RECUPERAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ES URGENTE Y NECESARIO

Las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, desde su toma de posesión el pasado mes de junio, han sido decisivas para recuperar una parte importante, pero aún incompleta, de derechos laborales y sociales suprimidos o recortados durante los cerca de siete años de gobiernos del Partido Popular (PP) con la connivencia de Ciudadanos (Cs).

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, basado en el acuerdo establecido por el Gobierno socialista con Unidos Podemos y sus confluencias, tenía entre sus objetivos revertir las políticas de austeridad y los recortes, con medidas orientadas tanto a impulsar las políticas de inversión en los servicios públicos esenciales y en la actividad productiva, como a recuperar los derechos sociales y laborales y potenciar las políticas sociales para que la recuperación económica llegue al conjunto de la sociedad, especialmente a las personas  más vulnerables, junto con aumentar los ingresos con un fiscalidad más equitativa. Pero fue rechazado por las derechas al igual que por los independentistas catalanes, lo que delata que se guían por sus intereses partidistas frente a los intereses generales. Los argumentos esgrimidos por el PP y Cs eran completamente ajenos a los principios de equidad, equilibrio y responsabilidad de los contenidos recogidos en el propio Proyecto de Ley: estos comportamientos insolidarios solo están inspirados por el cálculo electoral y la búsqueda de réditos partidarios. Ello obligó al Presidente del Gobierno a convocar Elecciones Generales y, por lo tanto, disolver las Cámaras.

Por ello, el Gobierno socialista, para cumplir con sus deberes con la ciudadanía, se ha visto obligado a promulgar varias iniciativas dirigidas a restablecer los  derechos sociales que fueron arrebatados por el PP a partir de 2012 con el pretexto de la crisis económica con las medidas de ajustes y recortes impuestas de forma autoritaria. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente  diferentes medidas urgentes a través de la figura del Real Decreto Ley (RDL). Entre otras materias aprobadas son de resaltar las siguientes: la revalorización de las pensiones con el IPC; recuperar la sanidad universal; la reversión de los recortes en educación y dependencia; facilitar el alquiler de viviendas; potenciar el empleo de calidad y los salarios dignos de los empleados públicos; mejorar las prestaciones y el sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos; combatir la pobreza infantil o la ley hipotecaria.

También se ha aprobado un potente paquete de medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, junto a algunas disposiciones para impulsar la lucha contra la violencia de género.  Otras medidas relevantes son la subida de un 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijándolo en 900 euros mensuales por catorce pagas en 2019, que beneficia a los trabajadores sin convenio colectivo de aplicación y fundamentalmente a jóvenes y mujeres, y supone acercarse de forma importante al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea;  la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años suprimido por el PP en 2012; ampliar el sistema de Garantía Juvenil y obligar a las empresas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores.

Ante estas estas iniciativas que benefician a las mujeres, los jóvenes, pensionistas, los trabajadores ocupados o desempleados y a una gran mayoría de  las familias, la reacción del PP y Cs ha sido acusar, de forma deleznable e injustificada, al Gobierno socialista de todo tipo de prácticas de fraudulentas y antidemocráticas. Es la continuación del bloqueo al que tiene sometidos los Proyectos y Proposiciones de Ley en la XII Legislatura, unas cincuenta, con el mecanismo de prorrogar de forma abusiva los periodos de enmiendas, como ha ocurrido en la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y UGT para instaurar una prestación de Ingresos Mínimos a la personas desempleadas sin recursos económicos.   

A la vez, ambas fuerzas de la derecha no tienen ningún tipo de rubor de  instrumentalizar partidariamente las instituciones públicas, como viene haciendo la Presidenta del Congreso con su flagrante obstrucción de la labor parlamentaria de los grupos: ahora quiere boicotear que la Diputación Permanente del Congreso ejerza las funciones que tiene atribuidas, como es la de convalidar los Reales Decretos Leyes aprobados por el Consejo de Ministros para recuperar los derechos sociales e impulsar la igualdad y la cohesión social cuando, según los servicios jurídicos de la propia Cámara y también muchos expertos, el Gobierno está plenamente legitimado para utilizar la vía de los Reales Decretos Leyes. El PP haría bien en recordar sus conocidos como viernes de “dolores” donde aprobaba los recortes y contrarreformas laborales y de pensiones mediante RDL, con una gran diferencia entre la actual práctica del Gobierno Socialista y la de  los gobiernos del PP, diametralmente opuestas: éstos utilizaban los RDL para recortar derechos a las clases trabajadoras y el PSOE utiliza esa vía, por obligación legal, para reponer de forma urgente derechos sociales.

La reforma laboral del 2012 y sus desarrollos, junto con las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobierno del PP en estos años, han originado que la recuperación económica y la creación de empleo se basen masivamente en la precariedad y los bajos salarios. Para los socialistas, la derogación de la reforma laboral es necesaria, pues sus medidas autoritarias y lesivas para los derechos de los trabajadores son un freno para el desarrollo económico y el progreso social.

En el acuerdo alcanzado para los PGE entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos y sus confluencias se definían las materias que se querían derogar de la reforma laboral de forma urgente como la supresión de la  ultra-actividad de los convenios colectivos o la supresión de la unilateralidad empresarial en las inaplicaciones de los convenios colectivos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que están siendo tratadas en las mesas de diálogo social junto con otras materias como la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales. También se formulaban compromisos sobre el propio escenario presupuestario para el próximo año, como que los firmantes se comprometían a concluir la tramitación parlamentaria de cuestiones como la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre la regulación de las contratas y subcontratas; la modificación del artículo 34 del ET sobre el registro diario de la jornada de trabajo; la igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha salarial o el impulso a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. La falta  de tiempo, el veto de las organizaciones empresariales y la relación de fuerzas parlamentarias son los argumentos que han impedido hasta ahora culminar su tramitación para revertir los derechos laborales.

Quizás la propuesta de mayor peso estratégico del acuerdo era la voluntad compartida de modernizar y reequilibrar las relaciones laborales y recuperar de forma completa los derechos de los trabajadores recortados por la reforma laboral. Para ello se establecía que en 2019 se iniciara la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, de forma consensuada a través del diálogo social, y también se acordaba crear un comisión de expertos que participe en su redacción, de modo que se pueda dotar al país de un marco de relaciones laborales moderno y participativo, basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrada que dé respuestas a la internacionalización de la economía, a las nuevas realidades en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización. El Boletín Oficial del Estado del 12 de marzo publicó el Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Una de las medidas que recoge es la que establece que el Ministerio de Trabajo nombre un grupo de expertos para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

En los actuales tiempos políticos, condicionados por los sucesivos procesos electorales, es necesario que todos los socialistas y progresistas junto con el conjunto de la izquierda, trabajemos para conseguir el respaldo de la mayoría social en las urnas y realizar un esfuerzo a la hora de situar correctamente las prioridades políticas que permitan dar respuestas a las aspiraciones de la sociedad, es decir, lograr una mejor disposición parlamentaria para conseguir, a su vez, un periodo extenso donde acometer reflexivamente las reformas de calado que necesita nuestro país para volver a cohesionarlo socialmente. Por ello es imprescindible la construcción de una alternativa sólida y fiable ante las políticas neoliberales y desreguladoras de la derecha y la extrema derecha.

Toni Ferrer

 

Las presuntas calumnias de Pablo Casado contra Pedro Sánchez

El mismo Fiscal, en situación idéntica, recurrió ante el Tribunal Supremo la absolución de Arnaldo Otegi que por ello fue condenado.

El Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha venido vertiendo en los medios de comunicación y en distintos foros públicos una sarta de improperios contra el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, llegando al extremo de señalarle como “traidor” y como autor de la comisión de “alta traición”, entre otras. La imputación pública de un tipo penal, sin corresponderse con hechos, corresponde al tipo penal de calumnia. Entre lo expuesto por Pablo Casado destaca:

1.- “El presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad”.

2.- “El presidente está cometiendo un acto de felonía, está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española”.

3.- “Es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981”.

La comisión de traición por parte de un miembro del Gobierno no es poca cosa, pues se trata de una de las pocas situaciones en las que la Constitución Española, CE, entra a determinar el modo de proceder en tal caso para proceder penalmente. En efecto, el art. 102 CE establece, en relación a la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno:

“Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”

¿Cabe entender que lo actuado en cuanto a las relaciones del Estado con la Generalitat de Catalunya concurren graves comisiones penales imputables al Presidente del Gobierno? Eso es algo que prima facie le parece evidente a una parte del arco parlamentario pues si el Presidente del Partido Popular lo ha proclamado intensa y extensamente es porque en su opinión se ha incurrido en ese tipo de conducta y no imaginamos que los restantes 135 diputados de ese partido piensen de otro modo. Otra cosa es que sea cierto.

Entonces ¿por qué esos diputados, que superan el cuarto necesario para plantearlo, no lo han hecho? ¿Será, acaso, porque no creen alcanzar la mayoría absoluta para conseguir que se procese al Presidente del Gobierno? ¿O será porque saben que es una imputación sin fundamento, falso sin más?

La “ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA”, ACODAP, ante la firmeza de las proclamas del Presidente del Partido Popular, entendió que era necesaria una ratificación del mismo en un procedimiento penal, dando cuenta de lo que pudiera sustentar sus imputaciones ante la Fiscalía General del Estado y por ello procedió a registrar un escrito en dicha Fiscalía, solicitando:

En su virtud, es inaplazable que se abra una investigación penal que aclare los hechos gravísimos que se imputan públicamente al Presidente del Gobierno, para lo cual es inexcusable que se convoque para ratificarse en sus manifestaciones, aportando las pruebas que justifiquen sus imputaciones, al Presidente del Partido Popular.

Ante lo cual la Fiscalía, en decreto de fecha 14 de febrero de 2019, firmado por el Fiscal Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, procedió a comunicar que no existe una relación circunstanciada de los hechos imputados al Presidente del Gobierno -aquí el Fiscal entiende, erróneamente, que sería ACODAP quien debiera de aportar indicios o pruebas de la “traición” de Pedro Sánchez, cuando lo que debía de hacer la Fiscalía era llamar a concretarlo a  Pablo Casado, como se decía precisamente en la denuncia-. Dice también el Fiscal:

“… con base a meras afirmaciones vacías y carentes de solidez”

En otras palabras, que para el Fiscal lo afirmado por Casado es simplemente falso que también debe de ser lo que en definitiva deben de pensar los restantes diputados de su partido en el Congreso. Y ante ello ¿por qué el Fiscal no reacciona y le llama a declarar para que, como mínimo, aclare el fundamento de sus declaraciones que de entrada el propio fiscal viene a considerar falsas? ¿Es que el Fiscal no intuye esa misma falsedad como sustrato de la comisión de presunta calumnia?  Sigue el Fiscal, para fundamentar su inacción:

“… tales afirmaciones han sido pronunciadas por un representante político en uso del derecho fundamental del art. 18 CE…”

Pues bien, este artículo, en relación al asunto denunciado, precisamente protege el derecho al honor y a la propia imagen, así que el Fiscal, en un evidente error, fundamenta incorrectamente su decreto. Lo que debió de invocar es el art. 20.1.a  “…expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de comunicación” sobre lo que además el mismo artículo dice que “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

El Fiscal, en un evidente error impensable en alguien que ocupa su puesto, proclama, de forma implícita, el derecho de libertad de expresión del artículo 20 CE, como un derecho absoluto pues no lo contrapone o relativiza en relación al art. 18, protección al honor.

Antes el Fiscal no pensó ni actuó del mismo modo. En efecto, el caso es que este Fiscal, precisamente, fue el que recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a las manifestaciones del parlamentario regional Arnaldo Otegi contra el Rey de España. Y fue este Fiscal el que alegó ante el alto tribunal que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto teniendo como límite derechos como el de la protección al honor. Así se recoge en la sentencia 6649/2005 del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal,

Entiende el Ministerio Fiscal que el Tribunal que ha dictado la sentencia recurrida ha procedido con olvido de la constante jurisprudencia que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han venido formulando en relación con los límites del ejercicio de la libertad de expresión, y en el desarrollo del motivo se recogen sentencias correspondientes a esa jurisprudencia.

Sigue diciendo el Ministerio Fiscal, en defensa de su recurso, entre otros extremos, que reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión debe contemplarse con preferencia; especialmente cuando se trata de ejercer en el debate político y como crítica a las instituciones, no obstante la sentencia que se recurre al identificar los derechos fundamentales en juego, por un lado el derecho al honor que como Monarca y persona tiene SM el Rey de España, y de otra el derecho a la libertad de expresión que corresponde al acusado, el Tribunal de instancia no ha efectuado con corrección legal, ni constitucional, la preceptiva ponderación en la confrontación de tales derechos. Sigue diciendo el Ministerio Fiscal, que el relato fáctico contiene expresiones claramente calumniosas e injuriosas para el Monarca habida cuenta de su carácter claramente innecesarias y desproporcionadas a la finalidad de crítica política que podía perseguir el Sr. Enrique al formularlas y que la sentencia recurrida ignora la especial protección que el tipo penal en cuestión ofrece normativamente, para con los bienes jurídicos protegidos, por un lado el honor y por otro la dignidad de la Institución, lo que por otra parte no es sino la expresión de la consideración que la Constitución española tiene para el papel moderador de una monarquía constitucional y parlamentaria como la que se dibuja en los artículos 56- 64 de  la Constitución y cuya expresión última supone además la inviolabilidad de la figura del Monarca.

Los ataques, presuntamente calumniosos de Pablo Casado, quedan amparados de modo absoluto en relación al Presidente del Gobierno por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión mientras que la misma conducta en relación al Rey queda relativizada y hace prevaler los límites que se establecen para el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión.

¿Emplea el Fiscal Luis Navajas una doble vara de medir?  Valore el lector.

ACODAP, “ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA”

Marzo, 2019.

 

La esperanza de cambio se sitúa en la izquierda

¡Madre española, pensando en vuestros hijos, votad España!

Eslogan de la propaganda electoral de Acción Popular. II República. Madrid 1933.

Sin lugar a duda, las masivas movilizaciones en torno al 8 de marzo han abierto (por la vía de los hechos) la campaña electoral relacionada con las elecciones generales del 28 de abril. La decisión de poner fin a la legislatura se ha producido después de que la derecha y los independentistas votaran, de manera irracional e incomprensible, en contra de los PGE-2019 presentados en el parlamento por el gobierno socialista.

Mucho se ha escrito sobre la conveniencia de la convocatoria electoral en esa fecha- incluso se barajaron otras fechas-, ante el argumento de que pudiera condicionar el resultado final dadas las incertidumbres que vienen provocando las encuestas publicadas. Sin embargo, para los intereses del país- y también para los del PSOE en el gobierno, todo hay que decirlo- la fecha está ajustada a lo que demanda en estos momentos nuestra realidad política, económica y social. Sobre todo, cuando existe un consenso generalizado de que el país no puede perder más tiempo del estrictamente necesario en conjeturas de esta naturaleza.

Los resultados de Andalucía van a ser una referencia constante en la campaña electoral, así como la vergonzosa formación del gobierno andaluz con el apoyo de la ultraderecha. También la deriva del PP hacia la derecha más extrema (apología de la “Reconquista” y la “Cruzada”, además de aplicar permanentemente el artículo 155-CE). Y, desde luego, el abandono manifiesto del centro político de Ciudadanos en su particular pugna por liderar la derecha y encabezar un hipotético gobierno en nuestro país. En este escenario, no es una buena noticia que Podemos no acabe de resolver sus problemas internos y que, según las encuestas, sufra un cierto revés electoral, con las consecuencias que ello podría tener para la izquierda a la hora de configurar una mayoría en el parlamento que le permita gobernar.

Estas circunstancias han situado al PSOE en el centro del tablero político y jugando (al ajedrez) con Blancas, lo que puede desplazar hacia el PSOE el voto útil en estas elecciones en detrimento del PP. Incluso, en el Senado, la izquierda puede mejorar sustancialmente los resultados actuales evitando con ello la instrumentalización y el bloqueo bochornoso y partidista que ha ejercido el PP en los últimos años. Por otra parte, el PSOE ya no debe preocuparse de los posibles pactos con Ciudadanos, escorado definitivamente hacia la derecha más rancia y, por lo tanto, al margen de la centralidad política, como lo demuestra su veto a Pedro Sánchez por cálculos exclusivamente electorales, lo que consolida tres grandes bloques en litigio: derecha, izquierda e independentistas. En todo caso, se trata de una posición idónea para la izquierda, a pesar de que no debe olvidar los brutales ataques que sufrirá (sobre todo el PSOE) desde todos los frentes abiertos: político, económico, financiero, mediático…

Efectivamente, la derecha, instalada en una confrontación permanente, se dedicará a embarrar el campo de juego de manera sistemática y para ello no dudará en verter todo tipo de mentiras y descalificaciones hacia el PSOE y Podemos. Sabiendo, además, que para defender sus posiciones no necesitará esforzarse en presentar alternativas ni ofrecer soluciones a los problemas que más preocupan a los ciudadanos: les bastará con insistir en la “Unidad de la Patria”, al grito de “Santiago y cierra España”. Además de reiterar la demagógica y populista bajada de impuestos; cuando, precisamente, España necesita todo lo contrario: equipararnos fiscalmente a la UE (España recauda siete puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona), mejorar la inversión y superar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Por el contrario, la izquierda, y en concreto el PSOE, debe apostar por una política que responda a las expectativas de la mayoría de las personas y divulgar sus propuestas más significativas, lo que aconseja evitar enfrentamientos y fracasos como se produjeron en el Pacto de Toledo y en la convalidación del Decreto Ley sobre los alquileres. En primer lugar, debe ofrecer alternativas sobre Catalunya, a pesar de que el juicio al Procés (en plena campaña electoral) pueda perder intensidad, interés y produzca hartazgo en la ciudadanía. En todo caso, el PSOE debe rentabilizar la política emprendida y seguir ofreciendo diálogo en busca de la consecución de acuerdos, al margen de los resultados que se obtengan. Sólo la Constitución Española, el Estatut, el imperio de la Ley y el respeto a las resoluciones que tome el Poder Judicial deben constituirse en líneas rojas para todos en la perspectiva de un Estado Federal.

En segundo lugar, el PSOE debe defender una política socialdemócrata y, por lo tanto, apostar por el Estado de Bienestar Social en la UE y, en coherencia con ello, concretar en su programa electoral sus cuatro alternativas prioritarias: pensiones y dependencia (sobre todo después del fracaso del Pacto de Toledo), mercado de trabajo (desempleo, precariedad, tiempo de trabajo y reformas laborales), servicios públicos (educación y sanidad) y la imprescindible política fiscal. Precisamente, estas son las políticas que se deben discutir en la campaña electoral y, en particular, en los debates previstos que esperan con redoblado interés los ciudadanos.

Mientras tanto, de acuerdo con los sindicatos, el gobierno debe apurar todas las posibilidades existentes de aprobar algunas medidas de indiscutible importancia contempladas en los PGE-2019 y, sobre todo, en la Agenda Social. En este sentido, la última decisión del Consejo de Ministros de aprobar dos  decretos leyes -que debe convalidar la Diputación permanente del Congreso de los Diputados-, representa una buena noticia: la equiparación de los permisos de paternidad (16 semanas pagadas al 100% a partir de 2021) y maternidad; la obligación de que las empresas registren sus salarios para evitar la discriminación de sexos; el ampliar el número de empresas obligadas a tener planes de igualdad; la reforma de la vivienda y el alquiler; y la creación de un salario mínimo para los jóvenes investigadores.

Sin embargo, todavía siguen pendientes otras medidas de superior calado social, como vienen exigiendo los sindicatos desde hace meses en las mesas del diálogo social: el subsidio para los parados de más de 52 años, las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores de las personas discapacitadas, además de corregir las medidas más regresivas de la reforma laboral (primar el convenio de sector sobre el de empresa, restaurar la ultra actividad y el control horario en las empresas) y de las pensiones del PP (derogar el factor de sostenibilidad y garantizar la revisión automática de las pensiones). La oposición de la CEOE-CEPYME a que se apliquen estas medidas resulta inaceptable y, además, totalmente rechazable si su actitud significa capacidad de veto.

Al margen de todo ello, y desde el punto de vista electoral, será fundamental movilizar a la izquierda, ilusionar a los más jóvenes, reafirmar la voluntad de cambio en relación con las políticas de austeridad extrema, no cometer errores ni sobreactuar con ideas y ocurrencias incomprensibles para la gran mayoría de los ciudadanos y, por último, no caer en las provocaciones populistas y absurdas de una derecha montaraz y “sin complejos”. Estas actitudes se deben traducir en una participación masiva en las urnas y, por lo tanto, en una lucha despiadada contra la abstención, sobre todo en las provincias de la España del interior, de la España mesetaria y profunda, donde la influencia de la Ley de Hondt en la asignación de escaños está llamada a ser muy importante. Particularmente hay que tener en cuenta a los jóvenes, utilizando para ello las redes sociales y la comunicación digital a todos los niveles, a los que se deben ofrecer soluciones a sus problemas y desafíos más urgentes, con el propósito de superar su profundo descontento social y de garantizarles un futuro digno: desempleo, precariedad, bajo salarios, alquiler y precio de la vivienda, educación (becas), igualdad de oportunidades, pensiones futuras…

En definitiva, la izquierda en España, junto a Portugal y Grecia, debe aspirar a liderar en la UE la defensa de una socialdemocracia ilusionante, que canalice el malestar social de la ciudadanía, tanto en el ámbito político, como en el económico y social. Para conseguirlo, los partidos que la componen deben ser creíbles, coherentes y honestos, en su apuesta decidida por la democracia, el empleo de calidad, la protección social (pensiones, dependencia y desempleo), la lucha por la igualdad, la modernización económica (modelo productivo, democracia económica y reparto de los beneficios que genera el aumento de la productividad), el cambio climático y una política fiscal mucho más  justa, encaminada a garantizar  la justicia social, a la que todos aspiramos en un mundo digital y globalizado. Por eso, tanto las elecciones del 28 de abril como las del 26 de mayo están llamadas a ser muy importantes en el camino emprendido hacia la consolidación de la UE y de la propia socialdemocracia.

Por último, para que esto ocurra, los partidos de izquierda deben acudir unidos a las próximas confrontaciones electorales y, posteriormente, afanarse en alcanzar acuerdos entre ellos en busca de la necesaria gobernabilidad. En esta gran tarea pueden contar con la complicidad de los sindicatos de clase, siempre y cuando dichos partidos recojan sus reivindicaciones más importantes en sus programas electorales. No debemos olvidar que los sindicatos representan el último baluarte de la democracia y que, además, resultan imprescindibles en la redistribución de la riqueza y el progreso social. Por eso, en estos momentos, están llamados a aportar sensatez y equilibrio en defensa de la centralidad del trabajo, la igualdad de género, el combate a fondo contra un lenguaje mediocre, descorazonador y periclitado- cuando no reaccionario-, que practica la derecha política en la actualidad y, finalmente, de una política económica y social que tenga en cuenta en primer lugar a las personas. No podemos defraudarlas…

Antón Saracíbar

100 números de TS

En momentos como estos, es interesante y necesaria más que nunca la reflexión política, sobre los hechos que se producen y el porqué de estos hechos.

Es relevante el generar opinión, para alimentar y enriquecer el debate, como también es importante el que esto se haga desde un prisma inequívoco de izquierdas, desde una visión de la izquierda abordar diferentes temáticas, porque yo creo que Francis Fukuyama en su libro “El fin de la historia y el último hombre” en el que insinúa que la ideología liberal ha ganado y ha impuesto su marco mental, habiendo acabado la discusión por ausencia de alternativa.

 

Yo opino que sí que hay alternativa al liberalismo y es desde la izquierda, desde la vuelta a las ideas y no solo al pragmatismo que hay que librar esta batalla, es por cosas como estas que hay que agradecer a Tribuna Socialista la tarea que desarrolla, generando debate y difusión de ideas, y lo más importante, siempre desde la izquierda.

 

Marc Aguilà Esteve

Concejal de juventud en el Ayuntamiento de Sant Boi y Responsable de política municipal en la Comisión Ejecutiva del Baix Ll.

100 números de TS: 100 motivos para la felicitación y el agradecimiento

100 motivos para la felicitación y el agradecimiento por poner a disposición del pensamiento socialista una Tribuna Libre para la expresión.  Una Tribuna de opinión plural cargada de democracia participativa y de defensa y difusión de los valores que siempre han identificado el “ser” socialista.

Ha sido todo un placer haber disfrutado de su lectura y todo un orgullo haber colaborado durante todo este tiempo con Tribuna, publicando algunos artículos de opinión desde mi militancia socialista y adscripción a la corriente de opinión de Izquierda Socialista.

En estos tiempos convulsos, en los que el avance de las derechas y la ultraderecha amenazan las conquistas sociales logradas por las clases trabajadoras y el conjunto de la sociedad, es más oportuno que nunca contar con el indispensable altavoz de Tribuna para que desde sus páginas se estructure el necesario llamamiento a la unidad de las fuerzas de la mayoría social  trabajadora, tanto desde una base programática como electoral, que conforme la mayoría  necesaria capaz de confrontar con la derecha y neutralizar el avance neo fascista que las inspiran.

Jorge Puente Delgado

Militante Socialista de Huelva.

Tribuna Socialista es el instrumento idóneo

Tribuna Socialista es el instrumento idóneo para no olvidar y practicar  la esencia del socialismo que compagina una ética personal intachable con una dedicación extrema a procurar la mejoría social y económica de los ciudadanos. Y por eso es bueno y saludable que los compañeros llenen de contenido esta publicación que por humilde no deja de ser esclarecedora.

Cuando los vientos soplan desde lugares inhóspitos políticamente hablando, cuando la derecha, porque son tres, pero, utilizando un término para los creyentes, La Santa Trinidad, nos quiere hacer retroceder décadas y despojarnos de todo aquello por lo que hemos luchado desde la muerte del Dictador, los socialistas debemos denunciar todas esas políticas y plasmar nuestra indignación en las páginas de nuestra revista para que cada vez más nos acerquemos a los niveles de igualdad necesarios.

Todos los militantes del PSOE y del sindicato UGT debemos reconocer en nosotros mismos el germen que hace más de cien años inoculó en los partidos socialistas y socialdemócratas. Rosa Luxemburgo, esa mujer marxista y feminista y antigua militante del SPD alemán, esa mezcla de fuerza y de ternura, de decisión pero también de prudencia, que nos tiene que llevar a la lucha contra el capitalismo despiadado que empobrece a las masas y despierta los nacionalismos y populismos incubados por el “huevo de la serpiente”.

Ignacio Bruna

Periodista. Ex Corresponsal de Agencia EFE en Centro Europa

No podemos perder más oportunidades.

Cuando el Partido Popular llegó al gobierno en 2011 tenía las ideas muy claras. Venían a cambiar las cosas y lo hicieron. Llevaron a cabo un paquete de medidas de gran importancia, tenia como objetivo transformar en profundidad nuestro modelo de convivencia, nosotros lo calificamos como una verdadera y profunda contrarreforma de nuestro sistema democrático.

Reformas como la Ley Mordaza que tenía como objetivo perseguir la disidencia, la LOMQUE o ley Wert que atentaba contra los principios básicos de un modelo educativo igualitario y democrático, la reforma de la ley del aborto que atentaba contra los derechos de la mujer, reformas en el modelo sanitario y en materia de servicios públicos que buscaba la privatización de manera generalizada, y en materia laboral la reforma laboral del año 2012 o todas las reformas perpetradas vía real decreto viernes a viernes, y finalmente la reforma de las pensiones del año 2013.

Desde la UGT, en los últimos procesos electorales estatales, teníamos un mensaje muy claro, “sin derogación no te voto”. Cómo es habitual y lógico en todos los procesos electorales se busca nuestra foto y nuestro apoyo. En aquel momento lo condicionábamos al compromiso firme de que quien gobernara diera un giro absoluto a la situación política e iniciara un proceso de derogaciones de todas esas leyes. Nosotros hicimos hincapié en la derogación de las reformas laborales y la reforma de las pensiones. En un acto en nuestra sede de Cornellà, el 17 de diciembre de 2015, obtuvimos el compromiso por parte de los diferentes partidos de izquierdas, PSC, ERC y Comunes. También por parte del PdCat hubo compromisos importantes.

Finalmente hubo un gobierno de izquierdas liderado por el PSOE y con el apoyo entre otros de Podemos, ERC y el PdCat en junio de 2018, a través de una moción de censura que expulsó del gobierno a la ultraderecha del partido popular. Desgraciadamente, después de diez meses de mandato se vuelven a convocar elecciones generales y no ha habido ni derogación de las reformas laborales ni derogación de la ley de pensiones. Nadie pone en entredicho las dificultades para llegar acuerdos y encontrar consensos en la actual situación política, pero era imprescindible devolver derechos y reponer cuestiones que eran esenciales para estabilizar el marco de relaciones laborales claramente decantado desde el 2011 a favor de los empresarios y del sector financiero, y no se ha hecho.

Era imprescindible derogar la reforma laboral en materia de negociación colectiva, es un elemento clave, estructural y estratégico. Establecer que los convenios colectivos sectoriales sean de prioridad aplicativa y derecho mínimo necesario, y que un convenio de empresa tenga que respetar los elementos esenciales del convenio sectorial que acabaría con la existencia de las empresas multiservicios y protegería de nuevo de manera clara a las personas trabajadoras de las pequeñas y medianas empresas que conforman mes del 75% de este país. Introducir de nuevo la ultraactividad de los convenios colectivos para garantizar que se negociará en iguales condiciones entre empresarios y trabajadores, y así los primeros no los dejarán decaer si no se negocian a la baja como ha pasado a los últimos años. O finalmente la reposición del papel de la administración laboral en los procesos de expedientes de regulación de empleo, o de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o de inaplicación de convenios, a través de la autorización administrativa en los conflictos colectivos. Todas estas eran cuestiones claves y mínimas que no se han hecho.

Hoy nos hemos despertado con un anuncio, realmente es una amenaza, del partido popular en una desesperada carrera para ser mas de ultraderecha que nadie. Ayer planteó que si las mujeres migradas sin los permisos de residencia en regla dan sus hijos en adopción se podrá prorrogar su residencia temporal y retrasar su expulsión. Una autentica barbaridad, la llegada de organizaciones fascistas como Vox los ha desinhibido, sin duda hay que pararlos.

En las próximas elecciones del 28 de abril se nos volverá a pedir el apoyo. La UGT en 130 años de historia ha sido una organización clave en los avances democráticos, sociales y políticos de nuestra sociedad. También clave a hacerle frente a la derecha y de lucha contra sus políticas. Somos conscientes que nos tenemos que comprometer para parar el avance de organizaciones fascistas y de la ultraderecha. Lo haremos, pediremos el voto para las organizaciones políticas de izquierdas y democráticas, pero también seremos tremendamente exigentes con aquellos compromisos adquiridos para la derogación de leyes que atentaban contra nuestro modelo de convivencia y en la recuperación de derechos y libertades. No podemos perder más oportunidades.

Carlos de Pablo Torrecilla, Secretari Comarcal UGT Baix Llobregat

100 números de socialismo

Vista atrás, a catorce años de debate y elaboración, 100 números de una trayectoria con espíritu abierto, y generosidad, vemos cómo TRIBUNA SOCIALISTA ha defendido un socialismo pleno de justicia social en defensa de derechos y libertades, teniendo al Partido Socialista como referente de la izquierda. Al releer las noventa y nueve editoriales participamos en un tránsito vertiginoso por una época marcada por una profunda crisis social en todas sus acepciones, cuyas consecuencias las han sufrido los ciudadanos, los trabajadores, “la mayoría social”.

Cada editorial recorre el amargo camino de la regresión de derechos, de libertades, y lo hace tomando partido, comprometiéndose sin ambages con la libertad y la justicia social, como decía Paulo Freire de la educación, desde el “socialismo en libertad”.

En nuestra memoria reciente, Tribuna se ha convertido en un referente del diálogo político y de respeto a todas las opiniones, con una voluntad firme de situar al PSOE en la izquierda.

Si miramos a las 100 editoriales, incluyendo la del presente número, y desde donde venimos, 2005, es innegable qué en medio de esta tremenda crisis y sus consecuencias, Tribuna ha tenido una participación fundamental en la vida política de nuestro país. En este entorno de crisis social, de políticas decididas al margen de la mayoría social y con medidas de austeridad y recortes constantes, nuestras editoriales, declaraciones y cartas han significado una ventana de libertad, reflexión y defensa de un socialismo progresista y profundamente democrático hacia todas las opciones de izquierda con ánimo de encuentro y consenso, y hacia el interno con ánimo declarado de que el partido de muchos de los abonados y abonadas de Tribuna mantenga una clara posición en la izquierda del Socialismo.

En este “desorden mundial”, que se puso en marcha tras la caída del Muro de Berlín, ha llevado a una terrible situación en África, Oriente Próximo, Medio, la dictadura en China, la mafiosización en Rusia, el reflujo populista-derechista centroeuropeo, norteamericano, brasileño, etc. En Europa la crisis y sus consecuencias socioeconómicas de precariedad socio laboral, lejos de generar respuestas políticas progresistas que salvaguarden derechos y libertades y apliquen recetas de responsabilidad y justicia social, está trayendo gobiernos pseudo democráticos que aplican medidas aún más dañinas, más injustas en nombre de un liberalismo económico depredador. En España mismo, las libertades se han resentido, mientras la corrupción se ha hecho más evidente que nunca. Y se abre una etapa en la que comenzamos a escuchar las viejas cantinelas del fascismo.

En nuestro país, con nuestra Tribuna en primera línea política, hemos pasado del Gobierno Socialista y social de Zapatero del 2004-2008, a un giro antisocial, en el período legislativo siguiente 2008-2011, cuya máxima expresión fueron la reforma laboral de 2010 y la del artículo constitucional, 135, en 2011 que antepone el pago de la deuda a cualquier gasto público y social. Para acto seguido convocar elecciones abriendo la puerta a la derecha que, tras ganar, aplicó una política brutal de recortes con la reforma laboral en 2012 y de Pensiones en 2013, y de control social con la “Ley Mordaza” de 2015 y el abuso del Artº 315.3 del Código Penal. Terminando el periodo último con un gobierno precario del PSOE, con una legislatura extremadamente difícil, social y política sin acuerdos, en un escenario político sin mayorías claras, y con la escisión de la derecha en tres versiones, y el declive de la supuesta nueva izquierda.

No debemos olvidar hechos y problemas fundamentales como el Nacionalismo vasco y catalán, el primero con la larga noche de violencia y terrorismo lleno de víctimas y enfrentamiento social, con un nacionalismo españolista que exacerba siempre los problemas, los retroalimenta, utilizándolos sin vergüenza ninguna, negando el diálogo.

Frente a estas graves situaciones, como en 2006 y 2007, Tribuna apostó por apoyar el socialismo serio, qué a pesar de luchar con todo el Estado de derecho, no olvidó el diálogo y la negociación para poner fin al terrorismo, que no al nacionalismo. Y de nuevo, nuestra Tribuna como ejemplo de diálogo, acuerdo y memoria histórica que sin olvidar nunca donde estaba la razón democrática y política ofreció consenso, soluciones políticas y generosidad para salir de la quiebra de la sociedad vasca y española, como así funcionó.

La coherencia de Tribuna Socialista nos lleva a defender nuevamente el diálogo y la negociación, ante el reto del nacionalismo catalán, ahora agravado, como consecuencia de la acción política de la derecha española y catalana que negando la salida política que ofreció el socialismo con la reforma del estatuto, frustrada en el Tribunal Constitucional, en un primer momento, hasta llegar al “procès” actual con un agravamiento progresivo de referéndums al margen de procesos democráticos, y los hechos actuales donde tras los graves enfrentamientos de mediados de 2017, la triste “no declaración” de independencia, el encarcelamiento, la ruptura social dentro y fuera de Cataluña, tenemos un problema fundamental en nuestro país , reiterado en nuestra historia, y como siempre de difícil solución.

Estos son los acontecimientos políticos, sociales, y económicos más relevantes que han ocurrido en nuestro país, y ante los que TRIBUNA SOCIALISTA, siempre ha dado la cara con una posición de defensa de la justicia social, de acuerdos políticos mediante el diálogo, incluso defendiendo la reforma constitucional y el Derecho a Decidir, y de defensa de derechos y libertades.

Igualmente, como era inevitable, el PSOE ha participado directamente en este tránsito histórico con dos vertientes; la de la reforma del Estatut y la de la Constitución, con una decidida defensa desde la izquierda de los derechos de los ciudadanos a decidir su futuro y el ordenamiento territorial que libremente decidieran, y en segundo lugar, una posición de “gran coalición” con la derecha, situando al PSOE en el centro derecha negando el diálogo y adoptando discursos de nacionalismo españolista. Aquí, de nuevo TRIBUNA, con la voz y el discurso del diálogo tomó partido, ofreció espacio para el diálogo, para el acuerdo, y para la reforma constitucional que permitiese el encaje federal de nuestra sociedad, con una decidida y encendida defensa del Socialismo de izquierdas, de la redemocratización del partido. TRIBUNA no ha dejado nunca de defender que nuestra casa común, la casa del Socialismo español, el PSOE, fuese un partido digno, decente, de izquierdas para ofrecer a sus militantes un referente y para la sociedad un ejemplo de honestidad y compromiso social para ganar su confianza y el gobierno. Y lo hizo poniéndose del lado de la democracia interna, luchando dialécticamente y con sus editoriales por un socialismo republicano de izquierdas, con Declaraciones, cartas, y posicionándose pública y abiertamente con la razón democrática, y frente a quienes llevaban al partido a su inanidad, y desaparición en la orilla de la derecha capitalista.

En medio de este período convulso TRIBUNA se ha posicionado por la REPÚBLICA, como forma de estado social y de derecho, como solución al problema que la monarquía contribuye a agravar, y frente a una institución caduca, heredada, y deslegitimada social y políticamente siendo freno para el avance y la resolución de los problemas.

Tal vez, este momento histórico de cambio, transformación social, regresivo e injusto, que ha convulsionado dentro y fuera de nuestro país al socialismo democrático, que lo ha puesto contra las cuerdas ha hecho que TRIBUNA se convirtiese en un refugio del diálogo, del acuerdo, de la política, y todo ello en libertad.

Compromiso para recuperar derechos y libertades

Una vez fijada la fecha de las elecciones generales para el próximo 28 de abril, observamos que se abre un periodo de desconcierto, en el que nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre el futuro de los derechos y libertades.

Frente a la incertidumbre y el miedo que siempre genera no ver un horizonte claro, la izquierda debería tomar compromisos claros y sin ambigüedades, en relación con las preocupaciones que más afectan al movimiento obrero, es decir a la mayoría de la sociedad. Es preciso arrojar luz en el futuro, pues en función de qué tendencia tenga el gobierno, tras las elecciones generales, la incertidumbre que se cierne sobre el Sistema Público de Pensiones se acentuará o se disipará; la reforma laboral salvaje de 2012 continuará vigente o se le dará otra vuelta de tuerca para hacerla más sangrante contra los trabajadores; los retrocesos en derechos y libertades se acentuarán o recuperaremos los derechos y libertades: como ocurre con el Artº 315.3 del Código Penal o la Ley Mordaza.

Hay una cosa cierta, la conjura de la derecha neofranquista es la garantía de la minoría social para doblar cualquier tipo de resistencia, machacar la más mínima oposición a que se cumplan los planes de los poderosos, en el terreno económico, en el social y de las libertades.

En la declaración surgida de nuestra asamblea anual y publicada en TS n.º 99, reiteramos nuestro compromiso en la defensa de derechos y libertades, damos nuestro apoyo a Pedro Sánchez frente a los ataques del Partido Popular y sus aliados. También a las movilizaciones que recorren las calles de nuestras ciudades defendiendo las conquistas conseguidas durante años de lucha.

La defensa del estado de bienestar ha caído en el olvido para algunos dirigentes, pero la situación es tozuda, el diario El País del día 18, publicaba que 600 000 pacientes permanecen en lista de espera para operarse y 1,5 millones esperan visita con el especialista, para el médico de familia la espera es hasta de 15 días.

UGT y CCOO reclaman con razón la derogación de la reforma laboral, al menos, en sus elementos más dañinos: como la recuperación de la hegemonía del convenio sectorial sobre el de empresa o la recuperación del principio de ultraactividad. Pero la legislatura se agota y continúa sin realizarse, a pesar de haber sido acordado en las mesas de Diálogo Social.

Mientras, la Unión Europea se empantana en el sórdido espectáculo del Bréxit (todos los derechos en el aire), los planes económicos de los organismos internacionales y de los bancos continúan: en España las cifras de paro y precariedad siguen aumentando, se prevén miles de despidos en el sector financiero, añadidos a los 90.000 puestos de trabajo destruidos desde 2008. El sector del automóvil amenaza con una remodelación de consecuencias incalculables. España sigue exportando jóvenes, y los organismos internacionales del capital ya han redactado el encargo para el próximo Gobierno: realizar otra reforma de pensiones y otra ronda de recortes para pagar la deuda creada por Rajoy en defensa de los intereses de su clase social.

El juicio contra los políticos catalanes se está mostrando ante la opinión pública como un juicio político que será incapaz de solucionar el llamado , sin embargo, está siendo utilizado como arma arrojadiza contra el diálogo y la negociación para crear un clima de excepción, en el que no podamos defender ningún derecho. Los socialistas debemos distinguirnos y afirmar con fuerza: frente a la judicialización negociación, frente a la confrontación diálogo.
Para la mayoría social este 28 de abril no debe reducirse a un simple cambio de gobierno, se trata más que nunca de obtener una mayoría de diputados que recojan las necesidades de pensionistas, jóvenes trabajadores y/o estudiantes, autónomos, mujeres y hombres asalariados, ¡y hasta de los niños! que no tienen garantizado su futuro, qué el 28% de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza. Hay que legislar para garantizar la solución a estos graves problemas. Necesitamos una mayoría parlamentaria, en Congreso y Senado, que plante cara a los depredadores de la libertad y los derechos y garanticen el porvenir.

El PSOE tiene una gran responsabilidad en esta situación, es el máximo referente de la clase trabajadora, concentra la principal responsabilidad para inclinar la balanza hacia, recuperar los derechos y las libertades perdidas o que la situación se siga degradando hasta que sea insostenible.

Derrotar a la derecha exige que el socialismo se comprometa con la recuperación de derechos y libertades, solo así recuperaremos la confianza suficiente para ganar.