El discurso único de la transición verde:un peligro para la clase trabajadora

El cambio climático es una realidad innegable. Los efectos destructivos de un sistema económico capitalista basado en la especulación, el consumismo, la expoliación de los recursos del planeta y en la explotación del hombre por el hombre, y en manos del poder financiero, son claros. No me extenderé sobre ello.
Es necesario tomar medidas para atajar el problema que el cambio climático supone para el conjunto de la humanidad y especialmente para las generaciones futuras. Pero el gran peligro está en que la transición verde y la digitalización de la economía se ha convertido en el nuevo discurso único, en el que derechas e izquierdas están de acuerdo, como antes fueron discursos únicos el cumplimiento de los indicadores macroeconómicos que nos llevaron al austericidio o la prima de riesgo, que llevó a recortes en el sistema público, nunca más revertidos,
Tenemos ejemplos concretos que nos deben llevar a los socialistas a romper con ese discurso único, con ese consenso aparente, que solo está produciendo destrucción de empleo, pobreza y desafección a la política, No es cierto que todos tengamos la misma responsabilidad en el desastre planetario, ni por asomo. Es el sistema económico el que hay que cambiar.
La única alternativa es el control público de lo que es de todos: el planeta y los recursos naturales. En manos del poder financiero, solo encontraremos más destrucción de las fuerzas productivas y más desigualdad. Mientras unos se frotan las manos con la transición verde, gastando el dinero público en financiar cierres de empresa, deslocalizaciones y reestructuraciones de plantillas, con la excusa de la transición verde, otros, la mayoría social, la clase trabajadora sufre las consecuencias.
Veamos algunos ejemplos en Cataluña que no son diferentes a los que se producen en el resto del Estado español y en el mundo entero:
-La banca: con la excusa de la digitalización de los servicios, han bajado el nivel de servicios a los clientes. Es habitual encontrar abuelos implorando que les actualicen la libreta, o les ayuden en tal o cual trámite. Decenas de miles de puestos de trabajo menos en el sector bancario, reducción del número de oficinas y se deja colgado a miles de personas incapaces de realizar las operaciones más elementales de forma digital.
-El Sector de la Automoción: Tras el cierre de Nissan y el Bluf de la china GWM se ha producido la expulsión del mercado de trabajo de miles de personas. En las demás empresas del sector, la fabricación del coche eléctrico (de dudosa eficiencia ambiental por el impacto ecológico de las baterías) conllevará la expulsión del mercado de trabajo de al menos el 40% de las plantillas al necesitarse menos mano de obra.
Este mes de noviembre, en una región ampliamente desindustrializada (el Penedès-Garraf). se ha anunciado un nuevo cierre de empresa de componentes para el automóvil que no serán necesarios para fabricar el coche eléctrico. Mahle de Vilanova i la Geltrú cierra dejando en la calle a 343 trabajadores. La multinacional alemana fabrica piñones de motor para vehículos. Esa pieza no se utiliza en los motores eléctricos de coche.
Este cierre se une al de la división de Glass de Saint Gobain en L’Arboç, la Robert Bosch en Castellet i la Gornal, Alfisa en Santa Margarida i el Monjos, El Corte Inglés en La Bisbal del Penedès, entre otras. La desindustrailización del Penedès y Garraf avanza en un desangrado sin que se sepa nada de los reclamados planes de reindustrialización necesarios ante un desempleo creciente en unas comarcas en las que la presión demográfica sigue creciendo con población procedente del área metropolitana de Barcelona.

  • Zonas de bajas emisiones en las ciudades: la imposibilidad de circular por amplias zonas urbanas y periurbanas con determinados vehículos considerados contaminantes es una cuestión que afecta negativamente a la clase trabajadora, especialmente con rentas más bajas, ante la imposibilidad de invertir en un coche eléctrico (por su precio) y poder desplazarse a trabajar.
    • Eléctricas: el mercadeo de las eléctricas es un claro ejemplo de especulación de las multinacionales con las denominadas energías verdes, que se traduce directamente en pobreza energética.
      Podría seguir poniendo ejemplos, pero la cuestión es que hay que romper con ese discurso único. La transición verde no puede ser justa cuando quita el sustento a millones de trabajadores de todo el mundo, mientras el poder financiero invierte en los objetivos de desarrollo sostenible para mantener e incrementar su tasa de beneficio.
      Los socialistas hemos de poner freno. Nuestra gente, la clase trabajadora, está amenazada y el gran peligro es que de seguir en el discurso único, los partidos de izquierda seremos vistos por nuestra gente como parte del problema, causando desafección política y labrando el terreno para los negacionistas del cambio climático y el populismo de la ultraderecha.
      Hay que elevar la voz y exigir soluciones para la industria, poniendo freno a los cierres y despidos y aplicando medidas de control público sobre la industria y sobre las causas del cambio climático.
      Baltasar Santos
      Primer secretario PSC El Vendrell

El discurso único de la transición verde: un peligro para la clase trabajadora

El cambio climático es una realidad innegable. Los efectos
destructivos de un sistema económico capitalista basado en la
especulación, el consumismo, la expoliación de los recursos
del planeta y en la explotación del hombre por el hombre, y
en manos del poder financiero, son claros. No me extenderé
sobre ello.
Es necesario tomar medidas para atajar el problema que el
cambio climático supone para el conjunto de la humanidad
y especialmente para las generaciones futuras. Pero el gran
peligro está en que la transición verde y la digitalización de
la economía se ha convertido en el nuevo discurso único, en
el que derechas e izquierdas están de acuerdo, como antes fue-
ron discursos únicos el cumplimiento de los indicadores ma-
croeconómicos que nos llevaron al austericidio o la prima de
riesgo, que llevó a recortes en el sistema público, nunca más
revertidos,
Tenemos ejemplos concretos que nos deben llevar a los so-
cialistas a romper con ese discurso único, con ese consenso
aparente, que solo está produciendo destrucción de empleo,
pobreza y desafección a la política, No es cierto que todos ten-
gamos la misma responsabilidad en el desastre planetario, ni
por asomo. Es el sistema económico el que hay que cambiar.
La única alternativa es el control público de lo que es de
todos: el planeta y los recursos naturales. En manos del poder
financiero, solo encontraremos más destrucción de las fuerzas
productivas y más desigualdad. Mientras unos se frotan las
manos con la transición verde, gastando el dinero público en
financiar cierres de empresa, deslocalizaciones y reestructura-
ciones de plantillas, con la excusa de la transición verde, otros,
la mayoría social, la clase trabajadora sufre las consecuencias.
Veamos algunos ejemplos en Cataluña que no son diferentes
a los que se producen en el resto del Estado español y en el
mundo entero:
-La banca: con la excusa de la digitalización de los servicios,
han dejado de prestar un servicio del que el conjunto de tra-
bajadores somos reos. Decenas de miles de puestos de trabajo
menos en el sector bancario, reducción del número de oficinas
y se deja colgado a miles de personas incapaces de realizar las
operaciones más elementales de forma digital.
-El Sector de la Automoción: Tras el cierre de Nissan y el
Bluf de la china GWM se ha producido la expulsión del mer-
cado de trabajo de miles de personas. En las demás empre-
sas del sector, la fabricación del coche eléctrico (de dudosa
eficiencia ambiental por el impacto ecológico de las baterías)
conllevará la expulsión del mercado de trabajo de al menos el
40% de las plantillas al necesitarse menos mano de obra.
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noviembre de 2021
Este mes de noviembre, en una región ampliamente desin-
dustrializada (el Penedès-Garraf). se ha anunciado un nuevo
cierre de empresa de componentes para el automóvil que no
serán necesarios para fabricar el coche eléctrico. Mahle de Vi-
lanova i la Geltrú cierra dejando en la calle a 343 trabajado-
res. La multinacional alemana fabrica piñones de motor para
vehículos. Esa pieza no se utiliza en los motores eléctricos de
coche.
Este cierre se une al de la división de Glass de Saint Gobain
en L’Arboç, la Robert Bosch en Castellet i la Gornal, Alfisa
en Santa Margarida i el Monjos, El Corte Inglés en La Bisbal
del Penedès, entre otras. La desindustrailización del Penedès
y Garraf avanza en un desangrado sin que se sepa nada de los
reclamados planes de reindustrialización necesarios ante un
desempleo creciente en unas comarcas en las que la presión
demográfica sigue creciendo con población procedente del
área metropolitana de Barcelona.

  • Zonas de bajas emisiones en las ciudades: la imposibili-
    dad de circular por amplias zonas urbanas y periurbanas con
    determinados vehículos considerados contaminantes es una
    cuestión que afecta negativamente a la clase trabajadora, es-
    pecialmente con rentas más bajas, ante la imposibilidad de in-
    vertir en un coche eléctrico (por su precio) y poder desplazarse
    a trabajar.
  • Eléctricas: el mercadeo de las eléctricas es un claro ejem-
    plo de especulación de las multinacionales con las denomina-
    das energías verdes, que se traduce directamente en pobreza
    energética.
    Podría seguir poniendo ejemplos, pero la cuestión es que
    hay que romper con ese discurso único. La transición verde no
    puede ser justa cuando quita el sustento a millones de trabaja-
    dores de todo el mundo, mientras el poder financiero invierte
    en los objetivos de desarrollo sostenible para mantener e incre-
    mentar su tasa de beneficio.
    Los socialistas hemos de poner freno. Nuestra gente, la clase
    trabajadora, está amenazada y el gran peligro es que de seguir
    en el discurso único, los partidos de izquierda seremos vistos
    por nuestra gente como parte del problema, causando desafec-
    ción política y labrando el terreno para los negacionistas del
    cambio climático y el populismo de la ultraderecha.
    Hay que elevar la voz y exigir soluciones para la industria,
    poniendo freno a los cierres y despidos y aplicando medidas
    de control público sobre la industria y sobre las causas del
    cambio climático.
    Baltasar Santos

    Primer secretario PSC El Vendrell

¿Obedecen los planes de transición verde a la necesidad de salvar el planeta?

El diario La Vanguardia del 24 de octubre publica un artículo titulado “El alza de la luz amenaza con provocar parones en la industria”. De igual manera, los últimos meses estamos sufriendo los perversos efectos del mercadeo de la energía en manos del oligopolio energético (ver artículos en tribuna socialista, 126, sin ir más lejos). Entre estos efectos perversos se encuentra la subida exponencial del precio de la electricidad que provoca pobreza energética que sufren cada vez más hogares, aumento de los precios de productos de primera necesidad, que nos lleva a una inflación que se sitúa entre el 3% y el 4%, y ahora amenaza con parar la industria. El debate sobre el cambio climático y la transición energética se sitúa como prioritario para la clase trabajadora, no solo por los efectos negativos del cambio climático sobre el planeta, los ecosistemas y la humanidad, sino también por las consecuencias desastrosas sobre las relaciones entre el capital financiero (como propietarios de los medios de producción) y la mayoría social que conformamos el 99% de la población mundial. Analicemos:

¿Qué causa el cambio climático?

Por activa y por pasiva se nos atribuye a todos y cada uno de nosotros por igual la responsabilidad sobre el cambio climático. No reciclamos lo suficiente, consumimos productos contaminantes, malgastamos alimentos, agua, luz, gas… ¡Ya está bien!.

Si hay tres cosas claras sobre el deterioro del medio ambiente es que:

1.-El cambio climático es consecuencia de un sistema de producción de bienes de forma intensiva basado en la producción masiva al mínimo coste posible y en la expoliación de los recursos naturales que son de todos. Es decir, el desarrollo insostenible.
2.- La segunda cuestión, aún más importante si cabe, es la propiedad privada de los medios de producción que para la obtención de su tasa de beneficio a corto plazo no duda en despilfarrar los recursos naturales, contaminar, o reducir el coste de la fuerza productiva de la mano de obra.
3.- Un sistema económico basado en la “obsolescencia programada” y el fomento del consumismo capitalista. Les aconsejo ver el documental de TVE “Tirar, comprar, tirar” que retrata bien las consecuencias de esta relación entre consumo y deterioro del medio ambiente.

Las alternativas propuestas para luchar contra el cambio climático: Los objetivos de desarrollo sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha estimado que las necesidades anuales de inversión en todos los sectores serían entre cinco y siete billones de dólares.

La Alianza Mundial de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible, una coalición apoyada por las Naciones Unidas de 30 líderes empresariales que se presentó en octubre de 2019, trabaja para movilizar recursos en favor del desarrollo sostenible. Pueden ver en este enlace los objetivos y la lista de estas 30 multinacionales, y hacerse una idea de que los objetivos de la alianza mundial de inversionistas sigue siendo la de mantener e incrementar su tasa de beneficio con la excusa del desarrollo sostenible, en un sistema capitalista colapsado.

Si los inversionistas son los que deben procurar la sostenibilidad del sistema es como poner al zorro al cuidado de las gallinas.

Por poner solo un ejemplo concreto, uno de los ODS es el número 13: la acción por el clima, sobre el que el Secretario General de las Naciones Unidas ha propuesto 6 medidas:

Empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo.

Economía verde: hacer que las sociedades y los pueblos sean más resilientes mediante una transición justa para todos y que no deje a nadie atrás.

Invertir en soluciones sostenibles: los subsidios a los combustibles fósiles deben desaparecer y los contaminadores deben pagar por su contaminación.

Afrontar todos los riesgos climáticos.

Cooperación: ningún país puede triunfar por sí solo.

La transición verde

El 14 de julio de 2021, la Comisión Europea adoptó una serie de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad con el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% en esta década. La mayor utilización de energías renovables y la reducción del consumo son dos de esas propuestas. Una pregunta a los inteligentes lectores de TS: Si el precio de la energía es más caro ¿se reduce el consumo?.
Además, esta transición verde que nos propone la comisión europea, basada en la descarbonización de la economía, tiene otras 11 iniciativas legislativas entre las que destacan:

  • Detener la fabricación de automóviles de motor de combustión en 2035.
  • Gravar las importaciones de productos que generan CO2. En el caso del sector de la automoción, un ingeniero con más de 20 años de experiencia en el sector nos dice: “ningún ingeniero serio da crédito a la persecución del diesel como combustible. No ha habido ningún sector donde se haya conseguido más avances medioambientalistas que en el diesel.” Sin embargo, el bombardeo mediático contra los combustibles fósiles, y la apuesta decidida por el vehículo eléctrico forman parte de los planes de la UE para esta década. ¿con qué consecuencias?. La fabricación del vehículo eléctrico necesita menor mano de obra. Solamente en España (segundo productor de vehículos de la UE) se cifra en que la mitad de los puestos de trabajo (unos 150000) pueden tener sus días contados.
    China ha parado su producción industrial en ciertas regiones para no colapsar su gasto energético y de paso que sus productos no tengan el recargo sobre C02, provocando desabastecimiento de materias primas y de piezas en los mercados occidentales. Particularmente, en Europa, y concretamente en España, la extensión de los ERTES no es producida por la pandemia, sino por el desabasteciento del sector.

El día 13 de julio el Gobierno español aprobó el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) sobre el vehículo verde y conectado. SEAT-Volkswagen ya se ha presentado como candidata para ser receptora de dichos fondos europeos.

Igual que otras muchas multinacionales, de la automoción y de otros sectores, los fondos europeos se están convirtiendo en inyecciones de dinero para una transición verde hacia una economía descarbonizada y que necesita de menos mano de obra.

En noviembre de 2021 tendrá lugar en Glasgow una nueva cumbre de la ONU para dar un paso más en el proceso de descarbonización. Todo apunta a la adopción de medidas para aumentar la fiscalidad de combustible para vehículos y calefacción. Sus efectos sobre los precios y las necesidades energéticas de la población pueden ser explosivos.

Digitalización de la economía

No se trata de otra cara de la misma moneda. La digitalización de la economía es otra versión para aplicar los planes de mantenimiento y aumento de la tasa de beneficio para las empresas de servicios.

Con la excusa de la descarbonización de la economía los bancos cierran sucursales, echan a la calle a decenas de miles de trabajadores del sector, ofrecen un menor servicio a los clientes cautivos y nos cobran más comisiones ya no solo por las gestiones realizadas (que ya es discutible) sino por guardar el dinero en una cuenta bancaria. La ciudadanía está presa de un sistema que nos obliga a tener el dinero en el banco, y del que directamente se nos roba parte de los rendimientos de nuestro trabajo.

Según el director del Banco de España, Hernández de Cos hoy hay en España un 9% de las empresas que son insolventes y a las que se debe dejar de subvencionar. El único problema para dejar morir estas empresas y los miles de puestos de trabajo es el alto coste social que tal medida conllevaría.

Nadie cuestiona la propiedad privada de los medios de producción

Al principio de este artículo hablaba de tres grandes causas para el desastre ambiental en que estamos sumidos:

1.-El cambio climático es consecuencia de un sistema de producción de bienes de forma intensiva basado en la producción masiva al mínimo coste posible y en la expoliación de los recursos naturales que son de todos. Es decir, el desarrollo insostenible.
2.- La propiedad privada de los medios de producción que para la obtención de su tasa de beneficio a corto plazo no duda en despilfarrar los recursos naturales, contaminar, o reducir el coste de la fuerza productiva de la mano de obra.
3.- Un sistema económico basado en la “obsolescencia programada” y el fomento del consumismo capitalista. Les aconsejo ver el documental de TVE “Tirar, comprar, tirar” que retrata bien las consecuencias de esta relación entre consumo y deterioro del medio ambiente.

Ninguna de las medidas adoptadas por las distintas instituciones a nivel mundial, europeo o gubernamental va encaminada a su corrección.

En cambio, se toman medidas para la reconversión de los sectores a la producción (en manos de multinacionales) y utilización de energías limpias, afrontando una supuesta tercera revolución industrial en la que el encarecimiento de los bienes y servicios de primera necesidad y la menor utilización de mano de obra son determinantes para que el capital financiero y la alianza mundial de inversionistas sigan obteniendo su beneficio, eso sí, por el bien del planeta. Esta tercera revolución industrial que nos proponen no es sino una obsolesencia programada del sistema económico mundial para inventar otro (aparentemente) en el que las relaciones de dominación del capital financiero sobre la clase trabajadora sigan incuestionadas.

Cuidado con el consenso

Que la necesaria causa común de “salvar el planeta” no nos ciegue para ver que los verdaderos causantes del problema no solo no pueden ser parte de la solución sino que además lo agravarán. El consenso de todos los seres humanos, ricos y pobres, explotadores y explotados, no solo es una falacia sino además un insulto a la inteligencia colectiva del 99% de la población. Ningún plan elaborado por los destructores del planeta y dueños del sistema va a propiciar otra cosa que continuar expoliando los recursos naturales y explotando a la inmensa mayoría social que somos la clase trabajadora.

Baltasar Santos
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Impostores

Dice Puchito en una de sus canciones que ni afina, ni canta. Sería una de las definiciones que le delatarían como impostor ya que él destaca y se está convirtiendo en uno de los cantantes más en boga, como se decía antes, del último año. Yo le conozco desde hace varios, pero no es mérito mío. No he estado meses a la busca de nuevos talentos musicales en el desértico y desalentador panorama de la música nacional, si lo que escuchas es lo que ves por las cadenas de Tv, repletas de ‘Talent Shows’, además cuentas con la respetable cifra de 62 años y estás anclado en el rock de los 60 y 70, el pop británico de los 80 y en la Movida madrileña-viguesa-catalano-malagueña-levantina y los cantautores de las narices como decía el inigualable Aute, léase los Imperecederos e inmortales: Serrat, Sabina, Hilario, el propio Aute con los actuales Melendi y los hermanos Muñoz, que llevan años repartiendo estopa.
MI conocimiento viene gracias a dos factores, que de menor a mayor serían: los Javis, esos genios de la cinematografía y el serial televisivo con su estratosférica ‘Paquita Salas’, compendio, manual y guía de cómo hacer una serie; y en segundo, pero realmente primer plano, mi hija de 17 años, que conoce al tal Puchito de antes de su explosión con el último LP, como se decía AC (antes de Cristo), cuando aún firmaba como ‘Crema’ del que se declaraba fan. Jura y perjura, la mía hija, que me puso alguna de sus canciones, y jura y perjura que yo la escuche, lo que me hace conocedor de Puchito hace lo menos cuatro años, un universo en el calendario relativo de mi hija. Juro y perjuro que no lo recuerdo.
Sí recuerdo la sintonía de cierre de uno de los capítulos, el final de la grandiosa serie antes mencionada, en un principio un heterodoxo bolero llamado ‘Un Veneno’, terminada en una extraña ¿taranta? en la que colabora el Niño de Elche. Fue mi primer contacto con ‘El Madrileño’ que me parece el mejor CD, LP, Álbum, o como coño se llame, publicado en los últimos años en España y en parte del extranjero. Sorprende, su eclecticismo por la variedad de sones, estilos, en cada uno de los temas, que además desde la apertura de la obra ‘Demasiadas mujeres’ los va desarrollando con una unicidad diferente en cada uno de ellos, yendo desde el flamenco en alguna de sus variaciones a la bossa nova, los ritmos de todo el continente hispanoamericano, islas incluidas. Incontables colaboraciones y prestamos de letras y músicas, que desde una frase que suena apenas perceptible y que poco a poco va entrando hasta cobrar protagonismo (impresionante La Campanera), hasta palabras y fraseos musicales que de repente dan un paso al frente (Cómo quieres que te quiera…) (Quién me va a curar el corazón partio…).
Y una genialidad detrás de otra, hasta llegar al culmen con dos colaboraciones dignas de los maestros que las producen: Kiko Veneno con una de sus siempre sencillas y cotidianas maravillas, ‘Los Tontos’ y para cerrarlo con una crónica de Calamaro, ‘Hong Kong’, que podría retratar a cualquiera de los que rondamos los sesenta y hemos tenido la suerte de sobrevivir a las décadas prodigiosas, porque lo único que realmente hemos tenido ha sido una flor en el culo, aunque no hayamos tenido ni una geisha en Japón, ni un camello en Hong Kong. Madrid siempre ha estado bien surtido de todo.
Puchito, Antón, C. Tangana es un impostor. Nos da todo y no nos da nada. No solo es lo que dice, sino como lo dice, acompañado por una serie de video clips (¿se siguen llamando así?) que son primorosos cortos al más puro estilo conceptual, delicadas pastillas de sustancias sicotrópicas, sugerentes como las letras de sus canciones. Iba a hablar de otros impostores, empezando por mí mismo, pero lo dejaré para mejor ocasión. Escuchad y disfrutad esta pequeña maravilla que se llama ‘El Madrileño’ compuesto y escrito, entre otros, pero de forma completa por este impostor de músico, poeta, literato, criado en el San Viator y por tanto en el barrio de Usera, vivero de iconoclastas, que hace nada era un perfecto desconocido, pero ha dado un golpe en el grafeno de nuestras pantallas y se ha presentado con un grito susurrado.
Gracias por todo Maestro. Salud Compañeros.
Epílogo. Poseído por el espíritu de La Vuelta al Cole, puede que el anuncio más odiado por la población escolar del país, ni siquiera os he saludado al comienzo de esta crónica. Bienhallados.
Martín Lozano

Derogación reforma laboral: no hay más tiempo que perder

Fue el 30 de noviembre de 2019, cuando PSOE y UP firmaron el acuerdo de coalición que dio lugar a la constitución del Gobierno actual. Han pasado más de 600 días y la tan manoseada derogación de la reforma laboral de 2012 sigue aún vigente, prácticamente en todos sus términos.


Todo este tiempo transcurrido, ha dado para muchas declaraciones de ministras y ministros del Gobierno, incluido su presidente Pedro Sánchez. Además del acuerdo firmado por PSOE, UP y EH Bildu que se comprometían a “…. derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivada de la crisis originada por el Covid-19”, sobran comentarios para los intereses de la clase trabajadora sobre la nota aclaratoria enviada por Whasapp del PSOE ese mismo día por la noche.


La triste realidad a fecha de este artículo, es que la única medida efectiva es la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que regulaba el despido objetivo por acumulación de ausencias al trabajo justificadas, incluidas las bajas médicas de corta duración, si bien ya recordó el Ministerio de Trabajo, que las empresas pueden usar ahora la vía del despido disciplinario, indemnizado con 33 días en lugar de 20, para ausencias justificadas e injustificadas, por tanto el despido del trabajador por esta causa sigue vigente.
En el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con datos hasta el segundo trimestre del año 2021, apunta un incremento de los despidos del 41,3% y del 24,7% respecto a las reclamaciones de cantidad. (Periodo -2º trimestre 2020- 2º trimestre 2021. Covid-19.)


Los datos reflejan de manera clara y contundente que la pandemia ha puesto de manifiesto la crisis social y económica que ya se venía gestando, siendo una vez más los trabajadores quienes la estamos sufriendo.


Es evidente que se han llevado a cabo medidas para paliar esta crisis, si bien con la pequeña perspectiva que logramos alcanzar, como siempre se ha favorecido más a las empresas (excluyamos autónomos y micro-empresa) que a la clase trabajadora. A fin de cuentas, ¿De qué le sirve a un trabajador una mejora en su indemnización si lo importante es que se ha quedado sin su trabajo?
Desde la reforma laboral del año 1984 hasta la del año 2012 nos encontramos que en materia de contratación si bien el mercado de trabajo ha sido capaz de generar un gran volumen de empleos, este ha sido temporal y de muy baja calidad aún en los tiempos de bonanza económica, situándonos en fechas actuales en un 26,8% de trabajos temporales lo que representa casi el doble de la media de la Unión Europea que es del 14,2%. A esto hay que añadir la flexibilización en la contratación a tiempo parcial que ha dado lugar en los últimos tiempos a grandes nichos de contratos en fraude de ley con la consiguiente pérdida de ingresos en la caja de la Seguridad Social.


Si abordamos la “salida del mercado de trabajo”, es decir, los despidos de los trabadores en román paladino, la indemnización ha pasado de 45 a 33 días de salario por año de servicio para los contratos celebrados a partir del 12 de febrero de 2012. En los contratos suscritos antes del 12 de febrero de 2012 pero que se extingan tras dicha fecha, el importe de la indemnización no podrá ser superior a 720 días y se ha eliminado el pago de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente. En concreto con las últimas reformas que han abaratado y facilitado el despido, ha conllevado un aumento de número de despidos al utilizarlo las empresas de manera excesiva y no utilizando como último recurso como ocurre en otros países de nuestro entorno.
Además, la reforma laboral del año 2012 facilita la modificación de las condiciones laborales de manera unilateral por las empresas, eliminaba la prórroga automática de los convenios transcurrido un año (la llamada ultraactividad) y establecía la primacía de los convenios de empresa frente a los de sector.


No nos podemos olvidar que, en total, los principales EREs presentados por grandes compañías (Endesa, El Corte Inglés, Caixabank-Bankia, BBVA, Sabadell, Norwegian, H&M, Naturgy, Seat, etc…) en los últimos meses cuentan con una cifra aproximada de 30.000 despedidos, y todo indica que no van a parar de despedir a trabajadoras y trabajadores.


Por tanto, pasado este tiempo y viendo los dimes y diretes de este Gobierno de coalición, claro incumplidor de sus propios compromisos y a la vista de la posición de este Gobierno y su política de marketing vacía de hechos en favor de los trabajadores, hace imprescindible que las dos direcciones de los sindicatos de clase (UGT-CCOO) lleven a término sus declaraciones en pos de la derogación de la reforma laboral del PP y no sólo de sus aspectos más lesivos y para ello convoquen a movilizarse a los trabajadores y así eliminar esta parálisis en la que estamos envueltos.

Jose Antonio Fdez. Guerras

TRANSICIÓN JUSTA… ¿Qué transición JUSTA?

Detrás de la aprobación de los Fondos Europeos de Recuperación para afrontar la reciente crisis económico – sanitaria, ¿hay una visión renovada de la Socialdemocracia internacional?


Los efectos de la crisis económica del 2008, más la crisis sanitaria del COVID han sido devastadores; se han visto acrecentados por las medidas tomadas desde las políticas neoliberales que se aplicaron para “salir” de la debacle económica. Los resultados son, por ejemplo: el estado lamentable de los servicios públicos, y más en concreto de la sanidad pública a la que esos postulados liberales han dejado sin medios suficientes ante cualquier situación de peligro y se ha deteriorado gravemente la atención sanitaria en general.
Son muchas las voces que han escrito y hablado con rigor sobre las causas y consecuencias de adoptar esas ideas dogmáticas, de sesgo neoliberal, y la catástrofe social a la que de manera reiterada conducen una y otra vez, J. Torres, M. Etxezarreta, T. Ferrer, J. L. Rodríguez Zapatero, P. Krugman, V. Navarro, y otros, venían alertando del error del austericidio provocado por las políticas económicas tras 2008, y de la catástrofe sanitaria ocasionada por el abandono de la prevención, la investigación y las políticas sanitarias públicas; de ahí la necesidad de un giro copernicano que establezca la primacía de lo SOCIAL como paradigma de la Economía, supeditando esta a las personas y no al revés.
Si tenemos como referencia esa visión de nuestra sociedad, los Fondos de Recuperación permitirán un relanzamiento político y económico europeo, a corto y medio plazo, pero no será sostenible en el tiempo; salvo que se reviertan las condiciones socio laborales que se aplicaron en su día bajo el pretexto de ser medidas “necesarias” para salir de la crisis: Reforma laboral de la Negociación Colectiva, deflación salarial y precariedad laboral como mantras del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea y el Banco de España cuando actúa de vocero del BCE.


Es, en mi opinión, fundamental que los Fondos tengan las consecuencias que todos esperamos, paliar y recuperar los servicios públicos dotándoles de los presupuestos que fueron recortados. También, hay que recordar que ni las crisis ni sus causas son achacables a los trabajadores ni al modelo social Democrático de Derecho, sino al modelo económico imperante y que crisis tras crisis siempre es el Estado de Bienestar, el sector Público, quien acude al rescate de los sectores privados (Banca, Inmobiliario, etc.). Con un esfuerzo de todos los ciudadanos para recuperar lo que unos pocos, casi siempre los mismos, han dilapidado.


Si no corregimos en profundidad este modelo económico injusto e ineficiente; solo hay que ver los efectos medioambientales del modelo económico actual, volverá a ocurrir lo mismo inevitablemente, y no nos referimos sólo a las crisis sistémicas inherentes a él, también a las medidas que las derechas adoptan para lavar sus errores y culparnos a los demás. Los Fondos no pueden ser un simple cuidado paliativo de un enfermo crónico, deben ayudar, pero ellos solos no cambiaran, pasado el tiempo, las causas del problema.


El verdadero problema, el causante recurrente es el modelo económico neoliberal, una teoría económica que, de manera taimada, oculta que si es evaluada con los mismos criterios que ella exige y de los que presume, no cumpliría ninguno de ellos:

-Eficacia y eficiencia

-Creación constante de riqueza

-Progreso social

Este es el absurdo intelectual y económico del paradigma neoliberal, presumir crisis tras crisis de eficacia económica durante el bucle temporal del Día de la Marmota.

Eduardo Hernández Oñate
Presidente de ASTRADE

¿De verdad es necesario reformar las pensiones?

La necesidad de reforma de las pensiones se asienta sobre una falsedad: el sistema de la seguridad social es deficitario.


El movimiento de pensionistas lleva años denunciando que algunas políticas que debían financiarse con el Presupuesto del Estado, se estaban financiando indebidamente con cotizaciones sociales, esto es, con la caja de las pensiones.
El ministro lo reconoció en Cortes en julio cuando presentaba los Acuerdos del Diálogo Social. Dijo que, además de los gastos en pensiones, con “las cotizaciones sociales se están abordando y se han abordado a lo largo de muchos años políticas de distinta naturaleza”. En el año 2020, suponían un total de 22.000 millones de euros. Escrivá reconoce que en el último ejercicio “los gastos impropios superan el nivel de déficit de la Seguridad Social”. Por tanto, si detraemos los gastos impropios, las cuentas de la Seguridad Social deberían mostrar superávit.


Conocer a cuánto asciende el saqueo que el propio Escrivá reconoce es una obligación, de ahí la exigencia de realización de una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social. Porque toda discusión sobre el futuro de la Seguridad Social exige partir de bases sólidas.


El déficit que justifica la reforma de las pensiones es un falso déficit. Son gastos dedicados a políticas de mejora de la contratación, políticas activas de empleo, subvenciones a determinados regímenes …, que no corresponde a la caja de las pensiones sino a PGE. .


El artículo 109.2 de la Ley General de Seguridad Social establece que el Presupuesto del Estado (PGE) debe hacer las aportaciones necesarias para financiar las prestaciones contributivas. En lugar de ello, Hacienda dio préstamos a la Seguridad Social. Una manipulación contable que permite que el gasto no figure en los PGE, aumentando el déficit del Estado, y, como contrapartida, en las cuentas de la S. Social aparece como gasto, creándole un déficit financiado con préstamos.


Con estas operaciones, la Seguridad Social aparece con una deuda de más de 85.000 millones de euros a 1 de diciembre de 2020.


Todas estos hechos invitan a pensar que el relato que justifica la reforma de las pensiones es una cortina de humo y por ello las organizaciones de pensionistas preparan una concentración el 16 de octubre ante las Cortes, exigiendo claridad.

Carlos Martínez
Militante UGT

Con las Pensiones, las cuentas claras

Desde la década de los 80 del pasado siglo, como mínimo, se viene poniendo a las Pensiones en el punto de mira de los recortes, además de ser el objeto del deseo del capital financiero; el gasto en pensiones está en torno a los 10.000 millones de euros mensuales, bancos y aseguradoras, nacionales e internacionales, “babean” por hincar el diente a estas macro cifras.
Los pronósticos, hipótesis y proyecciones de los economistas que trabajan para generar opinión favorable a los intereses del capital, vienen equivocándose desde hace cuatro décadas, pues, según sus predicciones, el sistema tendría que haber quebrado ya en varias ocasiones. Pero eso le ha dado lo mismo a los gobiernos.


En 1985 se llevó a cabo el primer rejón, cuando el periodo mínimo para tener acceso a la pensión pasó de 10 a 15 años y los años que se tenían en cuenta para hallar la base reguladora pasó de los 2 últimos años cotizados a los últimos 8. En 1997 se pasó de los 8 últimos años cotizados a 15. Desde la reforma de 2011, los años para hallar la base reguladora de la pensión ha ido creciendo y, a partir del próximo año 2022 será de los últimos 25 años cotizados. Cada año más de cotización que se toma para saber la base de nuestra futura Pensión, la cifra resultante decrece, pues cuanto más atrás en el tiempo el salario fue inferior. Este es solo uno de los factores que se ha utilizado para bajar la cuantía de las pensiones.


Con la reforma de 2011, se retrasó la edad de jubilación legal, de forma progresiva, de 65 a 67 (edad de jubilación que se alcanzará en 2027), y en la reforma que está en curso se alienta a que los trabajadores y trabajadoras continúen trabajando más allá de los 67. La reforma de 2013 introdujo el “factor de sostenibilidad”, que pone la pensión en relación con la esperanza de vida, y la revalorización al 0,25%, durante los años del Gobierno de Rajoy, devaluaron el poder de compra de los pensionistas al crecer las pensiones menos que los precios (IPC).


El caso es que cada vez que se reúne el Pacto de Toledo lo hace para rebajar la pensión por la que los trabajadores han cotizado a lo largo de toda su vida laboral. Argumentan que el sistema es insostenible porque comienzan a jubilarse los trabajadores y trabajadoras de la generación del “baby boom”, pero lo que no dicen es que esos trabajadores y trabajadoras, igual que son muchos para cobrar la pensión también fueron muchos y muchas para cotizar.
Como se ve, no han terminado los plazos introducidos por las reformas anteriores cuando ya está en curso una nueva reforma. Se sabe que se va a cambiar el eufemismo “factor de sostenibilidad (FS)” por otro, denominado “mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)”. El primero ya sabemos que consiste en repartir una cantidad fija a lo largo de los años desde la jubilación hasta la media de edad de mortalidad, frente al establecimiento de una pensión indistintamente de los años a los que se produzca el fallecimiento. Aún no está claro en qué consiste el MEI, pero me atrevo a pronosticar que no va a ser para subir las pensiones. Por otra parte, se penaliza a los trabajadores que se jubilen anticipadamente, aunque hayan cotizado más de 40 años. Es una media muy injusta, pues se penaliza a la generación que más ha aportado. Y puede ser doblemente injusta si se aplica a los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo entorno a los 60 años por la aplicación de un ERE.


Lo que verdaderamente supone una hemorragia económica para el sistema público de pensiones no es si hay más pensionistas o si las pensiones suben más que los precios. El problema está en tres hechos irrefutables: las consecutivas reducciones y exenciones de las cotizaciones a las empresas, la devaluación salarial, y el pago, con dinero de las pensiones, de gastos, que correspondían al Estado.


En el primer aspecto, ningún gobierno debiera haber tocado las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, pues eso es lo mismo que tocar la nómina de los trabajadores, ya que las cotizaciones a la Seguridad Social tienen carácter de salario diferido. Por tanto, lo que habría que hacer, en lugar de aplicar nuevos recortes a las pensiones, es revertir las bonificaciones y exenciones a las empresas.


El segundo factor, tiene que ver con la promesa del Gobierno de coalición, incumplida a fecha de hoy, de derogar íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012. La hegemonía del convenio de empresa sobre el sectorial, la posibilidad de los empresarios de descolgarse de la aplicación de convenio o la eliminación del principio de ultraactividad de los convenios, son tan solo tres ejemplos de los mecanismos de devaluación salarial que han tenido lugar en nuestro país desde 2010 hasta hoy.


El tercer elemento lo aportan el Banco de España, el propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sr. Escrivá, y el Tesoro Público; en relación con el dinero que debiéndose haber pagado por el Estado se pagó con el dinero de las cotizaciones. Las tres fuentes no se ponen de acuerdo en la cantidad ni en el periodo de años. Por tanto, tomo como referencia los datos del Tesoro Público, quien dice que entre 1989 y 2013, la Seguridad Social pagó, con dinero de las Pensiones, partidas que correspondían al Estado. La cantidad estimada está entre 100.000 y 155.000 millones de euros. Si, además, esa cantidad se actualizase con la capitalización que podría haber obtenido, la cifra no bajaría de los 200.000 millones de euros.


Esto último, es lo que, con justicia, lleva al movimiento de pensionistas a exigir que se realice una Auditoría pública y transparente de las cuentas de la Seguridad Social. Esta reivindicación es el eje de la movilización que ha sido convocada para el 16 de octubre próximo. Los trabajadores y trabajadoras bien merecen que se reintegre todo lo que haya sido detraído de sus cotizaciones, es decir de sus salarios.

Las cuentas claras.

Pascual Sánchez
Militante socialista

El SMI: Una palanca para la recuperación justa

Durante la crisis sanitaria, provocada por la pandemia de la covid-19 con sus pavorosos efectos económicos y sociales, se ha puesto en evidencia la necesidad de un nuevo consenso a nivel internacional: no repetir las políticas de austeridad aplicadas durante la última crisis financiera. Como resultado de este cambio de orientación, la Unión Europea (UE) ha adoptado una decisión histórica con el Plan de Recuperación (Next Generation EU), pese las reservas de los sectores neoliberales a una acción económica y financiera común.


Cada vez hay más voces que defienden que la salida de esta pandemia y la recuperación de la economía y el empleo pasa por no repetir los recortes de los derechos laborales, en los servicios públicos y también en los sistemas públicos de pensiones impuestos por las políticas neoliberales en la crisis de 2008. En esa línea el Gobierno de PSOE-UP ha puesto en marcha un conjunto de medidas para proteger las rentas familiares y el tejido productivo, como las ayudas a las empresas, los ERTES, la prestación extraordinaria para los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital.


La pandemia ha agudizado las desigualdades y pobreza laboral que ya existían en nuestro país, como consecuencia de la reforma laboral y de los recortes sociales del Partido Popular. Así, la etapa de recuperación de la economía desde 2014 se sustentó en la precariedad y los bajos salarios, pero ese modelo sociolaboral produce que la redistribución de la renta sea profundamente injusta y que las prestaciones sociales no den cobertura a todas las personas vulnerables.


Según un informe recientemente publicado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), los trabajadores pobres han aumentado un 12% en Europa y un 16% en España. El análisis de los datos refleja que, a pesar de la mejora de la coyuntura económica de 2010 a 2019, el porcentaje de trabajadores expuestos a la pobreza creció. Esto dejó a muchas personas en una situación de vulnerabilidad, incrementada con la llegada de la crisis del coronavirus. Una forma de abordar una recuperación justa es a través de la garantía de unos salarios dignos para las personas trabajadoras.


La economía a nivel global, europeo y de nuestro país ha iniciado una fase de recuperación, pero es aún insuficiente para superar el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía y el empleo. La erradicación de las desigualdades sociales, que corren el riesgo de cronificarse como consecuencia del desempleo y del repunte de los precios que afecta a las rentas familiares, y en particular a los jóvenes y personas vulnerables, establecen un nuevo desafío: repartir la recuperación de forma justa. Y ello mediante el empleo con derechos y el crecimiento de los salarios impulsados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


La nueva frontera de la recuperación justa ha sido explicitada con contundencia por el presidente de EE.UU, Joe Biden, al responder a los empresarios a una pregunta sobre la escasez de trabajadores en el país, especialmente tras la pandemia de coronavirus pese a los millones que aún permanecen en el desempleo. El presidente contestó: “’¡Páguenles más!». El presidente afirmó en mayo que la aceleración del ritmo de crecimiento de los salarios era una «característica» y «no un defecto» de la economía postpandemia; en abril había promulgado un decreto que establece que todas aquellas empresas “bajo contrato con el Gobierno federal paguen un salario mínimo de 15 dólares por hora” a sus trabajadores, anteriormente fijado en 10,95 dólares la hora. La medida para incrementar el salario mínimo a los trabajadores que sean contratados por empresas o subcontratas federales empezará a aplicarse a finales de marzo de 2022. Los salarios se aumentarán después en función de la inflación anual.


La Comisión Europea presentó en el mes de febrero un proyecto de Directiva de salarios mínimos, para garantizar que estos no sean inferiores al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario medio de cada Estado miembro. La propuesta es un paso importante, pero adolece de naturaleza obligatoria, es decir, la Comisión Europea lo propone cono una guía indicativa para los Estados. Sin embargo la CES demanda que este “umbral de decencia” sea obligatorio, lo que permitiría que más de 24 millones de europeos pudieran beneficiarse de un aumento de sueldo.


La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound), ha elaborado un informe sobre los 22 estados europeos que tienen regulado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): de los estados analizados -21 comunitarios más el Reino Unido que tienen regulado el SMI (faltan Dinamarca, Croacia, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia)- sólo España, Bélgica, Estonia y Grecia han congelado el SMI este año. Los otros 18 restantes lo elevaron en porcentajes que fluctúan desde el 1% de Irlanda, Francia y Malta hasta el 16,3% de subida de Letonia.


En 2019 el gobernador del Banco España, en una comparecencia en el Congreso, anunció los graves efectos negativos sobre la evolución del empleo que supondría la subida del SMI a 900 euros mensuales, ya que podría provocar pérdidas de empleo a los trabajadores jóvenes y los más mayores, llegando a cuantificar la destrucción de puestos de trabajo en unos 160.000 empleos (un 0,8% del total de los ocupados). Recientemente el Banco de España publicó un análisis sobre los impactos que tuvo en términos de empleo el alza del 22,3% en 2019, llegando a la misma y anticipada conclusión: la subida del SMI aprobada por el Gobierno pasó una elevada factura a los trabajadores que percibían esta remuneración. El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo en 2019 restó al menos 100.000 empleos, especialmente entre los mayores de 45 años, mientras que la creación de empleo disminuyó entre los más jóvenes.
El Gobierno de Coalición adoptó en su programa el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio de nuestro país al final de la legislatura, en cumplimiento de la Carta Social Europea. Para ello se creó una comisión de personas expertas para definir cuál es el 60% del salario medio y la senda para alcanzarlo en 2023. La comisión ya ha hecho públicas sus conclusiones a partir de tres escenarios: Desde el SMI actual de los 950 euros mensuales en 14 pagas, el objetivo del 60% del salario medio en España llegaría a los 1.011 euros brutos al mes, considerando que no suben los salarios en España en 2020, y los 1.049 euros brutos al mes en el escenario de mayor aumento de los sueldos. Por lo tanto, en los próximos tres años se tendría que plasmar ese aumento del SMI de los 61 a 99 euros en términos absolutos.


A principios 2021 el Gobierno de Coalición aplazó la actualización del SMI con el argumento de no dañar la recuperación económica y la eventual generación de empleo, esperando revisar esta situación en esta mitad de año según la evolución de la pandemia y de la economía y el empleo. UGT y CCOO ya han advertido al Gobierno de que sería un grave error político y económico congelar el SMI tras una crisis como la que se ha vivido y con el IPC en niveles superiores al 2,5%. Esta reclamación sindical se ha encontrado con la oposición de las organizaciones patronales.


La comisión de expertos prevé, en los tres escenarios, una posible subida para este año entre 12 y 19 euros, que dejarían el SMI en 2021 entre los 962 y 969 euros, pero dejando claro que no les corresponde a ellos decidir, al igual que el propio gobernador del Banco de España, que con prudencia ha reconocido que la decisión corresponde a los ámbitos políticos. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está recogido en nuestra regulación, en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye al Gobierno la potestad para fijar su cuantía. También se establece que el Gobierno debe antes consultar a las organizaciones empresariales y sindicales a través del diálogo social.

Toni Ferrer

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