Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Los derechos no se negocian, se conquistan: el de vivienda también

Los poseedores de riqueza, la burguesía, los privilegiados, los rentistas…en definitiva, los capitalistas, nunca han dado nada a la sociedad de buena gana, aunque su riqueza haya sido conseguida de forma injusta. Los derechos nunca han sido regalados, ni negociados; siempre se han conquistado por la vía de la movilización social.

La vivienda es un derecho que debería figurar entre los artículos de la Constitución que agrupan los derechos fundamentales: entre el artículo 15 y el 29. Pero no, se sitúa en el Artº. 47, en el grupo de los “principios rectores de la política social y económica”.

Una de dos, la Constitución es mentirosa o las instituciones del Estado, con sus tres poderes incluidos, incumplen y consienten que no se cumpla el mandato constitucional, si es lo segundo, podría hablarse de prevaricación por parte de todos los poderes públicos:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación …”

El domingo día 24 decenas de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, salieron a las calles de Madrid para decir, ¡alto y claro! que el acceso a la vivienda digna se ha convertido en una pesadilla, en algo imposible, para millones de jóvenes y no tan jóvenes.

Manifestación en Pº del Prado de Madrid por la Vivienda a precio asequible. Madrid 24/05/2026

Mientras el poder legislativo no consigue que las leyes respeten lo plasmado en los textos legales y el poder ejecutivo no termina de avanzar al ritmo que el problema requiere, el poder judicial parece más preocupado por interpretar las leyes en favor de los intereses de los fondos de inversión y los grandes tenedores de viviendas, esas y esos que viven de las rentas.

Es un problema económico, sin duda, pero por encima de todo es un combate de la lucha de clases: las hijas e hijos de las familias pudientes no tienen ningún problema para emanciparse, mientras que las y los jóvenes de familias trabajadoras sufren la ansiedad de ver cómo pasa el tiempo y los precios de la vivienda, sea en alquiler o sea en propiedad, les alejan sus expectativas de formar una familia o simplemente independizarse.

Tampoco es un problema generacional exclusivo de jóvenes. Son muchas las personas que, con 40 años y más, no pueden abandonar la casa de sus padres: el 85% de los jóvenes (entre 16 y 29 años) no pueden emanciparse, pues los que quieren hacerlo se encuentran con que deben dedicar el 98,7% de sus ingresos a pagar un alquiler. Quienes dan el paso de dejar la vivienda de sus padres, en el 43% de los casos, caen en riesgo de pobreza. Mientras que, en promedio, los jóvenes europeos se emancipan a los 26,2 años, en España, la edad media de emancipación se sitúa en los 30,3 años.

El origen del problema viene de lejos, de cuando el Estado dejó de construir vivienda social. Concretamente de la ley del suelo de 1998, cuando Aznar y Rato liberalizaron el suelo y abrieron la posibilidad de recalificar terreno para que los terratenientes de suelo agrario o de otro tipo lo recalificasen en suelo urbanizable, con la colaboración necesaria de sus ayuntamientos, sembrando la semilla de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y las consecuencias de los siguientes años.

El problema viene de que, no solo ninguna administración ha puesto pegas a la venta de la vivienda social, sino que ayuntamientos como el de Madrid vendió a precio de saldo la vivienda social propiedad del Estado: Ana Botella “Lady cup of cofee”, vendió 1806 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone. Alcaldesa a la que la justicia exoneró de toda responsabilidad, a pesar de que su hijo, José María Aznar Botella, mantenía vínculos directos y laborales con los principales beneficiarios de la compra de aquellas viviendas sociales.

El problema radica sobre todo en que el precio de la vivienda en alquiler en nuestro país se ha disparado en promedio en todo el Estado un 94% en la última década, llegando en ciudades como Madrid a superar el 120%. El incremento del metro cuadrado en la vivienda en propiedad, en los 10 últimos años ha sido del 70% de media estatal y del 82% en Madrid. En tanto los precios de la vivienda se han disparatado, los salarios entre 2015 y 2025 han tenido una subida del 23,25% para los trabajadores con convenio colectivo (2,3% de media anual).

Esos son los datos estadísticos de quienes tienen trabajo y derechos regulados en convenio colectivo, pero la realidad para muchas trabajadoras y trabajadores llega a ser infernal, por ejemplo: quienes necesitan dos trabajos para poder vivir, los que trabajan en Mallorca o Ibiza, teniendo que vivir en caravanas, incluso coches, o los emigrantes que trabajan y viven hacinados en barracones o en chabolas de cartón en el entorno de las plantaciones e invernaderos.

La situación económica de crisis encadenadas desde principios de siglo: crisis hipotecaria y financiera, pandemia, guerras, ha derivado en que la vivienda se ha convertido en un valor refugio para el capital, de tal modo que las grandes acumulaciones de dinero ya no se invierten solo en bolsa, oro o diamantes: el Ministerio de Vivienda estima que más de un millón de viviendas vacías son propiedad de empresas y/o familias propietarias de 10 o más viviendas.

Especular con la vivienda es como especular con los medicamentos, con el pan o el agua. No podemos caer en la lógica del mercado libre, que solo es libre para someter al menesteroso y favorecer al poderoso. Especular con la vivienda es una guerra entre pudientes y no pudientes, desequilibrada porque los poderes del Estado protegen a los ricos contra la legítima reivindicación de las hijas e hijos de las familias trabajadoras.

Si los poderes del Estado no actúan estarán legitimando a que los demandantes de vivienda exijan en las calles su derecho a techo. Las organizaciones de la izquierda, políticas y sindicales tendrán que decidir si son freno de contención de estas aspiraciones o son el motor que en otros tiempos fueron para hacer realidad los derechos de la mayoría social.

Manifestación por la Vivienda a precio asequible, calle de Alcalá de Madrid. Madrid 24/05/2026

Roberto Tornamira

Corresponsal para Tribuna Socialista

Editorial: Frente al cártel del fascismo: ¡No a la Guerra!

Cada día que pasa y vemos lo que ocurre, en ASTRADE estamos más convencidos de la necesidad de apoyar y participar en la Conferencia y el Mitin internacionales que van a tener lugar los días 19 y 20 de junio en Londres. Actos a los que acudirá una delegación de nuestra Asociación, para contribuir a fortalecer el movimiento mundial de quienes nos oponemos a la guerra y sus consecuencias.

El mundo está cambiando, pero en buena medida solo en apariencia. Fue el premio Nobel de literatura de 1929, Thomas Mann, alemán que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos de América, quien, en el primer lustro de los años 40 del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, alertó de que el fascismo no era solo una amenaza italiana, española o alemana, sino que se trataba de un problema global. Y fue en esta etapa de su vida cuando dijo que “el fascismo no volvería con sus símbolos clásicos, sino instrumentalizando valores democráticos, como la libertad o la soberanía, apelando al miedo y al resentimiento popular”, reflexión que ha derivado en nuestros días en: “el fascismo llegará vestido de Armani”.

No sabemos si es Armani o Vicky Martín Berrocal, lo que es seguro es que adornan sus ricas vestimentas con medallas que pagamos los contribuyentes. Y constatamos la certeza de Mann cuando Trump, Milei o Ayuso hablan de “libertad”, “nación”, “arremeten contra el diferente”… e infunden miedo con cualquier excusa que se ponga a tiro; como el PP ha intentado hacer a costa del Hantavirus, llegando al más espantoso de los ridículos, importándoles un comino la vida de los afectados o poner en riesgo la vida de todos, como suele ser normal en los que ovacionaban al que comía en El Ventorro mientras su pueblo se ahogaba.

La afición a comprarse medallas con dinero público no es nueva, no la ha inventado Isabel Díaz Ayuso (IDA), ya lo practicó Aznar en diciembre de 2003, cuando el Consejo de Ministros aprobó un gasto de 2 millones de dólares, para que el lobby Piper Rudnick consiguiese la medalla del Congreso de los EE.UU., para Aznar. Ahora ha sido IDA quién, al parecer, ha pagado 300.000 € públicos al Estado mexicano de Aguascalientes, en concepto de “invitación de honor a la Feria Nacional de San Marcos”. ¿300.000 € para ser invitada? Lo que parece es que ese ha sido el precio de la “Medalla de la Libertad” que la ha otorgado el Congreso del Estado de Aguascalientes -institución análoga a la Asamblea de la Comunidad de Madrid-, Estado gobernado por la derechista del PAN, Tere Jiménez.

En junio de 2024, fue la Comunidad de Madrid la que otorgó la “Medalla Internacional de la región por su defensa de la libertad” a Milei, cuando en su visita a España, al igual que Ayuso estos días atrás en México hacia la presidenta Sheinbaum, se dedicó a insultar al presidente español, Pedro Sánchez. O cuando, hace poco más de un mes, en abril, el alcalde de Madrid concedía la “Llave de oro de la ciudad” a María Corina Machado, quien aderezó su visita con insultos y desprecios hacia las instituciones españolas.

Podríamos citar muchos más ejemplos de intercambios de premios y galardones entre los miembros del Cártel fascista. Sin perder de vista que “La Meca” del fascismo hoy está en Mar a Lago (Florida). En sus entregas de premios y galas se agasajan a costa del erario público y/o de los maletines que se intercambian en los “despachos de abogados” en paraísos fiscales, como veremos en nuestro país, si es que algún día se juzga a Alberto Quirón.

Este es un grupo muy limitado, pero con mucho poder; el poder que les otorga el capital financiero y especulativo que los financia a cambio de hacerse con los nichos de negocio en los servicios públicos: el problema es que los nichos pasaron a ser panteones y hoy pretende ser auténticos cementerios de la Sanidad, la Educación, las Residencias, las Pensiones y todos los servicios públicos.

El grupo Quirón, propiedad de la multinacional alemana Fresenius, es el principal pagador de “prebendas” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a través de los chanchullos con su, presunto, novio/testaferro. Por la multitud de casos de corrupción que hemos conocido en estas décadas pasadas, los corruptores están al frente de los grandes grupos de construcción de obra pública. O los fondos buitre que se han hecho con la propiedad de la vivienda pública que se construyó con dinero público; fondos buitre que son sustentados por sus accionistas: Estados sátrapas, entidades financieras, grandes empresas, corporaciones y, como no, también la Iglesia.

El fascismo innova poco, de hecho, Mussolini se inspiró y adoptó la simbología de la Antigua Roma. Fue financiado por la Confederación General de la Industria italiana. El nacionalsocialismo de Hitler fue apoyado económicamente por BMW, Bayer, Siemens, Volkswagen o Allianz. Y el franquismo lo fue por la Banca March o la Sociedad Azucarera Larios. No son todos, pero sí los más destacados.

Entre esta mafia hay escalafones: los hay de medio pelo, como IDA, y de campeonato mundial, como Trump; y estos últimos son los muy peligrosos, pues, sin menospreciar el daño que decisiones políticas como la de los “protocolos de la vergüenza”, que costaron la vida a 7.291 personas en las residencias de Madrid, Trump, Netanyahu o Putin, responden a los intereses de multinacionales, grandes fortunas y oligarquías; solo hay que hojear la revista Forbes del 17 de agosto de 2024, en el artículo titulado “Quiénes son los principales donantes multimillonarios de Trump”: Ilon Musk (propietario de Tesla), Woody Jhonson (Jhonson & Jhonson), Miriam Adelson (Casinos Sheldon Adelson), Timothy Mellon (Ferrocarriles Pan Am Systems), entre otros muchos y muchas.

Los fascistas de hoy organizan guerras por presión de los lobbies de la industria armamentística y petrolera; también de otras, para poder vender sus productos de la muerte y controlar los mercados. De esta manera se pone en marcha un macabro efecto dominó de muerte, destrucción y empobrecimiento: bombardean sin cesar y disparan sin miramiento contra civiles -hombres, mujeres y niños-, personal sanitario, periodistas… Arrasan poblaciones enteras para ocupar el territorio. Y desatan una ola de especulación que sube desmesuradamente los precios de los productos básicos, provocando el empobrecimiento de asalariados y pensionistas en todo el mundo, incluyendo a la interclasista clase media. Sin lugar a dudas, esto no sería posible si los estados e instituciones que dicen rechazar el genocidio en Gaza y las guerras, no mantuviesen relaciones comerciales y diplomáticas con los estados criminales.

En nuestro país tenemos una particularidad el fascismo tan rancio que anida en las instituciones heredadas de la dictadura, con la capacidad de impulsar juicios paralelos, como los que se han televisado estos días atrás; buscan no solo limpiar por enésima vez al partido fundado por el franquista Fraga Iribarne e inculpar a Sánchez, aunque sepan de antemano que las causas contra su hermano y su mujer tienen un efecto más mediático que judicial. Se afanan en limpiar de polvo y paja las instituciones que en buena medida dan continuidad al régimen predemocrático: resultado de que la «ruptura democrática» planteada después de la muerte de Franco NO se realizó, o sea sigue pendiente.

Mienten cuando apelan a la patria y la nación. La primera víctima de la política totalitaria de Trump o Putin es su propio pueblo, a quienes no dudan en reprimir salvajemente. Porque los intereses de esta minoría son contrarios a los intereses de la mayoría de la sociedad de cualquier país. Reaccionan con violencia cuando las reivindicaciones de los pueblos son contrarias a sus negocios y beneficios; por eso rechazan con intolerancia la reivindicación de renacionalización de los privatizado -un ejemplo claro lo tenemos aquí, en el rechazo de la derecha a la derogación de la Ley 15/97-.

Falsean la verdad cuando provocan una guerra para salvaguardar los intereses e inversiones se sus patrocinadores/corruptores: lo hizo George H.W. Bush al invadir Irak al inicio de la década de los 90 del siglo XX. Lo hizo su hijo una década después, destruyendo Irak, para someterlo y disponer de sus recursos. Lo vienen haciendo los distintos gobiernos de Israel desde 1948 en Palestina, donde, a nombre del terrorismo, han ocupado la mayoría del territorio palestino, y lo están haciendo ahora en Líbano. Como lo hace Putin en Ucrania, para defender los intereses de los oligarcas rusos, en su pelea por no perder el negocio energético con Europa.

Claro que el régimen teocrático de Teherán es criminal con su propio pueblo, pero los Estados son algo más que un régimen, por muy criminal que este sea. No se puede pretender “liberar” a un pueblo masacrando a ese mismo pueblo, y si las cosas no salen como les interesaban dejan a ese pueblo en la estacada, como en Afganistán.

Cada día se espera menos de las instituciones internacionales, despreciadas a su vez por esta ola de neofascismo: ONU, OMS, UE, incluso la OTAN está siendo vituperada, por mucho que su secretario general, el Sr. Rutte, se arrastre a los pies de Trump cada vez que se le presenta la ocasión.

Solo cabe esperar que la clase perjudicada, esa mayoría que paga las consecuencias de un sistema económico pensado por y para que unos pocos individuos exploten a los demás a nombre de su “libertad individual”, se organice y se movilice.

El Comité de Redacción

Alemania – La confederación sindical alemana /DGB) ha celebrado su congreso

Por Gotthard Krupp

El congreso de la confederación alemana DGB se celebró del 10 al 13 de mayo de 2026 en un contexto político marcado por los preparativos de una guerra de agresión contra Rusia por parte del Gobierno de Merz/Klingbeil. La transición de la economía hacia una economía de guerra exige un desmantelamiento radical de todas las conquistas sociales y democráticas conseguidas con gran esfuerzo por el movimiento obrero. Para ello, el Gobierno pretende apoyarse en una dirección sindical «belicista».

En 2027, el presupuesto de guerra (incluido el fondo especial) debería alcanzar los 125 000 millones de euros. Este año se prevén 3 000 millones de euros adicionales en ayuda militar para Ucrania. Como medida de precaución, el ministro de Guerra, Pistorius, ha desplegado dos buques de guerra en el estrecho de Ormuz, implicando aún más al Gobierno en la guerra de agresión desencadenada por Trump. […]

Ya se trate del ataque contra nuestro seguro público de enfermedad (GKV), de la erosión de las pensiones públicas, de la ley sobre el tiempo de trabajo (supresión de la jornada de 8 horas)… y, sobre todo, del proyecto de servicio militar obligatorio, todo el programa del Gobierno federal se enfrenta a la oposición de todos los sindicatos de la DGB. Los abucheos con los que fue recibido el provocador discurso de Merz en el congreso reflejan el rechazo de la enfurecida mayoría de nuestros compañeros.

No cabe duda de que la dirección de la DGB tenía la intención de confirmar, durante el congreso, su acompañamiento y su apoyo «críticos» a la política del Gobierno. Pero ya desde la fase preparatoria, numerosas discusiones en las bases hacían presagiar una resistencia.

La dirección sindical negó que la guerra implicara necesariamente una guerra social. Existía una auténtica prohibición de debatir, en todos los sindicatos, cuestiones relativas a la política bélica del Gobierno federal. Durante las manifestaciones del 1 de mayo, algunos responsables locales de la DGB prohibieron llevar pancartas y estandartes con palomas de la paz.

LA BASE SINDICAL EXIGE DEBATE

Pero no se pudieron acallar las discusiones en la base. […] La juventud sindical lanzó una impresionante campaña contra el servicio militar obligatorio y apoyó las huelgas escolares en numerosos lugares, lo que llevó a 40 000 jóvenes a volver a salir a la calle unos días antes del congreso de la DGB. La iniciativa «¡Sindicatos contra el rearme y la guerra! ¡Capacidad para la paz en lugar de capacidad para la guerra!» se dirigió a los delegados mediante una carta abierta, en la que subrayaba, entre otras cosas, el vínculo entre el rearme y los recortes presupuestarios en el ámbito social.

En este contexto, dos días antes del congreso se presentó a los delegados una moción a iniciativa del comité federal de la DGB: «Ser capaces de paz en lugar de preparados para la guerra».

Y conviene destacar el claro rechazo a la reintroducción del servicio militar obligatorio, que los jóvenes califican acertadamente de servicio de guerra. Pero quizá el punto más importante sea que la moción encarga a todos los órganos sindicales que inicien un debate abierto sobre cómo podemos, «como sindicalistas […], contribuir eficazmente a un mundo sin guerra».

«¡VENID A LONDRES!»

A pesar de todas las cuestiones pendientes y las contradicciones, los debates durante este congreso de la DGB reflejan la voluntad de una amplia base de sindicalistas y jóvenes de romper con la política bélica del Gobierno. […]

Bajo un estruendoso aplauso, una delegada leyó una declaración del expresidente de IG Metall, Klaus Zwickel: «Los sindicatos ingleses nos llaman —a nosotros, sindicalistas— a ir a Londres. […] Es necesario y urgente que los sindicatos de cada país, a nivel europeo e incluso internacional, se unan contra el rearme, la militarización y los preparativos de guerra. Por eso pido a mis colegas que apoyen la conferencia de Londres contra la guerra, que la debatan y que acudan a Londres. »

Las inversiones en armamento son inútiles en cuanto a sus efectos sobre el crecimiento. ¡A menos que haya guerra!

El PP de Feijoo, es tóxico para la democracia

Defraudar las expectativas con las que se llega a una posición de poder, a la dirección del principal partido de la derecha, el PP, es un continuo, es la vitola que viene caracterizando la ejecutoria política de Alberto N. Feijoo. Al cumplir cuatro años al frente del partido, la hoja de servicios del hombre que vino de Galicia con el mensaje de moderación para hacer una oposición racional y dialogante no solo se ha diluido como un azucarillo en el café, sino que ha mutado en beligerancia y frentismo que convierte al oponente en enemigo al que hay que batir, sin importar que por el camino se degraden las instituciones y, con ello, la democracia.

Feijoo viene demostrando desde que llegó a la sede de Génova que no le importa nada, ni ocho ni ochenta como decía mi abuela, más que cazar la pieza: el usurpador que habita en la Moncloa, el que le arrebató el poder, Pedro Sánchez, que de este modo convierte en una obsesión que nubla su capacidad de pensamiento y le sitúa en la realidad paralela en la que vive. Cerrazón mental obsesiva que trasmuta la acción política en mera táctica que se mueve al albur de cualquier acontecimiento que pueda utilizar y retorcer con la mentira para atacar al enemigo, que para fructificar necesita de una corte pretoriana que comulgue y diga amén a sus erráticas propuestas, con el efecto de convertir al PP en una formación política que no mira por las necesidades de la ciudadanía, centrada en conseguir el poder como sea: a costa de lo que sea.

Por eso, su PP carece de proyecto y estrategia política para el medio y largo plazo que aporte soluciones a los problemas de la ciudadanía, sino que se mueve por mero tacticismo a golpe de falsedades configuradas con titulares de periódicos y medios digitales afines, para elaborar un discurso puntual que le sirva para atacar al Gobierno a partir de un hecho circunstancial, por nimio que sea, que eleva de categoría hiperbolizando lo sucedido que le permite lanzar las muletillas siempre presentes en sus discursos: éste Gobierno genera caos porque no sabe gestionar los problemas, está inundado de corrupción y usa las instituciones en su propio beneficio.

Deslegitimar al Gobierno es el mensaje axial que permea toda la táctica que emplea Feijoo en sus intervenciones desde el inicio de la legislatura: usted es un presidente ilegitimo. Afirmación que levantó la veda para utilizar todo tipo de discursos disruptivos y faltones, mentirosos y falaces, para acabar con Pedro Sánchez convertido en un desalmado al que hay que disparar a toda hora y con lo que sea. Táctica que anuló, que mató, cualquier tipo de negociación e inauguro la polarización en el escenario político español.

En su obsesiva torpeza, Feijoo no cayó en la cuenta —o a lo mejor sí y nos tiene a todos engañados— de qué al deslegitimar la capacidad del Gobierno progresista para gobernar, deslegitima la democracia parlamentaria de la que nos hemos dotado, tal y como figura en la Constitución, donde se establece que gobierna el grupo político que obtiene el apoyo parlamentario mayoritario. Esta incapacidad para comprender, para aceptar las reglas del juego, por la razón egoísta de que no me conviene, degrada el sistema democrático— bien sea por acción deliberada o desconocimiento— que convierte al PP de Feijoo en un partido tóxico para la democracia.

Desde este punto, y en lugar de reflexionar sobre el porqué de la incapacidad de su PP para articular apoyos parlamentarios para alcanzar la mayoría, lo que le llevaría a tener que aceptar la diversidad de la sociedad española articulada en un Estado Autonómico, cuasi federal; Feijoo y sus secuaces, se empeñan en mantener una visión frentista con respecto a algunos territorios con una fuerte carga nacionalista y una cultura propia definida, que choca con su modelo uniformador y homogéneo de lo que es y debe ser España. Es este poso autoritario, franquista, que anida en el sector de la derecha más rancia y tridentina, el que opera en la mente de Feijoo y le impide situarse en el tiempo histórico en el que estamos, que reclama una derecha racional acorde con los parámetros de la derecha moderada europea capaz de llegar a acuerdos con la izquierda socialdemócrata que España necesita como el comer, para acabar de una vez con el frentismo y la polarización de la política nacional.

Quizá sea pedirle peras al olmo, ante la indignidad que supone acusar de ilegítimo al Gobierno, y por tanto de inconstitucional, por parte de una formación política que durante cinco años se nego a cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ. Formación que mantiene y utiliza un brazo judicial afín para acosar judicialmente al Gobierno, el Presidente y parte de su familia, a partir de denuncias sin pruebas fundamentadas en titulares de medios, financiados con dinero público de Ayuntamientos y CCAA gobernados por la derecha. Partido que rechaza la reforma del vetusto sistema judicial español, para mantener el reducto de poder de determinados jueces que les ayudan a opacar en la instrucción de sumarios, los desmanes y corruptelas de dirigentes del partido para que se vayan de rositas personajes como M. Rajoy o Cospedal.

PP de Feijoo que olvida, porque le beneficia, que el Fiscal General del Estado siempre es elegido por el Gobierno de turno, como los eligió Aznar y Rajoy cuando gobernaron, y no una usurpación de los poderes del Estado de la que acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez. Que hace más mal que bien a la democracia y a la ciudadanía cuando utiliza el mantra del sanchismo, para criticar las reformas sociales aprobadas por el gobierno que mejoran la vida de las clases medias y trabajadoras, para ocultar su voto en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, o su no a apoyar la declaración de zonas tensionadasen los barrios de las ciudades donde han subido tanto los precios del alquiler de vivienda, que obliga muchas personas a, en el mejor de los casos, compartir piso como sucedía en los años cincuenta del siglo pasado.

Y ya el sumun es la incapacidad del PP de Feijoo para presentar un proyecto de futuro a la ciudadanía que no sea el mantra de bajar impuestos, mientras pide de continuo al Gobierno progresista aumentar la inversión en cualquier sector económico o social donde surge un problema, o le acusa de no invertir lo suficiente; por ejemplo, aprovechando indignamente la tragedia de la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico. Feijoo utiliza sin tiento todo para atacar al Gobierno, pero oculta sus errores que no reconoce nunca, y ampara a los miembros del partido inmersos en procesos judiciales por malversación o abusos sobre la mujer.

La estrategia de estar al ataque de manera permanente, con y por lo que sea, no solo emponzoña el ambiente político que se hace irrespirable para sus propios protagonistas, sino que aburre a la ciudadanía que huye de los conflictos forzados e inventados, que dejan libre el espacio conservador a Vox. Éste es el actual PP, convertido por Feijoo en tóxico para la democracia española.

Vicente Mateos Sainz de Medrano

Periodista y profesor universitario. Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Defender la Sanidad Pública es defender la salud de nuestras familias

El espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid vuelve a llamar a las y los madrileños a manifestarse en defensa de la Sanidad Pública, como lo viene haciendo en estos últimos años. La manifestación tendrá lugar el domingo 31 de mayo.

Todas las organizaciones, políticas, sindicales y asociaciones de toda naturaleza deberían llamar a participar y volcarse en promover y hacer que esta manifestación sea un estallido social, en defensa de uno de los servicios públicos fundamentales: el que está diseñado para atender la salud de todas las personas que habitan en nuestro país.

Las organizaciones sociales, los partidos políticos particularmente, tienen una oportunidad para dejar a un lado los eslóganes y promesas electorales, para pronunciarse nítidamente contra la privatización de la Sanidad Pública, sin eufemismos, sin medias tintas; la colaboración público-privada se ha demostrado que no es más que una coartada para trasvasar dinero público a las cuentas de beneficios de las empresas.

Si la izquierda política y sindical quiere recuperar el prestigio y la confianza de la mayoría social, debería asumir un compromiso, acompañado con hechos, para combatir lo que están haciendo las derechas, contrarias a que el Estado sea un elemento de equilibrio entre la clase pudiente y la clase trabajadora.

Es una vergüenza lo que la derecha lleva muchos años haciendo para destruir la sanidad pública; método que también aplican a la educación, las residencias de mayores y las pensiones. Están planificando el deterioro de los servicios públicos para justificar la privatización. Esto no es exclusivo de la Comunidad de Madrid, aunque en Madrid se esté produciendo de forma más agresiva.

Cómo lo hacen: No se contrata el personal necesario, ni con motivo del crecimiento de la población ni siquiera para dar cobertura a las jubilaciones que se producen cada año. La Comunidad de Madrid cerró 2025 con una población de 7.113.886, con unas ratios de personal sanitario por cada 1.000 habitantes muy por debajo de las europeas:

  • Enfermeras. 6,54 por cada 1.000 habitantes, frente a 8,19 de media en la UE.
  • Pediatras. 0,86 por cada 1.000 habitantes menores de 14 años, frente a 1,21 de media en el conjunto de las comunidades autónomas.
  • Médicos de Familia. 0,77 por cada 1.000 habitantes, frente al 0,8 de la media en el Estado.
  • Camas hospitalarias. 1,9 por cada 1.000 habitantes, frente a las 5,1 de media en la UE.

El déficit de personal sanitario provoca una carga de trabajo en las y los trabajadores de la Sanidad Pública que pone en riesgo la salud tanto de trabajadoras y trabajadores como de pacientes. Además, este déficit de personal sanitario, en la Atención Primaria, provoca que el tiempo de espera entre que el paciente solicita una cita en su Centro de Salud y que es recibido por su médico supere de media los 10 días de espera, frente a las 72 horas máximas recomendadas para la medicina de familia.

Una derivada de lo anterior es la saturación de las urgencias hospitalarias; con pasillos llenos de camas, salas de espera atestadas y horas en espera de ser atendidos.

Toda esta situación tiene una traducción económica, pues la Comunidad de Madrid lleva años siendo la que menos presupuesto por habitante destina a la Sanidad Pública. En 2024 se ejecutó un gasto de 1.424 €/hab., el 61,59% menos que la que más gasta (Asturias 2.301€) y un 31,2% menos que la media de las comunidades (1868 €/hab).

A todo lo anterior hay que añadir que en la Comunidad de Madrid las listas de espera superan el millón de pacientes, lo que significa que el 14 % de la población madrileña está esperando para ser atendida, sin contar la espera en la Atención Primaria:

  • Consultas externas hospitalarias 730.322
  • Intervenciones quirúrgicas 86.540
  • Pruebas Diagnósticas 186.446

Hay que recordar que las competencias sobre la Sanidad Pública las posee la Comunidad de Madrid desde diciembre de 2001. Por lo que no cabe jugar con los ámbitos de responsabilidad.

Lo normal es que ese 26% de la población en España que tiene capacidad económica contrate una póliza de seguro de salud privado, cifra que en Madrid se ha disparado al 44,6%. Es de lo que se trata, de fomentar el negocio de las empresas privadas, empujando a las personas que económicamente pueden a caer en manos del negocio de la salud, aunque luego, debido al tratamiento o la complejidad en una intervención quirúrgica, sean devueltos a la Sanidad Pública.

La Ley 15/1997 y algunos artículos de la Ley 14/1986 es la legislación que permite, incluso anima, a la privatización de la sanidad. La falsa teoría de la bondad de la colaboración púbico-privada, en materia sanitaria, era que cuando el Estado no pudiese atender sus responsabilidades para con el derecho a la protección de la salud (Artículo 43 de la Constitución) se pudiese concertar con establecimientos de salud privados. Esto se ha convertido en que el Estado dimite de su responsabilidad, cada día más, para poner la salud de todas y todos en manos de especuladores que priman el beneficio de sus empresas y el dividendo a sus accionistas, en perjuicio de la mayoría social que no tiene capacidad económica para contratar servicios privados. Un mercado de casi 15.000 millones de euros anuales del que al menos un tercio es dinero de nuestros impuestos.

Espero que el día 31 de mayo sea un éxito de asistencia que contribuya a concienciar a toda la población para exigir de manera firme a los grupos parlamentarios que aprueben el proyecto de ley que frena la gestión privada de la sanidad pública; una pena que solo la pretenda frenar y no la elimine.

Roberto Tornamira

Militante del PSOE en Madrid

EL IMPERIALISMO, LA GUERRA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Cómo el imperialismo disfraza el genocidio de «Derecho Internacional»

Israel ataca posiciones de la ONU en Líbano

El derecho internacional se confirma como un compromiso de la humanidad, para evitar que el mundo volviera a desangrarse, tras dos guerras mundiales: la Primera 1914-1918 y la Segunda 1939-1945. Sin embargo, desde entonces hasta la actualidad, ahora incluso muy agravado, no ha habido ni un día de paz, ni un día sin guerras, en el mundo.

Se nos vende la idea de que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son los árbitros imparciales de la paz mundial, guardianes de la soberanía de los pueblos y defensores de los derechos humanos. La realidad nos demuestra todo lo contrario: las instituciones internacionales, en manos de las potencias imperialistas, no son un escudo para los débiles, sino un arma arrojadiza contra ellos, para que grandes multinacionales capitalistas sigan enriqueciéndose con una presunta legitimidad que disfrazan de derecho internacional. Es el ropaje jurídico con el que se disfrazan invasiones, matanzas y auténticos genocidios.

La gran paradoja del orden mundial contemporáneo es que, quienes se autoproclaman defensores de la legalidad internacional, son, precisamente, quienes la vulneran. El diseño de las instituciones internacionales está viciado desde su origen. No estamos ante un foro democrático de naciones iguales, sino ante una estructura oligárquica controlada por los Estados imperialistas. El Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano con capacidad para autorizar el uso de la fuerza, está secuestrado por el derecho al veto de cinco potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, que son las que desarrollan un imperialismo más brutal.

Este derecho al veto no es más que la legalización de la impunidad. Si un aliado de estas potencias, o alguna de las mismas, cometen una atrocidad decidiendo asfixiar o invadir a un país soberano, el veto paraliza cualquier acción, la institución no tiene instrumentos ni argumentos para oponerse y se consuma la impunidad, porque el veto está normativizado y vigente en la Institución.

Es el caso, entre otros muchos, de Venezuela, atacada por EEUU y secuestrando a su presidente, el caso del Estado sionista de Israel, que invaden Palestina y Líbano, ejecutando a miles de personas, en un auténtico genocidio y una limpieza étnica, con apropiación del territorio de estados soberanos. Es el caso del ataque e invasión de Rusia a Ucrania, y más recientemente, el ataque de EEUU a Irán, pretendiendo, además, ignorando el derecho internacional, cometiendo atrocidades, violaciones de los derechos humanos impunemente, quebrando el derecho internacional, al que apelan cuando les conviene.

Así, la ONU, deja de ser un instrumento de paz y garantía del respeto global de los derechos humanos y se convierte en una herramienta geopolítica que los imperios utilizan según sus conveniencias, invocando resoluciones del derecho internacional cuando les interesa y cuando no, pisoteándolas con toda impunidad. La Corte Penal Internacional, tampoco funciona, con la complicidad de muchos países de Europa y otros lugares del mundo, que cuidan intereses propios y que no tienen el menor interés en que se procese a ninguno de los altos representantes de tales Estados imperialistas, que pisotean el derecho internacional y de todo sentido humanitario.

Insistimos en la constante agresión contra la soberanía en América Latina, bajo una cínica apelación a la «democracia» y la «asistencia humanitaria» -conceptos retorcidos hasta la náusea-. Estados Unidos ha justificado intervenciones, bloqueos criminales e incluso operaciones de desestabilización flagrantes, como los intentos de intervención armada y el secuestro fáctico de la soberanía en Venezuela, los 67 años bloqueando a Cuba, o persiguiendo, deteniendo o eliminando físicamente a los líderes que no se someten a sus dictados, bajo acusaciones fabricadas en Washington.

Para los imperialistas, el derecho internacional se resume en un mandamiento simple: lo que beneficia a sus intereses energéticos y geopolíticos es legal; lo que los impide o desafía, debe ser destruido.

Sin embargo, el caso más sangriento y prolongado de cómo se manipula la legalidad internacional para cometer un genocidio, lo encontramos en Oriente Medio. La tragedia de Palestina es la crónica de un abuso histórico legalizado y ampliado en el tiempo.

En 1947, la ONU dictó la Resolución 181, que pretendía repartir el territorio palestino para crear dos Estados, otorgando de manera desproporcionada más tierra y de mejor calidad a la minoría judía, en detrimento de la población autóctona palestina.

Lo flagrante de la historia es que el liderazgo sionista, a pesar de usar esa resolución como el certificado de nacimiento formal de su Estado, no la respetaron nunca, y dio lugar en 1948, a la invasión de Palestina por las tropas sionistas, con apoyo militar y logístico por parte del UK.

Rechazada la división, por injusta, por los palestinos y utilizada de forma oportunista por los sionistas, estos últimos iniciaron de inmediato-1948- una campaña militar de expansión y limpieza étnica. Hoy, décadas después, Israel sigue apropiándose por la fuerza no solo de Palestina, sino extendiéndose e invadiendo el Líbano. Todo esto bajo una interpretación retorcida del supuesto derecho a la «legítima defensa”, un concepto que el imperialismo occidental acepta y financia con miles de millones en armas, mientras califica de terrorismo cualquier intento de resistencia del pueblo ocupado.

Asistimos en pleno siglo XXI a auténticos genocidios retransmitidos, incluso, en directo, donde escuelas, hospitales y campos de refugiados son borrados del mapa bajo el pretexto de «objetivos militares legítimos». Es la denigración absoluta del derecho internacional humanitario. Las potencias occidentales miran hacia otro lado o emiten tibias declaraciones de preocupación, mientras siguen vendiendo armas y enviando misiles a los genocidas sionistas, que ejecutan la matanza. La legalidad internacional se convierte así, en una macabra farsa: se aplica con rigidez implacable contra los países del Sur global que no se someten al imperio, pero es invisible cuando los perpetradores son los imperialistas habituales y sus aliados protegidos.

Reclamar, como hace Pedro Sánchez, el respeto al derecho internacional, aunque hay que valorarlo como un enfrentamiento a la impunidad que representa la invasión de Irán o el genocidio en Gaza, no puede ocultar la aceptación de un sistema que, en los hechos, niega la soberanía de los pueblos, y beneficia a los Estados y a los poderosos, que en cada momento histórico, se imponen sobre países y poblaciones.

Podemos decir claramente que el derecho internacional ha muerto y lo que siguen llamando tal, no busca la justicia, sólo busca la estabilidad de los estados poderosos, es una estructura que santifica el statu quo colonial e imperialista.

Cuando las potencias hablan de un «orden internacional basado en reglas», no se refieren al derecho internacional de la Carta de la ONU, sino que se refieren a sus propias reglas, a las normas impuestas por Washington, Bruselas, Tel Aviv o Moscú.

No podemos seguir tolerando esta situación. Desenmascarar el uso hipócrita del derecho, es el primer paso para construir una verdadera justicia global. Mientras las instituciones sigan en manos de quienes provocan las guerras, el derecho internacional no será más que la tinta con la que los imperialistas firman las sentencias de muerte de los pueblos sometidos.

Es hora de decir basta a la normalización del horror y del genocidio y clamar muy alto NO A LA GUERRAS, SÍ A LA PAZ.

Es por este llamamiento del NO A LA GUERRA, por el que los días 19 y 20 de junio, se celebrarán en Londres, impulsado en España, entre otros, por el COMITÉ PARA LA ALIANZA DE TRABAJADORES Y PUEBLOS-CATP- una conferencia-día 19 y un mitin-día 20- al que asistirán miles de trabajadores y sindicalistas de todo el mundo, habiendo confirmado su asistencia representaciones de 27 países. Vamos a debatir nuestra oposición y cómo vamos a parar la guerra, cómo vamos a organizarnos, a luchar y a movilizarnos de forma global y masiva en todo el mundo, pero especialmente en el mundo occidental.

La clase obrera internacional, los trabajadores y pueblos de todo el mundo, están hartos de poner siempre los muertos en las guerras de los imperialistas (vuestras guerras, nuestros muertos) y claman fuerte NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ.

Miguel

Rusia: las armas de los débiles

La principal amenaza para Putin no procede de la oposición abierta, sino del sabotaje y la deserción

Por Aleksei Sakhnin1

«Evidentemente, no soy el primero en decírtelo. Pero está claro que algo está pasando en Rusia. Se nota en el ambiente. Caminas por la calle, coges el metro, te paras a tomar un café… y en todas partes oyes lo mismo». Este es el mensaje que me envió recientemente un camarada de Rusia. Este tipo de estados de ánimo son difíciles de medir mediante encuestas. Pero a menudo captan el inicio de los cambios con mayor precisión que los institutos de opinión.

El punto débil del régimen de Putin no está donde lo busca la prensa dominante occidental. No es ni la oposición liberal, ni las intrigas en la cúpula dirigente. La fisura ha aparecido más abajo: se manifiesta en el rechazo masivo, a menudo silencioso, de la sociedad a servir a la guerra.

Desde 2024, en el Kremlin estaban convencidos de que el triunfo en Ucrania era inevitable. Moscú había resistido las sanciones, dominaba en el frente y en la industria militar, disponía de una ventaja en recursos y parecía tener el tiempo de su parte. La coalición occidental se fragmentaba, Donald Trump manifestaba su voluntad de acercamiento al Kremlin, mientras que Ucrania carecía de dinero, armas y hombres.

Pero en la primavera de 2026, la expectativa de la victoria dio paso bruscamente al presentimiento de una crisis inminente.

LA ECONOMÍA ASFIXIADA POR LA GUERRA

Según las cifras oficiales, el déficit del presupuesto federal para el primer trimestre de 2026 alcanzó los 4,6 billones de rublos (unos 46 000 millones de euros, nota del editor), mientras que el plan anual preveía 3,7 billones. Es más que el total de las reservas de divisas líquidas restantes, cuando el año apenas acaba de empezar. Al mismo tiempo, el propio Vladímir Putin ha reconocido que la economía se ha contraído un 1,8% desde principios de año. El «milagro militar-keynesiano» de tres años, que había sostenido el crecimiento de 2023 a 2024, llega a su fin. A pesar de ello, el Estado sigue aumentando el gasto militar. La economía se ajusta cada vez más a una vieja fórmula: cañones en lugar de mantequilla.

Desde enero —por segunda vez desde el inicio de la guerra— se ha subido el IVA. Las tarifas de los servicios públicos se incrementarán dos veces en 2026. El Banco Central mantiene un tipo de interés de referencia prohibitivo: hace que el crédito sea casi inaccesible para las pequeñas y medianas empresas, pero sostiene un rublo fuerte, indispensable para comprar los componentes importados, sobre todo chinos, de los que depende la industria militar. La maquinaria bélica recibe los recursos a costa de asfixiar la economía civil.

Resultado: un número récord de quiebras y cierres de pequeñas empresas. Los trabajadores así liberados se dirigen hacia donde aún subsisten el dinero y los salarios estables: las empresas del complejo militar-industrial, financiadas directamente con cargo al presupuesto. El Estado está desviando, literalmente, los recursos humanos y financieros del consumo hacia la guerra. El catastrófico déficit presupuestario ha obligado al Gobierno a aplicar recortes. Se está reduciendo la plantilla de las administraciones, las escuelas y los hospitales. Los proyectos de construcción, infraestructuras y urbanismo se han ido al traste. Esto priva de ingresos no solo a los trabajadores, sino también a miles de funcionarios, subcontratistas, directores y empresarios dependientes del Estado. El descontento crece incluso entre las capas leales.

EL ESPECTRO DE 1917

El líder de los comunistas del sistema (del Partido Comunista de la Federación Rusa, nota del editor) ya ha advertido del peligro de una nueva revolución comparable a la de 1917. «¡No tenemos derecho a repetir eso!», ha declarado. Los ciudadanos y las pequeñas empresas intentan escapar de la presión fiscal entrando en la economía sumergida. En respuesta, el Estado endurece el control de las transferencias, limita las operaciones con criptomonedas y refuerza las sanciones por fraude fiscal. Independientemente de la eficacia real de estas medidas, amplían los poderes de las fuerzas de seguridad en el ámbito económico.

El régimen sigue una lógica simple: todo para el frente, todo para la victoria. Pero el mantenimiento de la maquinaria militar debilita su propia base social. Y en el frente también se acumulan los problemas.

El ritmo de la ofensiva rusa, que se mantenía desde hacía dos años y medio, se ha ralentizado considerablemente desde enero de 2026. En febrero, el ejército ucraniano liberó, por primera vez desde 2023, más territorio del que había perdido. Las bajas rusas, a juzgar por las publicaciones de los blogueros belicistas, aumentan. Se ha asestado un duro golpe con la desactivación, a petición de Ucrania, de los terminales rusos Starlink. Al mismo tiempo, Kiev ha reforzado sus posiciones en el ámbito de los drones con la ayuda de sus aliados europeos. La ampliación de la «zona muerta» en profundidad detrás del frente ha incrementado las bajas rusas y reducido sensiblemente la importancia de su ventaja numérica.

DECENAS DE MILES DE DESERTORES

Agotados por una guerra interminable, los soldados desertan cada vez más a menudo: simplemente no regresan de los permisos o del hospital. Investigadores independientes estiman

el número de desertores y de insumisos en al menos entre 100 000 y 120 000 en cuatro años de guerra, de los cuales más de la mitad solo en el último año. Todo indica que la dinámica sigue acelerándose: a finales de abril, las autoridades clasificaron las estadísticas judiciales relativas a los delitos militares.

Al mismo tiempo, el ejército compensa cada vez peor sus pérdidas. Según las estimaciones de Janis Kluge, basadas en los gastos de los presupuestos regionales destinados a las primas por la firma de contratos, el número de nuevos reclutas se ha reducido en aproximadamente un 20% durante los primeros meses de 2026. Es probable que los efectivos del ejército hayan comenzado a disminuir por primera vez desde el inicio de la guerra.

Hasta ahora, el Kremlin resolvía estos problemas mediante mecanismos de mercado: aumentaba las primas pagadas a la firma. Esto funcionaba para los habitantes de las regiones pobres

Pero la creciente crisis presupuestaria ya no permite reclutar indefinidamente a nuevos soldados. El poder recurre cada vez más a la coacción. Las administraciones regionales obligan a los directores de empresa —a veces bajo amenaza de acciones penales— a reclutar a sus asalariados para el frente. Las universidades convierten el alistamiento de los estudiantes en una prioridad central.

Pero la coacción no siempre funciona.

En una grabación filtrada en Internet en Buriatia, un responsable local reprocha a los directores de empresa que no cumplan las cuotas de envío de hombres al ejército. Estos responden: «No podemos obligarlos. Nadie quiere ir». Cuando exige a los empresarios que sean ellos mismos quienes vayan a combatir, le responden: «¿Y por qué no va usted?»

CONTROL DE INTERNET

En esta escena se concentra la esencia del problema del régimen. Formalmente, el poder ejecutivo es todopoderoso. En realidad, sus órdenes quedan cada vez más en el aire.

La falta de hombres y de material, las elevadas bajas, el flujo ininterrumpido de declaraciones mentirosas de los responsables militares y la desaparición de toda confianza en la victoria irritan no solo a los soldados y a los oficiales, sino también al influyente círculo de blogueros belicistas, corresponsales militares y activistas ultranacionalistas. Hasta hace poco, constituían un instrumento central de la movilización patriótica y militarista. Ahora, critican cada vez más abiertamente al poder. Por primera vez en años, algunos incluso se refieren al presidente en términos negativos. Cerca de un millón de soldados descontentos encuentran así una representación pública a través de estos ultranacionalistas cada vez más furiosos. El Kremlin ya vio adónde podía llevar esto en 2023, durante el motín de Yevgueni Prigozhin, que puso al régimen de Putin al borde del abismo. Por eso las autoridades han decidido reforzar brutalmente el control de Internet.

En primer lugar, las autoridades intentaron bloquear Telegram, la principal plataforma de comunicación del país, utilizada por los militares, las familias de los movilizados, los funcionarios, los empresarios y millones de usuarios comunes. El Kremlin esperaba empujar a esta audiencia hacia la aplicación de mensajería «nacional» Max, totalmente transparente para los servicios de seguridad.

En lugar de eso, decenas de millones de rusos descargaron VPN y siguieron utilizando Telegram. La regulación de Internet se confió entonces al Servicio de Protección del Orden Constitucional, una rama del FSB encargada de la lucha contra la disidencia. Las consecuencias no se hicieron esperar: en marzo, en numerosas regiones, incluida Moscú, el internet móvil simplemente se cortó.

Las aplicaciones bancarias dejaron de funcionar con normalidad, al igual que los taxis, los servicios de reparto y muchos servicios en línea. Millones de personas ya no podían ponerse en contacto con sus seres queridos. Miles de pequeñas empresas perdieron su volumen de negocio. Los bloqueos afectaron a la economía y perturbaron incluso el funcionamiento cotidiano de las estructuras del Estado. El descontento se generalizó. De enero a marzo, el número de búsquedas relacionadas con la emigración casi se cuadruplicó. Incluso figuras consideradas leales comenzaron a criticar al poder. El intento de sofocar el descontento no hizo más que ampliar su base social.

Muchos politólogos liberales vieron en estos escándalos los signos de una fractura en el seno de las élites. Pero la fuente de la crisis se encuentra probablemente más abajo: no en la cúspide, sino en la propia sociedad. James C. Scott, al estudiar a los campesinos malayos, demostró que cuando la gente no tiene la fuerza para rebelarse abiertamente, resiste de otra manera. Aceptan de palabra, pero sabotean con los hechos. Alargan las cosas, mienten a los superiores, ocultan recursos, fingen obediencia, eluden el control, desertan. Todo ello constituye las «armas de los débiles».

Es precisamente esto lo que se está haciendo cada vez más visible en Rusia.

LA RESISTENCIA PASIVA HACE QUE LAS ÓRDENES SEAN INAPLICABLES

Los soldados no regresan de permiso. Los obreros se niegan a enrolarse, incluso por mucho dinero y bajo presión. Los empresarios eluden las exigencias de movilización. Los funcionarios locales maquillan las cifras y envían a las altas esferas informes tranquilizadores. Los oficiales ocultan las pérdidas reales y la falta de efectivos.

La resistencia pasiva procedente de las bases hace que las órdenes resulten inaplicables. Una epidemia de sabotaje y evasión asciende entonces por la pirámide social, piso tras piso. Las clases de abajo transmiten sus «armas de los débiles» a quienes se encuentran por encima de ellas. El propio aparato del Estado se transforma poco a poco en una máquina de sabotaje.

Putin aún tiene la capacidad de encarcelar a tal o cual funcionario, oficial o empresario. Pero no tiene nada con qué sustituir a todo este sistema. La escalada de la violencia también conlleva sus riesgos: a la larga, puede transformar a los desertores en insurgentes y a los saboteadores en revolucionarios.

Paradójicamente, la confrontación exterior sigue siendo una de las principales fuentes de estabilidad del régimen. Es la guerra —presentada como una lucha en la que lo que está en juego es la derrota total del enemigo— la que cimenta el sistema político y mantiene a una parte importante de la población en la lealtad.

Los rusos recuerdan bien el precio social que se pagó por la derrota en la Guerra Fría. El triunfo geopolítico de Occidente se tradujo, para la mayoría de los antiguos ciudadanos soviéticos, en desindustrialización, pobreza, delincuencia y desigualdades. Tampoco trajo la democracia: las reformas impopulares se impusieron mediante métodos autoritarios. Con el pleno apoyo de los dirigentes occidentales, el presidente Boris Yeltsin ordenó que los tanques dispararan contra el Parlamento en 1993, amañó las decisivas elecciones de 1996 y luego cedió el poder a Vladimir Putin, sentando las bases del sistema actual. El miedo a revivir esa catástrofe sigue impidiendo hoy en día que millones de personas protesten abiertamente.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS

Si el punto débil del régimen reside en las personas que no quieren ni luchar ni obedecer, entonces una estrategia internacional racional debería precisamente profundizar esa fisura.

El golpe más duro asestado al régimen de Putin sería una oferta clara de paz, basada en la autodeterminación de los pueblos, en garantías de seguridad y en el rechazo tanto de la lógica de los bloques militares como de la hegemonía imperial. Una iniciativa de este tipo minaría la legitimidad interna de la guerra.

Pero, en lugar de eso, los gobiernos europeos se embarcan ellos mismos en una militarización acelerada. En lugar de apoyar a los desertores rusos, los países de la UE se preparan para imponerles una prohibición formal de entrada. Es difícil imaginar una medida más eficaz para apoyar la maquinaria bélica de Putin. Deriva directamente de la lógica de la escalada y de la estrategia de victoria en el campo de batalla: cada soldado enemigo debe ser considerado no como un aliado potencial de la paz, sino como un enemigo existencial al que hay que aplastar y castigar.

1 Aleksei Sakhnin es un militante ruso contra la guerra, miembro de la red «La Paz desde abajo» y participante en la campaña internacional contra la guerra (mitines internacionales en París, el 5 de octubre de 2025, y en Londres, el próximo 20 de junio).

Elecciones Andalucía: la abstención obrera determinante en la victoria del PP

Puede parecer contradictorio, pero a pesar de que ha aumentado un 8,71 % la participación en las recientes elecciones autonómicas andaluzas (en votos 482.134 votantes nuevos a diversas candidaturas), la abstención representa el 35,15 % del electorado (2.287.141 se han quedado en casa).

Hay que señalar que la desafección electoral había ido aumentando progresivamente en las últimas tres convocatorias (2015, 2019 y 2022) y que el incremento de participación puede explicarse por un mayor interés de la ciudadanía, probablemente debido al progresivo enconamiento de la vida política a nivel nacional, pero también internacional, a la vista de cómo se desenvuelve el imperialismo impunemente con agresiones sociales y guerras por doquier. No es la primera vez, ni será la última, que el electorado se muestra remiso o directamente contrario, cuando se le consulta sobre cualquier tema.

El Partido Popular había planteado una escenografía electoral con cuatro elecciones autonómicas —adelantando las de Extremadura y Aragón— para poner de manifiesto el derrumbe del Partido Socialista, y de paso liberarse de pactos con Vox. No se han conseguido ninguna de estas dos pretensiones: depende de Vox tras las cuatro elecciones, más que antes de estos comicios, y el PSOE se ha mantenido y sigue siendo la referencia principal para la clase trabajadora, a pesar de las derrotas electorales regionales. Además, se han servido de un cierto despertar en el electorado de izquierda. Tras los sucesivos pactos con Vox, es indudable que la mayoría nos sentimos preocupados por la deriva armamentística o las amenazas a derechos individuales, que sentimos en peligro, o por el avance privatizador de servicios públicos y el arrinconamiento de derechos sociales.

Tras las elecciones andaluzas, cinco formaciones tendrán representación en el nuevo parlamento: el PP, a pesar de ganar 146.547 votantes, pierde 2 parlamentarios; el PSOE gana 59.388 y pierde 2 parlamentarios; Vox gana 80.017 y un parlamentario; Adelante Andalucía gana 232.772 y gana 6 parlamentarios; y Por Andalucía, —coalición de IU, Sumar y Podemos—, pierde 20.412 votantes y sigue con 5 parlamentarios. Es decir, entre los cinco se reparten 498.312 de los cuales 271.748 se los lleva la izquierda (54,53%), un aumento escaso del que es Adelante Andalucía el partido que se lleva la parte del león.

Cabe destacar que la abstención es notablemente más alta en las zonas obreras. Los apoyos al PP se dan en las zonas acomodadas, donde la participación ha sido mayor. En los barrios sevillanos de Los Remedios o Nervión, donde la participación ronda el 80%, el PP supera el 73% y el 62% de los votos, respectivamente. En barrios mixtos, como el sur de Sevilla, la participación supera el 66%, pero mientras las zonas altas se colocan por encima del 80% y en las más pobres no alcanzan el 50%. En las zonas más empobrecidas la abstención llega hasta el 70%, llamando la atención el alto porcentaje que obtienen Vox o SALF.

Como es lógico el PSOE obtiene sus mejores porcentajes, superando ampliamente el 30%, en barrios con mayoría trabajadora, pero en líneas generales, en estos barrios la abstención ha sido mucho más alta y, además hay un voto de rechazo del que se beneficia Adelante Andalucía, pero también Vox y SALF.

También es destacable que el voto trabajador ha primado Adelante Andalucía sobre la coalición Por Andalucía, saliendo de su nicho en Sevilla y Cádiz para extenderse por el resto de las provincias andaluzas. Adelante Andalucía, con un programa más apegado al terreno, con reivindicaciones más locales, al estilo Zohran Mamdani1. La coalición Por Andalucía, aunque ha mantenido sus escaños debido a los “restos”, producto del método D’Hondt, pierde más de veinte mil votos, demostrando que la “unidad” por sí misma no es bastante para arrastrar su base electoral a las urnas, y que los pactos por arriba no son percibidos como una solución a los problemas a los que se enfrenta.

Por otro lado, Adelante Andalucía acierta al proponer, por ejemplo, la obligación de que la vivienda, en manos de fondos buitre o grandes tenedores, se ponga en alquiler al 20% del salario mínimo. Aunque hay que señalar que este es el único elemento que rompe con el entramado jurídico por el que se rige nuestro país, que sigue quedando atado y bien atado. Ningún partido habla de romper con la OTAN, o dedicar el gasto militar a servicios públicos esenciales para la población…

El PSOE, aunque recupera votos, pierde 2 parlamentarios y sigue sin poder movilizar el granero de votos del que ha gozado históricamente (en los últimos 11 años ha perdido más de 463.565 votantes). De cualquier modo, sigue siendo el partido más votado en pueblos pequeños y con menores niveles de renta, mejorando sus resultados en zonas con mayor número de pensionistas y en general en poblaciones envejecidas, siendo superado ampliamente en ciudades grandes y, claro está, entre las rentas más altas. La asunción de un papel institucional ha alejado a los socialistas de ciudades y pueblos —numerosas Casas del Pueblo permanecen cerradas y la militancia se ha funcionarializado, perdiendo la conexión con un tejido social esencial para reivindicarse ante el Gobierno de Moreno Bonilla en el día a día.

En resumen, si la izquierda quiere recuperar su natural base social se debe aplicar en atender las necesidades más perentorias en vivienda, salarios, servicios públicos, pero no con promesas si no con hechos.

Enrique Dargallo

Director de Tribuna Socialista

1 Zohran Mamdani, alcalde de New York, ha derrotado en las primarias a los candidatos demócratas ligados al aparato del partido, y posteriormente a los republicanos en la elección a la alcaldía de New York

Torturas en las prisiones israelíes

Un artículo publicado en el New York Times denunciando las torturas contra presos palestinos en las prisiones israelíes provoca una onda de choque sin precedentes

François Lazar

La conmoción provocada por el artículo de opinión de Nicholas Kristof en el New York Times —« El silencio que rodea la violación de palestinas y palestinos» – no se debe a la revelación de hechos desconocidos, sino al hecho de que lo que antes se relegaba a los informes de ONG (cabe citar los del PCHR1 en mayo, de B’Tselem en enero, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025, de Euro-Med Human Rights Monitor, de la asociación israelí Physicians For Human Rights…), a los relatos de supervivientes y a escasas tribunas militantes en la prensa israelí, lo desvele el periódico de referencia del liberalismo estadounidense. En una tribuna publicada por el periódico británico The Guardian, Yuli Novak, dirigente de B’Tselem, la organización israelí de defensa de los derechos de los palestinos, afirma que «la violenta reacción suscitada por las revelaciones sobre las torturas sexuales infligidas a los presos palestinos tiene como objetivo hacer que sea más costoso denunciar estos hechos. La respuesta de Israel a los recientes artículos del New York Times que detallan los horribles abusos sexuales infligidos a los detenidos busca silenciar a quienes afirman el simple hecho de que los palestinos son seres humanos». Para ella, retomando las conclusiones del último informe de su organización que detalla los malos tratos sufridos en las cárceles israelíes, «la tortura de los detenidos palestinos se inscribe en el marco de un ataque israelí más amplio contra la vida de los palestinos. En Gaza, el genocidio continúa. En Cisjordania, la violencia ejercida por el ejército y las milicias de colonos se intensifica, expulsando a comunidades palestinas enteras de sus tierras. En los centros de detención, los palestinos son torturados sistemáticamente. El patrón es el mismo en todas partes: escalada de la violencia, levantamiento de las restricciones y normalización de un sistema que priva a los palestinos de toda protección».

UN SISTEMA DE VIOLACIÓN Y TORTURA, NO DE «EXCESOS»

El informe de Euro-Med Human Rights Monitor sobre la detención de los habitantes de Gaza es inequívoco y ha sido recogido por el New York Times: desde el 7 de octubre de 2023, el sistema penitenciario israelí «ha sobrepasado su función de seguridad declarada para convertirse en una estructura oficial que institucionaliza la tortura sistemática y la destrucción generalizada de los palestinos». Los centros de tortura como Sde Teiman se describen como «agujeros negros jurídicos y físicos», lugares de «genocidio tras los muros» donde leyes de excepción como la ley sobre los «combatientes ilegales» han «suprimido las últimas garantías procesales de los presos y detenidos palestinos, en particular los de la Franja de Gaza».

Euro-Med habla explícitamente de «patrones generalizados de violencia sexual contra los detenidos de Gaza, utilizados como herramienta para quebrantar la voluntad individual y colectiva e infligir graves daños físicos y psicológicos». No se trata de simples tocamientos: «Estas violaciones van más allá del acoso sexual e incluyen la violación, la violación con objetos, el uso de perros adiestrados para agresiones sexuales y la desnudez forzada permanente». Numerosos testimonios, todos ellos insoportables, ilustran el informe de Euro-Med.

La comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU resume así la situación: formas específicas de violencia sexual y de género —desnudez pública forzada, acoso, amenazas de violación, violaciones y mutilaciones genitales— «se practican de manera sistemática y forman parte efectiva de las políticas de trabajo y los procedimientos estándar» del ejército y los servicios israelíes.

CUANDO LOS MÉDICOS SE CONVIERTEN EN CÓMPLICES

Euro-Med señala que parte del personal médico «ya no se limita a ejercer la atención sanitaria, sino que se convierte en facilitador de la legitimación y la continuación de la tortura». Esto se traduce en la expedición de certificados de «buena salud para el interrogatorio» a detenidos que presentan signos evidentes de tortura; el ocultamiento, en los expedientes, de lesiones relacionadas con la violencia sexual; la omisión de los nombres de los médicos y de los autores de los malos tratos, lo que imposibilita cualquier trazabilidad; amputaciones impuestas tras lesiones provocadas por la tortura, bajo chantaje —«firme aquí para aceptar la amputación de sus dos piernas o morirá», como informa B’Tselem.

POR LA LIBERACIÓN DE LOS REHENES PALESTINOS

Euro-Med no se limita a describir los horrores. El informe analiza cómo esta violencia sexual se inscribe en una política más amplia: «Desde el punto de vista del derecho internacional, los actos generalizados de tortura y violencia sexual… considerados en el contexto más amplio de la ofensiva y las políticas asociadas, violan la Convención sobre el Genocidio. Esto incluye causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo y aplicar medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, todo ello con el objetivo más amplio de destruir, total o parcialmente, la comunidad palestina de la Franja de Gaza». Entrevistado en el canal independiente estadounidense Democracy Now sobre el artículo del New York Times, Omer Bartov, historiador israelí, especialista en la historia de genocidios, afirma: «Me alegro de que el New York Times haya publicado información al respecto. Pero en Israel, todo el mundo lo sabe desde hace tiempo. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fue fotografiado mientras visitaba prisiones israelíes, humillando —ante las cámaras de televisión— a presos palestinos. Se ha convertido en la política del país: maltratar, humillar, violar de forma sistemática. Y lo que me parece especialmente repugnante es que en Israel —y esto forma parte de lo que ocurre cuando una sociedad se convierte en una sociedad genocida—, en general, salvo algunos artículos en Haaretz y en +972, nadie se pronuncia. La Asociación Médica Israelí no se ha pronunciado. El Colegio de Abogados de Israel no se ha pronunciado. Las asociaciones universitarias no se han pronunciado. Los rectores de las universidades tampoco. A los medios de comunicación no les interesa realmente».

En el mismo programa, el periodista palestino Muhammad Shehada recuerda que «las agresiones sexuales contra los palestinos se remontan a 1948. Existen declaraciones oficiales de David Ben-Gurión, el padre fundador de Israel, en las que se hace constar la comisión de múltiples violaciones contra palestinos. Benny Morris, el eminente historiador israelí, también ha documentado las violaciones sistemáticas de palestinos en 1948. Y desde entonces, estos incidentes no han dejado de producirse». Señala que «tan pronto como Kristof publicó su artículo en el New York Times, Israel se vio amenazado en su propia existencia, ya que el New York Times se considera una especie de biblia para los liberales. Así pues, estamos asistiendo, en esencia, a una crisis de pánico israelí como reacción».

1 Centro Palestino de Derechos Humanos.

Declaración del Comité “Ugetistas por Palestina” sobre la escalada militar en Oriente Medio.

El Comité de “Ugetistas por Palestina”, fiel a los valores fundamentales de la UGT -la solidaridad entre pueblos y personas trabajadoras, la defensa de la dignidad humana, la justicia social, la democracia y los derechos de las personas trabajadoras-, y tal y como hemos estado haciendo de forma sostenida ante el genocidio en Gaza y la ocupación de Palestina, considera que el movimiento sindical tiene el deber de alzar la voz ante cualquier conflicto que ponga en riesgo la vida de la población civil y agrave la desigualdad, la precariedad, la inseguridad y el estado de vulnerabilidad de las personas.

Está claro que mientras esta administración estadounidense siga en esta dinámica belicista, no hay país ni pueblo a salvo de diferentes represalias, desde la imposición de aranceles hasta los bombardeos. La paz no puede entenderse como una pausa táctica, sino como un compromiso firme con la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la seguridad de las poblaciones civiles.

  1. Denunciamos con rotundidad la ofensiva militar de Estados Unidos y de Israel contra Irán, en tanto que vulnera los principios básicos del derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza. Rechazamos cualquier acción que atente contra la soberanía de los pueblos y ponga en peligro a la población civil.
  2. Expresamos nuestra plena solidaridad con las poblaciones afectadas y denunciamos tanto la represión interna como las injerencias militares externas. Las personas trabajadoras y sus familias son siempre las primeras víctimas de la guerra. La situación en Irán, marcada por la falta de derechos democráticos, las sanciones y la crisis económica, son un ejemplo claro, aunque esto no justifica una agresión ilegal, ni el asesinato de civiles. La escalada militar sólo profundizará en este sufrimiento. Advertimos también que la escalada de agresiones ilegales se complementa con el avance militar de Israel en el Líbano, país que está sufriendo los efectos devastadores de la guerra sobre la población civil en manos del estado sionista de Israel que declaró su intención de proceder con los mismos métodos genocidas que en Gaza.
  3. Exigimos un alto el fuego inmediato, una efectiva reducción de las hostilidades y la recuperación de la vía diplomática, con la participación activa de la sociedad civil. Las soluciones impuestas por la fuerza sólo cronifican los conflictos, evitando que la actual escalada se extienda y se consolide en otros escenarios como el Líbano.
  4. Reclamamos el cumplimiento riguroso del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, así como el refuerzo de los espacios multilaterales, especialmente el papel de Naciones Unidas, como marco legitimo para la resolución de conflictos. Ya son demasiadas veces que este organismo permanece mudo o mirando hacia otro lado ante conflictos ilegales, lo que pone en cuestión su papel actual y futuro.
  5. Instamos a la comunidad internacional, y en particular a la Unión Europea, a no avalar ni tolerar actuaciones que puedan constituir crímenes internacionales. En este sentido, y tal y como han pedido los gobiernos catalán y español, instamos una vez más a que la UE rompa el acuerdo de asociación con Israel, lo que tiene la obligación de hacer según el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.
  6. Pedimos al Gobierno que adopte medidas concretas para evitar cualquier contribución a la guerra, incluyendo la suspensión del comercio de armas con Israel, así como el refuerzo de políticas de acogida para las personas afectadas por el conflicto.
  7. Instamos al Gobierno de Cataluña a reforzar su compromiso con la paz en los ámbitos internacionales donde participa y desplegar acciones alineadas con los acuerdos del Parlamento de Cataluña del 24 de julio de 2025 sobre Palestina, orientadas a la defensa de los derechos humanos, la legalidad internacional y la no colaboración con prácticas que la vulneren.
  8. Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los sindicatos y personas trabajadoras a implicarse activamente en la defensa de la paz, la justicia global y los derechos humanos, promoviendo una mirada crítica y comprometida ante los conflictos.

Nos solidarizamos igualmente con los sindicatos de Irán y de los países de Oriente Medio que, a pesar de las dificultades, siguen siendo un bastión en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y de las libertades. Afirmamos nuestra solidaridad incondicional con la Federación Nacional de Sindicatos Obreros y Empleados del Líbano, y denunciamos la masacre cometida estos días sobre población civil.

Cataluña, país de larga tradición en el trabajo por la paz y la defensa de la justicia global, puede y debe posicionarse en la escena internacional como un actor de paz y no de guerra, impulsando soluciones negociadas y el respeto al derecho internacional.

El movimiento sindical reafirma su compromiso con la paz, los derechos humanos, la democracia y el trabajo digno como bases imprescindibles para una seguridad y prosperidad duraderas. Por eso decimos hoy más que nunca NO A LA GUERRA. Del mismo modo, el sindicato defiende que se mantengan las políticas económicas que protegen a la clase trabajadora ante las consecuencias de la inestabilidad geopolítica, incluyendo medidas para contener los precios de la energía y reforzar los sistemas de protección social.