En Tribuna Socialista nº 137 dedicamos la editorial a la inflación y la respuesta que la clase trabajadora le está dando en otros países, “La inflación también es un arma”. En el anterior número de TS también valoramos muy positivamente las manifestaciones de pensionistas, el 15 de octubre, y en defensa de la sanidad pública en Madrid, el 22 del mismo mes.
Tenemos que reconocer que la clase trabajadora no deja de sorprendernos gratamente: si bien las dos manifestaciones mencionadas fueron importantes, en lo que al número de manifestantes se refiere, la que tuvo lugar el domingo día 13 de noviembre, para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la privatización de la sanidad pública, ha sorprendido a los más optimistas.
Echábamos de menos movilizaciones de masas para afrontar problemas generales y fundamentales, como lo son la defensa del Sistema Público de Pensiones y la Sanidad Pública. Y en cuestión de treinta días se han producido tres grandes manifestaciones, la última con más de 600.000 manifestantes.
Quienes acudimos a estas movilizaciones somos clase trabajadora, aunque muchos hayan aceptado considerarse clase media. Somos ese 65% de personas que dependen de un salario, cuyo sueldo no supera los 1.715 € brutos mensuales, que es el salario medio en la España de hoy. Nos movilizamos para exigir que nuestro salario diferido, la pensión, se revalorice como mínimo en el mismo porcentaje que los precios. De la misma manera, participamos en las manifestaciones para defender que no nos quiten nuestro salario indirecto; el que recibimos en forma de servicio público cuando acudimos al médico, en el hospital o en el centro de Atención Primaria, o cuando educan a nuestros hijos e hijas en un colegio público.
Otro de los aspectos sorprendentes de estas movilizaciones es que tienen en común que no han sido convocadas por las dos grandes centrales sindicales de nuestro país, si bien en las de la sanidad participan minoritariamente. La Manifestación del 15 de octubre, con más de 40.000 asistentes, fue convocada por las organizaciones de pensionistas, como COESPE, sin que los grandes sindicatos quisiesen apoyar, siquiera. La del 22 de octubre, en defensa de la Sanidad Pública madrileña fue convocada por la mesa sectorial de la Atención Primara, y la del 13 de noviembre fue convocada por asociaciones vecinales de Madrid, apoyándose en la perseverancia del sindicato corporativo de médicos Amyts.
Hay motivos para que se produzcan muchas movilizaciones masivas: por el deterioro de la Educación Pública, contra la privatización de las residencias (hubo una manifestación multitudinaria el 17 de septiembre, convocada por las plataformas de familiares de víctimas en las residencias), contra la Guerra… pero falta una movilización de masas en defensa de los salarios directos, los que nos abonan en nómina. Alguien podrá decir que el día 3 de noviembre miles de delegados sindicales llenaron la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema “Salario o Conflicto”. Sí, pero además de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités hay que dar cauce a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, que han salido a la calle a reivindicar la defensa de las pensiones o de la sanidad, demostrando que el problema no es que no se quieran movilizar.
Se está terminando el año y ni hay conflicto ni los salarios dejan de perder poder adquisitivo. La subida salarial media en convenio colectivo, a cierre de octubre, es del 2,64%, frente al 7,3% del IPC interanual, lo que equivale a una pérdida de 4,66% que hay que sumar al 4,95% de pérdida del año 2021, año en el que el incremento promedio de los salarios se quedó en el 1,55% frente al 6,5 del IPC. Es decir, que los asalariados más “afortunados” llevan una pérdida de valor en sus sueldos del 9,6%. No hablemos de los cientos de convenios sectoriales o los miles de convenios de empresa en los que el sueldo no ha subido nada o el incremento está incluso por debajo de la media.
La devaluación de los salarios en España se viene dando a lo largo de lo que llevamos de siglo: comenzamos con el redondeo de los precios con la entrada del euro, pero no se redondearon los salarios; continuamos con la devaluación provocada por las reformas laborales de 2010 y 2012, no derogadas en todos sus aspectos más lesivos; se han devaluado en los dos años de pandemia; y se están devaluando nuevamente, a nombre de la guerra, con esta ola inflacionaria.
Garantizar que los salarios no pierden valor que los trabajadores y trabajadoras, que no se empobrecen, es competencia de las organizaciones sindicales, pero dejar que los trabajadores, empresa por empresa, intenten mejorar sus salarios, o sea de forma aislada, solo sirve para facilitar las exigencias de la patronal. De hecho, sin firmarlo, es poner en práctica el llamado “Pacto de Rentas”, cuyo objetivo, recordémoslo, no era otros que el de hacer caer la carga de la crisis sobre los salarios.
Veremos si alguien no convoca por este motivo y la clase trabajadora vuelve a sorprendernos.
La movilización del 15 de octubre ha sido un éxito. La policía municipal de Madrid tasó en unos 25.000 los asistentes; ya conocemos la generosidad de la policía a la hora de contar manifestantes, por lo que hablar de unas 40.000 personas apoyando la convocatoria, no es exagerado.
La cifra alcanza mayor relevancia si se contextualiza con la campaña del Gobierno, previa al 15 de octubre, para desinflar la asistencia. Un día sí y otro también se lanzan mensajes en los medios para enfrentar a los jóvenes y los pensionistas: el problema es que las reformas laborales de 2010 y 2012, que contribuyeron a devaluar brutalmente los salarios, no han sido derogadas. El problema no es que los pensionistas reciben una pensión acorde a lo que cotiza- ron, durante décadas de trabajo, a un Sistema de Reparto e intergeneracional. Parte de la campaña, que debe ser interpretado como un éxito de la convocatoria, es el incremento de las pensiones para 2023, se hará en base al IPC mensual medio a noviembre. Una subida de las pensiones en torno al 8,5% es una buena noticia que no cabe duda hay que vincular a la convocatoria misma de la manifestación, realizada por COESPE y el conjunto de organizaciones del movimiento de pensionistas. Si bien, no nos engañamos, el IPC a septiembre ha cerrado en el 9%, dado que durante el primer semestre del año se ha mantenido por encima del 10%, el 8,5% no deja de ser el IPC medio estimado para este año; como en 2021 se estableció el 2,5% del IPC medio frente a un IPC real del 6,5%.
El 8,5% de incremento está siendo criticado por los agentes del capital, pues dicen, en su repetitivo mantra, que es excesivo e insostenible. Pero nada dicen del 26,3% de incremento en el presupuesto del Ministerio de defensa; sin contar las partidas derivadas a otros ministerios, que asumen costes y gastos de la actividad militar.
Una vez más, y ya son muchas en la historia, queda claro que la movilización es el único método que sirve para que la clase trabajadora avance en sus reivindicaciones. Aun está por ver todo el efecto que esta manifestación puede tener en favor del Sistema Público de Pensiones, pero nadie puede negar el hecho de que el año pasado (16 de octubre) otra manifestación, muy multitudinaria, reivindicaba una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social; hoy, esa reivindicación está plasmada en la Ley 21/2021: ley no cumplida a fecha de hoy por el Gobierno, en lo que a su Disposición Adicional sexta respecta.
La Manifestación del sábado 15 de octubre no solo reivindicaba que se cumpla la Ley y se realice la Auditoría. También se reivindicaba que el Gobierno retire la pretensión que ha hecho pública el ministro de Seguridad Social, de alargar de 25 a 35 años el periodo para hallar la base reguladora de la pensión, cambio que conllevaría una pérdida del 8% en las pensiones futuras.
Por otra parte, dado el desboque que la acción especulativa empresarial está provocando en los precios, la convocatoria exigía que se incrementen en base al IPC real las pensiones y los salarios. Pues una de las hemorragias del sistema es la devaluación salarial que llevamos sufriendo desde principios de siglo: primero con la entrada del euro, después con la crisis económica e inmobiliaria de 2008, y ahora con la pandemia y la excusa de la guerra.
No es casualidad que en España se reivindique lo mismo que los trabajadores británicos llevan meses reclamando o lo que los trabajadores franceses reclamaron en París, el día siguiente a nuestra manifestación y el día 18 en una Huelga General: subidas de sueldos igual al IPC, por lo insoportable que se está haciendo la carestía de la vida, para los asalariados. La diferencia estriba en que, en Gran Bretaña y en Francia, sindicatos y fuerzas políticas de izquierda están al frente de la movilización y aquí están ausentes.
La manifestación ha sido un éxito, gracias a la asistencia de muchos y muchas jóvenes, y de muchos y muchas militantes sindicales, de distintas organizaciones: jubilados y en activo. Pero hay que continuar defendiendo el Sistema Público de Pensiones. Es fundamental insistir en la necesidad de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Si el Tribunal de cuentas desveló que el Estado había utilizado, indebidamente, más de 103.000 millones de euros en 24 años (1989 a 2013), ¿cuánto dinero se ha saqueado de las pensiones en 51 años (1967 a 2018)? que es el periodo que la Ley 21/2021 exige que sea analizado.
No podemos consentir ni una reforma regresiva más. Queda al descubierto el “fake” que señala al Sistema Púbico de Pensiones como inviable, un montaje para beneficiar el negocio de bancos y aseguradoras.
Conseguir la Auditoría sólo depende de la acción conjunta de trabajadores en activo y pensionistas, convenciendo a las organizaciones políticas y sindicales que se reclaman de la izquierda, para que se sumen a la movilización. Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos, dirigiéndonos a los trabajadores activos y responder a las nuevas convocatorias de movilización y actos en defensa del Sistema Público de Pensiones
Por segundo año consecutivo, el movimiento de Pensionistas ha conseguido llevar a cabo una movilización muy masiva en Madrid. Al igual que el 16 de octubre de 2021, el 15 del mismo mes, pero de este año 2022, centenares de miles de personas se manifestaron desde Atocha a Callao. La policía municipal de la capital cifró la manifestación en 25.000 asistentes; por tanto, no sería exagerado decir que no menos de 40.000 manifestantes se echaron a la calle a defender el Sistema Público de Pensiones.
Manifestantes con banderas de Andalucía, Galicia, Extremadura, Cataluña… y por supuesto republicanas, llegados en tren, autocar o coche desde todos los puntos del Estado español; todos con sus propios medios, haciendo honor a la frase que Marx y Engel hicieron patrimonio de la humanidad trabajadora en el Manifiesto fundacional de la I Internacional (1864): “La emancipación de los trabajadores habrá de ser obra de ellos mismos”.
Los motivos concretos de la Manifestación eran varios, pero todos dirigidos a la defensa de las pensiones públicas, entre otros:
Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
Incremento de pensiones y salarios acorde al IPC.
Rechazo de la reforma que pretende llevar a cabo el ministro de Seguridad Social.
Es importante señalar que en la manifestación del pasado año también se reivindicó una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Aquella reivindicación es hoy una obligación legal, recogida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Obligación que el Gobierno tiene pendiente cumplir, según los plazos establecidos en la Disposición Adicional sexta de dicha Ley.
La Auditoría se fundamenta en el informa del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2020, que estableció que, en el periodo 1989 a 2013, el Estado ha utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros de las pensiones para pagar partidas que debiera haber asumido con impuestos.
Entre la multitud de pancartas se podían leer consignas como: “Que los bancos devuelvan los 60.000 millones”, en alusión al dinero público prestado a la banca en la crisis de 2008, o “Ni un euro para la Guerra”, en clara crítica al sustancioso incremento de los gastos militares en los presupuestos del año próximo.
Entre los asistentes no solo había pensionistas o sindicalistas que acudían a título individual. Había familias con sus hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y jóvenes que expresaban que las pensiones no son un problema solo de los mayores.
Tan solo once días antes de esta manifestación, el 4 de octubre, el Gobierno hizo pública su “pretensión” de subir las pensiones “alrededor” del 8,5%, según palabras de la Ministra de Hacienda. Muchos asistentes valoraron positivamente este anuncio, aunque consideraban que había sido un anuncio con el objetivo de desinflar la asistencia a la manifestación. No obstante, no olvidan que, en 2021 los y las pensionistas de nuestro país perdieron entre 3,5 y 4 puntos de poder adquisitivo: las pensiones se incrementaron en el 2,5% para los contributivas y un 3% para las mínimas y las no contributivas, frente a un IPC real del 6,5%.
Muchos de los asistentes eran militantes de diversos sindicatos, incluidos UGT y CCOO, por lo que son conscientes de que los salarios se incrementan en la negociación de los convenios colectivos. Por ello, no comparten la propuesta de “Pacto de Rentas” que ha lanzado el Gobierno a patronal y sindicatos, cuyo incremento rondaría el 3% anual con una duración de tres años. Pacto que ha encallado por la negativa de la CEOE a asumir las cláusulas de revisión salarial que garantizarían que los salarios se revisasen con el IPC de cada año. A cierre del mes de septiembre, la subida media en los convenios colectivos es del 2,61%, en los que han alcanzado acuerdo, por lo que si el IPC se cierra en el entorno del 8,5% que estima el Gobierno, los salarios perderían en promedio casi un 6%; que habría que sumar al 4,1% de pérdida de poder de compra de los salarios en 2021: la media de la subida salarial en los convenios fue del 2,4%.
Se corearon cánticos contra la reforma de la Ley de Seguridad Social que plantea el ministro Escrivá, por la que se ampliaría de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora que establece la pensión futura de los pensionistas. Se estima que, si esta reforma se lleva a cabo, las pensiones perderían una media del 8%.
La satisfacción de los convocantes, por la masiva asistencia, confirmaba que la movilización es el único método para alcanzar las justas reivindicaciones de la mayoría social, y el Sistema Público de Pensiones lo es.
El movimiento de pensionistas a nivel del Estado español por la defensa del sistema Público de Pesiones, se ha convertido en un referente de defensa de las reivindicaciones y derechos sociales de la clase trabajadora y de transparencia democrática. Ciertamente, como se pone de manifiesto en los documentos y escritos de COESPE:
» Afrontamos una situación muy díficil. El poder financiero ha conseguido una amplia mayoría parlamentaria que da cobertura a la contra reforma. La compra de voluntades de los diputados de diversas fuerzas políticas, debemos enterderlas como un producto de la corrupción y de la fuerza del poder a la sombra del sector financiero. Un poder que soborna, presiona, ofrece puertas giratorias, amenaza con campañas de prensa contra aquellos que se les opongan y financian campañas electorales y partidos políticos. Sin embargo, ello no hubiera sido suficiente, como muestra el caso francés: Macron tenía también mayoría parlamentaria y no pudo aplicar su reforma. Pero a diferencia de Francia, contra nosotros el poder financiero ha logrado el apoyo de las direcciones sindicales mayoritarias, que de espaldas a sus afiliados ha aceptado la lógica de la reforma y que algunos la tratan de defender publicamente». También es cierto que existen honradas excepciones como lo demuestran las Parlamentarias y Parlamentarios que están a favor de la Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.
Nuestro combate en defensa de las pensiones como salario diferido del Regimen de reparto de nuestra seguridad social claramente enfrentado a las medidas del Gobierno, que ha empezado a utilizar la guerra como argumento para recortar las condiciones laborales de los trabajadores.
En largos años de lucha que iniciamos contra el gobierno de Rajoy los pensionistas hemos creado un sólido movimiento con nuevas formas democráticas e independientes de organizar la resistencia de clase. Situaciones similares aparecen en la lucha de la sanidad pública y en defensa de los servicios públicos contra las privatizaciones. Para luchar por las reivindicaciones, la clase obrera se organiza de forma independiente fuera de los marcos del consenso, el diálogo social y pactos de renta.
Nuestro gobierno, lejos de atender las reivindicaciones sociales, se alía con los partidarios de la guerra acordando un incremento hasta 2% del PIB de los presupuestos militares. Acepta así las presiones de la OTAN y de la Unión Europea, con la querra como justificación.
El Gobierno parece tener prisa en acelerar las reformas y los recates. Tras negarse a derogar las reformas sociales de los gobiernos conservadores, generandores de bajos salarios, rechaza mantener el poder adquisitivo, dejando la vía libre a la inflación depredadora debajos salarios, y además debilita las cotizaciones sociales. En nuestro ámbito de las pensiones el Parlamento discute ahora una ley que empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a la privatización, incentivando los fondos privados.
Estamos convencidos con vosotros de que los rechazos en cadena de las reivindicaciones amparados en el aumento de los gastos militares y su vinculación con la guerra es general en muchos países europeos.
Apoyamos la convocatoria de la Conferencia Europea de Urgencia contra la guerra y los gobiernos que la promueven, con la convicción de que encontraremos caminos para la acción común contra los organizadores que niega las reivindicaciones y derechos de la clase obrera.
Esperamos y deamos con ilusión un gran éxito de la Conferencia, y colaboraremos en desarrollar sus concluiones.
¡Viva la Conferencia Europea de Urgencia contra la guerra!
El 4 de marzo, el Gobierno dio luz verde a un Proyecto de Ley para impulsar los planes de pensiones de empleo. Esto no es nuevo; está legislado en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de Planes y Fondos de Pensiones1, refundido por Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Se pretende abrir la posibilidad a que otros colectivos como autónomos, trabajadores del sector público y trabajadores de sectores productivos, que hasta ahora han tenido dificultades en el marco de la legislación antes mencionada puedan constituir un plan de pensiones de jubilación.
La ley de 1987 sirvió en su momento para reconvertir en planes de pensiones de jubilación los compromisos internos (algunos sin acuerdos colectivos) de las principales empresas del país. Y a la vez movilizar y dotar del capital necesario, las insuficientes reservas económicas que las empresas tenían destinadas a cubrir los compromisos adquiridos con sus trabajadores, constituyendo los Fondos de Pensiones externos.
Los planes y fondos de pensiones, ya sean de empresa, sector productivo, asociados o privados tienen el objeto de complementar la pensión de jubilación de la seguridad social.
En España se establecen 3 pilares:
1º la pensión pública de la Seguridad Social.
2º las pensiones en planes colectivos de empresas según la ley de 1987.
3º para los planes individuales voluntarios y asociados. El mercado privado de pensiones.
Dice el proyecto que presenta el Gobierno:
“La disponibilidad de ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral puede contribuir a mejorar las condiciones de vida tras la jubilación”.
Según esto, se da por hecho que todos los trabajadores y trabajadoras tienen capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral; la realidad nos dice otra cosa. Se calcula que un 2% de los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas tienen un plan de pensiones de empleo (2º pilar), frente al 40% de los trabajadores de las grandes empresas. El INE nos dice que, a cierre de 2020, que en nuestro país había 3.404.428 empresas. De estas, solo 4.826 (0,14%) tenían más de 250 trabajadores, es decir, solo el 0,14% son grandes empresas, el resto, el 99,86% son autónomos, microempresas y pymes.
En término medio, el 10% de los trabajadores por cuenta ajena tiene algún complemento a su pensión pública, es decir que solo 2.018.500 de trabajadores y trabajadoras cuentan con un fondo de pensión de empleo, de los 20.184.900 de ocupados que había en España al cierre del 4º trimestre de 2021.
Ese 10% de trabajadores que sí disponen de Fondo de Pensiones de Empleo se corresponde en buena medida con los trabajadores cuya remuneración salarial es superior al salario medio: 24.395,98 € brutos anuales, en 2019 (utilizamos este año para ver datos no influidos por los dos años de pandemia).
De esos 2.018.500 trabajadores y trabajadoras que cuentan con un Fondo de Pensiones de Empleo, hay de todo: empresas que aportan el 100% al Fondo, por haberlo establecido así en los convenios colectivos (al igual que las cotizaciones a la Seguridad Social su naturaleza es la de salario diferido), y empresas que, normalmente en función del año de ingreso del trabajador en la empresa (cuanto más nuevos menos derechos) las aportaciones se pueden repartir entre empresa y trabajador (en cuyo caso, hay un componente que es salario diferido, la aportación de la empresa, y otro componente cuya naturaleza es ahorro, la aportación del trabajador).
Es muy difícil concretar cuantas personas tienen un plan de pensiones en España, ya que algunos tienen uno o dos o más de empresa (si ha pasado por varias empresas que tenían planes) y uno o más como clientes de entidades financieras.
La primera conclusión que sacamos es que esta medida del Gobierno no es una medida de la que puedan beneficiarse todos los trabajadores y trabajadoras, pues la capacidad de ahorro está marcada por el salario disponible y por la capacidad económica de las empresas, pues, como podemos intuir, la inmensa mayoría de las empresas son microempresas y pequeñas empresas sin capacidad económica.
Digámoslo ya, ¡Esto va de dinero, capital e inversión!
Lo dice el proyecto de Ley:
“…un aumento del ahorro colectivo permitirá contar, en el conjunto de la economía nacional, con un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva…”
Los Fondos de Pensiones de Empleo manejaban 37.109 millones de euros, datos de finales de 2019 (Fuente INVERCO), y 86.570 millones en el mercado privado.
Para entender por qué el Gobierno Vasco ha saltado como un resorte, al calor del proyecto del Gobierno, hay que saber que las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de (Euskadi) movían, a cierre de 2020, 27.282 millones de €. Estas, las EPSV, están reguladas por el Gobierno Vasco y pueden ser de empresa, asociadas o voluntarias. Esta nueva ley que propone el gobierno de España estaría en un hibrido entre la ley de planes y fondos de 1987 y las EPSV; habrá que ver cómo queda definido.
Si sumamos el montante de los Fondos de Pensiones de Empleo (37.109 millones de €), más lo que maneja las EPSV del País vasco (27.282 millones de €), más lo que circula en el mercado privado de los planes y fondos de pensiones (86.570 millones de €), estamos hablando de un mercado de 151.817 millones de euros, el equivalente al 15% del PIB del Estado español. (Anexo-1 Los 10 planes de empleo más grandes de empresas y Anexo-2 Los 5 planes de empleo más grandes de las Administraciones Públicas, excepto Euskadi).
Por su parte, el 1er pilar, el que conocemos como el Sistema Público de Pensiones, que gestiona la Seguridad Social pagó en 2021, según sus propios datos, más de 120.000 millones de €, el 12,4% del PIB.
El inmenso volumen de dinero que se maneja en el mercado de las pensiones, sea del pilar que sea, puede ayudar a comprender el interés de quienes a futuro puedan ser las entidades privadas a las que el Gobierno piensa entregar la gestión del “fondo de pensiones de empleo de promoción pública”. Leamos otro fragmento del proyecto de Ley:
“Creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación”.
Estas entidades privadas (financieras y/o aseguradoras) de la Gestión de las inversiones, según informaciones en la prensa especializada, cobrarán por la gestión un máximo de 0,4% y la depositaria un máximo del 0,1% del capital. Pero esto no se ha concretado en el Anteproyecto, y es muy importante de cara a la rentabilidad.
Sin entrar en más detalles de un complejo articulado de estos elementos, que son muy significativos para una correcta gestión, y dando por hecho que habrá consenso entre todas las partes, incluidas las entidades privadas (bancos y gestoras de fondos) ya que el pastel a gestionar puede ser de muchos millones de euros. Nos preocupa ¿cómo puede beneficiar o qué puede suponer para el trabajador y futuro pensionista?
Este sistema que puede ser beneficioso a priori, ¿servirá de excusa para ir reduciendo la pensión pública de la seguridad social, y trasladando a la gestión privada o público-privada una parte creciente de nuestra futura pensión? Y a la vez, ¿recaerá sobre los trabajadores una creciente aportación a cargo de su sueldo para compensar las pérdidas en la pensión pública?
La insistencia de los organismos internacionales: FMI, BCE, OCDE, Comisión Europea, en que los sistemas públicos no son sostenibles, a la vista de las cifras, parece que hay una clara intencionalidad en instalar esa falsa idea, para fomentar e inducir a los trabajadores a que ahorren, si pueden.
Insistimos en que la capacidad de ahorro se da por hecha, como una realidad, realidad que la mayoría de la clase asalariada no vive. Estamos hablando de generar un capital con las aportaciones más la rentabilidad que superen la inflación durante la vida laboral durante 30 a 35 años. Que una vez jubilado se pueda disponer en forma de renta financiera a lo largo de 23 años (entre los 67 y los 90 años). Y esto es pedir mucho a un sistema de aportación durante toda una vida laboral y de capitalización e inversión en la gestión. Y luego gestionar una renta financiera durante la jubilación.
En nuestra opinión el freno a la expansión de los planes y fondos de pensiones de la Ley de 1987, son los siguientes:
La legislación, fue pensada inicialmente para las grandes empresas (Bancos, Cajas de Ahorros, Sector Energía, Comunicaciones, Sector Publico) aunque se ha ido extendiendo a otros sectores productivos y empresas medianas. En que el trabajador no tiene la opción de adherirse o no al plan, ya que forma parte de sus condiciones laborales pactadas entre empresa y sindicatos.
La cuantía de la aportación durante toda la vida laboral: esta debe ser una cantidad suficiente para generar una pensión que realmente ayude a la pensión pública y esto en muchos casos no se da. Ya sea porque las empresas no pueden económicamente o no quieren aportar más. Con el inicio de la crisis económica en 2008 organismos públicos dejaron de aportar sus compromisos por pensiones que habían negociado con los sindicatos.
El tiempo de aportación debe ser a lo largo de toda la vida laboral, pero no es suficiente que la aportación la haga una empresa en la que se trabaja solo 5 ó 10 años, y las demás no. Hoy en día los trabajadores no están 30 años en una misma empresa.
La rentabilidad: estos fondos no invierten en activos que generan una gran rentabilidad ya que a más rentabilidad siempre va asociado más riesgo de obtener un resultado negativo. Con lo cual la rentabilidad suele ser moderada y esta de media entre un 2% y 4%, con el objetivo de ganar a la inflación. Muy lejos de los fondos de inversión. Según INVECO la rentabilidad media de los últimos 20 años en Fondos de Empleo es del 3,55% y en los Individuales del 2,92%. El IPC medio de estos 20 años es del 1,86%, sin embargo, en 2021 se ha cerrado con un 6,5% y las perspectivas, por la senda que han tomado los precios, no son nada halagüeñas.
Hay otros factores que habría que tener en cuenta, como la esperanza de vida, los incentivos fiscales, entre otros, para valorar a partir de qué cuantía merece la pena detraer una parte del salario para garantizar que el complemento será efectivo en relación con el fin buscado.
Ejemplo: Un trabajador que pueda ahorrar o la empresa aportar el 5% de su salario neto y este sea de 20.000 euros/año (salario medio/bruto es 24.395,98 euros y salario más frecuente/bruto 18.506,8 euros según INE a cierre de 2019), esto sería una aportación de 84 euros/mes, desde los 30 años hasta los 67, edad jubilación. Y una rentabilidad del 3%, obtendría un capital de 68.582 euros. Y a partir de la jubilación con este capital y con una rentabilidad del 3% daría una renta financiera mensual de 344 euros durante 23 años hasta agotar todo el capital. Todo ello, contando con que no puede fallar un solo día durante 60 años para ser cierto. En una hoja de cálculo todo es posible, la realidad será otra.
Josep Giró Paris
Fue Secretario General de la Sección Sindical de UGT en “la Caixa”
Roberto Tornamira Sánchez
Ex-Secretario general del Sector Financiero Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT
Tras la crisis económica de 2008 que afectó a todos los sectores de la economía mundial y muy especialmente al sector financiero y a cuyos devastores efectos se ha unido la pandemia producida por la Covid-19 y el consecuente confinamiento de la población en la mayoría de los países del mundo; la drástica limitación de la movilidad no sólo entre países, sino entre localidades de una misma provincia e incluso entre barrios de una misma ciudad; la paralización de gran parte de la producción industrial; la escasez de materias primas; la caída del consumo de productos de no primera necesidad como el del textil de temporada; el cierre de centros de enseñanza, colegios, institutos y universidades, museos, centros culturales, bibliotecas, teatros, cines, conciertos, festivales de música o de cine, grandes eventos deportivos, gimnasios, etc., y la casi desaparición de la actividad económica en sectores clave para nuestro país como la hostelería y el turismo.
Los efectos de esta segunda crisis ha podido ser paliada en gran parte por el exitoso instrumento de los ERTE puesto a disposición de empresas y trabajadores por el Gobierno de coalición, pero que también ha traído de la mano novedades en el ámbito laboral como el teletrabajo, que antes de la crisis era una opción minoritaria y que desde los primeros confinamientos obligatorios se ha consolidado como una realidad que va a ser cada vez más habitual y vista con normalidad para un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras. En algunos casos esta opción se vive como una obligación no deseada y en otras como un derecho que ya regulan algunas normas de tipo legal.
Las consecuencias de todo lo que hemos vivido desde el inicio de esta distopía pandémica con el terrible balance de muertes, enfermedad y sufrimientos de tantos millones de personas en el mundo, están marcando un presente y un futuro sólo en parte previsto por los poderes económicos y políticos del mundo. Entre estas consecuencias destacan lo que se viene denominando con el sustantivo “brecha”, término al que se le suele añadir varias adjetivaciones que describen situaciones en las que se produce un efecto común: la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de derechos sociales, políticos o económicos en virtud de la edad, el género, la desigualdad territorial, el nivel educativo alcanzado o el acceso a servicios sociales básicos como la sanidad, la educación, la dependencia o a los servicios de las entidades financieras. Muchas personas comparten a la vez varias de las brechas mencionadas y una de las más recurrentes es la brecha en los conocimientos informáticos que sufren no sólo las personas de mayor edad sino también las de mediana edad, en muchos casos.
La exclusión financiera que vivimos en esta época de crisis globales contrasta con una tradición económica que ahora se vive como una rémora pero que creó, adaptadas a cada momento histórico, una relación económica entre trabajo, producción, financiación y crédito que empezó a configurarse ya en el siglo XV en Italia donde se crearon entidades como los llamados “pósitos”, almacenes de grano, trigo o centeno, que prestaban estos productos con réditos moderados a agricultores que hubiesen tenido malas cosechas por inundaciones o sequías y que impedían el abandono de tierras cultivables y la caída de la cantidad de grano cosechada que era necesaria para evitar hambrunas y mantener la actividad económica de las poblaciones afectadas.
Más tarde, entre los siglos XVII y XVIII, aparecen en España, siguiendo los modelos franceses o italianos, los Montes de Piedad como sucesores naturales de los Pósitos y que se constituyen como una de las propuestas económicas más positivas que puso en marcha la Ilustración en toda Europa y que trajo profundos cambios culturales y sociales como la Revolución Francesa, la fe en el progreso económico y social, la preeminencia de la razón y la búsqueda de la felicidad.
De estos Montes de Piedad surgieron las Cajas de Ahorro, que continuaron la labor de integrar a las capas sociales más empobrecidas del campo y de las incipientes industrias que fueron sustituyendo a los tradicionales productos artesanales que surtían necesidades de consumo de las mismas localidades donde se producían.
Así pues, las cajas de ahorro fundadas por entidades sociales de carácter benéfico, por ayuntamientos, diputaciones o la propia Iglesia Católica, tuvieron desde el principio la intención de lograr la inclusión en la economía de las clases populares que no tenían acceso a créditos avalados en sus precarios ingresos y sólo podían conseguirlos empeñando los aperos de labranza o las pequeñas posesiones domésticas.
La evolución posterior de estas entidades hasta su desaparición, daría para otro artículo que iría desde el papel integrador en la economía de trabajadores, obreros y campesinos facilitando créditos y préstamos al consumo o a la adquisición de tierras, locales para comercios o hipotecas para vivienda habitual a intereses moderados y asequibles al nivel económico de esas clases populares, a la mala gestión política y económica que las llevó a su desaparición de la mano de la corrupción y del acoso y derribo a las que las sometió la gran banca privada porque las cajas suponían un 52% del sistema financiero español y eran un gigante que se les escapaba de las manos.
Además, las cajas no eran entidades propiamente públicas, pero tampoco privadas al modo que lo son los bancos, las primeras eran propiedad de sus impositores y eran gestionadas por representantes políticos y sociales elegidos democráticamente y cumplían una labor social de una importancia indiscutible para un tejido social y económico muy centrado en las necesidades locales y los segundos, los bancos, son entidades privadas centradas en el beneficio propio, sus propietarios son los accionistas, sean particulares o grandes empresas y cuya labor social brilla por su ausencia aparte de su postureo publicitario.
Toda esta introducción viene a cuento del fenómeno, que ya es viral en la prensa y en las redes sociales, incluida peticiones de firmas en la plataforma change.org, de la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores, pensionistas en su gran mayoría, pero también de todas las edades que viven y trabajan en pequeños o grandes pueblos, que tienen abiertos pequeños negocios de venta de productos de proximidad y personas de mediana edad que no tuvieron acceso no ya a la enseñanza media sino a la primaria y a las que les resulta imposible utilizar con soltura los medios informáticos necesarios para gestionar su economía sin la ayuda de familiares o vecinos.
El cierre de las denominadas oficinas, agencias o sucursales, la caída del empleo en las entidades financieras a través de los ERE, despidos masivos encubiertos, prejubilaciones cada vez en peores condiciones económicas y el consiguiente cierre de esas sucursales que eran atendidas por esas personas despedidas y que hace una década estaban presentes en cada barrio de las ciudades y de cada pueblo incluso en muchas aldeas o pedanías a través de la figura de los corresponsales o corsarios, es la causa del abandono de la atención personal a los clientes no sólo de la llamada España vaciada, sino también de muchos barrios de ciudades y pueblos de mayor población. Al hilo de este desmontaje de lo que fue una banca presente en el territorio y atenta a las necesidades de los clientes particulares y la pequeña y mediana empresa, también están desapareciendo los cajeros automáticos que estaban asociados a las oficinas bancarias y también los que se encontraban en grandes centros comerciales.
Como dislate total se está barajando una idea que apoyan algunos despistados o malintencionados medios de comunicación que consiste en que los ayuntamientos, por su cuenta y riesgo, o la empresa pública de Correos instalen cajeros en poblaciones de la España vaciada o en barrios del extrarradio de las ciudades más pobladas donde se han cerrado sucursales de bancos y sobre todo de las extintas cajas de ahorro. Esta “genial” idea encierra una nueva mordida de la banca a las cuentas públicas.
En esos cajeros automáticos no sólo se retira dinero, también se realizan ingresos en efectivo y en talones o cheques. Se pagan recibos de suministros, multas de tráfico, impuestos locales, regionales o estatales. Y todo ese movimiento genera beneficios en forma de comisiones para las entidades financieras que los gestionan.
A su vez, el mantenimiento de esos cajeros genera un gasto considerable en movimiento de fondos a través de empresas de seguridad, mantenimiento técnico y recarga y retirada diaria de efectivo.
Es decir, que la instalación y gestión de esos cajeros los pagarán los ayuntamientos o una empresa pública y los beneficios limpios irán a la buchaca de los bancos a los que les importa un bledo la exclusión financiera no sólo de las personas de edad avanzada sino a las de menor edad y a las capas más desatendidas y más precarias como son los trabajadores pobres, las mujeres y los emigrantes.
Es como si la apertura de las sucursales de antaño con todos sus gastos, como alquiler o compra de locales, instalaciones técnicas, ordenadores, cajas fuertes, sistemas de seguridad y también los cajeros automáticos y su mantenimiento fueran a cargo del dinero público y los beneficios a las empresas privadas. Se ahorran todos estos gastos además de los salariales, pero sus beneficios crecen a costa de sus mal atendidos clientes y del abandono a su suerte de muchas pequeñas empresas familiares.
La gran banca ya hace al menos una década que empezó a planificar lo que para ellos era un cambio paradigmático para adaptarse a un mundo que se iba a regir por las nuevas tecnologías, apps para teléfonos móviles y tabletas, las redes sociales, las plataformas de streaming, o los servicios on line o virtuales de empresas y organismos públicos. Este proceso es imparable, y en parte positivo, pero lleva dentro el germen de la deshumanización en las relaciones humanas, económicas, laborales, sociales o políticas. Y mientras no haya contrapesos ideológicos y políticos que regulen los efectos negativos de estas experiencias globales, todos pagaremos el precio.
Hay que luchar por una ley que obligue a las entidades financieras a asumir los costes de la digitalización despersonalizada que ya se ve que no puede pararse y obligar a una atención personal (una ley ad hoc ya está en trámite pero se queda corta) a los clientes que lo requieran.
Los bancos y antiguas cajas de ahorro ya han despedido o prejubilado a casi 200.000 trabajadores y trabajadoras desde el comienzo de la crisis del 2008 y esas mismas entidades fueron rescatadas con más de 60.000 millones de euros del dinero público (ahora habrá que añadir a esa cifra los 35.000 millones de euros de la SAREB, el banco malo creado por Rajoy y De Guindos que no iba a costarnos ni un euro) y con el vaciado inmisericorde de la hucha de las pensiones que dejó el Gobierno socialista de Zapatero.
Tal vez si una banca pública creada con los restos de las cajas de ahorro, una vez saneadas a fondo en lo económico y político, hubiese sido posible, su sola existencia y presencia en ese segmento del mercado financiero habría ejercido una competencia fortísima sobre esas empresas que han olvidado su responsabilidad social con el conjunto de la población española y no habrían provocado este desbocado fenómeno de exclusión financiera que ni siquiera beneficia a la economía española y que también excluye a un gran número de pequeñas y medianas empresas.
El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP.
La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.
La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).
El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.
Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.
Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.
Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.
El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.
El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.
También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:
Impulsar desde 2022 medidas para que las pensiones mínimas superen los umbrales de pobreza, según determina la Carta Social Europea.
Reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas con discapacidad.
Mejorar en el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho.
Realizar una auditoría de la Seguridad Social, que incluya los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el año 1967.
Establecer complementos específicos para los pensionistas jubilados anticipadamente con largas carreras de cotización.
Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.
Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.
Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.
Auditoría pública y transparente a las cuentas de la
Seguridad Social
Bajo lemas similares a los del título de esta crónica, desfilaron con cientos de pancartas colectivas y carteles artesanales: por el paseo de Recoletos, la calle de Alcalá, hasta llegar a la Puerta del Sol, no menos de 25.000 personas. Muchas de ellas llegadas desde diferentes puntos del Estado español.
No solo fue una Manifestación de jubilados, fue una Manifestación intergeneracional, en la que había familias enteras reivindicando que se realice una Auditoría, pública y transparente a las cuentas de la Seguridad Social; reivindicación que nace de la desconfianza de millones de trabajadores y trabajadoras, pensionistas, autónomos… que desde hace mucho sospechaban que con el dinero de las pensiones se pagan otros gastos impropios a los fines de las cotizaciones. Esa sospecha pasó a ser una realidad cuando el Tribunal de Cuentas, una institución nada sospechosa de antisistema, revolucionaria o izquierdista, hizo público en 2020 un informe en el que exigía al Estado a resarcir a la Seguridad Social más de 100.000 millones de euros por gastos impropios. Ese dinero obedecería únicamente al periodo 1989-2013, y habría que actualizarlo (al menos con el IPC) además de ampliar el periodo de estudio. Al calor del informe del Tesoro Público, la Federación Pensionistas de CCOO estimó que, de no haberse pagado gastos indebidamente con el dinero de las pensiones, el Fondo de Reserva, coloquialmente conocido como la “hucha de las Pensiones”, tendrán un saldo superior al medio billón de euros.
Después han sido el Banco de España y el propio señor Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quienes han confirmado lo manifestado en dicho informe, si bien no se han puesto de acuerdo en la cuantía de lo “sangrado” a la Hucha de las Pensiones. Los manifestantes corearon lemas y cánticos contra la continua sucesión de reformas de la Seguridad Social -una más está en marcha-, siempre con el objetivo de ajustar y recortar el gasto en pensiones, a nombre de una supuesta quiebra nunca demostrada.
Entre la multitud de grupos, asociaciones, colectivos y organizaciones que convocaron y se dieron cita, estuvo el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP): Comité del que participa Tribuna Socialista.
Como en todas las Manifestaciones, se repartieron comunicados, folletos y se vendieron periódicos haciéndose eco de las reivindicaciones más sentidas por la clase trabajadora: derogación de las reformas laborales, alto a los despidos en la industria, derogación de la “Ley Mordaza”, que el Emérito entregue la fortuna, acumulada delictivamente, a los pueblos del Estado español… Todo ello en un ambiente reivindicativo.
Una de las informaciones que se repartió, fue la campaña de “Sindicalistas en Defensa de las Pensiones y por la Auditoría”, suscrita por cerca de 500 sindicalistas, principalmente de UGT y de CCOO, de todos los territorios del Estado y de distintos sectores de actividad.
El sentir de las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que se dieron cita en la mañana del sábado 16 de octubre en Madrid era muy claro: “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
El pasado 7 de noviembre se realizó el encuentro estatal en defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y democráticos, y por la República.
El Acto en el que Tribuna Socialista participó, tanto en su organización como en el debate, dado el carácter de miembro del CTAP, contó con la participación de más de 200 personas, que de forma individual o en representación de sus organizaciones o mareas, decidieron participar del debate y las conclusiones del mismo.
En este número de Tribuna Socialista creemos necesario informar tanto del manifiesto que se aprobó en dicho acto como de las iniciativas que se presentaron por parte de los participantes.
Manifiesto por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República
A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan para ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social, compuesta entre otros por:
Los trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus derechos y su poder adquisitivo.
Los desempleados y desempleadas que ven como su situación se cronifica sin solución.
Los que sufren un ERTE y temen el despido, a pesar de las ayudas y exenciones económicas recibidas por sus empresas.
Los que sufren aislamiento por el coronavirus y ven con miedo que la pandemia se desborda.
Los estudiantes que ven como la enseñanza “telemática”, y los escasos medios humanos y materiales de la enseñanza pública burlan su derecho a la educación. Jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio.
Los que sufren la legislación obsoleta de protección de niños, niñas y adolescentes, que facilita desvincularlos de sus familias biológicas. Son miles los casos de menores de edad tutelados por las comunidades autónomas, pero en la práctica esa custodia la ejercen a menudo empresas privadas, que dictan expedientes de riesgo y desamparo, de manera arbitraria.
Los pensionistas y los trabajadores y trabajadoras hoy, pensionistas mañana, que defienden el sistema público de pensiones y ven que el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo no restituye los ingentes fondos que se han detraído de la caja para el pago de las pensiones.
La población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud.
Las mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial.
Las familias bajo el umbral del hambre. Las que temen por la vida de sus mayores en las residencias.
Los autónomos, los falsos (asalariados bajo fórmulas mercantiles) y los verdaderos, a los que se les expulsa del mercado en el que se privilegia a las grandes corporaciones.
Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de enfrentarnos a ese falso dilema, cuyo objetivo es disfrazar la lucha de clases con todo tipo de eufemismos. Las medidas que están tomando los gobiernos, para afrontar la pandemia y sus efectos, no afectan por igual a explotadores y explotados, a ricos y a pobres. Mientras los primeros aumentan sus fortunas, y aprovechan la situación para imponer nuevas bajadas de salarios y recortes de derechos, los segundos sufren las consecuencias de la crisis económica galopante. Para ahogar las exigencias de la mayoría se fomentan formas de autoritarismo y represión. La clase dominante quiere imponer su visión de que lo bueno para ellos, es bueno para la totalidad, como cuando el presidente de la CEOE ha criticado la limitación del precio de los alquileres, tachando la medida de ideológica, pero, a este mismo señor, no le debió parecer ideológica la venta de viviendas sociales a fondos buitre y guardó silencio.
Quienes tratan de aprovechar la pandemia para llevar agua al molino de sus intereses, intentan someter a toda la sociedad y a las organizaciones obreras y populares a su voluntad. Para ello mantienen las contrarreformas laborales y de pensiones favorables a sus intereses, exigiendo a la mayoría trabajadora del país que renuncie a defender sus derechos y reivindicaciones. Las compañeras y compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS REIVINDICACIONES SE DEFIENDEN.
Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:
La derogación íntegra de las reformas laborales. Contra las que la clase trabajadora se levantó en huelga general, en tres ocasiones, en 2010 y 2012.
La derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y una auditoría, sin límites temporales, que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social destinados a pensiones.
La derogación de la «ley Mordaza», que cuestiona las libertades de expresión y movilización.
La derogación del artículo 135.3 de la Constitución, que cuestiona el gasto público para la defensa de la salud y el bienestar de los pueblos.
La derogación del artículo 315.3 del Código Penal (a la espera de que la proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE en el Congreso, para derogarlo, llegue a buen fin).
La defensa de la sanidad y la educación públicas, y un presupuesto de emergencia para salvarlas.
La derogación de la Ley 15 de 25 de abril/1997, “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema de Salud Pública”. Verdadera puerta de entrada de la empresa privada en la gestión del Sistemas Público de Salud.
La devolución al Estado, hasta el último euro, de los fondos entregados a la banca privada. La creación de la banca pública.
Un plan de inversiones y empleo público para crear miles de empleos.
La libertad de los presos políticos encarcelados por defender el derecho de las nacionalidades y regiones existentes en el Estado español a decidir cómo quieren relacionarse entre ellas libre y voluntariamente. Continuar y amplificar la campaña por la amnistía de los presos políticos catalanes.
La derogación íntegra de la LOMCE y de todas las contrarreformas educativas.
La abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de los que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo.
El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social.
La exhumación de todas las víctimas del franquismo. La anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad y los derechos de los pueblos, como parte del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.
Puntos de partida básicos que nos permitirán abordar con una lógica distinta, en beneficio de la mayoría, la reconstrucción y el bienestar de esta sociedad. Para ello es necesario acabar con instituciones franquistas enquistadas en el sistema, que hacen imposible conseguir buena parte de las reivindicaciones. Hoy es indispensable un cambio social y político.
La minoría de la sociedad se empeña en continuar el viaje de la historia en un vehículo que pro- tege sus intereses, la Constitución de 1978, que nos ha hundido en la actual crisis económica, social y
de convivencia. Una Constitución que fue condicionada por el aparato del Estado franquista, que dejó las instituciones del Estado infectadas de adeptos que añoran el autoritarismo, la arbitrariedad criminal y usurpadora de la dictadura. Elementos que someten la vida de los pueblos a los intereses de los poderes económicos parásitos: en la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la polí- tica, en los medios de comunicación… todos ellos al servicio de la oligárquica casta política y social.
Hay que aportar medios a los trabajadores y trabajadoras y a los pueblos, para salir del abismo en que nos están hundiendo. Compartimos el concepto arraigado de la justicia social, del bien común y del respeto a la vida, nos rebelamos contra un sistema económico que está diseñado en función de los intereses de la minoría: la oligarquía que desprecia la vida de nuestra clase social. El movimiento obrero y democrático necesita recuperar y fortalecer las organizaciones creadas y levantadas por los trabajadores jugándose la vida y la libertad, incluso durante la dictadura franquista. Tienen que acentuar el giro hacia la defensa de las prioridades de la clase trabajadora, no solo en los discursos y programas: también en los hechos, rompiendo con la lógica del mercado, defendiendo los derechos que nos dejaron en herencia aquellas generaciones de luchadores y luchadoras. Hay que decir basta ya de saquear lo público por la vía de la privatización directa e indirecta, de desviar servicios públicos a manos privadas. Basta ya de devaluar los servicios públicos mediante mermas en la inversión en medios técnicos y humanos. Mientras estas cosas ocurren, el Estado se endeuda para asegurar los negocios privados que no garantizan el empleo. Hay que orientar esas ingentes cantidades de dinero a las prioridades de la mayoría social, como son la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Tanto la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 a 2018 como la actual pandemia vírica han puesto en evidencia el doble rasero de las políticas económicas, la mayor parte de las veces en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por lo cual la mayoría necesita la República como herramienta y punto de apoyo para cambiar esta realidad que a la mayoría le es adversa.
El Encuentro del 7 de noviembre llama a todos los sectores de la sociedad y a los colectivos sociales que luchan por sus legítimos derechos, a los partidos y sindicatos: sus objetivos son incompatibles con la Constitución de 1978. Democracia es acabar con la herencia franquista y con este estado pútrido. Defender la supervivencia de los trabajadores y los pueblos exige abrir camino a la República en la que:
La soberanía resida verdaderamente en el pueblo, y solo en el pueblo.
El Estado sea laico y ninguna religión se inmiscuya en el sistema educativo ni cuente con prerrogativas que le permitan influir en las cuestiones de Estado al margen de la democracia.
El Estado se base en los derechos de los pueblos, cuya vinculación sea libre y voluntaria, garantizando la convivencia fraternal y la riqueza cultural.
El derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una jubilación basada en el reparto sean una realidad mediante un mandato constitucional e instituciones que lo garanticen.
Se garantice el estado de bienestar en el que los sistemas públicos de sanidad, educación, dependencia, pensiones y vivienda velen por las necesidades y la dignidad de las personas, no por los intereses privados.
El derecho a la vida y la salud, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a un futuro para la juventud, la lucha contra el patriarcado… son incompatibles con la corrupción que recorre las instituciones del Estado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La corrupción, que parte de la Corona y rebosa por las ventanas de la Casa Real. El poder judicial ejerce de brazo armado de la putrefacción del partido fundado por el exministro de Franco, Manuel Fraga, que cobijó y alentó a la extrema derecha más rancia y fascista que desprecia los Derechos Humanos y que hoy vuelve a estar representada en las instituciones.
La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. República es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. República son servicios públicos inviolables e imprivatizables, derechos de los trabajadores y las trabajadoras protegidos de verdad, blindados frente a la especulación y la explotación. Es la protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. La República la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.
Tras la experiencia de estos 43 años, al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, no nos queda otro camino que luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se someta, como han hecho los gobiernos hasta ahora, a los dictados del capital financiero y la Monarquía. Los trabajadores y trabajadoras y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, de lograr que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver.
Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Único camino
para preservar los intereses de la mayoría y derrotar las resistencias de la minoría.
Luchar por proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.
Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. El Encuentro del 7 de noviembre de 2020 es un punto de partida para:
Reunir a compañeras y compañeros y colectivos que compartan nuestro combate en constituir comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, centros de instrucción, administraciones, en el campo, localidades…
Reforzar la información, el intercambio, la acción común.
Ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.
El CATP impulsa, junto con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales, la próxima República, que será el instrumento con que los pueblos de España resuelvan por fin, tomar con fuerza en sus propias manos la construcción de un futuro de democracia y esperanza.
Iniciativas presentadas y apoyadas en el Encuentro por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República
Apoyo solidario a los compañeros de Aciturri, de Getafe, en lucha contra la deslocalización de la empresa. Y por el respeto al derecho de huelga que les está siendo vulnerado.
Contra la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, con motivos arbitrarios.
Apoyar la lucha de la COESPE en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la rea- lización de una auditoría del gasto de la Seguridad Social, sin límite temporal, para que todos los fondos gastados y/o detraídos indebidamente sean devueltos a la caja de las pen- siones. Nos comprometemos a difundir y participar en la concentración que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 12:00 ante el Congreso de los Diputados.
¿Qué República queremos? La respuesta debe tomar forma en derechos y en la defensa de los mismos: servicios públicos, derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los pensio- nistas, de los jóvenes y las mujeres de nuestra clase social. Así como la libertad sindical, las libertades de expresión, manifestación, reunión y los derechos de los pueblos. Cons- truiremos la República desde los movimientos sociales y las luchas obreras.
Reclamamos atención a los más necesitados. Son insuficientes las medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revelan como meras campañas de propaganda. Las ayudas, rentas básicas o mínimas que se establezcan desde el Gobierno, no pueden concederse a cambio de becas ni cuestionar derechos como las prestaciones por desempleo, las pensiones…
Tomamos posición contra el desmantelamiento de la industria que aún queda en nuestro país. Y contra la destrucción de empleo, tanto en la industria misma como en los sectores subsidiarios de la misma.
Reiteramos nuestro apoyo a todos los compañeros represaliados o procesados judicial- mente por ejercer su derecho a la huelga o por participar en justas luchas en defensa de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y/o en cualquier otra lucha por los derechos sociales y democráticos.
Mostramos nuestro apoyo a los miembros del ejército que han sido represaliados y expul- sados del mismo por luchar y reivindicar respeto y derechos democráticos en el seno de esa institución.
Apoyamos y nos comprometemos a difundir y participar en la manifestación convocada por las Mareas Blancas, que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 17:00, en defensa de los servicios públicos sanitarios.
El CATP y las organizaciones que han participado en el Encuentro del 7 de noviembre, apoyamos a los hermanos y hermanas de clase social que se ven obligados a migrar. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social internacional, todos sus miembros deben tener los mismos derechos sin discriminación.
Se propone que el manifiesto y sus contenidos lleguen a los plenos municipales, asambleas regionales y autonómicas en forma de mociones, propuestas… y que se difunda su contenido profusamente.
Hay que insistir, por si alguien aún no lo sabe, en que el Sistema Público de Pensiones es de los trabajadores. Es un sistema de aportación solidaria, es decir, los trabajadores en activo de hoy cotizan para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, quienes cuando estuvieron en activo cotizaron para que sus padres pudiesen jubilarse.
Es por tanto un sistema de solidaridad intergeneracional, en el que los hijos cotizan para que sus padres puedan vivir dignamente una vez llegada una edad en la que ya no corresponde ser explotado por más tiempo.
Han sido las luchas de nuestros abuelos y padres y madres las que consiguieron que los empresarios también contribuyesen con cotizaciones, por ello decimos que las aportaciones a la Seguridad Social tienen el carácter de salario diferido, la pensión es parte de lo que producimos con nuestro trabajo, no son un regalo.
El Estado, a través de la Seguridad Social, es gestor y garante del funcionamiento del sistema. Y los sindicatos velan por su sostenibilidad. Hasta aquí una descripción muy básica de cómo es nuestro sistema de pensiones.
Los problemas llegan a partir de una mala, en el caso del PP muy mala, gestión del sistema. En honor a la verdad hay que decir que no solo los gobiernos del PP han gestionado el sistema desfavorablemente para los trabajadores. Desde hace mucho tiempo se han realizado reformas que han representado una contención de las prestaciones y un saqueo del dinero de las cotizaciones para cubrir gastos del Estado, subvenciones a los empresarios. Lo cual paulatinamente han ido dificultando el acceso a la pensión contributiva y minorando su cuantía. Pero hoy el Gobierno propone es un cambio de modelo para transformar el sistema público en un remedo asistencial.
La ley 26/1985 de acción protectora de la seguridad social, tal como la llamó el Gobierno de Felipe González, fue contestada por la dimisión de los diputados y senadores de UGT y por una gran movilización conjunta de UGT y CCOO. Amplió el periodo mínimo para tener derecho a una pensión contributiva de 10 a 15 años. Y la base de cálculo para hallar la pensión, pasaba de los 2 últimos años cotizados a 8.
El Congreso de los Diputados aprobó el 6 de abril de 1995 el denominado Pacto de Toledo, por el que los derechos de protección social de los trabajadores se consensuaban con los partidos de la derecha para contener el gasto en pensiones y preparar la reducción de las cotizaciones patronales. Recomendaba entre otras cosas la separación de las fuentes de financiación (ya con anterioridad se separó la sanidad, con el resultado de la crisis actual de ese servicio público). Garantizaba durante 12 años más el saqueo de la seguridad social para pagar el complemento a mínimos y seguir subvencionando a los empresarios. Decide la creación del Fondo de Reserva (lo que vulgarmente hemos venido conociendo como “la hucha de las Pensiones”), que no se crea.
En 1996 se alcanzó el “Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social”, acuerdo pactado entre Gobierno y Sindicatos, aprobado por el Congreso de los Diputados el 15 de julio de 1997, por el que se volvió a retroceder en los derechos de los trabajadores, al pasar de 8 a 15 el periodo de cálculo para establecer la pensión futura.
Pero el Fondo de Reserva no sería constituido hasta cinco años después, en el año 2000, dotado con 601 millones de euros en su inicio, llegando a alcanzar los 66.815 en el ejercicio 2011, saldo que recibió el PP como herencia del PSOE y que ha caído en picado en estos últimos seis años, con lo cual es un factor marginal ante el descalabro que representa para la Seguridad Social la destrucción de empleo en nombre de la crisis.
Ha habido otras reformas, pero no trato aquí de reflejar los pormenores de los retrocesos sino sus grandes líneas conceptuales de cómo ha sido gestionado económica y políticamente el sistema público de pensiones.
Con la reforma de 2011, se elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67, de forma gradual desde 2013 a 2027, salvaguardando excepciones para algunas profesiones. También se establecía la excepción para las carreras largas de cotización, pudiéndose jubilar a los 65 años los trabajadores que hayan cotizado 35 ½ años. Se calcula que su efecto a largo plazo supone un fuerte recorte de las pensiones, por lo que la dirección confederal de UGT considera que será necesario desmontar ese mecanismo.
Más radical aún fue la reforma de 2013, pues eliminó la referencia a la inflación para la revalorización de las pensiones en vigor, lo que está teniendo una desgarradora devaluación de las pensiones de los pensionistas actuales; por decreto del Gobierno de Rajoy las pensiones solo se revalorizan cada año un ridículo 0,25%, frente a incrementos del IPC, por ejemplo en 2016 del 1,6% o el 1,5% interanual que llevamos en 2017.
La otra novedad de la reforma de 2013 fue la introducción del “Factor de sostenibilidad”, que entrará en funcionamiento al calcular la pensión de los futuros pensionistas, introduciendo factores como el incremento de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida menor pensión.
El último ataque al sistema, tras haber esquilmado el Gobierno del PP los 66.815 millones de euros de que disponía el Fondo de Reserva en 2011, es la apertura de un proceso de endeudamiento de la Seguridad Social, al haber dispuesto el Gobierno de un préstamo a la Seguridad Social de 10.200 MM de euros con cargo a los Presupuestos del Estado en vez de financiar con aportaciones, vulnerando así la Ley General de la Seguridad Social, tal como denuncia la UGT.
El devenir de nuestro sistema de Pensiones confirma que está en riesgo. Los ataques son constantes; la pasada semana, el 20 de julio, era el Fondo Monetario Internacional, el que instaba al Gobierno de España a continuar con la devaluación de las pensiones actuales, y limitar la subida de la pensiones solo un 0,25%, “invitando a que sean complementadas con planes privados”. No es la primera vez que manifiestan lo que realmente buscan, pero quizás si es la primera vez que lo dicen tan claramente.
La orientación que el capital financiero está promoviendo nos llevaría a un sistema de beneficencia, en lugar del actual sistema de solidaridad. Los efectos del eufemismo “Factor de Sostenibilidad” introducido por la reforma de 2013 combinado con la devaluación por efecto de no revalorizarlas más que en un 0,25%, pueden llevar a una reducción de hasta el 40% de las pensiones futuras. Nos cuentan un camelo, cuando vinculan la esperanza de vida para hallar la pensión, pues como muy bien ha explicado el profesor Vicenç Navarro, la esperanza de vida es un índice engañoso, entre otras cosas porque se halla sobre toda la sociedad sin distinción de clase, obviando que los ricos tiene una esperanza de vida en torno a diez años más sobre los trabajadores, por ejemplo.
El problema de la sostenibilidad de las Pensiones es que se exonera cada día más a los empresarios de cotizar al sistema, a través de las múltiples tarifas planas y regalos fiscales que ha venido estableciendo el Gobierno de Rajoy en estos años.
Lo anterior, sumado a la caída de los salarios fomentada por la Reforma Laboral de 2012, es lo que ha provocado la aparición de la diferencio de cotizaciones y gastos jaleada por los medios, a lo que se añade la cínica atribución de carácter deudor a la Seguridad Social, cuando el Estado le ha detraído más de medio billón de euros. Se la declara deudora para poder desmantelarla, empezando por quitarle los edificios de los grandes hospitales de todo el país, patrimonio de los trabajadores; edificios que fueron cedidos a las comunidades autónomas.
Invitar a que las futuras pensiones se complementen con planes privados es de un cinismo criminal, pues ya hoy la inmensa mayoría de los trabajadores no tiene capacidad de ahorro para dotar cantidades ni mensual ni anualmente a planes de pensiones. A futuro, las expectativas son aún peores.
Son muchos los motivos que me hacen decir que es urgente la derogación de la Reforma de las Pensiones de 2013 y la Reforma Laboral de 2012. Y derogar a continuación las precedentes de 2011 y 2010. Los trabajadores, con nuestras organizaciones sindicales y políticas al frente, tenemos que defender lo que es nuestro, el legado que nos dejaron nuestros padres. Debemos impedir el cambio de modelo de reparto que garantice pensiones dignas por un modelo asistencial sometido a la política de cada gobierno.
Tribuna Socialista 
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