ob Dylan grabó «Blowin in the Wind» (Flotando en el viento) en julio de 1962 y la incluyó en su segundo álbum, «The Freewheelin», publicado en mayo de 1963. La melodía, que no la letra, está inspirada en una canción que cantaban los esclavos negros en Canadá; tras huir de los Estados Unidos; canción que denunciaba la venta de esclavos negros «No more Auction Block» (No más bloques de subasta), haciendo referencia al bloque de piedra al que se hacía subir al esclavo o esclava para ser exhibido para su venta.
Quién popularizó «Blowin in the Wind» no fue el propio Dylan, sino el grupo de música folk «Peter, Paul and Mary»; Bob Dylan fue un desconocido en el mundo de la música, hasta que la interpretó en el Festival de Folk de Newport de 1963, junto al trio PPM.
Dylan siempre ha mantenido que no era una canción protesta, pero, en contra de la intención del nobel de literatura de 2016, esta canción se convirtió en un himno contra la Guerra, en la década de los años 60 del s. XX, en particular contra la Guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos intervino, abiertamente, con la excusa del incidente del golfo de Tonkin, incidente provocado por un destructor de la Armada estadounidense, el USS Maddox, en agosto de 1964. Esta guerra, hay quienes sitúan su inicio en noviembre de 1955 y quienes lo hacen en 1959, no finalizó hasta 1975, con la toma de Saigón por parte de las fuerzas de Vietnam del Norte, aunque Estados Unidos se había retirado dos años antes, en enero de 1973.
Los siguientes tres versos, que forman parte consecutivamente de las tres estrofas de la canción, son la columna vertebral antibelicista de «Flotando en el Viento».
¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón,
antes de ser prohibidas para siempre?
—- O —-
¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza,
y fingir que simplemente no lo ha visto?
— OO —
¿Cuántas muertes serán necesarias,
antes de que él se dé cuenta,
de que ha muerto demasiada gente?
— OOO —
En 2004, fue elegida la 14ª mejor canción de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.
Con una guerra en curso en el continente europeo, me ha parecido que esta es la canción más apropiada para la sección de Canciones con Poder, en este número de Tribuna Socialista.
La respuesta está en el viento, para quien la quiera escuchar y tomar conciencia.
Proponemos el enlace a la versión de la joven cantante Katie Melua, nacida en Georgia, de donde tuvo que huir de la guerra en 1993.
Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista
Desde que el pasado 19 de junio Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional las dificultades para aplicar las políticas neoliberales que representa el presidente de la Republica Francesa van en aumento y no solo en la cámara de representantes parlamentarios, también en las calles, en las centros de trabajo, en los centros de estudio y universidades, en la sanidad y en el sector educativo, encuentra una amplia contestación.
La Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPE) convocó una gran manifestación en Paris para el pasado 16 octubre, en ella desfilaron sectores representativos de todo el país, jubilados, estudiantes, sanitarios y enseñantes que están padeciendo las consecuencias de la política que aplica Macron. La manifestación ha sido valorada como un éxito.
El martes 19 los sindicatos convocaron una huelga intersectorial que partía de los trabajadores de las empresas energéticas a las que se unieron los transportistas, enseñantes y sanitarios para reclamar aumentos salariales igual al IPC, además de las subidas salariales, los médicos pediatras demandaban el aumento de especialista para un sector en que faltan especialistas en medicina infantil y mas recursos para la sanidad, oponiéndose a la ley de financiación a la Seguridad Social que ha bajado su partida presupuestaria en 1.800 millones y el núme- ro de camas hospitalarias a disminuido un 12,4%, al mismo tiempo la partida destinada a gastos milita- res y de guerra es de 3000 millones de euros.
Los jubilados y pensionistas se manifestaban defendiendo el actual sistema de pensiones públicas que el Sr Macron quiere reformar para aumentar la edad de jubilación y el sistema de cómputo.
Los Liceos Profesionales tienen una carencia de profesores evidente debido a los continuos recortes. Profesores y estudiantes marchan juntos en defensa de la enseñanza profesional pública.
La NUPE que obtuvo 127 escaños en las ultimas elecciones, combina su trabajo parlamentario con el apoyo a los sectores que luchan por sus reivindicaciones, presento una moción de censura contra los presupuestos de Macron, moción que sirvió para poner al descubierto el verdadero carácter del Gobierno de la V República.
La primera ministra Elisabeth Borne tubo que aplicar por dos veces el articulo 49.3, articulo que algunos lo califican de dictatorial y golpista ya que permite aprobar propuestas de ley o presupuestos sin que estas sean votadas por los parlamentarios elegidos por el pueblo. Este articulo exige a la oposición una moción de censura o sea tumbar al gobierno. Para ello toda la oposición se tendría que poner de acuerdo, algo casi imposible. Como se pierde la moción de censura la ley es aprobada automáticamente. Así ha sido con el Presupuesto
La mayoría social en Francia no permitirá que se utilicen este tipo de prácticas demasiado asiduamente.
La movilización del 15 de octubre ha sido un éxito. La policía municipal de Madrid tasó en unos 25.000 los asistentes; ya conocemos la generosidad de la policía a la hora de contar manifestantes, por lo que hablar de unas 40.000 personas apoyando la convocatoria, no es exagerado.
La cifra alcanza mayor relevancia si se contextualiza con la campaña del Gobierno, previa al 15 de octubre, para desinflar la asistencia. Un día sí y otro también se lanzan mensajes en los medios para enfrentar a los jóvenes y los pensionistas: el problema es que las reformas laborales de 2010 y 2012, que contribuyeron a devaluar brutalmente los salarios, no han sido derogadas. El problema no es que los pensionistas reciben una pensión acorde a lo que cotiza- ron, durante décadas de trabajo, a un Sistema de Reparto e intergeneracional. Parte de la campaña, que debe ser interpretado como un éxito de la convocatoria, es el incremento de las pensiones para 2023, se hará en base al IPC mensual medio a noviembre. Una subida de las pensiones en torno al 8,5% es una buena noticia que no cabe duda hay que vincular a la convocatoria misma de la manifestación, realizada por COESPE y el conjunto de organizaciones del movimiento de pensionistas. Si bien, no nos engañamos, el IPC a septiembre ha cerrado en el 9%, dado que durante el primer semestre del año se ha mantenido por encima del 10%, el 8,5% no deja de ser el IPC medio estimado para este año; como en 2021 se estableció el 2,5% del IPC medio frente a un IPC real del 6,5%.
El 8,5% de incremento está siendo criticado por los agentes del capital, pues dicen, en su repetitivo mantra, que es excesivo e insostenible. Pero nada dicen del 26,3% de incremento en el presupuesto del Ministerio de defensa; sin contar las partidas derivadas a otros ministerios, que asumen costes y gastos de la actividad militar.
Una vez más, y ya son muchas en la historia, queda claro que la movilización es el único método que sirve para que la clase trabajadora avance en sus reivindicaciones. Aun está por ver todo el efecto que esta manifestación puede tener en favor del Sistema Público de Pensiones, pero nadie puede negar el hecho de que el año pasado (16 de octubre) otra manifestación, muy multitudinaria, reivindicaba una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social; hoy, esa reivindicación está plasmada en la Ley 21/2021: ley no cumplida a fecha de hoy por el Gobierno, en lo que a su Disposición Adicional sexta respecta.
La Manifestación del sábado 15 de octubre no solo reivindicaba que se cumpla la Ley y se realice la Auditoría. También se reivindicaba que el Gobierno retire la pretensión que ha hecho pública el ministro de Seguridad Social, de alargar de 25 a 35 años el periodo para hallar la base reguladora de la pensión, cambio que conllevaría una pérdida del 8% en las pensiones futuras.
Por otra parte, dado el desboque que la acción especulativa empresarial está provocando en los precios, la convocatoria exigía que se incrementen en base al IPC real las pensiones y los salarios. Pues una de las hemorragias del sistema es la devaluación salarial que llevamos sufriendo desde principios de siglo: primero con la entrada del euro, después con la crisis económica e inmobiliaria de 2008, y ahora con la pandemia y la excusa de la guerra.
No es casualidad que en España se reivindique lo mismo que los trabajadores británicos llevan meses reclamando o lo que los trabajadores franceses reclamaron en París, el día siguiente a nuestra manifestación y el día 18 en una Huelga General: subidas de sueldos igual al IPC, por lo insoportable que se está haciendo la carestía de la vida, para los asalariados. La diferencia estriba en que, en Gran Bretaña y en Francia, sindicatos y fuerzas políticas de izquierda están al frente de la movilización y aquí están ausentes.
La manifestación ha sido un éxito, gracias a la asistencia de muchos y muchas jóvenes, y de muchos y muchas militantes sindicales, de distintas organizaciones: jubilados y en activo. Pero hay que continuar defendiendo el Sistema Público de Pensiones. Es fundamental insistir en la necesidad de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Si el Tribunal de cuentas desveló que el Estado había utilizado, indebidamente, más de 103.000 millones de euros en 24 años (1989 a 2013), ¿cuánto dinero se ha saqueado de las pensiones en 51 años (1967 a 2018)? que es el periodo que la Ley 21/2021 exige que sea analizado.
No podemos consentir ni una reforma regresiva más. Queda al descubierto el “fake” que señala al Sistema Púbico de Pensiones como inviable, un montaje para beneficiar el negocio de bancos y aseguradoras.
Conseguir la Auditoría sólo depende de la acción conjunta de trabajadores en activo y pensionistas, convenciendo a las organizaciones políticas y sindicales que se reclaman de la izquierda, para que se sumen a la movilización. Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos, dirigiéndonos a los trabajadores activos y responder a las nuevas convocatorias de movilización y actos en defensa del Sistema Público de Pensiones
Marifrán González es trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Valencia, desde 2012, antes estuvo en hospitales y residencias como auxiliar. Desde 2019 es representante de sus compañeras de trabajo por la UGT Servicios Públicos y forma parte de la Asociación de profesionales del SAD en la Comunitat Valenciana; Asociación con la que ha participado y organizado movilizaciones y diversas acciones para reclamar mejores condiciones de trabajo para el colectivo.
Pregunta: ¿Cómo describirías el sector en el que trabajas?
Respuesta.- Es un sector de los más precarizados. A parte de las condiciones penosas en que desarrollan el trabajo, además soportamos la indiferencia de las administraciones públicas. Se trata de un sector que sufre un sesgo de género, ya que el 90% son mujeres, muchas de ellas con cargas familiares y en situación de familias monomarentales.
Pregunta.- Vuestro trabajo requiere de algunos factores muy importantes, como son la confianza y la sensibilidad, pues os hacéis cargo del cuidado de personas dependientes, la mayoría de las ocasiones mayores que viven solos y solas y prácticamente os hacéis cargo de su hogar ¿Está valorado vuestro trabajo?
Respuesta.-No, no sólo no está valorado, tampoco está reconocido, ni por las administraciones, ni por la mayoría de la ciudadanía, que desconocen el alcance de nuestro trabajo. Además de confianza y sensibilidad, requiere discreción, porque en ocasiones somos nosotras las auxiliares las únicas personas en las que pueden apoyarse algunas personas usuarias del servicio. Además, hay que añadir la peligrosidad porque en ocasiones estamos solas e indefensas dentro de un domicilio con personas que son de alto riesgo, pues sufren enfermedades mentales, como esquizofrenias, psicopatías… y no siempre toman rigurosamente su medicación.
Pregunta.- El sector de Ayuda a Domicilio (SAD) no tiene un convenio colectivo de ámbito estatal, tenéis convenios autonómicos e incluso algunos provinciales. El último firmado en la Comunidad de Madrid, fija un salario (2022), para una Auxiliar de Ayuda a Domicilio con 36 horas de jornada (Salario base + plus convenio + plus transporte), de 1.057,89 €, poco más que el SMI, y un incremento para 2023 del 0,5%. ¿Está este convenio en la media de vuestro sector? ¿Qué incremento salarial tenéis previsto para este año en la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que el IPC anual se prevé en torno al 9%?
Respuesta.- Con respecto a temas salarial tenemos una cuenta pendiente. Se suponía que nuestro sector tenía que cobrar una equiparación salarial ya que, a todas las trabajadoras de este sector, se nos exigía una titulación o una capacitación, pues bien, esta equiparación salarial se vio ligada a la nueva licitación que se ha alargado varios años, con lo cual no hemos tenido una subida de sueldo. Esto, por un lado.
Por otra parte, para gestionar los nuevos convenios colectivos, la Administración autonómica hizo unas tablas salariales en las que tampoco han incluido al SAD, alegando que la licitación ya estaba concedida y no se podía aumentar el presupuesto. Desde el SAD se exigió, que hicieran una ampliación presupuestaria exclusivamente para subirnos el sueldo igual que al resto de auxiliares de residencias de centros de Día, de centros de la mujer, de centros de acogida, etcétera, pero se nos ha excluido.
En cuanto al convenio colectivo de Ayuda a Domicilio en País Valenciano está paralizado desde el 2016 que venció el anterior; por lo que, a fecha de hoy 22 de octubre del 2022, seguimos sin tener un nuevo convenio colectivo y sin saber ni cuándo ni cuánto nos subirá el sueldo. No solo hemos perdido poder adquisitivo, sino que muchas trabajadoras solo tienen como ingreso su sueldo y están pasando verdaderos apuros para llegar al final de mes.
Pregunta.- ¿Se corresponden estos salarios con las exigencias de vuestro trabajo?
Respuesta.- No, como he comentado anteriormente nosotras vivimos situaciones de riesgo, (con personas que padecen enfermedades mentales, ex toxicómanos, etc.) y carecemos de un plus de peligrosidad. Así mismo, tampoco tenemos un plus de toxicidad y en nuestro trabajo entramos en viviendas con condiciones higiénicas deplorables, (suciedad, plagas, etc.), dentro del sector sanitario o sociosanitario somos las peor pagadas.
Pregunta.- Este sector utilizaba mucho los contratos de “Obra o Servicio” ¿Cómo os han cambiado las condiciones de trabajo, tras la última reforma laboral de principios de este año?
R espuesta.- Bueno en ese sentido se han acogido a la norma que rige actualmente y están haciendo indefinidos, eso sí, de pocas horas, (20,25,29h). Con esta práctica se saltan claramente lo que dice el Convenio Colectivo, (mejorar el contrato de las personas que ya están trabajando), las compañeras que piden que se les amplíe las horas de contrato las obligan a trabajar por la tarde en jornadas partidas, de ese modo se ahorran tener que pagar el almuerzo y de paso nos precarizan un poco más.
Pregunta.- ¿Cuáles son las enfermedades profesionales que más comúnmente sufrís? ¿Están reconocidas como tales enfermedades de esta profesión?
Respuesta.- En general, todas las enfermedades músculo esqueléticas. La mayoría de ellas por hacer movimientos repetitivos (como en los trabajos de limpiezas), o bien por realizar trabajos con unas circunstancias inadecuadas (levantamiento en camas que no son articuladas, etc.), porque, aunque se pueda disponer de grúas y otros accesorios que faciliten nuestro trabajo debido a las circunstancias del hogar de las personas usuarias, esos aparatos no pueden entrar en las habitaciones, baños, etc.
En caso de sufrir un accidente o lesión mientras estás trabajando, la mutua da cobertura, pero no la contempla como una enfermedad profesional, en caso de que se cronifique.
Otro gran problema que se nos plantea, es que no se permite acceder a los domicilios de las personas usuarias del servicio para valorar los riesgos laborales, haciendo prevalecer, la ley de privacidad a la de riesgos laborales, es decir no estamos sujetas a una norma básica que tienen cualquier persona trabajadora, como es el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo.
Pregunta.- Los últimos gobiernos elevaron, progresivamente, la edad de jubilación de 65 a 67 años. Ahora, el actual Gobierno, está fomentando alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años ¿En vuestro trabajo, es posible trabajar con esas edades?
Respuesta.- No es imposible realizar nuestro trabajo a esas edades, y esta es una de las mayores reivindicaciones de nuestro colectivo, que se revise la normativa y que se nos permita poder jubilarnos a los 60 años. En este sentido nos os hemos unido con plataformas de personal sanitario y auxiliares de residencias, para pedir al Gobierno que cambie la ley y se adelante la edad de jubilación.
Por segundo año consecutivo, el movimiento de Pensionistas ha conseguido llevar a cabo una movilización muy masiva en Madrid. Al igual que el 16 de octubre de 2021, el 15 del mismo mes, pero de este año 2022, centenares de miles de personas se manifestaron desde Atocha a Callao. La policía municipal de la capital cifró la manifestación en 25.000 asistentes; por tanto, no sería exagerado decir que no menos de 40.000 manifestantes se echaron a la calle a defender el Sistema Público de Pensiones.
Manifestantes con banderas de Andalucía, Galicia, Extremadura, Cataluña… y por supuesto republicanas, llegados en tren, autocar o coche desde todos los puntos del Estado español; todos con sus propios medios, haciendo honor a la frase que Marx y Engel hicieron patrimonio de la humanidad trabajadora en el Manifiesto fundacional de la I Internacional (1864): “La emancipación de los trabajadores habrá de ser obra de ellos mismos”.
Los motivos concretos de la Manifestación eran varios, pero todos dirigidos a la defensa de las pensiones públicas, entre otros:
Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
Incremento de pensiones y salarios acorde al IPC.
Rechazo de la reforma que pretende llevar a cabo el ministro de Seguridad Social.
Es importante señalar que en la manifestación del pasado año también se reivindicó una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Aquella reivindicación es hoy una obligación legal, recogida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Obligación que el Gobierno tiene pendiente cumplir, según los plazos establecidos en la Disposición Adicional sexta de dicha Ley.
La Auditoría se fundamenta en el informa del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2020, que estableció que, en el periodo 1989 a 2013, el Estado ha utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros de las pensiones para pagar partidas que debiera haber asumido con impuestos.
Entre la multitud de pancartas se podían leer consignas como: “Que los bancos devuelvan los 60.000 millones”, en alusión al dinero público prestado a la banca en la crisis de 2008, o “Ni un euro para la Guerra”, en clara crítica al sustancioso incremento de los gastos militares en los presupuestos del año próximo.
Entre los asistentes no solo había pensionistas o sindicalistas que acudían a título individual. Había familias con sus hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y jóvenes que expresaban que las pensiones no son un problema solo de los mayores.
Tan solo once días antes de esta manifestación, el 4 de octubre, el Gobierno hizo pública su “pretensión” de subir las pensiones “alrededor” del 8,5%, según palabras de la Ministra de Hacienda. Muchos asistentes valoraron positivamente este anuncio, aunque consideraban que había sido un anuncio con el objetivo de desinflar la asistencia a la manifestación. No obstante, no olvidan que, en 2021 los y las pensionistas de nuestro país perdieron entre 3,5 y 4 puntos de poder adquisitivo: las pensiones se incrementaron en el 2,5% para los contributivas y un 3% para las mínimas y las no contributivas, frente a un IPC real del 6,5%.
Muchos de los asistentes eran militantes de diversos sindicatos, incluidos UGT y CCOO, por lo que son conscientes de que los salarios se incrementan en la negociación de los convenios colectivos. Por ello, no comparten la propuesta de “Pacto de Rentas” que ha lanzado el Gobierno a patronal y sindicatos, cuyo incremento rondaría el 3% anual con una duración de tres años. Pacto que ha encallado por la negativa de la CEOE a asumir las cláusulas de revisión salarial que garantizarían que los salarios se revisasen con el IPC de cada año. A cierre del mes de septiembre, la subida media en los convenios colectivos es del 2,61%, en los que han alcanzado acuerdo, por lo que si el IPC se cierra en el entorno del 8,5% que estima el Gobierno, los salarios perderían en promedio casi un 6%; que habría que sumar al 4,1% de pérdida de poder de compra de los salarios en 2021: la media de la subida salarial en los convenios fue del 2,4%.
Se corearon cánticos contra la reforma de la Ley de Seguridad Social que plantea el ministro Escrivá, por la que se ampliaría de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora que establece la pensión futura de los pensionistas. Se estima que, si esta reforma se lleva a cabo, las pensiones perderían una media del 8%.
La satisfacción de los convocantes, por la masiva asistencia, confirmaba que la movilización es el único método para alcanzar las justas reivindicaciones de la mayoría social, y el Sistema Público de Pensiones lo es.
La tasa de variación anual del IPC en el mes de septiembre se sitúa en el 8,9%, un mes más da un golpe a las economías de las familias trabajadoras.
Ante la escalada inflacionista, que viene machacan- do la capacidad de compra de los trabajadores y ante el temor de que esto provocase una ola de movilizaciones como la que se realizó en la Bahía de Cádiz o con las dos semanas de huelga en el metal de Ourense.
El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aconsejados por la Unión Europea y el Sr Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, corrieron a la búsqueda de un Pacto de Rentas que sirviese de contención salarial y tuviese bien amarradas a las organizaciones sindicales más representativas, para permitir que los especuladores de todo pelaje llenasen sus arcas, una vez más, a costa de los trabajadores, pensionistas de los pequeños comerciantes y de la precariedad de los jóvenes.
Pese a que los sindicatos presentaron una plataforma de mínimos, que admite una pérdida de poder adquisitivo muy elevada, al plantear una subida de 3,5% para el 2022, 2,5 para el 2023 y 2,00 para el 2024, la COE no admitió el más mínimo ligamen de los salarios a la subida de la inflación, ¡quieren las manos libres! Para en nombre de la libre competencia presentar unas cuentas de resultados insultantemente beneficiosas, como las que acabamos de conocer mientras se escribe este articulo y que son: Iberdrola 3.090millones de beneficio 29% más que en el 2021, Repsol 3.222 millones de beneficio 40% más que en el 2021, Banco Santander 7.300 millones de beneficio 25% más que en el 2021, Sabadell 709 millones de beneficio 92% más que en el 2021.
Los trabajadores resisten y muestran su disposición a la luchar por aumentos salariales según el IPC real como han demostrado los del metal de Ourense que tras dos semanas de huelga han subido 5% para el 2022, 5,5% para el 2023 y un 4,5% para el 2024, la cláusula de revisión señala que los aumentos serán mayores si el IPC sigue creciendo, poniendo un tope del 18%.
UGT y CCOO habían convocado huelga de dos días en Tarragona y el de Barcelona, pero fueron des- convocadas después de haber firmado los respectivos convenios provinciales con las subidas siguientes: Tarragona 6,2 para el año 2022, 3,4 para el 2023, 2,8 para el 2024 y del 2,4 para el 2025, sin absorciones ni compensaciones en estos dos casos, también incluye cláusula de revisión que será del 8,5% de la que sobrepase el IPC al final de la vigencia del convenio.
Como vemos la firma de estos convenios no garantiza el poder adquisitivo de los salarios.
Algunas conclusiones inmediatas; de un lado, los trabajadores han mostrado su disposición a luchar por sus salarios y condiciones laborales, de otro lado y en la práctica, supone la aplicación del Pacto de Rentas deseado por patronal y Gobierno, finalmente contención de salarios y desmovilización.
La clase obrera no renunciará a sus derechos y la lucha por la subida salarial sin pérdida de poder adquisitivo, se conseguirá.
La escala móvil de salarios para que estos suban automáticamente con la subida del IPC. Es una reivindicación que es de plena actualidad, acompañada de un control de precios exhaustivo para todos los productos de primera necesidad, tanto energéticos como alimenticios.
Para lograrlo habrá que organizar verdaderas movilizaciones que recojan verdaderas reivindicaciones en unidad con las organizaciones sindicales en las que se integren todos los sectores.
El tema de las pensiones es complejo, y más aún cuando hay intereses espurios a los sistemas públicos de pensiones sobrevolándolos como carroñeros.
El pasado 15 de octubre tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación, convocada por la asociaciones y plataformas de pensionistas, entre otras COESPE. Son las asociaciones que nacieron contra las reformas de pensiones de 2011 y 2013, en particular contra la devaluación de las pensiones sufrida entre los años 2013 y 2018, aplicada por los gobiernos del PP, siendo presidente el Sr. Rajoy; devaluación provocada por la aplicación del ripio 0,25% anual. A la manifestación de mediados de mes de octubre en Madrid acudieron más de 40.000 personas, llegadas de la práctica totalidad de los territorios que componen el Estado.
La movilización estaba convocada, entre otras reivindicaciones, para:
Exigir que salarios y pensiones se revaloricen, como mínimo, con el IPC
Rechazar la reforma de las pensiones por la que se ampliaría, el número de años, de 25 a 35, para hallar la Base Reguladora.
Que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social
Quiero centrarme en la cuestión de la Auditoría, pues es la clave para la defensa del Sistema Público de Pensiones, sin que esto signifique que las demás reivindicaciones no son de importancia.
En primer lugar, hay que señalar el valor de las movilizaciones que los mencionados colectivos de pensionistas vienen llevando a cabo desde hace más de 9 años, pues lo que en la manifestación de octubre del pasado año 2021 era una reivindicación, la Auditoría, hoy es un derecho de los pensionistas, y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y una obligación del Gobierno que ha asumido en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, en su Disposición Adicional Sexta:
“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.
Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”
Como podemos ver, los plazos se le han “olvidado” al Gobierno y por eso hay que refrescarle la memoria.
En segundo lugar, la Auditoría es una necesidad para el Sistema Público de Pensiones. La reivindicación se apoya en el Informe que emitió el Tribunal de Cuentas en 2020; según el cual:
“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”
Este informe del Tribunal de Cuentas del Estado abarcó el periodo 1989 a 2018. Si nos fijamos en la Ley 21/2021, mandata al Gobierno a encargar una Auditoría que abarque el periodo 1967 a 2019. Cabe preguntarse: Sí en 29 años el Estado le debe 103.000 millones a las Pensiones Públicas, ¿cuánto debe de 51 años? ¿y si además el Tribunal de Cuentas contase con toda la información para establecer la cuantificación completa?
En mi opinión, es muy grave que el Tribunal de Cuentas del Estado diga por escrito en un informe que no ha contado con “toda la información para la cuantificación”.
Desde el punto de vista económico se termina con el mantra, establecido por “los mercados” y sus agentes a sueldo, de que las pensiones no son viables o que el sistema está quebrado.
En tercer lugar, políticamente, la Auditoría, pondrá al descubierto que ha habido una continuidad, desde el franquismo a nuestros días, en el uso indebido del dinero de las pensiones, por todos los gobiernos.
Estos tres elementos: que la movilización si tiene efecto, a condición de que sea de verdad y no una simple formalidad de cara a la galería; que cuando el Estado devuelva el dinero que le debe a la Seguridad Social, quedará despejada la duda (sembrada con mala intención) sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; y que se dará un gran paso en transparencia, respecto al manejo del dinero de los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.
El dinero de las Pensiones Públicas no proviene de los impuestos: Es la parte del salario que el trabajador y el empresario aportan para la pensión. Por tanto, continuemos luchando por la defensa de lo que es nuestro.
Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coordinadora Estatal del CATP
Europa está revuelta no solo por la guerra en Ucrania, hay armas que matan de pobreza, como la carestía de la vida, que afecta a todos los países del continente. Nuestro país cerró 2021 con una tasa del riesgo de pobreza o exclusión social del 21,7%. Seis meses después, la cifra a cierre de junio ha crecido hasta el 27,8% (Fuente: INE). Esto significa que 13 millones de personas se encuentran en esta lamentable situación.
En otros países del continente las cosas no son diferentes, salvo en la resistencia activa de la mayoría social y en particular de los trabajadores y trabajadoras.
Estos meses atrás, en Gran Bretaña han ocurrido más cosas que la muerte de Isabel II y las fastuosas idas y venidas de su féretro. Incluso cuestiones que, aunque no se relacionan, están vinculadas con la grotesca situación que vive el partido conservador en el Gobierno. Nos referimos a la huelga del transporte ferroviario que tuvo lugar el pasado 21 de junio, la mayor de los últimos 30 años, seguida por más de 40.000 trabajadores. Boris Johnson dijo al sindicato de ferroviarios, RMT, que: “a pesar de la huelga, los planes de reforma del transporte ferroviario seguirían adelante”, además de amenazarles con contratar trabajadores de agencias (lo que en España conocemos como ETTs). Sin saber, en aquel momento, que quien no seguiría adelante sería él. A las movilizaciones se sumaron los trabajadores del Metro de Londres. La huelga afectó a las estaciones ferroviarias de Inglaterra, Escocia y Gales y a la capital del reino.
Se reivindicaba que los sueldos se incrementen en el mismo porcentaje que el coste de la vida, contra las reducciones de personal, la eliminación de las oficinas de expedición de billetes y contra la decisión del Gobierno de quitar la financiación de la red metropolitana londinense.
El 31 de agosto fueron los trabajadores del servicio postal, Royal Mail, convocados por el sindicato CWU, quienes paralizaron la actividad. Estaban llamados a la huelga más de 100.000 trabajadores, y los motivos coincidían con los trabajadores ferroviarios en la reclamación de incrementos salariales iguales a la inflación.
Como los ferroviarios y los trabajadores del correo, los estibadores de Felixstowe: en el puerto de carga más grande de Gran Bretaña, el 26 de agosto se inició una huelga de 8 días, para exigir subidas salariales.
Otros sectores se echaron a la calle y pararon la actividad: los camioneros se aseguraron aumentos salariales del 20 %, los trabajadores del aeropuerto de Gatwick lograron el 21 % de incremento y los de la aerolínea British Airways, consiguieron el 13%.
Además de las bravuconadas del penúltimo jefe del Gabinete británico, el Gobierno reaccionó con cambios legales que significan el retroceso de, al menos, un siglo en los derechos de movilización y huelga de los trabajadores; facilitando a las empresas el uso de personal temporal (los llamados “esquiroles” en España), lo que hasta este año era considerado un delito. La represión contra los sindicatos toma su forma en la posibilidad de ser juzgados por “huelga ilegal”, con multas que podrían ser de 250.000 a 1 millón de libras (285.000 a 1.140.000 euros).
Al mismo tiempo que han tenido lugar estas expresiones de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, se desarrolla en todo el país un potente movimiento contra la guerra, o sea contra la implicación directa del gobierno británico que se ha convertido, después de Estados Unidos, en el principal proveedor de armas y de entrenamiento de los soldados ucranianos. Estar en contra de la Guerra no es compatible con alimentar la guerra con armas.
La situación en Francia no es diferente, el pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en París, con cerca de 140.000 asistentes, que finalizó en la emblemática plaza de la Bastilla. ¿Los motivos? Son idénticos a los de las movilizaciones de los trabajadores británicos: contra la carestía de la vida, salvando las formas y ritmos de las movilizaciones.
Desde el 27 de septiembre se mantiene el conflicto en las refinerías francesas, con una huelga en la que los trabajadores exigen un 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.
La reacción del Gobierno de Macron ha sido similar a la de Gobierno británico: Obligación administrativa de retorno al trabajo, la requisición. O lo que es lo mismo: la anulación del derecho a huelga.
El martes 18, más de 150.000 personas se manifestaron en Marsella, Burdeos, Lyon, Montpellier, Reims, Rouen, Amiens, Lille, Poitiers, Orléans y Estrasburgo. No solo trabajadores de las refinerías. También trabajadores de la Enseñanza, del sector agroalimentario y los comercios por un reparto justo de la riqueza y un aumento salarial. Los manifestantes llamaron a respetar su derecho a la huelga. Quebrar este derecho, es lo que ha hecho el Gobierno finlandés en el mes de septiembre, como es lo que se hace en España, por la vía de los servicios mínimos abusivos o apelando al artículo 172 del Código Penal, una vez que el 315 fue derogado.
Podríamos poner otros ejemplos de movilizaciones en otros países de Europa, por los mismos motivos o parecidos, excepto en España. No porque la carestía de la vida en nuestro país sea más baja que en Francia o Gran Bretaña, ni en otros países de nuestro entorno; la media del IPC en la Zona Euro estaba en mayo del presente años en el 8,8%.
Tampoco se puede achacar a que no hay problemas sociales y laborales. De hecho, según datos del INE, las jornadas de huelga en España se han incrementado en el periodo enero/agosto en un 25,61%, comparado con el mismo periodo de 2021.
Los trabajadores de Vueling, compañía aérea con sede en Barcelona, irán a la huelga los viernes, domingos, lunes y festivos durante los tres próximos meses, hasta el 31 de enero, en demanda de incrementos salariales que revaloricen sus salarios por encima del IPC. Como ellos, los trabajadores de Renfe irán a la huelga los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Otros sectores están en conflicto, como las trabajadoras de la limpieza en cuatro provincias de Castilla La Mancha; los trabajadores y trabajadoras de diferentes servicios sanitarios de Madrid, como los de las Urgencias de Atención Primaria, son solo ejemplos de los cientos de empresas y decenas de sectores en lucha.
Las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, el 15 de octubre o las del 22 del mismo mes, en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, demuestran que hay motivos para la movilización y que los trabajadores y la ciudadanía en general tiene predisposición a luchar por defender sus derechos, solo falta la voluntad de organizar la movilización, por parte de quienes tienen capacidad para ello. Los groseros beneficios que están anunciando las principales empresas españolas justificarían por sí solos dicha movilización.
En la siguiente tabla y en la gráfica que la representa, podemos extraer, a simple vista, dos conclusiones, entre otras: una, que la inflación comienza su ascenso antes de que Putin invadiese Ucrania, por tanto, la guerra no lo justifica todo. Y la otra, que si en otros países la clase trabajadora está movilizada en defensa de su sustento, contra la vida cara, en España hay más motivos.
La inflación en buena medida provocada no solo solo favorece a las grandes empresas, sino que podemos decir que es la traducción de la política de guerra en el terreno social, como se dice popularmente es «el impuesto a los pobres».
Tribuna Socialista 
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