Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Declaración del Comité “Ugetistas por Palestina” sobre la escalada militar en Oriente Medio.

El Comité de “Ugetistas por Palestina”, fiel a los valores fundamentales de la UGT -la solidaridad entre pueblos y personas trabajadoras, la defensa de la dignidad humana, la justicia social, la democracia y los derechos de las personas trabajadoras-, y tal y como hemos estado haciendo de forma sostenida ante el genocidio en Gaza y la ocupación de Palestina, considera que el movimiento sindical tiene el deber de alzar la voz ante cualquier conflicto que ponga en riesgo la vida de la población civil y agrave la desigualdad, la precariedad, la inseguridad y el estado de vulnerabilidad de las personas.

Está claro que mientras esta administración estadounidense siga en esta dinámica belicista, no hay país ni pueblo a salvo de diferentes represalias, desde la imposición de aranceles hasta los bombardeos. La paz no puede entenderse como una pausa táctica, sino como un compromiso firme con la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la seguridad de las poblaciones civiles.

  1. Denunciamos con rotundidad la ofensiva militar de Estados Unidos y de Israel contra Irán, en tanto que vulnera los principios básicos del derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza. Rechazamos cualquier acción que atente contra la soberanía de los pueblos y ponga en peligro a la población civil.
  2. Expresamos nuestra plena solidaridad con las poblaciones afectadas y denunciamos tanto la represión interna como las injerencias militares externas. Las personas trabajadoras y sus familias son siempre las primeras víctimas de la guerra. La situación en Irán, marcada por la falta de derechos democráticos, las sanciones y la crisis económica, son un ejemplo claro, aunque esto no justifica una agresión ilegal, ni el asesinato de civiles. La escalada militar sólo profundizará en este sufrimiento. Advertimos también que la escalada de agresiones ilegales se complementa con el avance militar de Israel en el Líbano, país que está sufriendo los efectos devastadores de la guerra sobre la población civil en manos del estado sionista de Israel que declaró su intención de proceder con los mismos métodos genocidas que en Gaza.
  3. Exigimos un alto el fuego inmediato, una efectiva reducción de las hostilidades y la recuperación de la vía diplomática, con la participación activa de la sociedad civil. Las soluciones impuestas por la fuerza sólo cronifican los conflictos, evitando que la actual escalada se extienda y se consolide en otros escenarios como el Líbano.
  4. Reclamamos el cumplimiento riguroso del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, así como el refuerzo de los espacios multilaterales, especialmente el papel de Naciones Unidas, como marco legitimo para la resolución de conflictos. Ya son demasiadas veces que este organismo permanece mudo o mirando hacia otro lado ante conflictos ilegales, lo que pone en cuestión su papel actual y futuro.
  5. Instamos a la comunidad internacional, y en particular a la Unión Europea, a no avalar ni tolerar actuaciones que puedan constituir crímenes internacionales. En este sentido, y tal y como han pedido los gobiernos catalán y español, instamos una vez más a que la UE rompa el acuerdo de asociación con Israel, lo que tiene la obligación de hacer según el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.
  6. Pedimos al Gobierno que adopte medidas concretas para evitar cualquier contribución a la guerra, incluyendo la suspensión del comercio de armas con Israel, así como el refuerzo de políticas de acogida para las personas afectadas por el conflicto.
  7. Instamos al Gobierno de Cataluña a reforzar su compromiso con la paz en los ámbitos internacionales donde participa y desplegar acciones alineadas con los acuerdos del Parlamento de Cataluña del 24 de julio de 2025 sobre Palestina, orientadas a la defensa de los derechos humanos, la legalidad internacional y la no colaboración con prácticas que la vulneren.
  8. Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los sindicatos y personas trabajadoras a implicarse activamente en la defensa de la paz, la justicia global y los derechos humanos, promoviendo una mirada crítica y comprometida ante los conflictos.

Nos solidarizamos igualmente con los sindicatos de Irán y de los países de Oriente Medio que, a pesar de las dificultades, siguen siendo un bastión en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y de las libertades. Afirmamos nuestra solidaridad incondicional con la Federación Nacional de Sindicatos Obreros y Empleados del Líbano, y denunciamos la masacre cometida estos días sobre población civil.

Cataluña, país de larga tradición en el trabajo por la paz y la defensa de la justicia global, puede y debe posicionarse en la escena internacional como un actor de paz y no de guerra, impulsando soluciones negociadas y el respeto al derecho internacional.

El movimiento sindical reafirma su compromiso con la paz, los derechos humanos, la democracia y el trabajo digno como bases imprescindibles para una seguridad y prosperidad duraderas. Por eso decimos hoy más que nunca NO A LA GUERRA. Del mismo modo, el sindicato defiende que se mantengan las políticas económicas que protegen a la clase trabajadora ante las consecuencias de la inestabilidad geopolítica, incluyendo medidas para contener los precios de la energía y reforzar los sistemas de protección social.

Comunicado de la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros y Empleados del Líbano (FENASOL)

La Federación Nacional de Sindicatos de Obreros y Empleados del Líbano condena la espantosa masacre perpetrada ayer por el enemigo sionista contra
nuestro pueblo en Beirut y en todas las regiones del Líbano, que ha convertido este día sangriento en un día negro, cobrándose la vida de mártires inocentes entre los trabajadores y ciudadanos en sus lugares de trabajo, los conductores en las carreteras, los niños, las mujeres y las personas mayores en sus hogares, dejando cientos de heridos y causando daños considerables en los barrios residenciales.

Nosotros, desde la FENASOL, expresamos nuestro más sincero pésame a las familias de los mártires, nos inclinamos en homenaje a sus sacrificios y
deseamos una pronta recuperación a los heridos, así como seguridad para nuestras familias y nuestros trabajadores en todo el Líbano, afirmando que
este crimen no quebrantará la voluntad y la resistencia de nuestro pueblo.
Esta agresión bárbara y brutal solo puede calificarse de crimen de guerra, reflejo de la criminalidad organizada y de la sed de sangre, en la que se han
utilizado miles de toneladas de armas letales, con el apoyo y el armamento estadounidenses, y bajo la cobertura política directa de la administración
estadounidense, lo que constituye una complicidad total en estos crímenes cometidos contra nuestro pueblo.

La FENASOL considera a la entidad sionista plenamente responsable de la masacre, en colaboración con la administración estadounidense en la
prosecución de esta agresión.

Ante estos crímenes contra la humanidad, la FENASOL hace un llamamiento a los Estados árabes y a la comunidad internacional para que asuman sus responsabilidades morales, humanitarias y jurídicas.

Asimismo, hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y humanitarias, en primer lugar a las Naciones Unidas y a las organizaciones
de defensa de los derechos humanos, para que califiquen esta masacre de crimen de guerra y la condenen de manera clara y explícita.

Pedimos asimismo a la Organización Internacional del Trabajo, al movimiento sindical mundial y a las organizaciones de trabajadores que
declaren su solidaridad con los trabajadores y el pueblo libanés, y que actúen para poner fin de inmediato a la agresión.

Hacemos asimismo un llamamiento a imponer un boicot total a la entidad sionista, a romper toda relación con ella y a anular todos los acuerdos
firmados con ella.

La FENASOL exige asimismo que los responsables de estos crímenes sean perseguidos y llevados ante los tribunales internacionales competentes, para
que respondan por sus crímenes contra la humanidad.

La FENASOL, al tiempo que reafirma su compromiso con el derecho de nuestro pueblo a la vida, la dignidad y la seguridad, subraya que la sangre de
los mártires seguirá siendo una mancha de infamia en la frente de todos aquellos que se han aliado contra nuestro pueblo, que aspira a la libertad, la
independencia y el progreso.

Beirut, 9 de abril de 2026
Buró Ejecutivo

Desde ASTRADE hemos enviado nuestro apoyo a los compañero de FENASOL.

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Carta abierta a organizaciones y militantes

¡No a la guerra! ¡Gastos militares para escuelas, viviendas, hospitales!

Os invitamos a participar en la conferencia y mitin internacional contra la guerra que se preparan en Londres para los días 19 y 20 de junio.

Nos hemos reunido en Madrid sindicalistas, militantes, cargos electos, venidos de distintos rincones del Estado, convocados por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, y hemos debatido libremente sobre la guerra, el genocidio, las amenazas de guerra.

Constatamos que, en todos los países, los gobiernos dedican enormes cantidades de dinero a alimentar e incrementar el gasto militar. Trump pide un incremento de casi el 50%, hasta la aterradora cifra de 1.600.000 millones de dólares. España ha gastado 89.000 millones de euros, como ha expuesto el diputado de ERC Jordi Salvador. Todos sabemos –y hasta el propio FMI lo reconoce en un reciente informe- que ese aumento del gasto militar es incompatible con las necesidades sociales. Ese dinero se desvía de la sanidad, la enseñanza, la vivienda, las infraestructuras. Es incompatible defender el gasto social, dar satisfacción a las reivindicaciones de la población trabajadora y someterse al aumento del gasto militar.

Constatamos que ese incremento del gasto militar se está traduciendo ya en muerte y destrucción. En el genocidio de Gaza, en el asesinato de niñas en una escuela en Irán, en la destrucción de varios países africanos, en el bombardeo y limpieza étnica en Líbano, en la guerra de Ucrania, que ha devorado ya las vidas de cientos de miles de jóvenes rusos y ucranianos, y que está destruyendo Ucrania. Una guerra que es alimentada por los EEUU y los gobiernos europeos, incluyendo el gobierno español, aunque éste, al mismo tiempo, se opone a la guerra contra Irán y al genocidio en Palestina.

Constatamos que los pueblos no quieren la guerra. Que millones se han movilizado en los cinco continentes contra el genocidio en Gaza, y se movilizan ahora contra el bombardeo a Irán y Líbano. Que tampoco la quiere el pueblo de Ucrania, donde cerca de dos millones de jóvenes se esconden de los reclutadores, son más de 200.000 los desertores. Donde se multiplican las acciones de resistencia –e incluso las agresiones- a los reclutadores que intentan capturar por la fuerza carne de cañón para el frente. O en Rusia, de donde miles de jóvenes huyen para no ser reclutados a la fuerza. Declaramos nuestra solidaridad con los jóvenes de Ucrania y Rusia. En Alemania, los jóvenes han ido a la huelga contra el servicio militar obligatorio: En Francia, centenares de jóvenes han lanzado un llamamiento contra esa reintroducción, que está teniendo amplia difusión.

Constatamos que, pese al rechazo de la población, los gobiernos se implican en la marcha a la guerra. Además del incremento de los gastos militares, numerosos países, como Alemania, Francia, los EEUU, toman medidas para volver a implantar el reclutamiento militar obligatorio.

Constatamos que la marcha hacia la guerra es la marcha hacia la barbarie, hacia la destrucción de las conquistas sociales y democráticas, hacia la imposición de gobiernos autoritarios. Guerra y guerra social contra las conquistas sociales son dos caras de la misma moneda.

En toda Europa, militantes y organizaciones se ponen de acuerdo para luchar contra la guerra. Desde 24 países europeos, se prepara una conferencia y mitin europeos contra la guerra, previstos para los días 19 y 20 de junio, organizados por la coalición Stop the War, con el apoyo de numerosos sindicatos del Reino Unido.

Todo militante, todo sindicato, toda organización que quiera de verdad defender la sanidad, la enseñanza, las pensiones, el derecho a la vivienda, los salarios, el propio futuro de la juventud y la población trabajadora, tiene el deber de oponerse al aumento del gasto militar, a la militarización de la sociedad, y a quienes, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, proponen que se destinen todos esos recursos a reforzar el gasto militar, y deben oponerse a la marcha hacia la guerra. Tien el deber de exigir al gobierno medidas inmediatas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán en la población trabajadora, medidas como topes de precios a bienes esenciales. Es necesario organizar en nuestro país amplias movilizaciones unitarias, como la que se desarrolló el 21 de marzo en Valencia o la que se prepara en Barcelona para el 26 de abril. Proponemos organizar movilizaciones unitarias a escala europea.

Llamamos a todos los militantes, a todas las organizaciones que quieren defender los derechos de la población trabajadora, a participar en la conferencia y mitin de Londres, a organizar delegaciones, a apoyar materialmente su realización, para que pueda ser un paso adelante en la organización del movimiento obrero contra la guerra.

Coordinar y organizar la lucha contra la guerra

Una delegación de ASTRADE hemos asistido a un encuentro organizado por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) durante la mañana del sábado 18 de abril celebrado en la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid, con el objetivo de aunar esfuerzos de resistencia ante las guerras declaradas, la orientación armamentística de numerosos países y las consecuencias para la mayoría social.

La mesa estuvo integrada por Cristina Serna, regidora de Podem Catalunya en la localidad de Sant Boi, Jordi Salvador diputado por ERC en el Congreso de los Diputados, Luis González sindicalista de sanidad de CCOO, Isabel Cerdá del Colectivo de Mujeres Republicanas, Damián Rodríguez portavoz COESPE, Ángel Pasero miembro de UCR, Xabier Arrizabalo, miembro del CATP, sindicalista y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, y nuestro compañero en ASTRADE y Tribuna Socialista Miguel Sagüés, abogado laboralista jubilado y sindicalista en CCOO.

Abrió el acto Luis González enmarcándolo en la preparación e impulso del mitin y la conferencia internacionales que se celebrarán en Londres el 19 y 20 de junio, cuya convocatoria, por iniciativa de la coalición Stop the War, ha sido secundada por militantes, colectivos políticos y sindicales de más de 24 países, y en concreto en el Reino Unido por más de 20 organizaciones sindicales. Luis González anunció que desde el Estado español se están preparando delegaciones con el eje “contra la guerra, contra la guerra social”, y que ya se ha comprometido con los organizadores la presencia de más de 100 asistentes al mitin y 20 a la conferencia. Animó a los asistentes en la sala a, si no lo han hecho ya, adquirir un ticket para asistir o apoyar la celebración de estos eventos1. En las últimas páginas de nuestra revista encontraréis documentación acerca de ellos.

Luis González, como portavoz de los organizadores del acto, presentó una “Carta abierta a organizaciones y militantes” con el lema “¡No a la guerra! ¡Gastos militares para escuelas, viviendas y hospitales!”, invitando a la participar en la campaña de resistencia ante la guerra, y que adjuntamos a continuación.

En su exposición puso cifras al incremento del gasto militar. A nivel mundial alcanza la mareante cifra de 2,718 billones de dólares (un 9,4% más interanual) y que la OTAN, a pesar de representar el 12% de la población mundial, concentra el 55% del gasto militar, esto sin contar el incremento hasta el 5% del PIB de los países miembros que pretende imponer Trump.

Se estima que el Estado español ya gasta el 2,5% (más de 40.000 millones de euros), sin contar los gastos colaterales destinados a Defensa a través de otras partidas del presupuesto. Por otra parte lamentó que, a pesar del superávit fiscal actual, no se destine mayor presupuesto para el sistema sanitario a pesar del proceso de desmantelamiento que este sufre.

Según recientes encuestas el 65% de la población española rechaza la guerra. Según el CIS de abril, más del 83% está preocupada o muy preocupada con los bombardeos de Israel y EE.UU. en Irán, y más del 86% señala que ponen en riesgo la paz internacional. En este sentido hay que destacar la multitudinaria manifestación celebrada en Valencia contra la guerra como ejemplo a seguir en otras ciudades del Estado.

No estamos solos, hay que constatar que la población mundial observa y rechaza como los Gobiernos se implican cada vez más en las guerras, en un camino hacia la barbarie.

Los integrantes de la mesa fueron interviniendo uno tras otro tras la apertura de Luis González. Señalar a continuación algunas pinceladas de sus intenciones:

  • Jordi Salvador, diputado de ERC, se preguntaba ¿para qué la unidad de la izquierda? Es necesario dar contenido a la unidad, ¿para aprobar los 94.000 millones destinados a la guerra de Ucrania? ¿por qué debemos ahora creer que vamos en serio en la unidad? Debemos apoyar la unidad a partir de reivindicaciones no de liderazgos personales.

La única manera de acabar con la guerra es el internacionalismo, pero sobre la base de compromisos concretos.

  • Ángel Pasero, miembro de UCR, dijo que la república de izquierda es sinónimo de paz, y que es necesario denunciar los acuerdos con la OTAN y EE.UU.

También señaló que es el momento de la República ante una Monarquía cada vez más desprestigiada.

  • Isabel Cerdá, del Colectivo de Mujeres Republicanas. Para ella las mujeres son víctimas principales de las guerras, y su colectivo responde a una triple condición: de sometimiento como mujeres, de explotación como trabajadoras, y como participantes de una sociedad limitadamente democrática, y recordó que las mujeres siempre han estado en la vanguardia contra la guerra2.
  • Damián Rodríguez, habló como portavoz estatal de la COESPE, señalando que el movimiento de jubilados está contra la guerra y que en este sentido mandarán una delegación de la COESPE a la conferencia de Londres.
  • Miguel Sagüés de ASTRADE, representando también a nuestra revista, pidió extender el combate contra la guerra a la clase obrera, a sus organizaciones confederales, que de momento han mostrado una actitud marginal, limitándose a posicionamientos puntuales, locales o personales.

También pidió que, en esta lucha, avancemos a la celebración de un mitin en Madrid, con una posición de ruptura ante la guerra.

  • Xabier Arrizabalo, portavoz del CATP, denunció la situación límite de las universidades, ahogadas en sus presupuestos, mientras se dedican miles de millones a la guerra. En concreto y en primera persona, señaló que en la Comunidad de Madrid, Ayuso había destinado a la Complutense un 35% menos.

Por otro lado saludó que se haya celebrado el 8 de marzo un encuentro en México por el derecho a migrar.

Finalmente, desde la mesa, se leyó un mensaje de Manuel Ruiz, miembro de la extinta UMD, de apoyo al mitin de Londres3.

Tras estas intervenciones se abrió un breve debate para que interviniera quien lo deseara. Destacamos la intervención de Víctor Iniesta recordando que la juventud es perseguida para que sirva de carne de cañón para los infames planes de oligarcas y demócratas de salón en el altar de los beneficios. Señaló que en Ucrania hay alrededor de 200.000 jóvenes escondidos que se niegan a ir al frente, y que en Rusia decenas de miles de jóvenes se niegan a ir a la guerra: “son los verdaderos héroes”.

También recordó la resistencia, con huelgas y manifestaciones, que hay en Alemania ante la pretensión del Gobierno de restablecer el servicio militar, que hoy llaman voluntario pero que en caso de no conseguir reclutamiento suficiente se haría obligatorio. Y también el rechazo a la pretensión del Gobierno de que las personas de entre 20 y 45 años tengan que avisar a las autoridades militares cuando quieran ausentarse del país durante más de tres meses.

Anunció que en Francia, 500 jóvenes han publicado un manifiesto “¡Los jóvenes no vamos a ir a la guerra!” que concluye “Nosotros, estudiantes de secundaria, universitarios y jóvenes trabajadores, respondemos: ¡No al servicio militar!, ¡Macron, no queremos la guerra!”4.

Finalmente, el encuentro concluyó con un llamado a los presentes para que extiendan la convocatoria de la conferencia y el mitin del 20 de junio en Londres, y la preparación de delegaciones.

Enrique Dargallo, corresponsal de TS

1 https://www.tickettailor.com/events/stopthewarcoalition/2029668

2 Podéis encontrar un artículo de Isabel Cerdá en este sentido en la página 24 del n.º 174 de Tribuna Socialista: “8M 2026 – Mujeres contra la guerra”

3 Manuel Ruíz es un colaborador habitual de nuestra revista, y podéis encontrar un artículo suyo en este número en la sección “La Voz del Militante”.

4 Reproducimos este llamamiento en este número en el apartado “Especial contra la guerra”.

El “Destierro” de Marcelo. Castigado por denunciar la mala alimentación

«Marcelo es residente en Colmenar Viejo. Recientemente ha sobrevivido a 25 días de huelga de hambre para pedir comida digna en la Residencia en la que habita. Hoy, la Comunidad de Madrid responde con un expediente de traslado forzoso a Collado Villalba. No es un caso aislado; es un patrón de castigo.»

Soy hija de una de las 7.291 víctimas que la gestión de Isabel Díaz Ayuso dejó atrás durante la pandemia.

Conozco bien el dolor del silencio institucional, pero lo que está ocurriendo hoy en la residencia pública de Colmenar Viejo es un paso más en la crueldad: el uso del traslado forzoso como castigo.

En enero, Marcelo, un residente de dicho centro, me contactó desesperado. Llevaba diez días en huelga de hambre. ¿Su petición? Algo tan básico como comer dignamente. Las fotografías que me envió hablaban por sí solas: patatas y frutas podridas, pescados que daban mal olor, ultra procesados constantes y raciones que apenas calman el hambre. Un maltrato nutricional en toda regla.

A pesar de que mi denuncia ante la Fiscalía de Alcobendas y el Defensor del Pueblo provocó que estas instituciones se personaran y levantaran acta de la situación, la respuesta del Gerente del AMAS fue el desprecio, intentando tildar de mentiroso a un hombre que estaba poniendo en riesgo su vida por su dignidad. Marcelo abandonó la huelga a los 25 días por salud y por consejo de quienes le queremos, creyendo que su voz había sido escuchada.

Sin embargo, la “justicia” de la Comunidad de Madrid ha llegado en marzo en forma de expediente sancionador. El castigo para Marcelo no es una mejora en su menú, sino el destierro: una orden para deslocalizar a Marcelo forzosamente a una residencia en Collado Villalba, lejos de su entorno y sus apoyos.

Este no es un caso aislado. En pocas semanas hemos asistido a tres “expulsiones” similares en Madrid: un residente en el centro Colisée Vallecas, quien denunció la situación tras quejarse de la calidad del servicio, otra residencia vinculó la expulsión a la actuación del hijo de la residente, quien repartió hojas informativas entre otros familiares para denunciar deficiencias en el centro y animar a reclamar, y ahora Marcelo. Es un patrón claro de represalias. En la Comunidad de Madrid, si denuncias el maltrato, te eliminan del mapa.

Como sociedad, no podemos permitir que las residencias sean agujeros negros de derechos, sean públicas o privadas, pero máxime sin pertenecen a la Administración. Un residente no es un preso ni un objeto a merced de la gestión pública-privada; es un ciudadano con pleno derecho a denunciar una atención deficiente sin miedo a ser represaliado.

El deterioro del modelo de cuidados es una herida abierta en nuestra democracia. Necesitamos una gestión 100% pública y de calidad donde la voz del residente sea protegida, no castigada. Seguiremos luchando para que el traslado-castigo de Marcelo no se produzca. Porque si nos callan a uno, nos silencian a todos.

M.ª Mercedes Huertas Aguilera

Activista por la dignidad en las residencias

Ejército europeo ¿para qué? Federalismo, soberanía y poder democrático

Hablar de un ejército europeo exige a mi parecer ir más allá del debate superficial sobre seguridad y defensa. La cuestión central no es militar, sino política: ¿qué tipo de poder se construye en Europa y al servicio de qué intereses? En el contexto actual, la creación de un ejército propio de la Unión Europea solo puede tener sentido si forma parte de un proceso constituyente más amplio que transforme la Unión en una estructura verdaderamente democrática y federal, que responda a los intereses de la mayoría social.

Las guerras de Ucrania y Oriente Próximo han puesto de manifiesto una contradicción fundamental: La Unión Europea es un gigante económico, pero política y estratégicamente irrelevante. Su dependencia de la OTAN pone en evidencia su debilidad militar y su déficit de soberanía. Esta dependencia implica subordinación a los intereses de los USA, cuya actitud prepotente y belicista está siendo mayoritariamente rechazada por la opinión pública mundial, incluida la del papa León.

Proceso constituyente

Sin embargo, responder a esta situación con una simple integración militar sería un error. Un ejército europeo construido sobre las actuales estructuras de la Unión reproduciría las mismas lógicas tecnocráticas, intergubernamentales y poco transparentes que hoy limitan su legitimidad democrática. Por eso, la creación de un ejército común debe ir inseparablemente ligada a un proceso constituyente que redefina las bases políticas de la Unión Europa.

Este proceso constituyente implicaría, en primer lugar, una ruptura con el actual entramado institucional establecido en tratados como el Tratado de Lisboa. Dicho marco, basado en el consenso entre Estados y en una distribución compleja del poder, dificulta la toma de decisiones rápidas y, sobre todo, limita el control democrático. Para que un ejército europeo sea coherente con los intereses de la mayoría social, es imprescindible avanzar hacia una estructura federal en la que el poder emane directamente de la ciudadanía.

Gobierno europeo

Esto supone dotar al Parlamento Europeo de competencias plenas en materia de defensa, incluyendo la capacidad de autorizar o rechazar intervenciones militares bajo el mandato de Naciones Unidas, aprobar presupuestos y supervisar al poder ejecutivo. A su vez, sería necesario crear un verdadero Gobierno europeo, responsable ante el Parlamento, que asuma las funciones de política exterior y de defensa. Solo en este marco tendría sentido la existencia de un “ministerio de defensa europeo” que no responda a los intereses de los Estados más poderosos, sino al conjunto de la población representada en sus instituciones.

Esta mutación federal no debería enfocarse como una mera reorganización institucional, sino como una oportunidad para reconfigurar las relaciones de poder en Europa. La Unión Europea ha sido, en gran medida, un espacio funcional a la libre circulación de capitales y a la “disciplina fiscal”, con un déficit crónico en derechos sociales. El llamado “estado del bienestar” está seriamente amenazado por la deriva armamentista de la Unión. La apertura de un proceso constituyente permitiría introducir mecanismos de redistribución, armonización fiscal y protección de derechos laborales.

Ejército europeo

En este contexto, un ejército europeo podría desempeñar un papel distinto al de las fuerzas armadas tradicionales. Su función no sería la proyección de poder imperial, sino la defensa, a las órdenes del Gobierno, de un modelo social basado en la igualdad, la democracia y la sostenibilidad. Esto exige también redefinir su doctrina: priorizar la prevención de conflictos, la seguridad humana y la cooperación internacional, en lugar de la lógica de confrontación entre bloques que rige en la OTAN.

La integración militar, además, tendría efectos económicos relevantes. Actualmente, el gasto en defensa en Europa está fragmentado, duplicado y, en muchos casos, orientado por intereses industriales privados. Iniciativas como PESCO han comenzado a coordinar esfuerzos, pero siguen operando dentro de un marco limitado. Un ejército europeo en un contexto federal permitiría planificar de manera conjunta, reducir costes y, sobre todo, someter la industria de defensa a un estricto control público.

Aquí se abre una cuestión clave: la relación entre el Estado (o en este caso, una estructura federal europea) y el complejo militar-industrial. Sin mecanismos de control democrático, existe el riesgo de que este sector capture el proceso y lo oriente hacia sus propios intereses. Por eso, la construcción de un ejército europeo debe ir acompañada de políticas que garanticen la transparencia, eliminen la influencia de los lobbies y aseguren que los recursos se destinan a fines socialmente útiles.

Otro elemento fundamental es la dimensión internacional. Un ejército europeo en un marco federal podría contribuir a redefinir el papel global de la Unión Europea. En lugar de actuar como un miembro subordinado dentro de la OTAN -en crisis terminal- podría impulsar un enfoque basado en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la cooperación pacifica con otros Estados. Esto no elimina las tensiones inherentes al sistema internacional, pero sí abre la posibilidad de una política exterior más coherente con los valores democráticos y progresistas.

Reflexiones finales

Es fundamental que este proyecto no se construya “desde arriba”, sino que cuente con la movilización y participación de amplios sectores ciudadanos. Un proceso constituyente europeo debería incluir mecanismos de deliberación pública, referendos y formas de democracia participativa que permitan a los pueblos de Europa decidir sobre su futuro común. Solo así se podrá dotar de legitimidad a una transformación de tal magnitud.

España, en este contexto, puede desempeñar un papel relevante. Un gobierno de coalición, de amplia base progresista, que concite el apoyo y participación de sus viejas naciones históricas, tiene la posibilidad de impulsar este debate. Defender un ejército europeo no significa aceptar sin más la lógica actual de la Unión, sino trabajar para transformarla. Esto implica tejer acuerdos con otros grupos europeos afines, buscando una amplia alianza de fuerzas democráticas; promoviendo profundas reformas de sus instituciones y, sobre todo, conectando el proyecto europeo con las demandas sociales internas.

En última instancia, la cuestión del ejército europeo remite a una pregunta más amplia: ¿puede la clase trabajadora ejercer poder en un mundo globalizado sin construir estructuras políticas a la misma escala que el capital? La respuesta es obviamente negativa. Sin instrumentos de poder supranacional, las conquistas sociales quedan expuestas a la competencia entre Estados y a las presiones de los mercados.

Por ello, la construcción de una Europa federal, democrática y social no es a mi parecer una opción, sino la respuesta concreta a una necesidad existencial, que dé sentido, propósito e identidad al proyecto europeo. En ese marco, un ejército europeo puede ser una herramienta más -no la principal, pero sí relevante- para garantizar la soberanía popular, proteger derechos y contribuir a un orden internacional más justo. Es esencial que su construcción no se separe del proyecto político progresista que le da sentido.

Sin proceso constituyente, un ejército europeo corre el riesgo de ser simplemente una nueva capa de poder al servicio de las oligarquías. Mediante tal proceso, la creación de un ejército europeo puede formar parte de una transformación más profunda: la construcción de una Europa de los pueblos, capaz de decidir su propio destino en un mundo convulso y en disputa. El desarme nuclear universal habría de ser una finalidad irrenunciable, no solo para la viabilidad de este proyecto, sino, sobre todo, para la supervivencia de nuestra especie.

No quisiera finalizar la redacción de este modesto artículo, hoy 14 de abril, aniversario de la II República española, sin recordar a mi amigo y compañero de la UMD, Fernando Reinlein (1945-2026), que hoy cumpliría 81 años.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de navío de la Armada (retirado)

Ex miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).

¡Ganadores y perdedores de la guerra!

Behzad Karimi

«La guerra habrá terminado / Y los líderes se darán la mano / Pero la anciana esperará a su hijo / Y la joven espera a su marido / Y esos niños esperan a su padre / No sé quién vendió la patria / Pero sé muy bien quién pagó el precio.» 

Del poeta palestino Mahmoud Darwish.

La guerra se ha detenido por el momento, porque ha llegado a un callejón sin salida. En la mañana del 8 de abril, Trump y la República Islámica anunciaron el cese de la guerra que, de momento, ha durado cinco semanas. Comunicaron que habían alcanzado un acuerdo de alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán, ante su propia impotencia y por las presiones globales y regionales. Aunque Israel también ha anunciado que se adhiere al alto el fuego, aún no es posible afirmar con certeza que no sea frágil. Sin embargo, la esperanza es que el alto el fuego se mantenga y que se inicien conversaciones entre Washington y Teherán.

Es característico de cualquier guerra que cuando finaliza, ya sea larga o corta, se ponga sobre la mesa quienes son los ganadores y quienes los perdedores. Esta guerra esta afectando a la economía y a la política de Estados Unidos, a la estructura y régimen de la República Islámica, las ecuaciones globales, geopolíticas y geoeconómicas de la región y del resto del mundo. y finalmente, en mayor o menor medida, la vida y riqueza nacional del pueblo iraní. En cualquier caso, incluso si el alto el fuego logra una paz duradera, la situación antes y después de esta guerra será diferente.

El primer ganador del acuerdo es el pueblo iraní, que sufre la guerra. Una guerra pagada en vidas e infraestructuras, y por tanto, cuando antes termine serán menores las perdidas. El pueblo iraní paga el precio por las aventuras de la República Islámica y cae bajo el cuchillo de Trump y del agresor y criminal de guerra, Netanyahu. Desde el principio el pueblo iraní exigió el alto el fuego inmediato.

Los principales ganadores de esta guerra son los gigantes armamentísticos y los monopolios petroleros de Estados Unidos. A lo largo de la guerra, el precio del petroleo está superando los 100 dólares, lo cual ha permitido que el esquisto exclusivo de EE.UU. produzca un beneficio abrumador compensado con el mayor coste de producción de los recursos petrolíferos mundiales. La industria armamentística estadounidense también obtiene beneficios astronómicos al destinar una parte creciente de los presupuestos a la “defensa”, a cuenta del aumento del endeudamiento público. Por supuesto, la Rusia de Putin también está encantada con el aumento de sus ventas de petróleo.

Dejando de lado a estos ganadores, el resto son todos perdedores. ¡Una guerra en el sentido de perder, perder! En primer lugar, la administración Trump sufre una gran pérdida de credibilidad, se la acusa en Estados Unidos de incumplir sus promesas electorales, también de exponerse a una grave derrota en las elecciones de mitad de mandato, de alejar a sus aliados tradicionales, y de crear un sentimiento de inseguridad en los países de la región. Trump y sus secretarios de Estado y Defensa se enfrentan a una acusación como criminales de guerra, no solo de palabra, también en la práctica.

Netanyahu, que aparentemente logró mejorar su posición política entre la opinión pública israelí, es más odiado que nunca entre la opinión pública de los países de la región y del mundo. Su Gobierno ha fracasado ante el pueblo israelí en su promesa ilusoria de destruir la República Islámica y dar forma a un nuevo Oriente Medio. Además, la guerra tiene un enorme coste financiero para Israel, y su Gobierno extremista también deberá rendir cuentas por ello.

Aunque la República Islámica vende su firmeza y preservación a pesar de los ataques de las dos grandes potencias militares –una a nivel global y otra regional– como una victoria, refleja el deterioro de la vida de un sistema que solo piensa en su supervivencia. El régimen perderá su cohesión, temporal e inevitable durante la guerra, cuando esta acabe, y como resultado de su colapso interno por la lucha de las diferentes facciones dentro del poder. Los golpes causados por la guerra se revelarán después de la misma. Y será el momento en que la sociedad, hirviente y herida, preguntará al régimen, por qué el país cayo en el abismo de la guerra y ¿quienes son los culpables? A pesar de los planes diabólicos de Trump, Estados Unidos y el Gobierno Israelí, se preguntarán ¿era inevitable la exposición de Irán a la guerra? Las últimas declaraciones de varios concejos de los estudiantes en muchas universidades del país, incluso, antes del anuncio del alto el fuego se dirigían todas en este sentido.

Sin embargo, una parte de la oposición al régimen perdió su reputación, liderado por el señor Pahlavi, que fingía ser el salvador del país y animaba a los invasores.

Debemos alegrarnos del anuncio del alto el fuego, también debemos estar atentos a la fragilidad de la tregua, y luchar por preparar una paz duradera promoviendo sus condiciones. Esto también depende de los desarrollos políticos fundamentales en ambos bandos de esta guerra, que se desató en la primavera de 2024, luego la guerra de los doce días en el verano de 2025, y que al comienzo del año nuevo persa llevó al país a una guerra sangrienta.

Vincular el inicio de la guerra y su continuación a la vida del sistema no es un enfoque responsable, ni la tregua supone el fin o la duración del sistema. La guerra es el mal absoluto, destructiva y mortal. Ahora es el momento de compensar la no celebración de la fiesta del año nuevo persa dando la bienvenida a la verdadera primavera del país. El pueblo iraní, apoyándose en sus movimientos sociales, asediará a este régimen. El sistema en bancarrota se verá destrozado como resultado del colapso económico interno y del golpe simultáneo de la sociedad.

El pueblo seguirá luchando contra el régimen para acabar con él, pero en otras condiciones. Es un hecho que, incluso antes de la tregua, la República Islámica había lanzado una campaña de represión en el transcurso de las protestas del mes de diciembre y enero, persiguiendo a los críticos con el régimen y ejecutando a los detenidos. En este sentido, debe librarse una lucha coherente y colectiva. Pero con una mirada más profunda a la confrontación entre la sociedad y el régimen se puede ver su colapso en el horizonte.

Un horizonte que se abrirá con una lucha en nivel nacional e integral.

Behzad Karimi

Miembro fundador del Partido de Izquierda de Irán.

¿De verdad somos un Estado aconfesional?

Dice el artículo 16.3 de la Constitución que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, de lo que se desprende que España es un Estado aconfesional. Esto es igual de cierto que lo que dice el artículo 14 “Todos los españoles son iguales ante la ley,…”.

El Acuerdo entre el Estado y el Vaticano de 1979, firmado a la vez que la Constitución, es una continuidad del Concordato franquista de 1953, con la diferencia formal de que el nacionalcatolicismo se declaraba un Estado confesional y desde el 1978 decimos lo contrario, pero en los hechos el Estado continúa teniendo una relación con especial con la Iglesia.

Algunos ejemplos de privilegios para el catolicismo:

  • El Estado da dinero a la Iglesia vía IRPF. En la campaña de la Renta de 2024 la Iglesia recibió 429 millones de euros.
  • El Estado da dinero a los centros educativos concertados, de los que el 60% son propiedad de las distintas órdenes religiosas. En 2023, 7.745 millones se inyectaron por el Estado en los colegios concertados.
  • El Estado es consentidor del adoctrinamiento de las niñas y niños en las aulas de los colegios concertados, en algunos incluso se segrega a las niñas y los niños.
  • La Ley Orgánica 2/2006 (LOE) estableció la religión católica en la educación pública y la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) consolidó este anacronismo educativo.
  • Los inmuebles de la Iglesia están exentos de pagar IBI, incluidos los centros educativos, que son un negocio con ánimo de lucro.
  • Hacienda no grava con impuestos el cepillo de la Iglesia, por el que se estima se recauda más de 300 millones de euros anuales.

Estos son algunos ejemplos de las muchas ventajas que la Iglesia católica tiene en nuestro país, amparados en el ya citado Acuerdo de 1979.

Otra de las ventajas del Estado Vaticano en España es que la Iglesia tiene sus propios tribunales de justicia. Esto, junto con el poder que el franquismo otorgó a la Iglesia; es de suponer que en agradecimiento por su inestimable colaboración con el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936.

Ese poder de los curas en el franquismo, les dio carta blanca para abusar de niñas y niños durante décadas, unos abusos cuantificados en el Informe encargado por el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo, que arrojó una estimación de 200.000 casos de abusos sexuales por parte de clérigos, cifra que asciende a 400.000 si se incluye los abusos cometidos por laicos en entornos religiosos. La Conferencia Episcopal reconoce que, solo en el periodo 2020 a 2025, ha recibido denuncia de más de 1.000 casos. Cada día aparecen nuevas denuncias y va quedando acreditado que los dirigentes eclesiásticos ocultaron estos execrables delitos, moviendo de parroquia a los pederastas, colaborando de este modo en la comisión del delito.

Tanto la evidencia de que en realidad no somos un Estado aconfesional, el hecho de que la Hacienda Pública tiene una hemorragia de recaudación y la indecencia de que, como otros delincuentes, la Iglesia se vea exenta de responsabilidad por la prescripción legal de su complicidad con la multitud de pederastas que tiene en su seno, hace necesaria la ruptura del Acuerdo del Estado con el Vaticano y la derogación de todas las leyes y normas que otorgan un trato especial a la Iglesia católica, comenzando por derogar el precepto legal que establece la religión como una asignatura en la educación pública.

Son necesarias iniciativas como la que han 60 organizaciones y decenas de personalidades han puesto en marcha, con un manifiesto por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede (ver en laicismo.org)

No seremos un país moderno mientras no rompamos con el pasado.

Roberto Tornamira

Presidente de ASTRADE

Juanma: la falsa moneda

Por sus hechos (frutos) los conoceréis es la frase qué, según el Evangelio de Mateo, Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña para advertir a los fieles sobre los falsos profetas que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Metáfora para significar que las personas demuestran lo que son por el resultado de sus acciones y no por sus palabras, cuyo paradigma actual es el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que le gusta que le llamen Juanma, para denotar y acentuar una campechanía falsa que no cuadra con sus acciones de Gobierno.

De ahí que le cuadre también ese otro aserto popular, atribuido a Napoleón Bonaparte, de puño de hierro en guante de terciopelo para expresar que la dureza de las acciones que se toman, deben disimularse con una aparente gentileza; es decir, una falsa preocupación por el efecto negativo de su gestión sobre las personas afectadas.

Juanma es experto en el empleo de estas estratagemas hasta el paroxismo de romper a llorar—con evidentes lágrimas de cocodrilo—en el acto conmemorativo del Día de Andalucía al recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas. Sin embargo, no tuvo ninguna palabra de aliento o apoyo para las víctimas de los recortes en la sanidad pública andaluza, cuyo epítome es el caos de los cribados para prevenir el cáncer de mama. Negligencia que ha propiciado que un número indeterminado de mujeres, que la Junta no quiere contar, hayan desarrollado un cáncer que ha provocado, de momento, tres muertes confirmadas como denuncia la Asociación Amama que aglutina a las afectadas, más de 2000, que desde hace quince años ayuda a las mujeres con este tipo de patología.

Desarrollar el arte de simular que uno se siente concernido con los problemas que afectan a la ciudadanía y, a la vez, ocultar que son produzco de una política deliberada de laminar los servicios públicos, requiere de una oratoria de dicción pausada, una gestualidad suave en los movimientos y las formas, un lenguaje simple y un tono monocorde, sin énfasis, que adormece al auditorio. En éste ámbito Juanma es imbatible al presentarse como una persona amable que no ha venido a romper nada, sino a dar estabilidad. La palabra mágica que utiliza para describir su ejecutoria, que no resulta hiriente a nadie y le sirve para ocultar, sin ruido, lo que se hace por detrás.

Pero la estabilidad que verbaliza no se compadece con los efectos que produce su política de laminación sistemática de los servicios públicos, que ha llevado a decenas de miles de andaluces a denunciar el caos sanitario con manifestaciones constantes en las ocho provincias andaluzas, por los recortes de gasto en la sanidad pública para derivarlos a la sanidad privada. Los datos son palmarios. Según el Ministerio de Sanidad, a final de 2025 en Andalucía doscientas mil personas estaban en lista de espera para una operación lo que supone un aumento del 144% desde que Juanma llegó al poder en 2019. Desde entonces la sanidad privada ha recibido 4.600 millones, a los que se sumaran los 705 millones previstos para 2027, año en el que el presupuesto sanitario público tendrá un recorte de 244 millones de euros. Cifras que sitúan a la Comunidad andaluza en el cuarto puesto por la cola, por debajo de la media nacional de gasto en sanidad pública por habitante junto con Murcia. C. Valenciana y Madrid.

Se comprende así que Juanma haya declarado recientemente que la sanidad pública será inviable en un plazo de cinco años, por lo que plantea la necesidad de una reforma profunda que, en román paladino, significa que habrá que incentivar los seguros sanitarios privados. Declaración que viene a justificar que a Juanma le preocupe poco, o nada, el deterioro de la sanidad pública evidenciado en el caso de los cribados porque, tras la operación quirúrgica de cesar a la Consejera de Sanidad que negó la negligencia cometida, se sigue negando que se hayan alterado los expedientes de las afectadas para opacar el desaguisado como denuncia Amama. O se mantiene la falta de transparencia sobre la desaparición de expedientes relacionados con contratos suscritos a dedo durante el COVID, cuya suma asciende a 242 millones de euros.

En el capítulo de promesas incumplidas la lista es larga. Sigue sin presupuesto el mil veces prometido tercer hospital para Málaga, como el anunciado más de diez veces hospital Mijas-Fuengirola. En ninguno se ha puesto ni un ladrillo, mientras aumentan las denuncias ciudadanas por la falta de centros y recursos en la atención primaria. En el capítulo de infraestructuras, sigue incumplida la promesa repetida mil veces de ampliación del tren de cercanías hasta Marbella y Estepona. Igual con la mil veces anunciada y nunca ejecutada Autovía de Ronda, por reseñar los más significativos.

En el ámbito educativo mantiene la sistemática falta de plazas públicas que afecta, de manera lacerante, a más de 2.000 familias en la provincia de Almería. Denuncia a la que se suman, según los sindicatos de la enseñanza de Andalucía, la eliminación de 10.000 plazas, mientras hay más de 500 millones presupuestados sin ejecutar, pero se aumenta el gasto en la enseñanza concertada a la que Juanma ha destinado más de 1.000 millones en los últimos cinco años, a la vez que se ha permitido el lujo de rechazar 112 millones de euros procedentes del Estado para la creación de plazas públicas. Para terminar este somero recuento del desinterés de Juanma por solventar los problemas de los andaluces, reseñar que la Junta de Andalucía solo ha construido 3.800 viviendas VPO en cinco años para una población de más de ocho millones de habitantes, a pesar de tener las competencias en vivienda, y ha optado por fomentar la colaboración público privada.

Datos que reflejan una gestión que no mira por el bienestar de los andaluces que Juanma ya no puede ocultar refugiándose en una imagen, impostada, de niño que no ha roto un plato y que se preocupa por las necesidades de todos sus administrados, sino por la de unos pocos, los señoritos de siempre, los capillitas, como les llaman en Sevilla. Prueba de ello es la alta abstención del 41,46% de electores que no fueron a votar en las autonómicas de 2022. Colchón de votantes desilusionados que, junto a la caída de velo de bonhomía falsaria de Juanma, son un enorme nicho de acción política para que la izquierda recupere el poder en Andalucía.

Por eso en las próximas elecciones queda mucho recorrido para desmontar el mensaje de que el pescao ya está vendido como afirman en privado sus acólitos, si se incide en demostrar con datos de su ejecutoria la mentira que se esconde detrás de la estabilidad que repite Juanma, y repetirá mil veces durante la campaña electoral. Que no es oro todo lo que reluce, porque la estabilidad que pregona beneficia el negocio de los poderosos de siempre. De ahí que movilizar esa bolsa de abstencionistas, cifrada en 500.000 electores, debe ser el objetivo y a los que hay que devolver la ilusión con mensajes nítidamente de izquierdas que rompan el trampantojo de la pax andaluza en la que Juanma es el César maximus.

Vicente Mateos Sainz de Medrano

Periodista, profesor universitario

y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.

¡¡¡Ni un voto para las derechas!!! Unidad sí, pero en base a reivindicaciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido adelantar las elecciones regionales al 17 de mayo de este año. Según la oposición, este adelanto corresponde a la voluntad de Moreno Bonilla de eludir durante las elecciones el «caso Mascarillas» de Almería, por: prevaricación, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, organización criminal y blanqueo de capitales; juicio que está fijado entre el 28 de mayo y el 26 de junio.

¡El blance de la legislatura del PP se traduce en una política dramática para la población!

Sanidad: Se calcula que más de 4.700 millones de euros han ido a manos de la sanidad privada, lo que representa la mitad del aumento de presupuesto del que presume la Junta. Hay 1.000.000 de personas en listas de espera.

Según las Mareas Blancas de Andalucía, este proceso continuado de destrucción programada ha llevado a que, en el presente año, por primera vez, Andalucía muestre los peores indicadores sanitarios de todas las CC.AA., como recoge el informe anual de la FADSP. Hemos visto consecuencias terribles con el caso de los cribados de cáncer de mama (…); se ha aumentado la proporción de fondos públicos derivados a conciertos privados en un 70% y se han eliminado mecanismos de control de gasto como la subasta de medicamentos. Esto se traduce en dinero público destinado a aumentar el capital privado.

Ley de Dependencia: A fecha de abril de 2026, Andalucía registra más de 54.000 personas en lista de espera de dependencia, consolidándose como la segunda comunidad con mayor demora en España. Los tiempos de espera superan los 470-500 días, con el resultado de que miles de demandantes de plazas en residencias u otros servicios de dependencia fallecen antes de recibir la resolución de su prestación o del Programa Individual de Atención (PIA).

Universidad: La proliferación de universidades privadas en Andalucía ha generado un intenso debate y el rechazo en las universidades públicas de los sindicatos del profesorado y de estudiantes, que denuncian una estrategia de «privatización» y «mercantilización» del sistema educativo superior por parte del Gobierno andaluz. Se han autorizado numerosas titulaciones en centros privados que ya se imparten en la pública, mientras se aprueba una nueva legislación que, según los rectores, limita la autonomía universitaria.

La aprobación de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), por parte del PP, ha sido criticada por la comunidad universitaria al considerarse que facilita la privatización y limita la autonomía de las instituciones públicas.

Vivienda: Andalucía está en una situación no solo crítica, sino también dramática para un gran número de trabajadores y sus familias, incapaces de financiar una hipoteca o un alquiler. Sin embargo, mientras el conjunto de España registró un retroceso significativo, Andalucía volvió a situarse como la comunidad con más pisos vacacionales. Según CCOO, en Andalucía hay 641.437 viviendas vacías que representan el 13,7% del total.

Podría seguir con muchos más temas, datos y consecuencias de las políticas del PP en Andalucía, pero lo importante es subrayar las enormes movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública, por el derecho a la vivienda, por las pensiones públicas, etc. Varias plataformas llaman a la «Máxima Unidad de la Izquierda de cara a las elecciones del 17 de mayo», cosa que se ha conseguido parcialmente con la presentación de Por Andalucía, que incluye a Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Podemos, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz. Quedan fuera tanto Adelante Andalucía como, por supuesto, el PSOE-A.

Necesitamos la unidad de todas las organizaciones de la izquierda, pero en base a un programa en torno a las reivindicaciones, con propuestas y compromisos claros para resolver los problemas de la mayoría de las andaluzas y andaluces.

Es evidente que, sin un verdadero frente de izquierdas, incluyendo a todas las formaciones de izquierdas y democráticas sobre la base de un programa claramente en ruptura con las políticas destructivas de las derechas, no lograremos terminar con la mayoría del PP, que, además, cuenta con el apoyo del rancio fascismo de VOX.

Antonio Herranz

Militante socialista en Andalucía, en defensa de lo Público