El Comité Federal previsto para el 7 de enero se ha pospuesto una semana, y se celebrará finalmente el 14 de enero, según ha anunciado Susana Díaz. A estas alturas de la película no es de extrañar que Susana sea la que anuncie la fecha del Comité Federal, y que el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, sea quien confirme la noticia. Ese es el estado de la democracia interna del PSOE.

La previsión de la gestora es que el Comité Federal fije «el conjunto de la agenda política» para los próximos meses, y que adopte «decisiones de carácter organizativo», entre las que parece encontrarse la reformulación del protocolo de relación PSC y PSOE, para evitar que la militancia de Catalunya pueda participar del próximo congreso federal, que se plantea para no antes de Junio.

Mientras nuestro partido sigue hundiéndose en las encuestas, la Comisión Gestora, cuyo papel debiera ser la convocatoria de un Congreso urgente, convoca un Comité federal para definir la agenda política y plantear la expulsión de los socialistas catalanes de los órganos federales por defender lo que la gran mayoría de la militancia en todo el estado quería: No es No. Este es un nuevo ejemplo, ya no solo de falta de democracia interna, sino también de falta de visión política: una dirección federal que no acepta la discrepancia ni la pluralidad no merece seguir dirigiendo los designios del partido.

Día que pasa, el PSOE se hunde más, pero cueste lo que cueste, la actual dirección política que no ha sido elegida por la militancia, parece empecinada en proponer una agenda política, que en lo que se refiere a la política estatal va a pasar por dar el apoyo a los presupuestos generales del gobierno Rajoy.

A principios de diciembre ya se ha acordado el techo de gasto, acordando un límite del déficit del 0,6% en lugar del 0,5% que proponía el PP. No se trata ahora de discutir si aumentar una décima el déficit de gasto público es positivo o negativo, cuando lo que el PSOE debería hacer es no apoyar ni el techo en el gasto público ni apoyar los presupuestos generales que traerán nuevos recortes. No se puede fijar techo de gasto público mientras la sociedad siga lastrando con las políticas austericidas encomendadas por la Unión Europa.

Manos libres para seguir apoyando al gobierno de Rajoy en los presupuestos, para renunciar a cualquier posibilidad de gobernar para transformar la sociedad, expulsar o sancionar a todo aquel que no se discipline a los dictados de la gestora, y dejar pasar el tiempo para que cuando se convoque el congreso puedan contar con una mayoría de votos, dividiendo el partido, fragmentándolo y diluyendo la historia de nuestro partido y de la gente que ha dado la vida por el socialismo, en favor del poder financiero y la “estabilidad” de unas instituciones caducas y contrarias a los intereses de la mayoría social.

El combate más feroz en nuestra lucha de clases se libra hoy dentro del Partido Socialista. La militancia debe tomar la palabra, organizarse en plataformas coordinadas y dispuestas a recuperar el PSOE para el socialismo. Defender la unidad de los socialistas de todo el Estado y empoderar a la militancia de las decisiones fundamentales es la prioridad.

Baltasar Santos

 

El resultado del referéndum en Italia no deja lugar a dudas: el 59,1% de los votantes han rechazado la reforma de la Constitución italiana, un rechazo que se sitúa en el 81% si cogemos a los jóvenes menores de 25 años como universo estadístico, lo cual indica claramente que Italia ha vivido un nuevo episodio de rechazo al “establishment” o poder establecido.

Con la mayoría de bancos italianos al borde de la quiebra, y una política que sigue los mandatos austericidas de la Unión Europea, el gobierno de Renzi buscaba un banderín de enganche en una reforma de las instituciones reformando la constitución, que si buscáramos paralelismos en nuestro país seguramente no nos sería difícil encontrarlos:

• Pérdida del poder legislador de senado: Las leyes no necesitarían de la aprobación en el senado, con algunas pocas excepciones.
• Disminución del número de senadores: Los senadores pasarían de 315 a 100 y serían elegidos entre los consejeros autonómicos y los alcaldes metropolitanos y no dispondrían de un salario por ejercer de senador.
• Nueva ley electoral: Doble vuelta como en Francia para favorecer la “gobernabilidad” sin necesidad de acuerdos electorales.
• Menor control parlamentario en las leyes que aprobara el ejecutivo.
• Centralización del Estado: Se sustraían poderes a las autonomías en materia fiscal, energía, transportes e infraestructuras.
• Supresión de las provincias (Diputaciones).

En definitiva, la reforma se apoyaba en una disminución de la administración pública, y un mayor poder centralizado en el gobierno, que permita aplicar más fácilmente las directrices de la Unión Europea y del capital financiero.

No es extraño que la central sindical mayoritaria y los jóvenes votaran No, como expresión de rechazo a la reforma pretendida pero también como rechazo a la política de Matteo Renzi, que aprobó una reforma laboral, contra la que se han convocado innumerables huelgas.

El resultado del Referéndum en Italia no es sino la manifestación clara de resistencia ante el desmantelamiento de los sectores públicos enmascarados en reformas institucionales cuyo único objetivo era convertir la Administración italiana en un mejor instrumento para aplicar las directrices del capital financiero representado en la UE.

Baltasar Santos

La primera reunión del presidente del nuevo gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos y empresarios sorprendió a muchos por la rapidez de su convocatoria y, en no menor medida, por los escasos resultados obtenidos, al margen de la voluntad y de la declaración solemne de las partes de seguir apostando por el diálogo social. Todo indicaba que el gobierno, sin mayoría en el parlamento, estaba dispuesto a hacer algunas concesiones a los sindicatos ante la fuerte presión que ejercía la oposición, en asuntos relacionados con la legislación laboral y, en todo caso, en asuntos que no tuvieran gran repercusión en el gasto fiscal, en su afán por secundar los planteamientos y exigencias de Bruselas relacionados con el déficit público, al amparo recurrente del techo de gasto y el recurso al Tribunal Constitucional.

Ante semejante fracaso, los sindicatos reaccionaron con prontitud y contundencia denunciando la continuidad de la política económica y social y, más en concreto, la posición regresiva del gobierno en torno a la reforma laboral, el SMI y la protección social (pensiones, dependencia y seguro de desempleo). La única concesión de Rajoy fue su disposición a asumir y llevar a la práctica un hipotético acuerdo entre los sindicatos y la CEOE sobre materias que, precisamente, fueron aprobadas unilateralmente por su anterior gobierno. Rajoy sabe que será difícil que la CEOE pacte con la UGT y con CCOO eliminar los puntos más controvertidos de la reforma laboral, el aumento de las pensiones y de la protección por desempleo y, mucho menos, la referencia salarial reivindicada por los sindicatos (1,8% al 3%) para el año 2017.

Como respuesta a la actitud de Rajoy, los sindicatos convocaron concentraciones en las capitales de provincia para el próximo día 15 de diciembre y una gran manifestación para el día 18 en Madrid, en coherencia con la defensa de un sindicalismo de base, pegado a la realidad de las empresas y al sentir mayoritario de los trabajadores (“las peleas con los empresarios no se ganan pisando moquetas ni tampoco en los despachos…”). Sin embargo, estas movilizaciones no están exentas de riesgos, sobre todo después de la experiencia del movimiento sindical francés (en el verano pasado) en contra de su reforma laboral (ley El Khomri): “las huelgas y las grandes movilizaciones generales tienen un gran efecto mediático pero escasa influencia real en el adversario…” Lo que está obligando a los sindicatos a preparar a conciencia la protesta del 18-D, con el propósito de que las movilizaciones sean ampliamente secundadas por los trabajadores y conseguir así sus justas reivindicaciones.

Para ello los sindicatos cuentan con el apoyo explícito del PSOE y de Podemos, que han prometido participar en las movilizaciones programadas. Por lo tanto, estamos ante la primera experiencia de unidad de la izquierda y de los sindicatos en la etapa moderna- en su oposición a la política económica y social del gobierno- y en la primera protesta conjunta del PSOE con Podemos y los sindicatos. En todo caso, el reto de los sindicatos tiene relación directa con la acción sindical en torno a una negociación colectiva muy maltratada por la reforma laboral. Por eso, y al margen de las dificultades, es fundamental fortalecer la negociación colectiva en todos los ámbitos sectoriales y territoriales, articulando para ello los convenios a todos los niveles (de arriba hacia abajo). Además, los sindicatos deben trabajar a fondo para dotar de un mayor contenido a la negociación colectiva (superando su secular empobrecimiento y el destacado protagonismo que tienen los salarios en la actualidad), además de mejorar la cobertura de la negociación colectiva para que todos los trabajadores estén amparados por un convenio.

Por eso, se debe hacer hincapié en apoyar el convenio nacional de sector y mantener la ultra actividad, con el fin de evitar la fragmentación del mercado de trabajo; abordar el mantenimiento del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo; revisar los sistemas de contratación para reducir la precariedad de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y trabajo a tiempo parcial); y, finalmente, apoyar la salud laboral, la cualificación profesional, la solución de conflictos y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en las empresas (democracia económica), entre otras materias. En definitiva, los sindicatos tienen que apostar con firmeza por la consolidación de un modelo de relaciones laborales basado en la autonomía colectiva de las partes y en los convenios nacionales de sector, única manera de superar la relación individual defendida por los empresarios (relegar al sindicato a los centros de trabajo) y evitar la indefensión de los trabajadores; puesto que, dada la debilidad y la relación de fuerzas del movimiento sindical en España, sería ilusorio pretender desarrollar acuerdos equilibrados para los trabajadores en las empresas…

No será nada fácil que se acepten las reivindicaciones sindicales; simplemente porque los enemigos de los sindicatos son muchos y poderosos. Al margen de la actitud beligerante del gobierno, las reivindicaciones sindicales no serán asumidas por la UE, tampoco por Ciudadanos, los poderes fácticos y, sobre todo, por los empresarios en general. La CEOE, amparándose en la actual legislación laboral, se opondrá a cualquier propuesta de modificación que pretenda reducir sus privilegios en materia de negociación colectiva; se opondrá también al incremento salarial propuesto por la UGT y CCOO; al SMI aprobado por la mayoría de la oposición parlamentaria; a eliminar las bonificaciones a la Seguridad Social y las desgravaciones fiscales que disfrutan los empresarios; así como a colaborar activamente para erradicar el fraude fiscal y la economía sumergida.

La CEOE nunca ha está interesada en el cambio de nuestro modelo productivo, en dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas, en apoyar la investigación, la introducción de nuevas tecnologías y mucho menos en exigir la Responsabilidad Social (RS) a las empresas y esforzarse en modernizar nuestro tejido industrial para facilitar que nuestras empresas sean más competitivas en un marco globalizado. Como se viene demostrando desde hace años, la CEOE lo viene fiando todo a los bajos salarios, a la baja protección social y al alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo (dumping social). Por eso, cuando en la actualidad se alzan voces pidiendo la adaptación y modernización de los sindicatos, estas mismas voces deberían analizar también la escasa participación de la CEOE y de muchas empresas en la modernización del tejido social de nuestro país y su exagerado y recurrente recurso a la precariedad (temporalidad) para evitar los contratos fijos y a tiempo completo.

Por eso, en la actual situación, el firme apoyo del PSOE y de Podemos a las movilizaciones es una decisión esperanzadora, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que aquejan a un partido (PSOE) dividido entre sus dirigentes y una aparente mayoría de sus afiliados que están en estos momentos estudiando qué hacer ante el próximo futuro. Efectivamente, las dos partes en litigio están velando sus armas de cara al próximo congreso ordinario (previsiblemente se celebrará antes del verano). Ambas partes tienen dificultades para nominar a sus candidatos porque, tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez, han salido muy malparados del último comité federal del PSOE y deben decidir si dan definitivamente el paso al frente o buscan a otros candidatos que defiendan sus posiciones. En cualquier caso, todo indica que se presentarán cuando menos dos candidatos que confrontarán en las próximas Primarias. El secretario general elegido en Primarias deberá ser ratificado por el congreso ordinario que, a su vez, elegirá al nuevo equipo de dirección y aprobará las resoluciones en torno a la política socialdemócrata, el modelo de partido, el cambio climático y, finalmente, el debate territorial, con la esperanza de que la nueva comisión ejecutiva integre a miembros de las partes enfrentadas, lo que debería poner fin al conflicto actual y dar paso a una nueva etapa donde se trabaje por mejorar la escasa credibilidad que tiene actualmente el PSOE delante de los ciudadanos.

El gobierno, ante la protesta organizada por los sindicatos, ha reaccionado con inusitada rapidez acordando con el PSOE el techo de gasto de las CCAA y un incremento notable del SMI-2017 del 8% (si bien alejado de las reivindicaciones sindicales). El acuerdo menosprecia a Ciudadanos; deja en fuera de juego a Podemos; golpea la proposición de ley sobre el SMI aprobada por toda la oposición; evita que los sindicatos negocien el SMI para el año 2017; representa un considerable avance en el proceso encaminado a aprobar los PGE-2017; y, finalmente, resucita el bipartidismo duramente combatido en los últimos años, además de generar expectativas sobre la duración completa de la legislatura. Al margen de la cintura del gobierno y del triunfo que ello representa para el PP, la actitud del PSOE ha sido confusa, cuando no contradictoria, sin que ello signifique que tenga que renunciar a hacer oposición y echarse en brazos del PP. Por eso, en estas circunstancias, el PSOE ha tenido que dar explicaciones a los sindicatos y las debe dar también al resto de la oposición, porque estos cambios de rumbo siempre producen dudas sobre el comportamiento que pueda tener en la manifestación programada para el 18-D y sobre su apuesta por futuros acuerdos que ratifiquen su compromiso con la socialdemocracia y, desde luego, con los más desfavorecidos.

No es extraño que estos acontecimientos estén abriendo nuevamente el debate sobre el comportamiento y la credibilidad del PSOE. Debemos recordar que muchos esperan con ilusión que el día 18-D confirme el necesario entendimiento en el seno de la izquierda y de ésta con los sindicatos (los sindicatos no han desaparecido como algunos afirman), lo que debería servir para que Rajoy tome nota de la desfavorable relación de fuerzas que tiene en el parlamento. En cualquier caso, el riesgo de que el PP amague, una vez más, con el miedo y con el posible adelanto de las elecciones generales, no debería de ninguna manera hacer mella en la firme voluntad de la izquierda y de los sindicatos por construir un mundo mejor, menos desigual, más justo y más solidario…

Antón Saracíbar.

No es casualidad el auge de la ultraderecha en el mundo, incluida primera potencia mundial. Vivimos un momento en el que cada cual cree que puede resolver sus problemas por su cuenta, una creencia no siempre bienintencionada. Parece que el mundo ha entrado en desbandada.

Unos argumentan que solos les irá mejor ante la crisis económica, otros que se tienen que proteger de la inmigración, otros que tienen que recuperar su soberanía. Cada uno con sus razones, pero todos proponen la división, la exclusión, etc. Con un común denominador que es la reacción.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿por qué se da este fenómeno reaccionario?

Cuando las cosas van mal, todos buscan culpables y soluciones a los problemas inmediatos. Culpables, puede que seamos todos un poco: los corruptores en primer lugar, los corruptos, acto seguido; también, quienes ostentando el poder en las instituciones se han limitado a hacer críticas sin actuar –quizás porque la podredumbre la tenían tan cerca que ya estaban familiarizados con ella-. También la ciudadanía en general, por muchos años de apoliticismo consciente. Y por supuesto, los dirigentes de las organizaciones de la izquierda, partidos y sindicatos, por su inacción y en algún caso por su acción contraria a lo que se esperaba de ellos.

Esta respuesta a la pregunta, no sin ser verdadera, sería la fácil. No hay una sola respuesta. En mi opinión, sin pretender tener todas las claves, la primera respuesta es que esto viene de muy lejos, no ha sido repentino, y hay que enfocarlo desde distintas ópticas interrelacionadas:

–el sistema económico imperante ha llegado al límite de sus posibilidades, puede que en unos países concretos aun tenga margen, pero en la mayoría de los casos la situación es insostenible.

Nos contaron que la globalización era una nueva revolución que iba a interconectar a los pueblos, llevado la democracia y el avance económico a todas partes, en una especie de contagio positivo, desde el primer mundo al tercer mundo.

La realidad es otra, lo que se ha extendido es la explotación. La economía se ha mundializado buscando maximizar el beneficio empresarial. Como resultado tenemos el colapso de los mercados; los productos y servicios ya no encuentran consumidores al ritmo que el sistema necesitaría. Ante la caída, o no incremento, del beneficio empresarial se pretende mantener la tasa de beneficio reduciendo los salarios, reduciendo los derechos laborales, obteniendo bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales, etc.

El agotamiento de los mercados ha llevado al mundo empresarial a buscar atajos, bordeando la ley y en muchas ocasiones trasgrediéndola –es la acción de los corruptores-; esos que junto a políticos predispuestos a corromperse han hipotecado a las administraciones con infraestructuras muchas veces innecesarias, faraónicas, cuyos costes engrosan la insultante deuda pública que condiciona el gasto social. Esto es lo que motivó la reforma constitucional que dio lugar al artículo 135.3, mediante el cual se garantiza el pago de la deuda y sus intereses, subordinando cualquier otro gasto del Estado, en particular los que conforman el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones.

Otras formas de generar beneficio rápido han llevado a sectores, como el financiero, a “inventar” productos tóxicos, como por ejemplo las hipotecas subprime, que fueron la aguja que hizo estallar la burbuja inmobiliaria.

No pretendo mencionar ni denunciar todos los movimientos que el mundo empresarial ha hecho en estos años, baste decir que la economía especulativa supera en más de 125 veces el dinero en metálico que circula en el mundo, o que las inversiones especulativas alcanzan el 95% de las inversiones, frente a un 5% de las productivas.

-desde la década de los años 80 del pasado siglo, hemos entrado en una “cultura” de consumo impuesta por los mercados, a través de los medios de comunicación y del sistema educativo de “usar y tirar”, “nada a largo plazo”, concepto que explica muy bien Richard Sennett en “La corrosión del carácter” (Editorial Anagrama), por la que hemos asumido que los productos tienen cada vez menos vida útil y por el cual hemos aceptado que el trabajo no es para siempre. Nos han instalado en la incertidumbre, y lo peor es que no hay respuesta, al menos no ordenada. La repuesta es reaccionaria, lo que sirve de excusa a la minoría beneficiaria de este sistema para proteger sus intereses, refugiándose tras formas autoritarias. Nada nuevo si echamos la vista atrás, para ver cómo se fraguaron los fascismos del siglo pasado.

La izquierda tiene que encontrar su sitio, sin perder los valores que identifican lo colectivo frente a lo individual, la solidaridad frente a la caridad, compartir frente a la acumulación, en definitiva el reparto de la riqueza de forma estructural y no por coyunturas.

La socialdemocracia tuvo sentido cuando el sistema generaba riqueza, pero ahora la destruye y la poca que genera se reparte de forma tan injusta que genera desigualdad a raudales. Demasiados años acompañando al sistema han institucionalizado a las organizaciones de la izquierda y a sus direcciones. No es un problema único en España, es un problema internacional, por ello la solución ha de ser internacional.

Ha y visos para la esperanza y la ilusión en la rebeldía que la militancia del PSOE está demostrando, los hay en el movimiento que el en Partido Laborista británico ha llevado a Jeremi Corbyn al liderazgo del Partido. Son demostraciones de que la parte más consciente, los militantes activos de los partidos, incluso ciudadanos no afiliados a los partidos, se suman y animan estos movimientos de respuesta.

Han sido también fogonazos de respuesta la experiencia de Siryza en Grecia o la conformación de un Gobierno de izquierdas en Portugal. Si bien es cierto que la reacción de los organismos internacionales del capital, como el FMI, el BCE y la Comisión Europea (la troyka, aunque el mote haya pasado de moda), han actuado con contundencia con el chantaje sobre la exigencia de la deuda externa y la negación a cualquier forma autónoma de gestionar la economía.

Nada indica que desde el mundo de la economía oficial lleguen soluciones a esta situación. Por ello, hay que recuperar los valores de la izquierda, el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos de la misma clase social, la trabajadora.

 

Roberto Tornamira

Afiliado al Partido Socialista de Madrid-PSOE

En nuestro país cerca de 300 personas han sido encausadas y en algunos casos condenadas por ejercer el derecho de huelga. Reconocido como derecho fundamental para los trabajadores en nuestra democracia, la Constitución Española (CE) así lo establece en su artículo 28.2.

La huelga es una expresión del conflicto entre el capital y el trabajo, los trabajadores mediante el ejercicio de la libertad sindical y el derecho de huelga persiguen establecer una nueva correlación de fuerzas, que mejore la defensa de sus intereses.

Desde las movilizaciones y huelgas generales de 2010 y 2012 desarrolladas por las organizaciones sindicales, como respuesta a las políticas de austeridad, recortes y contrarreformas laborales y sociales, se ha venido desarrollando una campaña antisindical que pretendía ahogar la conflictividad social, debilitar la acción colectiva de los trabajadores y erradicar la protesta contra las medidas injustas y regresivas impuestas de forma autoritaria por los gobiernos. Se ha pretendido criminalizar el ejercicio del derecho a huelga y la acción de los piquetes de huelga.

El Tribunal Constitucional (TC) y los tribunales ordinarios, han fijado el alcance y los contenidos del derecho a huelga dentro de la democracia. El TC ha determinado que la acción de los piquetes es esencial para el ejercicio del derecho de huelga.

Ante las restricciones a la libertad sindical y al derecho de huelga por la regulación del Código Penal, en su artículo 315.3, y la aplicación regresiva por parte del Ministerio Fiscal y algunos tribunales. En 2014 CCOO y UGT trasladaron una queja a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que denunciaban la represión del ejercicio del derecho de huelga por el Gobierno del Partido Popular.

El derecho de huelga, está siendo atacado no solo en España si no también a nivel internacional . Incluso en el seno de la OIT el grupo de los empresarios ha intentado suprimir el reconocimiento de un derecho de huelga internacional y la autoridad de la OIT para supervisar la aplicación por parte de los gobiernos del convenio número 87, relativo al ejercicio de la libertad sindical y del derecho de huelga. La movilización impulsada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), desarrollada en todo el mundo por las federaciones y confederaciones sindicales ha logrado frenar el intento de los empresarios de que el derecho de huelga no se incluyera dentro de las normas internacionales. Los gobiernos y las organizaciones empresariales y las sindicales reafirmaron el derecho de huelga como un derecho fundamental en el trabajo, al igual que el papel de supervisión de la OIT, del cumplimiento de las normas internacionales por parte de los gobiernos y el reconocimiento de la jurisprudencia.

En nuestro país se ha producido un proceso de movilización sindical, que ha obtenido un gran respaldo social en defensa de los trabajadores encausados y en denuncia de la represión de un derecho constitucional. La utilización del CP, con vestigios franquistas, ha sido rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios que exigen la derogación del artículo 315.3, la absolución de todos los encausados y el indulto de aquellos que han sido condenados.

El Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT se ha pronunciado sobre la denuncia de UGT y CCOO sobre el artículo 315.3 del CP que a su entender vulnera los convenios 87, 98, 135 y 151 de la OIT, lo que supone restringir los derechos de libertad sindical y de huelga. En su informe el CLS constata que la reforma del CP de 2015 sigue vulnerando el derecho de huelga, ya que no define los comportamientos constitutivos de coacciones, ni los criterios por los que los tribunales puede imponer penas de prisión. Por ello el CLS insta al Gobierno a revisar el impacto de la reforma del CP de 2015 y le recuerda que no se pueden imponer sanciones por el ejercicio del derecho a huelga salvo en los casos que no se respeten los principios de la libertad sindical. También el CLS constata que de los 81 procedimientos abiertos en 2014, ninguno se corresponde con actos violentos, e insta al Gobierno a no recurrir a procedimientos penales en el ámbito de las relaciones laborales.

El Gobierno y el Parlamento deben de asumir e informe de la OIT y derogar el artículo 315.3 del CP e indultar a los trabajadores condenados, como se comprometieron los ministros de justicia.

Toni Ferrer

La investidura de Rajoy como presidente del gobierno está dando paso a la discusión de los PGE-2017 y, más en concreto, a la discusión sobre las retribuciones de los empleados públicos, el incremento del SMI, la cuantía de las pensiones y por añadidura la sostenibilidad de la Seguridad Social. En este sentido, los sindicatos están exigiendo retomar la negociación colectiva en las administraciones públicas y reivindican un crecimiento de las retribuciones de los empleados públicos ligado a la inflación prevista; observan con interés la toma en consideración de la proposición de ley  aprobada por el Congreso de los Diputados (PSOE, Podemos, ERC, PNV y el PD catalán), con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, instando al gobierno a subir el SMI de los 655 euros actuales a los 950 euros por 14 pagas a lo largo de la presente legislatura; y, finalmente, han aceptado comenzar las conversaciones con la ministra de trabajo Fátima Báñez con el propósito de recuperar el Pacto de Toledo y abordar la cuantía de las pensiones y el futuro del Sistema de la Seguridad Social, dando por hecho que la previsión del gobierno de incrementar en un  0,25% las pensiones significa, si nadie lo remedia, que los pensionistas perderán en torno al 1% de su poder adquisitivo en el próximo año.

Por otra parte, la UGT, CCOO y la CEOE- CEPYME se afán en la renovación del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC, 2015-2017), que pasa por fijar los criterios que regulen los incrementos salariales en las empresas. De entrada, los sindicatos han acordado proponer a la CEOE una banda de incrementos salariales comprendidos entre el 1,8% y el 3% con cláusula de revisión incluida, con el argumento de que los salarios deben crecer por encima de la inflación y que ésta crecerá en torno al 1,3 % de media para el 2017. Argumentan también que los salarios deben aumentar su participación en el reparto de la renta nacional, lo que exige que los salarios crezcan más que la productividad del trabajo nominal prevista en el 1,6% para el año 2017.

En definitiva, se trata de que los trabajadores recuperen cuando menos una parte de las pérdidas acumuladas por la agresiva política de devaluación salarial practicada desde el año 2010, al amparo de la reforma laboral impuesta unilateralmente por el gobierno del PP, además de acelerar la redistribución de rentas a favor de los trabajadores.

Al margen de la justicia de estos incrementos salariales, puesto que éstos ayudan a superar la deuda salarial contraída con los trabajadores, los sindicatos aspiran a reforzar el crecimiento de la economía ayudando con ello a la creación de puestos de trabajo (jóvenes y parados de larga duración), en coherencia con las últimas recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE), que reclama una política fiscal y salarial más expansiva y, por lo tanto, la superación de las políticas de austeridad más extremas, lo que ayudará a mantener el crecimiento de nuestra economía (actualmente está creciendo a ritmos superiores al 3%), evitando con ello una posible desaceleración por la evolución de los precios del petróleo, la posible caída de las exportaciones, el impacto del Brexit, la incertidumbre generada por el triunfo de Trump y la ausencia de una política fiscal expansiva (gasto público) en el conjunto de la UE.

Debemos recordar que el poder adquisitivo de los salarios ha perdido 4,8 puntos porcentuales desde 2009. Una pérdida salarial que ha castigado fuertemente al 30% de los trabajadores con menores salarios y peores condiciones de trabajo. De 2009 a 2015 los costos laborales unitarios cayeron en España 6,3 puntos porcentuales mientras que los salarios de la eurozona aumentaron en 4,8 puntos, lo que explica sobradamente el cuantioso trasvase de rentas del trabajo al capital que se ha producido en los últimos años, como lo demuestra, según UGT, que desde el año 2010 al 2015 la remuneración de los asalariados ha caído en 31.100 millones de euros y, por el contrario, las rentas empresariales y de la propiedad han aumentado en 7.100 millones. Dicho de otra manera, hace cuatro años el 52% de la riqueza de nuestro país se dirigía a salarios y el 48% a las rentas de capital y, en la actualidad, se produce todo lo contrario. Por otra parte, el INE ha publicado recientemente otros datos con metodología distinta que confirman la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y, en este caso, lo establece en el 9,2 % en el periodo 2008-2014.

Otro asunto altamente preocupante se refiere a la brecha salarial de género que hay que eliminar lo más rápidamente posible empujando el salario de las mujeres hacia arriba. Según Eurostat, la brecha salarial en España se sitúa en el 14, 9% y según la Encuesta de Estructura Salarial, que analiza los salarios brutos anuales, la diferencia en el año 2014 fue del 23,4%, lo que representa una diferencia salarial de 6.000 euros menos al año para las mujeres y una cotización a lo largo de la vida laboral considerablemente menor que los hombres. Además se produce una mínima presencia de la mujer en los salarios más altos y 1,5 millones de  mujeres dependen exclusivamente   del SMI, a lo que hay que añadir que sólo una de cada tres pensiones contributivas las percibe una mujer. Por último, la discriminación también se produce a la hora de que la mujer se incorpore al mercado de trabajo, al trabajar mayoritariamente a tiempo parcial. Efectivamente, una de cada cuatro mujeres lo hace con este tipo de contrato y 1,5 millones de mujeres se incorporaron al mercado de trabajo a través de contratos a tiempo parcial (muchos indeseados) como única forma de inserción en el mercado de trabajo.

Por otra parte, el desplome del poder adquisitivo de los asalariados ha contribuido decisivamente a que los niveles de desigualdad, pobreza (también energética) y exclusión social se sitúen lamentablemente a la cabeza de la UE y que los trabajadores en situación de riesgo de pobreza alcancen el 13,1% de la población trabajadora, el nivel más elevado de la UE, después de Rumanía y Grecia (sobre todo si dependen del SMI o tienen un contrato a tiempo parcial), lo que confirma que el salario por sí sólo no garantiza a un trabajador salir de la pobreza. De la misma manera, la caída de los salarios, junto a la mala calidad de los empleos, las tarifas planas y las bonificaciones a la contratación, han reducido considerablemente los ingresos de la Seguridad Social, vaciando las arcas de su Fondo de Reserva y aumentado el déficit, que se estima actualmente por encima de los 16.000 millones de euros al año.

Al margen de los salarios, los sindicatos deben seguir insistiendo en la reducción de la precariedad de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y tiempo parcial). Ello requiere eliminar la nefasta reforma laboral (a pesar de que muy pocos lo proponen con decisión y valentía), recuperar el protagonismo de la negociación colectiva (autonomía de las partes) y propiciar un mayor equilibrio de la relación de fuerzas.

Por eso, los sindicatos deben acrecentar su acción sindical en sectores y empresas, a través de la negociación colectiva, enriqueciendo el contenido de los convenios y fomentando que todos los trabajadores tengan la cobertura de un convenio que regule sus condiciones de trabajo. Ello sólo será posible si mejora la relación de fuerzas de los sindicatos y si éstos mantienen la unidad de acción y su capacidad de movilización y de huelga si fuera absolutamente necesario.

Por último, en la legislatura que comienza, y al margen de su duración, los interlocutores sociales deben trabajar a fondo por cambiar nuestro actual modelo productivo basado sobre todo en el dumping social: bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Además de colaborar para que aumente el tamaño de las plantillas de las pequeñas empresas, con el propósito de dotarlas de los instrumentos necesarios para que sean más competitivas en un mundo tecnológico, digital y globalizado.

En este contexto, la oposición política (fundamentalmente de izquierdas) tiene una nueva oportunidad de apoyar las reivindicaciones de los sindicatos, como ha quedado demostrado en el reciente debate sobre el SMI. Efectivamente, los trabajadores no entenderían que todo siga igual en un parlamento fragmentado y con ausencia de mayoría absolutas, sobre todo cuando resulta aparentemente fácil acordar un verdadero Programa Social entre los partidos políticos de izquierda que, lógicamente, contarían con el decidido apoyo de los sindicatos en asuntos relacionados con el empleo, la precariedad de nuestro mercado de trabajo, los salarios, la protección social (pensiones, dependencia, desempleo, renta mínima…) y la fiscalidad. En la hipótesis de que no se llegara a un Acuerdo de Mínimos en esta legislatura estaríamos ante una política socialdemócrata fallida y desligada de los trabajadores y, por lo tanto, ante unos sindicatos sin una referencia socialdemócrata de apoyo, lo que nos situaría, como muchos temen, en un escenario desalentador y de claro predominio neoliberal o populista de duración indefinida. Este lamentable supuesto lo debemos desterrar en la práctica con decisión y contundencia… Simplemente porque de no hacerlo sería desastroso para la democracia y para millones de personas vulnerables y expuestas a la pobreza y a la exclusión social.

Antón Saracíbar