Entrevista: Núria Magdaleno Fuentetaja

Nuria Magdaleno es enfermera generalista, con actividad profesional desde 1994. Ha trabajado en distintos ámbitos del sistema sanitario público español, tanto local como autonómico y central de la Administración: Atención Primaria urbana y rural, residencias geriátricas y Atención Hospitalaria. Desde 2002 desarrolla su actividad en Urgencias hospitalarias de distintos hospitales públicos en la Comunidad de Madrid.

En la actualidad desempeña su labor y en el Hospital General Universitario 12 de Octubre, desde 2011.

Pregunta.- Llevas muchos años trabajando en la Sanidad Pública ¿En qué momento comenzó el deterioro de la Sanidad en la Comunidad de Madrid?

Respuesta.- Comenzó con la construcción de los 7 hospitales privados en tiempos de Esperanza Aguirre entre 2007 y 2008, que supusieron un drenaje de dinero público. Las obras costaron 663 millones de euros (747,4 millones de euros según la Cámara de Cuentas).

Progresivamente el deterioro se ha ido incrementando, hasta llegar a la situación actual en la cual ya está descontrolado (citas superiores a 15 días en Atención Primaria, de varios meses con el especialista, cierre de Urgencias extrahospitalarias…)

P.- Las condiciones de trabajo del personal sanitario hospitalario ¿Se ajustan a las necesidades del trabajo que desempeñáis?

R.- Actualmente, en el servicio de Urgencias hospitalarias, existe una sobrecarga de trabajo debido a demoras en las citas en Atención Primaria y Especializada y el cierre de los SUAP, con lo cual no hay dique de contención que frene la llegada de pacientes a Urgencias en el Hospital.

Ello unido al despido de más de 6.000 sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores…) efectuado por la Consejería de Sanidad en marzo de 2022.

A veces, la situación ha llegado a ser tan insostenible que han pedido “voluntarios“ para doblar turnos… después de despedir a más de 6.000 sanitarios en Marzo de 2022.

P.- ¿Y las salariales?

R.- La Comunidad de Madrid es la cuarta por la cola en los sueldos a los sanitarios, cuando el coste de la vida/vivienda sólo es comparable a País Vasco, Cataluña y Baleares.

Esto, unido a los contratos que se realizan (los hay por días), hace que muchos sanitarios huyan de Madrid, no sólo a otros países de la Unión Europea, sino a otras Comunidades de España.

P.- Participaste en la gran manifestación del día 13 ¿Cómo la viviste, qué ambiente percibiste?

R.- SI. Fue una manifestación histórica, sólo comparable a las del 23 F, terrorismo (ETA y 11 M) y las manifestaciones del NO a la guerra de 2003.

P.- La situación de la Sanidad Pública en Madrid está afectada por el histrionismo de la presidenta, pero ¿Piensas que la situación de desmantelamiento de la Sanidad Pública es similar en otras comunidades autónomas?

NO, la situación en la Comunidad de Madrid no es comparable a la de otras Comunidades.

Esto se puede analizar objetivamente:

1.- El número de sanitarios que han huido de la Comunidad de Madrid es muy superior al de cualquier otra Comunidad.

2.- El porcentaje de la población de la Comunidad de Madrid que ha contratado un seguro privado de salud en los 2 últimos años es muy superior al del resto de las Comunidades.

P.- Como profesional sanitaria que eres ¿Qué opinión tienes de los hospitales públicos que se han entregado a la gestión privada?

R.- Lo considero un drenaje de recursos públicos detraídos de la Sanidad Pública Madrileña.

El caso más extremo de esta situación es el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de losReyes, donde la torre número 4 de dicho hospital permanece cerrada a pesar de tener un equipamiento hospitalario completo (quirófanos, habitaciones…) que no tiene el Zendal, donde se han enterrado millones de euros.

En medio de la pandemia, muchos sanitarios y madrileños pedimos la apertura de estas instalaciones hospitalarias cerradas.

Comite Redaccion Tribuna Socialista

13 de noviembre, aire fresco para la Sanidad Pública

Para muchos madrileños y madrileñas, la gran manifestación que discurrió por las calles de Madrid el domingo día 13 de noviembre ha sido como abrir la ventana en una fresca mañana de primavera.

Desde las manifestaciones contra la guerra, en febrero de 2003, o aquellas en las que en marzo de 2004 exigíamos saber “¿quién ha sido?”, tras los atentados de Atocha y las mentiras de Aznar, no se veía en Madrid una masa compacta de ciudadanos y ciudadanas reivindicando al unísono; en este caso en defensa de la Sanidad Pública, o, dicho de otro modo, contra su privatización.

En un artículo anterior, “La agresión permanente a la Sanidad Pública”, abordé este asunto ante la alarmante cascada de ceses y dimisiones de responsables sanitarios autonómicos y desde la óptica del personal sanitario y sus reivindicaciones. Y las consecuencias que la política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde que el 30 de junio de 2003 se perpetrara “El Tamayazo”, están teniendo para la Sanidad de todos y todas. Hoy quiero abordar un par de aspectos, tras la multitudinaria manifestación del día 13.

Tras el estallido democrático madrileño, el Gobierno regional y el sindicato corporativo de médicos de Madrid (Amyts) han cerrado un acuerdo por el que, en lugar de abrir 80 centros de urgencias, en los pueblos de la comunidad, abren 49, pero con médico; por lo que Ayuso y su gobierno retroceden en su pretensión de abrir centros de urgencias sin médico. Es una solución al conflicto con los médicos, pero no para los pueblos los 31 pueblos que nos dispondrán de ese servicio. Tampoco resuelve el profundo deterioro que se ha producido en la Sanidad Pública y sus graves consecuencias para los y las pacientes.

El problema no es solo de gestión, es un problema político; por mucho que a la señora Díaz Ayuso le moleste. Es por eso que alguien debería asumir responsabilidades por el caos creado, en primer lugar, el Consejero de Sanidad, el Sr. Ruiz Escudero. Pero incluso si dimitiera ella misma, como coreaban los manifestantes, eso tampoco se resolvería el problema.

La solución para los 6,8 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid se daría si se produjese un giro copernicano en la política que se aplica. Es decir, que cuando dicen que construyen hospitales que sea cierto y que no pretendan que aceptemos como hospital el “Zendal”, cuando en realidad es un almacén de enfermos, pues como bien preguntó el Sr. Casado el día de la inauguración ¿dónde están los quirófanos? La solución, entre otras, es que se revierta la privatización de los hospitales públicos que han sido dados en gestión privada.

La solución llegará cuando no haya hospitales con más de 400.000 habitantes asignados como pacientes, como es el caso del Ramón y Cajal, La Paz, el 12 de Octubre o la Fundación Jiménez Díaz… por citar solo cuatro ejemplos. Así disminuirían las listas de espera para operaciones, para consultas externas con especialistas y la saturación de las urgencias hospitalarias. Hay que contratar médicos, enfermeras, auxiliares y celadores.

Si además se deja de maltratar a los Médicos Interinos Residentes (MIR), tanto en sus condiciones económicas, de jornada y de asignación de plazas, estaríamos en el camino de devolver el reconocimiento que nunca debió perder el ejercicio de la medicina, en el ámbito público.

Lejos de aplicar soluciones, el PP de Madrid se dedica, por boca de su presidenta, a intentar enfrentar a los médicos con los pacientes; culpándoles del caos sanitario que ella ha creado.

Hay que dotar de plantilla a los Centros de Atención Primaria en toda la Comunidad, de manera que se acabe con lo que nos dijeron, que era por la pandemia: la atención médica telefónica, la de la cita previa telemática… y todas las trabas que los usuarios y usuarias venimos sufriendo en los últimos tiempos. Por supuesto, es inaceptable la pretensión de establecer la videoconsultas.

No soy yo quién para establecer cuáles son las soluciones en materia sanitaria a los problemas generados por la política de devaluación de la Sanidad Pública que se aplica en esta Comunidad. Solo señalo lo que cualquier ciudadano un poco informado percibe, sin entrar a criterios económicos que dejan claro que esto no es un error sino un plan premeditado, aspecto que señalé en el artículo antes citado.

Por otra parte, de la macro manifestación del pasado domingo se desprende que los ciudadanos y ciudadanas también tenemos derecho a la política. Aunque escuchando las reacciones de Dª. Isabel y su ¿equipo?, pudiera parecer que solo ella y el PP tienen derecho a ejercerla. Esta pretensión de la derecha española no es novedosa, la expresan de forma sostenida en el tiempo cuando no gobiernan; momentos en los que todo gobierno es ilegítimo, según ellos claro está. La anti política es uno de los peligros que nos acechan, y el mejor antídoto son las políticas públicas y la defensa de lo que es de todos y todas.

Los derechos a la libertad de expresión y de manifestación, aunque el PP los lesionó con su “Ley Mordaza” en 2015 (aún no derogada), son derechos para el libre ejercicio político de las personas, y eso es lo que ocurrió el domingo 13. Es evidente que para que haya una movilización alguien tiene que convocar, fijar un recorrido y un horario, entre otras cosas porque es lo que obligatoriamente se tiene que hacer ante Delegación de Gobierno. Pero de lo que no puede caber ninguna duda es que el día 13 de noviembre se manifestaron, libremente, trabajadores y trabajadoras de todas las edades, y por lo que expresaban, muy conscientes de querer defender la Sanidad Pública que pagan con sus impuestos. Puede que hubiese muchos y muchas de ellos que también tengan una póliza con alguna entidad médica privada, pues bien saben que, salvo las tarjetas “premium” inalcanzables económicamente para el 80% de los asalariados, en la sanidad privada también hay clases y que cuando la cosa es grave les derivan a la pública.

No quiero terminar sin señalar algo que me ha llamado la atención, tras la manifestación, al leer, ver y escuchar algunos medios de comunicación. Resulta que ¡la Plaza de Cibeles ha encogido! Sí, a mi también me ha parecido increíble. Es la conclusión a la que he llegado tras recordar que dichos medios, hace seis meses, publicaban que a la celebración de la 14ª “Champions League” del Real Madrid habían acudido a Cibeles 500.000 seguidores. El día 13, no pude pasar de Atocha.

Roberto Tornamira Sánchez
15nov22

La agresión permanente a la Sanidad Pública

El 17 de octubre ha dimitido la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Pero es que en el verano defenestraron al director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud y, al poco tiempo, fue cesado el gerente del Suma 112. Es llamativo el reguero de ceses y dimisiones en el área de Sanidad en el “paraíso de libertad”, según palabras de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un “paraíso” para las grandes fortunas “tax free”, para especular con la vida y la salud de los ciudadanos, y por supuesto para tomar cañas en las terrazas que han salido como setas de alquitrán aprovechando la pandemia.
Es precisamente libertad lo que les falta a los y las técnicos más sensatos que trabajan para la Administración sanitaria en Madrid, para ejercer su trabajo. Un proceso de depuración permanente levado a cabo por el Gobierno del PP en Madrid, que comenzó con la de la directora de Salud Pública, en mayo de 2020, por el riesgo de “colapso” de las UCI en la Comunidad de Madrid, contra la decisión de IDA de acelerar el pase a fase 1 del plan de desescalada: “dimití tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad”, escribió en su cuenta de Twitter, Yolanda Fuentes.
Unos meses después, en octubre de 2020, fue Alberto Reyero, no ya un técnico, sino un miembro del propio Gobierno de Ayuso, quien dimitió por la criminal acción política de negar la asistencia sanitaria a los ancianos y ancianas en residencias; unos 7.300 muertos solo en Madrid. El dimisionario ha publicado un libro cuyo título define qué ocurrió: “Morirán de forma indigna”.
Las dimisiones y los ceses no son más que una consecuencia concreta del caos reinante en el conjunto de la Sanidad Pública madrileña: “abandono de los usuarios y desprecio absoluto a los trabajadores y trabajadoras de este servicio público”, ha denunciado el secretario general de CCOO en Sanidad de Madrid, Mariano Martín-Maestro.
Un ejemplo claro de este caos, es el procedimiento por el cual las enfermeras debían atender pacientes cuando no hubiera médicos. Otra de las instrucciones, para enmarcar, del Gobierno presidido por IDA.
Las ocurrencias, algunas con efectos dramáticos, obedecen al Plan para la Atención Primaria cuyo objetivo no declarado, pero evidente, es la demolición de las Urgencias de Atención Primaria (UAP). Uno de los capítulos más groseros de dicho Plan es lo que el Gobierno de Díaz Ayuso llama: “Proceso de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias”; unas urgencias que llevan medio cerradas desde marzo de 2020, cuyo objetivo real es un nuevo recorte de personal. Con la consecuencia directa del colapso de las urgencias hospitalarias.
Los bajos salarios, la inestabilidad laboral y precariedad en las condiciones de trabajo son consecuencia de los recortes presupuestarios del servicio sanitario en Madrid.
Los efectos son tremendos, no solo para los trabajadores de la sanidad, también para los madrileños y madrileñas que se ven obligados, pues nadie acude a urgencias o a una consulta médica por gusto, a ir a unas urgencias hospitalarias saturadas, y a soportar unas listas de espera grotescas, según datos oficiales: 300.000 pacientes tienen que esperar tres meses para ser atendidos por un especialista, 80.000 lo hacen para una prueba diagnóstica y 15.000 para una operación, por término medio.
El deterioro se corresponde con que la Comunidad de Madrid es la región del Estado español que menos presupuesto “per cápita” destina a Sanidad: 1.300,65 euros por habitante y año, frente a los 1.679,26 de gasto medio del resto de comunidades (datos presupuestarios para el ejercicio 2022), un 30% por debajo de la media.
Ante esta insoportable situación, los trabajadores del Servicio de Atención Rural (SAR), convocaron una huelga indefinida, que iba a dar comienzo el 25 de octubre. El anuncio de la huelga activó la repentina necesidad de negociar del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A fecha de cerrar este artículo, el sindicato de médicos Amyts, el mayoritario, ha rechazado el preacuerdo, pues denuncian que “siguen sin entender cómo se pueden abrir 78 dispositivos con el personal de 40… y no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial a los pacientes”.
El 28, está previsto que comience la huelga en las Urgencias del Hospital “Infanta Sofia” de San Sebastián de los Reyes. Por poner dos ejemplos de los conflictos que se viven en la Sanidad de Madrid, porque se cuentan por decenas las movilizaciones vecinales que se han llevado acabo en los barrios, en los últimos tiempos.
Se echa en falta una movilización coordinada, y sostenida en el tiempo, por las organizaciones que se reclaman de la izquierda, ante un problema general, para la defensa de uno de los pilares del Estado de Bienestar. Esperemos que la gran manifestación que tuvo lugar el sábado día 22 de octubre, de Neptuno a la Plaza de Sevilla, en Madrid, convocada por los principales sindicatos de la Sanidad Pública en Madrid, y apoyada por el PSOE, sea la primera de muchas movilizaciones en las que se le da posibilidad de participar a los ciudadanos y ciudadanas.

La única beneficiada de este caos, provocado, es la sanidad privada y los receptores de contratos como las constructoras y empresas de servicios del Zendal. Esto lo avalan los datos publicados por la prensa económica y de UNESPA, la patronal de empresas aseguradoras, que señalan 2021 como el mejor año para el negocio de las aseguradoras médicas privadas, al hacer públicos los datos al cierre del primer semestre de 2022, con unos ingresos de 32.965 millones de euros, un 4,43% más que en 2021. Un sector en el que el oligopolio conformado por: Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre acaparan el 74,17% del negocio.
“Mientras el Servicio Madrileño de Salud dejaba 402 millones de euros, del presupuesto de 2021, sin utilizar, se transfirieron 1.261 millones de euros públicos a la sanidad privada, un 31% más que en 2020”(1), denuncia Sara Plaza Casares en junio de este año.
Los datos demuestran que los efectos de la pandemia no son solo atribuibles al virus, y que el deterioro de la Sanidad Pública se corresponde con un plan trazado para reducir la Sanidad Pública a un servicio de mínimos, con tendencia a la beneficencia, en favor de los intereses del mercado libre, el único que es libre de verdad, según los parámetros de Díaz Ayuso.

Roberto Tornamira Sánchez
30oct22

(1) https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/comunidad-madrid-aumenta-30percent-transferencia-fondos-publicos-sanidad-privada#:~:text=Sanidad%20p%C3%BAblica-,La%20Comunidad%20de%20Madrid%20aumenta%20un%2030%25%20la%20transferencia%20de,31%25%20m%C3%A1s%20que%20en%202020

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