La mayoría social defiende la Sanidad Pública

Resulta ridículo, grotesco y una gran falta de respeto el desprecio con que se ha respondido, desde el Gobierno de Ayuso (PP), a la manifestación del día 12 de febrero; mayor en número, incluso, que la macro manifestación del 13 de noviembre del pasado año.

Políticamente, la actitud del Gobierno del PP en Madrid, desprende un tufo antidemocrático y autoritario, propio de quién piensa, y, lo que es peor, está convencido de ello, que solo ellos y ellas, están legitimados para hacer política. “Es una huelga política, son manifestaciones políticas…”, ha dicho Ayuso y han coreado sus consejeros, consejeras y los acríticos medios de comunicación que jalean su política económica y social. Pues claro, claro que es política, pero de la política constructiva, de la que exige que la mayoría de la sociedad pueda acceder a un médico de familia o a un pediatra sin tener que pasar por un vía crucis telefónico o de cita previa telemática para ser atendido 10 o 15 días después de surgir el dolor, la fiebre o el malestar. Es una exigencia legítima que las urgencias hospitalarias no estén saturadas, que no haya que esperar más de dos meses y medio, como poco, para una intervención quirúrgica o que haya que esperar casi un año para la atención de un especialista.

Solo cabe pensar que, la señora Ayuso, confunde esta política con esa otra política que tan asqueados nos tiene a una gran parte de la sociedad; la política de estercolero, la de la corrupción, la del “y tú más”, la de las cloacas del Estado, la que se dirime en los juzgados -en ocasiones con la ley del embudo, o esa es la percepción que yo tengo-. Hay que aclarar que, esa política es una degeneración de la política misma. Por ello, en demasiadas ocasiones, esto parece más una “kakistocracia” que una democracia.

El 13 de noviembre acudí a la Manifestación para defender la Sanidad Pública en Madrid, para manifestar mi desacuerdo con que se prime el mercado de la salud privada, en detrimento de la pública, es decir, en desacuerdo con la privatización de lo público, en este caso de la Salud. En aquella ocasión no pude pasar de la Plaza de Carlos V (Atocha). Delegación de Gobierno cuantificó la asistencia en unas 250.000 personas. Bueno, no lo sé, no las conté, pero si otras movilizaciones que han llenado Cibeles y aledaños han sido cuantificadas, también en 250.000 personas, hace tres meses debía de haber, sin exagerar, más de 500.000, pues los aledaños llegaban a las puertas del Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha, al puente de Rubén Darío en el Pº. de la Castellana o a la Plaza de Sevilla, más cerca de Sol que de Cibeles.

En la manifestación del 12 de febrero, participé con la Asociación de Vecinos Nudo Sur, a la que tengo el orgullo de pertenecer. Partimos a las 12:00 de la plaza de Legazpi y tardamos dos horas en llegar a Atocha -la distancia es de aproximadamente 2,3km-. Cuando llegamos a Atocha ya se terminaba la Manifestación, por lo que solo cabe pensar que la asistencia fue mucho mayor que el 13 de noviembre; las fotos que pude hacer y las que recibí a lo largo de la mañana de otros amigos y amigas que habían acudido, así lo confirmaban.

Se puede pensar que qué más da cuánta gente acude a una manifestación. Pero no da igual, prueba de ello que las autoridades siempre tienden a minimizar las cifras, a veces de forma escandalosa.

La respuesta de Ayuso es insultante, pues no es que haya habido una gran Manifestación, es que ya son cuatro: 22 de octubre-22, 13 de noviembre-22, el 15 de enero-23 y el 12 de febrero-23, con asistencias multitudinarias, especialmente la del 13-nov y la del 12-feb.

Cuando la respuesta de un pueblo es tan contundente, la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid se vuelve irritante. Tan repulsiva como la decisión que tomó ese mismo gobierno de negar la atención hospitalaria a los ancianos y ancianas, residentes de Residencias, en pandemia, con el resultado más de 7.000 muertos. Personas que podrían o no haber superado el COVID-19, pero a los que se les negó esa posibilidad. Un nivel de insensibilidad que, si no fuese por el ninguneo que muchos medios de comunicación hacen de ello, debiera haber hecho dimitir a esta señora hace ya tiempo.

Es innegable que la mayoría social quiere defender su Sanidad Pública. En Madrid es palpable y cuantificable. Es también un hecho que en otras comunidades autónomas los servicios sanitarios públicos sufren una situación similar -sin olvidar que Madrid es la Comunidad que menos presupuesto per cápita destina a la Sanidad-, y que por ello el conflicto se está reproduciendo en otros lugares. Algo tendrá que hacer o decir el Gobierno de la Nación.

Cuando los médicos resuelvan su problema laboral, que es una parte del problema de la Sanidad, el conflicto seguirá abierto; pues no todo se resuelve con las necesarias soluciones laborales. Hay que reabrir centros que se cerraron, recuperar servicios, como las urgencias extrahospitalarias, contratar profesionales…

Estamos entrando en otra etapa electoral y es evidente que va a resultar muy difícil, incluso sería ilógico, que el tema de la Sanidad Pública no esté en el debate de cara a las urnas. Pero con una mirada optimista y positiva, esperemos que los partidos de la oposición sean muy claros en sus propuestas y estar dispuestos a cumplirlas si llegan al gobierno, solos o en coalición. De lo contrario, la política de la mayoría social, la política positiva, va a continuar en la calle.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Gran protesta en Andalucía contra el Gobierno del PP

Por María Iglesias Domínguez- Periodista.

Los profesionales sanitarios y los usuarios de la sanidad pública andaluza protagonizaron la primera movilización multitudinaria contra el Gobierno de mayoría absoluta del PP, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla.

 El colapso de la atención primaria, la necesidad no solo de más médicos, sino de mejores condiciones laborales para evitar que se vayan de la comunidad y el avance en la privatización sanitaria han sido las principales reivindicaciones de los convocados por Marea Blanca: “La realidad sanitaria es muy precaria y cunde el desánimo entre los profesionales de la salud y los ciudadanos”, ha reclamado Esperanza Morales, médico de familia e inspectora jubilada, en la lectura del manifiesto con el que ha concluido la marcha en la capital hispalense.

La manifestación ha sido convocada por la Coordinadora andaluza de mareas blancas, la manifestación, a la que han asistido más de 20.000 personas, ha partido desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, y ha culminado en la Plaza de la Encarnación llegando a colapsar algunas zonas de la ciudad a su paso.

Los participantes han reclamado también la estabilización de los 12.000 contratos de médicos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que fueron contratados como refuerzo durante la pandemia, así como la atención presencial en 48 horas desde que se pide la cita y que haya una atención de 12 minutos por paciente y que se potencien las urgencias rurales y la atención comunitaria preventiva entre otras muchas.

Tras el éxito de la manifestación de Madrid, los organizadores de las manifestaciones de este sábado eran conscientes de que el Gobierno de la Junta apelaría a la comparación en el número de asistentes para desmarcarse de la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. Con todo, tanto Marea Blanca como los partidos políticos PSOE, Por Andalucía y las formaciones que la integran, Adelante Andalucía que ha estado presente a través de sus diputados a título particular, los sindicatos UGT, CCOO, CGT, USTEA y SAT y las más de veinte asociaciones que secundado la marcha se han mostrado muy orgullosos y satisfechos por la asistencia.

Durante la misma, Sebastián Martín, médico de familia jubilado y portavoz de la marea blanca, ha destacado el apoyo «como antes no se había visto» en una protesta similar y, tras subrayar que en Andalucía hay cerca de 2,5 millones de pólizas de sanidad privada, ha dicho que «es importante que la sociedad civil se ponga enfrente». 

“No estamos en la misma situación que Madrid, pero nos vamos pareciendo cada vez más”, continuó diciendo Sebastián Martín,

El Gobierno de Andalucía presume de inversiones récord en sanidad 4.000 millones desde 2019 y un incremento del 17,94% respecto de 2022 para el año que viene y de 30.000 contrataciones y sin embargo es importante destacar que una cosa es decir que se incrementa el presupuesto público para sanidad y otra muy distinta que vaya destinado a la sanidad pública y es que es importante destacar que el 33% del gasto en las cuentas para 2023 se destina al sector privado.  La realidad es que para el año que viene, los presupuestos contemplan la derivación de 245.000 pacientes a hospitales concertados, un 25,16% más que en 2022 (195.745).

Y en lo que se refiere a la platilla, es importante recordad que durante la pandemia se contrataron 20.000 sanitarios con fondos COVID, de los que 8.000 fueron despedidos en octubre de 2021 y en lo que se refiere al futuro de los 12.000 restantes, cuyo contrato expira el 31 de diciembre, a fecha 23 de diciembre aún están en el aire.

Los miles de manifestante que recorrieron las calles de Sevilla, exigían además de su renovación, la contratación de 4.000 profesionales para cubrir el déficit de la atención primaria y de otros 4.000 para poder abrir por la tarde 20 hospitales públicos en lugar de sufragar infraestructuras a los privados.

La manifestación de Sevilla transcurrió de manera pacífica en un ambiente reivindicativo en el que los usuarios mostraron su indignación mientras que los profesionales de la sanidad dejaron evidencia de su cansancio y resignación por las duras condiciones en las que tienen que trabajar, condiciones que cada vez van a peor.

Por un lado, los médicos de atención primaria atienden una media de 50 citas diarias en la que la presión asistencial cada vez es más alta porque los recursos están más al límite y a los pacientes no se los puede atender con calidad, razón por la que los nuevos MIR no quieran esta especialidad, además de la diferencia entre la sanidad Andaluza y de otras comunidades como la Euskadi donde muchos de nuestros sanitarios emigran por tener mejores condiciones económicas.

Para dibujar un mapa realista de la sanidad en Andalucía, es importante destacar que, en los municipios de 2.000 habitantes, tardan seis días en tener cita, no se cubren las bajas médicas y nos derivan a las consultas telefónicas. La situación en los municipios de menos de 20.000 es aún más complicada.

Si nos centramos en barriadas sevillanas como los tres barrios que figuran en las estadísticas como uno de los siete barrios más pobres de España, la población es completamente envejecida y con una renta muy baja algo que no les permite tener seguros privados.

Si el PSOE vio como sus posibilidades de seguir gobernando se vieron muy afacetadas por una sanidad deficiente, el PP es consciente de que la sanidad es sin duda su talón de Aquiles y que las movilizaciones le producen un tremendo desgaste y por ello el descontento que se ha apoderado a pocos meses de conseguir su victoria electoral por el colapso en la atención primaria, pueden ser un preámbulo de lo que les espera,

Y es que además de la renovación de los 12.000 profesionales tenemos que sumar episodios verdaderamente sangrantes como por ejemplo la confirmación de algo que denunció UGT en su momento que “Moreno Bonilla inauguro 17 quirófanos del hospital militar de Sevilla en abril antes de las elecciones y a día de hoy no están funcionado”.

Los profesionales de la sanidad anuncian un año muy caliente en lo que a manifestaciones se refiere si no se soluciona su situación algo que parece que está lejos de suceder.

La percepción general es que esta situación puede empeorar porque hay un programa que cumplir y ese programa empeorará sin duda la sanidad en Andalucía pasando a ser casi un recuerdo de unos años en los que era la joya de la corona, una joya que a base de recortes, de precarizar el trabajo de los profesionales, de privatizar…va camino de ser desmantelada para dejarla claramente en manos de quienes en la sanidad solo ven oportunidades de negocio.

13 de noviembre, aire fresco para la Sanidad Pública

Para muchos madrileños y madrileñas, la gran manifestación que discurrió por las calles de Madrid el domingo día 13 de noviembre ha sido como abrir la ventana en una fresca mañana de primavera.

Desde las manifestaciones contra la guerra, en febrero de 2003, o aquellas en las que en marzo de 2004 exigíamos saber “¿quién ha sido?”, tras los atentados de Atocha y las mentiras de Aznar, no se veía en Madrid una masa compacta de ciudadanos y ciudadanas reivindicando al unísono; en este caso en defensa de la Sanidad Pública, o, dicho de otro modo, contra su privatización.

En un artículo anterior, “La agresión permanente a la Sanidad Pública”, abordé este asunto ante la alarmante cascada de ceses y dimisiones de responsables sanitarios autonómicos y desde la óptica del personal sanitario y sus reivindicaciones. Y las consecuencias que la política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde que el 30 de junio de 2003 se perpetrara “El Tamayazo”, están teniendo para la Sanidad de todos y todas. Hoy quiero abordar un par de aspectos, tras la multitudinaria manifestación del día 13.

Tras el estallido democrático madrileño, el Gobierno regional y el sindicato corporativo de médicos de Madrid (Amyts) han cerrado un acuerdo por el que, en lugar de abrir 80 centros de urgencias, en los pueblos de la comunidad, abren 49, pero con médico; por lo que Ayuso y su gobierno retroceden en su pretensión de abrir centros de urgencias sin médico. Es una solución al conflicto con los médicos, pero no para los pueblos los 31 pueblos que nos dispondrán de ese servicio. Tampoco resuelve el profundo deterioro que se ha producido en la Sanidad Pública y sus graves consecuencias para los y las pacientes.

El problema no es solo de gestión, es un problema político; por mucho que a la señora Díaz Ayuso le moleste. Es por eso que alguien debería asumir responsabilidades por el caos creado, en primer lugar, el Consejero de Sanidad, el Sr. Ruiz Escudero. Pero incluso si dimitiera ella misma, como coreaban los manifestantes, eso tampoco se resolvería el problema.

La solución para los 6,8 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid se daría si se produjese un giro copernicano en la política que se aplica. Es decir, que cuando dicen que construyen hospitales que sea cierto y que no pretendan que aceptemos como hospital el “Zendal”, cuando en realidad es un almacén de enfermos, pues como bien preguntó el Sr. Casado el día de la inauguración ¿dónde están los quirófanos? La solución, entre otras, es que se revierta la privatización de los hospitales públicos que han sido dados en gestión privada.

La solución llegará cuando no haya hospitales con más de 400.000 habitantes asignados como pacientes, como es el caso del Ramón y Cajal, La Paz, el 12 de Octubre o la Fundación Jiménez Díaz… por citar solo cuatro ejemplos. Así disminuirían las listas de espera para operaciones, para consultas externas con especialistas y la saturación de las urgencias hospitalarias. Hay que contratar médicos, enfermeras, auxiliares y celadores.

Si además se deja de maltratar a los Médicos Interinos Residentes (MIR), tanto en sus condiciones económicas, de jornada y de asignación de plazas, estaríamos en el camino de devolver el reconocimiento que nunca debió perder el ejercicio de la medicina, en el ámbito público.

Lejos de aplicar soluciones, el PP de Madrid se dedica, por boca de su presidenta, a intentar enfrentar a los médicos con los pacientes; culpándoles del caos sanitario que ella ha creado.

Hay que dotar de plantilla a los Centros de Atención Primaria en toda la Comunidad, de manera que se acabe con lo que nos dijeron, que era por la pandemia: la atención médica telefónica, la de la cita previa telemática… y todas las trabas que los usuarios y usuarias venimos sufriendo en los últimos tiempos. Por supuesto, es inaceptable la pretensión de establecer la videoconsultas.

No soy yo quién para establecer cuáles son las soluciones en materia sanitaria a los problemas generados por la política de devaluación de la Sanidad Pública que se aplica en esta Comunidad. Solo señalo lo que cualquier ciudadano un poco informado percibe, sin entrar a criterios económicos que dejan claro que esto no es un error sino un plan premeditado, aspecto que señalé en el artículo antes citado.

Por otra parte, de la macro manifestación del pasado domingo se desprende que los ciudadanos y ciudadanas también tenemos derecho a la política. Aunque escuchando las reacciones de Dª. Isabel y su ¿equipo?, pudiera parecer que solo ella y el PP tienen derecho a ejercerla. Esta pretensión de la derecha española no es novedosa, la expresan de forma sostenida en el tiempo cuando no gobiernan; momentos en los que todo gobierno es ilegítimo, según ellos claro está. La anti política es uno de los peligros que nos acechan, y el mejor antídoto son las políticas públicas y la defensa de lo que es de todos y todas.

Los derechos a la libertad de expresión y de manifestación, aunque el PP los lesionó con su “Ley Mordaza” en 2015 (aún no derogada), son derechos para el libre ejercicio político de las personas, y eso es lo que ocurrió el domingo 13. Es evidente que para que haya una movilización alguien tiene que convocar, fijar un recorrido y un horario, entre otras cosas porque es lo que obligatoriamente se tiene que hacer ante Delegación de Gobierno. Pero de lo que no puede caber ninguna duda es que el día 13 de noviembre se manifestaron, libremente, trabajadores y trabajadoras de todas las edades, y por lo que expresaban, muy conscientes de querer defender la Sanidad Pública que pagan con sus impuestos. Puede que hubiese muchos y muchas de ellos que también tengan una póliza con alguna entidad médica privada, pues bien saben que, salvo las tarjetas “premium” inalcanzables económicamente para el 80% de los asalariados, en la sanidad privada también hay clases y que cuando la cosa es grave les derivan a la pública.

No quiero terminar sin señalar algo que me ha llamado la atención, tras la manifestación, al leer, ver y escuchar algunos medios de comunicación. Resulta que ¡la Plaza de Cibeles ha encogido! Sí, a mi también me ha parecido increíble. Es la conclusión a la que he llegado tras recordar que dichos medios, hace seis meses, publicaban que a la celebración de la 14ª “Champions League” del Real Madrid habían acudido a Cibeles 500.000 seguidores. El día 13, no pude pasar de Atocha.

Roberto Tornamira Sánchez
15nov22

Entrevista: Núria Magdaleno Fuentetaja

Nuria Magdaleno es enfermera generalista, con actividad profesional desde 1994. Ha trabajado en distintos ámbitos del sistema sanitario público español, tanto local como autonómico y central de la Administración: Atención Primaria urbana y rural, residencias geriátricas y Atención Hospitalaria. Desde 2002 desarrolla su actividad en Urgencias hospitalarias de distintos hospitales públicos en la Comunidad de Madrid.

En la actualidad desempeña su labor y en el Hospital General Universitario 12 de Octubre, desde 2011.

Pregunta.- Llevas muchos años trabajando en la Sanidad Pública ¿En qué momento comenzó el deterioro de la Sanidad en la Comunidad de Madrid?

Respuesta.- Comenzó con la construcción de los 7 hospitales privados en tiempos de Esperanza Aguirre entre 2007 y 2008, que supusieron un drenaje de dinero público. Las obras costaron 663 millones de euros (747,4 millones de euros según la Cámara de Cuentas).

Progresivamente el deterioro se ha ido incrementando, hasta llegar a la situación actual en la cual ya está descontrolado (citas superiores a 15 días en Atención Primaria, de varios meses con el especialista, cierre de Urgencias extrahospitalarias…)

P.- Las condiciones de trabajo del personal sanitario hospitalario ¿Se ajustan a las necesidades del trabajo que desempeñáis?

R.- Actualmente, en el servicio de Urgencias hospitalarias, existe una sobrecarga de trabajo debido a demoras en las citas en Atención Primaria y Especializada y el cierre de los SUAP, con lo cual no hay dique de contención que frene la llegada de pacientes a Urgencias en el Hospital.

Ello unido al despido de más de 6.000 sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores…) efectuado por la Consejería de Sanidad en marzo de 2022.

A veces, la situación ha llegado a ser tan insostenible que han pedido “voluntarios“ para doblar turnos… después de despedir a más de 6.000 sanitarios en Marzo de 2022.

P.- ¿Y las salariales?

R.- La Comunidad de Madrid es la cuarta por la cola en los sueldos a los sanitarios, cuando el coste de la vida/vivienda sólo es comparable a País Vasco, Cataluña y Baleares.

Esto, unido a los contratos que se realizan (los hay por días), hace que muchos sanitarios huyan de Madrid, no sólo a otros países de la Unión Europea, sino a otras Comunidades de España.

P.- Participaste en la gran manifestación del día 13 ¿Cómo la viviste, qué ambiente percibiste?

R.- SI. Fue una manifestación histórica, sólo comparable a las del 23 F, terrorismo (ETA y 11 M) y las manifestaciones del NO a la guerra de 2003.

P.- La situación de la Sanidad Pública en Madrid está afectada por el histrionismo de la presidenta, pero ¿Piensas que la situación de desmantelamiento de la Sanidad Pública es similar en otras comunidades autónomas?

NO, la situación en la Comunidad de Madrid no es comparable a la de otras Comunidades.

Esto se puede analizar objetivamente:

1.- El número de sanitarios que han huido de la Comunidad de Madrid es muy superior al de cualquier otra Comunidad.

2.- El porcentaje de la población de la Comunidad de Madrid que ha contratado un seguro privado de salud en los 2 últimos años es muy superior al del resto de las Comunidades.

P.- Como profesional sanitaria que eres ¿Qué opinión tienes de los hospitales públicos que se han entregado a la gestión privada?

R.- Lo considero un drenaje de recursos públicos detraídos de la Sanidad Pública Madrileña.

El caso más extremo de esta situación es el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de losReyes, donde la torre número 4 de dicho hospital permanece cerrada a pesar de tener un equipamiento hospitalario completo (quirófanos, habitaciones…) que no tiene el Zendal, donde se han enterrado millones de euros.

En medio de la pandemia, muchos sanitarios y madrileños pedimos la apertura de estas instalaciones hospitalarias cerradas.

Comite Redaccion Tribuna Socialista

La agresión permanente a la Sanidad Pública

El 17 de octubre ha dimitido la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Pero es que en el verano defenestraron al director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud y, al poco tiempo, fue cesado el gerente del Suma 112. Es llamativo el reguero de ceses y dimisiones en el área de Sanidad en el “paraíso de libertad”, según palabras de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un “paraíso” para las grandes fortunas “tax free”, para especular con la vida y la salud de los ciudadanos, y por supuesto para tomar cañas en las terrazas que han salido como setas de alquitrán aprovechando la pandemia.
Es precisamente libertad lo que les falta a los y las técnicos más sensatos que trabajan para la Administración sanitaria en Madrid, para ejercer su trabajo. Un proceso de depuración permanente levado a cabo por el Gobierno del PP en Madrid, que comenzó con la de la directora de Salud Pública, en mayo de 2020, por el riesgo de “colapso” de las UCI en la Comunidad de Madrid, contra la decisión de IDA de acelerar el pase a fase 1 del plan de desescalada: “dimití tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad”, escribió en su cuenta de Twitter, Yolanda Fuentes.
Unos meses después, en octubre de 2020, fue Alberto Reyero, no ya un técnico, sino un miembro del propio Gobierno de Ayuso, quien dimitió por la criminal acción política de negar la asistencia sanitaria a los ancianos y ancianas en residencias; unos 7.300 muertos solo en Madrid. El dimisionario ha publicado un libro cuyo título define qué ocurrió: “Morirán de forma indigna”.
Las dimisiones y los ceses no son más que una consecuencia concreta del caos reinante en el conjunto de la Sanidad Pública madrileña: “abandono de los usuarios y desprecio absoluto a los trabajadores y trabajadoras de este servicio público”, ha denunciado el secretario general de CCOO en Sanidad de Madrid, Mariano Martín-Maestro.
Un ejemplo claro de este caos, es el procedimiento por el cual las enfermeras debían atender pacientes cuando no hubiera médicos. Otra de las instrucciones, para enmarcar, del Gobierno presidido por IDA.
Las ocurrencias, algunas con efectos dramáticos, obedecen al Plan para la Atención Primaria cuyo objetivo no declarado, pero evidente, es la demolición de las Urgencias de Atención Primaria (UAP). Uno de los capítulos más groseros de dicho Plan es lo que el Gobierno de Díaz Ayuso llama: “Proceso de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias”; unas urgencias que llevan medio cerradas desde marzo de 2020, cuyo objetivo real es un nuevo recorte de personal. Con la consecuencia directa del colapso de las urgencias hospitalarias.
Los bajos salarios, la inestabilidad laboral y precariedad en las condiciones de trabajo son consecuencia de los recortes presupuestarios del servicio sanitario en Madrid.
Los efectos son tremendos, no solo para los trabajadores de la sanidad, también para los madrileños y madrileñas que se ven obligados, pues nadie acude a urgencias o a una consulta médica por gusto, a ir a unas urgencias hospitalarias saturadas, y a soportar unas listas de espera grotescas, según datos oficiales: 300.000 pacientes tienen que esperar tres meses para ser atendidos por un especialista, 80.000 lo hacen para una prueba diagnóstica y 15.000 para una operación, por término medio.
El deterioro se corresponde con que la Comunidad de Madrid es la región del Estado español que menos presupuesto “per cápita” destina a Sanidad: 1.300,65 euros por habitante y año, frente a los 1.679,26 de gasto medio del resto de comunidades (datos presupuestarios para el ejercicio 2022), un 30% por debajo de la media.
Ante esta insoportable situación, los trabajadores del Servicio de Atención Rural (SAR), convocaron una huelga indefinida, que iba a dar comienzo el 25 de octubre. El anuncio de la huelga activó la repentina necesidad de negociar del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A fecha de cerrar este artículo, el sindicato de médicos Amyts, el mayoritario, ha rechazado el preacuerdo, pues denuncian que “siguen sin entender cómo se pueden abrir 78 dispositivos con el personal de 40… y no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial a los pacientes”.
El 28, está previsto que comience la huelga en las Urgencias del Hospital “Infanta Sofia” de San Sebastián de los Reyes. Por poner dos ejemplos de los conflictos que se viven en la Sanidad de Madrid, porque se cuentan por decenas las movilizaciones vecinales que se han llevado acabo en los barrios, en los últimos tiempos.
Se echa en falta una movilización coordinada, y sostenida en el tiempo, por las organizaciones que se reclaman de la izquierda, ante un problema general, para la defensa de uno de los pilares del Estado de Bienestar. Esperemos que la gran manifestación que tuvo lugar el sábado día 22 de octubre, de Neptuno a la Plaza de Sevilla, en Madrid, convocada por los principales sindicatos de la Sanidad Pública en Madrid, y apoyada por el PSOE, sea la primera de muchas movilizaciones en las que se le da posibilidad de participar a los ciudadanos y ciudadanas.

La única beneficiada de este caos, provocado, es la sanidad privada y los receptores de contratos como las constructoras y empresas de servicios del Zendal. Esto lo avalan los datos publicados por la prensa económica y de UNESPA, la patronal de empresas aseguradoras, que señalan 2021 como el mejor año para el negocio de las aseguradoras médicas privadas, al hacer públicos los datos al cierre del primer semestre de 2022, con unos ingresos de 32.965 millones de euros, un 4,43% más que en 2021. Un sector en el que el oligopolio conformado por: Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre acaparan el 74,17% del negocio.
“Mientras el Servicio Madrileño de Salud dejaba 402 millones de euros, del presupuesto de 2021, sin utilizar, se transfirieron 1.261 millones de euros públicos a la sanidad privada, un 31% más que en 2020”(1), denuncia Sara Plaza Casares en junio de este año.
Los datos demuestran que los efectos de la pandemia no son solo atribuibles al virus, y que el deterioro de la Sanidad Pública se corresponde con un plan trazado para reducir la Sanidad Pública a un servicio de mínimos, con tendencia a la beneficencia, en favor de los intereses del mercado libre, el único que es libre de verdad, según los parámetros de Díaz Ayuso.

Roberto Tornamira Sánchez
30oct22

(1) https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/comunidad-madrid-aumenta-30percent-transferencia-fondos-publicos-sanidad-privada#:~:text=Sanidad%20p%C3%BAblica-,La%20Comunidad%20de%20Madrid%20aumenta%20un%2030%25%20la%20transferencia%20de,31%25%20m%C3%A1s%20que%20en%202020

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