El pueblo boliviano ha puesto las cosas en su sitio

El pueblo boliviano ha tardado un año en deshacer el golpe de Estado que los poderes fácticos montaron, a partir de las elecciones del 20 de octubre del pasado año 2019.

No voy a entrar en las cuestiones técnicas que argumentó la Organización de Estados Americanos (OEA), pues las dudas sobre quién quiere que les gobiernes ya las ha resuelto el pueblo de Bolivia: con sus movilizaciones y con su voto en las urnas.

Los mismos organismos que cuestionaron el proceso de recuento de votos en 2019, dijeron respeto al atropello a la democracia que tuvo lugar en Brasil:

Cada acto de corrupción corresponde a una violación de los derechos humanos y la gente es la que sufre las consecuencias de la corrupción

Es lo que dijo en concreto la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, organismo dependiente de OEA.

No les debió parecer un ataque a los derechos humanos y a la democracia que fuese el jefe de las fuerzas armadas bolivianas, el general Williams Kaliman quién “sugiriese” al presidente, Evo Morales, que renunciase al cargo.

Estos organismos burocráticos nada han dicho de las irregularidades de personajes al servicio del capital especulativo como Jeanine Áñez, que biblia en mano se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, ni de Juan Guaidó, también autoproclamado presidente interino, éste en Venezuela.

Jeeanine Áñez, ex presidenta interina autoproclamada

El cuestionamiento de los gobiernos, cuando tienen una tendencia a gobernar para la mayoría del pueblo, tiene coincidencias preocupantes en unos y otros países: ¿será que los “think tank” de la extrema derecha han dado la consigna de derrocar gobiernos por la vía de la presión mediática y judicial? No sabría responder a esta pregunta, pero los ataques a gobiernos de izquierda, con una misma línea argumental, un método muy parecido, incluso terminologías similares, hacen que me recuerde a mi mismo que es ingenuo creer en las casualidades.

En España llevamos tiempo escuchando el cuestionamiento de la legitimidad del Gobierno y vemos con absoluta claridad la grosera conexión entre la derecha y destacados miembros del poder judicial: dos años fuera de mandato y sin visos de renovación, ¿qué diría la OEA?

Pero tras estos movimientos siempre se esconde el interés económico por explotar la riqueza natural de los países y a su clase trabajadora. De igual modo que tras el acoso y derribo al que desde hace años está sometido el gobierno venezolano, por el control de los yacimientos de petróleo, en Bolivia se esconde el interés por el control y explotación de las reservas de litio, mineral demandado para las baterías de la telefonía móvil y otras tecnologías.

El método para la defensa de los intereses de la mayoría social nos lo han enseñado los pueblos: el boliviano luchando contra el golpe y apoyando a su Partido de referencia y el chileno con su lucha contra la Constitución heredada del régimen pinochetista. En esa línea, un profesor de derecho constitucional dijo una vez en clase: “Las constituciones las cambian los pueblos”. 

Roberto Tornamira SánchezComité de Redacción de Tribuna Socialista

La vergonzosa política migratoria europea

Con la llegada de más de 16.000 migrantes a las islas Canarias en las últimas semanas se ha abierto una nueva crisis migratoria en el Estado español. El debate sobre la situación de los CIEs, o las devoluciones en caliente, solo son la punta del iceberg de una situación que atenta contra los derechos humanos, y ante la que la Unión Europea no solo colabora cerrado sus fronteras a los inmigrantes, depositándolos en infames campos de refugiados en Turquía y Grecia, sino que también pretende convertir Lampedusa, las Islas Canarias, o las ciudades de Ceuta y Melilla en grandes centros de reserva de inmigrantes ilegales, a modo de “bolsa de reserva de mano de obra barata”. 

El “protocolo de Dublín” establece que las personas solicitantes de asilo han de presentar su solicitud en el primer país de la Unión al que accedan, aunque no conozcan el idioma ni tengan afinidades culturales.

Unido al vergonzoso acuerdo con Turquía, en virtud del cual, Turquía se queda con los inmigrantes que huyen de Siria, Afganistán, Irak, etc, a cambio de a cambio de 6.000 millones de euros y a cambio de que la Unión Europea cierra los ojos y los oídos ante la situación de estos inmigrantes en los campos de refugiados turcos. Ahora le toca el turno a los países frontereros como España, al que anualmente llegan decenas de miles de inmigrantes que huyen de guerras o hambrunas con la esperanza de un futuro mejor.

El resultado de esta política es de todos conocido, más de 35.000 muertes entre ahogados, muertos en las fronteras por la policía y-no pocos- suicidados. Miles de inmigrantes hacinados en CIEs o en muelles, mientras la pirámide de edad de países como España pide a gritos más inmigrantes para trabajar en las empresas y en los servicios públicos.

El traslado de los miles de inmigrantes de Arguinegín y de los CIE de Ceuta y Melilla a lugares dignos de la Península, solo es una exigencia humanitaria de urgencia. Es necesaria una nueva política migratoria que proteja los derechos humanos, que se encamine a crear las condiciones económicas para que nadie tenga que emigrar por guerras o hambruna, y que permita una rápida integración y regularización de los inmigrantes que vienen a vivir y trabajar en los países de Europa.

Baltasar Santos

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Presupuestos: lo importante es el contenido

Los Presupuestos Generales del Estado se han situado en el centro del debate parlamentario. La cuestión es el punto de vista de cada grupo parlamentario, los condicionantes que se hacen desde la Comisión Europea, el punto de partida de los presupuestos fijado por la coalición de Gobierno y las necesidades y prioridades de la mayoría social. Son, como mínimo, cuatro puntos de vista que no siempre son coincidentes.

La derecha está utilizando todo para derribar al Gobierno: comenzaron con el mantra de la ilegitimidad, han utilizado la pandemia, ahora se apoyan en el drama de la inmigración. Como siempre, sin escrúpulos, usan cualquier motivo para deteriorar y desestabilizar al Gobierno salido de las urnas, en un desprecio absoluto a la democracia. Hemos asistido al esperpento de la Moción de Censura presentada por VOX. Todo vale, siempre que no estén ellos en la Moncloa; etapa que utilizan para favorecer sin rubor a la clase minoritaria. Nos les importa que hayamos rebasado los 44.000 muertos por COVID-19.

Desde la Comisión Europea se envían mensajes que, en ocasiones, parecen contradictorios. Mensajes velados con aspecto de sugerencia, pero que siempre llevan la carga de condición. Se dice a los gobiernos que se endeuden lo que haga falta para combatir al virus, pero en paralelo se cuestiona subir impuestos y se apela a controlar el déficit. Esas recetas, cargadas de cinismo, llevan irremediablemente a la reducción del gasto social. Si los impuestos no suben no aumenta el ingreso. Si además cada año hay que amortizar más deuda, por muy bajos que estén los intereses de la misma, el artículo 135.3 de la Constitución marca la prioridad de pagar esta deuda sobre el gasto en sanidad, en educación y en cualquier otra partida para atender las necesidades de la sociedad.

Se ha desistido de incrementar el IVA del diésel, y es positivo, pues afectaría al coste del transporte, sobrecoste que automáticamente se traslada a los productos de consumo. Lo injusto del impuesto sobre los productos y servicios, el IVA, es que pagamos el mismo IVA los que cambian de jet con gran facilidad que los que los que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y optar entre: pagar la hipoteca, poner la calefacción o comer menos. Mientras la derecha insiste, por un lado, en que no se suban los impuestos: ni directos ni indirectos, por otro piden a coro con las patronales que se incrementen las subvenciones, las exenciones y todo tipo de ayudas a las empresas. Lo más descarado ocurre en las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX a pesar de sus ataques de cuernos. El ejemplo más brutal es Madrid, donde se está deteriorando a la Educación Pública y a la vez se está insuflando dinero público a la Educación privada, esa en la que la Iglesia tiene una gran fuente de ingresos; porque son los dueños de muchos colegios, institutos y universidades, y porque reciben cientos de millones públicos para pagar a los profesores de religión.

Por su parte, la coalición de Gobierno ha partido de un difícil equilibrio para sentar la base de negociación de los presupuestos con unos y otros, con fuertes incrementos de las partidas de Pensiones, Desempleo, Vivienda y Educación: 5.085 MM (+3,2%), 4.192 MM (+20,1%), 1.772 MM (+367,9%) y 2.017 MM (+70,2%) respectivamente, incremento sobre los presupuestos prorrogados de Montoro (PP) para 2019. La deuda pública, una partida que se sitúa en 31.675 MM, crece en 128 MM (+0.4%) sobre el pasado ejercicio, sin contar aún con los 70.000 millones en prestamos que se dotarán, si se aprueban definitivamente, desde Europa.

Reconociendo el aumento en algunas partidas, es igualmente necesario reconocer que los aumentos en sanidad son insuficientes para atender las necesidades actuales que se han visto agravadas por la crisis del Cobid19. Menos explicación tiene el aumento en 6.5% a la Casa Real o el aumento en gastos militares, a nuestro entender injustificados.

Todo este gasto está previsto, contando con los fondos europeos, fondos que están siendo seriamente cuestionados y por tanto nada asegurados, ni en cuantías ni en condicionantes en forma de recortes sociales: los 70.000 en prestamos antes citados más 70.000 en “transferencias” (eufemismo acuñado por la Comisión Europea para evitar decir “subvenciones”.

Y, como si de un bucle se tratara, volvemos al punto de partida: las condiciones que sutilmente ponen desde los organismos europeos para recibir esos 140.000 MM. Hablan de reformas, pero no explicitan, no al menos públicamente. Señalan a los sistemas de pensiones, sugiriendo el fomento del mercado privado de pensiones, sin la menor consideración a la mayoría social, en nuestro país y en cualquier país europeo, que no tiene capacidad de ahorro y por tanto queda al margen de poder acceder a un fondo de pensiones privado y a sus ventajas fiscales. Denuncian la dualidad laboral, pero no para paliar la temporalidad y la precariedad, sino como camino para eliminar los empleos con derechos y así, una vez que todos y todas seamos precarios, ya no habrá dualidad. Esto último no está por hacer, se está haciendo, se viene haciendo desde hace una década, con gran intensidad desde la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, que facilitaron el despido y por ende la transformación de empleo con derechos en empleo precario y mal pagado, abarataron el despido y regalaron a los empresarios la posibilidad de devaluar los salarios.

En el entorno de preparar los Presupuestos, se ha aprobado, no por unanimidad como han dicho los medios de comunicación, el Pacto de Toledo. Del que debemos celebrar que se haya resuelto la cuestión de la revalorización de las pensiones al vincularla al IPC, pero tenemos que lamentar que haya quedado intacto el factor de sostenibilidad que vincula la pensión a la esperanza de vida, un factor pensado en la reforma de Rajoy de 2013 para devaluar la cuantía de la pensión.

En este “juego” a varias bandas, se enfrentan las necesidades de quienes cada vez retroceden más: las rentas del trabajo, frente a quienes cada vez avanzan más: las rentas del capital. Esto viene de la mano de las crisis económicas que provoca un sistema que favorece a las rentas del capital pero que pagan las rentas del trabajo. Los ingresos del Estado se nutren principalmente de IRPF y en este impuesto son las rentas entre 12.000 y 60.000 euros/año las que pagan el grueso. Mientras los que menos aportan son los que reclaman pagar aun menos. Esto coincide con que quienes contribuyen son quienes necesitan los servicios públicos, frente a quienes tienen recursos para ahorrar, constituir planes privados de pensiones, invertir en fondos, tener sanidad privada y llevar a sus hijos e hijas a colegios privados, con el descaro de pedir dinero público para abaratar sus gastos y así incrementar su nivel de vida.

Los Presupuestos Generales del Estado, debieran corregir esta situación de injusticia, acompañados de leyes, como la de Educación, que de una vez por todas debería sacar la enseñanza privada del gasto en Educación y que todo el esfuerzo de las rentas del trabajo vaya destinado a la educación pública de sus hijos e hijas.

De igual modo, la derogación íntegra de la reforma de Pensiones de 2013, debiera haber sido previa al Pacto de Toledo, pues el Sistema Público de Pensiones continúa lastrado por el factor de sostenibilidad y la pléyade de exenciones en las cotizaciones y tarifas planas.

El Comité de Redacción

No siempre tiene que seguir ganando la banca

Hace unos días los pensionistes de El Vendrell pedían a los partidos políticos que aspiran a representarles que se posicionaran exigiendo a los bancos una mayor humanización, y más personal para poder ayudarles, presencialmente, a realizar trámites que, por si solos, no saben o pueden realizar utilizando los cajeros y la banca online.

Ciertamente, los pensionistas tienen razón en exigir que la banca deje de despedir trabajadores, que vuelva a atender personalizadamente, como antaño lo hacían las cajas de ahorro, y que dejen de cobrar comisiones por todo, en especial, por hacer trámites en ventanilla, como correspondería a un “Servicio de interès general” que debiera ser público, en tanto que servicio de interès general.

No es que la banca pierda dinero. La banca siempre gana. Mientras la mayoría nos ajustamos el cinturón a los tiempos que corren, el negocio de la banca ha mejorado en plena pandemia con más de 55 millones diarios en comisiones.

Los números rojos de la banca solo obedecen a ajustes contables. El sector financiero està obteniendo mayores ganancias que el año pasado gracias, principalmente, al cobro de comisiones por prestar servicios bancarios a los clientes, que entre enero y septiembre alcanzaron la cuantía de 15.146 millones de euros.

El peso de las comisiones en el negocio bancario espanyol supone casi la tercera parte (31%) de los 23.119 millones de euros que suma el margen bruto de los seis grandes bancos.

Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) hizo público un informe según el cual “los bancos están reaccionando con subidas de comisiones a un Euribor en tasas históricamente bajas, incluso con cobros por operativa en ventanilla” que “suponen un paso más para alejar a los clientes de las oficinas bancarias” y que, especialmente en el caso de los consumidores vulnerables y de los de mayor edad, “contribuyen a aumentar la brecha digital”.

No solamente los particulares son maltratados por la banca. La administración, y puedo hablar de ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, necesitan tener el dinero público que los distintos Presupuestos asignan al pago de las nóminas de los empleados públicos, al pago de los proveedores, al pago de los distintos servicios municipales, comarcales o provinciales que se prestan a la ciudadanía. Es el dinero público que tienen asignados estas administraciones y que proviene de las tasas e impuestos que todos pagamos. Ese dinero ha de estar depositado en bancos hasta su utilización. Pues bien, los bancos en la actualidad están cobrando comisiones sobre ese dinero público. Imaginen: un banco cobra a un ayuntamiento mediano, con un presupuesto de 60 millones de euros, unas comisiones por valor de 150.000€ por la cara (0,25% de comisión por cada millón de euros depositado). Ese es el salario de unos cuantos trabajadores públicos, o el recorte de servicios como educación, limpieza de calles y recogida de basuras, o cualquier otro de los servicios prestados por la administración local,

El Banco de Santander, líder del sector, anuncia a bombo y platillo: “Santander habrá cumplido a finales de año y antes de lo previsto el objetivo de ahorro de costes de 1.000 millones de euros en Europa que anunció en 2019. La entidad espera reducir los costes por valor de otros 1.000 millones de euros en los próximos dos años en Europa“.

Eso significa que tras más de 90.000 despidos en los últimos años, la banca apunta a nuevas oleadas de despidos en el sector bancario. Despidos que crecen al mismo ritmo que aumenta la digitalización del negocio, que en el caso de Banco Santander y Bankia, suponen el 40% de sus ventas, acercándose al 60% de BBVA.

Más trato presencial reclaman los pensionistas, mayor fluidez del Crédito reivindican los autónomos, menos comisiones reinvidicamos todos.

Que mientras las economías de los trabajadores se hunden los bancos ganen más dinero que nunca, da una idea de lo podrido de un sistema económico que exige a gritos que el sector público coja las riendas de la economía, con un sistema financiero público, exclusivamente público.

Baltasar Santos

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

El pueblo chileno derrota en las urnas a los defensores de la constitución Pinochetista

El domingo día 25 de octubre se realizó el referéndum donde los chilenos decidieron por abrumadora mayoría cambiar la constitución redactada en 1980 bajo el régimen de Pinochet.

El 80% de los chilenos, que fueron a las urnas, han votado por el cambio de Constitución, en todas la regiones de Chile el voto mayoritario fue a favor del sí al cambio constitucional, solo en los distritos de Santiago de Chile donde viven los gobernantes de derechas el voto ha sido por mantener la constitución actual.

Especial relevancia tiene la alta participación, si lo comparamos con otros comicios, en el referéndum y en particular la juventud que se ha volcado en unas votaciones que son, bajo otra forma, la continuidad de las movilizaciones empezadas en octubre pasado, lo que supone una derrota para el gobierno derechista de Sebastián Piñera que se resistía hasta el último momento a realizar el plebiscito.

Ciertamente el presidente Piñera y su Gobierno salen más debilitados de lo que ya estaba, pues la lucha que durante este año han

 mantenido la mayoría social de Chile está estrechamente ligada a la defensa de las pensiones, de los estudiantes defendiendo el derecho al estudio, y de los sectores productivos fuertemente dañados, la defensa de la democracia que se concreta en la necesidad de un cambio constitucional que garantice todas las demandas mayoritariamente formuladas.

Ha sido un triunfo del pueblo que inició hace un año una lucha por sus reivindicaciones y que ha encontrado un verdadero obstáculo en la Constitución Pinochetista.

José A Iniesta

Afiliado del PSC de la agrupación de Sant Boi.

Miembro del Comité de Redacción deTS.

El PP en una difícil encrucijada*

La COVI-19 está causando de nuevo una auténtica alarma en la población derivada del deterioro de la salud pública y de los considerables destrozos que está causando en términos económicos y sociales. Todos los datos conocidos nos sitúan a la cabeza de la UE en cuanto a rebrotes y todo parece indicar que la desescalada se efectuó de manera precipitada y que las medidas relacionadas con la contratación de los rastreadores y las encaminadas a fortalecer la sanidad primaria y el sector de enfermería no se han aplicado.

Madrid destaca en todas las estadísticas publicadas: contagios, hospitalizaciones, fallecimientos… Además,  se ha convertido en un ámbito geográfico de fuerte confrontación política, a pesar de las reuniones, al más alto nivel, celebradas entre Pedro Sánchez, Díaz Ayuso y sus equipos correspondientes, con la intención de cogobernar la Comunidad Autónoma con medidas consensuadas para combatir con mayor eficacia la COVID-19. Por el momento, no está siendo posible desarrollar pacíficamente los compromisos alcanzados en las reuniones celebradas, con el agravante de que una reciente resolución judicial no ayudó a restringir la movilidad de la población y, en definitiva, proteger a las persona y erradicar el virus, lo que obligó al Gobierno a decretar finalmente el Estado de Alarma.

La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una población de 6.747.425 de personas (INE, del año 2020) y con el 19,2% del PIB nacional. Se trata, por lo tanto, de una gran urbe, sede de la administración central del Estado, con un fuerte sector financiero y de servicios, un potente comercio e, incluso, un relevante sector industrial, lo que justifica plenamente el mantener un fuerte dispositivo de movilidad basado en el transporte público: tren (AVE y Cercanías), autobuses urbanos, metro y transporte aéreo. Esta gran aglomeración de personas en tránsito se produce todos los días y, desde luego, no hay que descartar que facilite la propagación del virus como han declarado muchos expertos, lo que aconseja aumentar, sin reservas ni demoras, la oferta de transporte público en las horas punta para garantizar el desplazamiento seguro de los trabajadores.

Debemos recordar también la gran influencia que tiene la movilidad de Madrid en otras CCAA, lo que hace necesario aplicar severas medidas de control de la población, a pesar de su repercusión negativa en la sostenibilidad de las empresas, sectores de producción, servicios y comercio en general. Esta circunstancia se esgrime por Díaz Ayuso (“Madrid no se puede cerrar, nos estamos arruinando”) como determinante para reducir el confinamiento, cuando todos hemos asumido que sin resolver los problemas relativos a la salud no es posible que supervivan las empresas, ni tampoco los sectores de producción y servicios que sustentan la economía en su conjunto.

Otro punto relevante, y que ha sido tratado ampliamente por diversos analistas, se refiere a la fuerte repercusión que han tenido las políticas de austeridad emanadas de la UE en los servicios públicos. En este sentido, la sanidad (particularmente la asistencia primaria) sufrió fuertes recortes, que afectaron al número de profesionales (médicos, enfermeras y trabajadores de mantenimiento y limpieza), a la protección individual, así como a las condiciones de trabajo, contratación y salarios. A lo que hay que añadir el fuerte estímulo ideológico a la privatización del Sistema de Salud, que ha presidido los últimos gobiernos del PP (sobre todo en el País Valenciano y Madrid).

Por último, un asunto no menos importante se refiere al componente político que tiene el enfrentamiento (choque de trenes) entre el Gobierno del Estado y el fallido Gobierno de la Comunidad madrileña. Díaz Ayuso, de acuerdo con la dirección del PP, ha sido desde el primer momento el martillo utilizado contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el camino emprendido por las derechas para desestabilizar al Gobierno de coalición. En cualquier caso, y al margen de la confrontación política, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no debe olvidar en estos momentos que lo primero es la salud: más médicos, más enfermeras, más protección de los sanitarios y, sobre todo, rastreadores (aún no se conoce su número) y asistencia primaria. Por eso, sobran banderas, llamamientos patrióticos, inauguraciones esperpénticas, políticas de cartón piedra alejadas de la realidad social (abuso irracional del marketing político) y, desde luego, politizar y judicializar la aplicación de las medidas para combatir la Pandemia.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en Madrid, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, no es una casualidad. Las derechas nunca han reconocido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y mucho menos han aceptado el nombramiento de Pablo Iglesias como vicepresidente y, como consecuencia, todos los pasos dados hasta ahora por las derechas han tenido la finalidad de desprestigiar cualquier medida que haga posible que el actual Gobierno acabe la legislatura. Para defender esta actitud, ni siquiera han dudado  en aprovechar las repercusiones negativas que pudiera tener la COVID-19 en el electorado (actitud auténticamente carroñera), utilizando falsedades, insultos, exabruptos y todo tipo de provocaciones.

Efectivamente, las derechas- con su estilo bronco y tabernario-  están actuando al margen de lo que se puede considerar como una oposición constructiva, razonable y con sentido de Estado. Su política está basada- al margen de desprestigiar a Unidas Podemos (considerado como un partido “filocomunista”)-, en fomentar el populismo en torno al COVID-19, reducir impuestos y debilitar y privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), aunque sea a costa de dimensionar los posibles errores del Gobierno, aumentar la polarización y la división de la sociedad, incrementar considerablemente las desigualdades y poner en riesgo la salud de las personas.

La actitud del PP ante los PGE-2021 es muy similar. Denuncia el coqueteo del Gobierno con los independentistas (algo que nadie quiere ni desea); sin embargo, se niega a facilitar el trámite parlamentario de su aprobación para canalizar y aplicar, entre otras medidas, las ayudas provenientes de la UE para combatir la crisis, avanzar en la reconstrucción del país y ayudar a las personas más vulnerables. Lo que resulta más grave es que tampoco dudan en apropiarse de la figura del rey en la confrontación partidaria (aprovechando una decisión sumamente discutible del Gobierno) y mucho menos en bloquear las instituciones del Estado, lo que representa un ataque directo al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Sin olvidar su reiterado rechazo a hablar de la derogación de la reforma laboral, la sostenibilidad de las pensiones, el IMV y de constatar su falta de alternativas en relación con la digitalización, el cambio climático, la igualdad de género y el cambio de nuestro modelo productivo (valor añadido, productividad, investigación, cualificación…).  

La última actuación del PP ha resultado particularmente infame e intolerable. A propuesta de Vox, y junto a Ciudadanos, ha apoyado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para retirar los nombres de Francisco Largo Caballero  y de Indalecio Prieto de las calles de la capital, invocando la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 (aprobada como rechazo a la 2ª Guerra Mundial iniciada por el nazismo) y el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica del año 2007, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una Ley que nace precisamente para todo lo contrario: restaurar la memoria de las personas asesinadas y represaliadas por la dictadura y denunciar y los horrendos crímenes franquistas.

Como es de sobra conocido, Largo Caballero es Indalecio Prieto se opusieron frontalmente, junto a otros muchos, al fascismo, al levantamiento militar, la guerra Civil y la dictadura. Las consecuencias del golpe militar contra la legalidad republicana fueron terribles: asesinatos, cárcel, represión, clandestinidad y exilio. Incluso, Largo Caballero sufrió la detención de la Gestapo en Francia y terminó  confinado en el campo de concentración Sachsenhausen – Orianenburg (Alemania), por su condición de secretario general de UGT, firme defensor de la II República, de la democracia, el socialismo y, por lo tanto, luchador infatigable contra el fascismo.

Fue, además, ministro de Trabajo (desde el año 1931 hasta 1933), promulgando la legislación social más progresista de la época, además de presidente del Gobierno y ministro de la guerra, junto al también ministro Indalecio Prieto, en plena guerra civil. Rodolfo Llopis (secretario general del PSOE en el exilio), con motivo de su muerte (23 de marzo de 1946), le rindió homenaje manifestando: “El proletariado español ha perdido al hombre más representativo de su clase”. Sin duda, su personalidad, y la de Indalecio Prieto, facilitarán la aprobación y aplicación de las medidas necesarias para restaurar la dignidad de ambos figuras. En todo caso, este breve resumen pone claramente de manifiesto la profunda ignorancia e irracionalidad de los concejales que aprobaron semejante atropello democrático en el Ayuntamiento de Madrid.

Los problemas del PP se agigantan porque, además de los graves hechos mencionados, Pablo Casado todavía es incapaz de responder con solvencia y credibilidad a la acusación de financiación ilegal, corrupción y presunta utilización de los fondos reservados del ministerio del interior.  Hasta ahora, los máximos responsables (el barbas, el asturiano, la pequeñita, la rubia…) se han dedicado exclusivamente a defenderse y tapar sus vergüenzas. Por eso siguen siendo investigados- cuando menos de colaboración necesaria- y tendrán que responder de los hechos ante la ley.

No es extraño que, en la actualidad, resulte difícil  reflexionar a fondo en el seno del PP, sobre todo cuando algunas encuestas le sitúan claramente a la baja en beneficio de Vox. A pesar de ello, es imprescindible que lo haga, simplemente porque nuestra democracia necesita una oposición fuerte, responsable y con sentido de Estado. Sobre todo, en una situación extremadamente adversa como la nuestra. Ojalá lo consiga.

Antón Saracíbar

* En memoria de María Luisa (“Libertad”) Fernández Lafuente, infatigable luchadora por la libertad, la democracia y el socialismo.

Necesitamos dotar nuestros sistema de salud público de muchos más recursos

Durante años, muchos han dicho que teníamos “la mejor sanidad del mundo, pero ahora, nos encontramos en Cataluña un sistema colapsado, y no como consecuencia de la Covid-19, sino que en la última década, los recortes en el servicio público de salud por parte de la Generalitat hace tiempo que viene dando síntomas de su situación límite: aumento de las listas de espera para consultas de especialistas y para intervenciones quirúrgicas, la masificación de los centros de salud, que ponía de manifiesto la falta de médicos de familia, pediatras, enfermeros y otros profesionales, y la saturación de las urgencias, y la falta de camas hospitalarias.

Las políticas de salud de Mas, Puigdemont y Torra han agravado el problema

De los 9.875,81 millones de euros del 2010 destinados a la salud de 7,46 millones de personas en el último presupuesto del Gobierno Montilla (PSC), hemos llegado a los 8.876 millones de euros de 2020 destinados a la salud de 7, 72 millones de personas en los últimos presupuestos de JxCat y ERC. Un millón de euros menos para atender a una población que ha aumentado en 260.000 personas. De una inversión en salud de 1323 € por persona, hemos pasado a 1.148 € por persona. En 10 años el gasto de la Generalitat ha bajado un 27%. Según el sindicato “Médicos de Cataluña” si tenemos en cuenta la inflación el presupuesto de salud de la Generalitat es de 1685 millones menos que hace 10 años, y tenemos 920 facultativos menos a la atención primaria.

A finales de enero de 2020, el “Círculo de Salud” hizo público un estudio “la enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza” que concluye en la necesidad de que los presupuestos de la Generalidad DEBERIAN de experimentar un incremento en más de 5.000 millones € cada año para equiparar el gasto en salud pública de sistemas de salud homologables.

La privatización de la atención sanitaria

El 76% de los hospitales y el 56% de camas hospitalarias en Cataluña son gestionadas por empresarios privados:

• El 42% del total de camas hospitalarias de Cataluña son propiedad del grupo Quirónsalud.

• Cataluña se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privadas: La derecha catalana ha hecho enfermar a la sanidad pública.

Las listas de espera desbordadas

Para hacer frente a la Covid, con un sistema sanitario absolutamente insuficiente, se han anulado intervenciones quirúrgicas y se ha abandonado a muchos pacientes. Los oncólogos denuncian que el diagnóstico de cánceres ha disminuido en estos meses un 25%. Evidentemente, no son los procesos oncológicos los que han disminuido, es la falta de asistencia médica que hace que una cuarta parte de los cánceres no se diagnostiquen a tiempo. La demora en visitas al especialista, pruebas y operaciones incluidas las oncológicas han aumentado dramáticamente

La atención primaria

La atención primaria es la pieza básica y no ha tenido ningún momento de descanso desde la primera ola de la Covid-19. Ahora, desde atención primaria atiende residencias, domicilios y se hace vigilancia epidemiológica con las PCR. Se necesitan manos, recursos tecnológicos y espacios. Los profesionales no pueden más, y las bajas entre los profesionales han pasado del 3% al 10%.

Ante la falta de atención en los CAP, muchas personas optan por automedicarse   y los enfermos crónicos han dejado de ser seguidos por sus médicos de familia.

Los médicos de familia se han visto forzados a hacer una bolsa común de enfermos a los que llamar si se han solicitado consultas, sin tener en cuenta si son o no personas adscritas a sus listas de pacientes.

Tampoco se dan horas de visitas que no estén relacionadas con el covid-19 y solo se atienden las visitas urgentes, en ciertos CAP.

Las visitas a enfermos crónicos se anulan y se hacen por teléfono, el cual hay que llevar siempre encima porque si te llaman y no lo coges se corre el riesgo de perder esa visita o que se aplace para cuando el facultativo tenga tiempo.

La responsabilidad política es del Govern de la Generalitat y no es casual, ya que mientras la atención primaria en Catalunya se “degrada”, las mútuas tienen cada vez más clientes. Los que pueden pagar, hacen el esfuerzo y pagan mútua y los que no, no.

La salud mental:

Los recursos de salud mental en el Baix Penedès son insuficientes. Los profesionales del sector alertan cada año de la necesidad de aumentar recursos y dispositivos de salud mental en un territorio que ha crecido de población pero que cuenta con menos recursos.

Hay menos recursos materiales, menos servicios y menos accesibilidad. 

Los últimos años han aumentado las listas de espera quirúrgicas, las listas para visitas al especialista y también las pruebas diagnósticas, pero, por otro lado, los recortes en infraestructuras sanitarias han colapsado algunos servicios sanitarios. Desde el 2010 vemos con preocupación la reducción de los servicios de urgencias y atención continua en muchos centros catalanes, el cierre de 1.250 camas de hospitalización, la reducción del servicio de ambulancias, y el cierre de plantas hospitalarias.

Pero no solo se malogran recursos y servicios en la sanidad pública catalana, que repercuten directamente en la atención sanitaria hacia los pacientes, sino que en su cruzada por desmantelar todo aquello que es público, la consejería de Salud pretende comercializar con los datos de los pacientes de la sanidad pública vendiéndolos a empresas privadas con una finalidad, en principio, científica.

Hace falta un presupuesto de urgencia para salvar la sanidad pública

Para sacar a la Atención Primaria del colapso en el que se encuentra, mejorar la salud mental, y que tengamos profesionales y camas suficientes; para poder atender a todos los usuarios, incluídos los que se han dejado atrás; para todo ello: solo hay una salida, y es un presupuesto de urgència para recuperar todo lo perdido por los recortes.

Dinero hay: Las grandes fortunas han aumentado su patrimonio un 73% según la encuesta del Banco de España, en marzo de este año.

Si no se aumenta el presupuesto en sanidad serà solamente porque se quiere seguir priorizando la sanidad privada, como es el caso de Catalunya desde hace una dècada.

Baltasar Santos

Tribuna Socialista Tarragona

Peligro de desmemoria

La actualidad sobre nuestra Memoria Histórica no es la nueva ley en ciernes, que avanza en la recuperación de la verdad y el reconocimiento a quienes lucharon en defensa la República, el orden constitucional democráticamente decidido por los pueblos del Estado español. Defendieron, con su vida, una experiencia de libertad y de avance social contra el fascismo. Es, tristemente, la ola de revisionismo histórico que de vez en cuando llega a nuestras orillas. Habíamos oído hablar del holocausto; aquí asistimos al negacionismo del franquismo y sus crímenes. No es nada nuevo, ni será la última vez, y sin embargo no solo sigue llenándonos de dolor e indignidad.

Si, nos sorprende, y lo hace porque entre otros motivos no parece suficiente el nivel de la investigación científica sobre esta materia, el rigor histórico y la seriedad de los historiadores reconocidos, (Tuñon de Lara, Fontana, Viñas, Moradielos, Casanovas, Pérez, Aróstegui, Preston, Juliá, Tusell, Junco, Zugazagoitia, y todos los firmantes de  la carta… y etc, etc, etc… ).

Que aún sea posible divulgar patrañas, noticias falsas, tergiversaciones, y revisionismos baratos, junto a la resistencia a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, solo demuestra que el franquismo y los franquistas siguen entre nosotros, y lo que es peor; en las instituciones y en centros de poder político, social, económico y mediático.

Se escribe mucho y muy bien, y así lo leemos, creemos también que su difusión es algo común y corriente, y consideramos que la mayoría de personas con inquietudes tiene conocimiento de ello, pero parece que algo falla. Es seguro que hay muchos factores que favorecen esto, pero creo que algunos son fundamentales.

Si prestamos atención a los contenidos de los planes de educación desde hace ya bastantes años años, vemos como con cierta frecuencia adolecen de contenidos completos, o no se llega a su estudio por situarse al final de los ciclos formativos garantizando que el alumno adquiere un conocimiento claro, y no difuso, de la historia contemporánea de nuestro país.

Igualmente, los medios de comunicación, para no “aburrir”, simplifican, resumen, se emplean a fondo con los eufemismos o recurren a tertulianos en vez de profesionales. Es decir, salvo la prensa especializada, bibliografía e historiografía, o círculos sociales diversos, lo que nos llega sobre el análisis de la historia es genérico, banal y tendencioso.   

 Ya sabemos que la historia la escriben los vencedores, pero también esto debía corregirlo la transición de la dictadura a la democracia. Es la consecuencia evidente de la dejadez educativa de los gobiernos progresistas habidos hasta 2018, de medios de comunicación poco serios o simples transmisores propagandísticos de la ideología del movimiento disfrazada de demócrata, es el revisionismo interesado en lavar la cara a dictaduras, crímenes contra la humanidad, y demás fascismos mediante desinformación, noticias falsas. Y ahora, ante la falta de argumentos, como siempre, recurren a la barbarie y el destrozo o utilizan las instituciones: como es el caso de la alcaldía de Madrid, para borrar y mancillar la historia a las Trece Rosas, los miles de fusilados en las tapias de los cementerios y en las cunetas o de líderes de la clase trabajadora en su tiempo, como Largo Caballero e Indalecio Prieto.

No es un mal de ahora, ni desconocido, pero si se permite que “progrese”, lleva a las consecuencias conocidas: VOX, TRUMP, ORBAN, etc… Ya no es necesario dar un golpe de estado para fulminar una democracia, solo hace falta socavar los fundamentos democráticos y constituir democracias falsarias, iliberales:

 “… El término “democracias iliberales” se viene utilizando para designar a aquellos sistemas políticos que son formalmente democráticos, pero que erosionan  las instituciones y valores sin los cuales no existe una democracia robusta… “

D. Inerarity.

La defensa de estas ideas en el Parlamento es fundamental, es ahí donde luchar y pelear, es donde podemos defender la verdad y la historia, mediante la palabra, y mediante la elaboración de leyes para mejorar nuestra Educación Pública, exigir a los medios de comunicación seriedad y rigor. Debemos defender la profundización en nuestra MEMORIA HISTÓRICA, evitando esas terribles consecuencias, ese nuevo golpismo difuminado en posverdades y banalidad.

Eduardo Hernández Oñate

Miembro del Comité de TS