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Un Sistema Público de Pensiones válido hoy y en 2050

En los últimos meses venimos asistiendo a un constante ataque desde distintos medios de comunicación, y de todo tipo, poniendo en cuestión el actual Sistema Público de Pensiones, esto no sería ninguna novedad, ya que desde que accedí al mundo laboral hace ya 50 años ya sucedía, pero ahora ante el fracaso de todas las estrategias anteriores se trata de enfrentar a las nuevas generaciones de trabajadores jóvenes con los actuales pensionistas.

Parten los críticos de las pensiones públicas de la falsa premisa de que el sistema actual no es sostenible diciendo que para garantizar las prestaciones se tienen que destinar recursos públicos que sería necesario destinar a otros objetivos. Que el sistema Público actual no ingresa lo que gasta y, por tanto, su perspectiva si no acude el Estado en su rescate es la quiebra del Sistema.

Para poner en cuestión al Sistema se suele utilizar el argumento de que los pensionistas actuales cobran unas pensiones muy superiores a la media del salario actual de los trabajadores, y en particular de los jóvenes. Este postulado es radicalmente falso. El salario medio reconocido en el último informe del Ministerio de Trabajo es de 2.531 € mensuales, y la pensión media está situada en 1.320 € mensuales.

La realidad del contenido del Sistema Público de Pensiones nos lleva a comprobar que, en la actualidad, de los 10,5 millones de pensionista, sólo 6,5 millones pertenecen a jubilación, el resto son de viudedad (2,4 millones), orfandad (350 mil); invalidez (1,1 millones); y en favor de familiares (46 mil). Pues bien, de los 6,5 millones de pensiones de jubilación 2,5 millones no alcanzan los 1.000 € de pensión, y otros 1,5 millones no llegan a los 1.500 €; solo 1,2 millones tiene una pensión superior a los 2.500 €. Y todo a lo anterior hay que poner el detalle de que son cantidades brutas, es decir que un pensionista que percibe una pensión de 3.000 € se le aplica una retención de un 23/24%.

La segunda consideración sobre el actual Sistema Público de Pensiones viene dada por su naturaleza: un sistema de reparto que consiste en la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores de hoy con sus cotizaciones y las de los empresarios, pagan las pensiones de hoy; al igual que los pensionistas de hoy, cuando estábamos en activo, pagamos las jubilaciones de nuestros antepasados. Y este sistema solidario es el actual objeto de ataque y destrucción por parte de los “grandes intereses económicos del país”, bancos, aseguradoras, fondo de inversión, etc. Y, por supuesto de los empresarios.

El argumento que se han buscado es que los pensionistas viven muy bien a costa de las cotizaciones que realizan los jóvenes de hoy en día, y que esta situación dificulta que los actuales trabajadores tengan un nivel de vida adecuado. Entre estas carencias ponen el problema de la vivienda. En definitiva, como a lo largo de muchos años de crítica no han conseguido destruir el sistema, y que la mayoría de los trabajadores suscribieran planes de pensiones privados; la última estrategia es enfrentar a los jóvenes con sus mayores.

Tal como he señalado anteriormente, no es cierto que los pensionistas cobren esas cuantías que se exhiben por parte de la derecha mediática (sólo un porcentaje menor lo cobra), y lo que deben hacer los poderes mediáticos, y entre ellos los empresarios, es reconocer unos salarios dignos, y no someter a especulación bienes que son “vitales” en el devenir de las personas: sanidad, educación, vivienda, jubilación y dependencia, servicios que se deben garantizar si o si, por un Estado que, en el artículo 1 de su Constitución proclama “como un estado social y democrático de derecho.” Igual que en su artículo 43, se reconoce el derecho a la salud, y la obligación de los poderes públicos de llevarlo a cabo; en su artículo 47, se reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna, y la obligación de promoverlas; del mismo modo el artículo 50, establece que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

El problema de la vivienda, o de los bajos salarios de los trabajadores no son consecuencia del pago de las pensiones, como pretende hacer ver la patronal, dejando caer que si no tuvieran que pagar el 28% del salario (entre la cotización empresarial y la del trabajador), ese porcentaje podría ir al bolsillo de los trabajadores. La ventaja es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Solo basta tomar un ejemplo actual para ver cuál es la realidad de los trabajadores y desmontar esa “alegoría empresarial”. En estos últimos años en los que se ha subido un poco más dignamente el Salario Mínimo Interprofesional, hemos podido comprobar como la patronal, año tras año ha venido “compensando y absorbiendo” los pequeños incrementos, cuando el trabajador tenía cualquier complemento. Y eso que estamos hablando de salarios muy poco por encima de los 1.000.-€ ¿Sabéis al bolsillo de quién iba a ir ese 28% de las cotizaciones sociales?, ya os lo digo yo, al de los empresarios, por la vía de la compensación y absorción. En pocos años estaría totalmente neutralizado, y por contra los que no encontraríamos es que los jóvenes de hoy, sobre todo los de salarios más modestos, el día de mañana ni tendría un salario digno, ni una vivienda en condiciones, y tendrían un gran problema con su jubilación.

Para los más moderados, es decir, aquellos que no plantean la destrucción del sistema, sino que hay que llevar a cabo una reforma del Sistema, la consigna es que se establezca un sistema de capitalización en lugar de reparto, esto es, que cada trabajador cobre de pensión en función de lo que ahorre o aporte. Consagrando de esta manera todavía más la desigualdad social. Porque los salarios más bajos se verían abocados a pensiones todavía más bajas, y ello llevaría a que se fomentasen mucho más los fondos privados. “Como la Sanidad no funciona bien”, más Sanidad privada y concertada; como la “educación pública no funciona bien”, ídem de ídem. Y lo mismo se pretende con estas iniciativas.

Las pensiones públicas, al igual que el Sistema Público de Salud, o la Educación, no pueden estar sometidos al criterio “mercantilista” del beneficio. Son instrumentos que garantizan o deben garantizar la equidad entre los ciudadanos y, por tanto, si se necesitan más ingresos que se suban las cotizaciones sociales; y si el Estado tiene que aportar fondos para garantizar su funcionamiento debe formar parte de sus prioridades. Nadie se pregunta si las Empresas Municipales de Transportes, o las Compañías de Metro dan beneficios. Son un servicio público, y como tal deben funcionar. Los que cuestionan el ACTUAL Sistema Público de Pensiones debían cuestionar primero la especulación tan brutal que se produce con la vivienda, o la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. La Comunidad de Madrid desde el año 2024 ha subido el precio del módulo de la vivienda de protección pública un 30%, bajo el argumento de que si no lo subía las empresas no construía viviendas públicas. ¡SIN COMETARIOS!

José Antonio Serrano

Abogado laboralista y sindicalista

Pensiones Públicas: El gran pacto entre generaciones

Ultima reunión el Pacto de Toledo, 26 de Junio de 2025

Cada vez que se habla del futuro de las pensiones reaparece la misma pregunta: ¿será sostenible el sistema? Sin embargo, más allá de las cifras o de las previsiones demográficas, las pensiones públicas representan algo más profundo: uno de los grandes contratos sociales de nuestra democracia y el pacto entre generaciones que sostiene el Estado del bienestar. El sistema español se basa en un modelo de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de quienes ya han concluido su vida laboral. Este mecanismo expresa el principio de solidaridad intergeneracional. Frente a este modelo, algunos proponen sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador ahorra para su propia jubilación. La experiencia internacional muestra que estos sistemas trasladan más riesgos a los ciudadanos y dependen de los mercados financieros, mientras que los sistemas públicos de reparto son más seguros, ofrecen mayor estabilidad en las prestaciones y refuerzan la cohesión social.

La solidaridad intergeneracional constituye uno de los pilares del Estado del bienestar europeo. En España cuenta además con una base jurídica clara: la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar un sistema público de Seguridad Social que asegure prestaciones suficientes y pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Para preservar esa estabilidad nació en 1995 uno de los acuerdos políticos y sociales más relevantes de nuestra historia reciente: el Pacto de Toledo. Tres décadas después sigue siendo el marco que ha permitido preservar el sistema público de pensiones mediante reformas graduales y consensos políticos y sociales. La principal fortaleza del sistema español ha sido precisamente ese método basado en el acuerdo institucional y el diálogo social, que ha adaptado progresivamente el sistema a los cambios económicos y demográficos sin poner en riesgo su estabilidad ni su legitimidad social.

Desde mediados de los años noventa se han sucedido diversas reformas de las pensiones. Durante el periodo de crecimiento económico entre 1995 y 2007 se adoptaron decisiones estructurales relevantes, como la separación de fuentes de financiación, que permitió que las cotizaciones sociales financiaran las prestaciones contributivas mientras el Estado asumía otros gastos del sistema. También se reforzó el carácter contributivo de las pensiones y se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que alcanzó cerca de 67.000 millones de euros. En plena crisis financiera se acordó la reforma de 2011, que aprobó la elevación gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y medidas para las jubilaciones anticipadas y parciales, así como incentivos para prolongar la vida laboral. En 2013 se adoptó una nueva reforma sin acuerdo que introdujo el índice de revalorización de las pensiones del 0,25 % y un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, lo que generó un amplio rechazo social ante la perspectiva de pérdida de poder adquisitivo y la descapitalización del Fondo de Reserva.

Las reformas pactadas entre 2021 y 2025 han tratado de recuperar el equilibrio del sistema y reforzar su legitimidad social. Entre ellas destacan la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el refuerzo de las pensiones mínimas, las medidas para reducir la brecha de género, el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la transferencia al Estado de determinados gastos impropios y el incremento de las cotizaciones mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aún siguen pendientes algunas medidas relevantes para completar este proceso de reforma, entre ellas la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y la revisión de las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización.

La sostenibilidad del sistema depende en gran medida de la evolución del empleo. En los últimos años se han producido avances significativos. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025, la ocupación se situó en 22,46 millones de personas, mientras que la tasa de desempleo descendió por debajo del 10 %, muy lejos del 26,9 % registrado en 2013. La reforma laboral de 2021 ha aumentado notablemente la contratación indefinida y ha reducido significativamente la temporalidad, que ha pasado de alrededor del 30 % a cerca del 15 %, situándose en el 12,5 % en el sector privado. A ello se suma la subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en torno al 60 % del salario medio. La productividad también ha crecido en torno al 1,4 % anual desde la pandemia, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) ha avanzado por encima del promedio de la zona euro, reforzando la base económica del sistema de protección social.

El futuro de las pensiones no depende únicamente de las reformas dentro del propio sistema. Depende también de las políticas económicas y sociales que determinan las oportunidades de las nuevas generaciones. Es necesario reforzar las condiciones que permitan a los jóvenes construir proyectos de vida estables: empleo de calidad, salarios dignos, vivienda asequible, educación pública robusta y formación adaptada a los cambios tecnológicos. Para que el pacto entre generaciones siga siendo creíble es imprescindible que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas y desarrollar trayectorias profesionales estables que les permitan cotizar de forma suficiente a lo largo de su vida laboral.

Europa atraviesa un rápido envejecimiento demográfico. España combina una de las mayores esperanzas de vida con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, lo que altera la relación entre población activa y jubilada. El sistema público supera hoy los 10,4 millones de pensiones y más de 9,4 millones de pensionistas, cifra que podría acercarse a los 15 millones en 2050. En 2024 la ratio de cotizantes por pensionista alcanzó 2,44, el mejor dato en una década. Al mismo tiempo, la digitalización, la inteligencia artificial y la descarbonización están transformando el mercado laboral. Esto exige políticas de transición justa que eviten el aumento del desempleo y la precariedad. En este contexto, la inmigración puede contribuir a sostener la población activa y reforzar la base de cotizantes del sistema de pensiones.

A menudo se afirma que España gasta demasiado en pensiones. Sin embargo, el gasto actual se sitúa en torno al 13 % del PIB, en niveles comparables a los de otros países europeos. Las previsiones del Gobierno y de las instituciones europeas sitúan este gasto alrededor del 15 % del PIB hacia 2050, considerando sostenible el actual esquema de ingresos y gastos. Por su parte, la AIReF concluyó en 2025 que, en las condiciones actuales, no son necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque estima que el gasto podría situarse en torno al 16 % del PIB en 2050. El organismo está preparando actualmente una nueva evaluación del sistema.

Treinta años después de su creación, el Pacto de Toledo sigue siendo una referencia esencial de la política social española. La renovación de sus recomendaciones, prevista para este año, constituye una oportunidad para actualizar los consensos que han permitido preservar la estabilidad del sistema durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, debería asumirse un objetivo político más ambicioso: reforzar el blindaje constitucional del sistema público de pensiones mediante el reconocimiento del carácter público del sistema y de la suficiencia y actualización de las pensiones como derechos fundamentales. Garantizar pensiones públicas suficientes y sostenibles significa proteger la dignidad de quienes han trabajado toda una vida y asegurar que las nuevas generaciones puedan confiar también en ese mismo contrato social.

Toni Ferrer Sais

Ex secretario de Acción Sindical de UGT

Ex presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado

Debate 12 de Marzo: Defendamos las Pensiones Públicas

Para descargar en PDF: Charla Debate 12 de Marzo

Las Pensiones públicas se defienden en las calles

Un año más, y ya son muchos, las asociaciones de pensionistas han salido a las calles de Madrid. Como en convocatorias anteriores, miles de personas llegadas de la práctica totalidad de las comunidades autónomas se han sumado a la Manifestación del sábado 26 de octubre.

Las reivindicaciones:

  • Revalorización de las pensiones recuperando poder adquisitivo.
  • Garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
  • Realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
  • Rechazo de cualquier pretensión de privatización de las pensiones públicas.

Se dice que las pensiones se revalorizan por ley con el IPC, pero esto es una verdad a medias. El artículo 1 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre modifica el Artº 58 de la Ley General de la seguridad Social “Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”.

El punto 2 de este artículo 58 dice: “…las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior”.

Según la FUNCAS, un “think-tank” de la obra social de la CECA, nada sospechoso de trabajar en favor de los intereses de los pensionistas, comentó en su informe sobre la evolución de los precios al consumo, y en concreto respecto a la utilización del IPC medio como valor de referencia: “…en los dos últimos años al pasar el crecimiento medio del índice de precios de consumo (IPC) del 3,1 % en 2021 al 8,4 % en 2022. No obstante, detrás de esas cifras promedio se encuentran incrementos mucho mayores en un amplio listado de bienes y servicios básicos”.

Es decir, en 2021, mientras el IPC general se fijo en el 6,5% el IPC medio fue del 3,1%.

Para dejar las cosas claras, el poder adquisitivo de las pensiones estará garantizado:

1º) Cuando las pensiones recuperen el poder adquisitivo perdido, que en el periodo 2010 a 2023 acumulan una pérdida del 6,44% (ver cuadro), pérdida provocada por los cuatro años (2014 a 2017, ambos inclusive) en los que el Gobierno del PP revalorizó las pensiones al 0,25% cada año. Y por la alta inflación de los años 2021 y 2022, en los que el IPC se situó en el 6,55 y 5,7% respectivamente.

Elaboración propia para Tribuna Socialista
Fuentes: Ministerio de Seguridad Social e INE

2º) Cuando las pensiones sean un derecho fundamental y las leyes que lo desarrollen sean orgánicas, en lugar de ordinarias, de tal modo que su revalorización no quede al albur de los cambios de gobierno y de los vaivenes del mercado.

Respecto a la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, ningún plan o sistema es sostenible si se le sangra.

Los sistemas públicos de pensiones vienen siendo atacados desde la década de los 80 del siglo XX, pues son vistos, como casi todo lo público, como nichos de mercado en los que hacer beneficio privado, devaluando el objetivo de servicio público para el que fueron creados; ocurre con la Sanidad, con la Educación, con las Residencias de mayores, con la Vivienda, etc.

En 2020, el Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en el que establecía que, en el periodo 1989 a 2018, el Estado había utilizado más de 103.000 millones de euros para realizar pagos que no correspondía pagar con el dinero de las pensiones. El ministro Escrivá, en 2023, afirmó públicamente que la deuda del Estado con las pensiones ascendía a 140.000 millones. Fue a partir del informe del Tribunal de Cuentas cuando el movimiento de pensionistas reivindicó con fuerza una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Este compromiso se incluyó en la Ley 21/2021, pero, a fecha de hoy. El Gobierno no ha cumplido con este mandato legal ni ha dado explicaciones del incumplimiento.

Garantizar el Sistema Público de Pensiones es por tanto no utilizar indebidamente el dinero cotizado para pensiones como devolver a las pensiones el dinero mal utilizado. Por eso es importantísimo que se lleve a cabo la Auditoría que está mandatada por ley, para saber realmente cuánto dinero se le debe a las pensiones desde 1967 a 2019, tal como especifica la Disposición adicional sexta de la Ley 21/2021.

Es preocupante saber que más del 50% de la ciudadanía no sabe que la Sanidad no se paga con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Esto indica que se ha olvidado para una importante parte de la sociedad que las pensiones son salario de nuestras nóminas de hoy destinado a pagar las pensiones futuras; por eso la cuestión de las pensiones es un derecho que debería defender los jóvenes también. Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones pasa por no confundir lo que se paga con impuestos, los cuales manejan los gobiernos para el gasto público, con las cotizaciones a la Seguridad Social que es dinero retenido de nuestras nóminas cada mes, a lo largo de toda la vida laboral.

Por último, hay que estar atentos a las pretensiones de las aseguradoras y las entidades financieras, ávidas de pillar la gestión de las pensiones y de desviar las cotizaciones de los trabajadores a fondos privados que, a su vez, serán sometidos a la especulación bursátil sometiendo así a las pensiones a un riesgo brutal e innecesario con el que los beneficiados serán ellos, los especuladores, cobrando grandes comisiones del negocio.

Rogelio Obrador
Activista en defensa de lo Público (Madrid)

La lucha en defensa de las Pensiones Públicas continua

El 25 de mayo ha tenido lugar una concentración de pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Una movilización más de las muchas que se han llevado a cabo desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy impuso la devaluación de las Pensiones Públicas, al revalorizarlas durante años con un ridículo 0,25%.

Las movilizaciones de pensionistas han motivado algunos avances para las pensiones públicas, como la revalorización del 8,5% que el actual Gobierno decidió para este año 2023 (decisión que se tomó una semana antes de la gran manifestación de pensionistas del 16 de octubre de 2022, en Madrid). Las movilizaciones de los pensionistas también han conseguido que la Ley 21/2021 obligue al Gobierno a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

La exigencia de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social comenzó siendo una reivindicación del movimiento de Pensionistas, a partir del informe que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas del Estado en el que, tras estudiar el periodo 1989 a 2013, se establecía que el Estado ha utilizado de manera sistemática e indebida más de 103.000 millones de euros. Recientemente, el ministro Escrivá ha dicho en la prensa que la deuda del Estado con las Pensiones Públicas asciende a 140.000 millones de euros.

La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a encargar una Auditoría que estudie el periodo 1967 a 2021. El Gobierno debería haber encargado la Auditoría en enero de 2022 y haber presentado el Informe de Auditoría antes de final de junio de 2022. El Gobierno no ha cumplido aún con esta obligación legal, mientras que sí ha cumplido con la condición que le imponía la UE de realizar una nueva reforma de las Pensiones Públicas.

Si el Gobierno admite que el Estado le debe, como mínimo, 140.000 millones de euros a la caja de las Pensiones ¿qué necesidad había de realizar una nueva reforma de las Pensiones, aunque fuese para incrementar los ingresos?

Si el Tribunal de Cuentas del Estado ha detallado en su informe de 2020 que los distintos gobiernos, en el periodo 1989 a 2013, han utilizado indebidamente más de 103.000 millones, y ahora el ministro de Seguridad Social admite que ya son 140.000 ¿cuántas decenas de miles de millones le debe el Estado al Sistema Público de Pensiones para el periodo 1967 a 2021?

¿Por qué se insiste en la falsedad de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?

Basta de alimentar los beneficios de las grandes corporaciones privadas con los derechos fundamentales: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

En la concentración estaba convocada para exigir, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, ¡Ya!
  • Pensión mínima igual al SMI: 1.080 € (La pensión mínima en 2023 se sitúa en 783 €).
  • Pensión de viudedad al 100% de la Base Reguladora del finado/a (hoy es del 52%).
  • Revalorización de las pensiones con el IPC, por ley, para todos los años.

Las intervenciones en el cierre de la concentración de pensionistas de esta mañana han dejado claro que la lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones continuará tras el verano de este año.

Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Así se defienden las Pensiones Públicas

Los ataques a los sistemas de pensiones públicos no son nuevos, llevamos más de cuatro décadas escuchando un falso mantra, falso pues nunca se cumplen las previsiones de los economistas que prevén una y otra vez que las pensiones públicas son inviables. Tampoco es casualidad que estos mensajes agoreros siempre son lanzados por los gabinetes de estudios de entidades financieras y por supuestos expertos, a salario de aseguradoras y bancos.

El problema se agrava cuando se quiebra la democracia por la acción de lobbies o corporaciones del cabildeo. De la misma manera que el Estado de Qatar ha estado pagando a eurodiputados/as para que se proyecte una buena imagen de ese Estado-Propiedad privada de un clan, las grandes corporaciones y oligopolios hacen sus “aportaciones” para que las instituciones nacionales e internacionales trabajen en pro de sus intereses. Esto es algo que está a la orden del día en los Estados Unidos, y en Europa, aunque allí lo sabe todo el mundo y aquí nos lo presenten como actividad anómala, que lo es, pero que sólo se denuncia e investiga según convenga.

La obstinación del presidente de la V República francesa, el señor Macron, a llevar adelante su reforma de la Pensiones Públicas, hace pensar que tiene algún “interés adquirido”. De lo contrario no se explica por qué empuja a su pueblo al conflicto y fuerza a su Gobierno a enfrentarse a la mayoría de los grupos del Parlamento, aunque haya salvado el cuello por los pelos, exactamente 9 votos.

La clase trabajadora, con sus sindicatos al frente y apoyada por La Francia Insumisa, el partido que lidera Jean-Luz Mèlenchon, se ha echado a la calle. Y no sólo la clase trabajadora, también los estudiantes y la ciudadanía en ge- neral, por lo que estamos ante una irrupción de las masas.

La situación se le está yendo de las manos a Macron. Tanto es así, que ha tenido que pedir la suspensión de la visita de Estado que tenía prevista para estos días por parte de Carlos III de Gran Bretaña. Y, como “Roma no paga a traidores”, desde el Consejo de Europa le han llamado la atención sobre el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía francesa.

La prensa habla de la violencia desatada en las calles. Es cierto, es muy violento ver como arde un contenedor, la puerta del Ayuntamiento de Burdeos o la ruptura de un escaparate. Pero igual que hay enfermedades que no duelen, pero matan, como la diabetes, hay violencias que no se ven. Endurecer el acceso a la pensión es muy doloroso para quienes llevan toda su vida trabajando, y aportando, y, de repente, se les impone por Decreto que tienen que trabajar dos años más para acceder a su merecida jubilación. Es muy violento ver como te mengua el salario, o la pensión, porque los productos básicos crecen de un día para otro sin que ninguna institución tome medidas por decreto para controlar los precios. Son muy violentos los desahucios que dejan a miles de familias cada día en la calle… hay mucha violencia en esta sociedad, lo que pasa es que algunas formas de violencia están protegidas por la ley.

En mi opinión, lo que los franceses y franceses están haciendo es y debe ser un ejemplo a seguir para la clase trabajadora de todo el mundo de cómo se defienden los derechos.

Rogelio Obrador
Carpintero Militante socialista de Madrid

La clase trabajadora francesa defiende sus Pensiones Públicas


Encuentro de la Delegación española con Mèlenchon en París 21 de enero 2023

El jueves día 19 de enero tuvo lugar una jornada de huelga en los sectores más importantes de la actividad productiva. Huelga convocada, en unidad, por todos los sindicatos franceses y secundada por el 80% de los trabajadores y trabajadoras de sectores estratégicos: centrales nucleares, hidroeléctricas, refinerías, transporte, enseñanza… Esta jornada de huelga ha superado el paro, también exitoso, del 5 de diciembre de 2019.

Las más de 200 manifestaciones que se convocaron para la tarde del mismo día 19 desbordaron todas las previsiones más optimistas; 400.000 manifestantes en París, 140.000 en Marsella, 60.000 en Toulouse, 50.000 en Nantes… Un total de 2 millones de trabajadores y trabajadoras, jóvenes y de todas las generaciones se echaron a la calle para decirle a Macron que rechazan la reforma de la ley de pensiones que prepara su Gobierno.

Tan solo 72 horas después de la jornada de huelga, el 21 de enero, organizaciones juveniles y la “La Francia Insumisa” de Mèlenchon, organizaron una marcha por las calles de París a la que acudieron más de 150.000 manifestantes. En esta marcha participó una importante delegación de pensionistas españoles que tomaron la palabra desde la tribuna de oradores. Antes del inicio de la marcha, mantuvieron un encuentro con Jean-Luz Mèlenchon.

Tanto en la huelga y las manifestaciones del día 19 como en la gran manifestación del día 21, la clase trabajadora francesa le ha dicho al liberal Macron que no quiere trabajar más años (pretende pasar de 62 a 64 la edad legal de jubilación); a nombre de un mantra que en el Estado español conocemos bien “si no se aplica la reforma, el sistema no será sostenible”. Rechazan la ampliación del periodo de cotización a 43 años (un año más sobre los 42 actuales), para poder recibir la pensión máxima.

El mantra de la “insostenibilidad” es ya viejo y está muy manoseado. En Francia, argumenta el Gobierno, habría un déficit económico en las pensiones del 0,8% ¿Es ese el problema? Sin embargo, Macron no ha tenido ningún problema en incrementar su gasto militar en un 40% desde 2019, al pasar de 295.000 millones de euros a los actuales 413.000 millones para los años 2023 y 2024.

Apelaba Eusebio Val -corresponsal de La Vanguardia en París-, en su artículo “Francia aumentará un 35% su gasto en defensa pese a la necesidad de rigor presupuestario”, publicado el día 23 de este mes de enero, al viejo dilema “gastar en mantequilla o en cañones”, en este momento en que el suelo europeo vuelve a tener lugar un conflicto armado, desde hace 11 meses. Este es un debate que la prensa española suela eludir, pues parece que la guerra nos es ajena y nuestra única relación con la misma es de solidaridad.

No es el Gobierno francés el único gobierno europeo que pretende dar otra vuelta regresiva a su sistema público de pensiones, en España también se pretende. El común denominador es que todos los gobiernos asumen los dictados de los organismos económicos internacionales: Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional… entre otros; organismos que dicen lo que los gobiernos deben hacer, pero cuyas cúpulas directivas no son elegidas democráticamente.

Desconozco si el Estado francés ha utilizado, indebidamente, dinero de las pensiones para pagar gastos que debieran ser pagados con fondos provenientes de los impuestos; en el Estado español sí ha ocurrido, como así lo confirma un informe del Tribunal de Cuentas del Estado, emitido en 2020, en el que se cuantifica una deuda del Estado con las Pensiones de más de 103.000 millones de euros ¿En estas condiciones cómo se puede hablar de “insostenibilidad del sistema”?

Es inaceptable, aquí en Francia y en cualquier parte del planeta, que se quieran deteriorar los sistemas públicos de pensiones, para fomentar los productos financieros privados; que es lo que son en ultima instancia los fondos privados de pensiones, tomen la forma que tomen. Deteriorar lo público para inducir a los ciudadanos, a los que se lo pueden permitir, a consumir productos privados es lo que hace con la Sanidad Pública, por ejemplo, el Gobierno ultraderechista del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid.

Desde la tribuna de oradores al final de la Manifestación del 21 de enero

Es muy saludable ver que la clase trabajadora resiste, que tiene vigor para la lucha frente a las pretensiones de los agentes que trabajan para eso que llaman “libre” mercado. Todos los trabajadores y trabajadoras del mundo debemos celebrar la unidad de los sindicatos franceses, pues sin esa unidad y sin la determinación de dar la pelea en favor de los intereses de los asalariados y asalariadas, estamos avocados a perder poder adquisitivo en el salario directo (el sueldo), a retroceder a golpe de reformas en el salario diferido (las pensiones) y a que nos reduzcan a un mero servicio asistencial el salario indirecto (los servicios públicos).

Hoy podemos decir que la lucha de la clase trabajadora está viva, al menos en Francia.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario Estatal de la UGT
para el Sector Financiero, Seguros y Oficinas

Nota de Solidaridad

Saludamos y enviamos todo nuestro ánimo a los trabajadores y trabajadoras de Francia en su lucha por la defensa de su Sistema Público de Pensiones.

Apreciados compañeros del POI,

Seguimos con atención el desarrollo de la exitosa huelga que en la jornada de hoy están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras de los sectores estratégicos en vuestro país: Educación, Trenes, Gasolineras, compañías aéreas, entre otros muchos, para defender las Pensiones Públicas.

Nos llegan noticias de que el seguimiento de la huelga supera el 80% de media, lo cual confirma el apoyo y seguimiento de la huelga por parte de la clase trabajadora francesa. Un éxito que sería impensable sin la unidad alcanzada por parte de los sindicatos convocantes. Deseamos que, tanto los actos que están convocados para el día de hoy, como las movilizaciones previstas para el próximo día 21, sean un rotundo éxito en el rechazo a la reforma de las Pensiones.

En el Estado español conocemos bien los intereses espurios que llevan a los gobiernos, a todos y en todos los países, a aplicar las reformas regresivas de los sistemas públicos de pensiones, al dictado de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Se trata de devaluar estos sistemas públicos para fomentar el negocio de bancos y aseguradoras.

Las Pensiones Públicas son un derecho levantado con el salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, es por eso un derecho por el que hay que pelear y plantar cara a los especuladores y a sus agentes en las instituciones.

La Coordinadora Estatal del CATP