Una nueva etapa, para afrontar viejos problemas

socialismo

El 20-D ha cerrado un periodo, una legislatura con los herederos del franquismo en el poder. Cuatro años de retrocesos en derechos y libertades que como siempre que gobierna el PP, a los trabajadores, se nos hacen insoportables e interminables.

Sin embargo, la incertidumbre es lo que ha salido de las urnas. Una incertidumbre propia de un Congreso fragmentado, en el que no por ello deja de quedar claro que somos un país de izquierdas. Entre tanto voto disperso hay un gran caudal de reivindicaciones de los trabajadores, de los pueblos, de los más diversos sectores sociales.

Con 4,3 puntos más de participación, 73,2% frente al 68,9 de 2011, los datos objetivos son irrefutables:

La caída de votos y diputados del PP es rotunda: pierde 63 diputados (-34%), pierde 3.654.176 votos (-34%).

El PSOE también obtiene un mal resultado aunque menos severo que el PP al perder 20 diputados (-18%), y perder 1.474.387 votos, un 21% menos.

Podemos ha fagocitado prácticamente a IU, quien ha perdido 763.402 votos, aunque resiste con algo más de 900.000 votos pero con tan solo 2 diputados. Podemos se nutre por tanto del voto de su organización de origen y del desencanto de las gentes de izquierdas que no ven una claridad ideológica en el PSOE.

Ciudadanos obtiene 3.498.070 votos, que son prácticamente los que pierde el PP, lo que le dan 40 diputados.

Son los resultados que arroja una campaña electoral basada en “la persona”, en “lideres” de los partidos, como si la solución a los problemas sociales estuviese en manos de una sola persona.

La gran crisis que comenzó en 2008 ha erosionado las instituciones del Estado, el Estado nacido de la Constitución de 1978, que tenía tapados sus déficits democráticos a base de corruptelas. Pero la crisis llegó a los hogares en 2010 con el inicio de los recortes, impuestos por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.

Del mismo modo, fue 2010 cuando el Tribunal Constitucional se entrometió en el campo legislativo, al sentenciar contra el Estatuto de Cataluña.

La brutalidad de los dictados de la Troika aplicados por el Gobierno de Rajoy y su irresistible tendencia a negar el derechos de los pueblos a expresarse en libertad han hecho estallar las costuras de la convivencia.

Por parte del PSOE, el “cueste lo que cueste” de mayo de 2010 y la posterior política de Rubalcaba haciendo piña con PP y UPyD; está última orientación en Cataluña heredada por Pedro Sánchez, explican en buena parte los malos resultados del Partido Socialista; esto es evidente en Cataluña, donde desde 2008 se han perdido 1.1 millones de votos. Pero también en los grandes graneros de votos como Andalucía; desde 2008 se han perdido 942.000 votos. Y en Madrid con más de 2 millones de población asalariada, se han perdido desde el mismo año 758.000 votos. Por ende, no es una cuestión de Tomás o Sara, de Pere o Iceta. Es un problema de la orientación política y con esta orientación política, a nombre de la responsabilidad de estado, hemos desilusionado a los trabajadores y a los pueblos y hemos perdido el papel central de Partido de referencia de la izquierda.

Por lo anterior, y ante la situación de ingobernabilidad que se abre, es por lo que es fundamental recuperara al PSOE para el Socialismo. Eso es defender España, la España de los trabajadores y sus familias, la España de la mayoría social.

La crisis también provocó que en junio de 2014 se procediese a la abdicación express de Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI, como si el cambio de persona cambiase la naturaleza de una institución heredada de manos del militar fascista. Una herencia simbolizada en la “gorra de plato”, que implica la jefatura de los tres ejércitos y todo el aparato del Estado que sostenía la dictadura.

Quizás por esto se hace difícil vislumbrar la debida división de poderes del Estado.

Del mismo modo que el cambio de persona física en la Corona no cambia la naturaleza de una institución anacrónica, no democrática en tanto que no se somete al escrutinio de las urnas, tampoco los cambios de personas en los partidos resuelven los problemas que subyacen del ideario que cada partido tiene.

El caso del PP, lo mismo da si quien dirige se apellida Fraga, Aznar, Rajoy o Sáez de Santamaría. El problema está en que en sus genes políticos de partido llevan la defensa de los intereses de la minoría social; esa minoría social que tanto daño ha hecho a este país a lo largo de nuestra historia.

Incluso es lo mismo si la derecha instrumenta un nuevo partido, si en esencia viene a defender los mismos postulados que el viejo partido defensor de la oligarquía. Es el caso de Ciudadanos, partido deseado por entidades financieras como el señor Oliu, Presidente del Banco de Sabadell. No es de extrañar que en “las cocinas” económicas de este nuevo partido haya viejos personajes vinculados a las instituciones económicas nacionales e internacionales del capital; es el caso de Manuel Conthe, que fue Vicepresidente para el Sector Financiero en el Banco Mundial en 1999-2000, y Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2004 y 2007, o el caso de Luis Garicano, economista al servicio de la Comisión Europea en 1992-1993 y miembro de la Consultoría Mckinsey & Company el segundo lustro de los años 90. No en vano, los votos obtenidos por C´s provienen casi íntegramente del PP.

La cuestión por tanto no es si el que encabeza es joven, guapo, domina la oratoria, viste bien, es simpático, y todas esas virtudes superficiales que se han sobredimensionado en la campaña electoral a través de los programas de la telebasura.

La cuestión fundamental es qué idea de sociedad se quiere, pensando en la mayoría de la sociedad. Justamente lo que se ha impedido con la campaña que han orquestado los medios de comunicación, con la connivencia de los partidos. Ellos han provocado la fragmentación, alimentado artificialmente nuevos proyectos con viejas ideas, y ahora piden en sus editoriales “responsabilidad” y “mantenimiento de las instituciones”.

Para hablar de Democracia hay que recuperar la etimología del término, de su origen griego: demos = pueblo + krátos = gobierno + el sufijo ia que implica cualidad “El gobierno del pueblo”. Por ende, el señor Rajoy es peor que indecente, es antidemocrático, así como lo fue Aznar y qué decir de Fraga.

El problema de izquierda está en que ha entrado en el juego de las formas y las apariencias, olvidando que lo que genera confianza es que se aborden los problemas de la mayoría social: asalariados/as, desempleados/as, pensionistas, autónomos y estudiantes hijos e hijas de la clase trabajadora. Y abordar los problemas no basta con enunciarlos, hay que comprometerse a soluciones. Y una vez en el Gobierno aplicar las soluciones.

Pero el problema es más profundo, por su ámbito y por su devenir histórico. Es decir, la solución a los problemas de la clase trabajadora no es nacional sino internacional. Y el problema no nace con la crisis iniciada en 2008, por el contrario, la crisis de 2008 que aún permanece, es la consecuencia de un sistema económico que se nos presenta falsariamente como único y sin alternativa.

Pero sí que hay alternativa, diseñando una política económica pensada para la mayoría social, y para ello es necesario un Gobierno de izquierdas. Desde Tribuna Socialista lo venimos diciendo desde hace tiempo y a la vista de los resultados electorales lo mantenemos. Hay que superar las cuestiones de forma y la contienda electoralista. La izquierda debe unirse; el PSOE y los sindicatos pueden hacer bloque con algunas nuevas formaciones, en un gran pacto de progreso, en el que impere la independencia política respecto de las instituciones de la Unión Europea. Comenzando por la derogación inmediata de la Reforma Laboral y la aplicación de las medidas urgentes que la UGT ha reclamado en su documento “Balance de Legislatura”.

Claro que hay alternativa, si el socialismo, como lo hizo en el pasado, se pone del lado de las legítimas aspiraciones democráticas de los pueblos. La alternativa es clara. Ahora bien, si el PSOE hace suyo el NO del aparato de Estado franquista al derecho a decidir, los socialistas nos convertimos en juguetes de la derecha y corresponsables de llevar a los pueblos de España a los peores enfrentamientos. Eso es la liquidación del Partido, como ya hemos visto en Cataluña y antes en el País Vasco. Por el contrario, si el Partido Socialista recupera sus mejores tradiciones como partido de la libertad y de la fraternidad unirá a los trabajadores de toda España y podrá construir el más amplio bloque social de progreso.

En 2010, mientras Felipe González y Chacón apoyaban la sentencia del TC contra el Estatuto votado soberanamente por las Cortes y por el pueblo catalán, el presidente José Montilla representaba la dignidad socialista encabezando la movilización del pueblo de Cataluña. Fue un error de sus sucesores abandonar esa posición, que fue la del PSOE durante 30 años. Es hora de recuperar nuestra mejores tradiciones, antes de que los pueblos de España se hundan en el caos.

Evidentemente necesitamos un Gobierno que abra las puertas para superar el estadio político que viene del pasado, la sociedad española tiene derecho a pasar página, por lo que en el plano nacional hay que restituir la dignidad de las víctimas del franquismo, siendo una responsabilidad del gobierno la búsqueda y entrega de los restos de los asesinados/as a sus familiares. Hay que juzgar, aunque sea “post morten” a los asesinos que se alzaron contra la constitución de 1931 y que durante 40 años ejercieron la opresión y el crimen sobre el pueblo.

Hay que avanzar y dejar paso a un modelo de Estado acorde a los tiempos, que resuelva los problemas de convivencia de la pluralidad de pueblos que componen el estado español; que supere el caduco Estado de las Autonomías. El camino no es otro que el que nos lleve a un Estado Republicano Federal y Democrático. Veremos si Ciudadanos es tan moderno como preconiza.

Necesitamos un Gobierno de izquierdas que derogue las leyes retrógradas que nos ha impuesto el PP, haciéndonos retroceder décadas en derechos y libertades:

-Reforma laboral, Real Decreto Ley 3/2012, que ha empobrecido a los asalariados y ha expulsado por millones a los trabajadores de sus puestos de trabajo, poniendo el derecho laboral al servicio de los intereses empresariales en exclusiva.

-LOMCE, ley orgánica 8/2013, que no está pensada para el alumnado. Una ley pensada para continuar perpetuando la religión católica y pensada para que el hijo del obrero sea expulsado de la universidad.

-La ley del aborto que impide a la mujer ser libre en su decisión de ser o no ser madre, la ley mordaza que atenta contra la libertad de expresión, y tantas y tantas leyes que el gobierno Rajoy, haciendo usos y abuso de su mayoría absoluta, ha legislado y aplicado.

-Hay que derogar el artículo 135.3 de la Constitución, que subordina el estado de Bienestar al pago de la deuda y sus intereses.

-Hay que derogar el Artº 315.3 del Código Penal, por el que la fiscalía y los jueces tienen encausados a 300 sindicalistas por el hecho de haber ejercido su derecho a huelga, en defensa de sus condiciones de vida y trabajo y las de sus compañeros.

Todo ello solo es posible con un Gobierno que responda a las expectativas de la mayoría de la sociedad.

Por eso, insistimos:

Ni pactos con las derechas, ni políticas de derecha: socialismo.

 Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

21 diciembre 2015

FUERA EL PP Y SUS POLÍTICAS, ¡NI UN VOTO PARA LAS DERECHAS!

20dFinaliza la campaña electoral más mediática que hemos conocido, en la que menos se ha recurrido a la movilización de militantes y simpatizantes y que ha transcurrido al margen de las profundas aspiraciones de cambio de la mayoría.

El Partido Socialista ha desgranado alguna promesas que podían movilizar el voto de las capas trabajadoras de la población y de la juventud: derogación de la reforma laboral, derogación de la LOMC, derogación de la llamada Ley Mordaza; al tiempo que afirmaba su apoyo a las medidas del PP: prohibición de decidir su futuro al pueblo catalán, incluso de votar; firma del pacto antiyihadista y apoyo a las medidas bélicas que conlleva; defensa de la contención del gasto público (del artículo 135 de la Constitución impuesto por el BCE y la UE y de las políticas de ajuste, por tanto).

Programa contradictorio que no resuelve las cuestiones fundamentales que continuarán estando planteadas a los trabajadores, a la juventud, al pueblo catalán y a todos los pueblos, con más crudeza si cabe, el día 21 de diciembre.

Lo primero es echar al PP del Gobierno este 20 D, pero además es necesario terminar con su política de privatizaciones, de retrocesos sociales y de recorte de las libertades democráticas, las sindicales en primer lugar (anulando todos los procesos abiertos a sindicalistas por ir a la huelga para defender los derechos sindicales y de los trabajadores).

Recuperar todos los derechos laborales y sociales es incompatible con aceptar y respetar los poderes económicos e institucionales heredados del franquismo, con el mantenimiento del artículo 135 de la Constitución. Es incompatible con la política de consenso con las derechas, ya sea la tradicional del PP o la “moderna” de Ciudadanos. Esto es lo que esperan los trabajadores del PSOE, que se ponga a la cabeza de la derogación de todas las contrarreformas, que anule todos los recortes de las libertades, que defienda el derecho a la expresión libre y democrática de los pueblos fomentando la unión de clase desde la fraternidad, el respeto y la cooperación mutuas, que restituya la sanidad, la enseñanza, las pensiones privatizadas y recortadas, llevadas a la asfixia. Así se puede unir a la población trabajadora, a la juventud, resolver en positivo la crisis del Partido y poner fin al sufrimiento de tantos y tantos trabajadores y jubilados, de tantos excluidos.

El 21, sea cual sea el resultado de las elecciones, habrá que dar respuesta a las reivindicaciones planteadas por la mayoría.

Comité de Redacción

 

PRIMERA PRIORIDAD ECHAR AL PP DEL GOBIERNO

Por el interes que tiene en estos momentos publicamos la exigencia que la UGT ha planteado a las diferentes candidaturas para, se definan y cojan el compromiso ante los trabajadores,  en  el caso de formar parte del próximo gobierno.

Manifiesto de la UGT de Cataluña ante las elecciones generales del próximo domingo 20 de diciembre.

 El próximo 20 de diciembre el Estado español encarará unas elecciones cruciales para la ciudadanía. Afrontamos este proceso electoral en una situación singular: una economía que supuestamente rebrota pero que está totalmente de sincronizada con la recuperación social. Recortes en los servicios públicos, mordaza en los derechos civiles, privatizaciones… son las herramientas utilizadas por el último Gobierno para degradar las condiciones sociales de las personas.
No podemos obviar que este 20 de diciembre se encara también con fuertes tensiones en Cataluña. Muchos ciudadanos y ciudadanas percibimos con preocupación como el diálogo y el respeto institucional se han roto. Y nos sentimos rehenes de esta situación, puesto que no podemos ejercer nuestro derecho a decidir, ni en las relaciones con el Estado ni en la orden de prioridades de los gobiernos que a menudo se presentan a los comicios con un programa y después aplican otro.

Exigimos que el debate de estos comicios se centre en las propuestas y retos que tenemos por adelantado: paro, pobreza, precariedad, pensiones… y en cómo conseguimos que la salida de la crisis se haga en condiciones de igualdad para todo el mundo. En este sentido, hacemos un llamamiento por que la ensambladura territorial —importante pero no nuclear— no sustituya ni esconda los problemas de la ciudadanía.
Instamos en el Gobierno Central a que vuelva al camino del diálogo social. Durante estos últimos años, hemos visto como el monólogo y la imposición unilateral han guiado sus decisiones. Y los resultados han sido destructivos.
Hemos visto, perplejos, como los equilibrios sociales se rompían y la acción de Gobierno se enfocaba a destruir derechos y conquistas de los ciudadanos y ciudadanas. Es en este sentido que exigimos a los partidos políticos que concurren a estos comicios que hagan suya la demanda de derogar las leyes siguientes:

  • La derogación inmediata de las reformas laborales: por injustas, inútiles e ineficaces que han fomentado la precariedad de un mercado de trabajo con más temporalidad, parcialidad y salarios más bajos. Además, se ha fomentado la individualización de las relaciones laborales y el poder desmesurado del empresario.
  • La derogación inmediata de la reforma de las pensiones: que ha supuesto la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de la vulnerabilidad de las personas más grandes. No queremos más jubilados pobres.
  • La derogación inmediata de la Ley de estabilidad presupuestaria: que facilita el rescate de la banca en detrimento del rescate de las personas.
  • La derogación inmediata de la “ley mordaza”: que recorta derechos y libertades de las personas con represión y miedo, vulnerando el estado de derecho y limitando los derechos de manifestación y de expresión.
  • La derogación inmediata de la *LOMCE, “ley *Wert”: porque no respeta el principio de igualdad de oportunidades, segrega el alumnado, favorece la exclusión del alumnado con dificultades, impone la *recentralización educativa, niega la diversidad lingüística de las comunidades autónomas y atenta contra el modelo de inmersión lingüística de nuestro país.
  • La derogación inmediata de los cambios en la legislación en materia de aborto: porque vulnera la libertad a decidir sobre el propio cuerpo, trata las mujeres como sujetos dependientes y no aptos para decidir sobre sí mismas y, de nuevo, la capacidad económica marcará la posibilidad de abortar y generará nuevas desigualdades ya superadas.
  • La derogación inmediata de los cambios en materia sanitaria: que han limitado el acceso al derecho a la salud a buena parte de la ciudadanía, lo ha intentado culpabilizar de todos los males y ha facilitado la privatización del servicio público de salud.

Ahora, en el futuro Congreso, los pedimos que empiecen a construir. A construir una legislación por y con las personas que recupere la confianza entre la política y la ciudadanía

Ningún pacto con la derecha.

Los pactos con la derecha, se llame PP, CDC, PNV o Ciudadanos, siempre traen consecuencias negativas para la mayoría social.

 

laderecha
La derecha de este país tiene muchos representantes.

“Ningún pacto con la derecha, se llame como se llame”.

Editorial Tribuna Socialista nº 60- Diciembre 2015

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La experiencia acumulada nos dice que los pactos con la derecha, se llame PP, CDC, PNV o Ciudadanos, siempre traen consecuencias negativas para la mayoría social.

Si miramos la situación del socialismo en Catalunya, vemos que nuestro partido se ha desdibujado producto de la alianza por la unidad de España, de la mano de PP, UPyD y Ciudadanos, al negar Rubalcaba, siendo Secretario General del PSOE, el derecho del pueblo de Catalunya a decidir su futuro, si quiera en un Referéndum. Está posición ha sido mantenida por el actual Secretario General, Pedro Sánchez, y ahí está en PSC en posiciones históricamente retrasadas en representatividad, tanto en las municipales de mayo como en la autonómicas pseudoplebiscitarias de septiembre.

Vamos de la mano en el pacto antiyihadista, entrando en la lógica de guerra de quienes por intereses espúreos a los pueblos, europeos y árabes, han desestabilizado esa zona del planeta. Nadie en su sano juicio puede justificar, avalar, comprender ni entender a los criminales que apoyados en el fundamentalismo religioso convencen a jóvenes desesperados a inmolarse y segar la vida de víctimas inocentes como ocurriera en Madrid en 2004, el 13 de noviembre en París, el 21 en Mali, el 24 en Túnez, y un triste largo etcétera. El común denominador es la muerte de víctimas inocentes.

Víctimas tan inocentes como los 30 muertos en el hospital de Afganistán bombardeado por la aviación estadounidense a finales de octubre, o como los civiles muertos por los bombardeos franceses y rusos sobre Siria.

La guerra no se puede combatir con guerra. La violencia solo genera más violencia. Nos hacemos eco del sentir de Pablo Iglesias, frente a la guerra de Cuba:

Pablo Iglesias Posse“Los trabajadores, sobre todo, deben hacer viva campaña para que termine la lucha de las armas, pues no solo evitarán así que se derrame a torrentes su preciosa sangre, sino que podrán consagrarse en cuerpo y alma a poner término a la causa de todas las guerras: al antagonismo de intereses”

(El Socialista 1 de enero de 1897).

Los partidos de la izquierda, y el PSOE lo es, no podemos avalar pactos que conlleven la limitación y el retroceso en las libertades. Cualquier pacto en este sentido con el PP y C´s es la antítesis de lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando prometió en la campaña a las generales de 2004 que traería las tropas de Irak y así lo hizo en los primeros días de su llegada a la Moncloa. El rechazo a la guerra genocida en la que Aznar nos implicó, trajo consigo una rotunda victoria en las generales.

Nuestro partido, debería insistir con más fuerza en el respeto al derecho de asilo y la deplorable actitud de los gobiernos de la UE con los llegados de los países en conflicto. No podemos ir de la mano de quienes niegan los derechos; no podemos acompañar a quienes caminan por la senda de la barbarie, por mucho que esto no “venda” en la prensa lacaya del capital.

No queremos pactos con la derecha, se llame como se llame, tampoco en política económica.

La prensa generadora de opinión pública se empeña en “emparedar” al PSOE entre el PP y Ciudadanos. Quieren hacernos creer que no hay política posible más que la de hacer seguidismo de los mandatos de los organismos internacionales: FMI, OCDE, BCE, Comisión Europea, todos ellos ajenos a la democracia, dirigidos por agentes del capital.

El PP es una herramienta desgastada, con un profundo hedor a franquismo. Es el partido que ha disparatado la deuda, para nutrir las cuentas de resultados de las entidades financieras nacionales e internacionales, a costa de los tributos de quienes verdaderamente mantienen este país, los trabajadores.

El PP es el partido que ha dinamitado el derecho laboral, con una reforma en 2012 que desequilibra las relaciones entre trabajadores y empresarios, en favor de los empresarios, provocando con este cambio legal la destrucción de más de tres millones de empleos; generando de esta manera un ejército de reserva que en 2013 llegó a rozar los seis millones de desempleados.

Por eso, nuestro Secretario General no puede continuar titubeando y disfrazando sus propuestas con futuros nuevos estatutos. Hay que decir alto y claro que derogará íntegramente la Reforma Laboral.

El empleo no se genera con reformas y cambios legislativos lesivos para los trabajadores. El empleo se genera con inversión. De los especuladoras y salvapatrias no podemos esperar que inviertan; están muy ocupados llevándose el dinero a paraísos fiscales. Son capaces de pagar para que les guarden el dinero en Suiza, en Alemania y en otros mercados en los que se están produciendo intereses negativos.

En este sentido, España necesita disponer de los más de 31.000 millones € que antidemocráticamente ha proyectado el PP en los PP.GG.EE. para 2016, solo en concepto de intereses para el pago de la deuda. España necesita disponer de los 78.682 millones previstos en amortización de deuda. Pero solo podremos disponer de esa ingente cantidad de dinero si de deroga el artículo 135.3 de la Constitución que, con nocturnidad y alevosía, implementó Zapatero pactando con el PP. Este artículo, que en la práctica significa la constitucionalización del austericidio, impide la realización de políticas sociales dirigidas a cubrir las necesidades de la mayoría social, pero sin embargo, la UE no tiene ningún reparo en saltárselo para fabricar y tirar bombas. Hay dinero para la guerra pero no para la educación, la sanidad, o las pensiones.

La reforma laboral, junto a otros medidas que ha tomado el PP a golpe de decreto, ha tenido muchas consecuencias negativas para la mayoría social:

Para los asalariados y asalariadas, porque con la modificación del Artº 41 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) se han perdido casi 15 puntos de poder adquisitivo de los salarios, y se han mermado sustancialmente condiciones en materia de jornada, horario y se han incrementado las funciones.

Para los y las pensionistas del futuro, es decir los asalariados de hoy, ven peligrar sus pensiones por la caída de la recaudación, como efecto de la bajada de salarios y por los  “regalos fiscales” en forma de bonificaciones y exenciones en las cotizaciones de los empresarios que el PP ha venido introduciendo consejo de ministros tras consejo de ministros.

Para los desempleados y desempleadas, que han visto caer la cobertura en prestaciones y  ven cómo pasa el tiempo sin que puedan acceder a un contrato de trabajo en condiciones dignas, situación que se deriva directamente del incremento del paro.

Para los autónomos, a los que Rajoy y los suyos llaman emprendedores, cuando la realidad es que cientos de miles de ellos son trabajadores a los que en el colmo de la explotación les “obligan” a celebrar contrato mercantil en lugar de un contrato laboral.

Y para los estudiantes, hijos e hijas de la clase trabajadora, quienes sufren la situación de penuria y pobreza que en un 30% de la población se está viviendo, a los que se les han subido las tasas y los costes de sus estudios con el negocio de los masters. Futuros trabajadores y trabajadoras que bien han tenido que emigrar, bien se han visto obligados a abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

El PP ha instaurado esta política económica, dictada desde los foros económicos internacionales. Y lo ha hecho a golpe de legislar, haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta, con leyes mordaza, retrocediendo las libertades de la mujer para abortar y de todos y todas a expresarnos con libertad. Ha hecho uso del artículo 315.3 del Código Penal, que como muy bien calificaba Manuel de la Rocha en el acto del pasado día 20, en defensa del derecho de Huelga y contra la actuación de jueces y fiscales contra más de 300 sindicalistas, “es un ataque sin precedentes al sindicalismo de clase”.

A primeros de este año que termina, Pedro Sánchez pactó con el PP la reforma del Código Penal, en la que se estableció el concepto de “prisión permanente revisable”, como eufemismo para no decir “cadena perpetua”. Pedro Sánchez se olvidó de introducir la derogación del Artº. 315.3 que criminaliza a los trabajadores por ejercer su derecho a la huelga.

No nos basta con una reforma de la Constitución de 1978. Su aprobación por el pueblo con ruido de sables de fondo, no fue una elección en libertad. Nadie nacido después de 1960 la ha aprobado, y su cometido, respecto a dar soluciones a las necesidades de la clase trabajadora y de los pueblos, ha quedado obsoleta, cuando no incapaz. El pueblo tiene derecho a recuperar la República al tiempo que se produce un nuevo proceso constituyente que de verdad aporte soluciones a los derechos de los trabajadores y los pueblos. Este horizonte constituyente, y no superficialidades y efectos de imagen y forma, si generaría ilusiones en la mayoría social.

Como hemos podido oír en el debate del pasado lunes día 30 de noviembre a lo más que aspiran los candidatos alternativos al PP es a remendar la Constitución del 78 para que aguante una década más. Triste bagaje el que nos ofrecen.

No en vano, en la edición de El País del día 2 de diciembre, en el artículo de Miquel Alberola “Incertidumbres y Esperanzas para el Rey en el 20-D”, se dice “La posición central de la formación naranja es una garantía para la Zarzuela en medio de un panorama de desconfianzas”.

Como puede verse, con fechas y datos, los pactos con la derecha siempre traen malas consecuencias para la mayoría de la sociedad. Por eso decimos que no se pacte con la derecha. A los socialistas, lo mismo nos da si es antigua o modernizada, si es españolista o nacionalista vasca o catalana.

Ante la situación de barbarie, en el más amplio sentido del término, la única solución es la unidad de las organizaciones de la clase trabajadora, los partidos y sindicatos que se reclamen de clase.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

9 Diciembre 2015

BONO DE AYUDA A TRIBUNA SOCIALISTA 2016

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Situación política y tareas.

Momento político y tareas.

Inevitablemente, el capitalismo, inmerso en una crisis que no es coyuntural, arrastra a los pueblos, a las clases trabajadoras y a la juventud a la disgregación, a la ruina y a la guerra.  Para tratar de recuperar el nivel de beneficios obtenidos con la especulación fácil de los primeros años del siglo XXI –no en vano se les caracterizó como de “economía de casino” o “economía del ladrillo”- recurre de nuevo al militarismo y al armamentismo, a la guerra en Oriente Medio, en África y en la propia Europa, a la destrucción de zonas geográficas enteras, provocando masacres y millones de desplazados y de refugiados.

Leer más “Situación política y tareas.”

Los Señores de la Guerra

Foto: Iñaki Gómez /MDE 04/11/2015 El ministro de Defensa, Pedro Morenés,junto a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN y Hannes Hanso, ministro de Defensa estonio en la base aérea de Zaragoza. Los acuerdos militares son previos al ataque de ISIS en París.
Foto:
Iñaki Gómez /MDE
04/11/2015 El ministro de Defensa, Pedro Morenés,junto a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN y Hannes Hanso, ministro de Defensa estonio en la base aérea de Zaragoza. Los acuerdos militares son previos al ataque de ISIS en París.

Los Señores de la Guerra

Mientras en el mundo entero suenan Tambores de guerra, en esta ocasión bajo la excusa de la amenaza de ISIS es necesario que la clase trabajadora diga alto y claro ¡No a la Guerra!.

No se trata de lanzar una consigna izquierdista y pacifista. Mientras el austericidio económico ordenado por Bruselas (que en España se constitucionaliza en el artículo 135 CE) oprime a la clase trabajadora, la UE lanza la consigna que los estados miembros pueden sobrepassar el umbral de gasto si es para invertir en defensa.

Dicho de otra forma, no hay dinero para Enseñanza, lucha contra el paro, o sanidad, pero sí para bombas. No es algo casual.

La industria del armamento y de la destrucción està en voga. Los negocios de venta de armas a terceros paises es un lucrativo negocio del que se benefician los señores de la Guerra. No en vano, nuestro ministro de defensa, Pedro Morenés, es el primer interesado en vender armas. Para muestra un botón.

En su “historial laboral” vemos como fue Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000. Entre 2005 y 2009 fue Consejero de Instalaza S.A: principal fabricante de bombas de racimo hasta 2008, que eran utilizadas por el entonces presidente Libio Muamar El Gadafi contra las tropas rebeldes. En 2008, el Gobierno del PSOE anunció la destrucción de todas las bombas de racimo en España e, inmediatamente, Instalaza formuló una reclamación de indemnización contra el Estado por valor de 40 millones de euros que fue desestimada en primera instancia, pero recurrida con posterioridad por la empresa de la que Pedro Morenés es consejero.

En 2010, Morenés es nombrado Director general para España de la empresa de misiles MBDA. Entre 2012 y 2015, durante el Gobierno Rajoy, Morenés es Ministro de defensa, y durante su cargo, los Presupuestos de defensa han sido sistemáticamente sobrepasados a fin de cada ejercicio. Un exceso total de más de 21.000 millones de euros.

En 2013, la Audiencia Nacional (recurso nº 460/2011) desestimaba la reclamación de Instalaza, recogiendo el argumento del Abogado del Estado «desde el Ministerio de Defensa se han seguido impulsando contratos de suministro de municiones convencionales y de desmantelamiento de municiones de racimo con INSTALAZA, que le ha supuesto una facturación no prevista». Esta sentencia establece pues un cierto trato de favor a INSTALAZA, en la adquisición de armamento para el Ministerio de Defensa.

En 2014, un informe de Defensa informa de que en este periodo se han adjudicado 32 contratos a empresas en las que Morenés había sido consejero o representante. En 2015 se sabe que las empresas de Morenés son las principales proveedoras de armamento a Arabia Saudí. Arabia Saudí ha venido financiando las actividades de organizaciones como Estado Islámico, autores de los atentados de París.

Como se puede observar el mayor interés privado de Morenés es vender armamento y ocupa el cargo de ministro de defensa. En lenguaje popular se diría “el zorro al cuidado de las gallinas”. Todo un señor de la guerra.

No quiero finalizar este artículo sin hacer referencia a una formidable iniciativa de “Sindicalistas contra la Guerra”, que os animo a suscribir:

Para descargar el archivo PDF: http://goo.gl/u6Y8e2
Si quieres firmar escribe a: sindicalistascontralaguerra@gmail.com

 

Haz clic para acceder a No-a-la-guerra-noviembre-2015-228-firmas-2.pdf

Baltasar Santos

Corresponsal en Catalunya

Por la derogación del Art. 315.3 del Código Penal

endefensadelderechodehuelgaPor la derogación del Art. 315.3 del Código Penal

Por Manuel de la Rocha Diputado PSOE en el Congreso

En los últimos años está teniendo lugar en España un ataque sin precedentes al sindicalismo de clase, una de cuyas manifestaciones es la utilización del Código Penal contra los sindicalistas que participan en huelgas y manifestaciones.

Desde que gobierna el PP se viene produciendo una acción concertada entre el Ministerio de Interior, con la Ley Mordaza, la policía a través de los atestados, en los que se utilizan expresiones sobre la acción de los piquetes informativos que prejuzgan su presunto carácter ilícito o al menos una actuación sospechosa, y el Ministerio Fiscal, cuyo objetivo conjunto, ya que no pueden prohibir las huelgas, es disuadir e intimidar a los trabajadores para que no participen en ellas.

Porque desde hace cuatro años la Fiscalía ha dado un giro a su interpretación del Art. 315.3 del Código Penal, que durante más de 15 años no se aplicaba, para utilizarlo contra los sindicalistas que participan en piquetes solicitando penas de 3, 5, 7 y 8 años de cárcel.  Los casos de los miembros de la Federación de Hostelería de UGT, o de Airbús, Acelor, Baleares, son clamorosos. Cerca de 300 sindicalistas se encuentran amenazados de cárcel por ejercer el derecho de huelga en defensa de los trabajadores.

Los sindicatos UGT y CCOO han planteado una campaña de contestación contra este brutal ataque a la libertad sindical, campaña también a nivel internacional, con denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT y el Comité Europeo de Derechos Sociales, y reclamando la derogación del Art. 315.3 del Código Penal.

Porque la huelga es un derecho fundamental, manifestación de la libertad sindical. Es la máxima expresión democrática del conflicto social, cuando no se ha podido solucionar por la vía del diálogo. Sin derecho efectivo de huelga no hay democracia, ni Estado social.

endefensadelos3000En una reciente reunión en la que han participado activamente militantes socialistas, entre ellos muchos miembros de IS-PSOE, se ha constituido una Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga en España.

El PSOE, como otras muchas fuerzas políticas menos el PP, han planteado reiteradas veces en el Parlamento la derogación del Art. 315.3 CP, y los socialistas llevamos ese compromiso en el programa electoral para las elecciones general del próximo 20D.

Desde IS-PSOE nos solidarizamos con los sindicalistas afectados y damos nuestro máximo apoyo a la campaña frente a este ataque contra el sindicalismo de clase de la derecha de este país.

¡Por la derogación del Art. 315.3 del Código Penal!

 

10º ANIVERSARIO DE TRIBUNA SOCIALISTA

acto Euskadi

Hemos celebrado el 10º aniversario de TS convocando actos en Málaga, Barcelona, Bilbao y Madrid. Han sido diez años cargados de acontecimientos políticos que nos han obligado a definirnos con precisión en aquellos aspectos en los que nuestro partido, el PSOE, se pronunciaba desde un planteamiento político erróneo, inadecuado o incoherente con los postulados del socialismo.

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20-D: A detener la regresión social.

20-D: Detener la regresión social.

por Antón Saracibar

Los últimos acontecimientos relacionados con el terrorismo del Estado Islámico en Francia y en otros países, junto al problema del independentismo catalán, han venido copando los grandes titulares mediáticos de nuestro país y han terminado por eclipsar la discusión de los problemas reales que afectan a la mayoría de los ciudadanos. La actual situación está favoreciendo de manera notable la estrategia electoral del PP ante la dificultad sobrevenida para abordar la gestión del gobierno en esta legislatura y analizar el resultado de sus políticas económicas y sociales en respuesta a la crisis: el desempleo, la precariedad, el deterioro de los servicios públicos, el desarme fiscal, el desplome de la protección social, la desigualdad, el auge de la pobreza e, inclusive, la exclusión social. A ello está colaborando, en buena medida, la participación de los responsables políticos (incluso de la oposición) en programas superficiales y de simple entretenimiento, como ha ocurrido con Rajoy, por ejemplo, ejerciendo de comentarista deportivo, al margen de las preocupaciones de los ciudadanos.

En estos momentos, todos los politólogos consultados coinciden en que el PP ha incumplido gravemente su programa electoral. También coinciden en que su política económica (ocultada a los ciudadanos) se ha aplicado con autoritarismo y desprecio  del Parlamento y del diálogo social. Para justificar este anómalo comportamiento, y la aplicación de duras políticas de austeridad y ajuste, el PP viene argumentando sistemáticamente que las medidas tomadas tienen una relación directa con las exigencias de la UE y con la herencia recibida de Rodríguez Zapatero, a pesar de que los resultados económicos obtenidos en la legislatura siguen contemplando profundos desequilibrios macroeconómicos y, particularmente, la persistencia del déficit y un aumento severo de la deuda pública. Lo más grave de la situación es que las políticas sociales aplicadas para paliar los efectos del ajuste han sido profundamente regresivas, particularmente las relacionados con las pensiones, la prestación por desempleo, la ayuda a las personas dependientes y los servicios sociales.

A pesar de todo, si bien los partidos de izquierda y los sindicatos – después de analizar las políticas económicas, el desempleo y la precariedad de nuestro mercado de trabajo-, coinciden en que es  necesario, entre otras medidas, derogar la nefasta reforma laboral, no todos son tan contundentes cuando se analizan los destrozos causados por las políticas sociales de Rajoy. En concreto, la Seguridad Social (SS) ha sufrido particularmente las consecuencias de la crisis y, sobre todo, los terribles efectos de una política neoliberal dedicada exclusivamente a reducir el gasto público. Según el Balance de Legislatura 2.011- 2.015: Cuatro años de regresión social y económica, publicado por UGT, hoy es más difícil acceder a una prestación de la SS que hace cuatro años y también más difícil percibir una pensión que garantice- tanto al pensionista como a su familia- su seguridad económica a medio y largo plazo.

En todo caso, los datos disponibles son contundentes y no requieren demasiadas explicaciones. El déficit de la SS se ha multiplicado por 11, dado que en 2.011 fue de 995 millones de euros y en el año 2.014 fue de 11.202 millones. En agosto de 2.015 ya alcanzó 5.352,8 millones y, previsiblemente, al finalizar el presente año superará los 10.000 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Reserva contaba en el año 2.011 con un total de 66.815 millones y en el pasado mes de agosto se  había reducido a 40.132 millones de euros, a los que hay que restar 7.750 millones retirados por el gobierno para pagar la extra de Navidad. Otro asunto relevante para la tesorería de la SS es que ha dejado de ingresar más de 6.000 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales, pasando de 105.311,60 millones en 2.011 a 99.198,43 millones en 2.014 (un 5,8% menos).

También ha empeorado la relación entre el número de afiliados y el total de pensionistas, como indicador demográfico esencial para valorar la situación del Sistema: en 2.011 la relación era de 2,47 afiliados por pensionista y en septiembre de 2.015 ha sido de 2,26. Por último, la comparación entre la cuantía de la pensión y el último salario (tasa de sustitución) se ha reducido en más de 7 puntos porcentuales en los últimos cuatro años: en 2.011 un trabajador al jubilarse percibía el 81,2% de su salario y en el año 2.013 (datos de la OCDE) la proporción era del 73,9%. A pesar de estos datos, lo peor está por llegar con la reforma: según la última proyección de la Comisión Europea, en el año 2.060, esta proporción pasará a ser menos de la mitad (48,6%), lo que dota de munición añadida a la interesada campaña de las entidades financieras en defensa de los fondos complementarios de pensiones. A todo ello hay que añadir que los pensionistas, desde 2.012, están pagando los medicamentos excluidos de la financiación pública (380 millones de euros), a los que hay que añadir los 583 millones del copago, lo que hace un total de 963 millones de euros, que es lo que tuvieron que pagar finalmente los pensionistas en el año 2.013 (datos de Fidel Ferreras). Sin olvidar que la revalorización actual de las pensiones (incremento del 0,25%) y el factor de sostenibilidad consolidarán finalmente la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

En relación con las prestaciones por desempleo se ha producido también una fuerte y dramática reducción. Al inicio de la legislatura, de cada 100 beneficiarios que recibían una prestación por desempleo, 50 cobraban una prestación contributiva y otros 50 una asistencial. Sin embargo, los últimos datos disponibles (septiembre de 2015) contemplan que de cada 100 beneficiarios de prestaciones por desempleo, 39 cobran una prestación contributiva frente a 61 que cobran una prestación asistencial. Además, los datos, según UGT, demuestran que la tasa de cobertura por desempleo ha disminuido de forma continuada debido al endurecimiento de las condiciones de acceso, lo que ha dado lugar a una caída brusca en la actual legislatura. En 2011, más del 70% de los desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo tenía una prestación por desempleo y, en cambio, en 2015 la cobertura ha descendido por debajo del 55% (más de 15 puntos de diferencia).

Lo mismo ha ocurrido con la protección de las personas dependientes. En el año 2011 se estimó que fueron atendidas un total de 1.092.872 beneficiarios, con un presupuesto de 1.498,4 millones euros, que pasaron en 2.012 a solamente 790.000 beneficiarios.  Para el año 2.016 no están cuantificados los beneficiarios; en todo caso, el presupuesto asciende a 1.162,2 millones de euros a pesar de que más de 300.000 dependientes moderados están a la espera de incorporarse al Sistema. Por lo tanto, en esta legislatura se ha producido una rebaja del 15% en las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, además de la suspensión del Convenio especial realizado con la SS, la rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado (entre un 10% y 15%), la modificación del baremo endureciendo los criterios de acceso y, por último, la eliminación definitiva del nivel acordado entre el Estado y las CCAA.

Por último, los servicios sociales en esta legislatura no han sido capaces de evitar el agravamiento de las desigualdades y la pobreza de las familias. La población en riesgo de pobreza asciende a 12,8 millones de personas y la pobreza severa afecta a más de 3 millones de personas, superando la pobreza infantil los 2 millones de niños y niñas. Por otra parte, hay 1.572.900 hogares con todos sus miembros en paro y ha aumentado el número de hogares sin ingresos laborales hasta la escandalosa cifra de 721.900. La respuesta ideológica del gobierno ha seguido siendo la misma: contención del gasto y reducción de prestaciones, como lo demuestra la reducción de las ayudas del Plan Concertado de Servicios Sociales y Protección a las Familias, entre el 37% y el 60%, lo que está consolidando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Como se puede observar, estamos ante una regresión social sin paliativos causada por una política económica basada en la contención del gasto  (austeridad y ajuste) y en el apoyo a la acumulación de capital y a la reducción de deuda de las empresas (transferencias de renta del trabajo al capital), en detrimento del crecimiento económico, el empleo,  la protección social y los servicios públicos de calidad.

Por estas poderosas razones, los partidos políticos deben fijar con claridad sus propuestas electorales-  desde la solidaridad y el interés por los más débiles- en materia de protección social, con el fin de defender a los pensionistas (acceso a la jubilación, poder adquisitivo y copago sanitario); garantizar la sostenibilidad de la maltratada Tesorería de la SS- muy afectada por la precariedad, las bonificaciones a la contratación (tarifas planas) y el desplome de los salarios-, abordando de una vez por todas el capítulo de los ingresos (cotizaciones, separación de fuentes e impuestos); recuperar el Pacto de Toledo; frenar el vaciamiento del Fondo de Reserva de la SS; mejorar la atención de las personas dependientes y de los desempleados sin prestación (parados de larga duración y jóvenes), que han sido los más perjudicados por la crisis; y, finalmente, concretar su posición en el gran debate abierto sobre el Ingreso Mínimo Garantizado que tiene un claro y rotundo propósito: superar la desigualdad (repartir para crecer de manera sostenible), la pobreza extrema (infantil, energética, habitacional…) y la exclusión social en medio de un desaforado consumo.

Estas propuestas no son demagógicas. Lo único demagógico es apelar siempre al dicho de: ¿cómo se paga esto?, cuando todos hemos comprobado que el dinero ha fluido sin dificultades para el rescate de empresas, entidades financieras, autopistas y aeropuertos. Incluso en estos momentos fluiría, si así se decidiese, para costear el envío de tropas. Mientras tanto, Rajoy- al margen de los debates- promete bajar impuestos y la unidad de España… Patético.

Antón Saracíbar