¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!
Próximos actos:
31 de mayo, en Madrid, el Club de Amigos de la Unesco (CAUM) organiza una Mesa Redonda sobre la necesidad de alcanzar la paz y el desarme nuclear, en relación con la guerra de Ucrania. A las 19:00 en C/ San Bernardo, 20 – 2ª planta (Puerta 5). Habrá una participación de Tribuna Socialista. Acto pendiente de concretar.
8 de junio, el CATP de Madrid y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, organizamos un acto de presentación del Manifiesto internacional ¡Alto a la Guerra! Acto pendiente de concretar.
Otras noticias:
El manifiesto por la paz lanzada por Sahra Wagenknecht y Alice Schwarcer, publicado en el Boletín Informativo de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!, ha superado las 800.000 adhesiones.
Cuatro décadas preparando la privatización de nuestro Sistema Público Sanitarios
Con la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya de 1990, que permitía el uso de hospitales privados con financiación pública, y el informe Abril Martorell de 1991, que pretendía reducir el nivel de aportación de cotizaciones a la Seguridad Social al Sistema Nacional de Salud, y con copagos de los usuarios por los servicios reducidos, se inicia el proceso de privatización de nuestro Sistema Sanitario Público. Estos procesos se paralizaron parcialmente por la ciudadanía en la calle. Sin embargo, leyes de calado privatizador como la 15/97 es un apoyo más a las políticas privatizadores, al permitir que en la gestión de los servicios sanitario puedan intervenir entidades públicas y privadas.
En 1999 se crea en la Comunidad Valenciana el primer modelo público de gestión privada en España, el llamado modelo Alzira. La senda privatizadora continúa con Esperanza Aguirre con la construcción en la Comunidad de Madrid, en el periodo entre 2005 y 2008, de seis hospitales nuevos con gestión privada.
En octubre de 2012, el entonces Consejero de Sanidad Fernández Lasketty, intentó privatizar seis hospitales y 27 Centros de Salud. Las condiciones que constaban en los pliegos hechos públicos en el BOCM dejaban bien a las claras que estas medidas suponían asegurar el beneficio de las empresas que participarían en la gestión hospitalaria, más que proteger el Sistema Sanitario Público y la propia asistencia médica a la población.
El proceso de privatización de Lasketty suponía el despido de más de 5.000 profesionales sanitarios. La respuesta no se dejó esperar. Una histórica Marea Blanca se hizo visible en las calles. Los ataques contra nuestro sistema sanitario público que comenzaron en los años 90 llenan las calles dos años después del nacimiento del 15 M.
El 15 M devolvió la ilusión a la ciudadanía. Los sindicatos volvieron a estar beligerantes en defensa de lo público. Las medidas privatizadoras que habían pasado desapercibidas toman cuerpo en el mismo momento que Ignacio González y el Consejero de Sanidad Lasketty sacan a la luz el plan que intenta transformar el sistema.
Un espacio en defensa de la salud y la vida basado en la autoorganización
En 2022 el dúo Ayuso-Lasketty, retoma la senda privatizadora. Aprovechan la pandemia para desmantelar otro poco más la Atención Primaria, primer escalón fundamental de nuestro sistema sanitario público. La cartera de servicios se ve mermada. Cientos de miles de usuarios se ven privados de asignación de médicos. Más de seiscientos mil niños se encuentran sin pediatras. Se cierran los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUAP). El consejero Ruíz Escudero, presenta un nuevo modelo de Atención Primaria basado en la enfermería y video consultas.
La respuesta no se deja esperar. Esta vez corre a cargo de los usuarios de la Sanidad Pública. Con los cierres de los SUAP la ciudadanía de barrios de clase trabajadora se laza a las calles. Carabanchel, Latina y Villaverde se movilizan semanalmente. Concentraciones, manifestaciones semanales recorren las calles de los barrios de estos distritos. Durante dos años las movilizaciones no cesan. La idea de autoorganización va calando en las vecinas y vecinos de estos barrios. Las Asambleas semanales que dan paso a las manifestaciones o concentraciones son cada vez más numerosas y la implicación ciudadana también. Tareas como pegada de carteles y mesas informativas va creando un espacio de compromiso ciudadano por la apertura de las urgencias, por la demanda de más personal médico y por la defensa de una Atención Primaria que está siendo programada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia su destrucción.
En julio de 2022, los barrios de Carabanchel, Latina y Villaverde hacen un llamamiento a organizar una gran movilización. A este llamamiento se unen barrios y municipios de la Comunidad de Madrid que llevaban un proceso movilizador idéntico. Rivas Vaciamadrid, Arganzuela, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Getafe, Guadarrama. En julio de 2022 una Asamblea en la que participan representantes de Asambleas de barrios, municipios, colectivos sociales, asociaciones vecinales constituyen el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid.
El 13 de noviembre se produce la primera convocatoria de este espacio. Las calles de Madrid se convierten en una riada ciudadana que accede a la Plaza de Cibeles en cuatro columnas, convirtiéndose en la manifestación más multitudinaria que haya existido en nuestro país hasta esa fecha, por la defensa de la Sanidad Pública.
Los planes de Ayuso siguen adelante y, en febrero, de nuevo la ciudadanía toma la calle con una manifestación más numerosa que la celebrada en el mes de noviembre.
En el mes de abril Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, ante la continuación de los planes del Gobierno Ayuso organiza una Consulta Ciudadana por la Sanidad. Más de 324.000 ciudadanos y ciudadanas participan en la misma exigiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid como tarea prioritaria la financiación necesaria que permita la dotación de personal y medios necesarios para la Atención Primaria, Servicios de Urgencias Rurales, Summa 112 y Hospitales de la Comunidad de Madrid.
En esta consulta en la que no participan, UGT, CC.OO., FRAVM, SOCIEDADES MÉDICAS adquiere un gran valor de auto organización. Miles de voluntarios, convierten la consulta en una acción que ha servido para aumentar el compromiso por la defensa de la Sanidad Pública, estableciendo una conexión directa con la ciudadanía y sus preocupaciones por el deterioro de nuestro sistema sanitario público.
Gobierne quien gobierne la Sanidad Pública se defiende
Este lema es repetido hasta la saciedad en las múltiples movilizaciones en defesan de la Sanidad Pública. Sea el que sea el resultado de las próximas elecciones Autonómicas, la movilización no va a parar hasta frenar los procesos de destrucción de nuestro sistema sanitario público. El próximo 29 de mayo, la lucha se retoma. No hemos ganado nada todavía, en lo que se refiere a frenar los planes de destrucción de los servicios públicos. Sin embargo, ahora mismo hemos acumulado un capital inmenso. Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid hemos conseguido un espacio de lucha y auto organización. Un espacio que nace de la movilización. Un espacio que está siendo capaz de organizar grandes movilizaciones. Un espacio que tenemos que expandir a todos los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid. Un espacio en el que tienen cabida todos los barrios y municipios que se movilizan por la defensa del derecho a la salud y la vida que es lo que nos une.
Damián Caballero Martínez
Presidente de la PLAFHC
Miembro del Grupo Técnico de VHC del Ministerio de Sanidad.
El 25 de mayo ha tenido lugar una concentración de pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Una movilización más de las muchas que se han llevado a cabo desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy impuso la devaluación de las Pensiones Públicas, al revalorizarlas durante años con un ridículo 0,25%.
Las movilizaciones de pensionistas han motivado algunos avances para las pensiones públicas, como la revalorización del 8,5% que el actual Gobierno decidió para este año 2023 (decisión que se tomó una semana antes de la gran manifestación de pensionistas del 16 de octubre de 2022, en Madrid). Las movilizaciones de los pensionistas también han conseguido que la Ley 21/2021 obligue al Gobierno a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:
La exigencia de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social comenzó siendo una reivindicación del movimiento de Pensionistas, a partir del informe que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas del Estado en el que, tras estudiar el periodo 1989 a 2013, se establecía que el Estado ha utilizado de manera sistemática e indebida más de 103.000 millones de euros. Recientemente, el ministro Escrivá ha dicho en la prensa que la deuda del Estado con las Pensiones Públicas asciende a 140.000 millones de euros.
La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a encargar una Auditoría que estudie el periodo 1967 a 2021. El Gobierno debería haber encargado la Auditoría en enero de 2022 y haber presentado el Informe de Auditoría antes de final de junio de 2022. El Gobierno no ha cumplido aún con esta obligación legal, mientras que sí ha cumplido con la condición que le imponía la UE de realizar una nueva reforma de las Pensiones Públicas.
Si el Gobierno admite que el Estado le debe, como mínimo, 140.000 millones de euros a la caja de las Pensiones ¿qué necesidad había de realizar una nueva reforma de las Pensiones, aunque fuese para incrementar los ingresos?
Si el Tribunal de Cuentas del Estado ha detallado en su informe de 2020 que los distintos gobiernos, en el periodo 1989 a 2013, han utilizado indebidamente más de 103.000 millones, y ahora el ministro de Seguridad Social admite que ya son 140.000 ¿cuántas decenas de miles de millones le debe el Estado al Sistema Público de Pensiones para el periodo 1967 a 2021?
¿Por qué se insiste en la falsedad de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?
Basta de alimentar los beneficios de las grandes corporaciones privadas con los derechos fundamentales: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.
En la concentración estaba convocada para exigir, entre otras, las siguientes reivindicaciones:
Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, ¡Ya!
Pensión mínima igual al SMI: 1.080 € (La pensión mínima en 2023 se sitúa en 783 €).
Pensión de viudedad al 100% de la Base Reguladora del finado/a (hoy es del 52%).
Revalorización de las pensiones con el IPC, por ley, para todos los años.
Las intervenciones en el cierre de la concentración de pensionistas de esta mañana han dejado claro que la lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones continuará tras el verano de este año.
Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden.
Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista
Hoy se publican dos noticias que leídas juntas dejan poca esperanza en que las cosas puedan ir a mejor en Bizkaia y en Euskadi tras el 28M.
El diario el “El Correo” nos cuenta como el 56% de los municipios bizkainos siguen gobernados por el mismo partido político desde 1979, y nos da la lista de municipios, entre ellos su capital Bilbao, donde las cosas nunca cambian. Otro Diario “Argia” confirma la culminación de la privatización de la gestión del agua en Bizkaia tras acabar con todos los consorcios del agua, el ultimo el de Busturialdea.
Vivo en Barakaldo, margen izquierda del Nevión, cuna del socialismo bizkaiano y capital de la zona minera, de lo que ya no queda más que el recuerdo, tanto de lo uno como de lo otro y algo del paisaje. Mi municipio es de los que se sale de ese 56% que menciona el correo, aunque por muy poco, estuvimos gobernados por el PSE/PSOE desde el 1983 hasta 2015, 32 años, desde entonces estamos en manos del PNV, partido que consiguió la primera alcaldía de la democracia de 1979 a 1983. Como se puede ver no hay una gran alternancia política en Barakaldo, menos si tenemos en cuenta el pacto de gobierno que une a estos dos partidos en las instituciones vascas y que suele llegar hasta las políticas municipales. Las políticas de unos y otros son muy difíciles de diferenciar, si buscamos políticas “Socialistas”, por ejemplo, resulta chocante que el PSE/PSOE, como aspirante a recuperar el ayuntamiento, en sus promesas electorales se incluyan mejoras en barrios degradados, que llevan más de 30 años degradados y por los que poco hicieron en su día.
El partido socialista en Bizkaia y en Euskadi tiene muy fácil el distanciarse del PNV y de sus políticas conservadoras sin tener que recurrir a grandes obras en las infraestructuras de nuestros barrios, bastaría con defender simples ideales “Socialistas” como la lucha por lo público y contra las privatizaciones o por una laicidad real empezando por los municipios y llegando al gobierno autonómico.
El pasado mes de abril las centrales sindicales vascas, ESK y ELA, denunciaban la privatización de los almacenes de Osakidetza, el objetivo real de Osakidetza no es otro que el de cerrar los diferentes almacenes con los que cuenta hoy en las diferentes Organizaciones de Servicios, gestionados con medios y personal propio, para centralizarlos en la futura plataforma logística, cuya gestión se va a subcontratar a una empresa externa y por lo tanto, a privatizar. No es el primer ataque de privatización que sufre el Servicios Vasco de Salud, como es práctica habitual en todos los servicios de Salud del Estado, empiezan con derivaciones de pacientes a centros privados “colaboradores” para ciertos procedimientos, siguen el engorde de las listas de espera que hasta para la atención primaria pasa de horas o dias a semanas. Y acaban con el cierre de servicios, como el módulo psicosocial de Cruces, en mi municipio, que este sí que llevaba funcionando desde 1979.
También en estos días, y cara a la actual campaña a las elecciones municipales para el 28M, desde la asociación “Langilen Informazioa” nos hemos dirigido a los candidatos para que incluyan en sus mítines y en sus discursos la discusión sobre el proyecto de ley que prepara Gobierno Vasco en el que se va un poco más allá del pacto que ha alcanzado el gobierno de Pedro Sánchez con diferentes religiones. La propuesta del gobierno vasco obliga a los municipios a reservar terreno público para cualquiera de las confesiones religiosas, esta carta ya la publicamos en el número 143 de TS ( https://tribunasocialista.com/2023/05/02/ley-de-culto-en-euskadi/ ), como bromeaba, y no sin razón, un periodista de La Cadena Ser, nos vamos a convertir en el paraíso para las STARTUP religiosas.
También hemos preparado una mesa redonda en Leioa, para el próximo día 25, a la que hemos invitado a los candidatos a estas municipales a significarse en favor de la Auditoria a las cuentas de la seguridad social, algo que por ley aprobada en el congreso se debería haberse llevado a cabo hace meses.
Estos son los ejemplos más cercanos y recientes del poco interés de los candidatos en Euskadi por políticas “Socialistas”, porque el problema que siempre queda patente del PSE/PSOE en Euskadi es el pacto con los conservadores que le ata de pies mi manos para poder hacer suyas cualquiera de estas políticas por lo público, contra las privatizaciones, por una laicidad real en nuestros municipios, un pacto que se hace notar hasta en Madrid cuando el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sacar adelante los presupuestos generales del Estado con el apoyo de los abertzales.
Bajo este lema tuvo lugar el pasado día 20 de mayo otra gran manifestación en Madrid, a una semana de las elecciones municipales y autonómicas. Una Manifestación convocada por distintos colectivos vecinales, pensionistas… a la que nos sumamos como Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).
Una vez más, miles de personas recorrieron las calles de Madrid para pedir respeto a los servicios públicos y exigir:
que se deje de privatizar la Sanidad Pública, dotándola de recursos económicos que eviten la precariedad y la infra remuneración del personal sanitario.
Que se termine con la colaboración público-privada, vía por la que se trasvasa dinero público al negocio de la salud y se deteriora lo público.
Que se dé marcha atrás a todas las políticas privatizadoras hospitalarias y que se reabran todos los centros de Atención Primaria, con personal suficiente.
El desastre de la gestión sanitaria del Gobierno del PP en Madrid ha llevado a que los nuevos médicos que terminan su periodo de formación (MIR) no quieran trabajar en Madrid en la Atención Primaria, concretamente en las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría. Ya son dos años consecutivos en los que la Comunidad, que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), no consigue cubrir el 16% de las plazas ofertadas.
una Educación Pública de calidad a la que se destinen todos los recursos económicos que hoy se desvían a la educación concertada (en un 80% en manos de la Iglesia, en muchos casos para segregar a niños y niñas). Que se acabe con la Educación concertada, un negocio en el que predomina el beneficio sobre la enseñanza.
La Educación Pública está siendo “descapitalizada”: los fondos públicos para la educación concertada crecieron diez veces más que los destinados a la educación pública en el decenio 2010 a 2020. Esta descapitalización provoca que no haya profesorado suficiente para cubrir bajas, con la consecuente pérdida de horas lectivas para el alumnado en los centros públicos.
la desprivatización de las Residencias, para que el dinero público vaya a una alimentación digna para nuestros mayores y la dotación de personal profesional suficiente, en lugar de a la cuenta de beneficios de las empresas y fondos buitre que las gestionan.
Los manifestantes no olvidaron a los 7.291 fallecidos en las Residencias de Madrid, como consecuencia del protocolo criminal del Gobierno de Ayuso; por el que se les negó la asistencia hospitalaria en la pandemia.
la realización de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para el periodo 1967 a 2021, cumpliendo de una vez con la Ley 21/2021 que hasta hoy está incumpliendo el Gobierno.
Hay que terminar con la utilización indebida del dinero de las Pensiones Públicas. Las Pensiones son sostenibles, lo insostenible es su saqueo. El Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en 2020 en el que asentaba que el Estado ha estado haciendo un uso indebido del dinero de las pensiones públicas, por lo que la deuda del Estado con la caja de las Pensiones ascendía a más de 103.000 millones de euros (para el periodo 1989 a 2013). Recientemente, el ministro Escrivá elevaba esa deuda a los 140.000 millones de euros. Por tanto, las pensiones sí son sostenibles, lo insostenible es el saqueo al que el Sistema Público de Pensiones viene siendo sometido, por todos los gobiernos, desde los franquistas años 60 de siglo XX.
Basta de incrementar los presupuestos para alimentar la Guerra; dinero para matar, mientras se escatima en los presupuestos para curar, para educar y para vivir con dignidad.
Tras las elecciones del 28 de mayo continuará la lucha por la defensa de la Sanidad, la Educación, las Residencias, las Pensiones y de todos los servicios públicos.
Gobierne quien gobierne los servicios públicos se defienden
Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista
Estamos de nuevo ante un proceso electoral. Dada la situación actual de la política en general en nuestro país, este, es uno de los mas preocupantes de los que yo he vivido en mi ya larga vida, como votante y como militante de nuestro veterano partido.
La descomposición sistemática en lo que se refiere a valores, principios éticos de honradez y decencia, que en mi opinión se le suponen a alguien que se quiera dedicar al noble arte de la política últimamente son escasos y en ocasiones inexistentes, se están dedicando a esta básica y fundamental actividad cada vez más, esos ciudadanos que sin ningunas ansias de mejorar la sociedad, se van introduciendo en los engranajes políticos, ante la ausencia de los militantes concienciados poseedores de ese espíritu solidario imprescindible a la hora de legislar y que al menos en nuestro partido yo sé que existen, aunque su alto grado de dignidad les frena, al intentar introducirse en ese estercolero en el que poco a poco se está convirtiendo la política a todos los niveles.
Es evidente que, a la hora de emitir mi voto, tengo muy en cuenta mi ideología de Izquierdas, en todas y cada una de las convocatorias electorales, pero no es menos evidente que en el caso de las Municipales la influencia sobre mi decisión es mayor la personalidad de los candidatos, su forma de trabajar demostrada y sus valores éticos y morales, mas aun al tratarse en mi caso, de una zona históricamente olvidada del rural, con un alto grado de depresión subsanada brillantemente por la actual corporación, y que por lo tanto tendrán mi voto aunque no sean militantes de mi partido por la valentía de ejercer como verdaderos artífices del bien social.
Distinto es cuando se trata de unos comicios mediante los cuales tenemos que decidir quien estará encargado de legislar para un futuro, pues en este caso sí que mi interés será siempre el que las leyes sean progresistas y busquen la igualdad de oportunidades, siendo vital para ello evitar por todos los medios posibles la derechización de las instituciones, animando para ello a nuestros políticos más honrados, decentes y solidarios que den un paso hacia adelante con valentía para impedir la derechización de nuestras estructuras organizativas internas.
Esto, que siempre ha sido muy difícil de entender por parte de algunos compañeros de Partido, que ahora se autodenominan Socialdemócratas, es muy sencillo para los que hemos vivido el socialismo real dentro del mismo, cuando sin dejar de ser demócratas, nos llamábamos Socialistas sin complejos.
Yo, en las Elecciones Municipales de mi pueblo, seguiré apoyando al mejor gestor, al que mejore la vida de sus vecinos, sin importarme de qué color político sea, evidentemente sería más fácil para mí que ese gestor tuviera una ideología similar a la mía, pero si lo hace bien tendrá mi voto.
De todas formas, el día 28 todos a votar, con fanatismo o sin él, pero ejerciendo nuestro derecho, si puede ser en conciencia mejor aún.
Una vez más, Tribuna Socialista toma posición ante un proceso electoral; inequívocamente llamamos a ir a votar y a votar a las candidaturas de los partidos que se reclaman de izquierdas.
No participamos de los eslóganes del tipo “todos son iguales”, “no nos representan”… Los partidos de la derecha representan en nuestro país la continuidad del franquismo, por mucho que hayan cambiado de siglas – de AP a PP- o hayan adoptado distintas tonalidades corporativas -cambiando el azul PP por el verde VOX o el naranja de Cs-. No hay derecha radical y derecha moderada, cambian las formas para conseguir los mismos objetivos: mantener los privilegios de la minoría social.
Como miembros de la clase trabajadora, no somos neutrales frente a quienes justifican y defienden la monarquía corrupta heredada del franquismo (ver editorial de TS 143). Los líderes de la derecha aún se permiten decir que se insulta al Rey, cuando la realidad es que es la institución monárquica la que ha faltado gravemente al respeto a los pueblos y trabajadores del Estado español.
No podemos poner en el mismo nivel a quienes se empeñan en preservar las viejas instituciones judiciales franquistas, por mucho que de la noche a la mañana cambiasen la nomenclatura del Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional. Ni a quienes mantienen la indecencia de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace casi cinco años. Es cierto que no todos los jueces son de derechas, pero sí una importante mayoría; entre la que el PP en particular tiene una fracción militante.
Los trabajadores y trabajadoras no podemos votar a quienes siempre ponen obstáculos a la subida de las pensiones, se oponen al incremento del SMI y apoyan a la patronal para no subir los salarios ni tan siquiera en la misma cuantía que se incrementa el IPC. Son los mismos que salen en tromba a defender a los bancos, las eléctricas, las gasistas, las grandes superficies de la alimentación… ante cualquier insinuación de la izquierda de iniciativas para controlar los precios, por muy moderadas que sean estas iniciativas.
La mayoría de la sociedad no puede votar a los partidos que privatizan lo público: la sanidad, la educación, las residencias. Hospitales y centros de especialidades que se entregan a empresas privadas para que hagan negocio priorizando el beneficio sobre la salud de los pacientes; para que hagan beneficio a costa de la educación, la alimentación y demás servicios que prestan a los niños y niñas en los colegios concertados; para que escatimen en el personal y en la alimentación de los mayores residentes, con el objetivo de engordar sus cuentas de resultados y el reparto de dividendos.
Mención concreta merece el crimen, no juzgado aún, cometido en Madrid por el Gobierno del PP, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que tubo como resultado de sus decisiones la muerte de 7.291 ancianos en pandemia, al negarles la atención hospitalaria.
A la hora de votar no se puede olvidar quienes, con sus políticas de gestión del suelo (Ley de liberalización del suelo de 1998. Gobierno de Aznar), nos llevaron a la mayor crisis económica de los últimos 100 años. Como no debemos olvidar quienes vendieron la poca vivienda pública de que disponíamos a Fondos Buitres. Políticas y decisiones que han generado un drama para la emancipación de nuestros jóvenes y un gran problema social con la vivienda.
No podemos avalar con nuestro voto el entramado de privilegios sociales e impunidad que la derecha viene disfrutando de manera ininterrumpida desde 1939.
Sin embargo, nuestra no neutralidad no nos impide ser críticos con los partidos de la izquierda.
Partimos de reconocer que este periodo de cuatro años ha sido un ciclo que se recordará históricamente como el de las crisis encadenadas, cuando aún millones de conciudadanos no habían salido de la crisis de 2008 entramos de lleno en la pandemia del COVID-19, y cuando aún coleaban las distintas cepas mutadas del virus estalló la guerra en Ucrania. Por si estos tres hechos fuesen insuficientes, la isla de La Palma ha sufrido la erupción del volcán de Tajogaite y todos los pueblos del Estado español sufrimos la mayor sequía desde tres décadas.
Nadie puede prever la expansión de un virus, aunque sí su contención y sus efectos. No se puede prevenir la erupción de un volcán, pero sí paliar sus consecuencias. Y no se puede combatir una pertinaz sequía de repente, pero se debería aprender y tomar medidas rigurosas para prevenir los efectos de la siguiente con una eficiente gestión del agua.
La crisis inmobiliaria de 2008 y la guerra de Ucrania no son achacables a fenómenos de la naturaleza. En nuestra opinión, son consecuencia directa de la dinámica del “libre” mercado y la competencia entre capitalistas. En el primero de los casos: la Ley de Liberalización del suelo que decretó el Gobierno de Aznar y su convicto ministro, el Sr. Rato, en 1998. En el segundo caso es la competencia entre oligarcas rusos defendidos por Putin, y los propietarios de multinacionales, fondos de inversión… defendidos por Biden.
La cuestión es qué pintamos la izquierda, aquí y en Europa, defendiendo a uno u otro bando ¿es mejor la propuesta social de Putin que la propuesta social de Biden, o viceversa? ¡NO! Como tampoco es defendible ni es mejor el modelo social de China. Lo que las tres grandes potencias actuales tienen en común es la explotación salvaje de sus propios pueblos y la necesidad imperiosa de ganar cuotas de mercado para sus sectores estratégicos, aunque sea mediante la guerra.
Es por esto que nos identificamos con la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva “de la guerra se habla cuando hay paz, cuando hay guerra lo que hay que hacer es pararla”. Claro que la guerra sólo puede parar si el que ha invadido un territorio que no le corresponde saca sus tanques y tropas de dicho territorio, y si unos y otros aceptan un ¡Alto el fuego inmediato y sin condiciones! Pero la guerra también se para si no se alimenta con armas y si todas las partes se afanan en presionar a ambos contendientes a sentarse en la mesa de la negociación.
Parar la guerra debe ser la prioridad y se debería realizar el máximo esfuerzo, pero los tiros van por otro lado; los gobiernos atlantistas están destinando cantidades ingentes de los presupuestos para reponer los arsenales que se han vaciado en estos quince meses de guerra. Igual que Putin a anunciado presupuestos ilimitados para la guerra. Mientras, se escatima en contratar médicos y demás personal sanitario y, a los que hay, se les niegan unas condiciones dignas y acordes con su responsabilidad y aportación social, no incrementan los presupuestos para la guerra.
Insistimos, es cierto que ha sido un periodo muy difícil y extraordinariamente complicado, pero no pensemos que a la ciudadanía se la puede engañar. Nos pasó en 2011, con Zapatero. Ocurrió en Grecia, en 2019, con Alexis Tsipras, ha ocurrido en Chile con Gabriel Boric en las elecciones para consejeros constitucionales del 7 de este mismo mes de mayo. Ha ocurrido muchas veces, cuando la izquierda se pliega a los dictados de los organismos internacionales del capital, le abre las puertas de para en par a la derecha. Es un hecho probado que el incumplimiento de promesas electorales da alas a la derecha y desmoviliza a muchos sectores de trabajadores.
Vender humo está muy feo. No es de extrañar que la patronal aplauda la reforma laboral última; deja prácticamente intacta la que impuso Rajoy en 2012. Es lógico que el Rey reciba y se haga fotos con los líderes sindicales, y con el de la patronal, para celebrar el acuerdo intersindical que sólo garantiza la paz social hasta 2025, -aunque los sectores en lucha opinan otra cosa-, pues no garantiza que no se siga perdiendo poder adquisitivo y menos aún que se recupere el poder de compra perdido en 2021 y 2022. No sabemos si es la forma que ha tomado el deseado pacto de rentas, pero, si es así, los capitalistas firmarían esos pactos todos los días, máxime en un periodo en el que las grandes empresas baten récords de beneficios todos los trimestres.
No podemos entender por qué el Gobierno no cumple la Ley 21/2021 y no encarga una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social: en 2020, el Tribunal de Cuentas cifró en más de 103.000 millones de euros la deuda del estado con las Pensiones (sólo para el periodo 1989 a 2013. La Ley 21/2021 obliga al Gobierno a encargar una Auditoría para el periodo 1967 a 2021). Recientemente, el ministro Escrivá, hablaba de una deuda de 140.000 millones de euros– no decía en qué periodo se había generado, ni informaba de en qué estudio se basaba-. Pero, a pesar de estas ingentes cantidades de dinero de las Pensiones públicas que el Estado ha gastado indebidamente, se continúan aplicando reformas al Sistema Público de Pensiones y manteniendo el falso mantra de la insostenibilidad del sistema.
En última instancia, para sectores crecientes de trabajadores y jóvenes el hecho de que ninguna fuerza de izquierda responsa a reivindicaciones esenciales: contra la OTAN, contra su guerra, contra los planes de austeridad de la UE, que no cuestionen a la Monarquía… provoca una sensación de orfandad electoral y política que genera la sensación de acudir a votar sin ningún entusiasmo.
Analizaremos los resultados del 28 de mayo, esperemos que sean positivos para la izquierda. Aún quedan meses para las generales, todavía hay tiempo de legislar y de ganar credibilidad entre la mayoría social.
José María Martín viene participando, desde el año 2015, en la movilización ciudadana por los derechos sociales; en una primera etapa colaborando con la agrupación política Ahora Madrid siendo vocal vecino del distrito de Arganzuela y posteriormente desde la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, en la que es miembro de su Junta Directiva. Hace más de un año se sumó a la Plataforma de vecinas y vecinos de Arganzuela en Defensa de los Centros de Salud y Reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).
Pregunta: ¿Cómo nace la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Arganzuela?
Respuesta: La creación de este espacio tuvo como motivo el cierre durante 3 años de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, primera demanda de los usuarios de los barrios de nuestro territorio. Un pequeño grupo tomó la decisión de manifestarse haciendo concentraciones delante del Centro de Salud de “Imperial”, en el que me integré por invitación de una compañera que valientemente encabezó el grupo.
Pregunta: Desde octubre del pasado año ha despertado en la ciudadanía una férrea voluntad de resistencia contra las ansias privatizadoras del Gobierno de la Comunidad de Madrid ¿Cuál crees que ha sido el desencadenante de esta respuesta del pueblo de Madrid?
Respuesta: El motivo principal fue el cierre de los SUAP desde marzo de 2020; aprovechando la pandemia la Consejería inició el proceso de desmantelamiento que conllevó la desaparición de personal sanitario, mediante su traslado a la vacunación masiva en el Hospital de Emergencia “Isabel Zendal” o por la no renovación de contratos temporales. Por otro lado, en algunos Centros de Salud, se redujo a la mitad el número de facultativos, incluso se llegó al cierre temporal por falta de personal.
Pregunta: En estos meses atrás, han tenido lugar manifestaciones que, por su asistencia masiva nos recordaron las de rechazo a la Guerra de invasión de Irak en 2003, o las de 2004 contra las mentiras del gobierno de Aznar tras los atentados de Atocha ¿Qué papel jugasteis las asociaciones de vecinos y los barrios de Madrid?
Respuesta: El detonante provocado por el deterioro del primer escalón de la Sanidad Pública, la Atención Primaria, llevó a los usuarios a reunirse entorno a plataformas y colectivos que crearon una estructura asamblearia para convocar una manifestación multitudinaria el 13 de noviembre de 2022, con el apoyo de entidades consolidadas. Las médicas consideraron que era el momento de plantear una huelga, al ver la respuesta unitaria de la ciudadanía.
Ante la falta de acuerdo en sus demandas, que unificaban beneficios para los usuarios de la Atención Primaria y solución de problemas laborales, el sindicato AMYTS, único convocante, participó en el movimiento vecinal, con acciones como el encierro en el local de la Asociación de Manoteras y las manifestaciones semanales ante la Consejería de Sanidad de Madrid.
El 12 de febrero de 2023 volvimos a salir a las calles de Madrid con apoyo masivo para solicitar un cambio en la aplicación de políticas ultraliberales en la Sanidad.
Desde nuestra Plataforma, movilizamos a las vecinas y vecinos, algunas integradas en nuestra asociación y otras que se sumaban a título personal y que no habían participado en los movimientos sociales con anterioridad, recibiendo el apoyo de las asociaciones vecinales en lo institucional, solicitando permisos de concentraciones o de manifestación.
Pregunta: A tu modo de ver ¿Cuáles son los problemas de Sanidad Pública madrileña?
Respuesta: El agotamiento de los trabajadores sanitarios, del sistema y falta de voluntad política para el sostenimiento de la Sanidad Pública.
Las listas de espera en Atención Primaria, el incremento de la Urgencias en hospitales por la desaparición de los Servicios Extrahospitalarios. Hay más de 200.000 niños y niñas sin pediatra y 1.000.000 de adultos sin asignación de médica. Además, no se debe olvidar que 27.000 inmigrantes no tienen tarjeta sanitaria por la modificación de los criterios de la CAM.
La falta de personal sanitario, médicas, pediatras y la gran contratación temporal.
La privatización de la Sanidad, concesionada con importes más elevados que los que serían por gestión pública.
La dificultad de cita con tu médica de familia, la elevada cifra de pacientes por día, uno de los motivos principales de la huelga. Aunque se haya llegado a un acuerdo con la Consejería en la cifra de atención a pacientes (34 para médica de familia y 24 para pediatras).
La inversión por habitante y año en la Comunidad de Madrid es la más baja del país.
Pregunta: Se ha alcanzado algún acuerdo con los médicos y se está negociando con otros colectivos sanitarios ¿Piensas que estos acuerdos resuelven el problema de deterioro de la Sanidad Pública
Respuesta: No, estos acuerdos son un parche más, suscitan muchas dudas entre los profesionales de la Sanidad, dado el incumplimiento de anteriores aprobaciones, en los años 2006 y 2020.
El acuerdo de los 34-24 pacientes por jornada laboral en los Centros de Salud, creando una bolsa desde el 35-25 para que sean atendidos por algunos facultativos que quieran duplicar su jornada por un incremento salarial no es una solución, porque se pierde la longitudinalidad del paciente asignado, su historial no puede ser conocido por todas las médicas si no se le dedica tiempo.
La intención de transformar el servicio de enfermería en los Puntos de Atención Continuada (PAC), con labores de diagnóstico y tratamiento, sin médica facultada, colapsará las Urgencias hospitalarias, ya de por sí abarrotadas.
Pregunta: Estamos en la antesala de una proceso electoral, municipal y autonómico, en mayo y con toda probabilidad no terminará el año sin que haya elecciones generales ¿están los partidos de la izquierda proponiendo soluciones de calado para defender la Sanidad Pública?
Respuesta: Los colectivos vecinales, como no puede ser de otra manera, tenemos esperanza en que el relevo en el Gobierno de Comunidad, sobre todo, ayuntamientos de grandes ciudades, fomente la participación y el diálogo para transformar la Sanidad Pública en Madrid, que sirva de correa de transmisión al resto del Estado.
Los partidos de izquierda saben que nosotras seguiremos luchando para que se revierta la privatización de hospitales, el desmantelamiento de la Atención Primaria, las listas de espera y que reclamamos mayor inversión y gestión pública en Sanidad.
Continuaremos realizando movilizaciones y acciones como la última de la semana anterior: CONSULTA POPULAR POR LA SANIDAD para concienciar a la sociedad sobre el peligro de permitir la privatización y el abandono de la Sanidad Pública.
La realidad social, económica y política de nuestro país es compleja, contradictoria y cargada de promesas incumplidas, con peligros de derrotas o retrocesos.
Los pensionistas, en nombre de toda la clase obrera, han impuesto al gobierno un retroceso importante. En octubre del pasado año, forzaron el incremento del 8,5% para 2023. Después, a pesar de la exigencia del capital financiero y las instituciones, el Gobierno se ha visto obligado a frenar en los contenidos de la nueva reforma de pensiones, aunque somos conscientes de que han dejado los caminos allanados para continuar mutilando el Sistema Público de Pensiones. Escrivá se ha visto obligado a ocultar la existencia del pago de decenas de miles de millones de gastos impropios de la Seguridad Social con dinero de las Pensiones, por tanto, poniendo a la orden del día la exigencia de una VERDADERA AUDITORÍA a las cuentas de la Seguridad Social, incumplida hasta hoy.
La brutalidad del capital financiero no se ha modificado, exige al gobierno, a todos los gobiernos europeos, llevar a cabo una «economía de guerra», o sea:
Negar aumentos de salarios y pensiones, ni siquiera en función de la inflación.
Negar cualquier acción para bloquear los precios, facilitando los beneficios multimillonarios de las grandes empresas.
Seguir con la privatización de la Sanidad y la Enseñanza.
Mantener las leyes represivas y la negativa a los pueblos a decidir.
Multiplicar los gastos militares en detrimento de los gastos sociales.
La voluntad de la mayoría social para defender la Sanidad Pública ha quedado plasmada en las multitudinarias manifestaciones que se han venido produciendo en los últimos meses, de manera muy destacada las de los días 13 de noviembre de 2022 y la del 12 de febrero de este año en Madrid. Sin embargo, son las asociaciones de vecinos y barrios las que tienen que ponerse al frente de la reivindicación.
¿Por qué? No se trata de la buena voluntad de unos y otros. El hecho fundamental es que las instituciones del Estado heredadas del franquismo, con el Rey a la cabeza, son un OBSTÁCULO central para conseguir las reivindicaciones. Estas instituciones operan para enfrentar unos pueblos contra otros, para mantener los privilegios de La Corona, del aparato judicial represivo y la alta administración del Estado. En este contexto, el Gobierno de coalición cede en lo fundamental ante las instituciones.
En el año electoral se plantea el falso dilema de votar por el mal menor. Muchos trabajadores, jóvenes, pensionistas van a votar con los dedos en la nariz, otros se van a abstener, porque están hartos de las promesas incumplidas, cansados del chantaje de “nosotros o la derecha”, mientras nos endosan sucedáneos de soluciones para dejar to- tal o parcialmente incumplidos los compromisos.
En realidad, la mayoría social NECESITA UN REFERENTE político fiel a sus intereses, que no ceda ante el capital, la monarquía, las instituciones o la Europa supuestamente social, que no se presten a ejercer de “dique de contención” de las aspiraciones de la mayoría.
El CATP surgió para agrupar fuerzas en favor de las reivindicaciones, para apoyar la independencia del movimiento obrero frente al capital y el imperialismo, como hacemos ahora contra la política de guerra.
La UE está embarcada en una política de guerra, al servicio de los intereses del capital financiero y en particular de las necesidades económicas de la EE.UU.
Por ello, consideramos que, más que nunca, es necesario continuar con la lucha por el ¡Alto a la guerra! ¡Cese el fuego inmediato y sin condiciones!
Ni un euro para la guerra, No a la OTAN, fuera las bases, ¡
Ni OTAN, ni Putin!
Defensa de las pensiones AUDITORÍA cumpliendo la Ley 21/2021.
Contra la privatización de la Sanidad y la Educación públicas.
Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. Quiendice: “el hombre”, dice el mundo del hombre. (Karl Marx, 1844, Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel).
Las revoluciones liberales que sacudieron los territorios de ambos lados del atlántico entre 1776-1848 pusieron fin al Antiguo Régimen, como lo denominó Alexis de Tocqueville. Estas revoluciones, mediadas por los ideales del liberalismo político y el nacionalismo, eran la otra cara de la revolución económica que se había desarrollado en Inglaterra medio siglo antes. La revolución industrial vino impulsada por una mentalidad abiertamente capitalista que sacudió los cimientos del modelo gremial. El poder que adquirieron los nuevos empresarios en las decisiones laborales con el fin de obtener el máximo beneficio, según el planteamiento del nuevo Homo oeconomicus, convirtió a los trabajadores de la industria en una mercancía más. Relegados de los derechos civiles propugnados en las revoluciones atlánticas, los nuevos individuos no propietarios no eran sujetos de derecho, sino más bien objetos de hecho. Un artículo del periódico británico el Gorgon, publicado el 26 de septiembre de 1818, relacionaba el progreso material de Inglaterra con la explotación de los nuevos trabajadores industriales: “el trabajo del tejedor, el hilandero, el tintorero, el herrero, el cuchillero y cincuenta más (…) constituye el principal artículo de circulación en este país. Nuestros comerciantes han extraído sus riquezas, y el país su gloria, comerciando con la sangre y los huesos de los oficiales y los braceros de Inglaterra.”
Las nuevas experiencias de clase en la industria y el campo fomentaron expresiones de rebeldía más allá de los motines del hambre característicos de los siglos del Antiguo Régimen. El movimiento obrero surgió en el siglo XIX como una respuesta al advenimiento de la industria capitalista, según E.P. Thompson (1963, La formación de la clase obrera en Inglaterra), como “resistencia a un cambio cultural profundo en las formas de vida de la clase trabajadora”. En este sentido, el movimiento ludita, fue una respuesta al fin del sistema gremial. El nuevo modelo industrial eliminaba la cualificación para los oficios, promoviendo la contratación de trabajadores no cualificados, mujeres y niños, a la vez que introducía maquinaria para aumentar la productividad y abaratar costes. Los luditas, que no eran otra cosa que artesanos agrupados en asociaciones de oficios, veían peligrar su forma de vida y optaron por la asociación y la acción directa, amenazando a comerciantes y fabricantes, asaltando fábricas y destruyendo máquinas, a la vez que demandaban un salario mínimo legal, prohibir la contratación de mujeres y niños y prohibir los productos de baja calidad. Con la extensión de la industrialización al continente europeo y Estados Unidos, la nueva experiencia de clase favoreció la creación de una nueva conciencia de clase. Mientras en Filadelfia, Estados Unidos, se constituía el primer Partido de los Trabajadores en 1828, en Inglaterra se creaban los primeros sindicatos de clase como la Gran National Consolidated Trade Union (1833) y la London Working Men´s Association (1836). Entre 1838-1848, el movimiento cartista inglés comenzó a demandar el sufragio universal y una mayor democratización del sistema liberal donde los trabajadores tuviesen representación y capacidad de elaborar leyes que defendiesen sus derechos, antecediendo así a los partidos socialdemócratas, los cuales surgirían con fuerza en el último tercio del siglo, como fueron el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania (1869), el Partido de los Trabajadores de Estados Unidos (1876) o el Partido Socialista Obrero Español (1879).
A mediados del siglo XIX, tras las revoluciones de 1848, el denominado socialismo científico –marxista- y el anarquismo comenzaron a irrumpir en los discursos de los movimientos obreros. Tanto socialistas como anarquistas fundarían en Londres (1861) la Asociación Internacional de los Trabajadores, una asociación que promovía la revolución social como forma de emancipación de la clase obrera. El discurso estaba cambiando. Ya no solo se reivindicaban mejoras laborales y la democratización del sistema liberal. El propio sistema liberal era el problema, había que cambiarlo mediante la revolución social. El conservador Alexis de Tocqueville, agudo analista por su parte, comenzó a verlo en las revoluciones desarrolladas en Europa en 1848, especialmente en Francia, donde se proclamó la II República. En sus Recuerdos de la Revolución de 1848, Tocqueville vio un cambio profundo producido en las reivindicaciones populares con respecto a revoluciones anteriores: “¿no ven ustedes que sus pasiones se han convertido, de políticas, en sociales? ¿No ven ustedes que, poco a poco, en su seno se extienden unas opiniones, unas ideas que no aspiran sólo a derribar tales leyes, tal misterio, incluso tal gobierno, sino la sociedad misma, quebrantándola en las propias bases sobre las cuales descansa hoy?” En realidad, los movimientos obreros franceses estaban recuperando algunas de las posturas formuladas durante la Convención Nacional (1792-1794) de la I República Francesa, en concreto las desarrolladas durante el gobierno jacobino.
Con el desmoronamiento del II Imperio de Napoleón III (1852-1871) tras la guerra franco-prusiana, mientras Guillermo II se proclamaba emperador del II Reich alemán en Versalles, en París un movimiento insurreccional popular acabó tomando el poder. En la mañana del 18 de marzo de 1871, París despertaba con gritos de ¡Viva la Comuna! Se había constituido el primer gobierno de la clase obrera de la historia, la primera experiencia real del socialismo autogestionario. Como bien señalaría Marx (1871, La guerra civil en Francia), lo que se había producido era un nuevo régimen con “anhelo de una República que no acabase sólo con la forma monárquica de la dominación de clase, sino con la propia dominación de clase”. La respuesta del liberalismo conservador tanto en Europa como en Estados Unidos fue la represión ante el miedo de la extensión de la revolución social auspiciada por la AIT.
1º de mayo de 1886. Se habían convocado huelgas en Estados Unidos pidiendo la consecución de la jornada laboral de ocho horas. La mayoría de los trabajadores dedican entre catorce y dieciséis horas al trabajo, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la tarde. Gobernantes, grandes magnates, policía y prensa se organizan para tumbar cualquier reivindicación del movimiento obrero, procediendo, si es necesario, de la forma más brutal. Todavía muchos trabajadores tienen en su memoria la huelga del ferrocarril de 1877, una huelga realizada en el sector simbólico del nuevo capitalismo corporativo estadounidense. Con la crisis de 1873, como siempre, los grupos asalariados debían pagar el pato. Los salarios habían descendido y las condiciones laborales eran cada vez más duras. La reacción fue desmedida. Tropas federales y ejércitos privados de las empresas ferroviarias se cobraron cien muertos y cientos de heridos, listas negras y muchos detenidos, mientras los líderes empresariales aprovecharon para ejecutar reducciones salariales y despidos masivos, purgando a cualquier trabajador susceptible de pertenecer a algún partido o sindicato obrero. Tienen miedo de que se desarrolle una revolución como la Comuna de París de 1871, tienen miedo de la primera supuesta conspiración comunista que se cernía, como un fantasma, sobre Estados Unidos. La patronal se apoya cada vez más en el incipiente gansterismo, convertido en brazo paramilitar de la patronal para reprimir y boicotear manifestaciones, mítines y huelgas de los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores no reculan, no se achantan. Impulsados por la desesperación de sus condiciones de vida y de trabajo, cada vez son más los que se unen a sindicatos y partidos obreros.
1º de mayo de 1886, Chicago, la metrópoli del medio oeste estadounidense. Cincuenta mil trabajadores han abandonado el trabajo y han declarado la huelga general. Sorprende la serenidad de los obreros, firmes y pacíficos durante toda la jornada ante las provocaciones de la patronal. 2º de mayo de 1886. Esquiroles contratados por la patronal y amparados por la policía atacan a los piquetes que se encuentran en las puertas de la fábrica de maquinaria agrícola de McCormick. 3º de mayo. Los trabajadores en huelga organizados por los sindicatos reaccionan con un mitin en las cercanías de la fábrica. Cuando el anarcosindicalista August Spíes está hablando, salen de la fábrica cientos de esquiroles para cargar contras los manifestantes, a la vez que aparece la policía y comienza a disparar. Cuando el caos comienza a disiparse, yacen en el suelo decenas de heridos y seis muertos. 4º de mayo. Los anarquistas vinculados a la AIT y la Central de Sindicatos de Chicago convocan un mitin en Haymarket Square al que acuden más de quince mil trabajadores. En este mitin toma la palabra el anarcosindicalista Samuel Fielden. Aunque ha comenzado a llover, la mayoría de los trabajadores sigue en la plaza. Ciento ochenta policías hacen su aparición y avanzan para dispersar a los manifestantes. Un ruido atronador sacudió la plaza. Una bomba había sido tirada contra la policía, que reacciona disparando contra los trabajadores. Cuando termina el caótico y sangriento evento, yacen en el suelo sesenta personas entre muertos y heridos, tanto policías como manifestantes. ¿Quién tiró la bomba? No se sabe. La prensa amarilla, controlada por la oligarquía de Chicago, señala que es una respuesta de los trabajadores a los acontecimientos del 3 de mayo; los acusados, por su parte, defienden su inocencia y su actitud pacífica, señalan que ningún manifestante iba armado y que la bomba fue tirada seguramente por algún esquirol o policía infiltrado, pagado por la patronal para justificar la dura represión que vendría a continuación. ¿Quién tiró la bomba? Nunca se supo. Cientos de trabajadores fueron detenidos y el juicio a los mismos estuvo mediado por el amaño de pruebas, testigos falsos y miembros del jurado comprados. Quince anarquistas fueron acusados de asesinato: ocho fueron juzgados y siete condenados a muerte. Uno de los reos se suicidó en prisión, dos vieron sus sentencias conmutadas a cadena perpetua y el resto fueron ahorcados en noviembre de 1886.
En 1904, la II Internacional, excluidos ya los anarquistas tras las disputas internas en la I Internacional con los marxistas, reivindicó que todos los primeros de mayo se realizasen paralizaciones y huelgas con el fin de obtener la jornada laboral de ocho horas, como acto en memoria a la lucha de los trabajadores de Chicago en 1886. En España se consiguió tras la Huelga de la Canadiense en Barcelona, cuando el 3 de abril de 1919 el gobierno de Romanones decretó la jornada máxima legal de ocho horas. Se convertía así en el primer país europeo en reconocer dicho derecho, seguido por Francia apenas dos meses después. El 1º de mayo fue adoptándose a lo largo del siglo XX en varios países como día festivo, como Día Internacional de los Trabajadores. Es un día donde no solo no se trabaja, sino un día donde los trabajadores del siglo XXI deberíamos recordar que los derechos laborales han costado mucho sufrimiento, muertes y luchas, y que hoy más que nunca, en un contexto de capitalismo salvaje, es necesario salir a la calle a defenderlos y a cuestionar un modelo capitalista, que, aunque nos lo quieran hacer pensar, no es una consecuencia natural e inevitable de la naturaleza humana. Otro mundo es posible.
Rodrigo Muñoz Martínez
Docente y miembros de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)
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