Por una auditoría pública a las cuentas de la seguridad social

En defensa del régimen de reparto de la Seguridad Social se exige una auditoría pública a las cuentas de la seguridad social

El 16 de octubre la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, junto con las más importantes plataformas de pensionistas del país, convocan a una concentración ante las Cortes, por la defensa del sistema público de pensiones exigiendo una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social, para determinar la magnitud de los saqueos sufridos por las cotizaciones sociales perpetrados por los diferentes gobiernos y su restitución a la caja única de la Seguridad Social.
Las organizaciones de pensionistas hacen un llamamiento a toda la clase obrera, a las trabajadoras y los trabajadores, activos y pensionistas, a los jóvenes, a los trabajadores en paro, a los estudiantes, para defender el futuro viable del sistema de reparto que fundamenta nuestra Seguridad Social, pues su futuro está cuestionado y en peligro por las propuestas de reformas y recortes del ministro Escrivá acordadas en el Pacto de Toledo.
Por eso, aunque los pensionistas se levantaron como rechazo a las reformas de pensiones de Rajoy, ante la continuidad de la política de recortes, manifiestan la independencia de su movimiento diciendo que ¡gobierne quien gobierne las pensiones se defienden! Y en ese marco de discusión democrática independiente han elaborado sus plataformas de reivindicaciones y exigencias: defensa del poder adquisitivo, derogar las reformas de pensiones, igualar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional, eliminar la penalización a las pensiones anticipadas a trabajadores con 40 años cotizados, subida de las pensiones de incapacidad permanente, la eliminación de la brecha de género, y rechazo a los planes privatizadores de Escrivá mediante planes de pensiones de empresa.
Las reivindicaciones no se atienden. A ellas se oponen tanto las autoridades, como los voceros de la banca y los partidarios de la privatización con fondos de pensiones. Contra las reivindicaciones se les ha dicho por activa y por pasiva que no hay recursos, que es imprescindible hacer recortes. Sin embargo los pensionistas, particularmente de la COESPE, han demostrado que toda esa argumentación era falsa. Han constatado que durante décadas, principalmente los anteriores gobiernos, han desviado las cotizaciones sociales para financiar otros gastos. Según CCOO el desvío de recursos en 2016 ascendía a 519.104 millones de euros y con posterioridad, “Economistas frente a la Crisis” los ha calculado en 843.000 millones de euros, el 72,3% del PIB. Una cuantía que, de no haberse gastado en sostener gastos no contributivos, constituiría un importante Fondo de Reserva suficiente para hacer frente a las necesidades actuales.
Por eso los pensionistas exigen una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, para saber la verdad y conocer la magnitud del saqueo, pues si este no se hubiera producido habría suficiente dinero para atender todas las reivindicaciones y nuevas necesidades de las familias obreras. Es necesario conocer la verdad sobre lo saqueado y sentar las bases de su devolución y reposición a la caja única de la Seguridad Social.
Además, el inexcusable incumplimiento del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social por parte de los gobiernos, dando préstamos en vez de aportaciones, ha generado falsos déficits y una falsa deuda de la Seguridad Social al Estado de más de 85.000 millones de euros. La anulación de esta falsa deuda y el cese de las manipulaciones contables constituyen una exigencia democrática irrenunciable.
La defensa de la Seguridad. Social compete a todos los trabajadores. Partiendo de la COESPE se han reunido muchos apoyos, con cientos de miles de firmas, cientos de mociones de Ayuntamientos, de secciones sindicales, la Federación de Jubilados y Pensionistas y el 43 Congreso Confederal de UGT, varios congresos de CCOO, parlamentarios de 8 grupos políticos diferentes, asociaciones diversas y otras coordinadoras de pensionistas. La suscriben sindicalistas europeos: la apoyan desde Alemania la comisión internacional del sindicato IG Metall de Berlín, responsables del sindicato de servicios VERDI de Berlín, de Austria, (los sindicalistas del movimiento «Rebelión de los mayores», el movimiento «Socialdemócratas y sindicalistas contra el estado de urgencia»), de Francia (la Unión de pensionistas del sindicato Fuerza Obrera de Paris).
Pero, además, el futuro del régimen de reparto de nuestra Seguridad Social no es solo un asunto de los pensionistas, pues al financiarse con las cotizaciones sociales, que son una parte del salario, su defensa está vinculada a la lucha por la subida del SMI, a la derogación de las reformas laborales que desvalorizan el empleo, a la defensa del poder adquisitivo frente a la inflación y a la necesidad urgente de una subida general de sueldos y salarios dados los aumentos de la inflación.
Por eso desde el CATP, insistimos que la defensa del futuro de la Seguridad Social corresponde a toda la clase obrera, a los sindicalistas, a las centrales sindicales, a los trabajadores activos.
Debe tenerse presente que los acuerdos del Diálogo Social plantean la creación de un “nuevo mecanismo de equidad intergeneracional” para reducir las pensiones de nuevos pensionistas; su nombre es engañoso pues la equidad entre las generaciones se conseguirá exigiendo el mantenimiento de la tasa de sustitución de la pensión inicial respecto al último salario, cercana en la actualidad a una media del 80%. El Dialogo Social deja para más adelante la implantación generalizada de los planes de empresa pensiones privadas, exigencia del capital financiero, los bancos por meter la mano en los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.
Tampoco se deben olvidar las declaraciones del ministro Escrivá de hacer cargar sobre los trabajadores las consecuencias del saqueo que los distintos gobiernos han ocasionado a la Seguridad Social utilizando para otros gastos (reducciones en las cotizaciones empresariales, por ejemplo) los excedentes o superávits del sistema de reparto que ahora deberían aplicarse. Al futuro de las pensiones de la generación baby boom (que afecta a 11 millones de trabajadores actualmente activos) Escrivá les anunció que llegada la edad de jubilación deberán tener pensiones más reducidas o tendrán que trabajar más años.
La COESPE y buena parte del movimiento de pensionistas y algunos parlamentarios han rechazado los acuerdos del Dialogo Social, pues entre todas las propuestas del Pacto de Toledo, las ya acordadas y las anunciadas, supondrán un gran paso en la destrucción de los derechos futuros a la pensión respecto a los términos en que hoy los conocemos.
El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) llama a todos las organizaciones y colectivos asociados, a los amigos y simpatizantes, muy especialmente a los trabajadores activos y la juventud a participar en las movilizaciones del 16 frente a las Cortes convocadas por la Coespe y las principales coordinadoras de pensionistas por defensa de las reivindicaciones y el sistema público de pensiones exigiendo una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad.

¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

La agenda social para una recuperación justa

Han transcurrido cerca de dieciocho meses desde la declaración de la pandemia de la covid-19, por la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país más del 70% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la misma. Cuando el Gobierno anunció este objetivo, dentro de la lucha contra los efectos del coronavirus, las derechas y la ultraderecha, acompañadas por algunos medios de comunicación, pusieron en duda su cumplimiento. La realidad les ha desmentido, de hecho, las consecuencias de la quinta ola en cuanto a contagios son sensiblemente menores a las anteriores, por el grado de inmunidad alcanzado a nivel territorial y generacional.


La economía está recuperando los niveles previos a la crisis provocada por la covid-19, como resultado de las políticas puestas en marcha por el Gobierno para proteger la salud, el mantenimiento del sistema productivo y del empleo, garantizar las rentas y la protección social para trabajadores por cuenta ajena, autónomos y personas vulnerables. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que la economía española crecerá un 2,4% en el tercer trimestre respecto al segundo, lo que situaría el PIB en el 95% del que se alcanzó a finales de 2019.


En los meses de verano se ha visto consolidada la tendencia positiva de la evolución del empleo, recogida por la EPA del segundo trimestre de 2021, cuando el número de ocupados aumentó en 464.900 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 19.671.700. El empleo ha crecido en 1.064.400 en los 12 últimos meses, respecto al segundo trimestre de 2020, cuando se produjo el mínimo de ocupación desde el inicio de la pandemia. En referencia al segundo trimestre de 2019 la variación es de –133.300. En el mes de agosto el paro registrado contabilizó una reducción récord de más de 82.000 personas, dejando la cifra total de desempleados en 3,3 millones, mientras que en agosto de 2020 el total de personas desempleadas era de 3,8 millones. No obstante, aún se está lejos de alcanzar los 3,06 millones de desempleados registrados en agosto de 2019.

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional prevén que en 2022 España sea el país que más crezca y el Gobierno quiere que ese crecimiento económico impulse la creación de empleo y cohesión social, de modo que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se acompañe de una agenda social para potenciar una recuperación justa, con el potente diálogo social que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura. Mediante políticas públicas que garanticen que el crecimiento y la riqueza se redistribuyan y se consoliden los derechos y libertades para el conjunto de la ciudadanía, de forma que la lucha contra el coronavirus se proyecte también en la recuperación, modernización y transformación económica y social, reduciendo las desigualdades y fomentando la solidaridad.


Gran parte de las medidas de la agenda social y económica se tratarán en la elaboración de los PGE-2022 y el Plan Anual Normativo 2021, que incluye las iniciativas de naturaleza normativa que tiene previsto aprobar el Consejo de ministros hasta el 31 de diciembre. Está compuesto por 144 iniciativas normativas: 6 leyes orgánicas, 28 leyes ordinarias y 110 reales decretos. Una tercera parte de las mismas tienen que ver con los compromisos que España ha contraído con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Algunas de las nuevas normas previstas para los próximos 4 meses son las leyes de Formación Profesional, Ciencia, la de creación y crecimiento de empresas, Vivienda, 5G, la reforma laboral, la reforma de pensiones o el desarrollo de la ley de Educación. La reforma fiscal se prevé para 2022.


En el último trimestre de 2021 el Gobierno debe afrontar compromisos centrales, como la derogación de la reforma laboral, cuyo objetivo, tal y como se recoge en el programa del Gobierno, es modernizar nuestro mercado de trabajo y desmontar la legislación laboral lesiva que impuso el Gobierno del Partido Popular. Actualmente se está abordando en el diálogo social, de forma tripartita por el Ejecutivo junto con los sindicatos y patronales. El primer bloque de la reforma de pensiones ya está en el Congreso; dicho bloque incorpora la garantía del poder adquisitivo para los pensionistas actuales y futuros, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad. También la Ley Estatal de Vivienda debería ver la luz antes de que finalice el año, además del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.


Uno de los principales problemas que actualmente enfrenta la economía española es el histórico incremento del precio de la luz, una cuestión compleja pero que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Uno de los puntos que viene monopolizando el debate económico y político tiene que ver con los márgenes de la normativa europea para reducir los precios, o la oportunidad de una empresa pública de energía. Mientras el PP critica el sistema de formación de precios que ellos mismos aprobaron en 2013, el objetivo del Plan del Gobierno es conseguir que al finalizar este año 2021 la ciudadanía haya pagado por su recibo de la luz una cantidad muy similar a la que pagó en un año como 2018.


El Gobierno pretende que la subida desmedida del precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista tenga un impacto mínimo en el recibo que pagan los ciudadanos. Algunas medidas que ya se han puesto en funcionamiento para lograrlo son la reducción del IVA de la factura eléctrica del 21% al10% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7%. A ello hay que añadir otras, como la protección a los hogares vulnerables, la ampliación de la prohibición del corte de suministro, la ampliación de la base de beneficiarios del bono social eléctrico, la creación de un bono social térmico o evitar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas. El Plan también se compone de medidas estructurales, como la apuesta por las energías renovables, las más baratas para generar electricidad. La pretensión es que las renovables dominen el mercado, precisamente la mayor penetración de renovables en los mercados de futuros de electricidad indican que España tendrá precios inferiores a Francia y a Alemania en 2022 y 2023.


La inflación se ha instalado en el actual proceso de recuperación. En el mes de agosto los precios subieron un 3,3% en nuestro país, situación común a otras muchas economías desarrolladas. El pasado julio en la zona euro la inflación alcanzó el 2,2%, el nivel más elevado desde octubre de 2018, y pese a que los precios no se han acelerado tanto como en Estados Unidos (5,4%), la inflación sí viene superando mes a mes el promedio de sus socios europeos. Son diversos los efectos colaterales de mantenerse en el tiempo, y aunque los bancos centrales tienen la esperanza que se superen, podrían lastrar la economía española al reducir el poder adquisitivo a los trabajadores públicos y privados, dañar el consumo, gravar la factura de las pensiones y erosionar la competitividad de las empresas.


La subida salarial pactada en los convenios colectivos de trabajo se situó en el 1,56% en julio, por debajo del IPC, según datos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento salarial está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, pactado por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, que planteaba subidas salariales superiores al 2% y que aún no ha sido renovado para 2021. Ante el rebrote de la inflación se requiere tener claro que la recuperación no puede darse con una nueva devaluación salarial, por ello es necesario actualizar el SMI en 2021 y proteger la evolución de los salarios en las actividades públicas y privadas, junto con la garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Toni Ferrer

Por la nacionalización del sector energético

En los últimos meses mucho se ha debatido sobre el encarecimiento de la factura de la luz. Nos decían que con la ley de la oferta y la demanda y la gestión privada se satisfarían las necesidades de energía de la población. Nada más lejos de la verdad. El precio de la factura eléctrica ha alcanzado unas cifras escandalosas en las últimas fechas. lo cual supone una agresión para la población más necesitada y un serio obstáculo para la industria, los restaurantes, los comercios…


Mientras estamos comprando energía nuclear a Francia y electricidad a una empresa pública italiana como ENEL, España fue uno de los países que antes privatizó las empresa públicas energéticas.


En España, la empresa estatal Endesa llegó a tener más de un 40% del mercado y aunque tras la venta sucesiva de dos paquetes de acciones de ENDESA por los Gobiernos de Felipe González, el Estado aún mantenía en 1988 el 67% de la propiedad y el control público sobre la empresa eléctrica, los gobiernos de Aznar y Rato, vendieron la mayor parte de las acciones de Endesa propiedad del estado. La liberalización y privatización de ENDESA se llevó a cabo. Como premio a la privatización: puertas giratorias para políticos socialistas, peperos (Aznar fichó en 2011 por ENDESA tras haberla privatizado en 1998),y también nacionalistas.


En toda la Unión Europea los procesos de privatización que llevaban como objetivo acabar con los monopolios estatales, nos llevaron a un oligopolio de seis multinacionales. Concretamente, en el caso de España, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han ganado más de 26 millones de euros en los últimos 5 años., mientras nuestra factura de la luz sigue aumentando.


Hemos llegado a una situación inadmisible en la que el Gobierno de Pedro Sánchez tras varias medidas que se han demostrado ineficaces, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para detraer los ingresos extraordinarios de las empresas, los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’ o windfall, para destinarlos a topar el precio del gas. Suponen alrededor de 650 millones de euros. ¿será suficiente? me gustaría pensar que sí, pero creo que no va ser suficiente.


De hecho, mientras la derecha reivindica la bajada del IVA a un tipo superreducido, los sectors más progresistas coinciden en que deben aprobarse medidas de fondo en relación con el modelo energético español. ¿Qué medidas tomar? ¿crear una empresa pública o nacionalizar el sector eléctrico?


Leí en un artículo de Odón Elorza publicado en elobrero.es el 21 de agosto de 2021, que sugería la creación de una empresa pública que recuperara la gestión de más de 30 centrales hidroeléctricas cuya concesión finaliza en este periodo y hasta 2031. Ciertamente, parece una buena idea crear una empresa pública dedicada a la producción de energía que permita incidir en el precio final de la luz. Mejor una empresa pública que privada. Al menos nos aseguraríamos que no vacían los embalses como ha hecho Iberdrola para manipular el precio de la luz en las subastas de este especulativo mercado.


En la misma línea de pensamiento se inscriben las declaraciones del President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés (ERC), cuando manifiesta “Lo que se debe hacer es regular el mercado de forma diferente”, reivindicando que la Generalitat ya ha iniciado los pasos para crear una energética pública que gestiones dónde deben ubicarse los centros de producción energética.
Se necesita un modelo energético sostenible que garantice la producción alli donde se necesita, para no tener que importarla desde Argelia, Francia, o ningún otro país, sin que se tenga que trinchar el territorio con nuevas líneas de muy alta tensión, y para que se promueva el uso de las renovables.
Insisto en que prefiero una empresa pública que una empresa privada, pero es que el debate no es ese.


El debate es si el precio de la energía debe someterse a las reglas de mercado o no. Ni las propuestas del compañero Odón ni la de Pere Aragonés, ni las medidas adoptadas por Sánchez discuten el mercado, y por tanto “el mercadeo” energético. Si una empresa pública tiene que competir con las privadas, en un mercado al servicio del oligopolio privado, vamos servidos. La alternativa sería que la UE decidiera que la energía no se someta a las reglas de mercado, cosa que no va a decidir, entre otras cosas porque nadie ha situado el debate.
Si realmente queremos garantizar el suministro eléctrico de luz y gas vamos a tener que nacionalizar el sector y poner al servicio de la ciudadanía y de la industria los recursos energéticos necesarios para la vida y el funcionamiento de las fábricas, y por ende el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector industrial que como todos ustedes saben sigue menguando debido al cierre o deslocalización de las empresas hacia países más desregulados en materia ambiental.


No podemos dejar en manos del mercado lo que no debe ser objeto de especulación.


Baltasar Santos
TS Cataluña

Resolución de la reunión de coordinadora de CATP

Llamamos a mantener y reforzar la resistencia y organizar la movilización en unidad

Reunidos el sábado 18 de septiembre de 2021 en Madrid, en la sede sindical de la calle Maldonado, organizaciones, colectivos, comités de Trabajadores y jóvenes de diferentes pueblos del Estado español.

CONSTATAMOS:
Que el momento político y social que atravesamos está repleto de agresiones para nuestros derechos, duramente conquistados, que vienen siendo amenazados y lesionados desde hace mucho tiempo. Son nuestros medios de subsistencia como trabajadores y pueblos los que están siendo atacados en favor de los intereses de una minoría privilegiada.
La oligarquía financiera exige que, en medio de la crisis del capital, los servicios públicos, los derechos laborales, los salarios y las pensiones sean devaluados para salvarse de su ocaso como sistema. Pretenden arrebatarnos nuestros derechos sociales y democráticos con el fin de imponer sus mecanismos de apropiación de lo público y continuar con el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital; buen ejemplo de ello es la devaluación de salarios y pensiones que se está llevando a cabo con el alza de los precios en general y la luz en particular.
Las instituciones del régimen que Franco nos dejó en herencia, con la monarquía y la justicia en cabeza, no solo defienden los intereses de esa minoría sino sus propios privilegios.
El Gobierno que fue elegido por la mayoría obrera y popular del país es incapaz de actuar en función de los intereses de la mayoría y es percibido cada vez más como un juguete en manos de las finanzas y de las instituciones de las multinacionales. Han pasado 39 meses desde la Moción de Censura que sacó al Gobierno mafioso del PP, el del caso “Kitchen”, de la Moncloa; pero las reformas laborales, contra las que los trabajadores hicieron tres huelgas generales, continúan intactas. El SMI sube el 1,5% (15€/mes) frente a las brutales subidas de la energía.

PERO LA RESISTENCIA EXISTE
La desconfianza ante las medidas del Gobierno crece, como también aumenta la indignación ante el poder de multinacionales y capitalistas en todas sus formas; los especuladores que dictan los precios de la luz, dónde hay vacunas o no y a cuánto… Mientras, tenemos que convivir con medidas represivas, como las contenidas en “Ley Mordaza” que impuso el PP para imponer sus reformas y políticas económicas contra los trabajadores y los pueblos. La actitud timorata del Gobierno, los partidos y las cúpulas sindicales a la hora de proteger los intereses de la mayoría, levanta cada día más la oposición tenaz entre los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes, los inmigrantes en todos los pueblos del Estado español, lo que los lleva a querer decidir sobre su futuro.

LA RESIGNACIÓN ABRE PASO A LA MOVILIZACIÓN
Desde el CATP brindamos todo nuestro apoyo y participación a:
• Los pensionistas que marcharán a las Cortes el 16 de octubre, para exigir una Auditoría a la Seguridad Social que establezca y aclare cuánto dinero le debe el Estado a la caja de las Pensiones.
• Los jóvenes estudiantes que ven como se deteriora la Educación, por los recortes de profesorado, el hacinamiento en las aulas o porque no tienen plaza en la FP. En paralelo a esta situación, la Iglesia disfruta de un jugoso negocio, a través de la educación concertada, aprovechando que en este país no están separados: Estado e Iglesia. El CATP se compromete en la lucha por la Educación pública, laica, gratuita y de calidad.
• Los médicos y enfermeras que exigen un presupuesto consecuente para combatir la pandemia y atender a todas las necesidades médicas de la ciudadanía en un entorno seguro para los profesionales sanitarios. Un sector, el de la Sanidad Pública, en el que en estos meses SE HAN MULTIPLICADO LAS MOVILIZACIONES de todo tipo.
• Los trabajadores de la industria amenazados de despido, definitivos y temporales han tomado nota tras la experiencia de NISSAN; como los trabajadores de SEAT a quienes les van a aplicar un nuevo ERTE de casi un año de duración. O los de Alcoa que como otras empresas industriales del acero y aluminio se ven amenazadas de cierre en nombre de la transición ecológica. Quienes son despedidos no creen en promesas de supuesta recolocación.
• Los trabajadores de la Banca que una vez más se han enfrentado a la reducción de empleos y cierre de oficinas; ya son más de 115.000 los empleos destruidos y más de un 40% de la red de oficinas cerradas, desde 2010.
• Los pueblos, como el catalán que sigue exigiendo Amnistía y derecho a decidir.
• Los miles de interinos, que ven cómo pueden perder su empleo tras años trabajando con contratos fraudulentos para las administraciones.
• Los desempleados que llevan años en el paro de larga duración, sin oportunidades reales de acceder a un puesto de trabajo. Colectivo que padece un plus de sufrimiento por el incremento de los precios.
• Y a todos los despedidos como las compañeras de Lyma en Getafe, el compañero Juampa, presente en esta reunión y despedido estando de baja médica, y Ángeles Guindel trabajadora despedida y que por dos veces ha ganado el juicio y espera su readmisión en el Ayuntamiento de Getafe.

NO ESTAMOS SOLOS
El movimiento de resistencia que se agudiza en nuestro país está en consonancia con las movilizaciones en Francia, Italia, Grecia, y todos los países europeos, no por casualidad, enfrentados a los mismos ataques.

HACE FALTA LA UNIDAD
El mayor obstáculo para frenar los planes del capital está en la falta de unidad en torno a las reivindicaciones. Al contrario, vemos que en muchos casos nuestras organizaciones a nivel confederal aceptan la política del gobierno y sus argumentos en nombre del peligro de la extrema derecha. Se niegan a organizar una movilización de conjunto, como exigen la mayoría de militantes que, en las empresas, los servicios públicos y los barrios exigen la movilización unida GOBIERNE QUIEN GOBIERNE.

EL CATP NO TIENE INTERESES DISTINTOS A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y DEMOCRÁTICAS
Sus partidarios, organizados en colectivos o comités, forman parte de estas organizaciones y militan en ellas para que la unidad se realice en favor de las reivindicaciones, en defensa de los derechos, para abrir la vía a la Democracia o sea a la República, para acabar con la corrupción de la Corte ejemplificada por el Emérito, para acabar con poderes como el Judicial; independientes, sí, de la soberanía popular.

EL CATP participa y apoya las movilizaciones que existen y promueve en unidad todas aquellas que sean necesarias. Para que ello sea una realidad invita a formar parte del CATP y de su Coordinadora Estatal a los colectivos en lucha por sus derechos y reivindicaciones; luchas y reivindicaciones que son comunes a todos los trabajadores y a todos los pueblos.

El pueblo boliviano ha puesto las cosas en su sitio

El pueblo boliviano ha tardado un año en deshacer el golpe de Estado que los poderes fácticos montaron, a partir de las elecciones del 20 de octubre del pasado año 2019.

No voy a entrar en las cuestiones técnicas que argumentó la Organización de Estados Americanos (OEA), pues las dudas sobre quién quiere que les gobiernes ya las ha resuelto el pueblo de Bolivia: con sus movilizaciones y con su voto en las urnas.

Los mismos organismos que cuestionaron el proceso de recuento de votos en 2019, dijeron respeto al atropello a la democracia que tuvo lugar en Brasil:

Cada acto de corrupción corresponde a una violación de los derechos humanos y la gente es la que sufre las consecuencias de la corrupción

Es lo que dijo en concreto la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, organismo dependiente de OEA.

No les debió parecer un ataque a los derechos humanos y a la democracia que fuese el jefe de las fuerzas armadas bolivianas, el general Williams Kaliman quién “sugiriese” al presidente, Evo Morales, que renunciase al cargo.

Estos organismos burocráticos nada han dicho de las irregularidades de personajes al servicio del capital especulativo como Jeanine Áñez, que biblia en mano se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, ni de Juan Guaidó, también autoproclamado presidente interino, éste en Venezuela.

Jeeanine Áñez, ex presidenta interina autoproclamada

El cuestionamiento de los gobiernos, cuando tienen una tendencia a gobernar para la mayoría del pueblo, tiene coincidencias preocupantes en unos y otros países: ¿será que los “think tank” de la extrema derecha han dado la consigna de derrocar gobiernos por la vía de la presión mediática y judicial? No sabría responder a esta pregunta, pero los ataques a gobiernos de izquierda, con una misma línea argumental, un método muy parecido, incluso terminologías similares, hacen que me recuerde a mi mismo que es ingenuo creer en las casualidades.

En España llevamos tiempo escuchando el cuestionamiento de la legitimidad del Gobierno y vemos con absoluta claridad la grosera conexión entre la derecha y destacados miembros del poder judicial: dos años fuera de mandato y sin visos de renovación, ¿qué diría la OEA?

Pero tras estos movimientos siempre se esconde el interés económico por explotar la riqueza natural de los países y a su clase trabajadora. De igual modo que tras el acoso y derribo al que desde hace años está sometido el gobierno venezolano, por el control de los yacimientos de petróleo, en Bolivia se esconde el interés por el control y explotación de las reservas de litio, mineral demandado para las baterías de la telefonía móvil y otras tecnologías.

El método para la defensa de los intereses de la mayoría social nos lo han enseñado los pueblos: el boliviano luchando contra el golpe y apoyando a su Partido de referencia y el chileno con su lucha contra la Constitución heredada del régimen pinochetista. En esa línea, un profesor de derecho constitucional dijo una vez en clase: “Las constituciones las cambian los pueblos”. 

Roberto Tornamira SánchezComité de Redacción de Tribuna Socialista

La vergonzosa política migratoria europea

Con la llegada de más de 16.000 migrantes a las islas Canarias en las últimas semanas se ha abierto una nueva crisis migratoria en el Estado español. El debate sobre la situación de los CIEs, o las devoluciones en caliente, solo son la punta del iceberg de una situación que atenta contra los derechos humanos, y ante la que la Unión Europea no solo colabora cerrado sus fronteras a los inmigrantes, depositándolos en infames campos de refugiados en Turquía y Grecia, sino que también pretende convertir Lampedusa, las Islas Canarias, o las ciudades de Ceuta y Melilla en grandes centros de reserva de inmigrantes ilegales, a modo de “bolsa de reserva de mano de obra barata”. 

El “protocolo de Dublín” establece que las personas solicitantes de asilo han de presentar su solicitud en el primer país de la Unión al que accedan, aunque no conozcan el idioma ni tengan afinidades culturales.

Unido al vergonzoso acuerdo con Turquía, en virtud del cual, Turquía se queda con los inmigrantes que huyen de Siria, Afganistán, Irak, etc, a cambio de a cambio de 6.000 millones de euros y a cambio de que la Unión Europea cierra los ojos y los oídos ante la situación de estos inmigrantes en los campos de refugiados turcos. Ahora le toca el turno a los países frontereros como España, al que anualmente llegan decenas de miles de inmigrantes que huyen de guerras o hambrunas con la esperanza de un futuro mejor.

El resultado de esta política es de todos conocido, más de 35.000 muertes entre ahogados, muertos en las fronteras por la policía y-no pocos- suicidados. Miles de inmigrantes hacinados en CIEs o en muelles, mientras la pirámide de edad de países como España pide a gritos más inmigrantes para trabajar en las empresas y en los servicios públicos.

El traslado de los miles de inmigrantes de Arguinegín y de los CIE de Ceuta y Melilla a lugares dignos de la Península, solo es una exigencia humanitaria de urgencia. Es necesaria una nueva política migratoria que proteja los derechos humanos, que se encamine a crear las condiciones económicas para que nadie tenga que emigrar por guerras o hambruna, y que permita una rápida integración y regularización de los inmigrantes que vienen a vivir y trabajar en los países de Europa.

Baltasar Santos

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Presupuestos: lo importante es el contenido

Los Presupuestos Generales del Estado se han situado en el centro del debate parlamentario. La cuestión es el punto de vista de cada grupo parlamentario, los condicionantes que se hacen desde la Comisión Europea, el punto de partida de los presupuestos fijado por la coalición de Gobierno y las necesidades y prioridades de la mayoría social. Son, como mínimo, cuatro puntos de vista que no siempre son coincidentes.

La derecha está utilizando todo para derribar al Gobierno: comenzaron con el mantra de la ilegitimidad, han utilizado la pandemia, ahora se apoyan en el drama de la inmigración. Como siempre, sin escrúpulos, usan cualquier motivo para deteriorar y desestabilizar al Gobierno salido de las urnas, en un desprecio absoluto a la democracia. Hemos asistido al esperpento de la Moción de Censura presentada por VOX. Todo vale, siempre que no estén ellos en la Moncloa; etapa que utilizan para favorecer sin rubor a la clase minoritaria. Nos les importa que hayamos rebasado los 44.000 muertos por COVID-19.

Desde la Comisión Europea se envían mensajes que, en ocasiones, parecen contradictorios. Mensajes velados con aspecto de sugerencia, pero que siempre llevan la carga de condición. Se dice a los gobiernos que se endeuden lo que haga falta para combatir al virus, pero en paralelo se cuestiona subir impuestos y se apela a controlar el déficit. Esas recetas, cargadas de cinismo, llevan irremediablemente a la reducción del gasto social. Si los impuestos no suben no aumenta el ingreso. Si además cada año hay que amortizar más deuda, por muy bajos que estén los intereses de la misma, el artículo 135.3 de la Constitución marca la prioridad de pagar esta deuda sobre el gasto en sanidad, en educación y en cualquier otra partida para atender las necesidades de la sociedad.

Se ha desistido de incrementar el IVA del diésel, y es positivo, pues afectaría al coste del transporte, sobrecoste que automáticamente se traslada a los productos de consumo. Lo injusto del impuesto sobre los productos y servicios, el IVA, es que pagamos el mismo IVA los que cambian de jet con gran facilidad que los que los que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y optar entre: pagar la hipoteca, poner la calefacción o comer menos. Mientras la derecha insiste, por un lado, en que no se suban los impuestos: ni directos ni indirectos, por otro piden a coro con las patronales que se incrementen las subvenciones, las exenciones y todo tipo de ayudas a las empresas. Lo más descarado ocurre en las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX a pesar de sus ataques de cuernos. El ejemplo más brutal es Madrid, donde se está deteriorando a la Educación Pública y a la vez se está insuflando dinero público a la Educación privada, esa en la que la Iglesia tiene una gran fuente de ingresos; porque son los dueños de muchos colegios, institutos y universidades, y porque reciben cientos de millones públicos para pagar a los profesores de religión.

Por su parte, la coalición de Gobierno ha partido de un difícil equilibrio para sentar la base de negociación de los presupuestos con unos y otros, con fuertes incrementos de las partidas de Pensiones, Desempleo, Vivienda y Educación: 5.085 MM (+3,2%), 4.192 MM (+20,1%), 1.772 MM (+367,9%) y 2.017 MM (+70,2%) respectivamente, incremento sobre los presupuestos prorrogados de Montoro (PP) para 2019. La deuda pública, una partida que se sitúa en 31.675 MM, crece en 128 MM (+0.4%) sobre el pasado ejercicio, sin contar aún con los 70.000 millones en prestamos que se dotarán, si se aprueban definitivamente, desde Europa.

Reconociendo el aumento en algunas partidas, es igualmente necesario reconocer que los aumentos en sanidad son insuficientes para atender las necesidades actuales que se han visto agravadas por la crisis del Cobid19. Menos explicación tiene el aumento en 6.5% a la Casa Real o el aumento en gastos militares, a nuestro entender injustificados.

Todo este gasto está previsto, contando con los fondos europeos, fondos que están siendo seriamente cuestionados y por tanto nada asegurados, ni en cuantías ni en condicionantes en forma de recortes sociales: los 70.000 en prestamos antes citados más 70.000 en “transferencias” (eufemismo acuñado por la Comisión Europea para evitar decir “subvenciones”.

Y, como si de un bucle se tratara, volvemos al punto de partida: las condiciones que sutilmente ponen desde los organismos europeos para recibir esos 140.000 MM. Hablan de reformas, pero no explicitan, no al menos públicamente. Señalan a los sistemas de pensiones, sugiriendo el fomento del mercado privado de pensiones, sin la menor consideración a la mayoría social, en nuestro país y en cualquier país europeo, que no tiene capacidad de ahorro y por tanto queda al margen de poder acceder a un fondo de pensiones privado y a sus ventajas fiscales. Denuncian la dualidad laboral, pero no para paliar la temporalidad y la precariedad, sino como camino para eliminar los empleos con derechos y así, una vez que todos y todas seamos precarios, ya no habrá dualidad. Esto último no está por hacer, se está haciendo, se viene haciendo desde hace una década, con gran intensidad desde la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, que facilitaron el despido y por ende la transformación de empleo con derechos en empleo precario y mal pagado, abarataron el despido y regalaron a los empresarios la posibilidad de devaluar los salarios.

En el entorno de preparar los Presupuestos, se ha aprobado, no por unanimidad como han dicho los medios de comunicación, el Pacto de Toledo. Del que debemos celebrar que se haya resuelto la cuestión de la revalorización de las pensiones al vincularla al IPC, pero tenemos que lamentar que haya quedado intacto el factor de sostenibilidad que vincula la pensión a la esperanza de vida, un factor pensado en la reforma de Rajoy de 2013 para devaluar la cuantía de la pensión.

En este “juego” a varias bandas, se enfrentan las necesidades de quienes cada vez retroceden más: las rentas del trabajo, frente a quienes cada vez avanzan más: las rentas del capital. Esto viene de la mano de las crisis económicas que provoca un sistema que favorece a las rentas del capital pero que pagan las rentas del trabajo. Los ingresos del Estado se nutren principalmente de IRPF y en este impuesto son las rentas entre 12.000 y 60.000 euros/año las que pagan el grueso. Mientras los que menos aportan son los que reclaman pagar aun menos. Esto coincide con que quienes contribuyen son quienes necesitan los servicios públicos, frente a quienes tienen recursos para ahorrar, constituir planes privados de pensiones, invertir en fondos, tener sanidad privada y llevar a sus hijos e hijas a colegios privados, con el descaro de pedir dinero público para abaratar sus gastos y así incrementar su nivel de vida.

Los Presupuestos Generales del Estado, debieran corregir esta situación de injusticia, acompañados de leyes, como la de Educación, que de una vez por todas debería sacar la enseñanza privada del gasto en Educación y que todo el esfuerzo de las rentas del trabajo vaya destinado a la educación pública de sus hijos e hijas.

De igual modo, la derogación íntegra de la reforma de Pensiones de 2013, debiera haber sido previa al Pacto de Toledo, pues el Sistema Público de Pensiones continúa lastrado por el factor de sostenibilidad y la pléyade de exenciones en las cotizaciones y tarifas planas.

El Comité de Redacción

No siempre tiene que seguir ganando la banca

Hace unos días los pensionistes de El Vendrell pedían a los partidos políticos que aspiran a representarles que se posicionaran exigiendo a los bancos una mayor humanización, y más personal para poder ayudarles, presencialmente, a realizar trámites que, por si solos, no saben o pueden realizar utilizando los cajeros y la banca online.

Ciertamente, los pensionistas tienen razón en exigir que la banca deje de despedir trabajadores, que vuelva a atender personalizadamente, como antaño lo hacían las cajas de ahorro, y que dejen de cobrar comisiones por todo, en especial, por hacer trámites en ventanilla, como correspondería a un “Servicio de interès general” que debiera ser público, en tanto que servicio de interès general.

No es que la banca pierda dinero. La banca siempre gana. Mientras la mayoría nos ajustamos el cinturón a los tiempos que corren, el negocio de la banca ha mejorado en plena pandemia con más de 55 millones diarios en comisiones.

Los números rojos de la banca solo obedecen a ajustes contables. El sector financiero està obteniendo mayores ganancias que el año pasado gracias, principalmente, al cobro de comisiones por prestar servicios bancarios a los clientes, que entre enero y septiembre alcanzaron la cuantía de 15.146 millones de euros.

El peso de las comisiones en el negocio bancario espanyol supone casi la tercera parte (31%) de los 23.119 millones de euros que suma el margen bruto de los seis grandes bancos.

Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) hizo público un informe según el cual “los bancos están reaccionando con subidas de comisiones a un Euribor en tasas históricamente bajas, incluso con cobros por operativa en ventanilla” que “suponen un paso más para alejar a los clientes de las oficinas bancarias” y que, especialmente en el caso de los consumidores vulnerables y de los de mayor edad, “contribuyen a aumentar la brecha digital”.

No solamente los particulares son maltratados por la banca. La administración, y puedo hablar de ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, necesitan tener el dinero público que los distintos Presupuestos asignan al pago de las nóminas de los empleados públicos, al pago de los proveedores, al pago de los distintos servicios municipales, comarcales o provinciales que se prestan a la ciudadanía. Es el dinero público que tienen asignados estas administraciones y que proviene de las tasas e impuestos que todos pagamos. Ese dinero ha de estar depositado en bancos hasta su utilización. Pues bien, los bancos en la actualidad están cobrando comisiones sobre ese dinero público. Imaginen: un banco cobra a un ayuntamiento mediano, con un presupuesto de 60 millones de euros, unas comisiones por valor de 150.000€ por la cara (0,25% de comisión por cada millón de euros depositado). Ese es el salario de unos cuantos trabajadores públicos, o el recorte de servicios como educación, limpieza de calles y recogida de basuras, o cualquier otro de los servicios prestados por la administración local,

El Banco de Santander, líder del sector, anuncia a bombo y platillo: “Santander habrá cumplido a finales de año y antes de lo previsto el objetivo de ahorro de costes de 1.000 millones de euros en Europa que anunció en 2019. La entidad espera reducir los costes por valor de otros 1.000 millones de euros en los próximos dos años en Europa“.

Eso significa que tras más de 90.000 despidos en los últimos años, la banca apunta a nuevas oleadas de despidos en el sector bancario. Despidos que crecen al mismo ritmo que aumenta la digitalización del negocio, que en el caso de Banco Santander y Bankia, suponen el 40% de sus ventas, acercándose al 60% de BBVA.

Más trato presencial reclaman los pensionistas, mayor fluidez del Crédito reivindican los autónomos, menos comisiones reinvidicamos todos.

Que mientras las economías de los trabajadores se hunden los bancos ganen más dinero que nunca, da una idea de lo podrido de un sistema económico que exige a gritos que el sector público coja las riendas de la economía, con un sistema financiero público, exclusivamente público.

Baltasar Santos

Comité de Redacción de Tribuna Socialista