Mes: agosto 2017

Surgen nuevos partidos, partidos con afán de militancia activa que manifiestan intenciones de devolver el protagonismo a los ciudadanos, que se dicen socialdemócratas… Hay un leve renacer de la izquierda, un giro social en medio de paradojas como Trump, Putin, Macron, y es evidente que los ciudadanos reclaman políticas progresistas…

Nosotros, los socialistas del Estado español, no somos ajenos a estos cambios, en nuestro partido se ha producido un cambio copernicano donde los militantes hemos orientado al partido hacia la izquierda…  Y sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra corriente, IS aparece al margen, más cómo corriente de opinión que como corriente organizada y apenas tiene presencia en los órganos renovados del partido.

¿Por qué?

 Cómo muchos militantes, la mayoría de integrantes de la corriente hemos participado directa o indirectamente en esta importante transformación, y como es lógico esperábamos una adecuada representación, no para ocupar «sillas ni sillones», sino porque estando en sintonía con una nueva orientación, acorde con lo que la corriente ha venido defendiendo desde las primarias de 2014, lo lógico y razonable es participar y transmitir en los órganos del Partido esa sensibilidad que emana democráticamente de la vida de la Corriente, y sin embargo no ha sido así. La nueva dirección ha optado por personas que tienen o han tenido relevancia personal, pero que no han salido de asamblea alguna de IS.

 Es un signo evidente de irrelevancia organizativa, y de que teniendo una buena capacidad propositiva y muy buenas «cabezas», nos faltan piernas para caminar, aunque nuestras ideas, y nuestras acciones han acompañado el proceso de cambio.

 En todo caso, ¿qué hacer?

¿Es posible recuperar o relanzar a IS?

Hay un trabajo hecho con dignidad, y creo que si, que hay muy buenas personas con cabezas brillantes, con afán de transformación, con años de militancia y/o grandes esperanzas. Tenemos muchos militantes esperando que nuestro Partido, el PSOE, llegue al gobierno para poder aplicar la política en la que creemos; de justicia social y estado de derecho, y para ello creemos útil una corriente política, con respeto al partido y a sus órganos, que trascienda las ideas y participe activa y ordenadamente en este proceso de cambio.

Nos gustaría poder hacer algo, desde nuestra corriente, con el reconocimiento justo, sin «regalos», es por ello, por lo que considero necesario un proceso de debate para decidir cómo hacerlo…

Eduardo Hernández Oñate

Afiliado PSOE. Barrio de Salamanca (Madrid)

Nos llaman generación Y, otros Millennials y otros dicen que somos la generación mejor preparada, pero si algo somos es una nueva clase trabajadora, la de la precariedad. Resulta totalmente kafkiano definir a nuestra generación con términos anglosajones que denotan frescura y modernidad cuando no hay  nada de moderno, y menos de progreso, en lo que realmente somos: pobres y precarios.  

 La realidad que sufrimos la juventud en pleno siglo XXI es absolutamente dramática, ni más ni menos. Estamos pendiendo de un hilo, el que el Gobierno de Rajoy no va a dudar en recortar en cuanto tenga la oportunidad para dejarnos caer en la más triste miseria (si es que no estamos ya sumidos en ella). Así está echando a perder al presente y al futuro de un país al que ha convertido en el oasis de la precariedad laboral y la indecencia.

 En primer lugar, sufrimos un paro que se está convertido en crónico: actualmente se encuentran en situación de desempleo de larga duración casi el 40% de las y los menores de 25 años, el 47% de quienes tienen entre 25 y 29 años, y el 50,5% de las y los jóvenes de entre 30 y 34 años. Y lo que es peor, un porcentaje muy alto está en riesgo de pobreza. 

Por otro lado, la calidad del empleo es pésima, la mayoría de jóvenes que trabaja concadena contrato temporal tras contrato temporal y los sueldos son auténticas limosnas.

Nos están sumiendo en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad fruto de una constante degradación de nuestras condiciones de empleo y, por ende, de vida. Es decir, tanto para el que tiene trabajo como para el que no lo encuentra, la situación es trágica, más si se es mujer. Estas son las consecuencias de las dos últimas reformas laborales (esencialmente la segunda) y de la denostación (o desprecio) incesante del talento de la juventud.  

 En tercer lugar, tenemos la guinda del pastel (aunque de dulce nada): el exilio, al que recurren de forma desesperada miles de jóvenes en nuestro país. La única escapatoria en muchas ocasiones es buscar fuera de nuestro país las oportunidades y la calidad de vida que aquí se nos niega.  

 Se nos dan pocas opciones y, además, ninguna buena. Nos están haciendo elegir entre desamparo y precariedad, y cuando nos negamos a cualquiera de esas dos alternativas nos condenan al ostracismo.

Esta es la España del 2017, nada que ver con lo que soñaban quienes lucharon años atrás por los derechos laborales y el fortalecimiento de la negociación colectiva y demás mecanismos de acción. Así ha truncado el PP de Rajoy todo avance y progreso, así nos ha sumido en la desesperante oscuridad del mercado laboral. 

 Vivimos una pesadilla continua de la que la juventud queremos despertar, pero seguimos atrapados en ella, con la impotencia de no poder escapar. El monstruo ya no está debajo de la cama, está en la Moncloa, salpicado por casos de corrupción y disfrutando de la impunidad concedida a través de las urnas. Lo peor de todo es que la puerta se la dejamos abierta.  

 Pero no podemos darnos por vencidos, tenemos que cambiar esta situación y no desistir en la lucha contra la desigualdad, la precariedad y la pobreza crecientes. Luchemos por un mercado laboral más justo, menos discriminatorio y que proporcione empleo de calidad.

Empecemos derogando las últimas reformas laborales así como acabando con los falsos autónomos y los becarios precarios.

Continuemos estableciendo incentivos a la contratación joven y al relevo generacional y subiendo el salario mínimo.  

 Sólo así quienes se fueron podrán volver y quienes nos hemos quedado podremos vivir. Queda mucho trabajo por delante pero estos retos no son nuevos.  

 Andrea Carrascal Miralles 

Secretaria General de JSE-CyL

Hace pocos días el Ministerio de educación aprobó el nuevo decreto de becas para el curso 17-18, anunciando triunfalmente que el presupuesto para becas era el mayor de la historia de España y que el número de becarios bajo su gobierno tampoco nunca había sido superior. Estos datos, si bien ciertos, no son tan buenos como nos quieren hacer entender. No son más que una cortina de humo para encubrir la progresiva elitización de la Universidad Pública. Veamos el porqué.

Para estudiar en una universidad pública solo hay dos requisitos. Uno académico, obtener una determinada nota en la selectividad y aprobar un determinado número de asignaturas para poder seguir estudiando (en general la mitad del curso). El segundo es económico, y consiste en pagar una matrícula que representa entre un 15 y un 25% del coste total de los estudios en función de la CCAA de la Universidad. El Estado, por otro lado es quien paga el tanto por ciento restante a las propias universidades

Veámoslo en un ejemplo. Un estudiante cualquiera paga 1500€ de matrícula para estudiar derecho, siendo el estado quien asume los 4500 restantes que se supone que cuesta un curso en la universidad. Y esto con total independencia de la situación económica del estudiante.

No obstante es evidente que 1500€ pueden suponer un gran esfuerzo para algunas familias, así como no podemos olvidar que de estudiar se derivan otros costes que muchas familias no pueden cubrir, por dar un numero la OCDE los cifra en unos 7000€ anuales, y que si no se cubren evitan que el joven con menos recursos pueda estudiar. Para paliar estos costes existen unas becas que, como para estudiar, tienen dos requisitos. Económicos, no superar una renta determinada, y académicos.

Es en estos últimos donde está la trampa. Se exige aprobar un 80% del total de créditos para obtener la beca más básica y un 90% si se quiere optar a la beca completa. Un rendimiento muy superior al que se exige al resto de estudiantes, un 50% para seguir en la universidad. No siendo de recibo el argumento de que como las becas son recursos públicos se deben destinar a potenciar el rendimiento académico porque como hemos dicho antes SIEMPRE es el estado quien se hace cargo de la mayor parte del precio del curso.

Volviendo al ejemplo anterior, si ese joven necesita la beca por no poder afrontar la matricula, necesitara rendir muchísimo más que si no necesita esa beca, y, en cualquiera de los casos, será la sociedad quien financie la mayor parte de sus estudios a través de sus impuestos.

Es fácil ver el resultado de esta política. Los más desfavorecidos están obligados a no fallar si no quieren perder la protección, por otro lado insuficiente, de las Instituciones. En cambio los que se pueden permitir pagar no deben sufrir, pues por más fallos que cometan podrán seguir en la universidad, y, lo mejor de todo, siendo toda la sociedad los que paguen la mayor parte de sus estudios.

En definitiva, nuestra Universidad es Pública sí, pero solo a la hora de pagarla, ya que a la hora de poder estudiar nuestra educación superior es, cada vez, más privada.

Didac  Ramírez

Joventut Socialista de Catalunya

 

A punto de comenzar las vacaciones del mes agosto, llama muy poderosamente la atención el Acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE y Podemos en Castilla la Mancha para aprobar los Presupuestos de 2.017 y del resto de esta legislatura. Este sorprendente e inesperado Acuerdo tiene relación directa con las contundentes declaraciones efectuadas hace meses, de Emiliano García-Page, contrarias a un hipotético acuerdo con Podemos. En su día, estas declaraciones contaron con el apoyo de los Barones del PSOE y, por otra parte, fueron el desencadenante de la dimisión de Pedro Sánchez en el fatídico Comité Federal de octubre del pasado año. El Acuerdo incluye también la participación de miembros de Podemos en el gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha, a través de una vicepresidencia segunda y de una cartera a determinar, lo que consolidará aún más el compromiso entre ambas formaciones políticas.

En esta ocasión, el Acuerdo ha sido bien recibido por todos los dirigentes del PSOE ((incluso del PSOE de Andalucía y de Abel Caballero, presidente de la FEMP, alcalde de Vigo y activista declarado a favor de Susana Díaz en el proceso de Primarias) y, desde luego, por los responsables de Podemos y, finalmente, por los militantes de ambos partidos. De la misma manera, la acogida en los medios de comunicación y entre la ciudadanía ha sido muy favorable y demuestra que el camino emprendido por los dos partidos más importantes de la izquierda es el camino correcto, sobre todo cuando además carece de mejores alternativas. Esta experiencia servirá también como trampolín para considerar en su momento otros acuerdos a nivel autonómico e, incluso, un acuerdo similar a nivel de todo el Estado, sin que ello deba descartar necesariamente una hipotética participación de Ciudadanos. A pesar de esta valoración positiva, no debemos pasar por alto las diferencias suscitadas a última hora entre la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) y la dirección del PSOE en Castilla la Mancha relativas a la consulta a los militantes. En todo caso, esta polémica interna se debería de haber planteado antes de haberse hecho público el Acuerdo, y no después, para no dudar de su operatividad y menos menoscabar la autoridad del presidente de dicha CCAA.

En cualquier caso, todo ello ha confirmado la madurez de la militancia socialista y el giro del PSOE hacia posiciones más acordes con el sentir mayoritario de la ciudadanía, en coherencia con el camino emprendido para recuperar su credibilidad. Las recientes elecciones a Primarias celebradas en diversas CCAA lo confirman, a pesar de algunas contradicciones. Por ejemplo, es destacable que en el País Valenciano los militantes hayan votado a Ximo Puig en detrimento de Rafael García apoyado por la CEF del PSOE. Eso demuestra que los militantes han diferenciado claramente el voto en el ámbito federal del autonómico. Y también que el secretario de organización (José Luis Ábalos) no ha estado acertado en sus decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que la política de organización debe pasar, en estos momentos, por propiciar la integración de todos los afiliados en defensa de un proyecto común. Por otra parte, el objetivo en la actualidad no debe ser otro que consolidar la unidad del partido después de la elección en el congreso de Pedro Sánchez como secretario general. En coherencia con esta afirmación, la CEF debe exigir lealtad al conjunto de las agrupaciones. Sin embargo, debe también acostumbrarse a convivir con una cierta oposición interna y no afanarse en el control total y absoluto del partido. Eso sería muy contraproducente para la convivencia partidaria y en concreto para la participación de todos los militantes en los debates a desarrollar en las agrupaciones socialistas a corto y medio plazo (democracia interna).

Por la misma razón, los contactos llevados a cabo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sido valorados muy positivamente. Sobre todo, por el esfuerzo que representa la búsqueda de una alternativa de progreso al actual gobierno, lo que exigirá coordinar los trabajos de ambas formaciones políticas, particularmente en el ámbito parlamentario. En este sentido, lo prioritario y urgente es abordar en primer lugar las políticas económicas y sociales (empleo, precariedad, pensiones, renta mínima, fiscalidad…), siendo conscientes de que las dificultades se establecerán finalmente en torno al problema de Catalunya (donde las diferencias son notables) y que la hipotética moción de censura deberá esperar a tiempos mejores.

En todo caso, los primeros 90 días de cortesía después del congreso están discurriendo sin grandes problemas reseñables y con algunas señales positivas. Eso nos indica que, previsiblemente, después del verano, las actividades de la CEF comenzarán a adquirir velocidad de crucero y que será el momento de visualizar y fiscalizar los cambios prometidos por Pedro Sánchez. Debemos recordar que en el plano organizativo es necesario fomentar la participación y el debate de los militantes, así como abrir las Casas del Pueblo donde deben rendir cuentas los dirigentes del partido. Otros asuntos tienen relación directa con la recuperación de la formación de los afiliados y la presencia de los militantes del PSOE en el tejido social: sindicatos, ONG, redes sociales y movimientos sociales emergentes.

En el plano político sigue pendiente la aplicación de las ideas socialdemócratas aprobadas en el último congreso. Eso justifica plenamente que los ciudadanos exijan al PSOE responder al problema del desempleo, a las carencias que tiene nuestra protección social, al deterioro de los servicios públicos (enseñanza y sanidad), a la necesidad de modernizar la gestión de las empresas y del conjunto de nuestra economía, a la imperiosa reforma de la política fiscal y a responder al reto que representa el cambio climático. Por eso, resultan muy preocupantes las últimas recomendaciones del FMI (globo sonda y serpiente de verano neoliberal) sobre el mercado de trabajo y las pensiones, que han tenido la respuesta contundente (que merecen), tanto desde la izquierda como desde los sindicatos.

Resulta hipócrita que el FMI siga insistiendo en recetas fracasadas, que nos han conducido al deterioro de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y contrato a tiempo parcial involuntario), al desplome de los salarios, a los recortes sociales y al interesado e injusto desarme fiscal. A lo que hay que añadir la alarma social causada por las declaraciones específicas relacionadas con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas y el retrasar nuevamente la edad de jubilación. Por eso, los sindicatos reclaman con insistencia reactivar el Pacto de Toledo, revalorizar las pensiones (de acuerdo con el IPC) y eliminar las bonificaciones a la contratación, sobre todo las tarifas planas de los autónomos. Al margen de que exigen abordar globalmente el capítulo de ingresos a la Seguridad Social y no el capítulo del gasto como pretende el FMI y el gobierno, dado que el gasto social en pensiones (en porcentajes del PIB) se encuentra muy por debajo de los países más avanzados de la UE.

La profundización de la reforma laboral, el incremento del IVA, el contrato único (lo que significa en la práctica igualar hacia abajo los derechos laborales y las condiciones de trabajo) y los fondos complementarios de pensiones, son alternativas del FMI dirigidas   a consolidar, aún más, el poder del sector financiero, de los fondos de inversión y de las grandes empresas multinacionales. Ante ello, la pretensión de la izquierda no puede ser otra que rechazar rotundamente esas medidas, sobre todo cuando todos sabemos que esa política se pretenderá aplicar después del verano y que, por lo tanto, asistiremos a una redoblada ofensiva neoliberal encaminada a mantener los beneficios empresariales y, desde luego, a convivir con las desigualdades, la precariedad, la pobreza y la exclusión social.

Lo mismo se pretenderá hacer con las pensiones y la protección social en general (desempleo y dependencia) y con los servicios públicos que, una vez más, se supeditarán a la corrección del déficit y al pago de la deuda- si la izquierda no lo remedia-, como exigen las autoridades de la UE y del FMI y, lo que es más grave, se recoge en el artículo 135 CE. En definitiva, los beneficios, que ya se están generando por un mayor crecimiento de la economía, van a parar a los bolsillos de los de siempre (de los más ricos) y no, como es de justicia, a cubrir la cuantiosa deuda social contraída con los trabajadores desde el comienzo de la crisis. Por lo tanto, basta ya de tanto enredo y de tanta mentira para seguir defendiendo de manera interesada una política neoliberal que tiene como principal misión transferir rentas del trabajo al capital y frenar la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades. Con el agravante de que, además, esta política está siendo aplicada, en nuestro país, por un gobierno soportado por el partido (PP) más corrupto de nuestra democracia, como se ha demostrado de nuevo con la testificación judicial de su presidente Mariano Rajoy.

Razones poderosas para que (desde la unidad de la izquierda) se trabaje a fondo por mantener el Estado de Bienestar Social y para que los más necesitados encuentren alguna solución a sus graves y múltiples problemas. Esa es la única política posible al alcance de los ciudadanos, para certificar la recuperación de nuestra economía en términos reales.

Antón Saracíbar

Siguiendo su política mentirosa de desprestigiar a la Seguridad Social y al mismo tiempo presumir de todos sus esfuerzos por sacarla del abismo, en la que ellos la han metido, el Gobierno del PP,  para financiar lo que falta de cotizaciones para cubrir los gastos de la Seguridad Social, aprobó la concesión de préstamos por 10.200 millones desde los Presupuestos del Estado a los Presupuestos de la Seguridad Social. Nuestro sindicato,  UGT, con buen criterio, ha reaccionado con prontitud y rigor y ha declarado que «el gobierno vulnera la Ley General de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer (cubrir)  mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social«.

La utilización de préstamos desde el Presupuesto de Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, para garantizar el pago de las prestaciones sociales, para cubrir las insuficiencias de las cotizaciones, es una práctica fraudulenta pues supone cargar a la Seguridad Social obligaciones que corresponden, según la ley y la propia Constitución,  al Estado. Una de sus consecuencias es que el Estado traslada a la Seguridad Social parte de su déficit generándole una falsa deuda con el Estado.

Así, con esta práctica del Gobierno, se va anotando a lo bobo en el pasivo del balance de la Seguridad Social una serie de falsas deudas que les vienen muy bien a los propagandistas de la «quiebra» de la Seguridad Social y a los partidarios de la necesidad de buscar nuevos modelos que pretendidamente superen el  sistema de reparto.

Ya se ha denunciado hasta la saciedad la política de los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que no le corresponden, así como rebajar los ingresos por cotizaciones mediante las bonificaciones, rebajas, y demás regalos a los empresarios que hace pagar a la Seguridad Social. El gobierno no sabe ya qué más cosas inventar para debilitar a la Seguridad Social, todo ello para conducir el sistema de reparto a un sistema con pensiones ridículas cercano al de pensiones asistenciales (reforma de 2013) para abrir paso a los sistemas privados de pensiones.

Pero ahora lo que se denuncia es un nuevo  giro a la tuerca que aprieta a los trabajadores y a los sindicatos, porque más allá de la separación de fuentes, el Estado tiene obligación legal de garantizar los derechos a pensiones y el problema es que el gobierno del partido popular se niega a  asumir esa obligación.

El gobierno quiere retorcer la ley y aplicar los acuerdos sobre separación de fuentes, pero esto no encaja, porque más allá  del tema de la separación de fuentes está la obligación del Estado de garantizar el pago de las prestaciones, también las prestaciones contributivas, mediante las aportaciones o transferencias que sean necesarias para hacer frente, en todo, a  la insuficiencia de las cotizaciones. Y esta financiación suplementaria debe ser asumida por el gobierno en el Presupuesto del Estado, cuando hay que completar los ingresos de la Seguridad Social, en casos como los actuales, en los que la financiación procedente de las cotizaciones es insuficiente para hacer frente a las pensiones. Y esto es lo que se deriva de los artículos 41 y 50 de la Constitución y de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta es una de las claves más serias y que le dan solidez a nuestro actual sistema de reparto y que consiste en la obligación del gobierno de garantizar con el Presupuesto del Estado, a través de aportaciones directas, que se cubren los gastos sociales comprometidos en la Seguridad Social, hasta cubrir con esas aportaciones las insuficiencias de las cotizaciones.

Hay que decirle al Gobierno que el cumplimiento de la ley no es arbitrario, a su gusto, el cumplimiento de la ley es obligatorio. Como bien señala desde nuestro Confederal «hay que revertir esta situación en la que nos ha metido el gobierno.

Hay que exigirle al gobierno que modifique esos préstamos, que los anule y que no transfiera los déficits del Estado a la Seguridad Social, que desaparezcan del pasivo  del balance de la Seguridad Social. Esa es la exigencia democrática prioritaria y necesaria.

Baltasar Santos

Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

¡soluciones democráticas ya!

El mal llamado “problema catalán” es un problema que incumbe a la mayoría social de todo el país, que miran con desconfianza al gobierno de Mariano Rajoy como responsable del callejón sin salida en el que nos encontramos, conduciéndonos al enfrentamiento si antes no se remedia.

El PP recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional un Estatuto acordado en las Cortes Españolas, en el Parlamento de Cataluña y votado en un Referéndum por el pueblo catalán. El PP instrumentalizó de esta forma el Constitucional y lo colocó por encima de la voluntad del pueblo y de sus representantes, lo mismo que hizo para que, esta misma institución se mostrase favorable a la reforma laboral o anulase medidas parlamentarias que podían tener algún atisbo de beneficiar a la mayoría social.

El PP y su gobierno minoritario, su presidente en primer lugar es el principal responsable del conflicto, busca la confrontación permanente para sobrevivir y la discordia como forma frentista de abordar los problemas, como ha demostrado en el homenaje a Miguel A Blanco.

Rajoy ha situado el debate sobre Cataluña en el terreno jurídico para evitar el debate político, de esa forma divide en nombre de “la democracia”, como si fuera posible tener democracia evitando que los pueblos se expresen libremente.

Las amenazas de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución solo pueden traer más problemas y ninguna solución, cada día de existencia de este gobierno es un riesgo para la mayoría social, el gobierno minoritario del PP no puede continuar por más tiempo.

También es verdad que el Gobierno de la Generalitat primero dirigido por Mas y después por Puigdemont y Junqueras se han enajenado a buena parte de la población con sus recortes, y el dúo Rajoy Soraya trata de apoyarse en eso, después de haberles exigido esos recortes. Pero todos los trabajadores saben que necesitan unirse y hacer frente común con los pueblos para echar a Rajoy y al PP.

Pedro Sánchez dijo acertadamente en el acto de Barcelona el día 15 de julio, que la ley por sí sola no soluciona los problemas porque si no gobernarían los jueces, reivindica con razón la hora de la política.

Los socialistas y todos los trabajadores, que han traído la democracia, sabemos que cualquier cámara elegida democráticamente, debe tener el derecho y la obligación de consultar a sus representados. En particular, el Parlamento catalán debe responder a la exigencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que quieren un referéndum para decidir sus relaciones con los demás pueblos.

La ley debe servir para solucionar problemas y no para crearlos o agravarlos. Y si hace falta mejorarla, mejórese. El problema es la voluntad política de enfrentar a los ciudadanos y los pueblos.

Los militantes socialistas que apoyamos a Pedro Sanchez con el No es NO debemos saludar satisfechos que el PSOE no apoye al Gobierno para intervenir en contra del pueblo catalán, también esperan que nuestro partido ayude a abrir vías de solución democrática que satisfagan las aspiraciones del pueblo catalán y faciliten la convivencia democrática de todos los pueblos.

La colaboración del PSOE a cualquier nivel con el PP sería fatal, no solo para el pueblo de Cataluña, también para todos los pueblos del estado español. La España plurinacional que defendemos es incompatible con cualquier apoyo a un gobierno que la niega por tierra, mar y aire.

Los socialistas no debemos tener miedo a  consultar al pueblo porque ningún pueblo quería separarse de un estado en el que el trabajo, la enseñanza pública, la sanidad, las pensiones, las libertades individuales y de los pueblos estén garantizadas.

El PSOE, libre de toda connivencia con el PP y las fuerzas que representa, debe ser la organización que vertebre el nexo entre la mayoría social de todo el Estado, la organización que haga imperar la política y la cordura para evitar la división entre territorios, para que las conquistas que logramos juntos, juntos las defendamos, abriendo una perspectiva para un tiempo nuevo, en el que el concepto de la España nación de naciones ayude a establecer una relación fraternal entre los distintos pueblos.

Comité de Redacción    

 

El pasado 26 de junio se celebró una reunión conjunta de las comisiones ejecutivas de las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO.), de la Unión General de Trabajadores (UGT) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con la participación de Ignacio Fernández Toxo, Josep María Álvarez y Pedro Sánchez, los sindicatos formularon sus propuestas en gran parte sustentadas en las “20 Actuaciones Urgentes por el Progreso y el Bienestar Social” presentadas a los partidos  políticos ante las Elecciones de Generales de 2016  y el PSOE en las Resoluciones del 39 Congreso Federal Ordinario, constatando claras coincidencias en el diagnóstico de la situación socioeconómica, en las respuestas necesarias  y se estableció una agenda de materias para desarrollar un trabajo compartido. 

CC.OO, UGT y PSOE coinciden en la necesidad de poner fin a las políticas de austeridad, recortes y reformas autoritarias aplicadas durante la crisis económica y financiera que han provocado, pese a la recuperación de la economía y la creación de empleo desde 2014, la persistencia de un altísimo volumen de desempleo y que el empleo creado sea de mala calidad. Se ha incrementado la precariedad laboral y también los bajos salarios; el trabajo temporal, los trabajadores a tiempo parcial y los autónomos involuntarios; la incertidumbre sobre el futuro del Sistema Público de Pensiones, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y la desprotección de las personas desempleadas. Lo que ha provocado el aumento de las desigualdades y de la pobreza laboral.

Todo ello incide negativamente sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales, a lo que hay que añadir los recortes de los derechos sindicales, la Ley “Mordaza” y la criminalización del derecho de huelga impuestas por los gobiernos del Partido Popular. Junto con la vulneración del diálogo social que ha obligado a las Confederaciones Sindicales a denunciar estas medidas autoritarias y socialmente regresivas ante las instancias europeas e internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

PSOE, CC.OO., y UGT comparten la necesidad de impulsar un nuevo modelo económico y social que sea alternativa la actual, más justo y sostenible. Para lo que se requiere incrementar la inversión en capital humano, capital físico y capital tecnológico para dotarnos de un patrón de crecimiento estable y duradero. En el que se establezca una transición justa ante el cambio climático; se desarrollen políticas públicas y se regule la implantación de la economía digital, para prever y proteger los impactos sobre futuro del empleo.

Se debe impulsar la reindustrialización de nuestra economía como una prioridad para aumentar la productividad y desarrollar políticas de redistribución de la riqueza. A través del reparto de las rentas, impulsando el crecimiento de los salarios y elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1000 euros al mes (equivalentes al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea). Desarrollar una reforma fiscal justa y suficiente que permita  revertir las crecientes desigualdades, garantizar el Estado del Bienestar y los servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, etc.

Para recuperación de los derechos laborales, sociales y sindicales es urgente y necesaria la derogación de la reforma laboral del PP para reequilibrar las relaciones laborales, abolir el artículo 315,3 del Código Penal que criminaliza el derecho de Huelga al igual que la “Ley Mordaza”. Desde ese reequilibrio se debe impulsar un nuevo modelo laboral participativo y democrático a través del dialogo social y de la negociación colectiva.

Los objetivos del empleo de la calidad y de empleo para todos, comenzando por los más jóvenes, se deben insertar en todas las políticas públicas, con la redistribución del empleo mediante el impulso de la reducción y la reorganización del tiempo de trabajo, en el horizonte de la implantación de las 35 horas semanales.

Hoy en día los trabajadores se enfrentan a nuevas realidades laborales, relacionadas con la flexibilización de la producción, nuevas formas de organización empresarial y con situaciones precarias (trabajadores a tiempo parcial y autónomos involuntarios, trabajadores independientes que realizan tareas para varias empresas, becarios, etc.) a los que hay proteger. Es necesario articular nuevas fórmulas de regulación que pueden beneficiar a un número creciente de trabajadores. Al igual que la lucha contra la economía sumergida por su afloramiento y el respeto de la legislación laboral, social y fiscal.

Para CC.OO., UGT y PSOE sus relaciones se basan en el reconocimiento mutuo de su independencia, junto con los principios y valores comunes: la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Desde el respeto a la plena autonomía de la acción sindical y de la acción política respectivamente, consideran de interés mutuo compartir, debatir y reflexionar de forma abierta y sostenida en el tiempo, sobre los temas antes citados, junto con otros que inciden sobre las condiciones de vida y trabajo de la sociedad española.

Se acordó trabajar de forma más concreta en el corto plazo sobre los siguientes ejes:

– Plan de Ayuda a los Jóvenes (Rescate Jóvenes): Impulsar un plan de empleo, reforzando las políticas activas de empleo (el sistema de Garantía Juvenil tiene un soporte económico   del entorno de 1800 millones de euros y su actual ejecución es muy baja); regular y dignificar las practicas no laborales y el trabajo de  los becarios; recuperación del talento: apoyar y favorecer el retorno de los jóvenes emigrantes y respecto a los  estudiantes la  reducción de las tasas universitarias y mejora del sistema de becas.

– Seguridad Social y Pacto de Toledo: Derogación de la reforma de pensiones de 2013, del Índice de Revalorización de las Pensiones, proteger el poder de compra de los pensionistas actuales y del Factor de Sostenibilidad, para evitar la reducción de las pensiones futuras. Garantizar el futuro de las pensiones vía nuevas fuentes de financiación.

 – Desbloquear las iniciativas parlamentarias para recuperar derechos laborales, sociales y sindicales y mejorar la protección de las personas. Como la Iniciativa Legislativa Popular, presentada por UGT y CC.OO., para establecer una Prestación de Ingresos Mínimos.

– Empleo:  políticas activas de empleo, planes específicos para los parados de larga duración y mayores de 55 años. Mejora de la protección por desempleo, subsidio para mayores de 52 años, mejora de la cotización a la Seguridad Social, suprimir las restricciones de las pruebas de rentas y la jubilación forzosa a los 61 años, ente otras medidas regresivas impuestas por el PP. Potenciar la calidad del empleo y la reducción de la precariedad: temporalidad y parcialidad.

– Igualdad de oportunidades y de trato por razones de género, raza, orientación sexual, etc. En particular impulsar una Ley de Igualdad Laboral.

Para el PSOE las organizaciones sindicales, al igual que las organizaciones empresariales, desempeñan un papel fundamental dentro del sistema democrático, sus funciones son esenciales en nuestro modelo político e institucional y contribuyen a la eficacia y la eficiencia de nuestra economía. La Constitución Española, en su artículo 7, reconoce la relevancia de las funciones que ejercen en defensa y representación de los trabajadores y de los empresarios respectivamente.

Por ello es necesario dotar en el ámbito estatal a las funciones que ejercen   los interlocutores sociales en la participación institucional, en los procesos de diálogo social y en la negociación colectiva del reconocimiento social, la seguridad jurídica, la estabilidad y la transparencia con una Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Toni Ferrer