Carta abierta a Juanito

Por Martín Lozano

¡Hola Juanito! Perdona que te trate con esta familiaridad, pero es que hace 50 años que nos conocemos. Bueno, hace 50 años que te conozco, aunque tú también me conoces. A ver, cómo te lo explico… Primero, felicita a quien haya diseñado tu caja recopilatoria (me la regalaron mis tres hijos por Nadal, entre tú, mi madre, nacida en Golmés a causa de la guerra y Merlí, me habéis hecho medio catalán), pues felicita al de la caja negra, porque es lo que es, la Caja Negra de mi vida, ahí dentro está registrada toda mi vida. Mis amores y desvaríos, mis amigos, mis sueños, mis ansias de libertad, mi infancia, mi juventud, mi madurez, mi vejez, mi tiempo.

Por eso decía que tú también me conoces, no serías capaz de describirme y contarme como lo haces si no me conocieras. Y no me refiero a aquella tarde en el año 89 ó 90 en que en una entrega de premios (yo trabajaba en la revista medioambiental Quercus) te acercaste al grupo de amigos que charlábamos con uno común, Joaquín Araujo, y él te presentó. Estrechamos la mano, no pude articular palabra (mejor así, en esos casos suelo hacer el ridículo, tartamudeo, me salen gallos por los nervios). ¡Había conocido a SERRAT! Habrá mucha gente que no me entienda, pero sé que muchos millones si lo hacen. No quiero, ni puedo, necesitaría muchas páginas, nombrar o comentar tus ¿30, 40?, mejores canciones, solo mencionaré algunas de tus ¿30, 40?, otras mejores canciones.

Te contaré una cosa. (Mi mujer y yo) Hemos hecho recientemente un viaje al Ampurdá. (Un inciso) Siempre que paso a menos de 100 kilómetros de Camprodón siento la imperiosa necesidad de ir a visitarte, como se hace cuando estás cerca de la casa de un viejo y querido amigo, pero logro contenerme y además me imagino frente al ayuntamiento del pueblo (a cualquier hora del día o de la noche), mirando desalentado a mí alrededor, intentando adivinar dónde vives, pues imagino que si pregunto al primer viandante que me encuentre llamará a los loqueros y no quiero seguir imaginando lo que sería la llegada a tu casa, si consiguiera sortear aquel primer obstáculo. (Vuelvo al viaje) Hemos hecho la subida y la bajada a La Vajol, sabes a la que me refiero, y la entrada en Coillure escuchando el disco dedicado a Machado. La vuelta a Madrid, desde Girona, 700 km, escuchando otros de los años 70, 80, 90… Tanto a ella como a mí nos gustas (a mí más), pero eso no es extraño, también le gustas a mis tres hijos (30, 26 y 18 años) y a millones de personas en todo el mundo. Según íbamos escuchando los discos nuestra memoria entresacaba dos o tres canciones (las más conocidas, las mejores), pero salían otras que en ese preciso momento saltaban a la cabeza (a la mía más), venían las letras a los labios de manera automática, sin pensarlo (yo más). Decíamos: ‘Hostias, esta es buenísima’. Llevaba 30, 40, casi 50 años sin escucharla. Pero era impresionante, bellísima, con una música y una letra que nos hacía sentir nostalgia, ternura, recordar el primer amor, o el último, los años dorados de la amistad y la juventud, nos hacían reír por la crueldad y la justicia con la que tratas a esa muchacha típica, a esos impresentables ciudadanos ejemplares, contra los que tenemos algo personal. Nos recuerdas a Badalona y su carné de identidad, o al que vive marcado a hierro de paleta, a la aristocracia del barrio, te vuelves a enamorar de Irene y te preguntas como has podido estar tantos años sin recordarla columpiándose en los alambres. Me venía a la cabeza mi amigo Juanito (quién no tiene un amigo que se llame Juanito), su santa madre se lo decía: ‘¡Cuídate mucho, Juanito!, de las malas compañías’ y me señalaba con el dedo, yo siempre he sido de esas malas compañías. Y así una detrás de otra. Con muchas de ellas también de manera imprevista e imparable empezaban a brotar en nuestros ojos las lágrimas (en los míos más veces).

Son tus otras mejores canciones, esas que nunca serán olvidadas. La prueba está en que los labios las recuerdan y las repiten, que siguen impresionando al corazón y llora, que las escuchamos y nos decimos: ‘nadie es capaz de escribir esto como Joan Manuel’. Entramos en Madrid con Miguel Hernández, con sus letras, con tus músicas, con tu forma de cantarlas y gritamos que ‘aún tengo la vida’. Nos compadecimos de todos los niños yunteros y sentimos más la muerte de algunos amigos que nuestra vida. No sé quién de los dos morirá antes, si tú o yo, pero te juro una cosa, compañero, intentaré estar en el entierro de los dos (eres mayor que yo), si el mío es el primero, faltaré a tu cita, espero que no me lo tengas en cuenta, pa’ mí la amistad es lo primero, pero no habré podido disimular.

Gracias Maestro. Salud Compañeros.

Epílogo: Esta carta se titula ‘Carta abierta a Juanito’, pero bien podría llamarse ‘Carta de amor a Joan’ y utilizo esta columna de ‘Tribuna’ porque si en el sobre hubiera puesto ‘Joan Manuel Serrat- Camprodon-Girona’ estoy seguro de que aún estaría dando vueltas por las tripas de Correos.

2º Epílogo: Esta carta está escrita en noviembre de 2021, casi un mes después Serrat anuncia que en diciembre de 2022 se retira de los escenarios con una gira mundial para despedirse de todos nosotros, sus enamorados escuchadores.

3º Epilogo: A fecha de editar esta columna las localidades para sus conciertos nacionales están prácticamente agotadas a los pocos días de salir a la venta, pese a haber ampliado fechas. Tengo entradas para verle en Zaragoza y en Madrid.

Declaración del Comité de enlace de mujeres republicanas.

1. El combate de la mujer por la emancipación.

En la larga lucha del movimiento obrero la mujer, en particular la mujer trabajadora, ha ocupado un lugar de vanguardia.

Recordemos que el 8 de marzo de 1857, 120 mujeres trabajadoras del textil en Nueva York murieron en un incendio provocando un enorme movimiento de solidaridad.

En 1910, el Segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas (Segunda Internacional), a propuesta de Clara Zetkin, aprobó celebrar cada 8 de marzo una Jornada de la Mujer Trabajadora.

El último domingo de febrero de 1917, las mujeres trabajadoras de San Petersburgo salieron a la calle exigiendo «Pan y Paz». Fue el inicio de la revolución rusa.

Pero en 1975 la ONU se apropió de la fecha y la proclamó Jornada de la Mujer diluyendo su carácter de clase. Es sin duda una tarea importante recobrar su sentido original sobre el lugar de la mujer trabajadora, lo cual incluye la lucha contra toda forma de opresión que sufren todas las mujeres.
En el movimiento obrero de nuestro país hay miles de ejemplos del papel de vanguardia de la mujer. Por ejemplo, en la dura huelga de Jaeger Ibérica en abril de1989 en Barcelona, donde 309 trabajadoras consiguieron la equiparación salarial, pues cobraban menos que los hombres con la misma categoría. Recientemente, se ha hecho patente la importancia de las mujeres jóvenes en las movilizaciones contra la justicia franquista a propósito de la Manada.

2. La situación en nuestro país.

La situación de discriminación de la mujer trabajadora tiene vertientes que no son medibles, pero sin duda tiene también indicadores cuantitativos de desigualdad que hay que tener en cuenta para un buen análisis de la situación.

En el terreno laboral, el desempleo, la precariedad laboral, la brecha salarial, el suelo pegajoso y el techo de cristal caracterizan la situación de discriminación y desprotección que viven las mujeres trabajadoras.

En España el número de trabajadores supera en más de 1.700.000 al de trabajadoras. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, lo que en la actualidad se traduce en más de un 17% de trabajadoras desempleadas frente al 13,7% de los trabajadores, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2019.

Además, CCOO estima que la brecha salarial, entendida como la diferencia de salario entre trabajadores y trabajadoras por la realización de las mismas tareas, se sitúa en torno al 30%. Esto se traduce en que cada mujer trabajaría gratis unas 109 jornadas anuales. Según los últimos datos del INE de 2020, el salario medio de las trabajadoras es 5.793 euros inferior al de los trabajadores (25.924 frente a 20.131 €), diferencia incluso superior a la registrada en 2009.

El movimiento obrero ha inscrito en su lucha la consigna de «a igual trabajo, igual salario». Como resultado de ese combate, según la ley, no debería existir diferencia salarial entre hombres y mujeres.

¿De dónde viene esta diferencia? En algunos casos, de la existencia de categorías distintas en los convenios colectivos (por ejemplo, en convenios de limpieza, «peón» y «limpiadora»). Pero, sobre todo, por la existencia de ramas de la producción feminizadas -no en vano hablamos de las Kellys- donde predominan los bajos salarios y la precariedad. Los empleos de las mujeres son más precarios, con una mayor tasa de temporalidad, una mayor tasa de parcialidad y una mayor tasa de desempleo.

A esa diferencia, constatada por Hacienda en empleos «legales», hay que unir los centenares de miles de mujeres que trabajan sin contrato ni Seguridad Social en sectores como la limpieza, el servicio doméstico, el cuidado de mayores, etc.

Las diferencias en los ingresos se extienden también a salarios diferidos como los subsidios de desempleo y las pensiones. Según un estudio de CCOO, las mujeres reciben una prestación por desempleo un 14,6% inferior a la que perciben los hombres. En cifras, esto significa que la prestación media de la mujer asciende a 755 € mensuales y la del hombre a 884 €. Además, la tasa de cobertura por desempleo en las féminas es, como norma general, un 10% inferior a la de los varones.

En cuanto a la pensión media de jubilación, la de una mujer es un 36,1% inferior a la que le corresponde a un hombre. Aquí se suma la diferencia de salarios (y, por tanto de cotizaciones) y que las mujeres tienen menos años trabajados. Hay que señalar que cada reforma de pensiones que aumenta los años de cotización necesarios para cobrar una pensión o el número de años que se toma como periodo de cómputo de la pensión, machaca aún más las pensiones de las mujeres. La reforma de pensiones de 2011 (pactada con UGT y CCOO) es uno de esos casos.

La prestación de jubilación es de media 453 euros inferior a la de los hombres ,803 € frente a 1.326€.

Pero no solo es una cuestión de cuantía salarial. La temporalidad de los contratos también afecta más a las mujeres que a los hombres. El 27,7% de los contratos de las trabajadoras es temporal frente al 25,9% de los contratos de ellos, según los últimos datos de la EPA. En 2020 el 63% de contratos indefinidos que se firmaron, los firmaron hombres.

Con respecto a los contratos a tiempo parcial, casi el 76% de ellos recae sobre mujeres, lo que supone que el 25,7% de trabajadoras (frente a un 7,5% de trabajadores) tengan jornadas parciales, en su inmensa mayoría no elegidas.

Temporalidad y parcialidad, el gran torpedo a la clase trabajadora que ha causado la reforma laboral que provo- ca que no nos permitan tener los derechos laborales conseguidos por la lucha de clase la trabajadora: incapacidad temporal, vacaciones, conciliación…; si los solicitas no te vuelven a contratar. En cambio sí los pueden disfrutar quien tiene jornada completa e indefinida. También provoca penalización en las prestaciones por desempleo y aumento en el pago de IRPF cuando por necesidad se tiene más de un empleador para poder vivir.

En los últimos años se habla con frecuencia del techo de cristal, como unas barreras invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y mejor remunerados. Según un informe de Grant Thornton, Women in business, el 73% de puestos directivos los ocupan hombres. En el caso de la universidad, las docentes e investigadoras suponen solo el 39,6% del total y solo un 20,8% de las catedráticas de universidades son mujeres.

3. La discriminación y la desigualdad afecta a todo el conjunto de trabajadoras.

Los trabajos que mayoritariamente desempeñan las mu- jeres, como los servicios del hogar, sanidad y serviciossociales o educación, están devaluados con respecto a profesiones ocupadas en su mayoría por hombres. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el salario mensual en una profesión feminizada, dentro de la misma cualificación, similares condiciones laborales y sectores, de media, es de 1.016 € mientras que el de una masculi- nizada está en los 1.789 €. A esto se le suma que las mujeres que desempeñan su trabajo en ocupaciones feminizadas se encuentran con muchas dificultades para cambiar a sectores con mejores condiciones laborales. Es parte de lo que se denomina «suelo pegajoso», que dificulta la mejora de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y que se completa con una mayor carga del trabajo doméstico, el cuidado de ascendientes y descendientes y la precariedad laboral que hace que muchas mujeres ejerzan trabajos sumergidos, sin contrato y por unos salarios de miseria (cuidado de niños, ancianos, limpieza doméstica), de manera que cuando no pueden trabajar por edad o enfermedad no tienen ningún ingreso ni ningún derecho a jubilación.

A esto se añade hoy el trabajo generalizado en casa, como ocurría en el siglo XIX. Particularmente en el textil. Empresas como Inditex tiene una red de mujeres que trabajan en casa, sin contrato y a la pieza. Sin olvidarnos de las mujeres migrantes, cuya situación ilustra bien el siguiente ejemplo: Una delegación de la patronal de la fresa en Huelva se desplaza a Marruecos en busca de «mujeres» de «entre 25 y 45 años» y «con hijos». Los empresarios buscan en la pobreza marroquí mano de obra barata ante la falta de jornaleros españoles dispuestos a trabajar bajo las condiciones ofertadas. Uno de los requisitos a los que se enfrentan las candidatas es la experiencia laboral en el campo, pero demostrarlo es difícil en Marruecos. Estas mujeres no disponen de documentación que justifique sus años de trabajo en la agricultura.

Cuando los reclutadores españoles les preguntan, ellas enseñan sus manos de forma instintiva. Una sola mirada a las manos de Fátima saca de dudas a cualquiera. Otro requisito para los empresarios de la fresa es que las candidatas sean mujeres. Todas. Las quieren, según consta en la convocatoria, de entre 25 y 45 años y con hijos a cargo. También se tiene en cuenta el nivel de renta para la preselección. «El organismo de empleo contó el año pasado en Marrakech con mujeres viudas y muchas separadas porque tienen hijos a cargo y necesitan esta ayuda», explican desde la Administración marroquí. Lo cierto es que las mujeres suelen ser más ágiles recogiendo fresa por el tamaño de las manos y que las cargas familiares acaban facilitando la disciplina en el trabajo y ofrecen una mayor garantía a España de que volverán a Marruecos.

Los recortes en servicios sociales que se han producido y se siguen manteniendo empujan a muchas mujeres a tenerse que hacer cargo del cuidado de hijos y mayores y las han echado del mundo laboral negándoles el derecho al trabajo y a una pensión digna, abocándolas a seguir ejerciendo el papel de cuidadoras y trabajadoras de segunda categoría y a seguir dependiendo de irrisorias pensiones de viudedad o no contributivas. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España, de las aproximadamente 400.000 personas que asistían a personas dependientes en el ámbito familiar en 2019, el 89% son mujeres. Y el 90,57% de las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares en 2019 fueron solicitados por mujeres el año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo.

En los años 2020 y 2021 y con la excusa de la pandemia los datos empeoran aún más. Han sido mujeres la mayoría (95,77%) de las personas que solicitaron la reducción especial de jornada durante casi doce meses, con la consiguiente pérdida de salario. La incertidumbre no solo laboral sino también del curso escolar hace que, una vez más, las mujeres, empujadas por la brecha salarial que decide quién se queda en casa para cuidados, renunciaran a sus puestos de trabajo.

Esto unido al elevado número de despidos de mujeres trabajadoras y las bajas prestaciones por desempleo fruto de esa misma brecha, acentuado aún más en este momento, nos someterán a la precariedad más absoluta. La defensa de los puestos de trabajo con salarios dignos y acabar con la brecha salarial debe estar en el centro de las reivindicaciones de toda la clase. Nada tiene que ver con nuestros intereses el rescate económico de empresas y bancos para seguir aplicando las reformas laborales.

Los incesantes recortes en gastos sociales en los presupuestos generales, municipales, etc. vienen a agravar esta situación. Faltan guarderías públicas y los centros de atención y residencias para mayores son prácticamente inexistentes. La imposibilidad de hacer frente a los costes de los servicios privados aparta de nuevo a las mujeres del mundo laboral, condenándolas a un trabajo duro, no reconocido y, por supuesto, no remunerado. Un reciente informe de Oxfam contabilizaba en 10 billones de dólares anuales, a nivel mundial, estos trabajos producidos no remunerados y que sin embargo sostienen la economía real.

4. Violencia y explotación sexual sobre las mujeres.

Se estima que la prostitución como negocio mueve unos 10 millones de euros al día en todo el Estado y que unas 400.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución (hay estudios que las sitúan en 1.000.000), que cubrirían la demanda sexual del 39% de hombres que afirman haber pagado por servicios sexuales alguna vez. Del total de mujeres en situación de prostitución se estima que el 15% son víctimas de redes de tráfico de personas y son obligadas a ejercer la prostitución bajo coacciones, amenazas y violencia. Se consideraría que el 85% ejerce la prostitución con libertad, pero la situación de exclusión y vulnerabilidad económica de la mayoría de mujeres que presta servicios sexuales hace que no sea una elección libre sino condicionada muchas veces a su propia supervivencia y/o la de su familia. Por último, los datos sobre la violencia de género y la violencia sexual ejercida contra las mujeres son un exponente clarísimo de la discriminación que sufre la mitad de la población. El pasado año se interpusieron 150.000 denuncias por violencia de género, denuncias a hombres, interpuestas por mujeres que viven en situaciones de violencia a manos de su pareja o ex pareja. 45 de ellas fueron asesinadas en 2020. Con los últimos datos en la mano, año 2015, se estima que en este país se cometen unos 10.000 crímenes sexuales al año. En su inmensa mayoría contra mujeres, niñas y niños. En ese año, 1054 mujeres habían sido

violadas en España, 4 mujeres al día, 1 cada 6 horas. Hecha la radiografía en números de la situación de la mujer trabajadora, podemos afirmar que es doble- mente oprimida; por ser mujer y por ser trabajadora. El origen de la opresión de la mujer está en la propiedad privada y en la división de la sociedad en clases, que lleva consigo la configuración de la familia patriarcal (véase al respecto lo escrito por Engels en «El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado»).
Lo que plantea Engels es la necesidad de hacer del «trabajo doméstico privado una industria pública», es decir, liberar a la mujer de la doble explotación: jornada de trabajo y jornada en casa.
Las estadísticas siguen siendo claras: la mujer asume la mayoría del trabajo doméstico. Y la solución no puede ser simplemente «compartirlo» sino hacer de ello una «industria publica», es decir, un trabajo especializado pagado.

5. La lucha por la emancipación y por los derechos de la mujer trabajadora no se puede entender más que dentro de la lucha del conjunto del movimiento obrero.

La lucha de la mujer trabajadora es la lucha del conjunto de la clase. Y no sólo porque interese a las mujeres. Alejandra Kollontai explicaba, en 1917, en el Primer Congreso Panruso de los Sindicatos, que «los trabajadores con conciencia de clase deben entender que el valor del trabajo masculino depende del valor del trabajo femenino y que, con la amenaza de sustituir la mano de obra masculina por mano de obra femenina más barata, el capitalista puede presionar sobre el nivel salarial de los hombres. Solo la falta de comprensión puede llevar a ver este tema como una mera “cuestión de la mujer”».

El desarrollo de la técnica y de la producción han puesto las bases materiales para la liberación de la mujer, al permitir que pueda tener control sobre la maternidad e incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, el mantenimiento del régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción es el principal obstáculo para su liberación. A lo que se suman residuos feudales como el poder de las distintas Iglesias, enemigas acérrimas de los derechos de las mujeres. Las últimas sentencias nos confirman que la ley no es igual para todos. En el caso de la mujer más claramente. Tenemos recientes casos como la sentencia de la Manada, en la que claramente se ve el carácter heredado del franquismo del aparato judicial. ¿Qué hubiera pasado si la «agredida» hubiera sido Ana Botín, o una guardia civil? La opresión no va en función del género, va en función de la clase. Sin duda si la agredida fuera Ana Botín no se la trataría igual, lo cual no quiere decir que a la explotación de clase no se sume una opresión de género. Es la doble pena, sí hay una opresión específica, su origen es de clase, pero es específica para provocar la división, como es específica contra la población negra u otras minorías. Hay derechos democráticos comunes a todas las mujeres, y es la clase obrera la única capaz de luchar por ellos.

Determinadas mujeres obtienen determinadas libertades, que deberían ser de todas, a base de dinero. Libertades que nos fueron arrebatadas con la caída de la II República y el establecimiento del franquismo, que señalaba las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y los mayores y la obediencia al marido como el papel que debe desempeñar la mujer. En el Estado español la opresión de la mujer toma formas propias, por el mantenimiento de buena parte del aparato judicial y policial del franquismo, entrenado para perpetuar la desigualdad y la opresión de la mujer y no para defender derechos, y por la influencia y el poder de la Iglesia Católica. La defensa de los derechos y reivindicaciones de las mujeres exige acabar con todos los residuos franquistas e imponer la separación de la Iglesia y del Estado, incluyendo la separación de la Escuela y de la Iglesia. Es decir, la República. ¿Cómo se puede hablar de igualdad, recortando en derechos y servicios públicos? ¿En enseñanza, incluyendo la educación infantil desde los 3 años, o en atención a las personas dependientes? ¿Cómo podrá la mujer trabajadora emanciparse si no se ponen los medios para ello?

La emancipación no podrá ser en cuanto no se aseguren los medios suficientes para poder entrar en el mercado de trabajo en situación de igualdad. Recordemos que las grandes luchas obreras consiguieron no sólo guarderías públicas, sino también comedores y otros servicios a los que la clase trabajadora podía acogerse, incluso en su lugar de trabajo. Uno de los objetivos del combate de la clase trabajadora es poner los medios materiales que permitan liberar a las mujeres y a los hombres de la carga de las tareas domésticas y del cuidado de los menores y de los mayores dependientes, desarrollando los correspondientes servicios públicos. Debemos exigir a nuestras organizaciones, las que se reclaman del movimiento obrero, sindicatos y partidos, que defiendan aquello por lo que nacieron. Deben ponerse al frente del combate y la defensa del conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora.

El recorte de derechos y libertades, tales como el aborto, el control de natalidad y la eliminación de servicios públicos ahondan aún más en la explotación de la clase en general, y de la mujer trabajadora en particular. Es por ello que decimos que en este régimen no cabe la emancipación de la mujer trabajadora, como no caben el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero. Este régimen es un obstáculo a batir para avanzar en la emancipación de la mujer trabajadora, como para avanzar en el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero.

Las mujeres trabajadoras somos las primeras interesadas en que las organizaciones defiendan las reivindicaciones que van contra nuestra opresión y discriminación. Es por ello que, formando parte de esas organizaciones, necesitamos una coordinación autónoma que combata por esas reivindicaciones. La defensa de estos derechos, la lucha por la igualdad y la conquista de las reivindicaciones exige derogar las reformas laborales, acabar con el aparato de Estado franquista, imponer la separación de la Iglesia y del Estado. Exige imponer la democracia, la República.

Comité de enlace de mujeres republicanas

enlacemujeresrepublicanas@gmail.com

La República y los avances en derechos sociales. La consolidación del Derecho del Trabajo

Los valores y avances en todos los órdenes, y en especial, los sociales, culturales, educacionales y democráticos que aportó la II República, con el establecimiento de la laicidad y el respeto absoluto a la libertad de conciencia y el libre pensamiento, siguen vivos.

La II República fue truncada por la violencia de la oligarquía española, representada por el ejército, la iglesia y el poder económico, pero supuso un hecho sin precedentes, el acontecimiento social y democrático de mayor trascendencia acaecido en siglos, en España.

Pero me quiero referir ahora, brevemente y a modo de pincelada, al avance que supuso la II República en los derechos sociales.

La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, supuso en lo social, la constitucionalización del derecho laboral español, su consolidación como materia jurídica y procedió a sustituir el modelo corporativo de la dictadura.

La Constitución Republicana de 1931 estableció por primera vez en la historia constitucional española el derecho de libre sindicación y de libre asociación. El bienio reformista supuso una etapa de gran actividad parlamentaria y en materia de leyes sociales hubo muchas proposiciones de ley, llegando algunas a aprobarse, como ahora veremos, siendo Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero.

Las reformas más importantes fueron la ley del Contrato de Trabajo de 1931, que derogó el Código de Trabajo de 1926 y la Ley de Jurados Mixtos.

En 1931 se crearían también el Tribunal Central de Trabajo y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Y se dotaría a todas las provincias de Inspectores de Trabajo.

Las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, a la par líder de la UGT, que continuó con el mismo cargo en el Gobierno de Azaña.

Las dos piezas básicas de su proyecto de regulación de las relaciones laborales, la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos, fueron muy contestadas tanto por la CNT como por los patronos.

El número de huelgas y de incidentes violentos a consecuencia de ellas (que crearon graves problemas de orden público) se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República, a causa fundamentalmente de la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación.

Lo que estaba en juego eran dos modelos sindicales: socialista y anarcosindicalista, casi opuestos, que además seguían teniendo una presencia diferente en las diversas regiones, pues si los socialistas eran preponderantes en Madrid, Asturias y el País Vasco, los anarquistas lo eran en Andalucía, Valencia y Cataluña.

Los patronos también se movilizaron contra la reforma socio-laboral de Largo Caballero. Así, a finales de enero de 1933, en plena crisis política por los sucesos de Casas Viejas, la Confederación Patronal Española dirigió una carta abierta a Azaña en la que señalaba la “vertiginosa rapidez” con que iba siendo aprobada la nueva legislación social y se quejaba de los Jurados Mixtos que prácticamente siempre daban la razón a los obreros, gracias al voto del representante del Ministro de Trabajo que deshacía los empates. En parecidos términos se expresó la Unión Económica, que agrupaba a empresarios y economistas, que se quejó de las tendencias “socialistas” del Gobierno. Estas movilizaciones confluyeron en una asamblea económico-social celebrada en Madrid en julio de 1933, en la que se pidió la salida de los socialistas del gobierno, a los que hacían responsables de la «ruina de la economía» por el aumento de los costes (a causa de los incrementos de los salarios) y de la intervención obrera (la «socialización en frío» la llamaban) y por su ineficacia para detener y reducir el número de huelgas y garantizar la paz social.

Así pues, las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, cuyo proyecto consistía en crear un marco legal que reglamentara las relaciones laborales y afianzará el poder de los sindicatos, especialmente de la UGT, en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento.

Su fin último respondía al proyecto socialdemócrata que pretendía «otorgar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de clase.” Con ello se avanzaría hacia el logro de una sociedad socialista, pero gradualmente.

En resumen, se trataba de un proyecto que, coherente con la inspiración marxista del socialismo español, no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero que pretendía alcanzarla por cauces fundamentalmente reformistas. El modelo sindical capaz de obtener tal resultado no podía ser otro que el que encarnaba la Unión General de Trabajadores”.

La Ley de Contratos de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, regulaba los convenios colectivos (negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes) Contenía, además, normas sobre los salarios, y dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de los contratos. Además establecía por primera vez el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga que, bajo ciertas condiciones, no podía ser causa de despido.

La Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, extendía el sistema de jurados mixtos (aprobado en mayo para el sector agrario) a la industria y a los servicios. En el fondo se trataba de una reforma de la organización corporativa de la Dictadura de Primo de Rivera, en la que se ampliaban las atribuciones de los comités paritarios (en los que había participado la UGT en representación de los trabajadores). Su composición era la misma, representantes de los empresarios elegidos por las asociaciones patronales y representantes de los trabajadores representados por los sindicatos obreros, más un funcionario del Ministerio de Trabajo que era quien presidía el jurado mixto. Su misión era también: mediar en los conflictos laborales estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso, que si era rechazado por una de las partes el Jurado lo podía remitir al Consejo Superior de Trabajo, que era la última instancia mediadora.

En el apartado de los seguros sociales, el equipo de Largo Caballero dio un considerable impulso a su obligatoriedad y universalización, apoyándose en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la labor organizativa del Instituto Nacional de Previsión. El Seguro obligatorio de Retiro Obrero pasó de tres millones y medio de trabajadores a cinco millones y medio. Asimismo, un Decreto de 26 de mayo de 1931 estableció el Seguro de Maternidad con carácter obligatorio y garantizó la asistencia sanitaria por maternidad al conjunto de las trabajadoras asalariadas. Y una Ley de octubre de 1932 estableció el seguro de accidentes de trabajo, que fijaba la cuantía de las indemnizaciones.

Pese al efecto beneficioso de todas estas medidas, la paz social, uno de los objetivos del reformismo republicano, estuvo casi siempre ausente en las relaciones laborales del período. Los mecanismos de control y arbitraje establecidos por el equipo ministerial reducir la conflictividad, encauzando las disputas laborales a través de los organismos oficiales y la representación corporativa. Por ello no se realizó una reglamentación específica del uso del derecho a la huelga, que siguió rigiéndose por la restrictiva ley de 1909, parcialmente modificada por la de Jurados Mixtos de 1931. El recurso a la huelga sólo podía utilizarse una vez fracasados todos los mecanismos de mediación, previa notificación y dejando transcurrir un plazo desde la convocatoria. Toda huelga obrera o «lockout» patronal que no se ajustase a estas normas era ilegal y, por tanto, tratable por la autoridad como problema de orden público.

En definitiva, la República supuso para el derecho laboral, su entronque con el derecho internacional y la constitucionalización del mismo, además de un gran avance social, con reducción de jornada en la minería, establecimiento de la jornada máxima de 8 horas (era el 8/8/8 que reivindicaba Pablo Iglesias) avances en igualdad y en derechos sociales en general.

La II República Española aportó y consolidó derechos fundamentales para los trabajadores, muchos de los cuales, en la actualidad, y por mor de sucesivas reformas laborales involucionistas, se han recortado y se vuelve a luchar por su recuperación por considerarse derechos fundamentales y vigentes.

La II República, supuso, pues, la constitucionalización del derecho laboral español y su consolidación como materia jurídica.

Miguel Sagüés Navarro

Militante socialista de Madrid

Recortan, engañan y hacen el ridículo

El pilar básico de un Estado del Bienestar, de una sociedad que se precie de ser moderna, desarrollada y con visión solidaria, es disponer de un firme sistema de salud público, universal y gratuito. Es incuestionable (aunque desgraciadamente muchos no lo creen) que todos, todas, debemos tener una sanidad pública de calidad, que garantice una atención básica a nuestros posibles problemas de salud.

El gran problema es que ese “pilar básico” se está viniendo abajo en Andalucía. Todo indica que el gobierno de las derechas del Partido Popular con Ciudadanos, apoyado por la ultra derecha de Vox, está dejando caer el sistema de la sanidad pública, apoyando la privatización de este derecho básico.

No lo digo por criterios subjetivos, que también los tengo, ya que llevo un par de meses queriendo “ver” a mi médico de atención primaria y es imposible. Lo digo por criterios objetivos, de esos que son irrefutables, y que los puedo resumir en los tres siguientes.

En primer lugar, recordar que hace solo dos meses, el Gobierno de la Junta de Andalucía dejó en la calle a más de 8.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud, con el argumento de que ya había pasado el COVID-19 y que no tenían presupuesto para sus contratos. Mentira que haya pasado los efectos de la pandemia (obvio) y mentira que no haya presupuesto, ya que hace unas semanas presentaban el mayor presupuesto que nunca haya tenido la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, órgano independiente, señaló hace unos días en su informe anual, que Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con menor inversión sanitaria por habitante, por detrás de la Comunidad de Murcia y por delante de la de Madrid, a propósito, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Mientras que el gobierno andaluz dedicará en 2022 unos 1.388 euros por habitante en gasto sanitario, en Castilla León, Extremadura, Navarra, Asturias o Euskadi, superarán los 1.800 y 1.900 euros por persona, es decir un 35% más. Es una evidencia indiscutible.

En tercer lugar, porque el lumbrera de turno (Consejero de Salud), apoyado por el Gobierno PP-C`s, no tienen otra idea para solucionar el colapso del sistema sanitario andaluz, que pedir la incorporación de jubilados sanitarios para paliar el despido de los 8.000 profesionales. Esa estrategia, digna de alguien que no tiene ni idea de la realidad que gestiona, logra que solo se incorpore un médico jubilado (al que habría que hacerle un monumento en la puerta del hospital al que se incorpore), y falla en el 99,99% de sus estimaciones, convirtiendo a Andalucía en el hazme reír de toda España. Inaudito. En cualquier otro lugar dimitiría por honestidad o ética, debido a su ineptitud, en Andalucía el gobierno de las derechas lo apoya.

Todo es demasiado vergonzoso, demasiado triste, demasiado trágico, pero lo peor de todo es que es verdad … y no pasa nada.

Rafael Fuentes

Militante socialista de Málaga

Reforma laboral

La reciente modificación del Estatuto de los Trabajadores mediante la Reforma Laboral ha generado controversia y muchas expectativas.

Expectativas por cuanto que supone un antes y un después tras años de desacuerdos e imposiciones a los trabajadores agravando su situación durante la crisis económica del 2008, y la presente pandemia. Controversia, y críticas desde la izquierda por considerar que ha sido una reforma escasa, y con poco alcance. Y creo, personalmente, que así es, que debería haber sido más profunda, eliminando la reforma del 2012, completamente, y también la del 2010.

No obstante, hay que reconocer que tiene aspectos importantes y muy valiosos, y entre ellos considero que la recuperación del Diálogo Social, es la más importante.

Y lo es desde diferentes puntos de vista.

Empecemos por recordar la situación tan grave que generó la crisis financiera de 2008, con una reforma primero del 2010, y posterior del 2012 mucho más agresiva, que lejos de aportar soluciones, hicieron más graves las consecuencias de la crisis, aumentando la precariedad laboral, fomentando una depreciación salarial, y no frenando el desempleo galopante.

Además, y cuando parecía que la crisis económica comenzaba a remitir, aunque se mantenía el desempleo y la precariedad, vino la pandemia agravando aún más la situación.

Hay que reseñar que, durante esta terrible situación, se empezó a tratar de crear un marco mundial de condiciones comunes que facilitasen la Transición Verde, Justa, en medio de la evidencia irrefutable ya del Cambio climático. E igualmente se aceptó que el cambio de modelo productivo derivado de la transición Verde, implicaba una transformación tecnológica profunda, llamada comúnmente Digitalización.

Es este el contexto en el que se ha producido la Reforma laboral, sin olvidar que tenemos un Gobierno de Coalición de las Izquierdas, con una oposición negacionista e incapaz, por voluntad propia, de cualquier consenso.

De ahí que es en ese contexto en el que sitúo esta valoración.

Ninguna Reforma anterior, y sobre todo las referidas al 2010 y 2012, tuvieron acuerdo de los agentes sociales, salvo de la patronal; tampoco tuvieron ninguna incidencia positiva para afrontar las consecuencias de la gravísima crisis económica, y ninguna tampoco recuperó niveles de empleo previos a su implantación.

Es decir, no sirvieron para nada, y aún menos para lo que en sus preámbulos pretendían.

Es evidente que históricamente en las sociedades europeas del siglo 20 y 21, solo se ha sido capaz de afrontar las crisis económicas mediante soluciones serias y con justicia social cuando se ha dado un diálogo social.

Diálogo Social que mediante la negociación y el acuerdo permitió repartir esfuerzos y sacrificios para no cargar siempre a los mismos las consecuencias de los problemas generados siempre por los mismos…

Esta es una de las virtudes más importantes de este acuerdo.

Pero también hay que valorar un aspecto fundamental, y es la capacidad resolutiva mediante concertación, de la Negociación Colectiva que ha sido recuperada como factor transformador principal de la economía productiva.

Es clara la importancia que obtiene como motor de transformación.

Ante los retos que hemos recordado, crisis económica, Transición Verde, Digitalización y conflictividad socio-laboral, solo la recuperación de la NEGOCIACIÓN COLECTIVA permitirá a nuestra sociedad afrontar semejantes desafíos generados por los cambios de modelos productivos y las crisis económicas cíclicas.

Y no es solo un deseo, sino la constatación de una realidad histórica reiterada, que muestra que la resolución de conflictos sociolaborales anteriores en Europa, se produjo mediante el Concierto Social y político.

Solo un «mecanismo» de conflicto/acuerdo que sea capaz de conciliar los intereses de Capital y Trabajo ha permitido resolver problemas de semejante calado.

Este, además es único, no tenemos ningún otro sistema de resolución de conflictos de manera democrática en el ámbito laboral capaz de solventar los diferentes retos que esos problemas generan en cada sector productivo, permitiendo soluciones incluso a nivel de empresa, específicas para según que necesidades y características.

Estas características permiten, en mi opinión, mirar con prudente optimismo la Reforma Laboral que acaban de conseguir en nuestro país los agentes sociales y el Gobierno mediante el DIÁLOGO SOCIAL.

Eduardo Hernández

Militante socialdemócrata de Madrid

¿A LOS VIEJOS?… ¡QUE LES DEN!

Tras la crisis económica de 2008 que afectó a todos los sectores de la economía mundial y muy especialmente al sector financiero y a cuyos devastores efectos se ha unido la pandemia producida por la Covid-19 y el consecuente confinamiento de la población en la mayoría de los países del mundo; la drástica limitación de la movilidad no sólo entre países, sino entre localidades de una misma provincia e incluso entre barrios de una misma ciudad; la paralización de gran parte de la producción industrial; la escasez de materias primas; la caída del consumo de productos de no primera necesidad como el del textil de temporada; el cierre de centros de enseñanza, colegios, institutos y universidades, museos, centros culturales, bibliotecas, teatros, cines, conciertos, festivales de música o de cine, grandes eventos deportivos, gimnasios, etc., y la casi desaparición de la actividad económica en sectores clave para nuestro país como la hostelería y el turismo.

Los efectos de esta segunda crisis ha podido ser paliada en gran parte por el exitoso instrumento de los ERTE puesto a disposición de empresas y trabajadores por el Gobierno de coalición, pero que también ha traído de la mano novedades en el ámbito laboral como el teletrabajo, que antes de la crisis era una opción minoritaria y que desde los primeros confinamientos obligatorios se ha consolidado como una realidad que va a ser cada vez más habitual y vista con normalidad para un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras. En algunos casos esta opción se vive como una obligación no deseada y en otras como un derecho que ya regulan algunas normas de tipo legal.

Las consecuencias de todo lo que hemos vivido desde el inicio de esta distopía pandémica con el terrible balance de muertes, enfermedad y sufrimientos de tantos millones de personas en el mundo, están marcando un presente y un futuro sólo en parte previsto por los poderes económicos y políticos del mundo. Entre estas consecuencias destacan lo que se viene denominando con el sustantivo “brecha”, término al que se le suele añadir varias adjetivaciones que describen situaciones en las que se produce un efecto común: la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de derechos sociales, políticos o económicos en virtud de la edad, el género, la desigualdad territorial, el nivel educativo alcanzado o el acceso a servicios sociales básicos como la sanidad, la educación, la dependencia o a los servicios de las entidades financieras. Muchas personas comparten a la vez varias de las brechas mencionadas y una de las más recurrentes es la brecha en los conocimientos informáticos que sufren no sólo las personas de mayor edad sino también las de mediana edad, en muchos casos.

La exclusión financiera que vivimos en esta época de crisis globales contrasta con una tradición económica que ahora se vive como una rémora pero que creó, adaptadas a cada momento histórico, una relación económica entre trabajo, producción, financiación y crédito que empezó a configurarse ya en el siglo XV en Italia donde se crearon entidades como los llamados “pósitos”, almacenes de grano, trigo o centeno, que prestaban estos productos con réditos moderados a agricultores que hubiesen tenido malas cosechas por inundaciones o sequías y que impedían el abandono de tierras cultivables y la caída de la cantidad de grano cosechada que era necesaria para evitar hambrunas y mantener la actividad económica de las poblaciones afectadas.

Más tarde, entre los siglos XVII y XVIII, aparecen en España, siguiendo los modelos franceses o italianos, los Montes de Piedad como sucesores naturales de los Pósitos y que se constituyen como una de las propuestas económicas más positivas que puso en marcha la Ilustración en toda Europa y que trajo profundos cambios culturales y sociales como la Revolución Francesa, la fe en el progreso económico y social, la preeminencia de la razón y la búsqueda de la felicidad.

De estos Montes de Piedad surgieron las Cajas de Ahorro, que continuaron la labor de integrar a las capas sociales más empobrecidas del campo y de las incipientes industrias que fueron sustituyendo a los tradicionales productos artesanales que surtían necesidades de consumo de las mismas localidades donde se producían.

Así pues, las cajas de ahorro fundadas por entidades sociales de carácter benéfico, por ayuntamientos, diputaciones o la propia Iglesia Católica, tuvieron desde el principio la intención de lograr la inclusión en la economía de las clases populares que no tenían acceso a créditos avalados en sus precarios ingresos y sólo podían conseguirlos empeñando los aperos de labranza o las pequeñas posesiones domésticas.

La evolución posterior de estas entidades hasta su desaparición, daría para otro artículo que iría desde el papel integrador en la economía de trabajadores, obreros y campesinos facilitando créditos y préstamos al consumo o a la adquisición de tierras, locales para comercios o hipotecas para vivienda habitual a intereses moderados y asequibles al nivel económico de esas clases populares, a la mala gestión política y económica que las llevó a su desaparición de la mano de la corrupción y del acoso y derribo a las que las sometió la gran banca privada porque las cajas suponían un 52% del sistema financiero español y eran un gigante que se les escapaba de las manos.

Además, las cajas no eran entidades propiamente públicas, pero tampoco privadas al modo que lo son los bancos, las primeras eran propiedad de sus impositores y eran gestionadas por representantes políticos y sociales elegidos democráticamente y cumplían una labor social de una importancia indiscutible para un tejido social y económico muy centrado en las necesidades locales y los segundos, los bancos, son entidades privadas centradas en el beneficio propio, sus propietarios son los accionistas, sean particulares o grandes empresas y cuya labor social brilla por su ausencia aparte de su postureo publicitario.

Toda esta introducción viene a cuento del fenómeno, que ya es viral en la prensa y en las redes sociales, incluida peticiones de firmas en la plataforma change.org, de la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores, pensionistas en su gran mayoría, pero también de todas las edades que viven y trabajan en pequeños o grandes pueblos, que tienen abiertos pequeños negocios de venta de productos de proximidad y personas de mediana edad que no tuvieron acceso no ya a la enseñanza media sino a la primaria y a las que les resulta imposible utilizar con soltura los medios informáticos necesarios para gestionar su economía sin la ayuda de familiares o vecinos.

El cierre de las denominadas oficinas, agencias o sucursales, la caída del empleo en las entidades financieras a través de los ERE, despidos masivos encubiertos, prejubilaciones cada vez en peores condiciones económicas y el consiguiente cierre de esas sucursales que eran atendidas por esas personas despedidas y que hace una década estaban presentes en cada barrio de las ciudades y de cada pueblo incluso en muchas aldeas o pedanías a través de la figura de los corresponsales o corsarios, es la causa del abandono de la atención personal a los clientes no sólo de la llamada España vaciada, sino también de muchos barrios de ciudades y pueblos de mayor población. Al hilo de este desmontaje de lo que fue una banca presente en el territorio y atenta a las necesidades de los clientes particulares y la pequeña y mediana empresa, también están desapareciendo los cajeros automáticos que estaban asociados a las oficinas bancarias y también los que se encontraban en grandes centros comerciales.

Como dislate total se está barajando una idea que apoyan algunos despistados o malintencionados medios de comunicación que consiste en que los ayuntamientos, por su cuenta y riesgo, o la empresa pública de Correos instalen cajeros en poblaciones de la España vaciada o en barrios del extrarradio de las ciudades más pobladas donde se han cerrado sucursales de bancos y sobre todo de las extintas cajas de ahorro. Esta “genial” idea encierra una nueva mordida de la banca a las cuentas públicas.

En esos cajeros automáticos no sólo se retira dinero, también se realizan ingresos en efectivo y en talones o cheques. Se pagan recibos de suministros, multas de tráfico, impuestos locales, regionales o estatales. Y todo ese movimiento genera beneficios en forma de comisiones para las entidades financieras que los gestionan.

A su vez, el mantenimiento de esos cajeros genera un gasto considerable en movimiento de fondos a través de empresas de seguridad, mantenimiento técnico y recarga y retirada diaria de efectivo.

Es decir, que la instalación y gestión de esos cajeros los pagarán los ayuntamientos o una empresa pública y los beneficios limpios irán a la buchaca de los bancos a los que les importa un bledo la exclusión financiera no sólo de las personas de edad avanzada sino a las de menor edad y a las capas más desatendidas y más precarias como son los trabajadores pobres, las mujeres y los emigrantes.

Es como si la apertura de las sucursales de antaño con todos sus gastos, como alquiler o compra de locales, instalaciones técnicas, ordenadores, cajas fuertes, sistemas de seguridad y también los cajeros automáticos y su mantenimiento fueran a cargo del dinero público y los beneficios a las empresas privadas. Se ahorran todos estos gastos además de los salariales, pero sus beneficios crecen a costa de sus mal atendidos clientes y del abandono a su suerte de muchas pequeñas empresas familiares.

La gran banca ya hace al menos una década que empezó a planificar lo que para ellos era un cambio paradigmático para adaptarse a un mundo que se iba a regir por las nuevas tecnologías, apps para teléfonos móviles y tabletas, las redes sociales, las plataformas de streaming, o los servicios on line o virtuales de empresas y organismos públicos. Este proceso es imparable, y en parte positivo, pero lleva dentro el germen de la deshumanización en las relaciones humanas, económicas, laborales, sociales o políticas. Y mientras no haya contrapesos ideológicos y políticos que regulen los efectos negativos de estas experiencias globales, todos pagaremos el precio.

Hay que luchar por una ley que obligue a las entidades financieras a asumir los costes de la digitalización despersonalizada que ya se ve que no puede pararse y obligar a una atención personal (una ley ad hoc ya está en trámite pero se queda corta) a los clientes que lo requieran.

Los bancos y antiguas cajas de ahorro ya han despedido o prejubilado a casi 200.000 trabajadores y trabajadoras desde el comienzo de la crisis del 2008 y esas mismas entidades fueron rescatadas con más de 60.000 millones de euros del dinero público (ahora habrá que añadir a esa cifra los 35.000 millones de euros de la SAREB, el banco malo creado por Rajoy y De Guindos que no iba a costarnos ni un euro) y con el vaciado inmisericorde de la hucha de las pensiones que dejó el Gobierno socialista de Zapatero.

Tal vez si una banca pública creada con los restos de las cajas de ahorro, una vez saneadas a fondo en lo económico y político, hubiese sido posible, su sola existencia y presencia en ese segmento del mercado financiero habría ejercido una competencia fortísima sobre esas empresas que han olvidado su responsabilidad social con el conjunto de la población española y no habrían provocado este desbocado fenómeno de exclusión financiera que ni siquiera beneficia a la economía española y que también excluye a un gran número de pequeñas y medianas empresas.

MANOLO PEÑALOSA

Militante Socialista de Sevilla-Andalucía

CARNE, ¿escondemos la verdad?

El ministro de consumo en mi opinión, con respecto al reciente problema de la carne, ha cometido dos errores básicos, quizás por no ser demasiado comunicativo ante una prensa básicamente carroñera.

El primero y fundamental, es no ejercer con dureza su responsabilidad con las industrias cárnicas que no cumplen con la normativa, porque supongo que existirá dicha normativa, y si no fuera así su obligación es elaborarla, al margen de las exigencias que en este ámbito mantiene Europa.

Por otra parte, señor Garzón, creo que un ministro tiene capacidad suficiente, para convocar a todos los medios informativos, para dar a conocer a la sociedad lo que comemos y lo que destruimos para crear esa comida, antes de decirlo fuera.

Que los humanos somos depredadores, que estamos empeñados en destruir el mundo actual inexorablemente, está mas que documentado y comprobado, pues son escasos o nulos, los países que hacen el más mínimo esfuerzo por evitarlo, pero eso siempre nos lleva a la misma conclusión, la política mal entendida. Los políticos actuales están ejerciendo el maravilloso arte de la política, para proteger, cuidar, conseguir, una sociedad justa, o están ejerciéndola de una forma bastarda, egoísta y depredadora, con el único fin de permanecer en la correspondiente poltrona, durante el tiempo suficiente para conseguir enriquecerse personalmente, mediante sospechosas y burdas maniobras y conseguir una de esas pensiones vitalicias, que suele ser siempre lo primero que suben al llegar a su mandato.

Evidentemente hablo en general, porque desgraciadamente ya no existen colores políticos, que se identifiquen con la justicia social, aunque figure en sus estatutos. Me duele especialmente que esto ocurra en mi propio partido el PSOE, que se creó precisamente para lograr, algún día, esa justicia social tan anhelada.

Cualquiera que tenga un mínimo interés y una pequeña capacidad de análisis, sabe que en nuestro país han proliferado, alarmantemente, esas macro granjas donde es evidente que sus productos quizás no sean veneno, pero está claro que por pura lógica tampoco son productos de delicatesen.

También es falso eso que se nos pretende hacer creer: que con estas macro instalaciones, se genere mas empleo que con la ganadería extensiva, pues evidentemente por el contrario, esas grandes empresas cárnicas, impiden el desarrollo de las explotaciones ganaderas rurales, que además de generar empleo de calidad generan productos de alta calidad y vida en los pueblos casi abandonados.

Claro que hoy es mas caro un kilo de carne de calidad, producida en una explotación extensiva, que ese otro producto que elaboran masivamente esas macroempresas cárnicas, mediante la explotación humana y animal, con un descomunal índice de contaminación ambiental y la consiguiente destrucción de los entornos donde están instaladas.

Es por eso, que me sorprende el feroz ataque, que el poco locuaz ministro esta recibiendo por parte de la sociedad desinformada, que se deja llevar tan fácilmente por los bulos.

Me sorprende menos en esa creciente y retrograda derecha, pues es evidente que sus intereses suelen estar ligados estrechamente a este tipo de industrias de dudosa calidad y que el descubrimiento de estas verdades les deja al descubierto, además de los intereses electorales que les reporta magnificar un bulo extendiéndolo soezmente, sobre una sociedad que desgraciadamente carece de criterio propio, por lo tanto, el señor ministro le ha proporcionado gratis, la carnaza necesaria para seguir con su labor destructiva.

Lo que no me sorprende ya, aunque debería de sorprenderme, es que la mayoría de los caciques de nuestro partido, se lancen como hienas sobre el ministro por el simple hecho de decir la verdad, esa verdad que nuestros barones conocen pero ocultan, por los motivos a los que hice mención antes (no son artistas de la política son usuarios para su propio fin), es francamente vergonzoso, que incluso sus propios compañeros del “consejo”, no solo le dejen abandonado como lo hace hipócritamente el Presidente, sino que tratan de descalificarlo por todos los medios a su alcance. Siento realmente vergüenza, queridos lectores. Lo que si os puedo asegurar es que esto no es socialismo, esto no es mi PSOE, esto no es la búsqueda de una Sociedad Justa, puede que a esto se le pueda llamar “socialdemocracia” que nunca supe realmente que significa pero no es “SOCIALISMO”.

¡Feliz y esperanzador 2022!

Paco Ascón

Xares (Ourense), 11 de enero de 2022

A %d blogueros les gusta esto: