la extensión del franquismo en nuestra democracia, y quizá así se entienda mejor por qué el PP nunca a renegado del franquismo y de por qué se ponen de los nervios cuando se habla de Memoria Histórica. Su hija, Margarita Mariscal de Gante fue ministra de Justicia, en el primer Gobierno de Aznar, entre 1996 y 2000. Y su otro hijo, José Manuel Mariscal de Gante, es el comisario que en 2018 invitó a un acto oficial, con todos los honores, al torturador al servicio del franquismo: Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”.

El hijo del fugado participará en la apertura del año judicial una vez más el año que viene, y este no creo que lo haga con una pinza en la nariz. El desprestigio es merecido.

Roberto Tornamira Sánchez

Militante Socialista del PSOE en Madrid