Tribuna Socialista entrevista a Cesar Serrano

Pregunta.- ¿Cuántos trabajadores formaban la plantilla de Schneider en el momento más álgido y en qué momento fue eso? De aquellos, ¿cuántos quedan hoy?

Hemos llegado a ser 350 trabajadores en el pasado. Fue antes de la crisis del 2008. En aquel momento la planta funcionaba a pleno rendimiento con varios turnos de trabajo. A día de hoy somos menos de 200 trabajadores, concretamente 181.

P.- Lleváis varios meses de lucha y movilización contra la pretensión de la empresa de despedir a 87 trabajadores ¿Qué argumenta la empresa para llevar a cabo estos despidos?

A finales de septiembre del año pasado, nos comunicaron la intención de la empresa de deslocalizar una parte de nuestra producción; concretamente nuestra celda de media tensión SM6-24, a Schneider Stezzano, en Italia, a lo largo del 2022. Este producto es la columna vertebral de nuestra fabricación, puede suponer el 50% de nuestra producción total. La compañía alega que es una decisión estratégica del grupo. De hecho, reconocen que no hay causas técnicas, económicas ni organizativas que justifique esta operación, pero que, aun así, finalmente se hará. La consecuencia directa de esta deslocalización es el despido de nuestros compañeros y compañeras una vez se produzca este traslado. Nosotros entendemos que lo que se está buscando es el cierre definitivo de nuestro centro de trabajo.

P.- ¿Es el primer expediente de regulación, sea temporal o extintivo parcial que sufrís?

No, en el 2009 y 2010 pasamos por dos ERTES debido a la crisis del 2008. Más tarde, en el 2020, debido a la pandemia del COVID-19, aplicaron un ERTE a nivel de Schneider España, y en nuestro centro se aplicó un segundo ERTE ese mismo año por la misma causa.

P.- ¿Qué medidas de lucha habéis llevado a cabo?

Llevamos tres jornadas de huelga de 24 horas y otra de media jornada. Nos hemos manifestado frente a la embajada de Francia, -Schneider Electric es una multinacional de capital francés-, y frente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También nos hemos manifestado frente al ayuntamiento de Griñon. Además, nos hemos reunido con los responsables del Ministerio de Industria del gobierno y de la Comunidad de Madrid, para denunciar nuestra situación.

Ahora hemos iniciado una «mesa de diálogo» con la dirección, pero todo apunta a que volveremos a las movilizaciones ante la total falta de compromiso de Schneider Electric con el futuro de nuestra planta y de nuestros empleos.

P.- ¿Qué respuesta habéis encontrado en los sindicatos y partidos? ¿y en la Administración local y/o autonómica?

El sindicato CCOO ha estado a nuestro lado desde el comienzo de las movilizaciones y en las reuniones que hemos mantenido con la dirección de Schneider Electric. Es la organización la que ha pedido las reuniones que hemos tenido tanto con los responsables de economía de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de industria. En ambas administraciones hemos pedido la implicación de estas en nuestro conflicto. De hecho, en esta semana se reúnen con la empresa. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.

En cuanto a los partidos políticos, hemos tenido reuniones con Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE de Madrid, que han intervenido en nuestro favor en la Asamblea de Madrid, pidiendo a consejero de economía y empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, que defienda la industria de la región. También hemos intervenido ante la comisión de economía y empleo de la Comunidad, gracias a Más Madrid. Además de esto, Izquierda Unida, a elevado una pregunta a la Comisión Europea sobre nuestro conflicto.

P.- Schneider es una de las industrias más importantes de Griñón ¿Cómo puede afectar cualitativa y cuantitativamente esta destrucción de empleo a la que os enfrentáis?

Pues es algo catastrófico para la zona. De nuestra actividad dependen una veintena de empresas auxiliares que suman 400 trabajadores. Estamos hablando de empleo industrial, con mejores condiciones laborales que el empleo del sector servicios, por poner un ejemplo. Para la zona sur de Madrid, con una destrucción del tejido industrial casi endémica, es un desastre sin paliativos que profundiza, aún más, en el desequilibrio territorial de la región.

P.- Las deslocalizaciones y cierres de plantas industriales no es un hecho aislado, ni en España ni en Europa. Como representante de los trabajadores ¿Qué opinión te merece el retroceso de la industria en nuestro entorno geográfico, estatal y continental, por las consecuencias que eso está teniendo?

Una cosa que la pandemia del Covid-19 ha destapado crudamente es, precisamente, este proceso de cierres y deslocalizaciones que viene ocurriendo desde hace años y que nos ha llevado a una situación en la que no teníamos capacidad ni para fabricar unas simples mascarillas, por no hablar de la crisis de materiales que sufrimos actualmente, con la parada de producción del sector automovilístico, solo por poner un ejemplo. La lógica de los grandes capitales, que solo buscan maximizar sus pingües ganancias, llevándose el tejido industrial allí en donde encuentran entornos favorables a la más salvaje explotación de los trabajadores, debe ser denunciada y combatida desde todos los frentes, ya sea en nuestras empresas o desde las organizaciones sindicales de clase. Como sindicalistas debemos presionar a las administraciones para revertir esta situación, que lamentablemente ha sido, en muchos casos, favorable a este proceso de destrucción de la industria en favor de sectores en los que la precariedad laboral es la norma. Y esto no ocurrirá si no somos capaces de organizarnos y movilizarnos en defensa de nuestros intereses como clase trabajadora.

A VUELTA CON LOS ERTES

Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos. 

Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”

“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”

Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.

En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.

Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.

Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.

Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”. 

Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.

Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.

Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).

Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020. 

“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.

Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.

Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.

Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas. 

Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

Los trabajadores esperan que el Gobierno actúe

Mientras que el Banco de España, organizaciones empresariales, Gobierno y medios de comunicación anuncian los porcentajes de recuperación económica previsibles no dejan de aparecer noticias que, en los hechos, contradicen lo anunciado por instituciones y entidades de alto nivel.


El Banco de España, el Gobierno, los economistas de la OCDE y otros organismos internacionales, prevén un crecimiento económico entre el 6,2% y el 6,5% para el presente año 2021, claro que, lo que no dicen o como mucho susurran es que ese crecimiento es sobre la caída del 11% de 2020. Ya sabemos con qué criterios actúan estos organismos, por lo que su fiabilidad es bien poca.
En paralelo a esta noticia de ámbito nacional, aparece la quiebra financiera de Evergrande, la mayor promotora inmobiliaria de China, que tiene una deuda de 260.000 millones de euros y que el pasivo de esta súper empresa involucra a 170 bancos chinos y 121 instituciones no bancarias. La inmobiliaria se ha entrampado con los bancos, con los acreedores y con sus clientes, pero, además, tiene que acabar un billón de pisos vendidos sobre planos, lo cual tendrá repercusión directa sobre todas las familias chinas que habían confiado su vivienda y ahorros a la mencionada inmobiliaria. ¿Alguien piensa que esta nueva crisis inmobiliaria, con posibles efectos financieros, no va a tener repercusiones en la economía internacional y por supuesto en la economía española?


Europa está en el ojo del huracán o al pie del volcán. La carencia de chips o semiconductores que tiene una afectación del 71% en la industria manufactureras alemana, motor de la industria europea, pone en peligro a todo el sector automilístico, destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo, como está previsto que suceda con NISSAN. En España, SEAT ha anunciado un ERTE que afectará a 11.348 trabajadores en turnos rotativos durante nueve meses, justificando el ERTE por la falta de semiconductores concentrados principalmente en Asia, donde se localizan la mayor parte de las empresas fabricantes de semiconductores. Es una situación equiparable a lo ocurrido hace unos meses, cuando en España no había mascarillas porque toda la producción llega de los países asiáticos. Pero el problema no es solo de microchips, afecta a toda la industria en general. Si tenemos en cuenta el Valor Añadido Bruto (VAB), que es un índice más preciso que el PIB, veremos que, en España, el VAB de la industria era del 25,9% en 1980, y en 2019, año no afectado por la pandemia, descendió al 14%. En función del PIB, el porcentaje del peso de la industria fue del 12,6%.


La caída del peso de la industria en la economía es un problema que afecta al conjunto de la UE. En un comunicado conjunto de UGT y CCOO en SEAT recuerdan que «en 1990 Europa producía el 44% de los semiconductores a nivel mundial, cifra que se ha reducido al 10% actualmente, como consecuencia de la política de deslocalización de parte de la industria, buscando países con mano de obra más barata para maximizar beneficios».


Más de 253.000 trabajadores están de ERTE en España, un dirigente sindical decía hace pocos días: «Algo huele mal», decenas de empresas afectadas por ERTES en áreas que han recuperado buena parte de su actividad continúan de ERTE.


A la pérdida de poder adquisitivo que supone para un trabajador estar en ERTE (normalmente una bajada de 30% de su salario), se suma la incertidumbre de tener empleo o no, a lo que hay que añadir la pérdida de poder de compra de los salarios por las subidas de precios de forma desorbitada como es el caso del suministro eléctrico.


Mientras que las tres principales empresas eléctricas del país han ganado 26.000 millones de euros, suben el precio del Mg/h de forma descomunal e injustificada. Es el abuso sobre el abuso. Es urgente recuperar las empresas que fueron privatizadas sin demora.


Para evitar la oleada de despidos que se avecina, para que paren los abusos de las multinacionales y del sector financiero, para garantizar el suministro eléctrico necesario para vivir en un país desarrollado ¿no haría falta que el Gobierno recuperase las empresas que producen, distribuyen, y suministran esos productos a fín de garantizar que ninguna familia careciera de tal suministro?.


Comité de Redacción

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