Mes: enero 2018

Los acontecimientos políticos de los últimos años han puesto en evidencia el carácter político del Estado y de sus Instituciones desde la Zarzuela a Moncloa, pasando por la judicatura, visualizados y unificados por su máximo representante Felipe VI, Rey de España y capitán general de los tres ejércitos.

Cada vez son más las voces procedentes de los poderes financieros Internacionales, pero también nacionales, que reclaman al Gobierno y a su presidente Rajoy mas premura y determinación en la profundización de las reformas emprendidas. El hecho de tener un gobierno en minoría, los presupuestos sin aprobar, el llamado conflicto catalán cada vez más enconado y enfrentado, deja de ser justificación para no emprender las reformas exigidas por los grandes poderes financieros, ahora toca de nuevo en materia de Seguridad Social y pensiones.

Desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno está  entre sus prioridades aplicar las órdenes del FMI, el BCE y la Comisión Europea que suponen una nueva reforma de las pensiones que tiene como objetivo destruir el actual sistema de Seguridad Social, que ya inició con la reforma de 2013, su factor de sostenibilidad y el sometimiento a un incremento del 0,25% anual imponiendo la pérdida de poder adquisitivo. Planes que ponen en riesgo las garantías del  sistema actual para asegurar las pensiones dignas.

Este sistema ni está en crisis ni hay necesidad de cambiarlo. Hace falta reforzar las bases que lo sustentan y mantenerlas. Los principios de unidad, solidaridad e igualdad se sostienen sobre tres pilares fundamentales: 1º las cuotas procedentes del salario diferido de los trabajadores, 2º la existencia de la llamada hucha de las pensiones consistente en un fondo de reserva que garantice las pensiones para todos en la cantidad correspondiente a las aportaciones realizadas por cada cotizante sin que este fondo pueda ser utilizado para fines distintos , 3º la caja única para todo el estado de tal forma que todos los trabajadores y trabajadoras tengan garantizada su pensión sin depender del grado de industrialización o desarrollo de la parte del territorio en que resida.

Si alguno de estos tres pilares fundamentales falla o es eliminado se pone en peligro el presente y futuro de las pensiones.

Desde este punto de vista no es aceptable hacer que las pensiones dependan de un impuesto (dicen que finalista, pero ese tipo de impuesto no es posible) que estará controlado por el Gobierno de turno, que establecerá las prioridades presupuestarias según los intereses que represente. No hace falta extenderse aquí para explicar cuáles son los intereses que representan el PP o Ciudadanos, además de estar marcados por el artículo 135 que da prioridad al pago a los acreedores antes que a cualquier otra atención a la Sanidad, la Educación, la Dependencia, las Pensiones o de salarios a los trabajadores de la administración pública, como ya se ha visto y vivido en un reciente pasado.

El PP ha atracado la caja de las pensiones retirando fondos por valor de 66.000 millones de euros, y lo que es peor, sólo en unos pocos meses ha endeudado a la Seguridad Social en 25.000 millones de euros. En paralelo y de forma premeditada ha establecido tarifas planas y exenciones a los empresarios, que no han repercutido en la creación de empleo de calidad. Regalos fiscales y exenciones que, junto a su reforma laboral de 2012 ha ocasionado bajadas salariales que son el verdadero “cáncer” de la Seguridad social.

Defender las pensiones significa defender el actual sistema de la Seguridad Social y sus preceptos de unidad, solidaridad e igualdad, significa también mantener el compromiso firme de derogar la reforma laboral: las facilidades para el despido colectivo, las facilidades para el descuelgue de los compromisos en convenio, la subordinación del convenio sectorial al convenio de empresa.

Lejos de esto, escuchamos con insistencia como Ciudadanos, además de acompañar y apuntalar las políticas económicas del PP, insiste en el “contrato único”, una herramienta más en manos de la patronal, para abaratar el despido.

Necesitamos gobiernos de izquierda, en Cataluña, en Euskadi y en el resto de comunidades también, que garanticen los preceptos y compromisos que están en peligro cada día que el PP continúa en el Gobierno del Estado.