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24O – Pensionistas: «la movilizaciónes la única solución»

Este sábado 24 de octubre, pensionistas y trabajadores de todo el Estado español, se han manifestado en Madrid para defender el Sistema Público de Pensiones y que se realice una auditoría pública sobre las cuentas de la Seguridad Social.
Esta convocatoria, anunciada antes del verano, confluye con la gran movilización de jóvenes exigiendo una vivienda digna y la expropiación de los fondos buitre que están impidiendo la posibilidad de obtenerla. También confluye con la movilización que llevan a cabo los enseñantes y los alumnos para defender la educación pública, y con todos los movimientos que están preparando la huelga general, convocada por el Sindicato de Inquilinas, las confederaciones sindicales, para el 11 de noviembre, y a la que se adhieren organizaciones populares y democráticas de todo el Estado. Reclaman salarios dignos, subidas del SMI, y vivienda digna, frenando a los especuladores.
El desahucio y fallecimiento de Maricarmen, han sido la gota que ha colmado el vaso, desencadenando el llamado a la huelga y la convocatoria de elecciones. Los partidos de la derecha, empujados por los cantos de sirena de las encuestas, se han lanzado a cuestionar la viabilidad del actual sistema de pensiones, calificándolo de “zombi”, “inviable”, o directamente “que va a petar”, proponiendo un sistema mixto con “mecanismos de capitalización”, es decir, abrir un camino a la privatización de las pensiones.

Los pensionistas todavía recuerdan el 0,25% de Rajoy
Durante años Rajoy condenó a la mayoría social a grandes penalidades, haciéndola cargar con la crisis que habían provocado los especuladores. Esos mismos especuladores que ahora quieren aprovechar los “mecanismos de capitalización”, o que expulsan a la gente de sus casas. El Gobierno de Sánchez atendió el clamor de las movilizaciones de pensionistas y ha aplicado su revalorización en base al IPC anual, sin embargo ha olvidado el apartado de la Ley 21/2021 que les comprometía a encargar una auditoría de la Seguridad Social.
Los manifestantes no lo han olvidado y esta exigencia se podía leer en numerosas pancartas. “¡Qué no! ¡qué no!, no queremos pagar sus deudas con sanidad o nuestra pensión”, gritaban. Lo tienen claro, no pueden consentir que jueguen o especulen con sus vidas. Hartos de amenazas, exigen que se cumpla la ley y que se audite las cuentas, no solo para negar la supuesta inviabilidad de las pensiones, sino también para denunciar los desvíos de fondos de la caja de la Seguridad Social y las continuas subvenciones a las empresas, de algo que no es otra cosa que salario diferido que pertenece a los trabajadores.
Es una respuesta al proceso reaccionario que provocan las políticas de los gobiernos europeos, entregados al imperialismo, que aumentan los gastos militares en detrimento de los gastos sociales. Estos días, en Francia, hay manifestaciones en todas las ciudades contra las políticas del Gobierno Macron, que intenta impedirlas enviando a la policía y al ejército. Se anuncia una huelga general el 5 de noviembre en Francia, al mismo tiempo que en Italia se convoca también huelga general para el 20 de noviembre. El 30 de octubre en 100 puertos de Europa, convocan una huelga en contra del envío de armas al Estado genocida de Israel.

El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), movimiento en el que se integra ASTRADE, formó un nutrido cortejo y portaba una pancarta con las consignas: “¡En defensa de las pensiones públicas! ¡Presupuestos militares para vivienda y gastos sociales! ¡11N Huelga General! Esta es la linea con la que asociados de ASTRADE y Tribuna Socialista nos integramos en los comités de apoyo a la huelga que se están formando en barrios y pueblos de todo el Estado.
Sin duda se trata de ayudar a organizar la lucha, porque como explica Roberto Tornamira, presidente de ASTRADE, “La movilización es la única solución, por eso estamos aquí. Hoy tocan las pensiones, como hace dos semanas tocaron dos buenas manifestaciones de vivienda, y como hace diez días los profesores, alumnos y padres de estos se movilizan en defensa de la educación pública. Las pensiones están amenazadas porque la derecha quiere privatizarlas, como privatiza la sanidad, la educación, y todo lo que es público. Por eso estamos aquí, porque la movilización es la única solución”.


Enrique Dargallo,
director de Tribuna Socialista

Reunión con la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo 

El día 23 de septiembre, representantes de las asociaciones ADEPPU, ASTRADE, el Movimiento de Pensionistas de Madrid y de la Asociación Vecinal de Collado Villalba, se reunieron con la presidenta de la Comisión en el Congreso de los Diputados para el Pacto de Toledo, Mercè Perea. 

El objeto de la reunión, a solicitud de las organizaciones, era el de trasladar la exigencia de eliminar los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas, en carreras de cotización de 40 años o más. En este sentido, se valoró positivamente que el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el martes 22 de septiembre, aprobase por mayoría: con los votos de PSOE, Sumar, ERC, EH, PNV y Junts, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Podemos, para eliminar los coeficientes reductores que penalizan la jubilación anticipada de trabajadoras y trabajadores con largas carreras de cotización -40 años o más-. 

Así mismo, se planteó la exigencia de eliminar la regla por la que, para acceder a una pensión contributiva, además de haber cotizado 15 años como mínimo, haya que tener 2 de entre los 15 años previos a la petición de jubilación. 

Y se exigió el blindaje del derecho a la pensión, mediante el traslado de lo los artículos 41 y 50 de la Constitución al Capítulo segundo, Sección 1ª “De los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas, hoy ubicados en el Capítulo tercero “De los principios rectores de la política social y económica”. 

A estas exigencias de modificaciones legales se añadió en la reunión la necesidad de cumplir con la Disposición adicional sexta de la ley 21/2021, por la que el Gobierno debería haber encargado una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, para el periodo 1967 – 2019 -un periodo de 53 años-. Además de ser un mandato legal que ya debería de haberse cumplido, es necesario restituir la deuda del Estado con la Caja de las Pensiones, pues según el informe del 2020, emitido por el Tribunal de Cuentas, el Estado era deudor de más de 103.690 millones de euros a la Seguridad Social, por haber efectuado pagos indebidos con dinero de las pensiones; cantidad correspondiente al periodo 1989 – 2013. La cantidad señalada por el Tribunal de Cuentas creció hasta los 140.000 millones de euros -en los últimos 30 años, es decir en el periodo 2003 – 2023- según explicó en la prensa económica el hoy Gobernador del Banco de España, el 21 de abril de 2023, siendo Ministro de Seguridad Social. 

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo se comprometió a trasladar las peticiones y a continuar con el diálogo con las organizaciones. 

Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista. 

A la mesa del Congreso de los Diputados, a la Comisión del Pacto de Toledo, a los grupos parlamentarios   

Dª. Leonor Mogio Gabardino, en su condición de Presidenta y en representación de la Asociación Nacional en Defensa del Sistema Público de Pensiones (ADEPPU), con CIF G88011234, junto con los representantes de La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) y el Movimiento Pensionistas de Madrid (MPM), comparecen ante los órganos e instancias parlamentarias arriba dirigidas y

EXPONEN:      

Que la exigencia  de eliminar  los coeficientes reductores de la edad de jubilaciones voluntarias de mas de 40 años e involuntarias, es una reivindicación social e histórica que las organizaciones vienen defendiendo ininterrumpidamente desde el año 2016.      

Que esta demanda dio un paso decisivo el pasado 22 de septiembre de 2026, fecha en la que el Pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley. El pueblo soberano, a través de la mayoría de sus representantes electos, ya ha expresado su mandato de forma clara, favorable e inequívoca.      

Que, tras esta votación, resulta imprescindible evitar que la iniciativa se paralice mediante prórrogas reglamentarias que amenacen con agotar el tiempo de la presente legislatura, anulando en la práctica la voluntad popular expresada en el Congreso.      

Por todo ello, las entidades firmantes EXIGEN:      

  • La apertura y constitución inmediata de la Ponencia correspondiente en el seno de la Comisión, para que los grupos parlamentarios comiencen a trabajar de forma urgente, debatan las enmiendas y redacten el dictamen sin más dilaciones.      
  • La tramitación del texto por el procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos reglamentarios a la mitad para garantizar la aprobación definitiva de la ley antes de la finalización de la presente legislatura.      

Se informa formalmente que, si no se procede de inmediato a la activación de la Ponencia y a la tramitación urgente de esta Proposición de Ley, las organizaciones convocantes tienen la firme determinación de emprender una campaña permanente de denuncias en los medios de comunicación y convocarán movilizaciones en las calles para exigir el cumplimiento del mandato votado por la Cámara.      

En Madrid, a 28 de septiembre de 2026.      

FIRMADO:      

  • Dª. Leonor Mogio Gabardino, Presidenta de ADEPPU (CIF: G88011234)     
  • D. Roberto Tornamira Sánchez, Presidente de ASTRADE (CIF: G88423488)    
  •  D. José  Sedano Ros DNI. 51854716-C en representación del Movimiento Pensionistas de Madrid (MPM)      
  • D. José Manuel Álvarez Morales  Representante G-88081297    
  • AVCV (Asociación Vecinal de Collado Villalba G-88081297    
  • D. Antonio  Martinero Labrid ASJUVI  ( Jubilación anticipada  sin penalizar ) CIF G52540622   

Defendiendo las pensiones públicas

Un año más, el movimiento de pensionistas se ha echado a la calle para defender el Sistema Público de Pensiones, como lo lleva haciendo desde que el gobierno del PP, presidido por M. Rajoy, reformará la Ley General de la Seguridad Social de 2013 y comenzase a revalorizar las pensiones con un ridículo 0,25%, haciendo perder poder adquisitivo a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país.

El sábado 25 de octubre miles de pensionistas, y también jóvenes trabajadores y trabajadoras conscientes de que llegará un día en que vivirán de su salario diferido, se desplazaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas, para exigir que:

  • El Gobierno encargue una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 21/2021.
  • El Estado deje de fomentar la privatización de las pensiones.
  • El fin de la brecha de género en salarios y pensiones.
  • La elevación de la pensión mínima al SMI.

Además de los lemas de la convocatoria, fue muy general el rechazo de los manifestantes al incremento de los gastos militares, que nadie duda, excepto el Gobierno, que irán en detrimento de los gastos sociales, como la Sanidad, las Educación, la Dependencia y las Pensiones públicas. Para entender esta preocupación, basta con ver las consecuencias de la gestión público-privada de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la gestión de las residencias en pandemia en Madrid, o el déficit de plazas en FP.

Manifestantes pasando por la puerta del Congreso de los Diputados

El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan aprobaron la Ley 21/2021, publicada en el BOE del 28 de diciembre de 2021, bajo el título “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones”.

Esta Ley modificó la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 58 para garantizar que el importe de las pensiones contributivas y de la pensión mínima se revalorizan con el IPC medio interanual. Y que si el IPC fuese negativo, como ocurrió por ejemplo en 2020, el importe de las pensiones no se reducirá.

Esta medida está bien, pero no garantiza que el poder de compra verdadero no se vea perjudicado, algo que saben bien las y los pensionistas sin necesidad de estadísticas ni estudios técnicos, pues tienen una experiencia empírica cada día que tienen que hacer la compra de los alimentos.

Los técnicos y los defensores a ultranza del Pacto de Toledo dirán que la garantía es técnicamente correcta, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen otra cosa. Por ejemplo, en IPC acumulado desde 2021 a 2024, ambos inclusive, es del 16,85% pero la revalorización de las pensiones ha sido en el mismo periodo del 15,20%. Este no sería el problema si el índice de referencia para la revalorización de las pensiones fuese el IPC de los productos habituales en el consumo de la mayoría de los y las pensionistas, por ejemplo: los alimentos. El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha crecido en el cuatrienio 2021 – 2024 un 25,57%, con lo que, frente a la revalorización de las pensiones, estas han perdido un 10,37% de poder adquisitivo.

Otro elemento importantísimo de la Ley 21/2021 es el recogido en la Disposición Adicional Sexta, en la que el Gobierno asumía la obligación de encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

“En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de Auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social […]”

“Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Este incumplimiento de la Ley, por parte del Gobierno de Coalición, lleva cuatro años silenciado por toda la prensa y por todos los partidos parlamentarios, pues el periodo que mandata la ley para dicha auditoría (1967 – 2019), afecta a todos los gobiernos, incluidos los últimos 8 años del franquismo.

Es posible que este silencio obedezca a los mismos motivos por los que nadie parece hacer hincapié en la devolución por parte de la banca de los 65.000 millones de euros que el Estado puso para su saneamiento más los 35.000 que el Estado español ha tenido que computar como deuda pública, por mandato de la Unión Europea, correspondiente al coste de los pisos de las entidades financieras agrupados en la Sareb.

La auditoría de a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en la Ley 21/2021, obedece a que el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020, puso de manifiesto que el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros, al pagar con dinero de las cotizaciones los complemento a mínimos que el Estado está obligado a pagar con dinero procedente de los impuestos. Poco tiempo después, el actual Gobernador del Banco de España, en sus funciones de ministro de la Seguridad Social, concretamente en abril de 2023, reconocía en la prensa económica que la deuda del Estado ascendía a más de 140.000 millones de euros, por los mismos motivos que los señalados por el Tribunal de Cuentas.

Esa tremenda cantidad de dinero, que se generó en el periodo 2013 -2018, será mucho mayor si el periodo de análisis es el que fija la Ley 21/2021: 1967 – 2019.

Si el Estado devolviese a la caja de las pensiones el dinero que, en palabras del tribunal de Cuentas: se ha utilizado indebidamente, la falsa discusión de la insostenibilidad de las pensiones públicas quedaría resuelto.

Hay que celebrar que cada año el movimiento de pensionistas recuerde este incumplimiento y reivindique el avance en igualdad del Sistema Público de Pensiones.

Pascual Sánchez
Socialista no afiliado.

Se llevarán tu pensión y lo sabes

Entre fiesta y fiesta muy poca gente conoce que el desfalco a la Caja Única de la Seguridad Social está entre los más 140.000 millones de euros que admitía el señor Escrivá en 2023, cuando aún era ministro de la Seguridad Social, y los 500.000 que señalaba CC.OO., en un informe. Si, has leído bien. Pero todavía queda dinero contante y sonante así que el interés por hacerse con lo que queda por parte de Fondos Buitre, Bancos, lejos de haber remitido crece por momentos. Voy a referirme al caso vasco porque vivo y tributo en Euskadi. Tenemos que fijarnos en los datos que nos aportan y buscar el truco. La Comunidad Vasca, o Euskadi, como cada cual prefiera, tasa en 12.000 millones de euros la cantidad anual de pagos a pensionistas que hemos generado aquí el derecho a cobrar lo que antes llamaban «el retiro» tras décadas de cotización. Hacía público un diario de carácter económico que el Lehendakari Pradales remitirá para este año 2025 una propuesta al presidente Pedro Sánchez con objeto de establecer el calendario de transferencia de las competencias y el soporte económico para hacer frente al pago de pensiones y prestaciones correspondientes a los territorios que Lakua gobierna, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Si bien el mencionado diario se refiere a una cantidad de 12.000 millones de euros, El Correo, vocero calificado del BBVA no hace mucho tiempo incrementó esa cantidad hasta los 12.700 millones de euros.

El Gobierno Vasco elabora una propuesta sobre el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi que prevé remitir al Ejecutivo central antes de finalizar este año, transferencia que valora en unos 12.000 millones de euros. Esta cantidad corresponde al coste anual del pago de pensiones y prestaciones en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado este martes que trabajan «discretamente» en la elaboración de una propuesta para el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que estiman en 12.000 millones de euros, y que remitirán antes de concluir 2024 al Ejecutivo de Pedro Sánchez, es decir, para inicios de 2025. En su intervención durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha destacado que se está intentando trabajar y avanzar «discretamente» en una primera propuesta de esta transferencia, cuya «orientación» pretenden trasladar antes de finalizar el año. La señora Ubarretxena no es ninguna criatura inocente así que ha remarcado la discreción para el logro del buen fin de esta transferencia. 12.700 millones de euros, bien valen toda la discreción que sea necesaria para ella y el lobby que le acompaña.

En esta tesitura, me pregunto qué debo hacer en mi calidad de pensionista. ¿Qué hacer? Me toca decidirlo como trabajador y pensionista vasco. Así que toca analizar la situación con prudencia. En marzo de este año cumplo mi tercer año como pensionista, en 2022 me subieron el mítico 8,50%, es decir, 112 euros al mes. Fue el resultado de las movilizaciones de pensionistas, pero, sobre todo, de la enorme manifestación de Madrid, con más de 30.000 personas advirtiendo a los partidos en el gobierno y sus apoyos periféricos que mantener al PP, VOX, Cs y demás elementos en la oposición no se lograba de forma gratis et amore. Y Pedro Sánchez lo entendió.

A la vuelta a Bilbao, compañeros de Pensionistas de Euskal Herria, organismo en general cercano a EH Bildu me discutieron el alcance de aquella magnífica movilización y les emplacé a ir a Madrid para poder rebatir con criterio el alcance de la movilización de COESPE y otros grupos igualmente dinámicos en la defensa activa de las pensiones públicas.

La vida me ha cambiado bastante en este tiempo, me he incorporado a la Plataforma por la Unidad de las Pensiones Públicas y democráticamente tras un bonito debate hemos solicitado la incorporación a la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, la COESPE en el mundillo jubilado y pensionista. Y es desde esta militancia estatal con gentes de los movimientos sociales vascos que escribo esta opinión contraria a la ruptura de la Caja única de las Pensiones Públicas y favorable al actual sistema de pensiones con la exigencia añadida de que se realice una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social ya, es decir, que cumplan la Ley 21/2021. Sin transferencia alguna a ningún lugar.

Reclamo la devolución de los miles de millones de euros que los distintos gobiernos han destinado a pagar partidas que deberían haber pagado con dinero de los impuestos, y no de las pensiones. Con ese dinero se acabó cualquier supuesto déficit en las cuentas de la Seguridad Social.

Y exijo que no se entregue un solo euro a Comunidad Autónoma, empresa o Fondo Buitre, puesto que los verdaderos propietarios de ese dinero no lo autorizamos y por supuesto, jamás daremos permiso a ninguna institución para saquear el fruto del trabajo de nuestras vidas y destruir así además el futuro de las generaciones que hoy trabajan y cotizan haciéndolo desgraciadamente cada vez más en precario.

No entiendo el entretenimiento en causas menores de ILPs para subir los mínimos por la vía de la discrecionalidad política a la vez que se ignora olímpicamente que el Estado, los partidos de los consensos, los de siempre y los nuevos rindan cuentas a los 9,3 millones de pensionistas que vivimos de nuestra pensión, tras haber cotizado décadas para el fortalecimiento de ese fondo común y solidario que representa a distintas costumbres, idiomas, acentos con la certeza de que si los listos que desde las instituciones quieren hacerse con una puerta giratoria con BlacRock, Vanguard u otros parásitos de este mismo tipo, no lo van a lograr dejándonos en la ruina y con una deuda pública a la argentina.

Date cuenta que los medios del capital te cuentan que el llamado gobierno vasco reclama 12.700 millones de euros para afrontar los pagos pero te ocultan cuidadosamente que la recaudación en la llamada Comunidad Autónoma de Euskadi asciende a solo 6.000. Te lo ocultan porque al conocer los dos datos, el de ingresos y gastos preguntarás lógicamente quien paga los 6.700 millones de déficit anual.

A esto respondió el dicharachero presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV que ya saben que es deficitario, pero eso no es problema. No lo es porque ellos no van a pagar la deuda, la pagaremos los demás, los que no tenemos posibilidad alguna de acceder a la llamada «ingeniería fiscal», es decir, los que pagamos todas las facturas. La pelota también está en el tejado de EH Bildu.

Obviamente, a los que no residís en Euskadi os harán la misma jugada. Desde aquí os emplazo a participar activamente en el desarrollo de COESPE u otros organismos claros y solidarios y a trabajar activamente estéis donde estéis por la Auditoría inmediata a las cuentas de la Seguridad Social.


Igualmente me dirijo a las compañeras y compañeros que en Euskal Herria luchan por las pensiones públicas y por la Auditoría.

Es el momento de no dejarnos utilizar por cantos de sirena gregarios de la banca y los fondos buitre que tocando la fibra sensible ideológica pueden hacer inviables los pagos de nuestras pensiones.

Tenemos tres tareas: pensar, pensar y pensar.

Un abrazo efusivo desde Euskadi a todas las personas trabajadoras defensoras de las Pensiones Públicas y de todo lo público allá donde os encontréis.

Una alternativa obrera, juvenil, de clase, es urgentemente necesaria. ¡Adelante!

Joseba Izaga
Miembro de “Hemen salida por la izquierda”
para Tribuna Socialista.

La U.E exigirá a España recortes en las pensiones

En vísperas de las elecciones al parlamento europeo del próximo 9 de Junio, el informe «Envejecimiento 2024» de la Comisión Europea que preside Úrsula Von der Leyen (Partido Popular Europeo) tumba la reforma de las pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez y exige recortes en nuestro sistema de pensiones de unos 12 mil millones de euros.

El documento revela que España será el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido al plan de reformar el sistema sin reducir en ningún momento el gasto y encomendándose sólo a subir los impuestos a los trabajadores vía cotizaciones sociales. De hecho, Bruselas pronostica un desajuste entre ingresos y gastos que generarán un déficit del 3,1% en 2053 frente al 0,2%, por ejemplo, de 2022 así como una «tendencia ascendente hasta 2050 debido a la progresiva jubilación de los trabajadores de la generación del baby boom». Una vez que la presión demográfica disminuya en la década de 2050, creen que «el gasto público en pensiones caerá ligeramente y se estabilizará en torno al 17% del PIB». Según la Unión Europea, el aumento de los impuestos al trabajo que se aplica mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), no será suficiente para cuadrar las cuentas del sistema como quiere Bruselas y el Gobierno se verá obligado a seguir subiendo las cotizaciones o reducir el gasto para ajustar un 0,8% del PIB. Para Bruselas, vincular la subida de las pensiones al IPC hará todavía hace más grande el agujero del sistema.

Unas previsiones de la UE sesgadas y tendenciosas.

El marcado sesgo liberal de la Unión Europea se deja entrever en este informe sobre pensiones y envejecimiento que no pretende otra cosa que empobrecer a los pensionistas actuales y futuros, cargar contra las políticas sociales del gobierno de Pedro Sánchez y fomentar los planes de pensiones privadas, haciendo que las pensiones públicas se incrementen solo un 0,25% independientemente del IPC, tal y como habían propuesto y aplicado en su día los gobiernos del PP. Afirmo que las previsiones de la UE son sesgadas y tendenciosas porque se basan en una bajada de población desde ahora hasta el 2070, cuando en realidad, gracias a la inmigración España aumenta población; y un menor número de cotizantes, cuando en realidad el número de cotizantes aumenta, así como el salario mínimo interprofesional que sirve entre otras cosas para aumentar los ingresos del Estado. Por tanto, si la población crece, y el empleo y los salarios aumentan, no habrá riesgo alguno para las pensiones. Razón de más para defender los derechos laborales y sociales del conjunto de la clase trabajadora en España.

Es necesaria la auditoría pública a las cuentas de las pensiones
Por último, ante el continuo ataque a las pensiones vía argumentos de insostenibilidad del sistema de pensiones, hay que reafirmarse en que nuestro sistema de pensiones es absolutamente viable y sostenible. Sólo el expolio de nuestra caja única para otros fines que no son las pensiones contributivas, han puesto en peligro nuestro sistema.

Es por ello, que es necesario realizar la auditoría pública a las cuentas de nuestra hucha común de las pensiones, a la que se comprometió Pedro Sánchez.

Montse Salvatierra
Militante del PSC-El Vendrell

Como sindicalistas, llamamos a trabajadores y trabajadoras en activo o pensionistas, a participar masivamente en la manisfestacion de 28 de octubre en Madrid.

Las organizaciones de pensionistas convocan, de nuevo, una manifestación estatal el 28 de octubre en Madrid, en defensa del sistema público de pensiones y con la exigencia de la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social en el centro de sus reivindicaciones.
Estamos hartos de que se nos repita, una y otra vez, que las pensiones futuras no son sostenibles” y que hay que aceptar nuevos recortes nuevos retrasos de la edad de jubilación, cuando el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en unos años, los gobiernos de turno sacaron más de 100.000 millones de euros de la caja de la Seguridad Social para “gastos impropios” (es decir, para pagar cosas que no son pensiones contributivas). Por eso necesitamos la auditoría para eliminar este argumento de los que quieren destruir nuestro sistema público de pensiones basado en el mecanismo solidario de reparto.
Recordamos que la auditoria es una reivindicación del movimiento pensionista, lanzada por la COESPE, que con el apoyo de un grupo de diputados por la transparencia de las cuentas públicas consiguieron que fuera incluida en la ley 21/2021 de reforma del sistema público de pensiones. Y también la auditoria es una demanda que fue aprobada en el Congreso Confederal de UGT y en
muchos congresos de Uniones Territoriales y Federaciones de CCOO.
Es inaceptable que el gobierno que se dice “progresista” incumpla este mandato parlamentario.
Desconfiamos de la última reforma de pensiones que abre la vía a la privatización de nuestra Seguridad Social a través de los fondos de pensiones de empresa y que, aunque mantiene la actualización de las pensiones según el IPC medio, deja en manos de la AIReF el futuro de esta medida. Recordamos que la AIReF es un organismo de control fiscal, creado por exigencias de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, y no los derechos de la población trabajadora y los y las pensionistas.
Somos conscientes de que sin salarios dignos no puede haber pensiones dignas.
Proponemos dirigirnos a las federaciones de pensionistas de organizaciones sindicales de toda Europa para explicar el combate en defensa de las pensiones en el Estado Español y, en particular, la movilización del 28 de octubre.
Por todo ello llamamos a sindicalistas, pensionistas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras en activo a preparar la manifestación del 28 de octubre y a participar en ella. Porque, gobierne quien gobierne, el derecho a las pensiones públicas se defiende.

Sindicalistas por la auditoria es un colectivo de militantes sindicales de UGT, CCOO y otras organizaciones, creado en 2021 para apoyar las movilizaciones del movimiento independiente de pensionistas y, en particular, la exigencia de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social: sindicalistasxauditoria@gmail.com

22 de octubre

Así se defienden las Pensiones Públicas

Los ataques a los sistemas de pensiones públicos no son nuevos, llevamos más de cuatro décadas escuchando un falso mantra, falso pues nunca se cumplen las previsiones de los economistas que prevén una y otra vez que las pensiones públicas son inviables. Tampoco es casualidad que estos mensajes agoreros siempre son lanzados por los gabinetes de estudios de entidades financieras y por supuestos expertos, a salario de aseguradoras y bancos.

El problema se agrava cuando se quiebra la democracia por la acción de lobbies o corporaciones del cabildeo. De la misma manera que el Estado de Qatar ha estado pagando a eurodiputados/as para que se proyecte una buena imagen de ese Estado-Propiedad privada de un clan, las grandes corporaciones y oligopolios hacen sus “aportaciones” para que las instituciones nacionales e internacionales trabajen en pro de sus intereses. Esto es algo que está a la orden del día en los Estados Unidos, y en Europa, aunque allí lo sabe todo el mundo y aquí nos lo presenten como actividad anómala, que lo es, pero que sólo se denuncia e investiga según convenga.

La obstinación del presidente de la V República francesa, el señor Macron, a llevar adelante su reforma de la Pensiones Públicas, hace pensar que tiene algún “interés adquirido”. De lo contrario no se explica por qué empuja a su pueblo al conflicto y fuerza a su Gobierno a enfrentarse a la mayoría de los grupos del Parlamento, aunque haya salvado el cuello por los pelos, exactamente 9 votos.

La clase trabajadora, con sus sindicatos al frente y apoyada por La Francia Insumisa, el partido que lidera Jean-Luz Mèlenchon, se ha echado a la calle. Y no sólo la clase trabajadora, también los estudiantes y la ciudadanía en ge- neral, por lo que estamos ante una irrupción de las masas.

La situación se le está yendo de las manos a Macron. Tanto es así, que ha tenido que pedir la suspensión de la visita de Estado que tenía prevista para estos días por parte de Carlos III de Gran Bretaña. Y, como “Roma no paga a traidores”, desde el Consejo de Europa le han llamado la atención sobre el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía francesa.

La prensa habla de la violencia desatada en las calles. Es cierto, es muy violento ver como arde un contenedor, la puerta del Ayuntamiento de Burdeos o la ruptura de un escaparate. Pero igual que hay enfermedades que no duelen, pero matan, como la diabetes, hay violencias que no se ven. Endurecer el acceso a la pensión es muy doloroso para quienes llevan toda su vida trabajando, y aportando, y, de repente, se les impone por Decreto que tienen que trabajar dos años más para acceder a su merecida jubilación. Es muy violento ver como te mengua el salario, o la pensión, porque los productos básicos crecen de un día para otro sin que ninguna institución tome medidas por decreto para controlar los precios. Son muy violentos los desahucios que dejan a miles de familias cada día en la calle… hay mucha violencia en esta sociedad, lo que pasa es que algunas formas de violencia están protegidas por la ley.

En mi opinión, lo que los franceses y franceses están haciendo es y debe ser un ejemplo a seguir para la clase trabajadora de todo el mundo de cómo se defienden los derechos.

Rogelio Obrador
Carpintero Militante socialista de Madrid

Misiles o pensiones

Un artículo de La Vanguardia del 23 de enero resumía con este título la situación de Francia, tras el levantamiento de la clase obrera francesa contra la reforma de las pensiones anunciada por el Presidente Macrón mientras, paralelamente, también anunciaba un aumento del gasto militar que llega a los 413 000 millones de euros (un aumento del 35%). Más de 2 millones de trabajadores participaban de la huelga y las movilizaciones. Sin embargo, a pesar de la resistencia de la clase trabajadora, la reforma se ha concretado en el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, aumentar de 42 a 43 los años para tener la jubilación al 100 por cien y empezar a desmantelar los regímenes especiales. La lucha en defensa de las pensiones continúa en Francia liderada por La Francia Insumisa haciendo tambalear al gobierno de Macron.

Pero, si en Francia se produce esta batalla, «cuando veas las barbas de tu vecino cortar…». Hace unos días, la Comisión Europea lanzaba una amenaza a España: la penalización máxima del Fondo de Recuperación si incumple con la reforma de las pensiones. ¿Y cuál es esta reforma de las pensiones que exige la UE para los españoles?

Cómputo de la pensión

La ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados. UGT y CC.OO piden. que, en líneas generales, se mejore el acceso a la jubilación porque «no hay ningún país en el que se exijan 15 años para cobrar una pensión».

Factor de sostenibilidad

Europa exige que España tenga un factor de sostenibilidad que automatice el equilibrio de las

pensiones, pero este sistema, aprobado por el PP en 2013, no lo quiere el PSOE. España quiere un Mecanismo de Equidad Intergeneracional para que las pensiones suban un 0,6 % de los cuáles el empresario se haga cargo del 0,5 % y el resto lo ponga el trabajador.

Aquí no se tiene en cuenta el aumento progresivo de la esperanza de vida y, por lo tanto, de cobro de pensiones durante más tiempo ni de otros aspectos demográficos como la natalidad o la inmigración.

Por la auditoría a las cuentas públicas

Mientras el debate sobre las pensiones cruza las fronteras para cernirse sobre nuestro país, sigue sin cumplirse la auditoría pública a las cuentas de la seguridad social, que demostraría la viabilidad del actual sistema de pensiones, y el expolio de la caja única de las pensiones cuyos fondos se han saqueado a lo largo de los años para trasladarlos a otros fines. Una vez más, desde Tribuna Socialista trasladamos la exigencia de cumplir con este compromiso.

Más presupuesto para misiles

Mientras se exige menor gasto en pensiones, por otra parte los compromisos adquiridos con la OTAN se van cumpliendo, produciéndose un incremento del gasto militar que este año está previsto en 12317 millones de euros.

Por ello, entre pensiones y misiles: ¡Pensiones!

¡Alto a la guerra!

Baltasar Santos
Comité de Redacción de TS

Editorial: La clase trabajadora no deja de sorprender, gratamente.

En Tribuna Socialista nº 137 dedicamos la editorial a la inflación y la respuesta que la clase trabajadora le está dando en otros países, “La inflación también es un arma”. En el anterior número de TS también valoramos muy positivamente las manifestaciones de pensionistas, el 15 de octubre, y en defensa de la sanidad pública en Madrid, el 22 del mismo mes.

Tenemos que reconocer que la clase trabajadora no deja de sorprendernos gratamente: si bien las dos manifestaciones mencionadas fueron importantes, en lo que al número de manifestantes se refiere, la que tuvo lugar el domingo día 13 de noviembre, para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la privatización de la sanidad pública, ha sorprendido a los más optimistas.

Echábamos de menos movilizaciones de masas para afrontar problemas generales y fundamentales, como lo son la defensa del Sistema Público de Pensiones y la Sanidad Pública. Y en cuestión de treinta días se han producido tres grandes manifestaciones, la última con más de 600.000 manifestantes.

Quienes acudimos a estas movilizaciones somos clase trabajadora, aunque muchos hayan aceptado considerarse clase media. Somos ese 65% de personas que dependen de un salario, cuyo sueldo no supera los 1.715 € brutos mensuales, que es el salario medio en la España de hoy. Nos movilizamos para exigir que nuestro salario diferido, la pensión, se revalorice como mínimo en el mismo porcentaje que los precios. De la misma manera, participamos en las manifestaciones para defender que no nos quiten nuestro salario indirecto; el que recibimos en forma de servicio público cuando acudimos al médico, en el hospital o en el centro de Atención Primaria, o cuando educan a nuestros hijos e hijas en un colegio público.

Otro de los aspectos sorprendentes de estas movilizaciones es que tienen en común que no han sido convocadas por las dos grandes centrales sindicales de nuestro país, si bien en las de la sanidad participan minoritariamente. La Manifestación del 15 de octubre, con más de 40.000 asistentes, fue convocada por las organizaciones de pensionistas, como COESPE, sin que los grandes sindicatos quisiesen apoyar, siquiera. La del 22 de octubre, en defensa de la Sanidad Pública madrileña fue convocada por la mesa sectorial de la Atención Primara, y la del 13 de noviembre fue convocada por asociaciones vecinales de Madrid, apoyándose en la perseverancia del sindicato corporativo de médicos Amyts.

Hay motivos para que se produzcan muchas movilizaciones masivas: por el deterioro de la Educación Pública, contra la privatización de las residencias (hubo una manifestación multitudinaria el 17 de septiembre, convocada por las plataformas de familiares de víctimas en las residencias), contra la Guerra… pero falta una movilización de masas en defensa de los salarios directos, los que nos abonan en nómina. Alguien podrá decir que el día 3 de noviembre miles de delegados sindicales llenaron la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema “Salario o Conflicto”. Sí, pero además de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités hay que dar cauce a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, que han salido a la calle a reivindicar la defensa de las pensiones o de la sanidad, demostrando que el problema no es que no se quieran movilizar.

Se está terminando el año y ni hay conflicto ni los salarios dejan de perder poder adquisitivo. La subida salarial media en convenio colectivo, a cierre de octubre, es del 2,64%, frente al 7,3% del IPC interanual, lo que equivale a una pérdida de 4,66% que hay que sumar al 4,95% de pérdida del año 2021, año en el que el incremento promedio de los salarios se quedó en el 1,55% frente al 6,5 del IPC. Es decir, que los asalariados más “afortunados” llevan una pérdida de valor en sus sueldos del 9,6%. No hablemos de los cientos de convenios sectoriales o los miles de convenios de empresa en los que el sueldo no ha subido nada o el incremento está incluso por debajo de la media.

La devaluación de los salarios en España se viene dando a lo largo de lo que llevamos de siglo: comenzamos con el redondeo de los precios con la entrada del euro, pero no se redondearon los salarios; continuamos con la devaluación provocada por las reformas laborales de 2010 y 2012, no derogadas en todos sus aspectos más lesivos; se han devaluado en los dos años de pandemia; y se están devaluando nuevamente, a nombre de la guerra, con esta ola inflacionaria.

Garantizar que los salarios no pierden valor que los trabajadores y trabajadoras, que no se empobrecen, es competencia de las organizaciones sindicales, pero dejar que los trabajadores, empresa por empresa, intenten mejorar sus salarios, o sea de forma aislada, solo sirve para facilitar las exigencias de la patronal. De hecho, sin firmarlo, es poner en práctica el llamado “Pacto de Rentas”, cuyo objetivo, recordémoslo, no era otros que el de hacer caer la carga de la crisis sobre los salarios.

Veremos si alguien no convoca por este motivo y la clase trabajadora vuelve a sorprendernos.

Comite de Redacion Tribuna Socialista