Los poseedores de riqueza, la burguesía, los privilegiados, los rentistas…en definitiva, los capitalistas, nunca han dado nada a la sociedad de buena gana, aunque su riqueza haya sido conseguida de forma injusta. Los derechos nunca han sido regalados, ni negociados; siempre se han conquistado por la vía de la movilización social.
La vivienda es un derecho que debería figurar entre los artículos de la Constitución que agrupan los derechos fundamentales: entre el artículo 15 y el 29. Pero no, se sitúa en el Artº. 47, en el grupo de los “principios rectores de la política social y económica”.
Una de dos, la Constitución es mentirosa o las instituciones del Estado, con sus tres poderes incluidos, incumplen y consienten que no se cumpla el mandato constitucional, si es lo segundo, podría hablarse de prevaricación por parte de todos los poderes públicos:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación …”
El domingo día 24 decenas de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, salieron a las calles de Madrid para decir, ¡alto y claro! que el acceso a la vivienda digna se ha convertido en una pesadilla, en algo imposible, para millones de jóvenes y no tan jóvenes.

Mientras el poder legislativo no consigue que las leyes respeten lo plasmado en los textos legales y el poder ejecutivo no termina de avanzar al ritmo que el problema requiere, el poder judicial parece más preocupado por interpretar las leyes en favor de los intereses de los fondos de inversión y los grandes tenedores de viviendas, esas y esos que viven de las rentas.
Es un problema económico, sin duda, pero por encima de todo es un combate de la lucha de clases: las hijas e hijos de las familias pudientes no tienen ningún problema para emanciparse, mientras que las y los jóvenes de familias trabajadoras sufren la ansiedad de ver cómo pasa el tiempo y los precios de la vivienda, sea en alquiler o sea en propiedad, les alejan sus expectativas de formar una familia o simplemente independizarse.
Tampoco es un problema generacional exclusivo de jóvenes. Son muchas las personas que, con 40 años y más, no pueden abandonar la casa de sus padres: el 85% de los jóvenes (entre 16 y 29 años) no pueden emanciparse, pues los que quieren hacerlo se encuentran con que deben dedicar el 98,7% de sus ingresos a pagar un alquiler. Quienes dan el paso de dejar la vivienda de sus padres, en el 43% de los casos, caen en riesgo de pobreza. Mientras que, en promedio, los jóvenes europeos se emancipan a los 26,2 años, en España, la edad media de emancipación se sitúa en los 30,3 años.
El origen del problema viene de lejos, de cuando el Estado dejó de construir vivienda social. Concretamente de la ley del suelo de 1998, cuando Aznar y Rato liberalizaron el suelo y abrieron la posibilidad de recalificar terreno para que los terratenientes de suelo agrario o de otro tipo lo recalificasen en suelo urbanizable, con la colaboración necesaria de sus ayuntamientos, sembrando la semilla de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y las consecuencias de los siguientes años.
El problema viene de que, no solo ninguna administración ha puesto pegas a la venta de la vivienda social, sino que ayuntamientos como el de Madrid vendió a precio de saldo la vivienda social propiedad del Estado: Ana Botella “Lady cup of cofee”, vendió 1806 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone. Alcaldesa a la que la justicia exoneró de toda responsabilidad, a pesar de que su hijo, José María Aznar Botella, mantenía vínculos directos y laborales con los principales beneficiarios de la compra de aquellas viviendas sociales.
El problema radica sobre todo en que el precio de la vivienda en alquiler en nuestro país se ha disparado en promedio en todo el Estado un 94% en la última década, llegando en ciudades como Madrid a superar el 120%. El incremento del metro cuadrado en la vivienda en propiedad, en los 10 últimos años ha sido del 70% de media estatal y del 82% en Madrid. En tanto los precios de la vivienda se han disparatado, los salarios entre 2015 y 2025 han tenido una subida del 23,25% para los trabajadores con convenio colectivo (2,3% de media anual).
Esos son los datos estadísticos de quienes tienen trabajo y derechos regulados en convenio colectivo, pero la realidad para muchas trabajadoras y trabajadores llega a ser infernal, por ejemplo: quienes necesitan dos trabajos para poder vivir, los que trabajan en Mallorca o Ibiza, teniendo que vivir en caravanas, incluso coches, o los emigrantes que trabajan y viven hacinados en barracones o en chabolas de cartón en el entorno de las plantaciones e invernaderos.
La situación económica de crisis encadenadas desde principios de siglo: crisis hipotecaria y financiera, pandemia, guerras, ha derivado en que la vivienda se ha convertido en un valor refugio para el capital, de tal modo que las grandes acumulaciones de dinero ya no se invierten solo en bolsa, oro o diamantes: el Ministerio de Vivienda estima que más de un millón de viviendas vacías son propiedad de empresas y/o familias propietarias de 10 o más viviendas.
Especular con la vivienda es como especular con los medicamentos, con el pan o el agua. No podemos caer en la lógica del mercado libre, que solo es libre para someter al menesteroso y favorecer al poderoso. Especular con la vivienda es una guerra entre pudientes y no pudientes, desequilibrada porque los poderes del Estado protegen a los ricos contra la legítima reivindicación de las hijas e hijos de las familias trabajadoras.
Si los poderes del Estado no actúan estarán legitimando a que los demandantes de vivienda exijan en las calles su derecho a techo. Las organizaciones de la izquierda, políticas y sindicales tendrán que decidir si son freno de contención de estas aspiraciones o son el motor que en otros tiempos fueron para hacer realidad los derechos de la mayoría social.

Roberto Tornamira
Corresponsal para Tribuna Socialista