El Comité de Redacción de Tribuna Socialista y todos sus abonados, expresamos nuestra solidaridad con mas víctimas, familiares y amigos y hacemos nuestras sus pérdidas.
Pero más allá de expresar nuestra solidaridad y apoyo con víctimas y familiares, hay que analizar causas de estos accidentes y tomar las ineludibles medidas para que no se repitan y exigir las responsabilidades que procedan.
De nuevo ha ocurrido un accidente ferroviario en la vía del Ave de Andalucía con el resultado de 69 muertos y más de una centena de heridos, algunos gravísimos. Resulta, que justo antes de las elecciones andaluzas, en esta misma vía, ocurrió otro accidente ferroviario en Ardamuz, con 46 muertos.
Como en el accidente de Ardamuz, en principio se habla de factor humano, pero avanzadas las iniciales investigaciones, parece que se trata de un fallo gravísimo en la tecnología informática digital que debería haber evitado el accidente, y se avanza que no ha sido un solo fallo, sino una concatenación de fallos en diversos sistemas de seguridad ferroviaria que deberían haber funcionado y no lo hicieron, con el funesto resultado comentado.
Entendemos que esta sucesión de accidentes, sin querer entrar en otras posibles causas no casuales sino provocadas, se debe principalmente en la caída general y diríamos que calamitosa, de la inversión en infraestructuras en particular.
Resulta evidente el abandono de la inversión en la actualización y eficiencia de los servicios públicos, vivienda, sanidad, enseñanza, mayores, infancia, mujeres, carreteras, obras hidráulicas, pero la palma de la disminución de la inversión, de la lleva los ferrocarriles, donde la inversión en infraestructuras ferroviarias ha caído un 66,7% respecto al año 2009, con una reducción de dos tercios, situándose en 4.589 millones de euros, siendo la inversión pública en España en 2025 de 37.177 millones de euros, que si bien crece en un 9,1% respecto al año anterior, está a años luz de la inversión producida en 2009, concretamente un 34% inferior.
Por el contrario, los gastos militares se han triplicado respecto a 2018, en que se situaba en unos 11.000 millones de euros, hasta alcanzar los previstos por la OTAN, fijados en 35.000 millones de euros.
Las conclusiones saltan por sí mismas, el aumento de accidentes ferroviarios es proporcional a la disminución gravísima y paulatina en infraestructuras ferroviarias, a menos inversión, más accidentes,
Y la máxima conclusión es que los recortes matan.
Tenemos en el horizonte unas elecciones generales. Todos los partidos deben comprometerse a reducir el gasto militar, para dedicarlo a gastos sociales e infraestructuras. La mayoría social se expone a accidentes de tren o de carretera, a retrasos, a multitud de incidencias producto de la falta de mantenimiento o de intereses espurios. Y a esto se unen las listas de espera o la falta de sanitarios, el deterioro de la sanidad pública, los centros de enseñanza inacabados por falta de presupuesto, la falta de profesores, la falta de dotaciones, el ahogo de la enseñanza pública, …etc. Y todo con viviendas precarias o inaccesibles. Tenemos que exigir a los candidatos que centren su programa en beneficio de la mayoría trabajadora y no de capitalistas y especulador.
Este año se han cumplido los 50 años del fallecimiento de Evangelina Sobredo Galanes, conocida en el mundo artístico por Cecilia, concretamente el 2 de agosto de 1976. Nos dejó canciones que retrataban la hipocresía de la clase pudiente, como en los versos de “Dama, dama”: Dama, dama de alta cuna, de baja cama. Señora de su señor, amante de un vividor/ Puntual cumplidora del tercer mandamiento. Algún desliz en el sexto”.
La canción “Mi querida España” fue interpretada por Cecilia en el Festival de Mallorca de abril de 1975, siete meses antes de la muerte del dictador, Franco. En aquella actuación y en otras ocasiones, desoyó las imposiciones del régimen, por lo que era multada y/o amenazada de multa de 2.000 pesetas -cantidad que hoy, aplicada la inflación de estas cinco décadas, equivaldría a unos 15.000 euros-. Ella decía que prefería pagar las multas y soportar las amenazas, pero ser fiel a la letra de sus canciones.
Por si a alguien le quedase duda de la valentía de esta cantautora, antes de publicar “Mi querida España”, Cecilia compuso en 1973 “Un millón de muertos”, título que fue obligada a cambiar por “Un millón de sueños”. Cecilia compuso esta canción contra la guerra y denunció el hecho criminal de los enterramientos en fosas comunes y en las cunetas, como fue el caso de Federico García Lorca. La letra es suficientemente explicita, basten estos versos:
“¡Cuánta tumba! Ya no hay tierra
para cavar en ella,
para dejar sin nombre tanto hombre.
¿Cuántos nombres en la historia
son dueños de las glorias?
¿Cuántos hombres cuestan las victorias?”
Retrató las dos Españas, señalando la España “viva”, la esperanzada en que la democracia llegase algún día a su querida España, frente a la España “muerta” la “de las vendas negras sobre carne abierta”.
Traigo esta canción a la sección Canciones con Poder de Tribuna Socialista en un momento en el que nos jugamos volver a dormir en “la santa sienta” a “esta España muerta”, a que los parásitos vuelvan a “beber tu sangre” y que la pobreza que avanza entre los más desfavorecidos se generalice para que los quién del verso “quién pasó tu hambre cuando estabas seca”. Para que la destrucción de la Sanidad y la Educación públicas no continúen. Para que el derecho a techo de millones de jóvenes sea una realidad. Para que desaparezcan las amenazas que se ciernen sobre el Sistema Público de Pensiones.
Confío en que la Huelga General convocada para el 11 de noviembre sea un éxito rotundo que despierte a la mayoría social y que “los versos de poeta” que nos dejó Eva Sobredo nos despierten a tiempo de evitar que nuestros cineastas, actores, actrices, raperos, escritores y cantantes no vuelvan nunca a ser censurados, pues será la señal cierta de la involución. Tengamos la valentía de Cecilia, el 29N no lo consintamos.
Roberto Tornamira Sánchez
Militante del PSOE en Madrid
Letra original
Mi querida España
esta España viva
esta España muerta.
De tu santa siesta
ahora te despiertan
versos de poeta.
¿Dónde están tus ojos?
¿Dónde están tus manos?
¿Dónde tu cabeza?
Mi querida España
esta España mía
esta España nuestra.
Mi querida España
esta España nueva
esta España vieja
De las alas quietas
de las vendas negras
sobre carne abierta.
¿Quién pasó tu hambre?
¿Quién bebió tu sangre
cuando estabas seca?
Mi querida España
esta España mía
esta España nuestra.
Mi querida España
esta España en dudas
esta España cierta.
Pueblo de palabras
y de piel amarga
dulce tu promesa.
Quiero ser tu tierra
quiero ser tu hierba
cuando yo me muera.
Mi querida España
esta España mía
esta España nuestra.
Letra tras la censura
Mi querida España
esta España mía
esta España nuestra.
De tu santa siesta
ahora te despiertan
versos de poeta.
¿Dónde están tus ojos?
¿Dónde están tus manos?
¿Dónde tu cabeza?
Mi querida España
esta España mía
esta España nuestra.
Mi querida España
esta España mía
esta España nuestra.
De las alas quietas
de las vendas negras
sobre carne abierta.
¿Quién pasó tu hambre?
¿Quién bebió tu sangre
cuando estabas seca?
Mi querida España
esta España mía
esta España nuestra.
Mi querida España
esta España mía
Esta España nuestra.
Duelo de palabras
y de piel amarga
dulce tu promesa
Quiero ser tu tierra
quiero ser tu hierba
cuando yo me muera.
Mi querida España
esta España mía
esta España nuestra.
Versión de Lídia Pujol cantando la letra original.
Versión de Manolo Escobar cantando la letra dictada por la censura franquista
Por María Iglesias Domínguez- Redacción Tribuna Socialista
El Comité Federal del PSOE proclama a Pedro Sánchez candidato a la Presidencia del Gobierno para las elecciones del 29 de noviembre. Ante miles de militantes y simpatizantes, el secretario general sitúa la defensa del Estado del bienestar, la dignidad de los trabajadores y las nuevas conquistas sociales en el centro del proyecto socialista. «Las pensiones no son un cheque regalado, son una conquista social lograda», recuerda frente a las propuestas de reforma de la derecha.
Fuenlabrada, una ciudad estrechamente vinculada a la historia del municipalismo socialista madrileño, acogió el pasado sábado 17 de octubre el último Comité Federal del PSOE antes de las elecciones y fue mucho más allá de la aprobación de las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre. El encuentro se convirtió en una reivindicación de la trayectoria del socialismo español, de los derechos conquistados durante décadas y de los desafíos sociales que siguen pendientes.
Pedro Sánchez, proclamado por unanimidad candidato a la Presidencia del Gobierno, articuló su intervención alrededor de una idea que ha acompañado al movimiento socialista desde sus orígenes: los avances sociales no son concesiones de los poderosos, sino conquistas colectivas impulsadas por la organización, la movilización y la acción política.
Bajo el lema «La fuerza de la gente», Sánchez defendió la necesidad de afrontar las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas sin renunciar a los principios que han dado sentido históricamente al socialismo democrático: igualdad, justicia social, solidaridad y defensa de los servicios públicos.
La elección de Fuenlabrada tampoco fue casual. Gobernada por el PSOE y con una larga tradición de políticas municipales progresistas, la ciudad representa una experiencia de transformación urbana y social vinculada al desarrollo de los servicios públicos y a la participación de sus vecinos.
Las pensiones, una conquista del movimiento obrero que debe preservarse y la defensa del sistema público de pensiones ocupó uno de los momentos centrales del discurso.
«Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan», proclamó Sánchez en respuesta al debate abierto por dirigentes de la derecha sobre las reformas que consideran necesarias para garantizar su sostenibilidad.
Más allá de la confrontación electoral, el secretario general quiso recordar el verdadero significado de las pensiones dentro del Estado social.
«Las pensiones no son un cheque regalado, es una conquista social lograda», afirmó, reivindicando las décadas de trabajo, cotizaciones y movilización que han permitido construir el actual sistema de protección.
Esta concepción enlaza con uno de los principios fundamentales del socialismo: la seguridad económica de las personas mayores no puede depender exclusivamente de su patrimonio privado ni de su capacidad individual de ahorro. Constituye una responsabilidad colectiva que debe garantizarse mediante la solidaridad entre generaciones.
El Gobierno socialista recuperó en 2021 la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo, poniendo fin al mecanismo introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013, que permitió incrementos mínimos del 0,25% durante varios ejercicios.
Sánchez recordó también las movilizaciones de pensionistas que precedieron a aquella reforma. Su intervención reconoció así el papel de la sociedad organizada en el impulso de los cambios legislativos.
La sostenibilidad del sistema continúa planteando desafíos económicos y demográficos, como ha señalado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Su respuesta exige combinar políticas de empleo, cotizaciones suficientes, financiación pública y protección del poder adquisitivo, evitando reducir el debate a una oposición entre generaciones.
El empleo digno y la recuperación de los salarios, fue 0tro de los pilares del discurso fue la reivindicación de las políticas laborales desarrolladas desde 2018.
Sánchez recordó la subida del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de 735,90 euros mensuales en catorce pagas en 2018 a 1.221 euros en 2026, lo que representa un incremento nominal cercano al 66%.
También destacó la reforma laboral acordada con sindicatos y organizaciones empresariales, que ha modificado las condiciones de contratación y reducido el peso de la temporalidad.
La afiliación media a la Seguridad Social superó los 22,4 millones de trabajadores en septiembre de 2026, reflejando el crecimiento del empleo registrado durante los últimos años.
Estos avances tienen especial significado desde una perspectiva socialista porque sitúan el trabajo y los salarios en el centro de la política económica. El crecimiento no puede medirse únicamente mediante los beneficios empresariales o las grandes cifras macroeconómicas: debe traducirse en mejores condiciones de vida y en mayor seguridad para las familias trabajadoras.
El presidente vinculó, además, el incremento del empleo y la incorporación de trabajadores migrantes al fortalecimiento de las cotizaciones sociales y a la financiación del sistema de pensiones.
También reivindicó la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el objetivo de alcanzar los 20.000 millones de euros al término de la legislatura, una previsión que dependerá de la evolución de los ingresos y las aportaciones previstas.
La vivienda, la gran conquista social pendiente. Si las pensiones y los derechos laborales simbolizan avances históricos del movimiento obrero, Sánchez presentó la vivienda como una de las grandes conquistas sociales que todavía deben hacerse realidad.
El presidente recordó a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció después de haber sido desahuciada de la vivienda madrileña en la que había transcurrido gran parte de su vida.
Su caso ha provocado una amplia movilización social y ha vuelto a situar en primer plano las consecuencias humanas de la crisis residencial.
«Lo que yo he sufrido, que no lo vuelva a sufrir nadie más», recordó Sánchez, evocando el mensaje de Maricarmen.
El secretario general estableció una relación entre las movilizaciones históricas por las pensiones, los derechos laborales y la igualdad y las actuales reivindicaciones por una vivienda digna.
«La causa también de esta generación, será también la vivienda», afirmó.
El problema afecta especialmente a los jóvenes, pero también a familias trabajadoras, pensionistas y personas cuyos salarios no han seguido el ritmo del encarecimiento de los alquileres.
La defensa del derecho a la vivienda exige ampliar el parque público, mejorar las condiciones de acceso y establecer mecanismos que impidan que la especulación termine expulsando a los ciudadanos de sus barrios.
El Gobierno ha impulsado iniciativas en esta dirección, aunque algunas de las medidas más recientes han encontrado dificultades parlamentarias.
La experiencia demuestra que, como ocurrió con otros derechos sociales, el reconocimiento legal de la vivienda necesita acompañarse de recursos, acuerdos institucionales y políticas públicas capaces de hacer efectivo ese derecho.
El feminismo y los derechos de las mujeres, parte esencial del proyecto socialista. Sánchez dedicó también una parte de su intervención a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.
Entre sus compromisos para la próxima legislatura destacó la intención de impulsar una reforma constitucional que reconozca expresamente el derecho al aborto.
La iniciativa, que necesitaría las mayorías parlamentarias exigidas para modificar la Constitución, forma parte de una trayectoria histórica en la que el socialismo español ha desempeñado un papel destacado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Desde las reformas civiles y familiares hasta la legislación sobre igualdad y protección frente a la violencia machista, el avance de la ciudadanía femenina ha sido uno de los grandes procesos de transformación democrática.
La reivindicación del feminismo se extendió también a la composición de las candidaturas socialistas, en las que las mujeres encabezarán más de la mitad de las listas al Congreso.
No se trata únicamente de representación política. La igualdad requiere seguir actuando sobre las diferencias salariales, la distribución de los cuidados, la precariedad laboral y las dificultades que encuentran muchas mujeres para desarrollar sus proyectos personales y profesionales.
Democracia y derecho al voto: la controversia de los descendientes del exilio. La memoria democrática ocupó otro espacio relevante del encuentro.
Sánchez denunció la situación de los españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, especialmente los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La suspensión cautelar de las inscripciones electorales de 163.020 españoles residentes en el extranjero ha abierto una controversia jurídica sobre los requisitos para ejercer el derecho al voto.
El recurso que originó esta situación fue promovido por Vox e Iustitia Europa, y el Partido Popular ha respaldado políticamente la decisión judicial.
El Defensor del Pueblo ha acudido al TribunalConstitucional para solicitar protección del derecho de sufragio de los afectados.
Sánchez reclamó que los descendientes del exilio republicano pudieran participar en igualdad de condiciones en la vida democrática española.
La cuestión posee una dimensión histórica especialmente significativa para el socialismo, cuyos militantes, representantes y organizaciones sufrieron durante décadas la represión y el exilio.
La recuperación de la memoria democrática no consiste únicamente en reconocer aquel pasado. También implica examinar cómo se garantizan hoy los derechos de ciudadanía de las generaciones vinculadas a aquella historia.
Un socialismo atento a los nuevos desafíos mundiales. El secretario general no limitó su intervención a las políticas nacionales.
La emergencia climática, la transformación tecnológica y la situación internacional fueron presentadas como desafíos que requieren respuestas colectivas y nuevas formas de intervención pública.
Sánchez defendió la necesidad de seguir avanzando en la transición energética y planteó elevar hasta el 80% la participación de las energías renovables en la generación eléctrica. También apostó por fortalecer el tejido industrial y afrontar las consecuencias de la inteligencia artificial sobre el trabajo, la democracia y las relaciones sociales.
Desde la tradición socialista, estas transformaciones plantean una cuestión central: cómo conseguir que los avances tecnológicos y económicos beneficien al conjunto de la sociedad y no amplíen las desigualdades existentes.
En política internacional, el presidente reiteró su oposición a la guerra de Irán, su posición ante la situación de Gaza y su rechazo al compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del producto interior bruto.
Reivindicó así una orientación basada en la cooperación internacional, el respeto a la legalidad y la defensa de los derechos humanos.
La jornada tuvo también un componente personal cuando Sánchez agradeció públicamente el apoyo de su esposa, BegoñaGómez. «Gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer», expresó, antes de asegurar que ambos habían afrontado juntos los momentos difíciles de los últimos años.
Pero el hilo conductor de su intervención fue la reivindicación de la acción colectiva. A lo largo de casi siglo y medio de historia, el socialismo español ha experimentado situaciones muy diferentes: la construcción de sus primeras organizaciones obreras, la conquista de derechos políticos y laborales, la defensa de la República, la represión franquista, la reconstrucción democrática y la participación en los gobiernos de España.
Esa trayectoria permite entender por qué Sánchez insistió en que las reformas sociales no aparecen espontáneamente.
Son el resultado de movilizaciones, debates, negociación colectiva, iniciativas legislativas y participación democrática.
El encuentro de Fuenlabrada situó esa tradición en el presente, conectando las reivindicaciones históricas del movimiento socialista con problemas como el acceso a la vivienda, los nuevos modelos de empleo, la igualdad y la protección de las personas mayores.
*La principal idea que dejó el Comité Federal fue que el socialismo entiende los derechos sociales como conquistas que deben mantenerse, ampliarse y adaptarse a las necesidades de cada generación”.
Las elecciones del 29 de noviembre abrirán una nueva etapa política, pero los desafíos planteados en Fuenlabrada permanecerán más allá de sus resultados: garantizar pensiones dignas, salarios suficientes, vivienda asequible, igualdad efectiva y unos servicios públicos que respondan a las necesidades de la ciudadanía.
Contra el pronóstico de las encuestas, Lula ha ganado las elecciones en Brasil con una diferencia de 4.430.191 votos sobre el hijo del golpista, Bolsonaro -datos con el 99,9% del voto escrutado-. También ha ganado contra el apoyo del entorno financiero brasileño; un ejemplo de ello es el presidente BTG Pactual, André Esteves, y de Joesley Batista, poderoso millonario de la industria cárnica brasileña. Ha vencido contra las injerencias de Trump y su Administración, desde donde se ha estado chantajeando y presionando al Gobierno brasileño con rebajas de aranceles a cambio de la liberación de Bolsonaro senior, en la cárcel por intento de golpe de Estado. Incluso contra la manipulación de Meta, propiedad del tecno-oligarca Mark Zuckerberg, minimizando los contenidos de apoyo a Lula en Facebook, Instagram y Whatsapp.
Ahora, los derrotados ponen en duda el resultado que democráticamente ha obtenido Lula. No les parece suficiente una diferencia de 4,5 millones de votos. Lo ponen en duda los mismos que dieron por buena la diferencia de 50.000 votos en Perú, que le dieron la victoria a la hija del criminal, Fujimori. Son los mismo que buscan anular los votos de los descendientes de los exiliados españoles, porque piensan que el 100% de esas personas votarán a Pedro Sánchez el 29 de noviembre en España. Los mismos que arrojan dudas sobre el voto, en los Estados estadounidenses que no le son favorables al Partido Republicano, de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.
La victoria de Lula demuestra que cuando la mayoría social se pone en marcha, ni el capital, ni sus medios de comunicación, ni las groseras faltas de respeto de los fascistas que presiden naciones, ni las redes sociales, ni las negras togas tienen nada que hacer. La clase trabajadora brasileña se relajó en la primera vuelta de las elecciones, pero ha sabido reaccionar a tiempo gracias a la movilización de la juventud. Solo con movilización y organización es posible conseguir las legítimas reivindicaciones de la clase trabajadora, y esto vale para cualquier país.
Con todos los condicionantes y presiones que sufren los países que no le dicen “sí señor” a Trump, el Gobierno de Lula ha bajado el desempleo en Brasil del 8% que cerró 2023 al 6% con el que cerró 2025. En el mismo periodo, 2023-2025, el índice de pobreza ha pasado del 27,3% al 23,1%. Y la deforestación de la Amazonía brasileña ha obtenido su nivel más bajo en las últimas cuatro décadas. Son tres datos que, sin ser suficientes, indican que la orientación de las políticas de Lula son las correctas.
El apoyo y la simpatía que despierta Lula entre la mayoría social mundial, se basa en posicionamiento multilateralista, y su condena del genocidio sionista que Israel está cometiendo en Palestina. Posición que dejó clara cuando, en la Asamblea General de la ONU de 2023, condenó el exterminio de Netanyahu en Gaza, diciendo: “Esta masacre no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla”.
Si las organizaciones políticas y sindicales construidas por la clase trabajadora organizan a su clase, es plenamente posible derrotar al fascismo. Albergamos toda la confianza en que esto ocurra el 27 de octubre en Israel, el 3 de noviembre en los Estados Unidos de América y el 29 de noviembre en España.
Los jóvenes que indignados acampáis en las plazas sois un ejemplo de coherencia y solidaridad. Defendéis una causa justa: derecho a una vivienda y salarios dignos. Exigís y anunciáis por tanto un mundo mejor. Por el contrario, los jóvenes que irrumpís con gritos de odio, representáis lo peor de la juventud: sois los escuadristas violentos del nuevo orden que se anuncia por doquier, amenazante.
A vosotros, “escuadristas” violentos (“arriba escuadras a vencer”), me dirijo principalmente en este escrito.
Sois parte de una juventud en una etapa en la que buscáis un lugar en el mundo. Queréis también tener un trabajo digno, acceder a una vivienda y construir un futuro mejor. Sin embargo, muchos de vosotros sufrís la precariedad laboral, los bajos salarios y las dificultades para independizaros; muchos, incluso, no encontráis un trabajo acorde con vuestras capacidades. Es comprensible sentir frustración ante esta situación, pero debéis rechazar a quienes aprovechan vuestro malestar para convertirlo en odio hacia otras personas más débiles o en situación vulnerable.
Determinados discursos presentan a las personas inmigrantes, a las minorías étnicas o a las personas LGTBI como responsables de los problemas sociales. Mediante rumores, noticias falsas y mensajes repetidos en las redes sociales, intentan convenceros de que hay personas que merecen menos derechos que otras.
¿Mejora vuestro salario por insultar a una persona inmigrante? ¿Encontráis una vivienda más barata por difundir mensajes racistas? ¿Solucionáis vuestro futuro atacando a los acampados en Sol? Es evidente que no. Los problemas sociales necesitan soluciones reales, no culpables inventados. Se puede debatir sobre inmigración, seguridad o empleo, pero debemos hacerlo con argumentos y datos, sin discriminar ni atacar la dignidad de las personas más vulnerables.
Las redes sociales pueden difundir rápidamente mentiras y mensajes de odio. Por eso, antes de compartir una publicación, debéis comprobar si es cierta, consultar fuentes fiables y preguntaros quién pretende beneficiarse de vuestra ignorancia. Pensar por vosotros mismos significa no dejaros manipular.
¿Qué es un delito de odio?
El artículo 510 del Código Penal español castiga determinadas conductas que fomentan o promueven el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o grupos por motivos como el racismo, la religión, la ideología, el origen nacional, el sexo, la orientación o identidad sexual, la discapacidad o la aporofobia, es decir el odio a las personas pobres o en situación vulnerable.
También contempla determinadas conductas de humillación grave y la difusión de contenidos que incitan al odio. Las penas dependen de los hechos cometidos. Algunos supuestos del artículo 510 del Código Penal español pueden castigarse con prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses; otros, con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses. La pena concreta depende de los hechos y de las circunstancias del caso. No cualquier insulto o mensaje ofensivo constituye automáticamente un delito.
¿Qué consecuencias puede tener para un joven “escuadrista”?
En España, los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. Entre los 14 y los 17 años se aplica la Ley Orgánica 5/2000, que contempla medidas como libertad vigilada, tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad y, en los casos previstos, internamiento en un centro.
A partir de los 18 años se aplica el Código Penal. Según los hechos, pueden imponerse penas de prisión, multas y otras consecuencias legales. Las amenazas, las agresiones y las lesiones también pueden constituir delitos independientes, agravados si se dan simultáneamente las circunstancias del delito de odio.
Frente al odio, solidaridad
No permitáis que nadie utilice vuestras dificultades para enfrentaros a otros jóvenes, quizá más conscientes y solidarios, o a otras personas en situación vulnerable. Si falta empleo, reclamad oportunidades; si no podéis acceder a una vivienda, exigid soluciones; y si existe delincuencia, pedid justicia sin culpar a colectivos enteros.
La libertad no consiste en humillar al más débil o desfavorecido, sino en defender los derechos de todos. Podéis discrepar sin odiar, criticar sin discriminar y luchar por vuestros intereses sin destruir la dignidad de los demás.
No permitáis que os roben el futuro enseñándoos a odiar. Una juventud informada, crítica y solidaria es más difícil de manipular y está mejor preparada para construir una sociedad más justa, libre y respetuosa.
¡Jóvenes, Indignaos!
Luchad por salarios que permitan vivir con dignidad, que no sea un lujo tener una vivienda digna, por una sanidad pública que nos cuide a todos, por una educación pública que nos abra caminos, por transportes públicos accesibles y por unas pensiones dignas que os permitan vivir con tranquilidad cuando llegue el momento.
Porque la dignidad no se mendiga, los derechos no se regalan y el futuro no se espera: se defiende.
No olvidéis que hoy sois jóvenes, pero el tiempo no se detiene para nadie. La vida fluye, los años pasan y aquello que hoy defendéis para los demás será, tarde o temprano, lo que necesitaréis vosotros.
No renunciéis a vuestra voz. No dejéis que otros decidan por vosotros. Cada voto cuenta, cada derecho importa y cada generación tiene la responsabilidad de defender aquello que hace una sociedad más justa.
Que vuestra indignación se convierta en conciencia, vuestra conciencia en compromiso y vuestro compromiso en voto.
El próximo 29 de noviembre, recordadlo: no está en juego solo el presente. También está en juego el futuro que todas y todos merecemos vivir.
Indignaos y votad, a sabiendas de que la política es mucho más que votar cada cuatro años.
Manuel Ruiz Robles.Capitán de Navío de la Armada española, retirado.
Antiguo miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).
Los salarios de la clase media y trabajadora no alcanzan para asumir el crecimiento desorbitado del precio de una vivienda o de un alquiler. En el primer caso a un ritmo anual medio del 12%, lo que supone una subida acumulada en los últimos cinco años del 52% según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto al alquiler la media acumulada de subida, desde 2021, es del 27% según los datos que manejan los principales operadores en el sector inmobiliario. En paralelo los salarios en este mismo periodo, tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), han subido un 30%, merced a la subida del Gobierno progresista desde los 965 a los 1.180 actuales. Por último, para completar el cuadro, el dato de la inflación que en España subió en el último lustro un 26% (INE). Según estos guarismos, una persona con un salario medio entre los 1.300 y los 1.800 euros brutos al mes, debe destinar hasta un 50% de su nómina mensual a pagar un alquiler, según los operadores inmobiliarios, y un 37,5% para la compra de una vivienda, que en Madrid y Barcelona supera el 40%, según la patronal bancaria. En ambos casos, por encima del 30% tope que la banca recomienda para poder pagar una vivienda de manera desahogada.
Éste es el cuadro del esfuerzo, imposible, que debe afrontar un ciudadano medio para alquilar o comprar una vivienda, que ya de por sí justifica la necesidad de una huelga general. Razón que sube de grado, si se suma la degradación de la sanidad, educación y servicios sociales, por los recortes en sus presupuestos que reducen la calidad de las prestaciones que ofrecen a la ciudadanía, para justificar así la necesidad de establecer convenios y conciertos con empresas del sector privado para reforzar y garantizar las prestaciones, según dice la derecha que gobierna en Comunidades y Ayuntamientos. Argumento para enredar a la ciudadanía al expandir la idea de que sin la colaboración público privada el sistema sanitario, educativo y la prestación de los servicios sociales sería inviable. Mantra que repiten hasta la saciedad como un trampantojo para que no hablemos de la raíz del problema, la negativa de las administraciones gobernadas por el PP y Vox a contratar los médicos, sanitarios, profesores y trabajadores sociales necesarios para ofrecer unas prestaciones púbicas de calidad.
Trampantojo que oculta que esos convenidos, acuerdos marco o delegaciones de gestión de los servicios públicos a empresas privadas, suponen un trasvase de las rentas del trabajo a rentas de capital como se observa de manera palmaria en el balance anual de los grandes grupos empresariales del sector sanitario, educativo o de los fondos buitre que operan en el sector inmobiliario, con un aumento de sus beneficios desorbitado gracias a la inyección de dinero público que reciben de los presupuestos de Comunidades y Ayuntamientos, generalmente opacos, vía conciertos y convenios para gestionar los servicios públicos en los que se asienta el estado del bienestar.
Así lo confirma un estudio de la Fundación Dialnet que apunta cómo el equilibrio en la distribución de la renta entre el capital y el trabajo es cada vez más desigual: desde la década de los años setenta del siglo pasado se estádando una caída paulatina del peso de los salarios en la renta nacional, inclinándose la balanza cada vez más a favor de las rentas empresariales… En España la población asalariada ha crecido de forma continuada, pero la proporción de la renta que recibe no ha dejado de disminuir. Datos que justifican que los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se hayan unido a la Huelga General del 11 de noviembre, promovida por el Sindicato de Inquilinas, para trasladar a los centros de trabajo el malestar de millones de ciudadanos ante unos precios de compra y alquiler que absorben una parte cada vez mayor de sus salarios, como señalan sus secretarios generales Pepe Álvarez y Unai Sordo, en el comunicado conjunto que anunció la participación de sus organizaciones en la movilización contra la especulación inmobiliaria.
Declaración en la que reclaman una subida salarial del 7%, porque los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación, como justificación para participar en la huelga general y replicar a las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, donde puso en duda la legalidad de la convocatoria porque la vivienda no es un conflicto laboral, declaración en la que anunció que actuará por la vía legal si la huelga finalmente se convoca. Desconoce Garamendi, o lo oculta para defender su argumento, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respaldan la legalidad de las huelgas que tengan incidencia en las condiciones de trabajo, aunque critiquen políticas más generales.
Misma tesis que apoya Silvia Arribas, letrada del Gabinete Jurídico Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT) al señalar, con la experiencia de haber redactado la solicitud de las convocatorias de las huelgas generales del 8M en 2018 y 2019, y por Palestina en 2024 y 2025, que el acceso a la vivienda tiene una clara vinculación con las condiciones laborales, porque el salario mínimo actual no permite acceder a una vivienda ni, en general, asumir el coste de la vida.
Más allá del absurdo que supone dudar del derecho que asiste a los sindicatos mayoritarios a participar y promover la huelga general por la vivienda, lo significativo, en esta ocasión, es que no han sido ellos sino un sindicato, el de inquilinas, nacido desde abajo para defender el derecho constitucional a una vivienda digna, el que ha aglutinado el descontento de un sector amplio y transversal de la sociedad por la degradación de los servicios públicos que, poco a poco, va horadando el significado y sentido del Estado del Bienestar.
Tensión social que estaba latente y larvada a la que solo le faltaba la chispa necesaria para despertar las conciencias y animar a la movilización contra la injusticia y mercadeo del capitalismo salvaje con los derechos que asisten a las personas. Esa centella luminaria fue el desahucio de Maricarmen, por su firmeza en la denuncia de la injusticia a la que la sometía el fundo buitre Urbagestión que quería apropiarse de su casa, de su vida, que contrastaba con la creciente debilidad física que se acentuó durante el proceso de expulsión y que finalmente provocó su fallecimiento.
Esta ambivalencia de fortaleza y debilidad que vio toda España cuando la sacaron en camilla de su casa, mientras ella animaba de seguir en la lucha, despertó en la ciudadanía comprometida un sentimiento de humanidad y la necesidad de actuar contra el oprobio sistemático al que nos somete el capitalismo salvaje y quienes lo amparan, que ha desembocado en las concentraciones y acampadas que se mantienen activas en la práctica totalidad de ciudades españolas, dando sentido y forma a la necesidad de una huelga general. Movilización que demuestra que la sociedad española no está dormida, como muchos pensaban, y que cuando se pone en movimiento no hay quien la pare, harta de que los yonquis del dinero jueguen con sus derechos y marchiten sus perspectivas de vida.
De Madrid a Europa: cuando la dignidad se organiza
Hay acontecimientos que, por sí solos, consiguen retratar las profundas contradicciones sociales y políticas de una época.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, paralítica y residente durante toda una vida en su vivienda de alquiler, ha sido uno de esos acontecimientos. Más allá de los detalles concretos de su caso, lo sucedido ha sido la chispa que ha aflorado una indignación acumulada durante años entre amplias capas de la sociedad española, pero, sobre todo, entre la clase obrera, la clase media y la pobreza expulsada del sistema.
La ciudadanía que sufre con el sistema, ha visto en aquel desahucio algo más que un conflicto entre una propiedad especuladora y una inquilina. Vieron un modelo que convierte la vivienda en un negocio abusivo, mientras miles de personas sufren inseguridad habitacional, alquileres abusivos y la amenaza constante de perder el hogar. Las protestas posteriores, las grandes manifestaciones y las tensiones vividas en las calles, reflejan que existe un malestar social mucho más profundo que no puede reducirse a un caso individual y que se vincula necesariamente con lo político y con la lucha de clases, la lucha de una ciudadanía mayoritaria por la supervivencia.
La ocupación y acampada de la Puerta del Sol por centenares de estudiantes, trabajadores, pensionistas y ciudadanos de todas las edades, recordando al 15M de 2011, representa precisamente esa realidad. La protesta comenzó alrededor de la cuestión del desahucio de Maricarmen y de la vivienda, pero pronto se convirtió en un espacio donde confluyen numerosas reivindicaciones sociales. Allí se habla de sanidad pública, de educación, de salarios insuficientes, de la precariedad laboral que afecta especialmente a los jóvenes, de la situación de los mayores, de los derechos de las mujeres, de la protección de la infancia y también del rechazo al incremento de los gastos militares y a la lógica de la guerra.
Lo significativo es que la acampada no expresa únicamente una protesta. Expresa también una voluntad de participación política directa. Personas que a menudo no encuentran cauces efectivos para hacerse escuchar, han decidido reunirse, debatir y organizarse colectivamente. Esa es seguramente la razón por la que la movilización ha despertado tanto interés y tanta simpatía entre amplios sectores de la población.
La tragedia adquiere una dimensión aún mayor si se considera que, pese al cambio de posición de la propiedad respecto al regreso de Maricarmen a su vivienda, este retorno nunca llegó a producirse debido a su fallecimiento. Para muchas personas, este desenlace se ha convertido en una dolorosa metáfora de la reacción y la lucha que debe darse, ante problemas que llevan años agravándose. Pone de manifiesto que es necesaria la movilización permanente contra el sistema.
Pero España no está sola en estas luchas. Lo que estamos viendo forma parte de un fenómeno internacionalista más amplio que recorre Europa, como pudo apreciarse en las reuniones internacionales realizadas en París en 2025 y en Londres en 2026 contra la guerra y el aumento de los gastos armamentísticos, pero donde también se habló de otros problemas como las pensiones, los salarios, la vivienda y otros.
En Francia, cientos de miles de personas han protagonizado movilizaciones contra políticas sociales percibidas como regresivas, especialmente en materia de pensiones, salarios y educación. Los estudiantes han vuelto a ocupar un papel destacado en las protestas, recordando que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar pasivamente un futuro marcado por la precariedad, la incertidumbre y el debilitamiento de los servicios públicos. Las movilizaciones actuales nos recuerdan mucho a las habidas en mayo de 1968.
En Portugal, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Irlanda y otros países europeos también se han desarrollado importantes movilizaciones relacionadas con el coste de la vida, la vivienda, los derechos laborales, la defensa de las pensiones, la educación pública y la oposición a las políticas de austeridad. Aunque cada país tiene sus particularidades, existe un hilo conductor evidente: millones de personas sienten que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera justa mientras aumentan las desigualdades y la inseguridad social.
A ello se suma una creciente preocupación por el incremento de los presupuestos militares en numerosos Estados europeos y una creciente contestación a la guerra, a todas las guerras. Cada vez más ciudadanos se preguntan por qué existen dificultades para financiar hospitales, escuelas o políticas de vivienda, mientras se anuncian importantes aumentos del gasto armamentístico. Independientemente de las posiciones ideológicas concretas, este debate está ganando terreno en la opinión pública y se ha convertido en una de las grandes cuestiones políticas de nuestro tiempo: NO A LA GUERRA.
Todas estas movilizaciones no son fenómenos aislados. La ciudadanía comienza a reconocerse en luchas que tienen lugar más allá de sus fronteras nacionales. Los jóvenes franceses observan lo que sucede en Madrid. Los movimientos por la vivienda en España siguen con atención las experiencias portuguesas. Los trabajadores de distintos países descubren que comparten problemas similares y que muchas de sus reivindicaciones son comunes.
Es precisamente ahí donde surge una pregunta que hace pocos años podía parecer utópica: ¿sería posible una gran movilización europea coordinada?
Una huelga general europea puede parecer, hoy por hoy, un objetivo difícil. Yo opino que no lo es. Si fortalecemos una buena organización que lance a los trabajadores a la lucha de clases en Europa y aprovechamos el clima de crispación y contestación social que recorre la mayoría de los países europeos, podrá pararse Europa.
Existen diferencias culturales, jurídicas y sindicales entre los distintos países. Sin embargo, también es cierto que la integración económica del continente ha generado problemas compartidos y respuestas cada vez más similares por parte de gobiernos e instituciones. Si las decisiones económicas tienen una dimensión europea, las resistencias sociales tiene que adquirir una dimensión continental, avanzando hacia el internacionalismo.
Una huelga general europea protagonizada por trabajadores, estudiantes, sindicalistas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, constituiría un precedente histórico muy importante. No se trataría únicamente de detener la actividad económica durante unas horas o unos días. Se trataría de enviar un mensaje claro: que la clase obrera organizada se ha puesto en marcha, que la mayoría social existe, que puede coordinarse más allá de las fronteras y que exige prioridades diferentes.
Sería una seria advertencia dirigida a los capitalistas que consideran que los derechos sociales pueden sacrificarse indefinidamente en nombre de los mercados, de la competitividad o de la geopolítica. Sería una reivindicación del derecho de los pueblos europeos a decidir que la vivienda, la sanidad, la educación, el trabajo digno y la paz ocupen el centro de las políticas públicas.
Estamos en el inicio de una nueva etapa de movilización social a escala europea, la lucha internacional se ha puesto en marcha. Desde la Puerta del Sol hasta las calles de París, desde Lisboa hasta Atenas, miles de personas están expresando una misma convicción: que otro modelo social, otro sistema, es posible y que merece la pena luchar por él.
Quizá esa sea la principal enseñanza del momento. Cuando la dignidad se organiza, cuando la ciudadanía deja de sentirse sola y descubre que comparte problemas y esperanzas con millones de personas, las protestas dejan de ser acontecimientos aislados y se convierten en una fuerza histórica. Y esa fuerza en marcha, tiene la capacidad de abrir caminos que antes parecían imposibles.
Si podemos parar Europa, paremos Europa pues, luchemos contra un sistema capitalista e imperialista cuya máxima prioridad es la guerra. Paz, casa y alquileres asequibles, trabajo digno con salarios justos que permitan superar día a día el alza de los precios, Sanidad, Enseñanza, cuidado de Mayores e Infancia, derechos de las mujeres y erradicación de la violencia en su contra, estas son las prioridades de la ciudadanía mayoritaria que se ha puesto en marcha y ha dicho ¡BASTA YA ¡
Tras mes y medio de haberse iniciado las clases, en Madrid hay alumnas y alumnos de grados superiores, en Institutos públicos de FP, que no tienen profesorado en un elevado porcentaje de sus asignaturas. Es este un hecho concreto por el que, tanto el alumnado como madres y padres estamos indignados y preocupados por el devenir del curso.
Para el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid todo el mundo es culpable de todos los desastres que sus políticas liberales provocan. Pongo este caso concreto y preciso para evidenciar la mezquindad de la Consejera de Educación en el Gobierno de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, quien está todo el día en los medios de comunicación mintiendo y diciendo que no hay motivos para la huelga que el profesorado ha emprendido. Hay muchos motivos: salariales, de estabilidad laboral, de condiciones de trabajo, de carga de trabajo…
El hecho concreto que denuncio públicamente es el caso de las y los alumnos de Grado Superior de Ortoprótesis y Productos de Apoyo que se imparte en el IES Antonio Machado de Alcalá de Henares.
De las seis asignaturas que tienen en primer curso, carecen de profesorado en dos de ellas -las alumnas y alumnos de segundo curso también sufren un situación similar-. Por qué ocurre esto, pues porque el Gobierno de Ayuso, a estas alturas, con el curso ya iniciado, no ha aprobado en la Asamblea de Madrid el Decreto que debe fijar las condiciones de contratación del profesorado experto en las materias correspondientes.
De este modo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está garantizando que el alumnado de FP tenga asegurado el acceso a sus estudios, vulnerando de esta manera el artículo 27 de la Constitución.
Las señoras Ayuso y Zarzalejo, por orden de responsabilidad, están provocando una grave distorsión en la formación de decenas de alumnas y alumnos de FP en esta Comunidad Autónoma.
Los afectados han recurrido a la DAT de Madrid-Este mediante cartas, iniciativa a la que madres y padres nos hemos sumado, sin haber recibido respuesta ni explicación seis semanas después. Las alumnas y alumnos se han concentrado y han protestado a la puerta de esa Dirección de Área Territorial. Sin que la Consejera de Educación se haya inmutado.
Este asunto es un claro caso de destrucción de la Educación Pública en Madrid. Un método que el Gobierno del PP utiliza para empujar a las opciones educativas privadas, las cuales cobran unas sumas inalcanzables para la mayoría de familias; opciones privadas que ofertan cursos on-line o semipresenciales en el mejor de los casos. Un negocio, a fin de cuentas, donde lo que menos importa es la calidad de la enseñanza.
Es inaceptable e intolerable, por lo que toda la comunidad educativa está legitimada a protestar hasta que se resuelvan todas las reivindicaciones y todos los problemas generados por la política destructiva de lo público.
Este sábado 24 de octubre, pensionistas y trabajadores de todo el Estado español, se han manifestado en Madrid para defender el Sistema Público de Pensiones y que se realice una auditoría pública sobre las cuentas de la Seguridad Social. Esta convocatoria, anunciada antes del verano, confluye con la gran movilización de jóvenes exigiendo una vivienda digna y la expropiación de los fondos buitre que están impidiendo la posibilidad de obtenerla. También confluye con la movilización que llevan a cabo los enseñantes y los alumnos para defender la educación pública, y con todos los movimientos que están preparando la huelga general, convocada por el Sindicato de Inquilinas, las confederaciones sindicales, para el 11 de noviembre, y a la que se adhieren organizaciones populares y democráticas de todo el Estado. Reclaman salarios dignos, subidas del SMI, y vivienda digna, frenando a los especuladores. El desahucio y fallecimiento de Maricarmen, han sido la gota que ha colmado el vaso, desencadenando el llamado a la huelga y la convocatoria de elecciones. Los partidos de la derecha, empujados por los cantos de sirena de las encuestas, se han lanzado a cuestionar la viabilidad del actual sistema de pensiones, calificándolo de “zombi”, “inviable”, o directamente “que va a petar”, proponiendo un sistema mixto con “mecanismos de capitalización”, es decir, abrir un camino a la privatización de las pensiones.
Los pensionistas todavía recuerdan el 0,25% de Rajoy Durante años Rajoy condenó a la mayoría social a grandes penalidades, haciéndola cargar con la crisis que habían provocado los especuladores. Esos mismos especuladores que ahora quieren aprovechar los “mecanismos de capitalización”, o que expulsan a la gente de sus casas. El Gobierno de Sánchez atendió el clamor de las movilizaciones de pensionistas y ha aplicado su revalorización en base al IPC anual, sin embargo ha olvidado el apartado de la Ley 21/2021 que les comprometía a encargar una auditoría de la Seguridad Social. Los manifestantes no lo han olvidado y esta exigencia se podía leer en numerosas pancartas. “¡Qué no! ¡qué no!, no queremos pagar sus deudas con sanidad o nuestra pensión”, gritaban. Lo tienen claro, no pueden consentir que jueguen o especulen con sus vidas. Hartos de amenazas, exigen que se cumpla la ley y que se audite las cuentas, no solo para negar la supuesta inviabilidad de las pensiones, sino también para denunciar los desvíos de fondos de la caja de la Seguridad Social y las continuas subvenciones a las empresas, de algo que no es otra cosa que salario diferido que pertenece a los trabajadores. Es una respuesta al proceso reaccionario que provocan las políticas de los gobiernos europeos, entregados al imperialismo, que aumentan los gastos militares en detrimento de los gastos sociales. Estos días, en Francia, hay manifestaciones en todas las ciudades contra las políticas del Gobierno Macron, que intenta impedirlas enviando a la policía y al ejército. Se anuncia una huelga general el 5 de noviembre en Francia, al mismo tiempo que en Italia se convoca también huelga general para el 20 de noviembre. El 30 de octubre en 100 puertos de Europa, convocan una huelga en contra del envío de armas al Estado genocida de Israel.
El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), movimiento en el que se integra ASTRADE, formó un nutrido cortejo y portaba una pancarta con las consignas: “¡En defensa de las pensiones públicas! ¡Presupuestos militares para vivienda y gastos sociales! ¡11N Huelga General! Esta es la linea con la que asociados de ASTRADE y Tribuna Socialista nos integramos en los comités de apoyo a la huelga que se están formando en barrios y pueblos de todo el Estado. Sin duda se trata de ayudar a organizar la lucha, porque como explica Roberto Tornamira, presidente de ASTRADE, “La movilización es la única solución, por eso estamos aquí. Hoy tocan las pensiones, como hace dos semanas tocaron dos buenas manifestaciones de vivienda, y como hace diez días los profesores, alumnos y padres de estos se movilizan en defensa de la educación pública. Las pensiones están amenazadas porque la derecha quiere privatizarlas, como privatiza la sanidad, la educación, y todo lo que es público. Por eso estamos aquí, porque la movilización es la única solución”.
El 11 de noviembre todas y todos a la Huelga General. Una Huelga convocada por los sindicatos de clase a instancias de los movimientos sociales, a partir del desahucio de Maricarmen; la mujer de 87 años a la que el fondo buitre Urbagestión echó de la vivienda alquilada en la que residía, empujándola así a la muerte. Un hecho que no se hubiese producido sin el auto judicial que autorizó el desahucio y sin el apoyo político que brindan a los especuladores, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad que preside Ayuso.
Se queja la derecha de que es una huelga contra la oposición. Bueno, es una manera de verlo, y de reconocer por su parte que junto al récord que ostenta el Gobierno de Rajoy, que en 2012 forzó dos huelgas generales en el mismo año: una, el 29 de marzo, contra la salvaje reforma laboral, muchos de cuyos lesivos elementos continúan en vigor y otra, el 14 de noviembre, contra el “austericidio” que el PP introdujo en los presupuestos para 2013. Ahora obtiene el de ser el primer partido en la oposición en recibir una huelga general, pero en todo caso no es esta la cuestión.
La huelga convocada para el día 11 de noviembre es una llamada a resolver las reivindicaciones y necesidades más apremiantes de la mayoría de la sociedad. Es también una huelga de aviso al gobierno actual y al que salga de las urnas el día 29N: es necesario un cambio de rumbo, de política; un cambio que satisfaga las reivindicaciones de la base social del Gobierno progresista.
En España, como en Francia, Albania, Bélgica, Italia o Portugal, no hay huelgas y movilizaciones contra el Gobierno o contra la oposición como sujetos, sino contra las políticas que están empobreciendo a la clase trabajadora europea. El hecho diferencial es que en España es la oposición la que obstaculiza las mínimas políticas progresistas que emanan del Gobierno y, además, amenaza con retrocesos brutales contra derechos básicos como el Sistema Público de Pensiones, la Sanidad o la Educación públicas. El común denominador entre las movilizaciones españolas, francesas y de otros países es que la juventud se identifica con la clase trabajadora, a diferencia de los que ocurrió en las movilizaciones del 15M.
Son PP y VOX, quienes desde los ayuntamientos y comunidades autónomas en las que gobiernan se niegan a cumplir con la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Son estos partidos de la oposición quienes fomentan hoy el libertinaje de los pisos turísticos, como lo hicieran en el pasado, cuando en 1998 el Gobierno de Aznar aprobó la ley del suelo que derivó en la burbuja inmobiliaria de 2008, arrastrando a la ruina a cientos de miles de españolas y españoles.
Resulta que es la oposición la que plantea, si el 29 de noviembre llega al Gobierno, cambiar el modelo de reparto del Sistema Público de Pensiones por un modelo mixto, que no es otra cosa que la privatización de nuestras pensiones entregándosela a bancos, aseguradoras y todo tipo de especuladores financieros.
Es esta oposición desde sus gobiernos autonómicos quienes llevan años privatizando la Sanidad Pública, a partir del camelo de la “colaboración”-público privada. Privatización amparada en la Ley 15/97 que debería ser derogada en su integridad.
Esta oposición es la que provoca que las trabajadoras de las escuelas infantiles de Madrid lleven meses en huelga contra la precariedad salarial y laboral que sufren. El mismo Gobierno autónomo que maltrata y destruye la Educación Pública asfixiando económicamente a las universidades y desatendiendo la contratación y unas condiciones dignas en los centros educativos en todos los niveles de la enseñanza. Y, por supuesto, sobreexplotando al profesorado con la carga de trabajo, la eterna interinidad y unos salarios impropios de la responsabilidad social que se les exige.
La mayoría social en nuestro país lleva muchos años acumulando motivos para una huelga general. Son muchos los colectivos afectados por las violentas políticas de la derecha allá donde gobiernan. Ya no vale el juego de trileros que se traen con las competencias autonómicas o estatales: cuando es para pedir dinero las comunidades exigen más y más, pero cuando es para prevenir incendios o “danas” entonces ya las competencias no son suyas.
Las víctimas de la DANA de 2024 en Valencia no olvidan quién se fue a comer a El Ventorro ignorando los avisos y alarmas, ni que Feijóo le cubrió las espaldas a Mazón. De la misma manera que Ayuso es la responsable de las 7291 víctimas abandonadas en las residencias de Madrid, aquellos que según Ayuso se iban a morir igual, responsable que es apoyada por el candidato del PP a la presidencia del Gobierno.
El hartazgo de la mayoría social es laboral, contra la patronal del señor Garamendi, cuya retribución como presidente de la CEOE supera los 400.000 euros anuales, pero se niega a subir el SMI, las pensiones y los salarios de las trabajadoras y trabajadores de este país. Mientras los precios han subido especulativamente por las mismas empresas que racanean subidas salariales a sus trabajadores:
Según el Boletín Económico del Banco de España correspondiente al 2º trimestre 2025(1), el precio de los alimentos subió un 33,9%, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024.
En el mismo periodo, los salarios se incrementaron un 12,53% y las pensiones un 16,10%. Esto supuso, en ese periodo, una pérdida de poder adquisitivo respecto a la cesta de la compra, de 21,37% para las y los asalariados y del 17,80% para las y los pensionistas.
Para comparar la subida de las pensiones y de los salarios con el incremento de la vivienda en alquiler, recordemos los datos que se citaban en el artículo “Frente al abuso económico, contundencia del Estado”, de Roberto Tornamira, publicado en Tribuna Socialista 179(2):
“La vivienda se ha convertido en un valor refugio para la rentabilidad del capital. El precio medio de la vivienda en alquiler ha pasado de 7,3€/m2 en julio de 2014 a 15,3€m2 en julio de 2026, 47,71% de incremento. Mientras que, en el mismo periodo, los salarios han subido de media en convenio colectivo un 26,86% y las pensiones un 25,80%. Esto significa que las y los asalariados han perdido frente al precio de los alquileres un 20,85% y las y los pensionistas un 21,91%.”
Solamente con la emergencia social que ha generado el mercado de la vivienda en España ya hay motivos suficientes para exigir un huelga general, como acertadamente ha hecho el Sindicato de Inquilinas.
Sobran los motivos para parar la producción y el consumo el 11 de noviembre y exigir cambios profundos en todas las materias citadas, que están llevando a la clase trabajadora a una situación límite.
No es casualidad que las protestas se extiendan por Europa, son las políticas económicas impuestas por el capital financiero internacional las que provocan esta situación: las guerras, la presión de Trump y quienes le apoyan para incrementar la dedicación de dinero público a gastos militares, entre otros factores, es lo que lleva a la asfixia económica y al empobrecimiento de millones de trabajadoras y trabajadores. Del mismo modo que millones de jóvenes en toda Europa se echan a la calle a reivindicar su legítimo derecho a un futuro digno; techo, salario y alimentación sana y asequible.
La derecha internacional, y la española a la cabeza de los vasallos que la secundan, atenta contra la vida cuando apoya a Israel en su genocidio contra el pueblo palestino, de la misma manera que causa miles de muertos cada día en los frente ruso y ucraniano cuando niega la paz y el alto el fuego en esa guerra, en su incesante chalaneo comercial.
El 11 de noviembre a la Huelga General para exigir:
Control de los precios de la vivienday expropiación de las viviendas públicas que fueron vendidas por el PP a fondos buitre.
Intervención del precio de los alimentos y demás productos de primera necesidad.
Marcha atrás en la privatización de la Sanidad y Educación públicas
Blindaje constitucional de las Pensiones Públicas y auditoría de las cuentas de la Seguridad Social
Subida de salarios y pensiones hasta recuperar el poder adquisitivo perdido.
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