El PIB crece aproximadamente al 3%, por primera vez en mucho tiempo volvemos a cumplir el objetivo de déficit, las cifras de empleo llevan meses aumentando, la confianza de los consumidores mejora, la inflación empieza a repuntar, los Bancos Centrales están empezando a subir los tipos. Esto es una realidad, una realidad que yo como economista he estudiado muy bien. Pero ahora más que nunca, tras mi experiencia parece ser una realidad cada vez más alejada de la auténtica. Es decir, del día a día.

Os imagináis un país donde el esfuerzo sea recompensado, un país donde se creen oportunidades sin renunciar a un salario digno, donde la conciliación personal y laboral exista, donde se te permita ampliar tu conocimiento día a día, donde mayores y jóvenes se unan por un futuro y un país mejor. Pues este país no es España, esa patria que tanto nos gusta nombrar.

Empecemos esta historia por la infancia, tenía yo aproximadamente 11 años, era un chaval pequeño y tímido, con poca capacidad para socializar (al contrario que ahora) y que le encantaba pasarse las horas viendo los debates del Congreso de los Diputados. Un buen día se acercó mi padre y me dijo “hijo, si algún día quieres ser como ellos tendrás que estudiar mucho y muy duro, yo no quiero que vivas todo lo que he vivido yo”. Siguieron pasando los años y llegué a la Educación Secundaria Obligatoria, la aprobé sin problema, y pasé a realizar el bachillerato, di lo máximo de mí mismo sacando una media de casi diez, siendo el mejor de la promoción y obteniendo un nueve en todos los exámenes de la antigua selectividad.

Tenía la media suficiente para elegir la carrera que yo quería y me decidí por el Grado en Economía. En plena crisis económica sabía que era necesario conocer cómo funcionaba la economía para que los dramas que vi y viví no volvieran a suceder. Me encantó la carrera, disfruté y aprendí todo lo que pude. Obtuve la carrera con una media de notable y cuatro matrículas de honor.

Pero mi vida no se centró solo en los estudios, por las tardes-noches iba a trabajar a un bar, las becas eran muy escasas. Necesitaba dinero para poder mantenerme fuera del hogar. En el último año de carrera también realicé unas prácticas profesionales en un banco, mi función era sustituir el trabajo de un cajero bancario de forma totalmente gratuita.

Tras realizar la carrera, decidí especializarme con un máster. Pero esto no era camino fácil, el máster valía aproximadamente 12000 euros y me obligaba a irme a vivir a una gran ciudad, con el coste que ello supone. Mi padre cogió casi todos los ahorros que tenía y los invirtió en mí, en su hijo. Yo trabajé muy duro casi todo el verano unas 10 horas diarias aproximadamente de camarero para poder ayudar lo que durara el máster.

Llegué al máster, la formación excelente, conseguí unas prácticas en una empresa donde me daban una pequeña ayuda económica que la destinaba a pagar el alquiler. Pensé en ese momento que tras estar cuatro meses en el banco anteriormente más la experiencia que añadiría ahora de becario, durante seis meses, sería suficiente para conseguir el tan ansiado contrato laboral.

Por fin acabé mi formación, me encuentro con 23 años, graduado en Economía, con un máster, experiencia laboral y cobrando 400€. Sí, habéis leído bien, 400€, ese es el salario que me están pagando ahora mismo por realizar mi trabajo con un nuevo contrato de becario. Vivo a 30 minuto del trabajo, tengo 2 horas entre la jornada de mañana y tarde que no me da tiempo a ir a casa por lo que me tengo que quedar en la oficina, más ocho horas diarias de trabajo de mesa. Es decir, empleo 11 horas diarias de mi vida en producir algo por lo que recibo 400€.

A este salario le tengo que añadir que yo, al vivir fuera de mi casa, tengo que pagar el alquiler de una habitación. Una habitación miniatura sin ventana por un precio de 330€, le añado la tarjeta mensual de transporte (20€), más lo que me vale la lavandería de los trajes que uso diariamente para trabajar (20€), por lo que me quedan libres para comida unos 30€.

Cuando pregunto las razones de esto, suele haber dos argumentos: 1) “te estamos dando una oportunidad”, un argumento cierto la verdad, pero hay que decir que una oportunidad a un precio muy alto, el precio que estoy pagando es perder mi derecho a un trabajo digno y vivir en la práctica miseria (con respeto y evitando las comparaciones de la cantidad de personas que no han tenido ni la oportunidad de estudiar como yo); 2) “como no tienes experiencia y no sabes nada es lo que tienes que aceptar ahora porque es lo que te mereces”, este argumento es algo que me cabrea bastante porque, la gran cantidad de esfuerzo personal como económico por parte de mi familia, tantas noches en vela, tanto luchar por tener un futuro digno, no se merecen tal menosprecio. Ese argumento que directamente me dicen que “no sé nada” es falso; haber estudiado una carrera y, además especializarme con el máster, me permite aprender las tareas diarias de un trabajo cualificado muy rápidamente, me permite tener la capacidad para mejorar situaciones que sin una preparación adecuada no podría, me permite responder con argumentos sólidos cuando es necesario, me permite ser capaz de dar soluciones que sin una preparación detrás no podría resolver.

Y esta es mi historia, la historia de una vida real. A pesar de todo lo anterior cada día voy a trabajar a dar lo máximo de mí mismo porque no soporto un trabajo mal hecho. Me consuelo pensado que toda esta experiencia que estoy viviendo me sirva algún día para realizar reformas que considero que este país necesita para que miles de jóvenes no vuelvan a vivir lo que estoy viviendo yo.

Quiero recordar que el otro día los sindicatos y la patronal alcanzaron un acuerdo para una subida salarial del 3%. En mi sueldo, pasaría de cobrar 400€ a 412€, algo ridículo. Pero algo que no se va a producir ya que la modalidad de convenio con la que estoy no se rige por las normas laborales. Tampoco tengo derecho a días de vacaciones, ni a la prestación por desempleo. Podemos estar muy feliz con la subida del 3%, y yo lo estoy. Pero, por favor, quiero pedir y pido que no caigamos en el conformismo. Es necesario regular los contratos de becarios para que lo jóvenes puedan crecer profesionalmente, pero viviendo en unas condiciones dignas, ¿cuántos jóvenes habrán perdido la oportunidad de ser grandes profesionales por no hacer frente a los gastos que supone estar de becario?, ¿cuánto talento hemos desperdiciado?, ¿cuánto talento estamos dispuesto a seguir perdiendo?

El nuevo Gobierno ha supuesto un cambio de rumbo y de esperanza. Es necesario que este Gobierno recupere todos los derechos que hemos perdido, y que los recupere rápido, porque el futuro no puede esperar. Este país se merece volver a ser una tierra de oportunidades.

Atentamente,

Un militante socialista

Desde la Asociación Civil, Milicia y República (ACMYR), con gran pesar comunicamos profundamente abatidos, el fallecimiento de nuestro Presidente de Honor, comandante Luís Otero Fernández, quién a lo largo de toda su vida mantuvo un compromiso de lucha por la República y la Democracia. Quienes formamos parte de ACMYR, nos unimos al dolor de su compañera Carmen Macías Sistiaga, sus hijos, familiares y amigos por tan sensible pérdida.

En 1974 del siglo pasado, Luís Otero Fernández,  fundó junto con  un grupo  de jóvenes militares demócratas  la organización clandestina Unión Militar Democrática (UMD), que lucharon con la palabra para facilitar el paso de una dictadura fascista mediante la Ruptura Democrática a una verdadera  democracia que no era otra que la República, lejos de la Transición impuesta por el franquismo, los poderes fácticos y la CIA, que restauró la monarquía borbónica.

Un año después, en 1975, durante el tardo franquismo, los militares fundadores de la UMD, fueron detenidos, encarcelados y apartados del Ejército. Durante la Transición no se tuvo en cuenta su trayectoria y lucha democrática, quedaron, incluso, fuera de la Amnistía de 1977, que supuso un punto y final a los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y no el reconocimiento a los verdaderos demócratas luchadores contra el fascismo.

Luís Otero Fernández, durante toda su vida, estuvo vinculado ideológicamente a la izquierda política y al republicanismo, en la década de 1980 se opuso con firmeza a la entrada de España en la OTAN, formando parte de los comités anti-OTAN y era frecuente verle encabezando las marchas a Torrejón de Ardoz donde está enclavada una importe base militar estadounidense, al servicio de la OTAN.

Por su pertenencia a la UMD, fue juzgado y condenado a ocho años de prisión y apartado del Ejército, sin que se le devolviese su grado y fuese readmitido de forma casi clandestina, en el Ejército en 1987.

En junio de 1977, los militares que tres años antes habían constituido la UMD como organización clandestina antifranquista decidieron su disolución, una vez se habían celebrado elecciones libres y ya había un parlamento democrático.

Como coronel retirado y hasta el final de sus días, se dedicó a la defensa de la Democracia, la República y de los derechos humanos.

Así, en diciembre de 1998 fue galardonado  con el Premio Nacional de Derechos Humanos, distinción que  otorga anualmente  la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

Desde ACMYR, no queremos que la memoria del comandante Otero y de quienes junto a él lucharon con la palabra desde las filas del Ejército, por las libertades plenas del pueblo español, se pierda y reivindicamos al poder político rinda homenaje de reconocimiento a su limpia defensa de los valores democráticos a estos héroes del pueblo que con su ejemplo nos marcan el camino hacia la democracia plena del pueblo español y proclamar la República. ¡Hasta siempre, Comandante!

Firmado: Junta Directiva de ACMYR.  Madrid, a 22 de mayo de 2018

Conocí personalmente al miembro de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, más conocido en los ambientes anti franquistas como “Billy el niño” una tarde del otoño-invierno de 1971 y una segunda vez apenas unos meses después.

Por aquel entonces militaba en el PCE donde había ingresado en 1.969, en una doble vertiente, por un lado en la Universidad Complutense de Madrid donde estudiaba Ingeniería de Telecomunicación y al mismo tiempo en Artes Gráficas debido a mi trabajo en este sector. Como consecuencia lógica de ello también estaba afiliado a CC.OO.

En aquella época los pocos estudiantes que veníamos de la clase obrera, debíamos compaginar nuestros estudios con un trabajo que pudiera ayudar a nuestras familias.

Recuerdo como si fuera hoy aquella imagen de nuestro primer encuentro. Junto a otro camarada de Aeronáuticos salíamos de la Escuela de Caminos, donde habíamos mantenido una reunión para debatir nuestra lucha contra un Estatuto de la Politécnica, que trataba de imponer el ministro Villar Palasí.

De pronto escuchamos unos frenazos producidos por dos Seat 124 negros, coches que habitualmente usaba la BPS, uno justo delante y otro detrás, de los que salieron varios policías de paisano. Del asiento de copiloto del primero salió con rapidez, casi tirándose en marcha, un personaje menudo que se abalanzó sobre nosotros sin darnos tiempo ni a reaccionar. Era “Billy el niño”.

El viaje hacia la famosa DGS, Dirección General de Seguridad, situada en lo que actualmente es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, ya nos descubrió qué nos iba a pasar desde aquel instante. Golpes insultos con sus ojos saliéndose de las órbitas, de rodillas sobre el asiento girado hacia nosotros. Difícil olvidarle.

Recordé en esos minutos de viaje el cursillo express que el PCE nos daba para enfrentarnos a ese instante y los que vinieron detrás.

Esa imagen me viene nítidamente a la memoria en el instante que escribo estas líneas. Esa y todas las que vinieron a continuación durante los largos días que permanecí allí. En todas ellas tiene un lugar preferente Billy, presente en todos y cada uno de los interrogatorios de los que fui objeto, nunca mejor empleada la palabra objeto ya que así intentaban que te sintieras, un objeto sobre el que desatar su rabia, su odio.

No procede describir todo lo que me hicieron pero sí quizás una de las imágenes que me quedaron marcadas a fuego para siempre. En uno de los momentos de sus largos interrogatorios (una de las cosas que más desgastaba era ese ir y venir del gris con un papel de color en el que figuraba el nombre del quien debía subir, esa espera en tu celda esperando ese instante) se situó detrás de mí dándome fuertes golpes en la nuca con en borde de su mano mientras delante el resto continuaban su “trabajo”.

Al cabo de un rato que pareció eterno otro de los interrogadores le dijo; “ten cuidado Billy no se te vaya la mano como con Ruano y tengamos otro lío.

Escuché su risa perversa y una respuesta contundente; “tranquilo si ocurre hacemos lo mismo que con él, lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar”. Fue el único momento en el que llegué a sentir realmente miedo por mi vida, porque esas palabras casi gritos resultaban perfectamente creíbles y probablemente fue lo que le pasó a Enrique Ruano, compañero de lucha anti franquista que cayó (o le tiraron) desde la ventana de su casa.

¿Por qué esa rabia, ese odio? Quizás porque él entendía que ya estaban derrotados, que nuestra fortaleza al enfrentarnos a sus torturas era muy superior a la suya, que no nos quebrábamos quizás recordando aquel famoso libro “Así se forjó el acero” de Nicolás Ostrovski, que venía a mi mente en el tiempo de espera en mi celda entre subida y subida.

Reconozco que durante una etapa de mi vida dejé escondidos en lo más profundo aquellos días, aquellas horas en sus manos y las de sus esbirros, hasta que hace unos años decidí desempolvarlos y dar mi testimonio. Fue cuando conocí la existencia de CEAQUA y la querella ante la justicia argentina.

Recordé de nuevo que entre los numerosos canallas que me interrogaron había quienes lo hacían de manera profesional porque era su trabajo, para eso les pagaban para reprimir demócratas anti franquistas, pero Billy era otra cosa, era de otro pelaje. Ver su mirada, su manera de actuar, de hablar y gritar indicaba que disfrutaba con ello, que era un sádico perverso un psicópata.

No sé si nos consideraba sus enemigos, o simplemente era una parte de su carácter, pero Billy era diferente, muy diferente. Alguien a quien era difícil olvidar, quizás como otro de los que me topé, éste con otro “estilo” más sutil, el famoso Yagüe que hacía de padre siendo incluso más cruel.

Después le perdí la pista durante años, se rumoreaba que se había ido a Latinoamérica huyendo de la democracia, hasta gracias a CEAQA descubrimos que había vuelto a Madrid viviendo una vida de absoluta normalidad.

Después las fotografías actúales corriendo maratones o saliendo de su casa, su entrada en los juzgados con su casco de moto, o de espaldas sentado al fin en el banquillo de la justicia aunque no sirviera de nada. Ni siquiera la izquierda en sus largos años en el gobierno se atrevió a darnos a sus víctimas justicia, memoria y reparación y acabó yéndose de rositas producto de la famosa “Ley de amnistía de 1977”.

¿Se puede aplicar esa amnistía a crímenes de “lesa humanidad” como los que cometieron esta jauría de canallas? Indudablemente no y resulta una afrenta para sus víctimas que sigan en la calle.

Ahora recupera actualidad la insultante medalla que le dio otro “famoso”, Martín Villa, ministro franquista adaptado al inicio de la democracia. Una medalla que supone un agravio a la democracia. Que torturadores franquistas sigan paseando esas medallas con absoluta impunidad no es ni lógico ni admisible.

Ahora dice Pedro Sánchez que comienza una nueva era. Y yo me lo creo, por eso le apoyo. Una nueva era donde cuestiones como estas deben ser resueltas. Desde estas líneas me dirijo a él para pedirle, incluso para exigirle que quizás quitar esa medalla a “Billy el niño” y al resto de torturadores franquistas (parece que son otros cuatro) sea un indicativo de esa nueva era. Un gesto que no cuesta euros sujetos como estamos a los presupuesto del PP.

Pedro no sé si me leerás pero confío en ti, en que eres un demócrata de izquierdas que debes pasar a nuestra historia por quien tuvo el valor al fin de devolvernos esa deuda pendiente, de darnos la justicia, memoria y reparación que nos debe esa democracia y esa izquierda.

La democracia llegó en parte por nuestra lucha. Socialistas, comunistas, anarquistas, trosquistas, luchamos por ella y nos dejamos jirones de nuestra piel en aquellas salas de interrogatorios en manos de psicópatas como Billy. Lo merecemos, nos lo debes, nos lo debéis y tu dignidad socialista lo debe de hacer.

Pedro, quita esa medalla insultante a mi torturador, a nuestro torturador “Billy el niño”. Ya!

Fdo.: José Luis Úriz Iglesias

(Ex parlamentario y concejal del PSN-PSOE)

Villava-Atarrabia 9 Junio 2018

La derecha española, mucho más acentuadamente que otras corrientes liberales europeas, defiende la ortodoxia del libre mercado a costa de machacar a sus conciudadanos. Transciende detrás de ello el subconsciente de querer mantener antiguos privilegios, entre otras razones, debido que no tuvimos en España un periodo de transición y de crecimiento básico para convertirnos en un país moderno, como fue la revolución industrial del siglo XIX, porque lo impidieron para mantener sus prebendas, y por supuesto por el desastre de al menos dos tercios del siglo XX que padecimos en nuestro país.

Esos políticos de derechas que una y otra vez nos negaron el crecimiento y nos dejaron a la cola de Europa, en estos últimos años nos han tomado la delantera y han atacado directamente y sin miramientos al corazón de nuestro joven estado de bienestar, empobreciendo a las clases medias y a las menos favorecidas, cortando educación, investigación y sanidad, y vedando una vez más que la sociedad siguiera avanzando a través del acceso de todos a las mismas oportunidades. Y lo hicieron explícitamente y sin ningún recato, anunciando y presumiendo como su objetivo fundamental la devaluación salarial y los recortes, a sabiendas que ello conllevaba atacar frontalmente la igualdad de oportunidades, limitar el crecimiento económico y ahogar el sistema de pensiones público.

Llegados a este punto, y ante el soplo de aire fresco que supone el nuevo gobierno del Partido Socialista, lo que hay que hacer, y ya se ha empezado, es aumentar los salarios y la inversión, que es  exactamente lo contrario de lo que nos dicen los economistas ortodoxos.

Incrementar los salarios, porque que es falso el mantra de que debemos competir con Europa vía mayor rebaja de costes laborales para aumentar nuestra productividad y generar empleo.

Debemos competir en calidad. Nuestro valor añadido se encuentra en precios razonables a una calidad excepcional. Ahí radica nuestra productividad. Fiar nuestro crecimiento a competir en precios baratos es estratégicamente un error porque obviamente siempre vamos a tener alguien más barato que nosotros a nuestro alrededor. Si no es Portugal será Marruecos y si no, los países del Este de Europa.

Para ello, para recuperar un nivel salarial decente y competir en calidad, es fundamental devolver a los agentes sociales su relevancia en la negociación colectiva, base no solo de nuestro desarrollo económico y social, sino también ancla básica de la calidad democrática de la que hemos disfrutado como nunca en España en nuestra reciente historia, y que debemos proteger y fortalecer dados los grandes cambios tecnológicos que van a modificar seguro nuestra forma de entender el trabajo.

Mejorar la calidad del empleo no solo nos prepara para ser más competitivos en el futuro, sino que además conlleva automáticamente un aumento de la demanda interna, y por tanto reducción el desempleo y el aumento de la recaudación de la seguridad Social.

Incrementar la inversión, porque hacer lo contrario ha sido una estrategia puramente ideológica de la derecha para privilegiar a los suyos. No hay argumento económico que sostenga la razonabilidad de los recortes que hemos sufrido no solo en los servicios públicos básicos, sino también en Investigación y Desarrollo.

Confundir como hicieron, inversión por gasto, además de aberración económica, no es más que una canallada que nos va a costar mucho tiempo levantar. La inversión pública traerá de vuelta y elevado a la enésima potencia cualquier euro que invirtamos. Nuestra productividad por tanto, dependerá también de la inversión que hagamos en sectores tecnológicos y en investigación, lo que además atraerá inversión extranjera de calidad a nuestro país, y abrirá la oportunidad a nuestros jóvenes para que puedan quedarse.

En definitiva, empleo de mayor calidad y más inversión: ¿El milagro de los panes y los peces?. No, una ventana de aire fresco de desarrollo y de igualdad de oportunidades que el Partido Socialista, en un mes de gobierno y sin mayoría, está intentando abrir.

Ante el acuerdo con los agentes sociales sobre un incremento salarial razonable, que se produce ante el reconocimiento cada vez más explícito, por fin, de los factótums del liberalismo, en que hay que subir los salarios (tanto el FMI como la OCDE lo dicen en sus últimos informes) resurgen sin embargo, machaconamente de nuevo, los mismos que defendieron la ruina de la clase media de nuestro país con sus medidas injustas, para decir que ahora han visto la luz y les parece bien que se suban los salarios, pero que eso tiene que conllevar abaratar más el despido. En otras palabras: se reconoce al menos implícitamente el error de su mantra repetido hasta la extenuación de que había que devaluar los salarios en España, pero se enmienda con otro error mayor.

La derecha española encabezada esta vez por Ciudadanos, enarbola la bandera de igualar por abajo. Es decir, como hay mucho empleo temporal, rebajamos el despido para animar a los empresarios a contratar a todos fijos, lo que no es más que un eufemismo de lo contrario. Lo que propone Ciudadanos, aplaudido por los ortodoxos, claro, es eliminar la calidad de los contratos. Todos fijos, pero con despido muy barato. O dicho de otro modo más exacto, todos temporales de por vida.

El mantra ya se ha extendido, tal y como solo nuestra derecha sabe hacerlo, y lo que debería ser una opinión reaccionaria de como minorar la temporalidad en nuestro país, se da como un hecho inalienable que no debe evitarse. Exactamente igual que cuando decían que había que rebajar los salarios.

Una vez más, toca arrebato y juntarnos desde la izquierda a decir que basta ya de empobrecernos. Una vez más, toca demostrar que las medidas que nos proponen les favorecen a ellos, pero no a la sociedad. Una vez más, toca explicar, aunque lo saben de sobra, principios básicos como que la seguridad en el empleo es un eje fundamental para el desarrollo personal de nuestros ciudadanos, que conlleva aumento, de nuevo, de demanda interna; que estamos en una pirámide poblacional invertida y que la seguridad en el empleo ayuda a revertir esta situación; que el chantaje emocional que proclama que habrá menos empleo temporal a costa de abaratar el despido no es más que eso: un burdo chantaje; que nuestro bienestar y nuestra igualdad de oportunidades se consigue igualando por arriba pero nunca por abajo, porque por abajo no hay límites y ya bien se encarga la derecha de quitarlos; que si queremos competir en calidad, hay que explicar a las empresas que el capital humano no es un gasto sino una inversión, principio básico de la economía moderna soslayado una y otra vez por esos grupos fácticos que en cuanto nos damos ligeramente la vuelta, nos destrozan.

Hay que seguir intentando aumentar la competitividad de nuestro país vía calidad,  fuera de los postulados reaccionarios instalados en nuestro país perennemente, ya que si no lo impedimos nos dejarán, una vez más, sin milagro de los panes y los peces y a la cola de Europa.

Peter W. Hauschild Rey

Economista

Sº. Organización

PSOE Villanueva de la Cañada

MADRID

Reunidos en Navarra pensionistas, trabajador@s y estudiantes de distintas ideologías hemos decidido lanzar esta iniciativa a otras personas de nuestra Comunidad y de otras Comunidades Autónomas.

Los abajo firmantes, trabajadores (pensionistas, activos y parad@s) estudiantes y jóvenes que hemos participado en estos últimos meses en las manifestaciones masivas que se han producido en nuestras provincias, queremos manifestar:

PRIMERO.- Que los aumentos prometidos de pensiones en este año y en el siguiente, así como el retraso hasta el año 2023 del factor de sostenibilidad, fruto del pacto entre el PP y el PNV, no se corresponden con lo que hemos estado reivindicando en los últimos meses en todo el Estado Español, ni garantiza el actual sistema público de pensiones. / Porque la subida del IPC es puntual, sin garantías de que pasados dos años no se vuelva a plantear la subida del 0,25%. / Porque el aplazamiento de la aplicación del factor de sostenibilidad no es lo que pedíamos, exigíamos su derogación. / Porque se está planteando el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al Gobierno Vasco, pudiéndose romper así los principios de universalidad y solidaridad intergeneracional que representa el actual sistema de la Caja Única de la Seguridad Social a nivel Estatal.

SEGUNDO.- Lo que amenaza y pone en peligro nuestra Seguridad Social es el persistente incumplimiento del Gobierno del Partido Popular de las obligaciones que se desprenden del art. 50 de la Constitución y del art. 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que establecen la necesidad de hacer las aportaciones suficientes de recursos desde el Estado a la Seguridad Social para el pago de las pensiones. Aportaciones del Estado, no préstamos, para complementar los ingresos por cotizaciones.

El incumplimiento legal del gobierno es la causa de los problemas en las pensiones. Ni el sistema está en crisis, ni nadie tiene que salvarlo mediante su reforma, por cuanto que, para que esto fuera cierto, sería como consecuencia de la bancarrota del propio Estado.

 TERCERO.- Por lo tanto para nosotr@s es prioritario instar a todas las organizaciones políticas y sindicales que dicen defender el actual sistema de pensiones a la unidad de acción y al compromiso con los pensionistas, presentes y futuros:

♦ A defender la legalidad vigente (art.50 de CE y el art. 109 de la LGSS), cuyo cumplimiento hace manifiestamente innecesario las propuestas de creación de impuestos específicos o finalistas.

♦ A blindar en la Constitución como derecho fundamental las pensiones.

♦ A derogar las reformas laborales y las reformas de pensiones, Ley 27/2011 de 1 de agosto y Ley de 23/2013 de 23 de diciembre; Presupuesto que es necesario para garantizar el mantenimiento de las pensiones y su revalorización ateniéndose a la inflación anual.

♦ A tomar las medidas necesarias para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

♦ A establecer unas pensiones mínimas de 1.080 euros.

♦ Poner de manifiesto el valor de la caja única de la Seguridad Social como elemento de cohesión de la clase obrera y como reflejo de su unidad como clase en todo el territorio.

♦ Rechazando la financiación mediante préstamos a la Seguridad Social, en lugar de las obligadas aportaciones del estado establecidas en la Ley General de Seguridad Social para complementar la insuficiencia de las cotizaciones sociales.

FIRMAN en NAVARRA: Fernando Viedma Molero, Pamplona, Navarra. PSN-PSOE; César Osanz, Aranguren, Navarra, Coordinadora Navarra de Pensionistas; Jerusalén Armendáriz, Alcalde, Aranguren, Navarra, Coordinadora Navarra de Pensionistas; Bonifacio Alegre Manso, Barañain, Individual; Félix Jiménez Morales, Pamplona, Navarra, UGT; Yolanda Lacruz López, Pamplona, Navarra. PSN-PSO; Javier Iturbe Ecay, Pamplona, Navarra, UGT; Alejandro Pérez López, Mutilva, Navarra, PSN- PSOE; Juani Ortiz de Zárate, Pamplona, Navarra, Coordinadora Navarra de pensionistas; Antonio Martin Audouard, Pamplona, Navarra, IS-PSN-PSOE; M.a Soledad Peñas García, Pamplona, Coordinadora Navarra de Pensionistas; José Luis Úriz Iglesias, Villava, Navarra, CCOO; José Sanchís García, Zuasti(iza), Navarra. Podemos, Círculo de mayores; Florentino Huarte Sarasa, Pamplona. Coordinadora Navarra de Pensionistas; Isabel Díez-Díaz, Pamplona, Coordinadora Navarra de Pensionistas; José Ramón Martínez Benito, Sartaguda; Kevin Lucero Domínguez, Villava, Navarra, Juventudes Socialistas de Navarra; Esperanza Rubio Salvatierra, Tudela, Navarra, Coordinadora de la Ribera; Juan Manuel Saracíbar Segura, Mutilva, Navarra; Antonio J. Millán, Estella, Coordinadora Navarra en defensa de las pensiones.

Suscribimos este llamamiento

Por la defensa DEL ACTUAL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Suscribimos este llamamiento

Para todo contacto y para enviar las hojas con firmas: Comisión de coordinación 10 de marzo: 10mdefensadelaspensiones@gmail.com

El último Concordato suscrito entre el Estado español y el Estado Vaticano, de 27 de agosto de 1953, dejó de tener vigencia en 1979. En dicha fecha, el Concordato fue sustituido íntegramente por una serie de Acuerdos de Cooperación entre España y la Santa Sede que versan sobre asuntos jurídicos, sobre: enseñanza y asuntos culturales, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y asuntos económicos. Unos acuerdos que sólo fueron un lavado de cara para edulcorar los privilegios de la Iglesia católica, tras la muerte del dictador. Privilegios que se mantienen a día de hoy.

Posteriores modificaciones, en concreto en el 2006, se han centrado en el terreno económico con un incremento del 0,18%, situándose en la actualidad en un 0,7%,  de la asignación de la casilla de la declaración de la Renta a cambio de renunciar la Iglesia al complemento presupuestario.

Todos estos acuerdos han conformado que el Estado español está muy lejos de ser, al menos en los hechos, un estado aconfesional como proclama la Constitución Española en su artículo 16. Es más, es el Estado el que se ha convertido en recaudador financiero de la Iglesia Católica para sus fines religiosos.

Según la memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España año 2016, la liquidación de la asignación tributaria ascendió a 268.275.878,17€, si habéis leído bien, dos cientos sesenta y ocho millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho con diecisiete céntimos de euros.

En el detalle y explicación de las partidas de recursos y empleos de la asignación tributaria recibida en 2016, es utilizado para pagar sueldos y seguros sociales del clero, para gasto corriente y proselitismo de la Conferencia Episcopal, para publicidad y propaganda de las campañas eclesiales, para la financiación de sus propios medios de comunicación 13TV, para los distintos centros de formación (facultades eclesiásticas y colegios), para montar campañas antiaborto, homófobas y contra la diversidad de derechos civiles, para las beatificaciones, para engordar las arcas del Vaticano, para el pago del IVA… En fin, incluso nada que ver con fines sociales ni caritativos.

Han debido jurar y/o prometer cinco presidentes del Gobierno, hasta que viéramos el pasado 2 de junio, tomar posesión de su cargo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sin crucifijo ni Biblia.

Han pasado 40 años, con una Constitución que declara un Estado aconfesional, para que la promesa del cargo de presidente se hiciese sin crucifijos ni Biblias. Los diecisiete ministros y ministras que forman parte del actual Gobierno del PSOE, siguieron el mismo formato en las respectivas promesas de sus cargos ministeriales.

Hay que dar la bienvenida a los gestos, siempre se dice que hay que empezar por algo, pero es claramente insuficiente, pues el socialismo demanda un Estado laico, coincidiendo con el diario “El País” en fecha 2-7-2017 ante las declaraciones de Pedro Sánchez en los Desayunos de TVE.

“A cada gobierno socialista le ha correspondido una responsabilidad y afrontar distintos retos. Ahora, Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, estima que “cada generación tiene su cometido y a él le corresponde avanzar hacia el Estado laico. Es su responsabilidad. Sin ir contra nadie, sin ofender a nadie, y garantizando el hecho religioso, vamos a avanzar si tengo el honor de presidir el gobierno hacia instituciones laicas y pienso, por ejemplo, en la República francesa”

Es por ello, que dichas declaraciones cuando estábamos en la oposición hay que llevarlas a término para no decepcionar a los socialistas ahora que alcanzamos el gobierno. Es por estas posiciones, entre otras muchas que formaban parte del “No es No”, por lo que muchos y muchas apoyamos a Pedro Sánchez en su propuesta de giro a la izquierda tras el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.
Jose A. Fernández Guerras

Afiliado al PSM-PSOE en la Agrupación de Leganés

Adherido a Izquierda Socialista

La reciente firma del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2.018, 2.019 y 2.020, junto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el aumento de las retribuciones de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones- en base al Índice de Precios al Consumo (IPC)-, ponen fin, en principio, a un dilatado periodo de fuerte devaluación salarial en nuestro país, de acuerdo con la pretensión final de la perniciosa reforma laboral emprendida por el gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, no es extraño, a pesar de que el Acuerdo  no compensa, ni remotamente, el desplome salarial acumulado en los años de crisis (sobre todo de las rentas más bajas),  que haya sido muy bien valorado por los medios de comunicación e, incluso, por los poderes fácticos y por diversos organismos internacionales, además de ser aprobado ampliamente por los órganos de dirección de UGT y CCOO.

En todo caso, se trata de un Acuerdo de mínimos que, si bien llega tarde, será de obligado cumplimiento en la negociación de los convenios colectivos para este y los próximos dos años. En este sentido, los puntos más importantes del AENC: la concreción del incremento salarial, la redacción de la cláusula de revisión salarial y el salario mínimo de convenio deberán negociarse en los convenios sectoriales y de empresa de manera articulada con el Acuerdo firmado. Esta circunstancia debe ser aprovechada para potenciar la negociación colectiva sectorial- que debe primar siempre sobre la negociación en la empresa- y, desde luego, para poner de nuevo a prueba la capacidad de negociación y de movilización de los sindicatos en los sectores de producción y servicios, así como en la totalidad de los diversos centros de trabajo, sobre todo con fuerte presencia sindical.

Paralelamente a este hecho se han publicado los datos de paro registrado en las oficinas públicas de empleo, así como los de afiliación a la Seguridad Social (SS) del pasado mes de junio. Estos datos confirman, una vez más, el grave problema del desempleo (Jóvenes, parados de larga duración y mayores de 55 años), la precaria situación de nuestro mercado de trabajo, la baja protección social de los desempleados y la brecha salarial de género. Estos problemas, finalmente, consolidan un modelo productivo escasamente competitivo que, además, se ve muy afectado por los problemas derivados de la insuficiente recaudación de nuestro sistema fiscal.

En el mes de junio pasado los Servicios Públicos de Empleo han registrado 3.162.162 personas en paro (el 59% mujeres, aunque representan el 46% de la población activa), lo que implica un descenso de 89.968 personas sobre el mes pasado (menos 2,77%). Sin embargo, según CCOO, se trata de la menor bajada del paro en un mes de junio desde el año 2.011, con el agravante de que, en cómputo anual, el descenso también es menor: 200.649 desempleados en comparación con los 404.243 registrados en el mes de junio de 2.017. Por otra parte, la afiliación media de la Seguridad Social aumenta en junio en 91.322 personas (0,48%), debido al aumento del empleo (estacional) en la hostelería y el comercio, superando de nuevo los 19 millones de personas (en concreto 19.006.990). Como consecuencia, el crecimiento anual de la afiliación a la SS se sitúa en 573.884, lo que, a pesar de ser estimable, resulta inferior al del año pasado puesto que alcanzó a 672.835 nuevos afiliados.

Estos datos, moderadamente positivos, conviven muy mal con el aumento de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, como se ha puesto de manifiesto anteriormente. El número de contratos registrados en el mes de junio fue de 2.055.762, un 0,13% menos que en el mes de mayo, debido a la reducción del número de contratos indefinidos (3,55% menos) y a pesar de que los contratos temporales suben un 0,24% en el mes. Si comparamos estos contratos con los registrados el año anterior, estos descienden un 1,62% a causa de la bajada de los contratos temporales (30.268 menos) y a pesar de que los contratos indefinidos aumentan  (más de 26.510).

En todo caso, se mantiene un excesivo recurso a la contratación temporal, de forma que 91 de cada 100 contratos son temporales. A esto hay que sumar  que el peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de los contratos se mantiene en un 35,5% y, lo que es más grave, sólo un 5,5% de los contratos que se firmaros en junio fueron indefinidos a  tiempo completo. A todo ello hay que añadir que el llamado contrato de emprendedores aumentó en junio en 26.671; un crecimiento cercano al 15% respecto a junio del año pasado, lo que incrementa también la precariedad, ya que este contrato se utiliza también por los empresarios como fórmula para burlar la contratación indefinida. Eso explica que el Ministerio de Trabajo, con buen criterio, se proponga eliminar definitivamente el contrato de emprendedores, además de revisar a fondo los contratos de formación y aprendizaje.

Lo más grave de todo es la fuerte rotación del empleo temporal que se produce en un número muy limitado de puestos de trabajo, que son los que concentran un gran volumen de contratos temporales (de apenas unas horas o días). Según datos de la EPA, recogidos por CCOO, en el primer trimestre de 2.018 había 165.500 personas con contratos temporales de una duración inferior a un mes.

En relación a la prestación por desempleo, el número de trabajadores  en paro con prestaciones alcanzó en el pasado mes de mayo la cifra de 1.716.471 (lo que representa el 56,03%: 25 puntos menos que en el año 2.010), de los que 1.058.365 cobraban un subsidio asistencial y sólo 658.106 la prestación contributiva. El gasto medio por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la SS, se situó en el mes de mayo pasado en sólo 805 euros mensuales. Y el gasto en prestaciones por desempleo se ha recortado en nada menos que un 46% entre los años 2.010 y 2.017, bajando de 32.238 millones de euros (año 2.010) a 17.474 millones (año 2.017), según recoge la UGT.

Por otra parte, la brecha de género- un asunto de rabiosa actualidad-, se está  manifestando en todos los ámbitos del mercado laboral, reflejando en definitiva, con mucha claridad, la discriminación de la mujer en el empleo, en la contratación, en los salarios y en las  pensiones. Además, también resulta particularmente relevante en la prestación por desempleo, como lo determina que la protección de las mujeres, en el mes de mayo de 2.018 (52,6%), está 11 puntos por debajo de la prestación de los hombres (63,5%).

Por último, es necesario resaltar que estos datos tienen un impacto directo en nuestro modelo productivo, basado en actividades de poco valor añadido (agricultura, hostelería, comercio y servicios) y con importantes carencias y limitaciones en los sectores industriales de alto valor y contenido tecnológico. A lo que hay que añadir la escasa dimensión de las plantillas de las empresas consideradas como medianas y pequeñas,  la baja cualificación profesional de los trabajadores y el abuso sistemático del dumping social por muchas  empresas  para intentar ser más competitivas.

No es extraño que los sindicatos exijan al gobierno un cambio de nuestro modelo productivo, con el propósito de mejorar nuestra competitividad y de generar empleos de más calidad, estables y con derechos reconocidos. También exigen abordar los asuntos de relevancia señalados anteriormente, que tienen relación directa con la insostenible precariedad (temporalidad y contrato a tiempo parcial no deseado), la escasa prestación social por desempleo, la intolerable brecha de género y la regresiva política fiscal.

En coherencia con ello, el gobierno debe actuar con la mayor diligencia posible y asumir que ahora toca resolver prioritariamente estos problemas que, no lo olvidemos, afectan principalmente a los más desfavorecidos. A la superación paulatina de la fuerte devaluación salarial se debe añadir el imprescindible combate al abuso de la temporalidad, corregir la escasa protección social (desempleo, dependencia y pensiones), luchar por la igualdad de género (y también de clases), además de  superar el desarme fiscal con el propósito de recuperar la inversión productiva y los niveles de protección social, cosa que no será nada fácil ante la oposición de los poderes fácticos: el intolerable chantaje anunciado por la CEOE-CEPYME es todo un ejemplo. Abordar estos asuntos con las fuerzas progresistas y con los interlocutores sociales resulta imprescindible para repartir de una manera más justa los beneficios que se están generando por un mayor crecimiento de la economía, lo que requerirá concretar los pasos a dar para eliminar las últimas reformas laborales (muy a pesar de la relación de fuerzas en el Parlamento y del reciente Informe de la OCDE que propone profundizar en dichas reformas: llámense recortes) y potenciar la negociación colectiva sectorial. Todo ello no significa, en absoluto, minusvalorar los problemas relacionados con la regeneración democrática (profundizar en la democracia y en las libertades) y con el debate territorial (problema catalán, reforma de la Constitución, Estado Federal…).

No debemos olvidar que sigue pendiente la superación de las desigualdades (corregir el déficit social generado en los años de crisis), reducir la pobreza, eliminar la exclusión social y potenciar la igualdad de oportunidades, que son el  fundamento de las ideas socialdemócratas. Por eso el gobierno Sánchez debe responder de manera convincente a estos problemas. Y lo deberá hacer tanto dentro de nuestro país como  en el seno de la Unión Europea. Una Unión muy necesitada de políticas sociales audaces, además de  comprometidas con las libertades, con una mayor democracia y con medidas de integración de los inmigrantes- que acuden a nuestras costas huyendo del terror- y, lo que es más importante, con las ayudas necesarias a los países de donde proceden los inmigrantes. En este contexto, la política practicada recientemente por Sánchez en el ámbito europeo hará más fácil el alcanzar acuerdos en relación al techo de gasto y, sobre todo, a los PGE-2.019, dada la esperada actitud, previsiblemente más flexible (con el déficit), de la UE. Esperar y ver.

11. 07. 2.018. Antón Saracíbar  

Una ola reaccionaria recorre el mundo contra la inmigración: desde la frontera de Méjico con los EE.UU, pasando por la de Birmania con Bangladesh, hasta el Mediterráneo; frontera natural para quienes migran desde África y Oriente próximo. Según datos de la ONU, entre 2000 y 2015, las migraciones han crecido un 46%, al pasar de 175 a 255 millones, las personas que abandonan sus casas y sus familias; que migran huyendo de la guerra el hambre y la violencia en todas sus formas. Entre 2014 y 2017, más de 14.000 personas murieron ahogadas en el Mediterráneo, convirtiéndose así la “cuna de la civilización” en la “fosa común” de la migración.

Partidos políticos en Europa fomentan el rechazo contra los pobres (aporofobia), que no tanto el rechazo a los extranjeros; como el Partido Popular o Ciudadanos en España, la Liga Norte en Italia, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la “Libertad” en Holanda, Alternativa para Alemania, etc. Qué decir del Partido Republicano en los USA, con su ala extrema el Tea Party.

La respuesta de los estados, sea en el continente que sea, suele ser de poner trabas y abandonar a su suerte a cientos de miles de seres humanos; entre ellos y ellas centenares de niños y niñas que engrosan las cifras de ahogados en el Mediterráneo. Miran para otro lado y no respetan de hecho el derecho de asilo, de obligado cumplimiento, regulado en el Artº 14 de la Declaración Universal de los Derechos del Humanos y desarrollado por la Convención de Ginebra de 1951.

En no pocas ocasiones, la respuesta ha sido brutal, criminal. No vamos olvidar los 15 inmigrantes muertos en febrero de 2014 en la playa del Tarajal en Ceuta, cuando la Guardia Civil les disparó material anti disturbio, mientras se ahogaban en el agua, en lugar de prestarles ayuda para salvar la vida. El Ministro del Interior en aquel momento, Fernández Díaz (PP), nada tiene que envidiar en ideología fascista a Trump o a Salvini.

No olvidaremos el asesinato y persecución del Gobierno birmano, una autentica limpieza étnica, contra la minoría Rohigya. Entre 300.000 y 500.000 desplazados a Bangladesh; siendo responsable máxima la Presidenta del Gobierno birmano, Daw Aung San Suu Hyi, y “Premio Nobel de la Paz” (una dosis de prestigio para la institución que otorga esos premios). Al otro lado de la frontera reciben el rechazo violento de los cuerpos policiales de Bangladesh: el 3 de octubre de 2017, hundieron más de 20 barcos cargados de miembros de la etnia Roingya, muriendo decenas de ellos.

Del mismo modo, no vamos a olvidar en mucho tiempo la salvaje repuesta de Donald Trump, contra los inmigrantes centroamericanos que llegan a su frontera sur, enjaulando a niños y niñas tras separarlos de sus familias.

Los partidos de la derecha, y muchos medios de comunicación que se hacen eco de las posiciones de odio, han instalado un relato falso en la sociedad. Mienten cuando dicen hay efecto llamada si un Gobierno toma la digna decisión de acoger un barco rechazado en otros países, como ha sido el caso del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) con el “Aquarius”. Mienten cuando dicen que vienen a quitarnos el trabajo. Mienten cuando relacionan intencionadamente la migración con la delincuencia.

Llegan a nuestras fronteras porque huyen de la situación que viven en sus países de origen; muchos de ellos en guerra. Conflictos en cuyos orígenes están implicados los países (los gobiernos) que rechazan y obstaculizan soluciones para la inmigración.

En el caso de Italia, podría retrotraerme a Eritrea, y la ocupación de la ciudad de Massawa, mediante la que el Gobierno italiano de Francesco Crispi, en 1885, pretendía dominar todo el “cuerno de África”. O de las injerencias y ocupaciones de la Italia fascista de Musolini en Etiopía. Pero no es mi intención en este breve artículo profundizar en la historia del imperialismo, eso ya está en los libros de historia, en los que se puede leer y conocer la historia del Imperio español en América latina, el Caribe o en África (Marruecos, Guienea). Se puede leer y conocer la historia esclavista y colonial de Francia e Inglaterra. Sin embargo, hay que mencionarlo, pues los hechos económicos recientes están ligados a los hechos del pasado.

En este sentido, citar algunos episodios económicos, como por ejemplo: la operación de compra de acciones por la que muchos empresarios italianos se hicieron de oro a costa del pueblo libio, cuando vendieron el 13% de las acciones de FIAT al Lybian Arab Foreing Bank en el año 76 del s. XX., al doble del valor de su cotización, eso que en España Carlos Solchaga bautizó como “un pelotazo”.

Los intereses del capital italiano en el gas y el petróleo libio son muy recientes, fue en 2004, cuando Berlusconi y Gadafi inauguraron el gasoducto submarino que une Libia y la isla de Sicilia construido por las empresas petroleras de Italia y Libia: el ENI italiano y la Western Lybian Gas Projet, y que sirve para distribuir el gas libio a toda Europa.

Más reciente aún, en enero de 2011, Libia adquirió una cuota accionarial en la empresa mixta italiana Finmeccanica; un poderoso conglomerado que produce armas, helicópteros, sistemas de defensa, sistemas para la producción de energía, etc., y de un 2% del accionario en la petrolera italiana ENI.

También es muy larga la historia colonial del Estado francés. Apuntar algunos casos recientes: fue en 2007, cuando Gadafi montó su Jaima en los jardines de Marigny. Sarkozy le recibió en el Elíseo con honores y suscribió contratos, especialmente militares, por valor de 10.000 millones de euros. Lo que no impidió que pocos meses después, el ejército francés participara militarmente en el derrocamiento del régimen libio y en la eliminación física del insigne invitado del Eliseo. Las motivaciones de Sarkozy fueron explicadas en un informe realizado por una Comisión de Investigación del Parlamento de Gran Bretaña, hecho público por el diario “Le Figaro”, el 14 de septiembre de 2016:

1. Obtener una mayor participación en la producción del petróleo en Libia.
2. Incrementar la influencia francesa en el norte de África.
3. Mejorar la situación política-personal de Nicolas Sarkozy en Francia.
4. Permitir que el ejército francés reafirmase su posición en el mundo.
5. Hacer frente a las acciones que Gadafi venía desarrollando con Italia, en detrimento de la presencia económica de Francia en el norte de África.

El Parlamento Británico puso en marcha esta iniciativa de investigación, muy probablemente como herramienta de propaganda contra Francia, para tapar sus responsabilidades en Libia, que también las tiene.

Hay muchos informes sobre las “aventuras” económicas y venta de armas y/o extracción de materias primas francesas en África; como los hay sobre Reino Unido y otros países de nuestro entorno, incluida España.

Es esclarecedor el informe¹ de Hubert Vedrine, exministro de Asuntos Exteriores con Lionel Jospin, que se hizo público en diciembre de 2013, bajo el título “15 propuestas para una nueva dinámica económica entre África y Francia”, en el cual dice:

“África es un continente de una creciente competencia global y Francia está pendiente de su cuota de mercado. La cuota de mercado de China en el continente africano aumentó de menos del 2% en 1990 a más del 16% en 2011 (…). En los 14 países que utilizan el franco francés, las empresas francesas están a la par con China, con una cuota de mercado hoy del 17,2% frente al 17,7% de 2011 (…). La posición de Francia (que en 2002 era aún el mayor exportador) en África subsahariana se ha desmoronado desde entonces. Francia es, en 2011, el quinto mayor exportador a esa zona, detrás de China, la India, los EE.UU., y Alemania. Su cuota de mercado ha disminuido constantemente desde principios de la década de 2000, del 10,1% en 2000 al 4,7% en 2011”.

El informe tiene más de 60 páginas con esclarecedores datos relativos a las preocupaciones económicas del Estado francés en esa zona de África. Lo más importante de este informe es que permite entender por qué Macron, en mayo de 2017, dedicó su primera visita al exterior a las tropas francesas en Mali: tropas del ejército francés que están desplegadas en Mali, Chad, Niger, Brukina Faso y Mauritania, a nombre de combatir el terrorismo. Nos ayuda a entender por qué Francia insta a Alemania a involucrarse en las operaciones militares en los países del centro de África. Incluso esclarece la bronca que tiene montada Trump con la cuestión del incremento de los presupuestos dedicados a defensa.

Son muchos los ejemplos más o menos cercanos en el tiempo que pueden dar una idea de por qué cientos de miles de ciudadanos abandonan todo en sus países de origen y se juegan su vida y la de sus hijos e hijas en una travesía de penuria, dolor y muerte en muchos casos.

Pero no puedo dejar de citar el mayor éxodo de los últimos años, éxodo que deja atrás cientos de miles de víctimas, aunque sea con unas brevísimas pinceladas; me refiero a Oriente Próximo, la Guerra en Siria y sus antecedentes.

La zona que nosotros conocemos como Oriente Próximo está desestabilizada desde la Guerra de Iran-Irak, en los 80 del siglo pasado, conflicto por el petróleo del subsuelo de esa zona, por mucho que nos lo vistan de conflicto teológico entre suníes y chiíes; vamos por tanto camino de los 40 años de conflictos consecutivos, animados, cuando no promovidos de forma directa o indirecta, consciente o inconscientemente por las potencia occidentales y Rusia; en función de intereses geoestratégicos y energéticos. Permítaseme fijar un esquema cronológico que visualice estos 38 años de guerras sucesivas, rememorando algunos hechos relevantes:

-En 1985, en el conflicto citado de la Guerra entre Irán e Irak, con la Administración de los USA con Ronald Reagan de Presidente, estalló el escándalo conocido como “irangate”; al hacerse público que la CIA había estado vendiendo armas a Irak, con cuyo beneficio (se estimaron una 47 millones de dólares) de ventas financiaba a la “Contra nicaguense”.

-Tan sólo 6 años después, el 16 de enero de 1991, una coalición liderada por los EE.UU., con la Administración presidida por George H.W. Busch, en plena etapa del “nuevo orden mundial”, tras la recientísima caída del Muro de Berlín (noviembre de 1989), se interviene en Irak; Estado al que se había financiado y vendido armas un lustro antes. Nuevo conflicto armado en base al petróleo, por la invasión de Kuwait por parte de Irak, en agosto de 1990, a quien acusaba de robarle petróleo de yacimientos limítrofes. La operación “Tormenta del Desierto” y el posterior bloqueo económico sumió a Irak en un retroceso de siglos en el plano médico, alimenticio,…

-Ya en el nuevo siglo, en marzo de 2003, a nombre de las inexistentes armas de destrucción masiva en poder de Irak, se lanza una nueva operación bélica; diseñada cuatro días antes en las Islas Azores, en una reunión apadrinada por Durao Barroso, en aquel momento Primer Ministro de Portugal. En aquella reunión, José Mª Aznar, Presidente del Gobierno español y Tony Blair del Reino Unido, se pusieron literalmente en manos de Estados Unidos, en la etapa de George W. Bush (junior), para iniciar otra guerra genocida que en el caso de nuestro país se llevó a cabo a espaldas del Parlamento y contra la voluntad de los pueblos del Estado español. El resultado de esta intervención, una de las más vergonzantes de la historia, fue la desestructuración de Irak como nación.

-A principios de 2011 estalla el conflicto social en Siria, a partir de la acción represiva del aparato del Estado sirio, contra las protestas por el desempleo galopante, la corrupción y la situación general de malestar social. Sin embargo, siendo cierto que Bashar al-Ásad es un tirano que tiene sometido a su pueblo, lo es menos tirano que la dinastía saudí a la que las mismas potencias occidentales rinden honores. Resulta difícil de creer que esta guerra estalle y que se involucren en ella dos bloques de potencias occidentales y no occidentales, por motivos sociales, por muy deteriorada que esté la situación del pueblo trabajador.

La realidad es que como consecuencia de las guerras anteriores en la zona, todo el territorio está desestabilizado y se está dirimiendo en territorio sirio e irakí quién controla la salida de hidrocarburos por el Mediterráneo por las costas sirias; interés particularmente de Rusia. Se está dirimiendo que el pueblo kurdo no tenga un territorio propio; interés particularmente de Turquía. Y, entre otros intereses, se está dirimiendo la hegemonía en favor de Arabia Saudí e Israel; interés de los Estados Unidos, de Francia y Reino Unido, por motivos económicos y políticos.

Considero que los ejemplos y datos referidos son suficientes, para dar una idea precisa de los verdaderos motivos que están en el origen de la lamentable situación económica que se vive en esos países, de los que provienen las personas que llegan a nuestras costas. Sus calamidades no son ajenas a los movimientos económicos de las multinacionales públicas y privadas de los países europeos y norteamericanos y las relaciones políticas con los distintos estados.

No, no llegan por gusto ni para quitarnos el trabajo; llegan por desesperación. Los “afortunados”, serán sobre explotados, sin contrato, por empresarios sin escrúpulos, en: la construcción, la agricultura, en el servicio doméstico, etc. Muchos de esos empleadores miserables son los que claman contra la inmigración y votan a los partidos reaccionarios de la derecha. Es esa derecha filofascista que reacciona y a la par abusa de las situaciones de extrema pobreza.

Los y las menos “afortunados” caerán en manos de las mafias de la droga y/o la prostitución, eso cuando no llegarán ya secuestrados por dichas mafias.

Si las administraciones actuasen con contundencia contra la sobre explotación laboral, dado el decrecimiento y envejecimiento de la población en la sociedad europea, sería un alivio para nuestros sistemas de protección, como el de Pensiones públicas, que llegase mano de obra de otros países; eso sí, siempre que a esa mano de obra se la contratase y se respetasen las condiciones establecidas en los convenios colectivos.

Si no queremos que vengan, no permitamos que nuestros estados ayuden a las multinacionales a esquilmar sus recursos previa cooptación de sus minorías privilegiadas predispuestas a la corrupción.

Roberto Tornamira Sánchez

Afiliado al PSM-PSOE en la Agrupación de Arganzuela

Adherido a Izquierda Socialista

• https://www.economie.gouv.fr/rapport-afrique-france-partenariat-pour-l-avenir-hubert-vedrine

El pasado mes de junio se produjo un cambio determinante en nuestro país con la llegada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Gobierno, al prosperar la moción de censura presentada al anterior presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El cambio en el Ejecutivo ha abierto grandes expectativas en la mayoría de la sociedad. El nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha manifestado su compromiso con la recuperación de los derechos vulnerados por las medidas regresivas adoptadas por los Gobiernos del Partido Popular (PP), con la protección a las personas y el fortalecimiento del estado del bienestar.

El 13 de junio se celebró en Moncloa el  primer encuentro del presidente del Gobierno, junto a la ministra de Trabajo, con los interlocutores sociales, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO, para analizar los principales problemas sociolaborales que sufre nuestro país: el desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios y falta de protección de las personas desempleadas, que provocan la creciente desigualdad y pobreza junto con  los problemas que atraviesa el sistema público de pensiones. Se estableció el compromiso de impulsar el diálogo social para abordar estas cuestiones centrales para el empleo y la sociedad y tratar las materias relativas a la reforma laboral al igual que la de pensiones. En el trascurso de la reunión las patronales y los sindicatos informaron que estaban cerca de alcanzar un acuerdo en las negociaciones en materia salarial.

Con posterioridad el presidente del Gobierno anunció un plan director contra la explotación laboral del que los interlocutores sociales fueron informados. Dicho plan se orientaría contra la precariedad laboral, los abusos en la contratación, los falsos autónomos y la economía sumergida y la garantía de la protección laboral a los trabajadores y trabajadoras. Se basaría en las experiencias puestas en práctica por los gobiernos socialistas en las Comunidades Autónomas (CCAA), como la de Baleares con las campañas anuales contra el fraude en las contrataciones, que han obtenido unos buenos resultados en la lucha contra la explotación laboral. El plan director se desarrollaría con las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, la colaboración con las CCAA y con el desarrollo normativo necesario.

El 25 de junio se suscribió por las patronales CEOE y CEPYME con los sindicatos UGT y CCOO el preacuerdo del IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), después de un dilatado proceso de negociación en el que las pautas para seguir la evolución de los salarios polarizaron y ralentizaron las discusiones. Las organizaciones sindicales han desarrollado un amplio proceso de movilizaciones en exigencia de la redistribución de los beneficios empresariales en este periodo de recuperación económica a través de incrementos importantes de los salarios e impulsar de forma más intensa el crecimiento de los salarios mínimos de convenio.

El preacuerdo del IV AENC, que será firmado definitivamente tras su ratificación por todas las partes, supone un avance en la necesaria recuperación de las rentas del trabajo en nuestro país tras la intensa devaluación salarial sufrida desde 2010. Los incrementos salariales previstos serán del orden del 3% durante los próximos tres años, con subidas fijas en el entorno del 2% más variables del 1% vinculadas a diferentes parámetros (productividad, beneficios, absentismo, etc.). Es de resaltar, por la trascendencia que puede adquirir en nuestro mercado laboral para mejorar a las rentas más bajas, la determinación de alcanzar en 2020, de forma progresiva, un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales (que supondrán una retribución de 14.000 euros anuales). Junto con estos compromisos adquiridos en materia de negociación salarial se han fijado otras estipulaciones entre los interlocutores sociales, siendo primordiales los criterios para impulsar el procedimiento negociador para la renovación de los convenios colectivos, la solución autónoma de conflictos y el mantenimiento de las condiciones pactadas mientras se está negociando.

Los interlocutores sociales también han acordado diferentes materias para ser tratadas de forma tripartita, con el Gobierno, para mejorar las condiciones de trabajo y la regulación laboral: las contratas y subcontratas; impulsar la transmisión del conocimiento y el rejuvenecimiento de las plantillas mediante el contrato de relevo; medidas de protección social para mantener el empleo en las empresas con dificultades a través de la reducción de jornada; mejorar la regulación de la formación para el empleo; facultar a los convenios colectivos para determinar la jubilación cuando se cumpla la edad ordinaria; medidas para favorecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres; crear un observatorio para el análisis del absentismo no deseado y facilitar las prestaciones a la finalización de los contratos.

Los socialistas valoramos positivamente el preacuerdo del IV AENC, resultado de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales, en su conjunto y en particular en materia salarial porque debería suponer el fin de la devaluación salarial y el inicio del camino para mejorar la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional y, a su vez, también debería beneficiar a la recaudación de la Seguridad Social, tal como propusimos en nuestro Acuerdo por un Trabajo Digno: el Pacto de Rentas.

La reforma laboral ha transferido 2,4 puntos de las rentas de los asalariados al excedente empresarial, la devaluación salarial ha supuesto la pérdida de peso de las rentas del trabajo a favor de las rentas empresariales en el reparto del PIB. No es esta la vía de competitividad que necesita nuestro país en el siglo XXI, nuestro sistema productivo debe competir en innovación, diseño y calidad de los bienes y servicios, con trabajo digno y mejoras en la productividad, para lo cual son necesarias inversiones públicas y privadas en educación, formación, ciencia y tecnología.

Restablecer el poder de negociación de los sindicatos, para que la negociación colectiva recupere la fuerza perdida es un objetivo clave para lograr incrementos salariales en la negociación de los convenios colectivos. Al igual que el respeto de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales para estructurar el sistema de negociación colectiva, preservar su fuerza vinculante    y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa mediante la vertebración y la articulación sectorial, junto con restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos.

Hasta el pasado mes de mayo las exigencias de los sindicatos y de la izquierda sobre la necesaria derogación de la reforma laboral encontraban un rechazo absoluto por parte del Gobierno del PP argumentando que su reforma laboral era la causa principal de la recuperación de la economía, la mejora de la competitividad de las empresas, la disminución del desempleo y de la creación de empleo. El objetivo del Gobierno del PP era profundizar en las medidas regresivas de la reforma laboral de 2012, en base a los compromisos suscritos en agosto de 2016 entre el PP y Ciudadanos en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Ahora se abre una nueva etapa que debería suponer la recuperación de derechos y mejoras en las condiciones de vida y trabajo para los trabajadores y sus familias. Este nuevo tiempo se asienta en la voluntad de desarrollar políticas laborales y sociales que pongan fin a la desregulación de las condiciones de trabajo, la precariedad laboral, los bajos salarios y la desprotección de las personas desempleadas, para erradicar las desigualdades y la pobreza laboral. Las resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE, celebrado en  junio de 2017, establecen el  compromiso de los socialistas de derogar la reforma laboral y construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma consensuada para dotarnos de un marco de relaciones laborales para el siglo XXI,  basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrado que dé respuestas a la globalización de la economía, a las nuevas realidades en el empleo y en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización..

Para ello, es necesario trabajar para alcanzar el respaldo de la mayoría social y ahora, con la actual relación de fuerzas, deberíamos avanzar con determinación con el diálogo social y articulando la necesaria mayoría parlamentaria que apoye las medidas que puedan contribuir a implantar un modelo laboral basado en el trabajo digno con buenos empleos y salarios decentes.

Toni Ferrer