Comunicado de los alcaldes y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers y Castellar del Vallès

 

Ante el anuncio de aplicación del artículo 155 de la Constitución, por Presidente Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros, los siguientes alcaldes y alcaldesa del PSC, queremos expresar lo siguiente:

1.- Expresamos nuestro más radical desacuerdo y rechazo a la aplicación del artículo 155 y las medidas que se derivan, comunicadas esta mañana por el gobierno del estado.

2.- Pedimos que el PSC se oponga frontalmente a esta medida y no valide, en ningún caso, su puesta en marcha. El proyecto de los socialistas catalanes se fundamenta en el ejercicio y constante fortalecimiento del autogobierno de Cataluña. La aplicación del 155 supone, de hecho, la suspensión de la autonomía de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, las consecuencias serían irreparables.

3.- Instamos al Gobierno de la Generalitat a no sacar adelante ninguna medida irreversible y unilateral y que, por tanto, no haga ninguna declaración de independencia. No es momento de tomar ninguna decisión que facilite la ruptura y el choque de trenes, sino de devolver a la legalidad establecida en el propio Estatuto.

4.- Instamos a una reconducción del conflicto, que debe pasar por negociar una solución política. Por todo ello, se debe hacer una apuesta clara por el diálogo. Es imprescindible detener el reloj, congelar todas las condiciones previas y sentarse a hablar, sin exclusiones ni líneas rojas.

5.- Consideramos que la retirada del artículo 155 debería implicar hacer posible una reforma constitucional con la participación de todos los grupos parlamentarios del Congreso, y también iniciar los trabajos en Cataluña para elaborar un nuevo Estatuto que dé respuesta a los anhelos de la sociedad catalana.

Todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña merecemos un ejercicio de grandeza política desde todas las partes implicadas, reconociendo con valentía los errores que todo el mundo ha cometido para poder superar y evitar, así, nuevos errores aún más graves.

Núria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa

Josep Mayoral, alcalde de Granollers

Ignacio Giménez, alcalde de Castellar

22 de octubre de 2017

Europa y los derechos de los trabajadores

El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, formado por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE), celebrado el pasado 23 de octubre en Luxemburgo aprobó por unanimidad el Pilar Europeo Derechos Sociales (PEDS). Que será firmado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en la cumbre social a favor del empleo justo y el crecimiento, que se celebrará el 17 de noviembre en Gotemburgo. El documento recoge diferentes aspectos laborales y sociales y se orienta a la adaptación del modelo social europeo a los desafíos del siglo XXI, como la digitalización, las nuevas realidades empresariales y laborales o la globalización.

Cuando se cumplen 60 años de la fundación del proyecto de integración y cooperación europeo, la UE está atravesando un periodo de estancamiento, aún no se han superado los devastadores efectos sociales originados por la crisis económica y financiera del 2008 y las consecuencias de las políticas puestas en práctica desde 2010, en base al Pacto Fiscal, centradas en la austeridad, recortes del gasto público y contrarreformas laborales y sociales para conseguir una devaluación salarial que facilitara mejoras en la competitividad  y  reducir el déficit público.

Las medidas fueron impuestas, durante la crisis, desde las instancias de la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y seguidas con mayor o menor entusiasmo por los Estados miembros, siendo políticas de clara inspiración neoliberal, que han aumentado las desigualdades y el riesgo de pobreza. Resultando un freno para la demanda interna y el crecimiento económico, a su vez han disparado la deuda pública por los rescates del sistema financiero y han aumentado las divergencias entre los países. Produciendo un deterioro en la calidad del empleo, la creación de nuevos empleos está basada mayoritariamente en la precariedad laboral y los bajos salarios.

Ante este grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de amplias capas de la ciudadanía europea, que han sido el caldo de cultivo de diversas expresiones de desafección al proyecto europeo (como el Brexit o el auge de la extrema derecha) la Comisión Europea (CE) se planteó un proyecto de mejoras de las condiciones de vida y trabajo. Así lo expresó el presidente Juncker, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2015, fue la primera vez que se mencionó la intención de desarrollar el PEDS.

En marzo 2016 se presentó el primer borrador del PEDS que se sometió a consulta a los Estados miembros, las instituciones de la UE, los interlocutores sociales, la sociedad civil y a la ciudadanía en general. A finales de abril de 2017 la Comisión hizo público el texto definitivo con los objetivos de fomentar unos mercados de trabajo y sistemas de protección social justos y que funcionen correctamente. El Pilar se concibió para orientar un nuevo proceso de convergencia al alza de las condiciones de vida y trabajo en Europa. Se estableció pensando en la zona euro y también será aplicable a los Estados miembros que decidan formar parte del mismo.

El PEDS recoge veinte principios y derechos que se estructuran en tres capítulos que contienen entre otras las siguientes materias:

– la igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, que incluye materias como la educación y formación, las políticas activas de empleo y la igualdad de oportunidades y de trato ante razones de   género, edad, orientación sexual, discapacidad, raza o religión.

– las condiciones equitativas de trabajo con empleos seguros y flexibles, los salarios, los derechos de información sobre las condiciones de trabajo y protección ante los despidos colectivos, conciliación laboral y el reconocimiento del diálogo social y la negociación colectiva.

– por último, se tratan diversas medidas de protección e inclusión social sobre las prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones, sanidad, protección a los menores, personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y apoyo a las personas sin hogar y acceso a los servicios esenciales.

Estos principios y derechos se inscriben en los compromisos en fijados en los Tratados de la UE, de desarrollar una economía social de mercado altamente competitiva con los objetivos del pleno empleo y el progreso social. Se traslada la responsabilidad del cumplimiento del Pilar al conjunto de los Estados miembros y de las instituciones de la UE, los interlocutores sociales y otras partes interesadas. La mayoría de los principios y derechos que conforman el Pilar requieren para su efectividad ser desarrollados mediante iniciativas legislativas para su aplicación, que se realice un seguimiento del mismo y que su análisis y resultados se tengan en cuenta en el Semestre Europeo de Coordinación de Política Económica, de no ser así quedaran como medidas meramente declarativas.

UGT y CCOO, coincidiendo con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), han valorado positivamente que se haya dado este paso para mejorar las condiciones de trabajo y la protección social. Pero manifiestan su escepticismo sobre la efectividad de las medidas previstas en el Pilar ya que no se les da carácter vinculante y adolecen un soporte financiero especifico, a su vez se deja en manos de cada Estado miembro la capacidad de adaptar el Pilar a su legislación.

Si el objetivo central es avanzar en la Europa Social no se puede quedar en una mera declaración de intenciones, por esa razón la CES exige que las medidas previstas en PEDS se deberían incluir en Semestre Europeo como el Semestre Social, igual que las materias económicas configuran el Semestre Económico y se establecen las condiciones de obligado cumplimiento, indicadores de seguimiento y sanciones en los casos de incumplimientos. Se debería establecer en el ámbito europeo un marco normativo de empleo y protección social, con las correspondientes Directivas que obliguen a los Estados miembros a su transposición en sus ordenamientos sociolaborales, semejante a la legislación existente en el ámbito europeo para las materias económicas y monetarias.

Los socialdemócratas y el movimiento sindical europeos coinciden en la necesidad de   poner fin a las políticas de austeridad y reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sitúan como objetivos prioritarios: la creación de empleo decente y la redistribución de las rentas, planes de inversión, una fiscalidad suficiente y justa para generar ingresos y combatir las desigualdades y la pobreza. Para ello es imprescindible la recuperación el peso de la Europa Social dentro de la arquitectura de la UE y su plena integración en las políticas europeas.

Conjúntamente comparten frente a la derecha, que la necesaria competitividad empresarial no puede ser un recurso permanente para desregular los derechos de los trabajadores y recortar salarios. La mejora de la productividad se debe basar en la potenciación de la innovación, la educación, la formación y la calidad del empleo. También se requieren avances en la democracia social extendiendo la participación de los trabajadores en los órganos de administración de las empresas, un modelo implantado en muchos países europeo. Siendo uno de los más conocidos la cogestión en Alemania, con resultados probados por su contribución a la eficiencia empresarial y la implicación de los trabajadores en las empresas.

En España la recuperación de los derechos laborales y sociales requiere que las reformas laborales y de pensiones impuestas durante la crisis sean derogadas. La mejora de los salarios tanto del sector público como del privado, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería alcanzar, de forma gradual los 1000, euros mensuales en 2020, para recuperar el peso de las rentas del trabajo dentro de la renta nacional. Estas medidas son necesarias para la eliminación de las desigualdades y la brecha entre hombres y mujeres, para fortalecer la cohesión social al igual que la mejora de las condiciones de trabajo, garantizar la protección social y el sistema público de pensiones.

 Toni Ferrer

 

21-D. Elecciones inciertas en Catalunya

Los días previos y posteriores al debate en el Senado relacionado con la aplicación del artículo 155 (27 de octubre), clarificaron varios asuntos. En primer lugar,  la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del parlamento catalán fue manifiestamente ilegal y, por lo tanto, no tuvo ningún efecto práctico, al margen de  resultar muy contraproducente para la causa secesionista. En todo caso, fue una decisión sumamente equivocada que se produjo después de que Carles Puigdemont descartara convocar elecciones al parlamento catalán. Esta circunstancia facilitó  a Mariano Rajoy retomar la iniciativa política en torno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, convocar las elecciones en Catalunya (21-D) y recurrir de oficio a la fiscalía, con el propósito de garantizar el respeto a la Constitución y al Estatut. Especialmente incomprensible ha sido el posterior viaje de Puigdemont y de varios ex consejeros a Bruselas con el propósito de internacionalizar el conflicto, buscar una mayor capacidad de maniobra política (victimismo) y obtener mayores garantías jurídicas en su defensa.

Lo que más llama la atención del rocambolesco viaje del ex presidente es que  le aleja de la realidad social y, lo que es más importante, de los ciudadanos más adictos e incondicionales, que han quedado en evidencia y huérfanos de una referencia política cercana y creíble.

En segundo lugar, si bien Mariano Rajoy ha actuado a lo largo de la crisis sin haber tomado ninguna decisión política de relevancia encaminada a resolver el conflicto por la vía pacífica y negociada, es justo reconocer que en la aplicación del artículo 155 ha actuado de manera proporcionada, prudente y acertada. Lo mismo ha sucedido con la convocatoria de las próximas elecciones al parlamento catalán, al margen de la sorpresa que ello ha significado para todos y de lo que pueda suceder finalmente  en unas elecciones inciertas y, además, convocadas en una fecha tan cercana.

En tercer lugar, los ciudadanos y las empresas han sufrido las graves consecuencias del conflicto: por una parte, la división, la intolerancia, el miedo, la desilusión de algunos y la fuerte confrontación con la legalidad y el Estado y, por otra, el boicot a los productos catalanes, los brotes de catalanofobia y el rechazo (por el momento minoritario) a todo lo que representa Catalunya en el Estado español, con la incertidumbre y la inestabilidad que ello significa en términos políticos, económicos y sociales.

En cuarto lugar, el cambio de la sede social de más de 2.000 empresas importantes, desde el pasado 1 de octubre, así como el desplome y la posterior recuperación bursátil de muchas empresas cotizadas  han sido hechos decisivos y determinantes en la rápida aceleración de la crisis y en la apertura de un nuevo escenario electoral que, seguramente, pondrá de nuevo a prueba a nuestra democracia y a nuestro Estado Social y de Derecho. Un hecho que los independentistas no habían previsto, como  tampoco fueron capaces de valorar, en sus justos términos, el costo económico que puediera tener la  transición hacia una hipotética secesión.

En quinto lugar, la UE ha dado pruebas suficientes de que no está dispuesta en absoluto a facilitar intentos secesionistas no negociados en el marco europeo, lo que se ha traducido en un apoyo diplomático claro y rotundo hacia las medidas aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de su torpe actuación a nivel internacional, tanto en términos políticos como mediáticos.

En sexto lugar, la crisis ha golpeado de manera desigual a los partidos de izquierda. El PSOE ha salvado los muebles y sorteado la crisis con muy pocos desperfectos y su estrategia ha sido acordada sin grandes dificultades con el PSC y, en particular, con  su secretario general Miquel Iceta y lo que éste representa en defensa de la centralidad política en el conflicto. Podemos, en cambio, ha sufrido en sus propias carnes la división interna y el enfrentamiento de la dirección estatal con los responsables de Catalunya, ante una política presidida por la ambigüedad calculada que no ha sido en absoluto comprendida ni en Catalunya ni en el conjunto del Estado.

En definitiva, los secesionistas, sin una relación de fuerzas favorable y sin ningún poder coercitivo, no han alcanzado ninguno de sus objetivos y, por el contrario, la Unidad del Estado se ha visto fortalecida y apoyada por decenas de miles de personas en la calle, sin que ello signifique que esté resuelto el conflicto, sobre todo cuando sabemos que lo más conveniente para todos es llegar a un Acuerdo que evite enfrentamientos futuros y garantice que Catalunya se encuentre cómoda en el Estado. Sin duda, la rápida, sorprendente y desproporcionada orden de detención del presidente y de los ex consejeros de la Generalitat- que se debe respetar en un Estado de derecho- no facilitará las cosas; sobre todo porque puede influir considerablemente en las propias elecciones, sobre todo si continúan los ex consejeros en la cárcel.

¿Qué hacer en este sentido, cuando ya estamos de hecho inmersos en plena campaña electoral? El gobierno debe seguir aplicando con mesura el artículo 155 y obrar en coherencia con la Constitución. Por su parte, los partidos estatales deberán esforzarse en mejorar su presencia en el parlamento catalán e intentar formalizar un gobierno de la Generalitat respetuoso con el Estatut y, por lo tanto, lejos de las ansias re centralizadoras de muchos nostálgicos de épocas periclitadas. El PP, paralelamente, debe asumir que la resolución del problema no ha hecho más que empezar y que, por lo tanto, debe participar activamente y mostrar su voluntad política de alcanzar acuerdos en la Comisión del parlamento encaminada a explorar la futura reforma de la Constitución en la perspectiva de  establecer un Estado federal. Por otra parte, es un hecho relevante que los partidos independentistas hayan decidido participar en las próximas elecciones al parlamento catalán, a pesar de que ello representa una fuerte contradicción en sí misma: respetar el marco legal (y también la decisión de la justicia y la separación de poderes) y reconocer que la proclamación de la República catalana es más una aspiración maximalista que un hecho posible en la actualidad. En todo caso, los resultados de las elecciones serán determinantes para el futuro de los partidos independentistas y ello, en buena medida, dependerá de su capacidad para presentar una lista única (finalmente fallida) y de convertir dichas elecciones en un plebiscito. Para ello, si nadie lo remedia, contarán además con la estimable ayuda de los ex consejeros en la cárcel, lo que facilitará la campaña de los independentistas y su apelación a las emociones del electorado catalán (libertad para los presos).

Después del 21-D., y al margen de los resultados que obtengan los partidos políticos que se presenten, el gobierno debe reafirmar su voluntad de llegar a acuerdos con los nuevos interlocutores del gobierno de la Generalitat- desde el respeto a la unidad del Estado- en base a las diversas propuestas consensuadas con los partidos constitucionalistas. Los puntos concretos que pueden ser susceptibles de ser abordados se refieren, de entrada, a dos competencias de máxima importancia: la educación y la cultura. En segundo lugar la lengua catalana y  su cohabitación con la lengua española. En tercer lugar se debe estudiar el blindaje de algunas competencias, tal como vienen reivindicando, desde hace años, la Generalitat, dejando al margen las competencias exclusivas del Estado (art. 150.2. CE). En cuarto lugar se deben analizar a fondo  las inversiones públicas en infraestructuras del Estado ((viarias y ferroviarias) y, por supuesto, acelerar el corredor del Mediterráneo reivindicado con suficientes argumentos por varias CCAA, además de Catalunya. Finalmente, hay que estudiar la financiación territorial y los ingresos fiscales de todas las CCAA (por lo tanto también de Catalunya). En este importante punto estará presente, cuando menos en términos dialécticos, el Concierto Económico Vasco y, desde luego, la potencial asimetría entre CCAA que, debemos recordar, sólo se podrá corregir o aminorar si se dota de más medios económicos al Fondo de Compensación Territorial, que tiene como fundamento el mantener el principio de solidaridad con las CCAA más desfavorecidas.

Otros asuntos de capital importancia- que deben ser impulsados con audacia por las fuerzas progresistas en la campaña electoral- tienen relación con las políticas económicas y sociales (redistribución de la riqueza). Los partidos progresistas deben de esforzarse también en ofrecer alternativas (a todos los niveles) a la creación de empleo indefinido, estable y con derechos y, en particular, ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes y a los mayores de 55 años: políticas activas de empleo, cambio de modelo productivo, política industrial y energética, investigación e innovación tecnológica, tamaño de las empresas (superar la atomización)… Resolver el gravísimo problema de la precariedad de nuestro mercado de trabajo. Apostar por el Incremento de salarios (también del SMI) y superar la brecha salarial de género. Mejorar sustancialmente la protección social (desempleo, pensiones, prestación por desempleo y renta mínima de inserción). Recomponer la financiación de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). Presentar alternativas a la necesaria reforma fiscal para que aumenten los ingresos y mejore el reparto de la riqueza: que paguen más los que más tienen y que mejore la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; además de trabajar por erradicar los paraísos fiscales, recuperar impuestos y establecer un impuesto a las transacciones financieras, entre otras medidas.

Por último, aportar soluciones a un problema mayúsculo: el medio ambiente, el cambio climático, la contaminación y la sequía.

En todo caso, la culminación de este renovado proceso hacia la normalidad debe conducirnos, como venimos manifestando, a reformar la Constitución (incluido el blindaje de los servicios públicos básicos y de las políticas sociales) y el actual Estatut. Este hipotético Acuerdo de Estado deberá ser sometido a la decisión de todos los ciudadanos españoles y, en particular, de los catalanes. Por eso, sólo nos cabe esperar al veredicto de las urnas el 21-D y a que posteriormente se imponga la política y el sentido común de todos.

Antón Saracíbar

Los hechos exigen cambios

La aplicación del artículo 155 no ha solucionado ningún problema, al contrario, cada día que pasa, desde su aplicación, la situación se agrava, la fuga de empresas continúa y se intensifica el enfrentamiento entre pueblos y en Cataluña mismo. El 155 choca directamente contra las aspiraciones del pueblo catalán  y como vemos en el ayuntamiento de  Madrid es un arma, en manos del gobierno, contra los que no están de acuerdo con su política. El llamado problema catalán se ha convertido en la mayor crisis de Estado por la que ha pasado España desde la muerte del dictador.

La suspensión de las instituciones autonómicas de Cataluña, el encarcelamiento y la imputación del gobierno autonómico y de la mesa del Parlamento Catalán, sitúa a la mayoría de la sociedad catalana bajo los gobernantes del PP que no tienen mayoría absoluta en las Cortes Españolas y tienen una representación muy minoritario en Cataluña.

Amparados por la Constitución del 78 que se muestra agotada y caduca,  se toman atribuciones ilícitas donde las urnas no se las han dado. De esta forma han destituido al Govern de la Generalitat, disuelto el Parlament i convocado unas elecciones que, siendo tuteladas por el gobierno de Rajoy no cumplen los mínimos democráticos, y en las que, los resultados no serán sustancialmente diferentes ni para un lado ni para el otro, pero sí  exacerbarán  todavía más la situación y no ofrecerán salida. Tanto es así que destacados dirigentes del PP aseguran que, si no sale el resultado deseado se seguirá aplicando el 155.

Como socialistas, como demócratas, nuestra posición es claramente en contra de la DUI. Ni podemos aceptar que se pretenda dividir a los trabajadores y separar a los pueblos para que se sigan aplicando en las dos partes escindidas las mismas leyes antisociales del gobierno central y de las instancias internacionales.

Pero la intervención en Cataluña es solo la punta del Iceberg, José Julián Gregorio delegado del gobierno en Castilla la Mancha decía que, García Page presidente de esa comunidad autónoma estaba pidiendo a gritos la aplicación del 155, de la misma forma se han expresado diferentes dirigentes del PP refiriéndose a Euskadi y Navarra.

Cualquier atisbo de triunfo en cualquier ámbito político reforzará al PP para aplicar una nueva reforma laboral, la reforma de las pensiones y todas las  medidas restrictivas que las instancias financieras internacionales le siguen exigiendo.

La colaboración de nuestro Secretario General y de los responsables del PSC con el gobierno de Rajoy, contraviene la campaña del NO es NO que se realizó en las primarias de nuestro partido del mes de mayo y fue ratificado en el congreso federal.

Y ha provocado la dimisión de varios dirigentes y electos significativos, como el presidente Montilla, o que abandonan el partido como Joan Majó ex ministro del Gobierno de Felipe González, el alcalde de Terrassa y varios de sus concejales.

Tal vez deberíamos prestar más atención a la firma del documento de rechazo a la aplicación del 155 como Raimon Obiol, Laia Bonet y otros dirigentes históricos del PSC. Invitamos a todos los socialistas a considerar el documento firmado por Núria Parlon alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet,  Josep Perpinya presidente del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la primera teniente de alcalde de Girona y otros alcaldes de diferentes comarcas de Cataluña donde apuntan en su punto 5 lo siguiente “Consideramos que la retirada del artículo 155 debería de hacer posible una reforma constitucional con la participación de todas los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y también iniciar los trabajos en Cataluña para elaborar un nuevo Estatuto que dé respuesta a los anhelos de la sociedad catalana”.

Nosotros pensamos que, las demandas de querer votar en referéndum del 82 % del pueblo catalán deben ser respetadas.

Sin duda el resultado que desea el gobierno es que después del 21 se vuelva a una situación peor que la anterior.

Esto podría frustrar las aspiraciones de la mayoría del pueblo catalán , y crear una situación propicia para que  el gobierno continúe aplicando su política contra la mayoría trabajadora.

Por nuestra parte consideramos que más que nunca es necesario un verdadero referéndum con todas las garantías, en el que el pueblo catalán se pueda expresar libremente y su voluntad respetada.

 Comité de Redacción