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EL EMPLEO Y LOS SALARIOS DESPUÉS DE LA REFORMA LABORAL

Por Toni Ferrer

La reforma laboral está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, excepto algunos supuestos que entraron en vigor a partir del 30 de marzo de 2022, como los cambios en los contratos temporales y los formativos. La aplicación de la reforma laboral se está produciendo en un momento de complejidad y de dificultades para la sociedad y la economía española por los efectos de la pandemia de la Covid-19 y su desarrollo coincide con el descontrol de los precios iniciado el pasado año y agravado por la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania.

Durante la crisis de la pandemia el Gobierno PSOE-UP ha puesto en marcha un conjunto de medidas, acordadas a través del diálogo social, para proteger la salud, mantener el sistema productivo y el empleo y extender la protección social: Los ERTE y las prestaciones por desempleo y la prestación extraordinaria para los autónomos, las ayudas a las empresas mediante créditos del ICO o el IMV para las personas más vulnerables. Con el apoyo del plan europeo de respuesta a la crisis Netx Generetion que ha posibilitado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contiene las inversiones y las reformas, entre las que se encuentran la Reforma Laboral, la reforma de la Formación Profesional y también las reformas de las Políticas Activas de Empleo o la futura la ley de Empleo.

Ante los efectos de la guerra de Ucrania el Gobierno de Coalición ha aprobado un plan de choque, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y sociales para apoyar a los colectivos más vulnerables (se aumentan las cuantías del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. Se prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.

Los primeros resultados de la reforma laboral se corresponden con los primeros meses de su entrada en vigor, aun parcial, y coinciden con la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, del primer trimestre de este año. Son de reseñar, entre otras, los siguientes datos: el total de personas ocupadas alcanza los 20.084.700 y el de desempleadas, situada en 3.174.700, la tasa de desempleo es del 13,65%, lo que supone 32 centésimas más que en el trimestre anterior. La tasa de paro actual es menor a la registrada antes de la pandemia de la COVID, en los últimos 12 meses el empleo ha crecido en 878.000 personas (406.300 hombres y 471.700 mujeres), a un ritmo del 4,57% y aceleró respecto al cierre de 2021 (en el cuarto trimestre de 2021 era del 4,4%). Destaca el aumento del trabajo indefinido frente al temporal, que hace caer la tasa de temporalidad por debajo del 25%, a un 24,2%.

La Seguridad Social, en el mes de abril, ha superado los 20 millones de afiliados, y según el registro de contratos del SEPE desde primeros de año el número de contratos indefinidos ha venido aumentando progresivamente y superando las cifras históricas del registro. En enero se alcanzaron el 15% del total de los contratos, antes de la reforma la media mensual era de alrededor de un 10%, febrero subió al 22%, marzo llegó al 31% y en abril, primer mes de vigencia plena de la reforma laboral, se alcanzó un 48,7%.

En abril se puede observar como la nueva cultura de la contratación laboral basada en la estabilidad y la reducción de la temporalidad injustificada se va asentando y es llamativo como en las actividades que inicialmente manifestaron más dudas sobre la idoneidad de la reforma para sus sectores es donde más se está impulsando la contratación indefinida, ya sea tanto a tiempo completo como a través de los fijos discontinuos o a tiempo parcial. En la agricultura la contracción indefinida se extiende hasta el 50%, en la construcción al 74%, en los servicios llega a un 48% y en la industria representa un 34%.

Del total de los 698,6 mil de los contratos indefinidos registrados en el mes de abril, lo que supone el 48% del total de los contratos registrados en ese mes, de ellos 413,9 mil fueron contratos indefinidos a tiempo parcial o de fijo discontinuo, representan el 60% del total de los indefinidos. También disminuyen los contratos de menos de una semana, antes de la reforma laboral estos contratos de corta duración llegaron a ser las 3/4 partes del total la contratación mensual ahora se han reducido a uno de cada cuatro contratos registrados, es un resultado directo de la cotización adicional de 27 euros por cada baja de contrato de duración inferior a un mes. Todo apunta que los contratos temporales se están sustituyendo por contratos indefinidos a tiempo parcial o de fijos discontinuos. Aún es pronto para anticipar conclusiones, pero la tendencia de incrementos importantes de la contratación indefinida se va consolidando de forma potente con las anteriores características.

Simultáneamente a este favorable comportamiento del empleo y la contratación la evolución de la negociación colectiva en 2002 está caracterizada por la alta inflación y por el fracaso actual en las negociaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC) que debía de orientar la negociación salarial. Los datos de los Convenios Colectivos, registrados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta abril recogen un incremento salarial pactado del 2,4% con una inflación general del 8,3%, a estas fechas se recogen 2037 convenios colectivos que afectan a medio millón de empresas y a 5,44 millones de personas trabajadoras. Los incrementos sectoriales son los siguientes: en la construcción un 3,15%, en la industria un 3,1%, en los servicios un 2,1% y en la agricultura un 1,8%.

El acuerdo salarial bipartito era la condición necesaria para una negociación posterior con el Gobierno de un posible pacto de rentas. Los sindicatos y las patronales han dado por rotas las negociaciones salariales para 2022 del V AENC, que está pendiente de renovar desde 2020. La diferencia relacionada con la cláusula de revisión salarial a resultado insalvable. Para los sindicatos las cláusulas de revisión son la garantía del mantenimiento de poder de adquisitivo de los salarios y deberían ser un contenido esencial de los convenios colectivos. El actual repunte de los precios está afectando muy negativamente a los hogares con bajos ingresos, la inflación subyacente del 4,4% bate récords en abril y ya es superior a la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el Salario Mínimo Interprofesional de 2022 (SMI).

CEOE y CEPYME han hecho públicas sus recomendaciones para la negociación colectiva de este año sin cifras de incrementos salariales concretas, sin cláusulas de revisión ante las desviaciones de los precios. Planean recuperar el PIB o EBITA como referencias para la “moderación salarial” que preconizan para garantizar la competitividad, y potenciar la negociación en base al salario variable y la productividad. A su vez hacen un llamamiento a utilizar las medidas previstas desde la reforma del PP de 2012 para la devaluación salarial, que dan poder a los empresarios para modificar las condiciones sustanciales de trabajo y para las inaplicaciones de los convenios, medidas que no han sido modificadas por la actual reforma laboral.

CCOO y UGT van a impulsar las negociaciones en los ámbitos sectoriales y en las empresas con el objetivo de acordar las cláusulas de revisión para proteger el poder adquisitivo ante la inflación. Ambos sindicatos anuncian que van desplegar con gran intensidad el desarrollo de la negociación colectiva, donde plantearán las propuestas realizadas en materia salarial efectuadas en las negociaciones del V AENC. Ante las situaciones de bloqueo prevén que la conflictividad laboral pueda aumentar mediante huelgas y otras movilizaciones. Para los empleados de las administraciones públicas el Gobierno anticipa en el Programa de Estabilidad, remitido a la Comisión Europea, mantener para este año la moderación salarial con una subida del 2% y para 2023 la revalorización se haría con la previsión de inflación para ese año.

Tribuna Socialista entrevista a Cesar Serrano

Pregunta.- ¿Cuántos trabajadores formaban la plantilla de Schneider en el momento más álgido y en qué momento fue eso? De aquellos, ¿cuántos quedan hoy?

Hemos llegado a ser 350 trabajadores en el pasado. Fue antes de la crisis del 2008. En aquel momento la planta funcionaba a pleno rendimiento con varios turnos de trabajo. A día de hoy somos menos de 200 trabajadores, concretamente 181.

P.- Lleváis varios meses de lucha y movilización contra la pretensión de la empresa de despedir a 87 trabajadores ¿Qué argumenta la empresa para llevar a cabo estos despidos?

A finales de septiembre del año pasado, nos comunicaron la intención de la empresa de deslocalizar una parte de nuestra producción; concretamente nuestra celda de media tensión SM6-24, a Schneider Stezzano, en Italia, a lo largo del 2022. Este producto es la columna vertebral de nuestra fabricación, puede suponer el 50% de nuestra producción total. La compañía alega que es una decisión estratégica del grupo. De hecho, reconocen que no hay causas técnicas, económicas ni organizativas que justifique esta operación, pero que, aun así, finalmente se hará. La consecuencia directa de esta deslocalización es el despido de nuestros compañeros y compañeras una vez se produzca este traslado. Nosotros entendemos que lo que se está buscando es el cierre definitivo de nuestro centro de trabajo.

P.- ¿Es el primer expediente de regulación, sea temporal o extintivo parcial que sufrís?

No, en el 2009 y 2010 pasamos por dos ERTES debido a la crisis del 2008. Más tarde, en el 2020, debido a la pandemia del COVID-19, aplicaron un ERTE a nivel de Schneider España, y en nuestro centro se aplicó un segundo ERTE ese mismo año por la misma causa.

P.- ¿Qué medidas de lucha habéis llevado a cabo?

Llevamos tres jornadas de huelga de 24 horas y otra de media jornada. Nos hemos manifestado frente a la embajada de Francia, -Schneider Electric es una multinacional de capital francés-, y frente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También nos hemos manifestado frente al ayuntamiento de Griñon. Además, nos hemos reunido con los responsables del Ministerio de Industria del gobierno y de la Comunidad de Madrid, para denunciar nuestra situación.

Ahora hemos iniciado una «mesa de diálogo» con la dirección, pero todo apunta a que volveremos a las movilizaciones ante la total falta de compromiso de Schneider Electric con el futuro de nuestra planta y de nuestros empleos.

P.- ¿Qué respuesta habéis encontrado en los sindicatos y partidos? ¿y en la Administración local y/o autonómica?

El sindicato CCOO ha estado a nuestro lado desde el comienzo de las movilizaciones y en las reuniones que hemos mantenido con la dirección de Schneider Electric. Es la organización la que ha pedido las reuniones que hemos tenido tanto con los responsables de economía de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de industria. En ambas administraciones hemos pedido la implicación de estas en nuestro conflicto. De hecho, en esta semana se reúnen con la empresa. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.

En cuanto a los partidos políticos, hemos tenido reuniones con Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE de Madrid, que han intervenido en nuestro favor en la Asamblea de Madrid, pidiendo a consejero de economía y empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, que defienda la industria de la región. También hemos intervenido ante la comisión de economía y empleo de la Comunidad, gracias a Más Madrid. Además de esto, Izquierda Unida, a elevado una pregunta a la Comisión Europea sobre nuestro conflicto.

P.- Schneider es una de las industrias más importantes de Griñón ¿Cómo puede afectar cualitativa y cuantitativamente esta destrucción de empleo a la que os enfrentáis?

Pues es algo catastrófico para la zona. De nuestra actividad dependen una veintena de empresas auxiliares que suman 400 trabajadores. Estamos hablando de empleo industrial, con mejores condiciones laborales que el empleo del sector servicios, por poner un ejemplo. Para la zona sur de Madrid, con una destrucción del tejido industrial casi endémica, es un desastre sin paliativos que profundiza, aún más, en el desequilibrio territorial de la región.

P.- Las deslocalizaciones y cierres de plantas industriales no es un hecho aislado, ni en España ni en Europa. Como representante de los trabajadores ¿Qué opinión te merece el retroceso de la industria en nuestro entorno geográfico, estatal y continental, por las consecuencias que eso está teniendo?

Una cosa que la pandemia del Covid-19 ha destapado crudamente es, precisamente, este proceso de cierres y deslocalizaciones que viene ocurriendo desde hace años y que nos ha llevado a una situación en la que no teníamos capacidad ni para fabricar unas simples mascarillas, por no hablar de la crisis de materiales que sufrimos actualmente, con la parada de producción del sector automovilístico, solo por poner un ejemplo. La lógica de los grandes capitales, que solo buscan maximizar sus pingües ganancias, llevándose el tejido industrial allí en donde encuentran entornos favorables a la más salvaje explotación de los trabajadores, debe ser denunciada y combatida desde todos los frentes, ya sea en nuestras empresas o desde las organizaciones sindicales de clase. Como sindicalistas debemos presionar a las administraciones para revertir esta situación, que lamentablemente ha sido, en muchos casos, favorable a este proceso de destrucción de la industria en favor de sectores en los que la precariedad laboral es la norma. Y esto no ocurrirá si no somos capaces de organizarnos y movilizarnos en defensa de nuestros intereses como clase trabajadora.

A VUELTA CON LOS ERTES

Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos. 

Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: “La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”

“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”

Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.

En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: “En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores”. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.

Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.

Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.

Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”. 

Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.

Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.

Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).

Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020. 

“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.

Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.

Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.

Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas. 

Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

Los trabajadores esperan que el Gobierno actúe

Mientras que el Banco de España, organizaciones empresariales, Gobierno y medios de comunicación anuncian los porcentajes de recuperación económica previsibles no dejan de aparecer noticias que, en los hechos, contradicen lo anunciado por instituciones y entidades de alto nivel.


El Banco de España, el Gobierno, los economistas de la OCDE y otros organismos internacionales, prevén un crecimiento económico entre el 6,2% y el 6,5% para el presente año 2021, claro que, lo que no dicen o como mucho susurran es que ese crecimiento es sobre la caída del 11% de 2020. Ya sabemos con qué criterios actúan estos organismos, por lo que su fiabilidad es bien poca.
En paralelo a esta noticia de ámbito nacional, aparece la quiebra financiera de Evergrande, la mayor promotora inmobiliaria de China, que tiene una deuda de 260.000 millones de euros y que el pasivo de esta súper empresa involucra a 170 bancos chinos y 121 instituciones no bancarias. La inmobiliaria se ha entrampado con los bancos, con los acreedores y con sus clientes, pero, además, tiene que acabar un billón de pisos vendidos sobre planos, lo cual tendrá repercusión directa sobre todas las familias chinas que habían confiado su vivienda y ahorros a la mencionada inmobiliaria. ¿Alguien piensa que esta nueva crisis inmobiliaria, con posibles efectos financieros, no va a tener repercusiones en la economía internacional y por supuesto en la economía española?


Europa está en el ojo del huracán o al pie del volcán. La carencia de chips o semiconductores que tiene una afectación del 71% en la industria manufactureras alemana, motor de la industria europea, pone en peligro a todo el sector automilístico, destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo, como está previsto que suceda con NISSAN. En España, SEAT ha anunciado un ERTE que afectará a 11.348 trabajadores en turnos rotativos durante nueve meses, justificando el ERTE por la falta de semiconductores concentrados principalmente en Asia, donde se localizan la mayor parte de las empresas fabricantes de semiconductores. Es una situación equiparable a lo ocurrido hace unos meses, cuando en España no había mascarillas porque toda la producción llega de los países asiáticos. Pero el problema no es solo de microchips, afecta a toda la industria en general. Si tenemos en cuenta el Valor Añadido Bruto (VAB), que es un índice más preciso que el PIB, veremos que, en España, el VAB de la industria era del 25,9% en 1980, y en 2019, año no afectado por la pandemia, descendió al 14%. En función del PIB, el porcentaje del peso de la industria fue del 12,6%.


La caída del peso de la industria en la economía es un problema que afecta al conjunto de la UE. En un comunicado conjunto de UGT y CCOO en SEAT recuerdan que «en 1990 Europa producía el 44% de los semiconductores a nivel mundial, cifra que se ha reducido al 10% actualmente, como consecuencia de la política de deslocalización de parte de la industria, buscando países con mano de obra más barata para maximizar beneficios».


Más de 253.000 trabajadores están de ERTE en España, un dirigente sindical decía hace pocos días: «Algo huele mal», decenas de empresas afectadas por ERTES en áreas que han recuperado buena parte de su actividad continúan de ERTE.


A la pérdida de poder adquisitivo que supone para un trabajador estar en ERTE (normalmente una bajada de 30% de su salario), se suma la incertidumbre de tener empleo o no, a lo que hay que añadir la pérdida de poder de compra de los salarios por las subidas de precios de forma desorbitada como es el caso del suministro eléctrico.


Mientras que las tres principales empresas eléctricas del país han ganado 26.000 millones de euros, suben el precio del Mg/h de forma descomunal e injustificada. Es el abuso sobre el abuso. Es urgente recuperar las empresas que fueron privatizadas sin demora.


Para evitar la oleada de despidos que se avecina, para que paren los abusos de las multinacionales y del sector financiero, para garantizar el suministro eléctrico necesario para vivir en un país desarrollado ¿no haría falta que el Gobierno recuperase las empresas que producen, distribuyen, y suministran esos productos a fín de garantizar que ninguna familia careciera de tal suministro?.


Comité de Redacción

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