“BILLY” Torturas, impunidad, silencio

El martes 3 de Noviembre se inició el Festival de Cine de Sevilla, en su transcurso se estrenó “Billy” Torturas, impunidad, silencio”, una película-documental del cineasta Max Lemcke, en la que he colaborado dando mi testimonio.

Reconozco que aún no he visionado el montaje completo, lo dejo para la emoción que ese día experimentaré en la sala de proyección de su estreno. Eso si el dichoso coronavirus lo permite y si no desde casa telemáticamente.

Espero que sí, porque de alguna manera ese trabajo de Lemcke supone pagar una parte de la deuda que la sociedad española tiene, con las gentes que sufrimos a ese siniestro personaje.

Antonio González Pacheco fue (digo bien porque el coronavirus se lo llevó el pasado mayo), un miembro relevante de la brutal Brigada Político Social BPS, que durante el tardo franquismo persiguió con saña,  a los demócratas que luchábamos para finiquitar aquel régimen de opresión y  terror.

Su actividad se centró fundamentalmente en el ámbito universitario, aunque no sólo, donde se convirtió en una oscura leyenda como su apodo; “Billy, el niño”, supongo que debido a su forma aniñada y la crueldad que le caracterizaba.

La BPS cumplió el papel de perro de presa del régimen y allí se dieron cita policías profesionales que querían lanzar sus carreras, adictos a la ideología dominante y también psicópatas como “Billy” que disfrutaban haciendo sufrir, humillando a sus víctimas.

Su misión al ejercer sus interrogatorios y sus torturas, no fue tanto conseguir información como destrozar física y psicológicamente a sus víctimas. 

La película trata sobre eso y recoge los testimonios de una veintena de demócratas, entre ellos el mío que en diversas ocasiones he relatado en mis artículos, que durante los años setenta fuimos detenidos, interrogados, sufrimos malos tratos y torturas a manos de ese canalla.

Entre otros  José María “Chato” Galante, al que las paradojas del destino  arrebató también el virus justo unas semanas antes que “Billy”. Víctima y victimario unidos por la pandemia, justicia a medias.

Ese día 11 de Noviembre será uno de esos que se consideran históricos, porque quienes asistan a su visionado no solo estarán observando una pequeña parte de nuestra historia, también escucharán a quienes dejaron una parte de su vida para que ahora podamos disfrutar de esta democracia.

Un sistema imperfecto, defectuoso en algunos aspectos, con elementos a corregir, pero democracia al fin y al cabo.

No se hablará de gentes ya fallecidas, sino que serán testimonios en primera persona de víctimas vivas. Es probable que también hablemos en nombre de otras que no pueden hacerlo. En mi caso además de en “Chato” pensaré en Enrique Ruano.

Ojalá ese día acuda mucha gente joven, porque necesitamos que las nuevas generaciones conozcan lo que aquí ocurrió hace apenas 50 años.

Es probable que al ver y escuchar nuestros testimonios, puedan apreciar con nitidez las diferencias que existen entre la dictadura de la que disfrutó “Billy” y la democracia de ahora.

Les pediría que después extiendan por doquier su experiencia de ese día, para que más y más jóvenes lleguen a verla y escucharnos. Lo necesitamos, será así una  labor didáctica de higiene democrática imprescindible.

Entonces te perseguían, te detenían, te apaleaban o torturaban, por el “delito” de luchar por las libertades en nuestro país, por el sólo motivo de opinar diferente que el poder establecido.

Para ello utilizaron a sus perros guardianes de la BPS, a gentes como “Billy”, para garantizar su perpetuación.

Los que escucharéis allí, sólo y nada menos demandamos memoria, justica, reparación.

Memoria para que jamás se olvide lo que ocurrió, que quede en la memoria colectiva de nuestro pueblo, justicia para que quienes lo perpetraron de alguna manera lo paguen y reparación para que la sociedad, nuestros dirigentes, reconozcan el sufrimiento que padecimos.

Por ejemplo que la próxima Ley de Memoria Democrática recoja la retirada de cualquier condecoración o reconocimiento de quienes nos maltrataron y torturaron y en concreto de “Billy” a manera póstuma.

Desde estas líneas animo a que se acuda al estreno de “Billy” Torturas, impunidad, silencio” el próximo 11 de Noviembre en Sevilla y que después se haga un esfuerzo para distribuirla en los cines y las televisiones a lo largo y ancho del país, con el fin de  que sea vista por la mayoría de la ciudadanía. Nos lo deben, nos lo debéis.

Que en este país nunca jamás existan torturas, ni impunidad, ni mucho menos silencio. El 11 nuestra voz retumbará como un grito a favor de todo ello.

Veremos………..

José Luis Úriz Iglesias

(Ex parlamentario y concejal de PSN-PSOE)

Villava-Atarrabia

Galdós es de los grandes, pero Grandes no es de los de Galdós.

Por Martín Lozano

Este año se ha celebrado el centenario de la muerte de Don Benito Pérez Galdós, quiero escribirlo así con el Don y los dos apellidos, solo algunos lo merecen, otros con el nombre o el apellido van que chutan, un populismo éste que me gusta. Hablando de populismos, Don Benito, que no era de la clase obrera, la retrató como pocos y, no inventó, pero popularizó lo que podría llamarse Novela Histórica, con una particularidad, hizo protagonistas, además de a los grandes personajes, a los pequeños partícipes de esa historia. La Ilíada, La Odisea, La Biblia son grandes novelas históricas, pero Don Benito nos contó los grandes hechos de nuestro país a través de actores sencillos, que en sus Episodios Nacionales transcurren desde el primero, Trafalgar, comienzo de la primera serie, hasta la Restauración Borbónica en su inconclusa cuarta serie. Todo el siglo XIX.

Aprovechando los fastos los Episodios están en los quioscos en una edición cara y de dudosa calidad, pese a la publicitada encuadernación en ‘oro’ y con los ‘grabados originales’, reproducidos en una paupérrima resolución. Alguien que pese a su apellido no estará nunca entre los Grandes se ha atrevido a llamar a una parte de su obra ‘Episodios de una…’ y en cada entrevista y en los videos de la gran exposición que ha hecho la Biblioteca Nacional sobre Don Benito tiene la osadía, ella es muy osada, de decir que admira a Don Benito, que es una devota y humilde aprendiza y que es en su honor (todo esto, por supuesto, con ese vozarrón que la naturaleza y la vida le han dado). Pese a la gran corte de admiradores y lectores que tiene si quisiera parecerse en lo más mínimo a Galdós dejaría de ser tan sectaria en su dichosa serie, en la que aplica la técnica, con resabios estalinistas, de que si algún acontecimiento o dato histórico contrastado le molesta para sus fines políticos, simplemente lo cambia, lo modifica o lo amputa. Entre esos fines, que son varios, está, también muy estaliniano, la divinización y el culto a la personalidad del líder, en este caso histórico: llámese Líster, Modesto, Ibárruri o Antón.

También con el nombre de ‘España Salvaje. Los otros Episodios Nacionales’ se ha publicado una selección de textos de varios autores que nos hace viajar por el territorio del horror hispano a lo largo del siglo XX, intentando contestar a una pregunta imposible: ¿Qué es España? ¿Es solo Una? ¿Alguna vez ha sido Grande? ¿Llegará a ser Libre? Unamuno, Valle Inclán, el viaje de una nación y su paso por el colonialismo, el imperialismo, el fascismo, el franquismo. Un viaje muy interesante.

Volvamos a Don Benito, centro real de esta digresión. Además de los personajes del pueblo que aparecen en sus magistrales Episodios Nacionales, en el resto de su obra también hay donde elegir: Marianela, Fortunata y Jacinta, Tristana, Doña Perfecta, Tormento, Misericordia. Paro aquí, no tengo páginas para describir su ilimitado universo literario.

Varias veces sonó para el Premio Nobel de Literatura. Los bien pensantes de este país pusieron todo su empeño en impedirlo, los clericales, los conservadores, vamos, los patriotas de siempre, los que prefieren que antes que un rojo, entonces el término no estaba tan consolidado como años más tarde, pero el concepto era el mismo, pues preferían que el galardón y el premio se lo llevara un escritor inglés o un francés que Don Benito, liberal, en el mejor sentido de la palabra, y republicano. Se gastaron una pasta en hacer una campaña internacional para impedirlo, como los de ahora, acordaos de Aznar haciendo el ridículo en EEUU con su tejano vallisoletano y al Partido Popular en el Parlamento Europeo torpedeando a Sánchez y por extensión a España. «Antes rota que roja o muerta que de otro». ¡Ay! La vieja idiosincrasia catolicona de los patrióticos caballeros españoles. ¿Caballeros o arrieros?

Mi manía contra Almudena, sí, he de reconocerlo, no viene de nada, me parece una buena escritora sin más, a ratos una pelmaza, con demasiada carga mediática inmerecida. De izquierdas, feminista, procaz y escribe en El País, además puede que si yo estuviera casado con el director del Instituto Cervantes vendería algunos miles de mis libros, solo puede, ¡eh! También puede que si hubiera firmado las ‘Edades…’ como Manolo Los tengo, Grandes no hubiera ganado el ‘Sonrisa Vertical’, también puede, pero eso no se sabrá nunca. Lo que tengo claro es una cosa, Don Benito es de los grandes escritores en castellano y merece la pena leerlo.

Gracias por todo Maestro. Salud Compañero.

Martín Lozano

Tribuna Socialista-Madrid

Conclusiones encuentro estatal CATP 7N

ENCUENTRO ESTATAL CATP 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

El pasado 7 de noviembre se realizó el encuentro estatal en defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y democráticos, y por la República.

El Acto en el que Tribuna Socialista participó, tanto en su organización como en el debate, dado el carácter de miembro del CTAP, contó con la participación de más de 200 personas, que de forma individual o en representación de sus organizaciones o mareas, decidieron participar del debate y las conclusiones del mismo.

En este número de Tribuna Socialista creemos necesario informar tanto del manifiesto que se aprobó en dicho acto como de las iniciativas que se presentaron por parte de los participantes.

Manifiesto por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan para ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social, compuesta entre otros por:

  • Los trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus derechos y su poder adquisitivo.
  • Los desempleados y desempleadas que ven como su situación se cronifica sin solución.
  • Los que sufren un ERTE y temen el despido, a pesar de las ayudas y exenciones económicas recibidas por sus empresas.
  • Los que sufren aislamiento por el coronavirus y ven con miedo que la pandemia se desborda.
  • Los estudiantes que ven como la enseñanza “telemática”, y los escasos medios humanos y materiales de la enseñanza pública burlan su derecho a la educación. Jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio.
  • Los que sufren la legislación obsoleta de protección de niños, niñas y adolescentes, que facilita desvincularlos de sus familias biológicas. Son miles los casos de menores de edad tutelados por las comunidades autónomas, pero en la práctica esa custodia la ejercen a menudo empresas privadas, que dictan expedientes de riesgo y desamparo, de manera arbitraria.
  • Los pensionistas y los trabajadores y trabajadoras hoy, pensionistas mañana, que defienden el sistema público de pensiones y ven que el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo no restituye los ingentes fondos que se han detraído de la caja para el pago de las pensiones.
  • La población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud.
  • Las mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial.
  • Las familias bajo el umbral del hambre. Las que temen por la vida de sus mayores en las residencias.
  • Los autónomos, los falsos (asalariados bajo fórmulas mercantiles) y los verdaderos, a los que se les expulsa del mercado en el que se privilegia a las grandes corporaciones.

Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de enfrentarnos a ese falso dilema, cuyo objetivo es disfrazar la lucha de clases con todo tipo de eufemismos. Las medidas que están tomando los gobiernos, para afrontar la pandemia y sus efectos, no afectan por igual a explotadores y explotados, a ricos y a pobres. Mientras los primeros aumentan sus fortunas, y aprovechan la situación para imponer nuevas bajadas de salarios y recortes de derechos, los segundos sufren las consecuencias de la crisis económica galopante. Para ahogar las exigencias de la mayoría se fomentan formas de autoritarismo y represión. La clase dominante quiere imponer su visión de que lo bueno para ellos, es bueno para la totalidad, como cuando el presidente de la CEOE ha criticado la limitación del precio de los alquileres, tachando la medida de ideológica, pero, a este mismo señor, no le debió parecer ideológica la venta de viviendas sociales a fondos buitre y guardó silencio.

Quienes tratan de aprovechar la pandemia para llevar agua al molino de sus intereses, intentan someter a toda la sociedad y a las organizaciones obreras y populares a su voluntad. Para ello mantienen las contrarreformas laborales y de pensiones favorables a sus intereses, exigiendo a la mayoría trabajadora del país que renuncie a defender sus derechos y reivindicaciones. Las compañeras y compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS REIVINDICACIONES SE DEFIENDEN.

Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:

  • La derogación íntegra de las reformas laborales. Contra las que la clase trabajadora se levantó en huelga general, en tres ocasiones, en 2010 y 2012.
  • La derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y una auditoría, sin límites temporales, que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social destinados a pensiones.
  • La derogación de la «ley Mordaza», que cuestiona las libertades de expresión y movilización.
  • La derogación del artículo 135.3 de la Constitución, que cuestiona el gasto público para la defensa de la salud y el bienestar de los pueblos.
  • La derogación del artículo 315.3 del Código Penal (a la espera de que la proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE en el Congreso, para derogarlo, llegue a buen fin).
  • La defensa de la sanidad y la educación públicas, y un presupuesto de emergencia para salvarlas.
  • La derogación de la Ley 15 de 25 de abril/1997, “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema de Salud Pública”. Verdadera puerta de entrada de la empresa privada en la gestión del Sistemas Público de Salud.
  • La devolución al Estado, hasta el último euro, de los fondos entregados a la banca privada. La creación de la banca pública.
  • Un plan de inversiones y empleo público para crear miles de empleos.
  • La libertad de los presos políticos encarcelados por defender el derecho de las nacionalidades y regiones existentes en el Estado español a decidir cómo quieren relacionarse entre ellas libre y voluntariamente. Continuar y amplificar la campaña por la amnistía de los presos políticos catalanes.
  • La derogación íntegra de la LOMCE y de todas las contrarreformas educativas.
  • La abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de los que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo.
  • El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social.
  • La exhumación de todas las víctimas del franquismo. La anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad y los derechos de los pueblos, como parte del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.

Puntos de partida básicos que nos permitirán abordar con una lógica distinta, en beneficio de la mayoría, la reconstrucción y el bienestar de esta sociedad. Para ello es necesario acabar con instituciones franquistas enquistadas en el sistema, que hacen imposible conseguir buena parte de las reivindicaciones. Hoy es indispensable un cambio social y político.

La minoría de la sociedad se empeña en continuar el viaje de la historia en un vehículo que pro- tege sus intereses, la Constitución de 1978, que nos ha hundido en la actual crisis económica, social y

de convivencia. Una Constitución que fue condicionada por el aparato del Estado franquista, que dejó las instituciones del Estado infectadas de adeptos que añoran el autoritarismo, la arbitrariedad criminal y usurpadora de la dictadura. Elementos que someten la vida de los pueblos a los intereses de los poderes económicos parásitos: en la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la polí- tica, en los medios de comunicación… todos ellos al servicio de la oligárquica casta política y social.

Hay que aportar medios a los trabajadores y trabajadoras y a los pueblos, para salir del abismo en que nos están hundiendo. Compartimos el concepto arraigado de la justicia social, del bien común y del respeto a la vida, nos rebelamos contra un sistema económico que está diseñado en función de los intereses de la minoría: la oligarquía que desprecia la vida de nuestra clase social. El movimiento obrero y democrático necesita recuperar y fortalecer las organizaciones creadas y levantadas por los trabajadores jugándose la vida y la libertad, incluso durante la dictadura franquista. Tienen que acentuar el giro hacia la defensa de las prioridades de la clase trabajadora, no solo en los discursos y programas: también en los hechos, rompiendo con la lógica del mercado, defendiendo los derechos que nos dejaron en herencia aquellas generaciones de luchadores y luchadoras. Hay que decir basta ya de saquear lo público por la vía de la privatización directa e indirecta, de desviar servicios públicos a manos privadas. Basta ya de devaluar los servicios públicos mediante mermas en la inversión en medios técnicos y humanos. Mientras estas cosas ocurren, el Estado se endeuda para asegurar los negocios privados que no garantizan el empleo. Hay que orientar esas ingentes cantidades de dinero a las prioridades de la mayoría social, como son la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Tanto la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 a 2018 como la actual pandemia vírica han puesto en evidencia el doble rasero de las políticas económicas, la mayor parte de las veces en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por lo cual la mayoría necesita la República como herramienta y punto de apoyo para cambiar esta realidad que a la mayoría le es adversa.

El Encuentro del 7 de noviembre llama a todos los sectores de la sociedad y a los colectivos sociales que luchan por sus legítimos derechos, a los partidos y sindicatos: sus objetivos son incompatibles con la Constitución de 1978. Democracia es acabar con la herencia franquista y con este estado pútrido. Defender la supervivencia de los trabajadores y los pueblos exige abrir camino a la República en la que:

  • La soberanía resida verdaderamente en el pueblo, y solo en el pueblo.
  • El Estado sea laico y ninguna religión se inmiscuya en el sistema educativo ni cuente con prerrogativas que le permitan influir en las cuestiones de Estado al margen de la democracia.
  • El Estado se base en los derechos de los pueblos, cuya vinculación sea libre y voluntaria, garantizando la convivencia fraternal y la riqueza cultural.
  • El derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una jubilación basada en el reparto sean una realidad mediante un mandato constitucional e instituciones que lo garanticen.
  • Se garantice el estado de bienestar en el que los sistemas públicos de sanidad, educación, dependencia, pensiones y vivienda velen por las necesidades y la dignidad de las personas, no por los intereses privados.

El derecho a la vida y la salud, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a un futuro para la juventud, la lucha contra el patriarcado… son incompatibles con la corrupción que recorre las instituciones del Estado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La corrupción, que parte de la Corona y rebosa por las ventanas de la Casa Real. El poder judicial ejerce de brazo armado de la putrefacción del partido fundado por el exministro de Franco, Manuel Fraga, que cobijó y alentó a la extrema derecha más rancia y fascista que desprecia los Derechos Humanos y que hoy vuelve a estar representada en las instituciones.

La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. República es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. República son servicios públicos inviolables e imprivatizables, derechos de los trabajadores y las trabajadoras protegidos de verdad, blindados frente a la especulación y la explotación. Es la protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. La República la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.

Tras la experiencia de estos 43 años, al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, no nos queda otro camino que luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se someta, como han hecho los gobiernos hasta ahora, a los dictados del capital financiero y la Monarquía. Los trabajadores y trabajadoras y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, de lograr que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver.

Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Único camino

para preservar los intereses de la mayoría y derrotar las resistencias de la minoría.

Luchar por proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.

Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. El Encuentro del 7 de noviembre de 2020 es un punto de partida para:

  • Reunir a compañeras y compañeros y colectivos que compartan nuestro combate en constituir comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, centros de instrucción, administraciones, en el campo, localidades…
  • Reforzar la información, el intercambio, la acción común.
  • Ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.


El CATP impulsa, junto con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales, la próxima República, que será el instrumento con que los pueblos de España resuelvan por fin, tomar con fuerza en sus propias manos la construcción de un futuro de democracia y esperanza.

Iniciativas presentadas y apoyadas en el Encuentro por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

  1. Apoyo solidario a los compañeros de Aciturri, de Getafe, en lucha contra la deslocalización de la empresa. Y por el respeto al derecho de huelga que les está siendo vulnerado.
  2. Contra la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, con motivos arbitrarios.
  3. Apoyar la lucha de la COESPE en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la rea- lización de una auditoría del gasto de la Seguridad Social, sin límite temporal, para que todos los fondos gastados y/o detraídos indebidamente sean devueltos a la caja de las pen- siones. Nos comprometemos a difundir y participar en la concentración que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 12:00 ante el Congreso de los Diputados.
  4. ¿Qué República queremos? La respuesta debe tomar forma en derechos y en la defensa de los mismos: servicios públicos, derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los pensio- nistas, de los jóvenes y las mujeres de nuestra clase social. Así como la libertad sindical, las libertades de expresión, manifestación, reunión y los derechos de los pueblos. Cons- truiremos la República desde los movimientos sociales y las luchas obreras.
  5. Reclamamos atención a los más necesitados. Son insuficientes las medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revelan como meras campañas de propaganda. Las ayudas, rentas básicas o mínimas que se establezcan desde el Gobierno, no pueden concederse a cambio de becas ni cuestionar derechos como las prestaciones por desempleo, las pensiones…
  6. Tomamos posición contra el desmantelamiento de la industria que aún queda en nuestro país. Y contra la destrucción de empleo, tanto en la industria misma como en los sectores subsidiarios de la misma.
  7. Reiteramos nuestro apoyo a todos los compañeros represaliados o procesados judicial- mente por ejercer su derecho a la huelga o por participar en justas luchas en defensa de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y/o en cualquier otra lucha por los derechos sociales y democráticos.
  8. Mostramos nuestro apoyo a los miembros del ejército que han sido represaliados y expul- sados del mismo por luchar y reivindicar respeto y derechos democráticos en el seno de esa institución.
  9. Apoyamos y nos comprometemos a difundir y participar en la manifestación convocada por las Mareas Blancas, que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 17:00, en defensa de los servicios públicos sanitarios.
  10. El CATP y las organizaciones que han participado en el Encuentro del 7 de noviembre, apoyamos a los hermanos y hermanas de clase social que se ven obligados a migrar. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social internacional, todos sus miembros deben tener los mismos derechos sin discriminación.
  11. Se propone que el manifiesto y sus contenidos lleguen a los plenos municipales, asambleas regionales y autonómicas en forma de mociones, propuestas… y que se difunda su contenido profusamente.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

RMB-UGT: Por una auditoría pública a la seguridad social

La UGT de Cataluña decidió hace dos congresos organizar una estructura territorial denominada, en su momento, Región Metropolitana de Barcelona (RMB) que integra las comarcas del Maresme, Vallés Oriental, Vallés Occidental, Baix Llobregat, Barcelonés Norte y Barcelonés Sur. En este territorio se concentra la mayor parte de la producción industrial, logística y de servicios de Cataluña. En el ámbito sindical representa el 78% de la afiliación de UGT.
La moción de urgencia, que reclama una auditoría pública a la seguridad social, entre otras cosas, fue presentada por todas las comarcas representadas en la RMB y defendida por el compañero Barrachina secretario de la Unión Comarcal de L’Hospitalet y recibió el apoyo unánime de los delegados y delegadas de la asamblea.

Los delegados y delegadas asistentes al congreso de la Región Metropolitana de Barcelona, después de conocer las recomendaciones surgidas de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, declaramos que:
-Desde hace muchos años la Seguridad Social ha tenido importantes superávits de cotizaciones sociales que, en vez de utilizarse como fondos de reserva, han sido utilizadas para financiar gastos ajenos a la Seguridad Social. En documentos de comparecientes en comisiones parlamentarias se ha llegado a afirmar que desde la década de los noventa del siglo pasado, si la utilización de las cotizaciones sociales se hubiera acumulado –en vez de utilizarlas en gastos impropios-, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros. Recientemente, la prensa se hacía eco de un informe del Tribunal de Cuentas en el cual se decía que el Estado tenía que resarcir con más de 100.000 millones las arcas de la Seguridad Social por la inadecuada utilización de las cotizaciones sociales. Es decir, habría recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales, si no se hubieran utilizado de manera incorrecta.
-Esta realidad, sobre la que no se han dado explicaciones, ni ha habido transparencia, es inadmisible e inaceptable. Y contrasta con el hecho de que entre las recomendaciones del Pacto de Toledo no haya ninguna referencia a esta cuestión, cuando lo que se está discutiendo es la viabilidad de un sistema que ha demostrado sobradamente que el sistema de reparto en que se basa el sistema público de pensiones es perfectamente viable.
Del mismo modo que es inaceptable que se hable del déficit de la Seguridad Social, sin señalar de donde viene este déficit, o sin mencionar las causas del mismo:
Es por eso que:
-La Asamblea de la RMB denuncia la campaña que, desde determinados sectores interesados, quieren dar la imagen de una Seguridad Social en quiebra, razón por la cual necesitaría “reformas” con “urgencia”. Campaña que ha sido amplificada por todos aquellos que tienen interés en hablar del déficit de la Seguridad Social, y ponen el énfasis en la supuesta insostenibilidad del sistema público, desde el Banco de España, pasando por la AIREF, hasta llegar a la OCDE.
-La Asamblea de la RMB denuncia el mantenimiento de las reformas laborales que han provocado una rebaja de los salarios, y por tanto de las cotizaciones, que, junto con las exenciones patronales, suponen una reducción importante de las fuentes de ingresos. La derogación de las reformas laborales continúa siendo una exigencia elemental para defender las pensiones.
-La Asamblea de la RMB afirma la necesidad de exigir el cumplimiento del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga en el Estado a hacer las aportaciones necesarias para el sostenimiento del sistema público, cuando sea necesario. Rechaza que, en vez de aportaciones, se haga préstamos. Política que ha provocado un endeudamiento artificial de la Seguridad Social, que ahora se pretende liquidar con la cesión de edificios que forman parte de su patrimonio.
-La Asamblea de la RMB afirma la necesidad de exigir una auditoría pública de la Seguridad Social. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a saber qué se ha hecho con sus cotizaciones después de años de trabajo.
-La Asamblea de la RMB acuerda igualmente trasladar esta petición a todos los órganos correspondientes para que el conjunto de la UGT haga suya esta exigencia.

José A. Iniesta
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Trump derrotado en las elecciones

las demandas del pueblo siguen pendientes

El pasado día 3 de noviembre se realizaron las elecciones a la presidencia de EEUU. Unas elecciones que los mass media mundiales han seguido al detalle, y en las que Donald Trump, ha salido derrotado.

Las elecciones estadounidenses han estado marcadas por las grandes movilizaciones que recorrieron el país de este a oeste y de norte a sur, debido al asesinato de George Floyd a manos de la policía

En las manifestaciones se ha podido ver un gran numero de jóvenes blancos, latinos y por supuesto negros. Incluso el sindicato más representativo AFL- CIO se ha adherido a las convocatorias y ha declarado su intención de convocar una huelga general si el resultado de las elecciones no es respetado, como amenazaba Trump.

El aumento de participación en las elecciones se explica en buena parte por esta movilizaciones, que han polarizado, aún más de lo que estaba, la sociedad americana.

Las denuncias de fraude y la amenaza de no respetar los resultados por parte de Donald Trump ha merecido la contestación de líderes destacados del Partido Republicano que han visto como el modelo democrático americano ha quedado gravemente desprestigiado y podía conducir a un enfrentamiento más allá del puro electoralismo, haciendo peligrar el sistema mismo por lo que, finalmente ha accedido a poner en marcha toda la maquinaria del traspaso.

El sistema bipartidista de EEUU y el carácter de los dos partidos que se suceden en el poder hace que sea muy difícil que unos resultados electorales se orienten a la realización de cambios en profundidad que resuelvan los problemas de la mayoría social en el país. Sin embargo, con el asesinato de George Floyd y las movilizaciones que le siguieron se ha abierto una nueva etapa en EEUU, que los resultados electorales han profundizado y no podrán tapar.

Biden ha querido captar el voto de los sectores más marginados de la sociedad estadounidense, jóvenes negros y latinos. Para conseguirlo ha tenido que recoger demandas económicas, sociales y del sistema sanitario para todos, conocido como ” Medicare For All”, ¿podrá o querrá Joe Biden y su gobierno satisfacer las demandas de sobra expresadas por los sectores referidos mas arriba?

El debate interno en el Partido Demócrata entre moderados y progresistas se acentúa y la exigencia de retirar financiación a la policía abre  diferencias que pueden ser determinantes para el futuro, ya que los defensores del conocido  Black Lives Matters (Las vidas negras Importan) sustentan otras demandas, que aunque quedaron abandonadas por la retirada del socialdemócrata Bernie Sanders, las capas más desposeidas de la sociedad norteamericana, no ha olvidado y continúa reivindicando.

José A Iniesta

Comité de redacción de Tribuna Socialista

Militante del PSC en la agrupación de Sant Boi.

Unos presupuestos para salir por la izquierda

No sólo es importante sacar unos presupuestos progresistas que rompan la inercia de salir de crisis cíclicas con pérdida de derechos y libertades, y más precarización, además si conseguimos hacerlo con fuerzas políticas que hasta hace poco eran centrífugas, incluso con violencia estructural, sumamos a nuestra Constitución, a nuestra política, un salto cualitativo enorme al integrar en nuestro Estado, sin corsés, al “nacionalismo periférico “.

La gravedad de la pandemia, sus terribles consecuencias, no deben hacernos perder de vista la importancia de los acuerdos presupuestarios y su trascendencia a medio y largo plazo.

Para nuestra organización política territorial, y más importante para el progreso como país con un proyecto político integrador de verdad, significa la superación de un conflicto historico que nos costó vidas, que ha costado  un grave enfrentamiento, y que nos sitúa ante Europa con un horizonte de integración y superación a su vez de los “límites” Nacionales.

No sólo son unos presupuestos de progreso, sociales y de izquierda.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista-Madrid

No hemos aprendido nada

 

A pesar de lo que la mayor parte de los profesionales sanitarios deseaban y de lo que la mayor parte de la población demandaba, la segunda ola de la pandemia de SARS-CoV2 ha vuelto a ser gestionada con improvisación y sin un plan real en el corto y en el medio plazo. Un síntoma más, y van unos cuantos, de que no existen soluciones buenas a los retos colectivos como especie bajo la óptica de la rentabilidad capitalista.

Y es que, aunque con la primera oleada era esperable cierta falta de organización y caos asistencial, lo razonable era tratar de encontrar todos los fallos del sistema sanitario durante el período crítico, analizar los problemas estructurales como país en una crisis de esta índole, establecer acuerdos entre administraciones para unificar criterios, mejorar la comunicación, compartir recursos y, por último, generar estructuras de prevención y vigilancia eficaces. Lejos de esto, y a pesar de los esfuerzos de miles de profesionales de diversas disciplinas, los hitos de la gestión política pasaron por fomentar el consumo y el turismo además de escenificar un homenaje a las víctimas, cuanto menos, carente de todo sentido.

Por tanto, antes de cuestionarnos por qué nos ha vuelto a pasar esto, debemos pararnos a pensar en cual era la posición estructural de partida y, con esta revisión, encarar el futuro con una mirada mucho más amplia.

Fallos del sistema sanitario

Nuestro sistema sanitario gozaba de un gran prestigio interno gracias a una importante calidad asistencial por parte de las profesionales de salud y a la extensión universal de sus servicios. Sin embargo, a pesar de lo que la gente supone, la sanidad pública nació ya seriamente dañada desde el principio.

Y es que, aunque el modelo español sitúa a su atención primaria como la base se su sistema, la realidad es que la atención especializada y hospitalaria centran la mayor inversión del sistema. Esta descapitalización de la atención primaria, unida a una progresiva medicalización de los procesos comunes de la vida y un aumento exponencial de la demanda por parte de la población, han convertido a la urgencia hospitalaria en una segunda puerta de entrada al sistema sanitario. Algo así como una extensión de la atención primaria. Un ejemplo claro de esto es la conversión de los antiguos cuartos de socorro, auténticas urgencias ambulatorias, en puntos de atención continuada. Es decir, en una consulta médica 24 horas, a demanda, sin cupo límite. El resultado de esto: encarecimiento innecesario de la asistencia, consumismo sanitario y desborde de la capacidad de absorción de la demanda sanitaria.

Aparejado a este problema tenemos el “hospital-centrismo” (muy conveniente para la política autonómica) que produce, a nivel funcional, que los hospitales y la medicina súper-especializada sea el centro sobre el que giran todos los demás elementos del sistema sanitario. De este modo, millones de euros que servirían para programas de prevención o mejora de la vida de toda la población se han destinado a tecnología sanitaria puntera que, aunque abra las portadas de la prensa, sirve a muy poca gente y no tiene trascendencia en la salud general de la población.

Del mismo modo, los profesionales sanitarios del país, a pesar de tener una formación excelente (fruto de una gran inversión estatal), tienen unas condiciones laborales y contractuales pésimas. De entrada, el volumen de trabajo diario sería imposible sin la mano de obra “esclavizada” del personal en formación.

El programa MIR-EIR, lejos de ser un programa de excelencia formativa, se ha convertido en un ejército de mano de obra barata con la que capear la presión asistencial. Una vez que se finaliza el período formativo, nuestra élite académica acaba durante muchos años soportando contratos temporales, precarios, mal pagados, con jornadas extenuantes y una carga de trabajo difícil de asumir. Todo ello con la paradoja de que, para salir de esa precariedad, hay que aprobar unas oposiciones donde quién más investiga, publica y experiencia clínica tiene dispone de menos tiempo para preparar el examen.

Además de ello, los ratios asistenciales son deplorables. Somos el país número 20 del mundo en médicos por cada 1.000 habitantes y el número 59 en enfermeras, siendo ellas el pilar fundamental de la atención sanitaria en la mayoría de países. En concreto, España ha caído trece puestos en el ranking mundial en tan solo diez años, fruto de los graves recortes soportados durante la crisis. Solo entre 2010 y 2014 se destruyeron 10.000 empleos sanitarios y se calcula que un número aproximado del 25% de los médicos y el 30% de las enfermeras formadas desde entonces han emigrado al extranjero.

Por último y no menos importante: la inversión. España tiene uno de los sistemas sanitarios más baratos (léase infrafinanciados) de la Unión Europea. No solo es que invirtamos menos porcentaje del PIB que la media (un 1% menos), es que la sociedad española también es de las que más paga por servicios privados o seguros médicos (24% del gasto sanitario total, frente al 16% de media europea). El problema es que, además, una parte no pequeña de esa inversión pública se destina a concertaciones público-privadas, es decir, a privatizaciones encubiertas. Si a esto le unimos que los presupuestos que el gobierno central envía a las CCAA no tiene carácter finalista, es decir, que el gobierno autonómico puede gastar el dinero que recibe para sanidad en lo que considere oportuno (sea sanitario o no) sin rendir cuentas sobre ello, el cóctel resultante es la tormenta perfecta.

Problemas sociolaborales graves

Un elemento clave para entender la capacidad del país a la hora de aguantar durante los periodos de restricción de la movilidad eran todas aquellas cuestiones más relevantes para la población que la propia pandemia, entre ellas, el trabajo.

La economía sumergida supone el 24,6% del PIB nacional. Es decir, todo el trabajo que genera 1 de cada 4 euros del país se ha quedado sin amparo de subvenciones, ayudas, paro y demás formas de sobrevivir durante el forzoso parón económico impuesto durante las dos oleadas de COVID. Junto a ellos, el 16% de la masa laboral se encuentra en régimen de autónomos y dos tercios de ellos, unos dos millones, no tienen ningún empleado a su cargo. Junto a todo ello, y según la OCDE, el 32% de los españoles son incapaces de ahorrar a final de mes y solo el 10% sería capaz de sobrevivir seis meses sin ingresos. ¿Cómo va a mantener la población periodos de cuarentena o confinamientos cuando la pobreza es más urgente que el riesgo de un contagio?

Junto a este problema, y fruto de la desindustrialización ordenada por Maastrich, la terciarización económica española, ha secuestrado las decisiones en política sanitaria. Solo el turismo y la hostelería ocupan a 4 millones de personas lo que supone aproximadamente el 20% de la población activa. De hecho, si cogemos los datos de 2019, de los 70.000 millones que España ingresó por turismo extranjero, el 48% (33.600 millones) se obtuvieron entre junio y septiembre.

Problemas de perfil clínico y geográfico

Que la sociedad española está envejecida, no es ninguna novedad. En España, 8,7 millones de personas tiene más de 65 años, de los que unos 372.000 viven en residencias de mayores, el 72% en residencias privadas. Junto a ellos, como población de riesgo por perfil clínico se unen, 14 millones de hipertensos, 6 millones de diabéticos, 3 millones de enfermos pulmonares y más de 8 millones de obesos. Todo este conjunto es la población vulnerable por perfil clínico de nuestro país.

Además de ello, España tiene un gran problema de concentración poblacional. El total de la población española vive en el 13% del territorio. De hecho, de las 33 áreas de un kilómetro cuadrado con más de 400.000 habitantes de la Unión Europea, 22 están en territorio nacional. Esto significa que, en un contexto pandémico, las aglomeraciones son algo insalvable incluso para las cuestiones más sencillas como son pasear cerca del hogar. Un auténtico reto difícil de solventar sin una adecuada planificación urbana y de movilidad.

Problemas de credibilidad

La comunicación durante todo este periodo ha sido uno de los grandísimos problemas. Si bien durante el periodo inicial las instituciones parecían mantener un frente común sobre la gravedad de la situación, a medida que pasaba el tiempo, los intereses partidistas centraron la comunicación institucional en una carrera por ver quien tenía más razón. Las comunidades autónomas pelearon por desconfinar antes, por inaugurar playas y por llegar antes a una ansiada “nueva normalidad” que, más allá del nombre, prácticamente nadie alcanzó a entender en qué consistía. Esta tensión partidista ha minando un crédito institucional al que tampoco ha ayudado unos medios de comunicación que han encontrado en la pandemia un nuevo show sensacionalista del que sacar rentabilidad.

Por último, la nula ayuda de los países europeos en general y de la Unión Europea en particular, junto con las rivalidades empresariales entre farmacéuticas, están dejando un poso en el pensamiento colectivo difícil de dimensionar. Si bien la sociedad española ha demostrado enormes dosis de responsabilidad en toda la crisis, este caldo de cultivo puede hacer que en el corto plazo la población deje de obedecer las recomendaciones e inicie dinámicas de protesta y desacato que ya se han visto en otros países europeos.

Y ahora, ¿qué?

En la actualidad nos enfrentamos a una nueva desescalada con las urgencias económicas de un nuevo período clave para alguna industria: la navidad. Cabe esperar que si durante la segunda ola apenas se vieron aprendizajes de lo ocurrido en la primera, cometamos los mismos errores de la primera desescalada en la segunda. La falta de liderazgo político claro y la falta de una protección social suficiente, hace que no sea previsible otro escenario. Sin embargo, si se comienza la vacunación poblacional antes de la llegada de una tercera ola, es posible que podamos prever un escenario normalizado para la segunda mitad del 2021.

Por todo ello, lo que debemos sacar como conclusión de toda esta enorme crisis sanitaria es que sea hace urgente abordar los problemas estructurales de nuestro país en materia de salud. Más aún cuando por cuestiones climáticas se prevé la aparición de nuevas enfermedades infecto contagiosas en Europa y nuevas oleadas pandémicas a lo largo de la primera mitad de este siglo.

Los hechos y los datos científicos dan la razón a quienes abogamos por reforzamiento de los servicios públicos, una disminución de la desigualdad, un reparto del empleo y una extensión de las coberturas sociales. Pensar en salud no es sólo pensar en sanidad. Debemos combatir la pobreza, la precariedad, acometer el reto de la repoblación de la España vaciada, mejorar la composición orgánica del empleo, planificar adecuadamente infraestructuras, movilidad y transporte, reindustrializar el país y diversificar la economía por sectores sostenibles y estables. Pero también pensar en cómo cuidamos a nuestras personas vulnerables y quienes van a soportar esta tarea que debe ser remunerada y digna.

Debemos huir de mitos y glorificaciones propias de intereses espurios de los medios de comunicación. Un TAC de última generación no salva tantas vidas como un tiempo de consulta adecuado en el ambulatorio. Si esto no abre titulares en la prensa es porque no le interesa al capital que está detrás de ese medio de comunicación. Lo que no interesa a los grandes capitales es la necesidad de la gente común, esa que con su esfuerzo diario sostiene y paga sus servicios públicos.

Se abre por tanto un periodo convulso y difícil económicamente pero interesante a nivel político. Quien y cómo canalizará la agitación surgida de este periodo condicionará la política del corto y puede que del medio plazo. No permitamos que nos vuelvan robar la indignación.

Asier Muñoz González

Portavoz de la Red de Salud de Izquierda Unida

La Sanidad en el Estado del Bienestar Andaluz, ¿un pilar de público a privado?

Una de las cosas de las que constantemente hacían gala con orgullo todos los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía era la Sanidad Andaluza. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) funcionaba aceptablemente bien, la atención ciudadana en los centros de salud era de una gran profesionalidad y afectividad, el ciudadano se sentía cercano a su médico de cabecera, la valoración de estos profesionales en todas las encuestas se acercaba al notable alto, la atención sanitaria primaria era estimada positivamente. Además la percepción de la ciudadanía sobre la valoración de la medicina que en Andalucía se realizaba era bastante alta, a la gran estima que sobre los avances científicos, médicos y quirúrgicos que en Andalucía se desarrollaban (el estudio con células madres, el desarrollo de la biomedicina, los líneas de estudio y avances que sobre el cáncer u otras dolencias se iniciaban o se alcanzaban desde Andalucía, entre otros logros) se unía la admiración por la profesionalidad y los hitos quirúrgicos y sanitarios que en Andalucía se realizaban en sus grandes centros de referencia tanto a nivel nacional como internacional (Hospital Reina Sofía en Córdoba referente en trasplante de órganos, el Hospital Universitario Regional de Málaga referente en trasplantes de páncreas y de médula ósea infantil, el Virgen de las Nieves en Granada referente en cirugía facial o el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, uno de los mayores complejos sanitarios de Europa y referente en biomedicina y en otras varias disciplinas). Cosa diferente era la percepción por parte de la ciudadanía de otros aspectos como las listas de espera para acceder a un especialista o para las intervenciones quirúrgicas programadas, asuntos que siempre fueron polémicos por su tardanza excesiva, a pesar de todos los Decretos y toda la legislación autonómica que se desarrolló para paliarlos. Así mismo, aunque también habría que señalar para hacer honor a la verdad, que en los últimos años los profesionales de la Salud venían reivindicando cambios y mejoras, que en Andalucía también fraguaron en forma de las llamadas ‘mareas sanitarias’. No obstante aquí las reivindicaciones tenían un carácter más laboral que asistencial que en otras Comunidades Autónomas, aunque sin duda también en última instancia todo repercute en lo asistencial.

Esta era groso modo la radiografía de la atención y la situación sanitaria en Andalucía.

Desde que la derecha alcanzó a gobernar Andalucía la degradación, tanto de la asistencia sanitaria, como del desarrollo en todo lo referente a la situación de la medicina en Andalucía ha venido degradándose a pasos agigantados. En uno de los últimos decretos de la Junta de Andalucía se ha cercenado el derecho de los profesionales sanitarios endureciendo las condiciones para el disfrute de sus vacaciones, para acogerse a las medidas de conciliación familiar, para los traslados, para la promoción o para los periodos de descanso entre guardias. Los recortes en personal sanitario, tanto de médicos, como del resto de profesionales han sido una constante que ha venido produciéndose desde que el PP junto con Ciudadanos y apoyados en Vox gobiernan en Andalucía. En este sentido fueron varias las movilizaciones, por parte de los profesionales sanitarios, reivindicando que se reforzara el Plan de Atención Primaria en los Ambulatorios y Centros de Salud. Reivindicaciones que fueron noticia junto con la denuncia en varias ocasiones de los colapsos de las urgencias hospitalarias en varias ocasiones durante el año 2019, antes de la llegada de la Pandemia Covid19, como se puede comprobar acudiendo a las hemerotecas. Junto a estas denuncias, otras de las cosas más evidenciadas por parte de los profesionales sanitarios han sido los recortes presupuestarios en partidas destinadas a la investigación y el ensayo clínico, especialmente de aquellas partidas dedicadas a todo lo relacionado con las células madres y su empleo en medicina.

A este deterioro de todo lo relacionado con la salud y la sanidad en Andalucía ha venido a sumarse el uso político de la Pandemia Covid19, la cual ha venido a servir de excusa para ahondar en medidas que benefician la sanidad privada y deterioran la calidad de la Sanidad pública andaluza. En Andalucía, los profesionales sanitarios que solo ejercían en el ámbito público, venían cobrando un plus como concepto de exclusividad; excusándose en la pandemia, el Gobierno Andaluz ha aprobado a partir de este mes el pago de este plus a todos los médicos aunque también trabajen en la sanidad privada, provocando así por tanto que los médicos no tengan ningún tipo de aliciente por dedicarse únicamente al servicio público y empujándolos a ofrecerse a las corporaciones privadas. No es muy difícil apreciar lo que esto supondrá en la bajada de la calidad y atención al ciudadano.

Pero así mismo, si empezábamos este artículo señalando la buena atención que sobre la atención primaria tenía el ciudadano en Andalucía, esta ha sido borrada de un plumazo como hace tan solo dos años nadie hubiera creído en Andalucía que ocurriría. Ya en Andalucía la atención primaria no se realiza en los Centros de Salud, al menos no presencialmente, ahora el Centro de Salud está cerrado para el usuario, hay que llamar por teléfono o mediante una aplicación informática para solicitar consulta telefónica, a menudo días después, el médico te llamará para valorar si te atiende personalmente o por el contrario puede solucionar tu consulta por teléfono. La pregunta que yo y millones de andaluces nos hacemos es ¿por qué los Centros de Salud públicos están cerrados a la atención primaria y a los privados se puede acudir a consulta personalmente?, la diferencia de trato para quien puede permitirse sanidad privada y para quien no puede o simplemente quiere que se le atienda en la pública es palpable.

Por tanto acabo denunciando que la Pandemia está siendo utilizada como agua de mayo para quienes tienen en su hoja de ruta recortar prestaciones sociales públicas y favorecer la proliferación de empresas privadas que ven en la realización de esos servicios públicos una cuantiosa posibilidad de negocio seguro.

Jose Luis Bejarano Damas

Tribuna Socialista de Sevilla 

Agrupación municipal de Almensilla.

Combatir la desigualdad social

No es el mejor momento para celebrar el añorado triunfo de Joe Biden, el avance de los PGE-2021 en el parlamento y tampoco  de recordar que Pedro Sánchez ganó las elecciones generales hace solamente un año. La COVID-19 sigue causando estragos en la salud y, particularmente, en la economía y en las personas más vulnerables. Entre sus efectos más corrosivos destaca de manera muy notable el aumento de las desigualdades, la ruptura de la cohesión social y el auge del fenómeno populista. Nos referimos en concreto al deterioro de los servicios públicos, al persistente desempleo, a la pérdida de presencia de los salarios en la renta nacional, la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, las severas carencias en protección social, la brecha digital y de género, la falta de igualdad de oportunidades…

Sin embargo, y a pesar de todo, el virus está poniendo de manifiesto la notable solidaridad en la Unión Europea y, sobre todo, en nuestra sociedad y familias, así como la decidida apuesta de muchos por las políticas redistributivas y, en concreto, por eliminar las brechas sociales de todo tipo, sobre todo las que sufren muchas mujeres, en coherencia con la lucha por la igualdad que presidieron las movilizaciones obreras a lo largo de nuestra dilatada historia.

En el contexto internacional, las últimas elecciones en EEUU han estado también  muy marcadas por la lucha contra la violencia y la explotación ejercida sobre muchos inmigrantes (latinos y  personas de color). La política supremacista de Donald Trump no ha dudado en alentar los brotes de racismo y xenofobia, defender el proteccionismo comercial (“Ámerica lo primero”), la reducción de impuestos, la supeditación de la lucha contra el virus  a los negocios, así como la subordinación  de la economía y del empleo a las políticas neoliberales: la desregulación absoluta de la económica y el fuerte golpe a los derecho laborales y sociales. No resulta extraño que los electores hayan rechazado claramente esta actitud y apostado por una política más redistributiva que incluya aumentar los impuestos a los más ricos, respetar los derechos sociales, garantizar una mayor presencia del Estado en una economía social de mercado y apostar por el multilateralismo en un mundo globalizado. 

En todo caso, la Pandemia está demostrando que los países más avanzados en términos económicos, sociales y de salud pública disponen de más recursos y están superando mejor los terribles efectos de la crisis. Por eso se debe insistir en poner en valor la justicia social, la lucha por la igualdad, la protección social a los más débiles, los derechos laborales y sociales, los servicios públicos (sanidad y enseñanza) y el compromiso activo por aumentar los ingresos fiscales, entre otras medidas.

Particularmente, los servicios públicos han sufrido los destrozos de las políticas de austeridad y, actualmente, de la Pandemia. De manera especial, el personal sanitario ha carecido de la necesaria protección contra el virus, además de soportar unas penosas condiciones de trabajo: largas jornadas de trabajo y salarios muy bajos, lo que ha representado una auténtica regresión comparativa con los países más avanzados de la UE. En estas circunstancias, la prioridad del Gobierno y de las CCAA debe ser reforzar la prevención y la salud pública. En concreto, proteger a los profesionales sanitarios, examinar a fondo el funcionamiento de las residencias de mayores (son intolerables los nuevos contagios), potenciar la atención primaria, incrementar las pruebas de diagnóstico, frenar el desvío interesado de enfermos a la sanidad privada, como está ocurriendo, con muy poca transparencia, en algunas CCAA, además de coordinar la distribución de las vacunas disponibles en el momento apropiado.

En todo caso, debemos recordar que el aumento de las desigualdades está muy marcado por el desempleo, la precariedad y la dualidad de nuestro mercado de trabajo (a la cabeza, junto a Grecia, de la UE). Efectivamente, el escaso empleo que se genera contempla altos índices de precariedad: la tasa de temporalidad sigue alcanzando porcentajes intolerables, el trabajo a tiempo parcial no deseado se consolida, la prolongación de la jornada muchas veces no se paga, se deteriora la salud en el trabajo, los contratos a cero horas resultan abusivos y escandalosos y los falsos autónomos aumentan considerablemente… Sobre todo resulta intolerable el alto  desempleo de los jóvenes, mujeres, inmigrantes y mayores de 52 años, así como la baja cobertura de la prestación por desempleo que, a pesar de su mejoría, sigue siendo insuficiente para paliar la dramática situación de muchos desempleados.

Hasta ahora, las derechas se han limitado a defender que el crecimiento de la economía impulsado por la iniciativa privada es la única alternativa para crear empleo, a pesar de que se ha demostrado que ello resulta claramente insuficiente. A la izquierda se le exige, lógicamente, mucho más: alternativas y políticas públicas de inversión capaces de avanzar en la resolución de los problemas que condicionan nuestro presente y futuro e, incluso, nuestro propio Estado de Bienestar Social. En concreto, renegociar la prolongación de los ERTE y de los créditos ICO, aplicar con eficacia el IMV, así como apoyar al sector de hostelería y al pequeño comercio, en el marco del diálogo social reforzado en torno al Plan de Recuperación del Gobierno. 

Además, en estos momentos, el Gobierno debe revisar a fondo las actuales políticas activas de empleo, como ha propuesto la ministra de trabajo a los interlocutores sociales para su consideración: la cuantía de la inversión, las bonificaciones a la contratación y, sobre todo, lo relacionado con la formación y la cualificación profesional (teórica- práctica). En segundo lugar, debe elaborar un diagnóstico certero en torno a las oficinas públicas de empleo. Las oficinas públicas son muy eficaces para registrar a los trabajadores desempleados y gestionar la prestación por desempleo. En cambio, fracasan en su tarea de intermediación en el mercado de trabajo y arrastran en esta práctica a las empresas de trabajo temporal (ETT), a los interlocutores sociales e, incluso, a la Inspección de Trabajo en sus diversas competencias.

En tercer lugar debe abordar a medio plazo el cambio de nuestro modelo de crecimiento (que tenga en cuenta el cambio climático y el medio ambiente) y de nuestro modelo productivo (digitalización, conocimiento y valor añadido), al margen de dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas y de buscar nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, es imprescindible que la actividad industrial en nuestro país alcance el 20% del PIB y conviva con el turismo, la agricultura y los servicios, con el propósito de alcanzar un alto grado de diversificación de la economía en todas las CCAA, incluidas las agrarias (industria agroalimentaria). Esta será la mejor alternativa para consolidar los asentamientos de población y atraer a nuevas personas a la España del interior, lo que evitará que el espacio rural se vacíe definitivamente.

Por eso, no es extraño que los sindicatos insistan en abordar estos graves problemas y, en coherencia con ello,  exijan derogar las reformas laborales, sobre todo después del desafortunado y rechazable Informe del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de La Moncloa: Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico. Este Informe ha abierto un nuevo frente entre el PSOE y UP e, incluso, puede  reproducir las diferencias históricas que se suscitan entre las áreas de trabajo y economía de cualquier gobierno. Debemos recordar los terribles efectos de la  reforma laboral impuesta por el PP: agresiva devaluación salarial, abaratamiento del despido, intolerable precariedad del empleo, deterioro de las condiciones de trabajo y sobre todo la apuesta por el convenio de empresa en detrimento del convenio de sector, lo que ha reforzado considerablemente la actual relación de fuerzas (muy favorable a los empresarios) y expulsado en la práctica a los sindicatos de la pequeña empresa.

Por eso, en la actualidad, muchos trabajadores exigen una explicación y se preguntan ¿A qué esperan el PSOE y UP para corregir esta dramática situación? ¿Espera el Gobierno a que se aprueben los PGE-2021? y ¿Qué harán con este Informe la CEOE y los sindicatos? No es fácil contestar a estas preguntas en medio de la Pandemia. Sin embargo, existe un consenso mayoritario en derogar cuanto antes las últimas reformas laborales y, en todo caso, eliminar las medidas más lesivas para los trabajadores. En este sentido, hay que dar prioridad a los convenios colectivos de sector (las empresas en dificultades  pueden defender y argumentar siempre su descuelgue) y a la reducción de la precariedad de nuestro mercado de trabajo: recuperar la causalidad en la contratación, perseguir el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la inspección de trabajo. En definitiva, potenciar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En definitiva, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los ámbitos de negociación, así como los contenidos a negociar de manera articulada en los ámbitos inferiores.

Por lo tanto, la revisión en profundidad de la legislación laboral y el reforzamiento de la negociación colectiva no solamente afecta al acuerdo programático del actual Gobierno. Afecta también al PSOE, UP, sindicatos, trabajadores e, incluso, a los empresarios. De acuerdo con ello, la CEOE debería tener una actitud más comprometida y menos cortoplacista y, como consecuencia,  defender sin reservas la “autonomía de las partes” y buscar un acuerdo que facilite la decisión final del Gobierno. Buenas razones para que la reiterada demanda sindical- de abordar  en profundizar la legislación laboral- sea asumida como uno de los ejes fundamentales de la llamada Agenda Social (un mercado de trabajo digno y con derechos), lo que además debería facilitar la salida progresista de la crisis en esta legislatura.

Finalmente, entre las medidas progresistas se debe incluir también la protección social y, sobre todo, la política fiscal como ejes vertebradores de una ilusionante política socialdemócrata que luche eficazmente por superar las desigualdades. Para aplicar estas alternativas siempre es un buen momento; por eso, la Pandemia y la crisis económica y social no pueden ser nunca utilizadas como coartada justificativa  para retrasar su aplicación en el tiempo, sobre todo cuando son perfectamente compatibles con los PGE-2021 y con la distribución de las ayudas acordadas por la UE.

Antón Saracíbar