Editorial: El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado.

Manifestaciones y movilizaciones de todo tipo: en defensa de la Sanidad pública; por la reapertura de sus Centros de Atención Primaria; contra el vergonzoso incremento del tiempo de espera para pruebas médicas o citas con especialistas. Movilizaciones masivas de familiares contra la privatización de las residencias y el mal trato a las personas mayores, producto de la mercantilización de este servicio esencial. Denuncias de los sindicatos de la educación pública, y de las asociaciones estudiantiles, por la caída del número de profesores, por el déficit de plazas para estudiar FP o contra las leyes de Educación que no cambian sustancialmente los problemas crónicos que deterioran el sistema educativo público, en favor del privado. Las arbitras de fútbol luchando por subidas salariales dignas, al igual que lo están reclamando las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, en todo el Estado. Se cuentan por miles las empresas y sectores en los que los trabajadores reclaman subidas de sueldo acordes al IPC real. Los trabajadores de la industria ven como sus plantas de producción continúan siendo deslocalizadas a otros países, buscando, los empresarios, de salarios más bajos, y como a nombre de una supuesta ecología, se les despide con promesas de “tecnologías verdes” sin concretar. Los trabajadores de las líneas aéreas en pie de guerra en defensa de sus derechos laborales, como los trabajadores de Contact Center, los de Consultoría… Los pensionistas preparan una gran movilización para el 15 de octubre en Madrid.

La lista de conflictos y problemas sociales es larga, muy larga, tanto en el terreno de la defensa de los servicios públicos, como en el campo de los derechos laborales y la defensa del salario y las pensiones, devaluadas por la desbocada carestía de la vida.

Pero el Gobierno parece vivir en una burbuja que le hace ciego y sordo a lo que está ocurriendo en la calle. A pesar de ello, nadie puede decir que las medidas que están tomando sean negativas: 0,2 céntimos de ayuda a los carburantes, 10 euros en el abono transporte a jóvenes (en Madrid), 450 millones de euros para la gratuidad del transporte de cercanías Renfe, 200 euros al mes para quienes perciben menos de 14.000 € al año, 15% de incremento a las pensiones no contributivas (PNC); sabiendo que esta medida afecta al 4,5% de los pensionistas, excepción ibérica al precio del gas (con fecha de caducidad en mayo de 2023).

Parece claro y objetivo que, si en una balanza pudiésemos poner los problemas que sufre la mayoría de la sociedad, para los que reivindica soluciones desde hace años, y en el otro colocásemos las medidas bienintencionadas del Gobierno, la fuerza de la gravedad se decantaría, sin duda, por las reivindicaciones y quejas en defensa de lo público, los derechos laborales y contra la devaluación de salarios y pensiones.

La derecha por su parte, en todas sus formas: PP, VOX y C´s, se encarga de salvaguardar los intereses del gran capital, como son los bancos y las empresas de la energía.

Las medidas del Gobierno son paliativas, sucedáneos de solución, que comienzan a ser percibidas como placebos y trampantojos por esa mayoría social que, por naturaleza, es el verdadero caladero de votos de la izquierda. Quizá por esto, es por lo que las encuestas no reflejan la perspectiva que tiene el Gobierno de sí mismo, y que desearía.

Todas esas medidas quedan difuminadas cuando escuchamos decir a la ministra de Trabajo que el SMI debe subir un 4,5%, mientras que el IPC se ha situado en agosto en el 10,5%. O cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos dice que quiere, con la aquiescencia del Gobierno al completo, pasar de 25 a 35 años el número de años cotizados para hallar la base reguladora de la pensión, es decir la pensión futura.

El Gobierno puede lanzar muchas iniciativas, pero mientras no resuelva los grandes problemas estructurales que sufren los pueblos que componen el Estado español, será como el equipo de fútbol que tiene las cuentas saneadas pero que no gana títulos.

Estamos a menos de un mes para que tenga lugar una gran manifestación en Madrid, el 15 de octubre, convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) y el conjunto de organizaciones que compone el movimiento de Pensionistas. Movilización que cuenta con el apoyo del CATP y de Tribuna Socialista. En esta movilización se le reclama al Gobierno que cumpla con su obligación legal de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que no lleve a cabo la reforma de Pensiones que propone el ministro Escrivá y que revalorice las pensiones con el IPC real, no con el IPC medio; subterfugio matemático que en 2021 provocó una pérdida del 4% en la capacidad de compra de los pensionistas.

Se podrá decir que lo que se pide es muy caro, puede que sea cierto. Pero más cara sale la guerra y están dispuestos a más que duplicar el presupuesto anual en defensa, hasta llegar a los 23.000 millones de euros anuales. O más caro sale sanear a los bancos privados con 65.000 millones en efectivo, del dinero público, más 35.000 en activos fallidos de la Sareb: 100.000 millones de dinero público que, aún, ninguna institución del Estado ha reclamado su devolución a las arcas públicas.

El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado y que sirvan para resolver los problemas. Dejemos de jugar al escondite con topes al precio del gas, que por detrás y por delante se les compensa a las empresas gasistas. Dejemos de tomar medidas estéticas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, para recaudar 3.500 millones cada año, durante dos años, cuando el incremento interanual de la luz, en julio, ha sido del 53,44%, cuando, solo las cuatro grandes energéticas: Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, sumaron más de 14.000 millones de euros de beneficio en 2021. Cuando el oligopolio de la banca: Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja, batieron récord de beneficios en 2021, superando los 20.000 millones de euros.

La filosofía económica que necesita la mayoría social es “ni un euro para la Guerra y si se interviene en el mercado, que sea de verdad”.

Presos vascos y vascos presos tras 10 años de la desaparición de ETA

Bajo la denominación de presos vascos se entiende siempre al grupo de presos encarcelados en relación con su militancia en ETA y no exactamente a personas encarceladas que viven en el PaísVasco.

Este grupo de presos relacionados judicialmente con ETA son en este momento 177, de los cuales y según datos de El País del 8 de agosto 119 cumplen ya sentencia en cárceles situadas en la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra.

Tal como ya todo el mundo sabe la política de dispersión de presos tiene su origen en 1990, invento de Andoni Asunción, que llegaría a Ministro de Interior y que posteriormente relataría a medios como Libertad Digital1 como se había gestado esta política, ocho años después de que Felipe González ganara las elecciones con mayoría absoluta prometiendo entre otras cosas que buscaría una solución política al llamado problema vasco.

En la historia reciente desde la llamada Transición y especialmente desde 1982 con el inicio de los gobiernos del PSOE el papel de las organizaciones de izquierda en el sostenimiento de toda clase de leyes de excepción y la posterior guerra sucia no ha hecho sino embarrar hasta hoy la solución política que siempre tendrá a los presos como un elemento principal a resolver.

No es extraño encontrar preguntas difíciles de resolver como las que llevan a cientos de miles de ciudadanos a apoyar los derechos de los presos que en las propias cárceles se les niega a menudo, e incluso a exigir su amnistía cuando llevamos décadas de campañas de propaganda que las propias acciones de ETA promocionaron atacando a organizaciones obreras, sindicatos, o practicando el terrorismo indiscriminado, aquello de socialicemos el dolor.

Víctimas y agravios

No se pueden responder determinadas preguntas pasando por alto agravios comparativos que van más allá de lo que podamos opinar de ETA, como por ejemplo las cifras de víctimas.

Una y otra vez se bombardea a la opinión pública dando por buenas cifras que según medios de la derecha como el ABC2 son 853 las víctimas de ETA desde 1959 hasta 2011 en que desaparece mientras se obvian o se ocultan otras como:

  • Más 100 mil personas todavía enterradas en fosas comunes, más de 500 casos de asesinatos policiales o parapoliciales en la dictadura y tras la dictadura, en tal estadio de cosas que incluso las cifras puedan ser mayores.
  • El Gobierno Vasco reconoce en un informe oficial sobre la tortura aplicada por todos los cuerpos policiales actuantes en el País Vasco lo siguiente:

(…) Este trabajo del Instituto Vasco de Criminología ha debido hacer frente a la gran dificultad que conlleva desvelar hechos producidos en espacios cerrados y, en su mayoría, hace muchos años. Tiene por ello limitaciones que deben tenerse en cuenta para su interpretación:

El número total de denuncias registradas (4.113) es inferior al real porque no han podido rescatarse muchas de las correspondientes a los años 60, 70 y primeros de los 80. (…)3

¿Cómo no va a surgir la pregunta, la duda, de porqué a los criminales franquistas que asesinaron a cientos de miles de obreros, campesinos, sindicalistas, militantes políticos o simples profesores o intelectuales se les pudo amnistiar en 1978 respetando incluso sus propiedades así logradas y convirtiéndoles en demócratas de toda la vida de la noche al día y no se puede resolver el caso de 177 ciudadanos vascos?

Dispersión y doble condena

Es difícil, cada vez más, explicar porque cuesta tanto poner fin a una política que además de ilegal significa o ha significado ni más ni menos que una doble condena para los familiares, amigos y vecinos de los varios miles de presos y represaliados en estos muchos años de represión y terrorismo.

Muertes, heridos y cientos de accidentes menores es lo cotidiano de familiares o amigos no condenados que se ven obligados a viajar miles de km., a veces para simples vistas de 20 minutos.

Resulta sorprendente que rizando el rizo incluso el propio Gobierno Vasco (PNV/PSE-PSOE) intentara convencer a los ciudadanos de porqué en aplicación de su recientemente adquirida gestión de las cárceles había rechazado la solicitud de acercamiento de 5 presos… ¡por falta arraigo!.

Y reconocía que lo hacían porque no querían arriesgarse a recursos judiciales y problemas legales, evidentemente sin llegar a reconocer que hay connivencia entre franquistas que ponen los recursos a todo lo que de presos se trate y la mayoría del aparato judicial que como vemos estos días son tan franquistas como aquellos aunque se les llame ahora conservadores.

La solución es política o no es solución

El traslado a todos los presos políticos es una de las decisiones políticas exigibles a este gobierno, oportuno para incidir en la fraternidad de todos los pueblos del estado, y nada impide abrir el debate sobre su necesaria amnistía para cerrar un capítulo que solo beneficia a la derecha sea del color que sea, que utiliza estas aristas para provocar una y otra vez enfrentamientos ajenos a los intereses de los trabajadores, de los que luchamos por la democracia.

1 https://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-05/cuando-el-pnv-apoyaba-la-dispersion-de-presos-etarras-1276520659/

2 https://www.abc.es/espana/abci-historia-cifras-853-asesinatos-3500-atentados-y-mas-7000-victimas-202110200115_noticia.html

3 https://bit.ly/3DvjdEk

Inhaki Merino
Comite de Redacion de Tribuna Socialista
(Con la aportacion de M.G.S familiar de preso politico vasco)

Las elecciones andaluzas

Los resultados de las elecciones andaluzas han dado una victoria contundente al PP en una plaza de tradicional voto socialista. Las mayorías absolutas del PSOE de 2004 y 2008 han ido reduciéndose hasta llegar a la amplia victoria popular de 2022.
A partir de 2004, el PSOE ha ido perdiendo base electoral, comenzando un declive que viene explicado en gran medida por la aplicación de políticas, tanto a nivel estatal como autonómico, contrarias a los intereses de sus bases tradicionales. Los escándalos de corrupción seguramente pasan factura sobre todo a la izquierda, pero lo más importante es sin duda la valoración que hace el electorado de izquierdas sobre la mejora de condiciones de vida y trabajo a consecuencia de la aplicación de políticas de los gobiernos de izquierda.
La crisis financiero – inmobiliaria de 2008 -2014 y el pacto con el PP para priorizar el pago de la deuda supusieron una pérdida por parte de la socialdemocracia de sus bases. Circunstancia, que se puso de manifiesto con el movimiento 15M. Este movimiento surgió como reacción a la precariedad y a las condiciones económicas de las clases medias y trabajadoras. La crisis bancaria, el elevado endeudamiento público y privado, la corrupción política, el alto déficit en las administraciones autonómicas y municipales y las políticas de reducción del gasto social dieron lugar a que un sector del electorado de izquierdas buscara construir otras organizaciones que defendieran un cambio de modelo productivo y una renovación democrática. Podemos capitalizó la movilización y monta plata- formas con representación en las asambleas locales autonómicas y generales. Asimismo, se montó Ciudadanos, frente a un PP acosado por la corrupción, sobre dos ejes programáticos: la unidad de España, frente a las demandas de autogobierno de los nacionalismos
catalán y vasco, y la lucha contra la corrupción.
El triunfo de la moción de censura al gobierno del PP y la formación del gobierno de coalición con Unidas Podemos, apoyados en los partidos nacionalistas del País Vasco, Navarra, Cataluña y las plataformas de la España despoblada, marcaron un intento de revertir
las políticas de derechas frente a la crisis y cambiar el modelo de crecimiento basado en la especulación, el turismo de baja calidad y la devaluación salarial. Entre 2015 y 2019 las coaliciones de izquierda recuperaron gobiernos locales y autonómicos.
Pese a los procesos internos del PSOE, en las anteriores elecciones andaluzas de 2018 el PSOE se mantuvo como el partido más votado en tres de cada cuatro municipios, aunque no logró gobernar en Andalucía, pero en estas elecciones el PP ha sacado mayoría absoluta y ha doblado los votos y los escaños.
Son varias las causas que nos han llevado a esta situación. Por una parte, el hundimiento de Ciudadanos, partido que ha demostrado que su verdadero y principal proyecto era el nacionalismo españolista. Por otra, la falta de un claro proyecto federalista democrático y republicano en las filas de la izquierda, que dé solución a la diversidad de los pueblos y culturas de España. Circunstancia que ha facilitado el crecimiento del apoyo a las opciones españolistas, frente a la crisis del modelo territorial, cuyos representantes genuinos son las derechas.
Asimismo, el Partido Popular ha sabido esconder su radicalidad derechista y se ha presentado como moderado utilizando hábilmente a VOX y su campaña. Por último, la crisis de las plataformas de Podemos y la división de las organizaciones y plataformas a la izquierda del PSOE han desmovilizado y desperdiciado votos de la izquierda y han favorecido, debido al funcionamiento del sistema electoral, al Partido Popular. Las crisis en las plataformas de Podemos, la división en las organizaciones a la izquierda del PSOE y el desencanto de la ciudadanía de izquierdas, por el incumplimiento de las promesas electorales de sus organizaciones, da lugar a la abstención, que, en el caso de Andalucía, se ha concentrado en los electores de izquierda. Siendo posible que la confusión y la falta de posturas claras frente a la crisis del modelo territorial hayan propiciado un pequeño transvase de votos de la izquierda al PP. Con todo, este no puede decirse que haya sido importante, ni muchos menos, que vaya a consolidarse necesariamente.
La pandemia ha sacado a la luz las debilidades de nuestro sistema sanitario y la fragilidad de los servicios sociales, sobre todo en lo que respecta a la atención de los mayores en las residencias de la tercera edad y a la problemática de la juventud respecto al empleo y la vivienda. También, se han puesto en relieve las dificultades de nuestro modelo económico de cara a un crecimiento sostenible ecológicamente y justo socialmente. A pesar de los esfuerzos para evitar los efectos de la pandemia en la economía, en actualidad todavía no hemos recuperado los niveles de inversión en sanidad, educación y servicios sociales anteriores a la crisis de 2008. Los fondos europeos destinados a la recuperación parecen haberse quedado ofuscados por el aumento de los costes de la energía, la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania.
Es evidente que tanto la crisis sanitaria, con sus efectos sobre la salud y la economía, como la guerra en Ucrania y sus consecuencias sobre el nivel de vida de los ciudadanos, fundamentalmente los trabajadores europeos, han tenido influencia en estos resultados.
Con el gobierno español alineado, junto con el resto de los gobiernos europeos, tras los EE. UU. y la OTAN, que van aumentando el presupuesto para la guerra y el rearme y, aparecen empeñados en la prolongación del conflicto bélico, más que en la negociación para terminar con el mismo, es difícil explicar las políticas relativas a la mejora del mercado de trabajo del gobierno central, como el aumento del salario mínimo o la disminución de la precariedad en el empleo y la disminución del paro.
Con la inflación disparada y las perspectivas de recuperación abortadas a consecuencia de los efectos de la guerra, ha aumentado la inseguridad sobre el futuro de las clases medias y trabajadoras. Todo esto, unido a la crisis constitucional del sistema de las autonomías, que se abrió con el procés catalá y que no esta solucionada, sino agravada por la coyuntura económica y los problemas de financiación de los gobiernos autonómicos y locales. Problemas de financiación que previsiblemente se verán agravados si se destinan más fondos al rearme y a la guerra.
En esta guerra, como en todas, no hay pueblos ni ciudadanos vencedores, todos somos perdedores y sopor- tamos el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, especialmente en Europa y el norte de África.
La confusión y la falta de políticas claras de redistribución de la renta y de un crecimiento equitativo, así como una apuesta clara contra la guerra y por la paz son el caldo de cultivo del crecimiento del voto de la derecha.
El PP no se ha regenerado, ni ha moderado sus posiciones en materia de libertades democráticas, ni respecto a la defensa de los sistemas públicos de educación y protección a la ciudadanía, continúa siendo el mismo partido que utilizo el aparato del estado para ir a por sus adversarios políticos. Sigue siendo el mismo partido que se niega a renovar el poder judicial porque lo utiliza políticamente para reconquistar poder y el gobierno.
Los resultados de estas elecciones no son directamente exportables a las futuras contiendas electorales tanto locales, como autonómicos o generales, pero si que son un aviso al PSOE y a las izquierdas, de la posibilidad de perder los gobiernos en un futuro cercano.
No todo está perdido, pero es preciso un giro en el partido socialista que recupere políticas de recuperación y transformación del modelo productivo justas, que sean transparentes y mantengan y profundicen las conquistas sociales en educación, pensiones, sanidad, condiciones de trabajo, que avancen en conquistas democráticas y libertades y apuesten decididamente por la paz y contra el rearme, tanto en Europa como en el norte de África. Que introduzcan medidas de regeneración democrática y abran, ya de una vez, un serio debate sobre federalismo y financiación de las Comunidades Autónomas.
Somos socialistas del sur de Europa y estamos obligados a defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y trabajar por una solución pacífica a los conflictos y no mediante el armamento y el impulso de la guerra.

Marta Climent Viguer
Trinidad Piquer Campos
Valencia

EL EMPLEO Y LOS SALARIOS DESPUÉS DE LA REFORMA LABORAL

Por Toni Ferrer

La reforma laboral está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, excepto algunos supuestos que entraron en vigor a partir del 30 de marzo de 2022, como los cambios en los contratos temporales y los formativos. La aplicación de la reforma laboral se está produciendo en un momento de complejidad y de dificultades para la sociedad y la economía española por los efectos de la pandemia de la Covid-19 y su desarrollo coincide con el descontrol de los precios iniciado el pasado año y agravado por la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania.

Durante la crisis de la pandemia el Gobierno PSOE-UP ha puesto en marcha un conjunto de medidas, acordadas a través del diálogo social, para proteger la salud, mantener el sistema productivo y el empleo y extender la protección social: Los ERTE y las prestaciones por desempleo y la prestación extraordinaria para los autónomos, las ayudas a las empresas mediante créditos del ICO o el IMV para las personas más vulnerables. Con el apoyo del plan europeo de respuesta a la crisis Netx Generetion que ha posibilitado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contiene las inversiones y las reformas, entre las que se encuentran la Reforma Laboral, la reforma de la Formación Profesional y también las reformas de las Políticas Activas de Empleo o la futura la ley de Empleo.

Ante los efectos de la guerra de Ucrania el Gobierno de Coalición ha aprobado un plan de choque, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y sociales para apoyar a los colectivos más vulnerables (se aumentan las cuantías del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. Se prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.

Los primeros resultados de la reforma laboral se corresponden con los primeros meses de su entrada en vigor, aun parcial, y coinciden con la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, del primer trimestre de este año. Son de reseñar, entre otras, los siguientes datos: el total de personas ocupadas alcanza los 20.084.700 y el de desempleadas, situada en 3.174.700, la tasa de desempleo es del 13,65%, lo que supone 32 centésimas más que en el trimestre anterior. La tasa de paro actual es menor a la registrada antes de la pandemia de la COVID, en los últimos 12 meses el empleo ha crecido en 878.000 personas (406.300 hombres y 471.700 mujeres), a un ritmo del 4,57% y aceleró respecto al cierre de 2021 (en el cuarto trimestre de 2021 era del 4,4%). Destaca el aumento del trabajo indefinido frente al temporal, que hace caer la tasa de temporalidad por debajo del 25%, a un 24,2%.

La Seguridad Social, en el mes de abril, ha superado los 20 millones de afiliados, y según el registro de contratos del SEPE desde primeros de año el número de contratos indefinidos ha venido aumentando progresivamente y superando las cifras históricas del registro. En enero se alcanzaron el 15% del total de los contratos, antes de la reforma la media mensual era de alrededor de un 10%, febrero subió al 22%, marzo llegó al 31% y en abril, primer mes de vigencia plena de la reforma laboral, se alcanzó un 48,7%.

En abril se puede observar como la nueva cultura de la contratación laboral basada en la estabilidad y la reducción de la temporalidad injustificada se va asentando y es llamativo como en las actividades que inicialmente manifestaron más dudas sobre la idoneidad de la reforma para sus sectores es donde más se está impulsando la contratación indefinida, ya sea tanto a tiempo completo como a través de los fijos discontinuos o a tiempo parcial. En la agricultura la contracción indefinida se extiende hasta el 50%, en la construcción al 74%, en los servicios llega a un 48% y en la industria representa un 34%.

Del total de los 698,6 mil de los contratos indefinidos registrados en el mes de abril, lo que supone el 48% del total de los contratos registrados en ese mes, de ellos 413,9 mil fueron contratos indefinidos a tiempo parcial o de fijo discontinuo, representan el 60% del total de los indefinidos. También disminuyen los contratos de menos de una semana, antes de la reforma laboral estos contratos de corta duración llegaron a ser las 3/4 partes del total la contratación mensual ahora se han reducido a uno de cada cuatro contratos registrados, es un resultado directo de la cotización adicional de 27 euros por cada baja de contrato de duración inferior a un mes. Todo apunta que los contratos temporales se están sustituyendo por contratos indefinidos a tiempo parcial o de fijos discontinuos. Aún es pronto para anticipar conclusiones, pero la tendencia de incrementos importantes de la contratación indefinida se va consolidando de forma potente con las anteriores características.

Simultáneamente a este favorable comportamiento del empleo y la contratación la evolución de la negociación colectiva en 2002 está caracterizada por la alta inflación y por el fracaso actual en las negociaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC) que debía de orientar la negociación salarial. Los datos de los Convenios Colectivos, registrados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta abril recogen un incremento salarial pactado del 2,4% con una inflación general del 8,3%, a estas fechas se recogen 2037 convenios colectivos que afectan a medio millón de empresas y a 5,44 millones de personas trabajadoras. Los incrementos sectoriales son los siguientes: en la construcción un 3,15%, en la industria un 3,1%, en los servicios un 2,1% y en la agricultura un 1,8%.

El acuerdo salarial bipartito era la condición necesaria para una negociación posterior con el Gobierno de un posible pacto de rentas. Los sindicatos y las patronales han dado por rotas las negociaciones salariales para 2022 del V AENC, que está pendiente de renovar desde 2020. La diferencia relacionada con la cláusula de revisión salarial a resultado insalvable. Para los sindicatos las cláusulas de revisión son la garantía del mantenimiento de poder de adquisitivo de los salarios y deberían ser un contenido esencial de los convenios colectivos. El actual repunte de los precios está afectando muy negativamente a los hogares con bajos ingresos, la inflación subyacente del 4,4% bate récords en abril y ya es superior a la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el Salario Mínimo Interprofesional de 2022 (SMI).

CEOE y CEPYME han hecho públicas sus recomendaciones para la negociación colectiva de este año sin cifras de incrementos salariales concretas, sin cláusulas de revisión ante las desviaciones de los precios. Planean recuperar el PIB o EBITA como referencias para la “moderación salarial” que preconizan para garantizar la competitividad, y potenciar la negociación en base al salario variable y la productividad. A su vez hacen un llamamiento a utilizar las medidas previstas desde la reforma del PP de 2012 para la devaluación salarial, que dan poder a los empresarios para modificar las condiciones sustanciales de trabajo y para las inaplicaciones de los convenios, medidas que no han sido modificadas por la actual reforma laboral.

CCOO y UGT van a impulsar las negociaciones en los ámbitos sectoriales y en las empresas con el objetivo de acordar las cláusulas de revisión para proteger el poder adquisitivo ante la inflación. Ambos sindicatos anuncian que van desplegar con gran intensidad el desarrollo de la negociación colectiva, donde plantearán las propuestas realizadas en materia salarial efectuadas en las negociaciones del V AENC. Ante las situaciones de bloqueo prevén que la conflictividad laboral pueda aumentar mediante huelgas y otras movilizaciones. Para los empleados de las administraciones públicas el Gobierno anticipa en el Programa de Estabilidad, remitido a la Comisión Europea, mantener para este año la moderación salarial con una subida del 2% y para 2023 la revalorización se haría con la previsión de inflación para ese año.

Reforma laboral. Mínimo avance. Oportunidad perdida.

Uno de los compromisos que el gobierno de Pedro Sánchez había adquirido con las bases socialistas, y con la clase trabajadora en general, fue el de la derogación de las últimas reformas laborales que tanto han cercenado los derechos laborales y que no han tenido los efectos anunciados ni sobre la creación de empleo ni sobre la calidad del empleo creado. Antes bien, los efectos de las últimas reformas laborales han sido nefastos para los trabajadores de nuestro país: mayor temporalidad, mayor fraude en los contratos, menores salarios, mayor poder de los empresarios, menor peso de la negociación colectiva, menores indemnizaciones, mayor facilidad para el despido… de ahí la importancia de derogar las reformas laborales y reempoderar a los trabajadores de sus derechos individuales y colectivos.

La reforma laboral de 2022 se ha hecho esperar. Del compromiso de derogación, pronto se pasó a la derogación de los aspectos más lesivos y finalmente una reforma laboral pactada que ha sido valorada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos y por los sindicatos mayoritarios como un hito histórico. ¿Ha sido realmente así?

Realmente, el acuerdo alcanzado modifica algunos de los aspectos de la reforma del PP en 2012, pero en modo alguno se trata de la derogación comprometida con la clase trabajadora, antes bien, la actual reforma consolida los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias económicas y consolida la reducción del coste del despido y la eliminación de los salarios de tramitación.

¿Qué se ha modificado?

Qué duda cabe que la Reforma laboral supone algunas mejoras con respecto a la norma anterior. Por ejemplo, se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la continuidad en la aplicación de los convenios una vez cumplen el periodo de vigencia pactado. Igualmente, se recupera la prevalencia del convenio sectorial por encima del convenio de empresa, a nivel salarial, aunque no en las condiciones de trabajo.

Algunas de las modificaciones más relevantes son:

  • Contratos temporales: Desaparece el contrato por obra o servicio y se redefinen el contrato por circunstancias de la producción y para sustitución del trabajador (antigua interinidad). Se endurecen las sanciones por contratación temporal fraudulenta que se impondrán por cada empleado.
  • Contratos formativos: Se rediseñan los contratos formativos. Se regula el contrato de formación en alternancia (para compatibilizar la actividad laboral con los procesos formativos) y el contrato destinado a adquirir una práctica profesional adecuada a los niveles de estudios (con una duración máxima de un año). El gobierno se ha comprometido a negociar un Estatuto del becario.
  • Contratos fijos discontinuos: Se potencia esta figura frente a los temporales. Se puede concertar para la realización de trabajos estacionales o vinculados a actividades de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo intermitentes, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Pueden utilizarse para la ejecución de contratas que, siendo previsibles, sean parte de la actividad ordinaria de la empresa.
  • ERTE y Mecanismo RED: Inspirándose en la reciente normativa COVID-19, se modifica la regulación de los ERTE (especialmente los de fuerza mayor) y se crea el llamado Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo con dos modalidades, cíclica y sectorial, que deben activarse por el Consejo de Ministros para permitir la reducción de jornada o suspensión de contratos, incluyendo un fondo para la financiación de prestaciones y exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social y costes de formación.
  • Subcontratación de servicios: El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista o subcontratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación.

¿Qué se ha mantenido?

Pese a que el objetivo de la reforma debiera centrarse en la reducción de la temporalidad y en la calidad del empleo, lo cierto es que esta reforma ha dejado intactos algunos de los aspectos que requerían su derogación:

  • Se ha mantenido la prevalencia del convenio de empresa en todo excepto en el salario. De esta forma, la jornada laboral, los horarios, los permisos, y todos los aspectos extrasalariales son los que establece el convenio de empresa, donde es bien sabido, que las empresas tienen mucho margen de maniobra.
  • Se ha mantenido la regulación de los contratos a tiempo parcial, verdadera fuente de fraude en la contratación que afecta especialmente a jóvenes y mujeres.
  • Se ha mantenido intacta las cláusulas de descuelgue de los empresarios, es decir, la capacidad de los empresarios para modificar unilateralmente o sencillamente no aplicar lo pactado en convenio colectivo, sin necesidad de acuerdo con la representación de los trabajadores.
  • Se ha mantenido el abaratamiento del despido, al no recuperar ni la indemnización de 45 días por año de trabajo en caso de despido improcedente, ni los salarios de tramitación.
  • Se ha mantenido la desregulación de los despidos objetivos, mucho más baratos.

Valoración

Seguramente el término histórico no es el más adecuado para calificar esta reforma laboral. Histórico hubiera sido derogar las dos últimas reformas laborales de forma íntegra. Hoy podemos afirmar sin equivocarnos, que una de las causas de la existencia de trabajadores pobres, del trabajo precario, o del incremento de la desigualdad, tiene que ver con la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, con las prácticas anti-sindicales y con el fraude en la contratación, con la preeminente contratación temporal.

Las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre y que recoge el acuerdo social del 22 de diciembre entre los sindicatos, la patronal y el gobierno, pretenden acabar con un modelo productivo basado en la temporalidad, la precariedad, la desigualdad social y la devaluación salarial.

Sin embargo, esto no parece que vaya a ser así. En cuanto a la temporalidad, aunque se limita la temporalidad eliminando el contrato de obra o servicio, se mantiene el contrato a tiempo parcial, y sobre todo, no se toma ninguna medida para que la inspección de trabajo pueda perseguir y sancionar el fraude laboral de la contratación a tiempo parcial, por lo que seguiremos sufriendo contratos de 20 h, con salarios de 20h, y con prestación real de jornada cercana a la jornada completa.

En cuanto a la precariedad laboral: los nuevos contratos formativos son la panacea para todos aquellos empresarios ávidos de mano de obra barata. Además, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios se seguirá incrementando tanto por la vía de los contratos formativos como por la vía del aumento de la inflación, que parece ser no va a ser tenida en cuenta en las cláusulas de revisión salarial de la mayoría de convenios, sustituyendo la revisión en base al IPC por, en el mejor de los casos, la revisión del “IPC medio”, nuevo concepto para consolidar la pérdida de poder adquisitivo de las rentas del trabajo y de las pensiones.

Ahora nos queda el trámite parlamentario para conocer si el Real Decreto Ley será o no convalidado en el Congreso de los Diputados. Pero, sobre todo, al margen del apoyo de PNV, EHBildu y ERC, a esta reforma laboral, que hasta ahora han manifestado su oposición a la misma, lo realmente importante es seguir luchando para derogar el resto de aspectos que esta reforma deja de lado y que siguen siendo factores fundamentales que nos han llevado a una devaluación salarial sin precedentes, a tener trabajadores en la pobreza y a un crecimiento desmesurado de la desigualdad.

La actual reforma laboral supone un mínimo avance con respecto a la reforma laboral del PP, pues en modo alguno representa la derogación que todos anhelábamos. Una oportunidad perdida, ante la que no podemos bajar la guardia.

Baltasar Santos y María Iglesias

Miembros del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Dejarse engañar

Nicolás Maquiavelo dejó escrito para provecho de gobernantes que «cuando un príncipe dotado de prudencia advierte que su fidelidad a las promesas redunda en su perjuicio, no puede, ni siquiera debe, guardarlas, a no ser que consienta en perderse«, pues “los hombres son tan simples que el que engaña con arte halla siempre gente que se deja engañar«.

Eso debió pensar nuestro amado príncipe cuando en 2017 prometió renovar un partido esclerotizado, dominado por barones (y una sultana) regionales, firmemente asentados merced a una cultura política clientelar, de intercambio de votos internos por prebendas. Como la semilla que cae en suelo fértil, esta promesa encontró una militancia deseosa de renovación, que le restauró en el poder, haciendo olvidar el espectáculo bochornoso de su defenestración. La campaña de primarias de aquel año fue una “road movie” coral, que representó el guión de cuento del príncipe destronado que conquista de nuevo el reino de nunca jamás (o del “no es no”, consigna simplista donde las haya, pero efectiva) y cuando cayó el telón del 39º Congreso todos fueron felices y comieron perdices. Pero entre el clamor de los aplausos y el fárrago de los estatutos, y demás reglamentos internos que nadie es capaz de leer, se había perdido la oportunidad política de sentar las bases para la regeneración.

Porque, a pesar de dibujar la posibilidad de ensanchar la base social con la participación de los simpatizantes en los procesos de primarias y de elegir directamente a un tercio de los cargos internos, los veteranos, curtidos en batallas de letra pequeña, consiguieron diferir la aplicación de la apertura y hacerla depender de la decisión de las cúpulas de cada nivel territorial. Las consignas eran “coser” y “ahora no toca”. Así, los barones y miembros de ejecutivas regionales conservaron la llave del poder orgánico, a través del cual se controla la red de intermediarios y conseguidores de nivel local y se mantiene el dominio de cada agrupación. Todo atado y bien atado. Cambiar algo para que nada cambie. Manteniendo un sistema de dominación social semejante a las estructuras de la mafia y la criminalidad organizada. Un sistema de captura de rentas que se nutre de las instituciones y de los recursos públicos. En el cual el retorno de los favores mediante el voto está monitorizado, especialmente en las votaciones internas, sobre listas cerradas y bloqueadas previamente orquestadas y basadas en una aritmética que anula los derechos de las minorías: la ley de que el ganador se lo lleva todo.

De hecho, para conjurar la amenaza al poder del aparato en todos los procesos de primarias desde 2017 no se ha activado nunca la apertura a simpatizantes. Tampoco funcionan las conferencias sectoriales y el debate interno brilla por su ausencia. A día de hoy las fallas de democracia interna han convertido al PSOE en un híbrido entre, de un lado, una empresa de trabajo temporal para toda suerte de empleos, desde el directivo público hasta el peón subcontratado por contratistas del sector público, y de otro, un club de fans del querido gran líder, configurado como máquina electoral para la distribución de consignas propagandísticas a cargo de aspirantes meritorios, la mayoría de ellos formados en la “universidad de la vida” y sin experiencia laboral al margen de cargos públicos.

A día de hoy no se puede afirmar que el PSOE sea precisamente un instrumento para la participación política y es imposible que se regenere si esa regeneración depende de la voluntad de los administradores de la franquicia electoral, que han tejido redes de vasallaje y mutua dependencia con los integrantes de los eslabones de la cadena trófica. La nueva limitación de tres mandatos en un mismo cargo orgánico, introducida en los nuevos estatutos, está destinada a un público muy crédulo o que aparenta serlo. Resulta tan ridícula como decorativa, a la vista de la facilidad para saltar de un puesto orgánico a otro, por no hablar de los cargos públicos y de la pléyade de asesores a quienes nadie conoce ni exige rendición de cuentas.

En Euskadi en el Congreso que se ha celebrado el 21 de noviembre, Eneko Andueza ha asumido la secretaría general del PSE y dado a conocer su ejecutiva, arropado por Pedro Sanchez y varias ministras. No se esperaban novedades ni sorpresas. Tal vez consciente de que recibe en herencia una organización clientelar con los pies de barro y muy dependiente de la credibilidad y del éxito a nivel estatal, Andueza se muestra prudente y dispuesto a marcar perfil ante el PNV cuando afirma que «en las próximas elecciones se verá qué fuerza dan los ciudadanos a cada uno y, a partir de ahí, veremos para qué queremos gobernar”.

Esto supone un cambio con respecto a la invocación de Idoia Mendía a la estabilidad y a la gobernabilidad como valores superiores que exigen el sacrificio de los abnegados ocupantes de sillones, prestando servicios al país como serviles mayordomos del PNV. Ya hemos asistido al último acto de demostración de falta de principios, con la votación de los miembros del Tribunal Constitucional apelando cínicamente a la “ética de la responsabilidad” por encima de la integridad, cuando precisamente quien la formuló alertaba contra el demagogo que tiene que medir siempre el efecto que causa, lo que le lleva a comportarse como un actor vanidoso… Pues cuando el afán de poder que caracteriza al político no está al servicio de una causa, cuando se convierte en un profesional del poder sin convicciones, ahí reside el pecado mayor contra la política. Así los duros pasajes que Max Weber dedicaba a los políticos de poder, detrás de cuyas formas ostentosas detectaba la perfecta vacuidad de quien carece de fines y proyectos más grandes que su propia carrera, advirtiendo que sin principios y valores los éxitos aparentemente más sólidos llevan consigo la “maldición de la inanidad”.

Pero no se asusten los ocupantes de sillones con eusko label. Es difícil creer a estas alturas que Andueza sea capaz mediante su liderazgo de regenerar el PSE y de hacer política de otra manera, partiendo de unas bases éticas y de vocación para la gestión de lo público, abandonando la dinámica clientelar y promoviendo la participación y el debate interno.

Asistimos al final de un ciclo ascendente, el crédito y la paciencia del electorado se van agotando y asoma una nueva marca electoral en la izquierda. Como advirtió Maquiavelo al príncipe, “fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir en su creencia”.

Susana Cejudo

Ex militante PSE-EE/PSOE

Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

La necesidad de recuperar el gobierno Andaluz desde la proximidad a los ciudadanos

Crónica del XIV Congreso del PSOE de Andalucía. Por María Iglesias Domínguez, Periodista. Redacción Tribuna Socialista

Bajo el lema «Somos socialistas, somos Andalucía», el 14 congreso, el primero que celebra con el PSOE-A en la oposición, reunió a más de 2000 personas en Torremolinos.

520 serán delegados de las ocho agrupaciones provinciales y las Juventudes Socialistas (24) y de Izquierda Socialista (8) el resto, participantes en los distintos grupos de trabajo, conferencias, e invitados.

Se debatieron 3.035 enmiendas a la ponencia política , el debate fue intenso y se han organizado cinco espacios públicos de debates o «ágoras»: «Somos diversidad»; «Somos feminismo»; «Somos sanidad pública»; «Somos el futuro», y «Somos defensa de la Memoria histórica», que reunirán a expertos, miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y representantes del sindicato UGT entre otros participantes.

La coordinadora del congreso y portavoz parlamentaria del PSOE-A, Angeles Ferriz, destacó antes del comienzo del congreso en rueda de prensa que “los socialistas andaluces llegaban a este cónclave cargados de fuerza y de unidad en torno a la figura del secretario general, Juan Espadas, elegido previamente en unas primarias”

«Culminamos un intenso proceso de democracia interna, que arrancó con las primarias que situaron a Juan Espadas como candidato a la Presidencia de la Junta y secretario general, un proceso que ahora completamos con la renovación del equipo y del proyecto con el reto de devolver al PSOE a la Junta de Andalucía», subrayó Ferriz

Las circunstancias de como ha sucedido la renovación de la secretaria general en este caso, mediante unas primarias en las que Espadas venció a Susana Díaz, hizo que no se presentará un informe de gestión de la ejecutiva saliente, sino un informe político sobre la situación del partido.

Para el congreso se eligió un lugar simbólico: Torremolinos, donde se fundó la Federación Socialista Andaluza hace 44 años, donde empezó todo, además de ofrecerse un sentido homenaje a padres del PSOE Andaluz como fueron entre otros Rafael Escudero, Manuel Pezzi, Cándido Méndez o Amparo Rubiales que recibieron todo el cariño de los participantes al mismo.

En lo que a las ponencias política se refiere, se trabajó en tres comisiones que giraron en torno a los «Valores socialistas», «un cambio justo y social» y «Transformar Andalucía». En cuanto a las prioridades de los delegados y delegadas que defendieron las enmiendas en el congreso se centran en la reconstrucción de la sanidad como servicio público; el relanzamiento de la educación pública con vocación de excelencia; el refuerzo de la atención a la dependencia; la apuesta por el municipalismo y la mejora de la financiación local y el empleo de calidad.

Dos días y medio de trabajo intenso en un congreso que se desarrolló sin demasiadas sorpresas en la mayoría de los temas y con un resultado de más del 84% de apoyo a la nueva ejecutiva del PSOE de Andalucía.

El ya electo secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, llamó en la clausura del XIV Congreso a la “unidad y la fraternidad de toda la familia socialista porque éste es el momento del PSOE y no puede haber un socialista enfadado con otro” y porque “somos la esperanza de los andaluces y andaluzas” para recuperar el gobierno de la comunidad.

En un acto en el que compartió atril con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que presentó a los miembros de la nueva Ejecutiva Regional, Juan Espadas recordó que el lema ‘avanzamos unidos’ que nos trajimos del Congreso Federal de Valencia “es un mensaje redondo que nos dice que dice que el PSOE tiene que seguir liderando nuestro país y tiene que hacerlo ahora en Andalucía” porque “avanzar es la clave de bóveda para salir de esta crisis que hemos vivido”. El dirigente apeló a la unidad “tal y como la entendemos los socialistas, unidad que no es uniformidad, sino pluralidad desde el respeto”, por lo que aseguró que “si de Valencia vinimos unidos, desde Torremolinos saldremos más unidos si cabe, como una piña” porque “éste es el congreso de la energía positiva en el que venimos a construir”.

Y dijo sentirse orgulloso también del socialismo municipalista. “Quiero reivindicar como alcalde y como secretario general a los municipalistas y a los concejales y las concejalas de cada uno de los territorios de Andalucía que son el mejor PSOE”, aseveró para explicar que “lo hago por convencimiento porque son la imagen y el reflejo de humanizar la política cercana y porque el municipalismo es la puerta y el camino para recuperar el Gobierno de Andalucía”.

Juan Espadas recriminó a Moreno Bonilla que “siguiese pidiendo más dinero al Gobierno de España y no ejecutar los recursos que tiene”, y tildó de “vergüenza” que haya presentado unos Presupuestos “que consisten en poner todo lo no ejecutado el año anterior”. Ahí, destacó la inejecución de los fondos de empleo: “Si el Gobierno andaluz no tiene capacidad, que nos lo den a los ayuntamientos esos planes de empleo para que nosotros seamos capaces de sacarlos adelante”.

El secretario general contrapuso la gestión del gobierno andaluz de las derechas con el de Pedro Sánchez y el del PSOE en España, de quienes dijo que “dieron lo mejor de sí mismo pese a que la derecha no fue capaz ni siquiera de apoyar en el Congreso que primero estaba la salud por encima de todo”.

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante los militantes socialistas de Andalucía reunidos en Torremolinos, valoró que en el 14º Congreso se aprobaran resoluciones que hablan de temas “tan importantes” como la reindustrializar Andalucía, el blindaje de la educación y la sanidad, la igualdad entre hombres y mujeres o la cohesión social y territorial. Por ello, ha querido trasladar su “enhorabuena a la militancia por unas resoluciones que van a hacer más fuerte el proyecto del PSOE de Andalucía”. Además, el líder socialista apoyó la propuesta que defiende Juan Espadas de “una segunda descentralización de Andalucía y de empoderar a los ayuntamientos, para acercarnos más a los problemas de los andaluces y andaluzas”.

“Los números son los que son y cuando pasen cuatro años, el PSOE habrá destinado un 33% más en los presupuestos para Andalucía que en los cuatro años de Rajoy en la Moncloa. Esa es la diferencia, que nosotros no nos olvidamos de Andalucía, porque sabemos que es uno de los principales motores de creación de empleo y crecimiento económico de nuestro país” añadió

El secretario general, que ha afirmado que “Andalucía es la federación más importante del PSOE”, también ha puesto en valor que en el PSOE siempre “cumplimos con nuestra palabra, somos un gobierno de palabras y de hechos”. Entre otras cuestiones, ha resaltado que el Ejecutivo nacional ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, blindado las pensiones, aprobado la Ley de Vivienda, la LGTBI o la de Muerte Digna y puesto todos los recursos necesarios contra la violencia machista o reforzado la ciencia.

Espadas presenta una Ejecutiva renovada “para recuperar el gobierno andaluz desde la proximidad y la política local”

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha diseñado una Comisión Ejecutiva Regional (CER) de hasta 60 miembros distribuidos en nueve grandes áreas, y ligera mayoría de hombres, 33 frente a 27 mujeres.

De los 60 miembros, casi un tercio, 19, incluido el secretario general, Juan Espada, son de la provincia de Sevilla, mientras que ocho proceden de Granada y Málaga, seis de Jaén, Huelva y Cádiz, cuatro de Córdoba y tres de Almería.

Las nueve áreas en torno a las que se estructura la CER son las de Política Territorial; Transformación económica y digital; Igualdad, Equidad y Justicia Social; Transición Ecológica Justa y cambio climático; Ciudadanía y Derechos sociales; Institucional; Corporativa; Comunicación, y Acción Electoral.

40 congreso del PSOE- El congreso de la unidad.

Por María Iglesias Domínguez- Periodista, Redacción Tribuna Socialista

El PSOE celebró el pasado fin de semana su 40 Congreso Federal en Valencia.

Un congreso clave en el que el partido quiso exhibir su unidad interna, después de un 39 congreso que devolvió la secretaria general a Pedro Sánchez tras haber sido defenestrado por el aparato y unas primarias muy duras que dejaron el partido roto; el otro objetivo del 40 congreso era el de reforzar su liderazgo de cara a las próximas citas electorales.

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, participaron en el encuentro que reivindicó el pasado y el presente del partido y ha sentado las bases para las próximas elecciones generales y la mayoría de las autonómicas, previstas en 2023.

La intención de la actual dirección del PSOE estaba clara, reforzar el mensaje de unidad que el partido socialista pretende afianzar, además de los expresidentes y de Joaquin Almunia (también secretario general del PSOE junto al gran ausente, Alfredo Pérez Rubalcaba) estuvieron presentes barones, ministros y exdirigentes, aunque no todos con el mismo mensaje ni con las mismas ganas de cerrar unas heridas que aún sangran en muchos sectores del partido. Y a pesar de ello y para muestra de esa reconciliación, el abrazo entre los dos históricos del partido, González y Zapatero, y Sánchez.

Los mensajes fueron muy diferentes en el caso de Zapatero y González, también los aplausos con los que fueron recibidos los mismos. Zapatero repitió o en su intervención que es un PSOE que solo piensa en el futuro de España y que es el centro de gravedad de la política española, un partido necesario, fue ovacionado de manera permanente. 

Mientras que González, defendió el régimen del 78, dijo estar disponible y se ofreció a Sánchez con lealtad ante un proyecto que encabezó durante 23 años, pero con libertad para ser crítico. «Yo no interfiero, estoy disponible. Ni siquiera pretendo que se tome en cuenta mi opinión», eso sí defendió de manera clara la gestión del Ejecutivo durante la pandemia, aunque sin citar a Sánchez tal como se esperaba de él.

El congreso había sido planeado meticulosamente, para que nada quedara al azar, pensado para remarcar una y cientos de veces la palabra unidad, algo que parece que se consiguió.

El debate de las enmiendas en la que algún presidente de las comisiones de trabajo como es el caso de Rafael Simancas, no permitieron pasar a plenario para su voto posiciones claras de la militancia como es el caso de la república defendidas por Izquierda Socialista y Juventudes Socialistas( despachadas en el texto con unas cuantas frases con poco contenido) y la falta de debate con la que el presidente del congreso, Ximo Puig despachó la gestión, fueron los elementos más discordantes de un congreso que por lo demás consiguió la mayoría de los objetivos que se había marcado.

El discurso con el que el secretario general cerró el congreso, hablaba de unidad y de reivindicar el legado del PSOE durante toda la historia de la democracia, en España y en el mundo y especialmente en Europa, donde ha ido ganando lentamente terreno a la derecha.

Sánchez subrayó los compromisos con los que se presentó a las elecciones que emanan de la resolución política que los delegados y delegadas respaldaron este sábado, tras transaccionar y debatir numerosas enmiendas y sin tiempo para el debate, el presidente subrayó que Gobierno avanzará poniendo punto final a la ley mordaza y a la reforma laboral del PP, impuestas sin acuerdo, que precarizaron contratos y devaluaron salarios que ayudará a fortalecer Europa y llevará «a término» la abolición de la prostitución, «que esclaviza a las mujeres en nuestro país». Esta fue una de las demandas más contundentes del cónclave socialista.

Se detuvo en la pandemia, en los primeros momentos de ésta, cuando todavía casi todo era un misterio y contó como recibió el aliento de sus compañeros. Mostró su gratitud a los ministros actuales y a los que salieron del Gabinete, a los barones, alcaldes, concejales, a todos los que estuvieron para luego agradecer a los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales que nos permitieron seguir adelante….

La pandemia “ha hecho aún más reconocible a un PSOE que ha sido leal a sus valores y principios y a un Ejecutivo que ha cumplido sus palabra», desplegando una exitosa campaña de vacunación (el 90% de la población mayor de 12 años tendrá pauta completa a finales de año) y aprobando las peticiones de sindicatos como el ingreso mínimo vital, la protección de los ertes, la ley de eutanasia o la subida del salario mínimo. «

“Hemos gobernado con serenidad, y no nos lo han puesto fácil, con un sentido profundo de la justicia social, el PSOE suma la experiencia de los mayores a la esperanza de nuestros jóvenes» continuo Sánchez

Y así desgranó una discurso en el que defendió la socialdemocracia como única forma de gobernar para todos y el ya clásico, “no dejar a nadie atrás”.

El mensaje de unidad que durante todo el congreso exhibió el PSOE, fue avalado y certificado por los delegados y delegadas, casi el 95% dio el si a su propuesta de nueva ejecutiva federal, de 42 miembros.

Las federaciones de Andalucía y Madrid son las que tienen más peso en la nueva Ejecutiva diseñada por Sánchez, en la que todos los territorios están representados, y mantienen un papel relevante Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

La nueva ejecutiva

La nueva cúpula socialista mantiene 12 miembros de la saliente e incorpora 30 caras nuevas, son un total de 42 miembros, frente a los 46 de la Ejecutiva anterior, una cifra algo más reducida.

En la Ejecutiva Sánchez ha incluido a seis ministros: Félix Bolaños (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), Carolina Darias (Sanidad), Diana Morant (Ciencia e Innovación), María Jesús Montero (Hacienda), Isabel Rodríguez (portavoz) y Pilar Alegría (Educación).

En lo que se refiere a la representatividad territorial, todas las comunidades autónomas estarán representadas en la nueva ejecutiva socialista. Si se computan los integrantes de la Ejecutiva Federal con cartera, los vocales y los miembros natos, el resultado es que nueve de los 47 representantes son andaluces y siete madrileños.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León contarán con cuatro representantes dentro de la dirección federal, mientras que Canarias tendrá tres.

Euskadi, Galicia, Aragón y Castilla La Mancha tendrán dos representantes cada una de ellas. El resto de autonomías contarán con un miembro en la dirección federal, donde también habrá una representante de la ciudad autónoma de Melilla.

El congreso de la unidad del PSOE

El 40 Congreso del PSOE ha mostrado un partido que según la Ponencia Marco de esta edición aprobada, se reivindica como feminista y reformista.

Si atendemos a las valoraciones de la militancia que acudió a dicho congreso, no ha tenido nada que ver con el último, que se celebró en 2017 con el lema oficial “Somos la izquierda” y que tuvo el menor respaldo a su ejecutiva en 20 años y sin embargo, esa misma militancia que arropó a Sánchez a la secretaria general, se quejaba de la falta de debate y del papel insignificante que había jugado la misma en dicho congreso.

La ejecutiva de Pedro Sánchez ha obtenido un 94,94 % de apoyos, frente al respaldo de 2017, que fue del 70,50%.

Los nombres y cargos de la nueva ejecutiva

  • Presidenta: Cristina Narbona Ruiz (Madrid).
  • Secretario General: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid).
  • Vicesecretaria General: Adriana Lastra Fernández (Asturias).
  • Secretario Organización: Santos Cerdán León (Navarra).
  • Secretaria Igualdad: Andrea Fernández Benéitez (CyL).
  • Secretaría de Estrategia y Acción Electoral: Javier Izquierdo Roncero (CyL). 
  • Secretaría de Política Municipal: Alfonso Rodríguez de Celis (Andalucía). 
  • Secretaría Política Autonómica: Guillermo Fernández Vara (Extremadura). 
  • Portavoz: Felipe Sicilia  Alférez (Andalucía).
  • Secretaría Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública: Llanos Castellanos Garijo (Madrid).
  • Secretaría de Estudios y Programas: Idoia Mendia Cueva (Euskadi).
  • Secretaría Política Internacional y Cooperación al Desarrollo: Hanna Jalloul Muro (Madrid).
  • Secretaría Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana: Arcadi España García (C. Valenciana).
  • Secretaría de Memoria Democrática y Laicidad: Patxi López Álvarez (Euskadi).
  • Secretaría Reto Demográfico: Maite Pérez Esteban (Aragón)
  • Secretaría Unión Europea: Iratxe García Pérez (CyL).
  • Secretaría de Transición Ecológica Justa y la Preservación de la Biodiversidad: Marc Pons Pons (Baleares)
  • Secretaría de Política Economía y Transformación Digital: Pedro Casares Hontañón (Cantabria).
  • Secretaría Cultura y Deportes: Manuela Villa Acosta  (Madrid)
  • Secretaría para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social: Juan Francisco Serrano Martínez  (Andalucía)
  • Secretaría de Industria, Comercio y Turismo: Patricia Blanquer Alcaraz (C. Valenciana)
  • Secretaría de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo: Montse Mínguez  García (Cataluña).
  • Secretaría de Formación: María Márquez Romero (Andalucía) 
  • Secretaría de Educación, Formación Profesional: Mª Luz Martínez Seijo (CyL).
  • Secretaría de Ciencia, Investigación y Universidades: Diana Morant  Ripoll (C. Valenciana).
  • Secretaría de Movimientos Sociales, Diversidad y Mayores: Beatriz Carrillo De los Reyes  (Andalucía).
  • Secretaría de Transparencia y Regeneración Democrática: Francisco Lucas Ayala  (Murcia)
  • Secretaría Emprendimiento e Impacto Social: Amparo Marco Gual  (C. Valenciana)
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: Ana Mª Romero Obrero (Andalucía)
  • Secretaría de Sanidad y Consumo: Carolina Darias San Sebastián (Canarias)
  • Secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos: Félix Bolaños García  (Madrid)   
  • Secretaría LGTBI: Víctor Gutiérrez  Santiago (Cataluña)
  • Secretaría del PSOE Exterior: Pilar Cancela Rodríguez (Galicia).
  • Secretaría de Políticas Migratorias y Refugiados: Luc André Diouf (Canarias).

Hoy como hace 15 años: ningún acuerdo con la derecha

El 16 de julio de 2005,  reunidos en la localidad valenciana de Silla, compañeros y compañeras socialistas, de distintas procedencias territoriales, pusimos en común nuestras preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país y decidimos crear esta Revista que reflejara las conclusiones de los debates que se producían en agrupaciones socialistas y secciones sindicales de las empresas, ayudando, de esta forma, a promover el debate entre socialistas.

La línea editorial de Tribuna Socialista se ha mantenido fiel a aquellos propósitos durante estos 15 años.  TS y las conclusiones de los debates que en él se reflejan no se hacen al albur de los congresos internos del partido o de la táctica política de cada momento, sino que, con pleno respeto a las resoluciones congresuales, hemos enfocado los debates en torno a los intereses de la mayoría social, y el papel que, bajo nuestra opinión, han de jugar las organizaciones obreras, fundamentalmente los sindicatos y partidos que se reclaman de la clase trabajadora: incluido el PSOE, como partido referente de la clase trabajadora en nuestro país.

Hace 15 años, la actualidad política pasaba por el reto independentista que lideraba Ibarretxe en Euskadi y su propuesta de referendum -al que Aznar respondió con la amenaza de la cárcel-, mientras la derecha intentaba dinamitar el diálogo político con el mundo abertatzle defendido por Zapatero para acabar con el terrorismo de ETA, mientras en Catalunya, Pascual Maragall, lideraba la redacción de un nuevo Estatut de Catalunya que finalmente fue aprobado por: el pueblo catalán, el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya, e impugnado por el PP y mutilado por el Tribunal Constitucional.

Hace 15 años, la CEOE rompía el diálogo social exigiendo la revisión a la baja del salario mínimo, mientras las deslocalizaciones de empresas empezaban a hacer estragos profundizando en la desindustrialización del país.

Hace 15 años la Unión Europea sometía a aprobación de los estados la llamada “Constitución Europea”, ante la que Tribuna Socialista siempre mantuvo una posición crítica, puesto que se construía sobre los cimientos del libre comercio y los intereses de las multinacionales y del capital Financiero sin tener en cuenta los derechos sociales.  El rechazo a esta constitución en países donde se sometió a referéndum, como el caso de Francia y Holanda, significó un toque de atención sobre la necesidad de construir Europa hacia la Unión libre de los trabajadores y los pueblos, una Europa social frente a una Europa puramente económica.

Hace 15 años, comenzaba a imputarse a ilustres políticos del PP acusados de corrupción por el caso Fabra: después vendría una cascada interminable de casos, imputados y condenados.

Hace 15 años, la sanidad pública era atacada por la derecha españolista nacional católica, que quería seguir avanzando en la privatización y concertación de sus residencias y hospitales hasta llegar al actual modelo de sanidad y residencias que nuestros abuelos han padecido durante la pandemia de la COVID-19.

Hace 15 años, la derecha nacional españolista y católica se movilizaba contra la enseñanza pública, contra el matrimonio homosexual y contra cualquier intento de avance en el terreno social.

Como podemos apreciar, hace 15 años las propuestas de progreso y justicia social del PSOE eran atacadas de forma sistemática por la derecha, la iglesia, el poder económico y financiero con el objetivo de mantener sus privilegios, al amparo de unas instituciones ancladas en el pasado más oscuro de nuestra historia, defensoras a ultranza de una falsa unidad de España, contraria a cualquier intento de avanzar en el autogobierno regional.

Hoy, 15 años después, la derecha nacional españolista y católica: la iglesia, los poderes económico, mediático y financiero, y el PP, C´s y VOX… al amparo de una cada vez más cuestionada judicatura, y de una cada vez más cuestionada y desprestigiada monarquía, boicotean, una y otra vez, cualquier intento de avanzar en el progreso social y político, y de cumplir con el programa electoral que la mayoría trabajadora de este país ha votado.

Intentan promover un gran pacto de Estado, que primero fue llamado “nuevos pactos de la Moncloa” y ahora “pacto de reconstrucción nacional” que deja de lado la prometida derogación de las reformas del PP: la reforma laboral de 2012, la reforma de las pensiones de 2013, la ley Mordaza, etc. Mientras que se acerca a nuestro país al desastre económico por la vía de la destrucción del empleo, la destrucción de la industria, el deterioro de los servicios públicos… para construir un país de servicios “Low Cost”, que encaje en una Europa cada vez más dividida y al servicio del capital financiero.

Como socialistas, nos posicionamos contra cualquier pacto con la derecha. Nos reivindicamos del “No es No” de Pedro Sánchez contra la colaboración con la derecha de esos que dicen ser socialistas. No podemos tolerar ni un despido más, ni un cierre empresarial más. Reconstruir el país pasa por mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo hoy amenazados. Reconstruir el país significa avanzar en una política industrial que garantice la independencia de nuestra industria respecto de las multinacionales, y derogar las últimas reformas laborales que no han servido sino para generar más precariedad y pobreza en la clase trabajadora.

El capital financiero necesita un PSOE que, amparado en un gran pacto de Estado, lidere una ¿“nueva”? época de recortes y de ataque a los derechos colectivos. Los socialistas nos tenemos que sacudir de ese lastre con el que nos quieren cargar.  El acercamiento de C’s y los discursos del Gobernador del Banco de España y/o de la Ministra de Economía, son señales que nos alertan sobre los peligros de ese pacto con la derecha, al que quiere sumarse el PP y C´s.  La deuda pública de nuestro país alcanza ya el 115%, y exige la liberación de fondos para las empresas sin garantía alguna de mantenimiento del empleo.  Medidas como la renta mínima de supervivencia, no solucionan ningún problema pero sitúan nuestra caja única de la seguridad social en una situación de insostenibilidad financiera que la derecha pretende solucionar con nuevos recortes en las pensiones, con más chance para los planes de pensiones privados, subidas de impuestos al consumo, y con mayor liberalización del sector público, etcétera.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha destapado nuestras vergüenzas al poner en jaque un modelo sanitario y de servicios sociales que se ha ido privatizando en la última década; una bicoca puesta al servicio de las multinacionales que, al priorizar el beneficio al servicio, no son capaces de autoabastecer de productos básicos de protección; un modelo productivo excesivamente basado en los servicios de bajo valor añadido, y un modelo financiero que propone abundar en el endeudamiento del Estado para seguir derivando fondos públicos al sector privado mientras los recortes los sufrimos los de siempre. Cuatro millones de desempleados, desindustrialización, desmantelamiento del sector público, mayor desigualdad, mayor tensión regional y la cada vez más evidente podredumbre de las cloacas del Estado son la consecuencia más visible de las políticas opuestas al socialismo y al avance de la democracia. Por el contrario, son el caldo de cultivo del neo fascismo al que asistimos cada día.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta que tiene la clase trabajadora. El PSOE, la izquierda política y las organizaciones sindicales tienen la responsabilidad de hacer frente común a los intentos de acuerdos por la derecha y, de no actuar, entregarán el país a los intereses del libre mercado, de la especulación produciendo más pobreza, más desigualdad y más desafección política, que por otro lado, es la puerta de entrada de la ultraderecha. No podemos echarnos las manos a la cabeza al escuchar al relator de la ONU, sobre la pobreza en España. y continuar haciendo lo mismo o no haciendo nada.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta capaz de avanzar en un encaje territorial que avance en la vía federal y republicana, y que acabe con las caducas y corruptas instituciones herederas del franquismo entre las que destacan el aparato judicial y la propia Monarquía.

En esta línea seguiremos trabajando desde Tribuna Socialista, conjuntamente con todos los militantes políticos y sindicales que se reclaman del socialismo.

El Comité de Redacción

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