El sistema económico está podrido y la banca es su reflejo

Le echan la culpa a la globalización, pero la globalización es causa del mismo mal: un sistema económico insostenible y decadente. Según los economistas que trabajan para las instituciones económicas internacionales, la crisis de 2008 fue culpa de la globalización y la caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, también. Pues

¡no!, la globalización fue el eufemismo que aplicaron a la mundialización de la economía, es decir; a una expansión de los mercados que no han dejado un solo rincón del planeta sin inundar de productos, y de ahí parten los problemas. Unos mercados que ya no tiene espacio para crecer, pero quieren crecer en beneficio, a toda costa.

Lenin mencionaba a Marx en “Imperialismo, fase superior del capitalismo” (1916): “Los bancos crean en escala social la forma, y nada más que la forma, de la contabilidad general y de la distribución general de los medios de producción”. Conviene leerlo para ver como el imperialismo económico, la concentración bancaria y de otros sectores de la producción, se viene produciendo desde hace más de un siglo y como la concentración tiende al monopolio privado.

El estallido del Silicon Valley Bank (SVB) y la intervención del Signature Bank (SB) está directamente relacionada con las medidas que el capital financiero está tomando para su sostenimiento; es el efecto secundario de una medicación, eso que la cultura popular dice, “es peor el remedio que la enfermedad”.

El perfil de clientes del SVB es el de empresas tecnológicas emergentes, empresas que están siendo víctimas de las subidas de los tipos de interés. Son víctimas, como miles de familias que cada año pierden su vivienda a consecuencia del encarecimiento de las hipotecas y como los asalariados y los pensionistas, con la subida brutal de los precios de los alimentos, ven como sus ingresos no les llegan a final de mes, por más recortes y privaciones que se impongan. Las empresas clientes del SVB, ante el encarecimiento de los tipos de interés con que se venían financiando, optaron por retirar sus depósitos del Banco (SVB) para hacer frente a sus pagos e inversiones en lugar de ampliar sus líneas de crédito. El motivo fue distinto en el caso del Banco Popular, pero el efecto ha sido el mismo.

La retirada de depósitos llevó a la entidad bancaria a vender anticipadamente, con pérdidas, los bonos del Estado estadounidense. El día 9 de marzo, los inversores, los que siempre están bien informados no así los minoristas, comenzaron a vender sus acciones y el SVB cayó en bolsa un 60%. El pánico se desató el viernes 10, cayendo las cotizaciones otro 68%.

Es inevitable recordar la receta que el FMI dio, el pasado año 2022, en la reunión anual de Jackson Hole (Wyoming) con los banqueros centrales para combatir la ola inflacionaria, “caiga quien caiga”, dijo Gita Gopinath, la número dos del Fondo Monetario Internacional, y pidió a quienes aplican las políticas monetarias, es decir, a los bancos centrales: “medidas más agresivas, incluso si eso significa un fuerte enfriamiento de la economía y un aumento del desempleo, si la inflación resulta inesperadamente persistente”. Al parecer no calcularon que con esa agresividad económica podían llevarse por delante a entidades bancarias.

El sistema económico tiene el problema ya descrito, que los mercados están saturados. Las grandes corporaciones llevan años comiéndose entre ellos, concentrándose cada vez en menos manos, para ganar cuota de mercado. En su búsqueda permanente del crecimiento del beneficio, como en otras ocasiones en la historia, nos llevaron al estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008, las farmacéuticas han hecho su agosto con la COVID-19, unos y otros oligopolios comenzaron a especular con los precios, aun antes de que Putin invadiese Ucrania. Las medidas de los organismos económicos internacionales se han llevado por delante dos importantes entidades financieras estadounidenses, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, diez días después el mayor banco privado de Suiza, el Credit Suisse, pocas horas después el First Republic Bank de Estados Unidos y este pasado viernes 24 de marzo se tambalea el gran Deustche Bank, uno de los buques insignia de la banca alemana; ¿estamos de nuevo ante un efecto dominó?

El mercado busca atajos para realizar el beneficio. Lo hicieron a principios del presente siglo con la “hipotecas basura”, se destaparon negocios fraudulentos que durante años se habían presentado como ejemplos de eficiencia, como el caso Madoff. Estos casos vividos en el mercado financiero, el saqueo que las compañías eléctricas y de los combustibles han desatado en forma de inflación desbocada, la ignominia que está suponiendo el alza de los precios de los productos básicos, la destrucción de la Sanidad Pública, etc., demuestran que los sectores estratégicos no deberían estar en manos privadas.

Es inevitable concluir que la guerra es parte del mismo “juego”, la pelea por los mercados de la energía, por el control de las rutas de distribución, y de paso el negocio de las armas se suma a la fiesta de los ingresos y el beneficio.

Las recetas del capital son nocivas para la salud de la humanidad.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex-Secretario Estatal de FeSMC-UGT en el Sector Financiero, Seguros y Oficinas

Así se defienden las Pensiones Públicas

Los ataques a los sistemas de pensiones públicos no son nuevos, llevamos más de cuatro décadas escuchando un falso mantra, falso pues nunca se cumplen las previsiones de los economistas que prevén una y otra vez que las pensiones públicas son inviables. Tampoco es casualidad que estos mensajes agoreros siempre son lanzados por los gabinetes de estudios de entidades financieras y por supuestos expertos, a salario de aseguradoras y bancos.

El problema se agrava cuando se quiebra la democracia por la acción de lobbies o corporaciones del cabildeo. De la misma manera que el Estado de Qatar ha estado pagando a eurodiputados/as para que se proyecte una buena imagen de ese Estado-Propiedad privada de un clan, las grandes corporaciones y oligopolios hacen sus “aportaciones” para que las instituciones nacionales e internacionales trabajen en pro de sus intereses. Esto es algo que está a la orden del día en los Estados Unidos, y en Europa, aunque allí lo sabe todo el mundo y aquí nos lo presenten como actividad anómala, que lo es, pero que sólo se denuncia e investiga según convenga.

La obstinación del presidente de la V República francesa, el señor Macron, a llevar adelante su reforma de la Pensiones Públicas, hace pensar que tiene algún “interés adquirido”. De lo contrario no se explica por qué empuja a su pueblo al conflicto y fuerza a su Gobierno a enfrentarse a la mayoría de los grupos del Parlamento, aunque haya salvado el cuello por los pelos, exactamente 9 votos.

La clase trabajadora, con sus sindicatos al frente y apoyada por La Francia Insumisa, el partido que lidera Jean-Luz Mèlenchon, se ha echado a la calle. Y no sólo la clase trabajadora, también los estudiantes y la ciudadanía en ge- neral, por lo que estamos ante una irrupción de las masas.

La situación se le está yendo de las manos a Macron. Tanto es así, que ha tenido que pedir la suspensión de la visita de Estado que tenía prevista para estos días por parte de Carlos III de Gran Bretaña. Y, como “Roma no paga a traidores”, desde el Consejo de Europa le han llamado la atención sobre el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía francesa.

La prensa habla de la violencia desatada en las calles. Es cierto, es muy violento ver como arde un contenedor, la puerta del Ayuntamiento de Burdeos o la ruptura de un escaparate. Pero igual que hay enfermedades que no duelen, pero matan, como la diabetes, hay violencias que no se ven. Endurecer el acceso a la pensión es muy doloroso para quienes llevan toda su vida trabajando, y aportando, y, de repente, se les impone por Decreto que tienen que trabajar dos años más para acceder a su merecida jubilación. Es muy violento ver como te mengua el salario, o la pensión, porque los productos básicos crecen de un día para otro sin que ninguna institución tome medidas por decreto para controlar los precios. Son muy violentos los desahucios que dejan a miles de familias cada día en la calle… hay mucha violencia en esta sociedad, lo que pasa es que algunas formas de violencia están protegidas por la ley.

En mi opinión, lo que los franceses y franceses están haciendo es y debe ser un ejemplo a seguir para la clase trabajadora de todo el mundo de cómo se defienden los derechos.

Rogelio Obrador
Carpintero Militante socialista de Madrid

La LOSU, nueva ley, misma farsa

El pasado 9 de marzo se aprobó definitivamente en el Congreso la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la cual viene a sustituir a la LOU del gobierno de Aznar del 2001. El recorrido de esta ley ha pasado por varias etapas, donde el primer redactado presentado por el exministro Castells le llevó a una fuerte oposición de toda la comunidad universitaria y a una dimisión posterior. Subirats coge el relevo declarando que hará pequeñas modificaciones pero que en esencia el texto de Castells se mantendrá. Fue entonces cuando el Consejo de ministros el 21 de junio, periodo donde profesores y estudiantes tienen la carga de trabajo más alta de todo el curso (los exámenes finales), aprueban el anteproyecto de ley ‘’modificado’’ por Subirats. Casualmente, es una práctica muy habitual a la hora de decidir las cuestiones en educación, lo cual busca la máxima debilidad en la respuesta de la comunidad universitaria. El 22 de diciembre de 2022 se aprueba en el Congreso la LOSU, justo el día que estudiantes cogen las vacaciones de Navidad. Finalmente, tras pasar por el Senado, se aprueba la LOSU el 9 de marzo, como apuntaba en el inicio.

Más allá de las prácticas antidemocráticas y por debajo de la mesa del Gobierno para aprobar la ley, la LOSU implica el futuro de las universidades públicas españolas, de sus trabajadores y de los estudiantes mayoría de clase trabajadora. Podemos desglosar su contenido desde las declaraciones del ministro Subirats sobre las principales modificaciones que implicará la nueva ley: “La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) incorpora un compromiso de gasto del 1% del PIB. Este compromiso implicará una mejora de la infrafinanciación evidente de las universidades durante los años del Gobierno del PP”. La cuestión de la financiación es una de las más polémicas sin duda, después de que en los últimos 14 años se haya perdido un 20% de la inversión para las universidades, la nueva ley no pone a disposición los recortes de los últimos años. Es más, la formula del 1% del PIB en los próximos diez años es más que engañosa, la universidad necesita de una inversión directa por ob- jetivos que subsanen realmente todo el deterioro que han permitido los diferentes gobiernos. Podríamos afirmar que, en el mandato de la Unión Europea al Gobierno de reformar el sistema universitario en nombre de la internacionalización y la adaptación a los cambios, se esconde un continuismo en la austeridad de la LOU.

De la infrafinanciación surgen la mayoría de problemáticas cuando hablamos de años de recortes y deterioro de la universidad pública. La cuestión de las tasas, históricamente peleada por el movimiento estudiantil, la LOSU la menciona, pero queda también en papel mojado. Plantea que las tasas universitarias tengan un tope máximo, relegando así la tarea a las Comunidades Autónomas para que mantengan o bajen las tasas. La pregunta es: ¿acaso mantener las tasas desorbitadas actuales es un logro? ¿Cómo se pretende que las Comunidades Autónomas suplan una supuesta reducción de tasas si no hay más presupuesto? Con la misma inconsistencia se puede ver al largo de todo el redactado como las soluciones se quedan en los artículos, porque los medios para llevarlas a cabo no existen.

No menos importante para la carrera académica de los estudiantes son la cuestión de las prácticas, el acceso, la democracia interna y la docencia. Las prácticas dentro de la universidad pública es la oportunidad perfecta para que los empresarios tengan mano de obra barata, o en la mayoría de casos gratuita, la cual pueden ir renovando año a año.

El acceso a la universidad se calcula directamente por la oferta y la demanda, si hay X demanda de un grado y la oferta es Y, la nota de acceso será Z. Por lo que en la mayoría de ocasiones vemos como las carreras más necesarias socialmente (medicina, enfermería, etc..) quedan reducidas a un minúsculo porcentaje de jóvenes respecto a lo que los servicios públicos o sociedad necesitan.

La democracia interna en la universidad, es decir, como se toman las decisiones dentro de la ‘’autonomía’’ de la que goza la universidad como servicio público es un aspecto fundamental. La nueva ley viene a reforzar uno de los órganos más decisivos dentro de la universidad pública, como es el Consejo Social. Dicho Consejo es creado para dar representación a la sociedad dentro de la universidad, el cual puede gestionar los presupuestos de una universidad pública. Dentro del Consejo Social, tanto trabajadores como estudiantes están en minoría, donde los demás miembros ‘’representantes’’ de la sociedad gozan de gran mayoría. Escojamos la Universidad de Barcelona como ejemplo. Dichos ‘’representantes’’ de la sociedad gozan de gran mayoría. Escojamos la Universidad de Barcelona como ejemplo. Dichos ‘’representantes’’ de la población de Barcelona son Joan Corominas Guerin e Isolda Ventura Arasanz (entre otros), exdirector del Grup Sabadell y propietaria de un fondo especulador de inmuebles, respectivamente. Este es la naturaleza de quien en la universidad pública toma las decisiones.

El profesorado es el principal activo de la calidad en la enseñanza. Ahora bien, esto no depende de la suma de las capacidades por individuo, sino que tenemos que ver en qué condiciones los docentes trabajan. Existe actualmente un 40% de profesores asociados en las universidades públicas de todo el Estado. Los asociados vienen a cumplir el papel de profesionales externos a la universidad que colaboran aportando sus conocimientos. La realidad es totalmente diferente, desde la crisis del 2008 la mayoría de puestos de docencia se han ido cubriendo con plazas de asociados, lo cual ha supuesto que un colectivo mayoritario en la universidad esté en una precariedad absoluta. Ahora, la LOSU quiere reducir al 8% la temporalidad, haciendo indefinidos a más de 25.000 asociados. El máximo de horas que pueden realizar en un curso es de 120 horas, esto es, cronificar la precariedad convirtiendo en pluriempleados a los docentes universitarios.

En definitiva, la LOSU aprobada recientemente no es más que la consolidación de una universidad precaria y deficitaria en su principal misión: dotar de conocimiento e investigación a la sociedad. Es más que necesario que desde sindicatos a organizaciones de izquierda pongamos encima de la mesa la necesidad de un nuevo redactado.

Víctor Iniesta

Defender la sanidad pública

La sanidad pública es uno de los pilares del «Estado del Bienestar» que constituye el denominado «salario social», es decir, aquella parte de nuestro salario que nos es devuelto en forma de educación pública, sanidad pública y otros derechos sociales. Pero bien sabemos que los derechos sociales solo pueden existir cuando hay servicios públicos que lo garantizan y cuando esos servicios públicos tienen el personal, los medios y los fondos suficientes.

La sanidad pública es la que nos iguala a todos en la prestación de servicios dedicados a proteger o recuperar nuestra salud, pero desde hace algunos años, los fondos de inversión privados han fijado sus ojos en los servicios públicos ansiosos de hincar el diente al suculento salario social y en particular en la sanidad.

Tal y como afirmamos en la editorial, «La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto«.

Ahora que se acercan elecciones municipales y en algunas comunidades, también autonómicas, las políticas de salud deben estar en el centro del interés de los programas electorales porque la recuperación de un modelo de sanidad público de calidad no cae del cielo sino de la inversión económica en sanidad.

La atención primaria, las urgencias, la hospitalaria, la salud mental, el transporte sanitario necesitan personal bien cualificado y bien remunerado e infraestructuras y equipamientos adecuados. Es la lucha por el principal pilar de nuestro estado de bienestar que está siendo desmantelado y des- prestigiado en beneficio de las mútuas privadas, y de los fondos de inversión que buscan rentabilizar su capital convirtiendo los servicios públicos en servicios externalizados,privatizados, a los que se deja de calificar como públicos para rebautizarlos con el eufemismo de «servicios de interés general». No es nada nuevo. Ya lo advertíamos en febrero de 2019, en el TS99: «Es notoria y pública,la lamentable situación de la sanidad pública en Madrid, con desvío de fondos constantes a la sanidad privada, hospitales de gestión pública-privada, carencias graves de medios y personal, falta de modernización de instalaciones, etc...».

Tampoco es algo exclusivo de Madrid, en Cataluña, donde no gobierna el PP, la sanidad está sufriendo la privatización de igual manera. De hecho, los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Gobierno de Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…

La sanidad privada, sin embargo, ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó en 2019, 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados. Hoy, el 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.

Los vampiros de la sanidad pública no entienden de fronteras y encuentra sus aliados naturales en los gobernantes de la derecha, como es el caso de Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía, por citar tan solo dos ejemplos. Están conviertiendo la sanidad pública en un lucrativo negocio privado, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en todas partes, en detrimento del servicio público que nos iguala y que es nuestro, ¡Hay que pararlos! y exigir a los partidos, en mi caso, mi partido es el PSC, a que se comprometa a revertir la situación, y eso solo se hace con partidas presupuestarias concretas para invertir en lo público y no en lo privado.

La sanidad, la educación o las pensiones son patrimonio de todos los trabajadores, por lo que los que aspiramos a ser partido de representativo de la clase trabajadora, tenemos deberes para demostrar que no es lo mismo un partido que otro.

Baltasar Santos
Miembro del Comite de Redacción de Tribuna Socialista

¿Que nos pasa?

A las gentes que tenemos ciertas ideologías progresistas, nos debe de estar atacando un virus, que nos impide alcanzar acuerdos con el fin de acumular esfuerzos que nos conduzcan a nuestro meta, que no es otra que conseguir una sociedad justa, hace siglos que lo venimos intentando, pero no acabo de entender porque es tan difícil de conseguir.

Realmente, ¿nos importa a todos el bienestar y la igualdad de oportunidades sociales, de educación, de trabajo, de cultura, etc.?, o lo que realmente queremos, es conseguir que nuestro proyecto individual sea el que gane, independientemente de si es el mejor o no, al margen de si el de los otros que piensan como yo, que se parece mucho al nuestro pero claro, no es el nuestro y si gana el mío, el grado de (ego)admiración que tengan por mi será superior al del colega, aunque en nuestro fuero interno sepamos que el suyo es mejor.

Yo, empiezo a estar harto de machos Alfa, que piensan que son los más solidarios y de féminas que se creen en posesión de la verdad absoluta, es que nunca vamos a ser capaces de sentarnos y contrastar ideas y adoptar la mas eficaz para nuestro fin, que es o debería de ser el mismo.

También estoy harto, de lideres que ostentan incluso en el nombre de su partido la palabra IZQUIERDA, verles negar su voto a leyes progresistas, votando con la derecha más retrograda, por el simple hecho de que no se cede a sus pretensiones nacionalistas trasnochadas.

Estoy harto así mismo, de esos lideres que esconden su machismo desmesurado, detrás del nombramiento democrático de su sucesora y cuando esta demuestra su carácter democrático y su valía considerablemente superior, le pone palos en las ruedas y bombas en su línea de flotación.

Estoy harto también, de esas ministras que creen que solo ellas son feministas, pero no tienen el grado de humildad necesario para reconocer cuando se equivocan, como nos equivocamos todos, ejerciendo la gran virtud de rectificar a tiempo, pero su orgullo mal entendido no se lo permite, consiguiendo siempre el efecto contrario al feminismo.

Para colmo, gentes que en su día fueron iconos del progresismo, parecen haber perdido toda capacidad cognitiva de sus en su día brillantes cerebros, para en un último afán de protagonismo inútil, intentar de la mano del fascismo disfrazado, destruir los pocos logros sociales que se han venido consiguiendo, promoviendo un intento grotesco y absurdo de acoso y derribo de este gobierno, pero desde el lado de la extrema derecha mas retrograda de todos los tiempos, consiguiendo solamente la destrucción de la poca dignidad que le quedaba, al protagonista de este circo, que quizás carecía de la capacidad de decidir con lucidez, pero que al parecer nadie de su entorno, tuvo la suficiente como para aconsejarle impedir ese ridículo .

Sera verdad, que existe ese virus que nos ataca solamente a los que tenemos ideologías progresistas, o es que este país necesita que recordemos lo que pasa, con un proceso de gobiernos de derechas apoyados o mejor dicho dirigidos por la extrema derecha, será que los españolitos necesitamos atravesar por un cáncer para poder prevenir un resfriado.

Señoras y señores de nuestro querido PSOE, de Podemos, de PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG y las abstenciones de ERC y EH Bildu., de verdad piensan que me puedo creer, que nuestras ideologías ¿están tan alejadas, que impiden el acuerdo en los temas básicos que mejoren la vida a los mas necesitados?. Dejen sus egos y sus exigencias particulares colgadas en la puerta de la sala de reuniones y trabajen por la sociedad en común, no solo por su parcela, eso no es progresista eso es profundamente clasista y elitista.

Paco Ascón
23 de marzo de 2023

¿EL FIN DEL SAQUEO DE EXTREMADURA?

En 1978, Mario Garivia, José Manuel Naredo y José Serna coordinaron un libro publicado en Ruedo Ibérico que llevó por título, Extremadura Saqueada. En él se analizaba el impacto del Plan Badajoz (1952) en Extremadura, un simulacro de reforma agraria. Los objetivos del plan eran la colonización, industrialización y electrificación de la región. El primero de ellos consistía en convertir a los campesinos en pequeños empresarios, el segundo fue claramente insuficiente y el tercero se basó en la construcción de centrales hidroeléctricas. Transformó, mediante la construcción de pantanos y canales, la tradicional agricultura extensiva y de secano en agricultura intensiva y de regadío. En realidad, el Plan Badajoz fomentó el saqueo de los recursos naturales extremeños que, a modo de colonia, fue espacio de inversión en aras de obtener grandes cantidades de productos agropecuarios para los grandes núcleos urbanos fuera de la región, así como una gran producción energética extraída de los nuevos complejos hidroeléctricos, cuyo excedente se exportaba sin dejar ningún beneficio para los habitantes de las dos provincias más grandes de España. La carencia de inversión industrial no energética provocaría una de las migraciones más sangrantes de la historia extremeña, al igual que en otras regiones de la España rural, que se saldó con 600.000 emigrados forzosos a Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania y Suiza.

En los últimos años, Extremadura se ha convertido en el punto de mira del Gobierno y numerosas multinacionales. El calentamiento global, y en especial la guerra en Ucrania, han obligado a Europa y España a realizar una transición energética para no depender tanto de las energías fósiles rusas, una transición que pasa por el uso de energías renovables y el impulso de una nueva industrialización verde. Los datos lo confirman: el índice de producción industrial más alto del país a inicios de 2023 estaba en Extremadura, con 24 puntos, seguido por Madrid con 10,1. Llegaron las energías renovables. En 2020, las numerosas plantas fotovoltaicas construidas en la región producían ya casi los mismos MW que las heredadas centrales hidroeléctricas del Plan Badajoz. Las plantas fotovoltaicas de San Serván (Badajoz), Ceclavín (Cáceres) y la planta Francisco de Pizarro (Trujillo), esta última la más grande de toda Europa, cubren cientos de hectáreas donde antes había ganado extensivo. Frente al discurso oficial de que la transición energética en Extremadura es la base de la transformación económica y social que necesita la región, que dejará numerosos puestos de trabajo de calidad y frenará la emigración silenciosa que sigue afectando a toda la región, la realidad es otra.

Los cientos de empleos generados para la construcción de estas enormes plantas fotovoltaicas han sido más que precarios y no han favorecido para nada el asentamiento de posibles migrantes. Todas las plantas, pertenecientes a Iberdrola, utilizaron numerosas empresas subcontratadas que en el mejor de los casos pagaban las horas extraordinarias a 10 €. Muchas de estas empresas pagaban el salario base por debajo de los convenios colectivos para las industrias siderometalúrgicas de las provincias de Cáceres y Badajoz. La jornada era de nueve horas, no de ocho, y la extra obviamente no la pagaban o la pagaban muy por debajo de lo que establecían los convenios (algo más de 16 €). Sé de lo que hablo, a mi antiguo jefe le tuve que recordar que la jornada laboral de ocho horas se había establecido en este país hace más de cien años, en 1919, por Real Decreto, tras la huelga de la Canadiense en Barcelona. Parece mentira que la industrialización en pleno siglo XXI, ya sea verde o negra, se haga a expensas de los trabajadores y no en su beneficio, a la vez que se estafa a la Seguridad Social. A esta desvergüenza empresarial, financiada y apoyada por la Junta, habría que añadir el agravio comparativo existente entre los trabajadores extremeños y los del resto del país. Las leyes laborales extremeñas han garantizado mano de obra barata y no conflictiva. Cabe recordar aquí que los convenios laborales extremeños son de los peores de toda España, que el coste laboral por trabajador es de los más bajos, solo superado por las Canarias, con una media de 2.479,20, al igual que el coste salarial por trabajador y mes, que está en 1.866,23 (INE), lo que aporta un salario medio anual de 20.479,30. Una vez terminada la planta fotovoltaica, cientos de trabajadores regresan a las colas del SEPE, ampliando esa tasa de paro, de las más elevadas del país con un 17,62% según datos actualizados del INE, solo superada por nuestra vecina y homóloga Andalucía con un 19%. Trabajo temporal y precario, ese ha sido el impacto sociolaboral de las nuevas energías renovables en Extremadura. ¿Algún beneficio en el consumo de energía? Extremadura, como buena colonia, es la región que más energía genera del país, un 487,7% de la electricidad que consume según datos del 2021. Ni empleo estable ni rebaja en el precio de la luz. Como diría Manuel Cañada (2020, Otra Extremadura. Materiales para una historia alternativa de Extremadura), el extremeño paga dos veces a las empresas que explotan su territorio, una con el dinero público facilitado por la Junta y otra con los recibos de la luz.

Extremadura se vacía. En 2021 era la cuarta comunidad autónoma con más defunciones por cada mil habitantes (11,68, INE), por detrás de Asturias, Castilla y León y Galicia. De 1.054.776 habitantes en 2022 según la población inscrita en el padrón, la población proyectada para 2037 por el INE es de 1.002.305. El envejecimiento propio de la España Vaciada deriva de la falta de expectativas laborales estables y de calidad para los jóvenes, que siguen emigrando a los grandes núcleos urbanos del país, especialmente Madrid. En Mérida, el pasado 12 de marzo, Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura por el PSOE, dijo que la llegada de las nuevas industrias verdes supondrá “una venganza histórica de la Extremadura saqueada de los años sesenta». Eso está por ver. En efecto, paralelamente a la construcción de grandes industrias energéticas, se están consolidando fastuosos proyectos industriales como el mayor matadero de cerdo ibérico de Europa en Olivenza, la fábrica de condensadores de litio en Badajoz, la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata o la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo construida por la multinacional estadounidense Diamond Foundry. La inauguración de esta última a principios de marzo de este año tuvo un acto simbólico un tanto surrealista que nos recuerda a la película de Bienvenido, Mister Marsahall, tras enterrarse un cofre con prensa del día, un crucifijo bendecido por el cura de Trujillo y una esclava de oro introducida por una mujer del pueblo que daba por concluida la inauguración. Estas nuevas industrias, especialmente las de condensadores y baterías de litio, necesitan de dicho mineral, que no por casualidad está en Extremadura. Conseguidas ya las licencias de la mina de litio en Cañaveral, la mina prevista para extraer litio en Cáceres se consiguió parar gracias a la presión de la plataforma ciudadana, Salvemos la Montaña. El impacto medioambiental y de salud pública que puede generar este tipo de minas sería brutal en una de las regiones de España con más figuras de protección del medio ambiente. Según los datos del INE, en 2020 Extremadura era la segunda de las regiones que menos gasto total usaba en protección ambiental, a la vez que era la primera que menos invertía en protección ambiental.

La situación actual es clave en la transformación de la sociedad extremeña. La denominada industrialización verde es no solo una necesidad para España, sino una oportunidad para Extremadura, eso es indudable. ¿Pero a qué coste? ¿A costa del medio ambiente, de minar ese paraíso natural de Europa llevado al cine por Carlos Pérez Romero? ¿A costa de los trabajadores, de su precariedad y la salud ciudadana? ¿Nos encontramos realmente a las puertas del fin del saqueo de Extremadura? La movilidad de las asociaciones y plataformas ciudadanas extremeñas, la voluntad política regional, la organización de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y el apoyo de los sindicatos mayoritarios a esta causa condicionarán el futuro de Extremadura en los próximos diez años. Y termino aquí, sin hablar del tren, que daría para otro artículo.

Rodrigo Muñoz Mártinez
Miembro de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)

Matadlos

Dirás que vaya titular tan malvado, que no se debería utilizar nunca una palabra como esa. Que eso de “Matadlos” es demasiado horrible, cruel y diabólico.

El gran problema, el gran bochorno, es que lo diga una responsable de la esfera pública. No ha sido un desliz, lo ha pensado, lo ha escrito y lo ha divulgado. “Hoy la izquierda está acabada. Matadlos”, le escribía Isabel Diaz Ayuso, presidenta diabólica de la Comunidad Autónoma de Madrid y líder del PP de Madrid, a sus diputados y diputadas.

No contentos con ese “Matadlos”, el Sr. Maroto, portavoz del PP en el Senado, afirma con rotundidad, que hay que trasladar a la sociedad que “no hay un socialista bueno”.

Este es el modelo de convivencia que quiere el PP para nuestra sociedad, pensar y divulgar “matadlos”, y pensar y decir que “no hay un socialista bueno”. La verdad es que dan susto, parecen más cercanos a los franquistas (fundadores de su partido) que a cualquier esfera democrática.

El gran problema es que son capaces de hacerlo, lo hicieron ya hace 87 años y durante demasiado tiempo, y actualmente han mostrado ser muy eficaces dejando morir a miles de ancianos en las residencias de mayores de la Comunidad madrileña.

A nivel personal, una dice que me maten, el otro que solo muy malo. Soy nieto de socialista (a mi abuelo, sí que lo mataron), hijo de socialista y socialista, y no tengo miedo a desequilibrados que digan esas barbaridades… aunque sus hechos indiquen que quieren volver por sus andadas y levantarse contra el gobierno legítimo y democrático.

Decía que soy de familia socialista y nunca me enseñaron ni a despreciar, ni a odiar a nadie, independientemente de su ideología.

Tengo amigos del PP que son muy buena gente y los quiero… aunque también es cierto que hay otros muchos que son unos verdaderos hijos/as de puta.

Rafael Fuentes
Militante socialista de Málaga

Crónica del acto organizado por ASTRADE ¡Alto a la Guerra!

El jueves 23 de marzo, en la Agrupación Socialista de Buenavista, en Madrid, el acto/ debate sobre la Guerra de Ucrania, con el lema » Alto a la Guerra «.

Comenzó interviniendo Jesús Jaén, de la Asociación Leodile Bera, quien fijó un punto común, aceptado por todos, en torno a la deseada y necesaria PAZ. «Nosotros, además, partimos de fijar quien es el responsable de la agresión, y quien el agredido, y aquí tanto en 2014 como 2022 es claramente Putin«, » Ansiamos la paz, pero comprendiendo quién es el agresor y quién se defiende«, dijo.

Durante su intervención, recalcó que entendía los argumentos de la responsabilidad de la OTAN, en las circunstancias previas, pero mantiene que quien causa la guerra, ahora, es Rusia. Igualmente observó que la inclusión del relato de la guerra del Donbás podía más que esclarecer los precedentes, justificar con argumentos historicistas posiciones que no establecen responsabilidad, y si justificaciones de uno u otro bando.

Asimismo, comentó que observar el conflicto como una guerra de potencias, guerra geoestratégica, nos puede llevar a abstraernos de la evidente destrucción física de Ucrania, y del genocidio de su población; para él tiene el mismo rango que la invasión norteamericana de Vietnam, y por tanto asiste a Ucrania, a su Gobierno, su derecho a la defensa, y en su opinión a recibir ayuda tanto militar como humanitaria… Así, se asemeja a las consecuencias funestas que tuvieron las políticas de «no intervención» respecto de Inglaterra y Francia para con España durante la Segunda República.

En cuanto a la propuesta de China considera que habla de paz, pero se escora hacia Rusia, al no establecer responsabilidad en la culpa, y no reconoce la agresión. Rusia, dice, es imperialista, y Putin debe ser frenado.

Tras esta intervención, tomó la palabra Roberto Tornamira por la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE). Roberto es, además, miembro de la Coordinadora Estatal del Comité para la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), plataforma que en España está promoviendo el Manifiesto internacional ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego sin condiciones!

Roberto establece también un principio irrenunciable: la paz y considera que para ello lo más urgente es que pare la guerra. Ve contradictorio que se busque la paz alimentando la guerra con el envío de armas.

En primer lugar, da algunos datos sobre la figura de Putin, para despejar cualquier duda sobre qué este individuo nada tiene que ver con la revolución de 1917, ni con la extinta URSS, ni siquiera con la etapa más degenerada del estalinismo. Putin fue un abogado del KGB, un burócrata, que en 2001 dio el relevo a Yeltsin y que lidera un partido, Rusia Unida, que se declara conservador, nacionalista y que está en la derecha de la actual Duma.

Putin es el líder de un Estado oligárquico, que defiende los intereses de los que se apropiaron de los sectores estratégicos de la URSS. Pone de ejemplo a Roman Abramovich, presidente de SIBNEFT (más conocido por haber sido dueño del Chelsea), a Igor Sechin, presidente de ROSNEFT, a Alesey Miller, presidente de GAZPROM, Alisher Usmanov, presidente de METALLOINVESTE y Nicolai Tokarev, presidente TRANSNEFT, entre otros muchos propietarios de empresas gasistas, petroleras, mineras o metalúrgicas.

Estamos ante una guerra que, al igual que la IGM, tras el atentado de Sarajevo, tenía tras de sí la lucha entre imperialismos por las colonias, para apropiarse de las materias primas, esta guerra tiene una trastienda en la que se dirime, desde antes de que se iniciase el conflicto, la lucha por el mercado de la energía y los combustibles y sus rutas de distribución. Dio algunas cifras que retratan esta teoría: En 2012, antes de la llamada revolución del Maidan, la UE compraba energía a Rusia por valor de 157.000 millones de euros, en 2021, esa cifra había caído un 31,2%. En enero de 2020, el 43% del Gas que se consumía en Europa llegaba de Rusia, en noviembre de 2023, sólo el 12,9%.

En julio de 2018, la UE cerró un acuerdo con los EE.UU, denominado “Área de Energía”. Este acuerdo fue firmado en Washington por el presidente de la UE, el Sr. Junker y el presidente de los USA, el Sr. Trump. En los nueve meses que transcurrieron desde la firma de ese acuerdo, de julio de 2018 a marzo de 2019, los EE.UU., incrementaron sus exportaciones de Gas licuado (GNL) a la UE en un 181%.

Las inversiones que se están haciendo en construcción de infraestructuras para la exportación de GNL, como el puerto que CHENIERE está construyendo en Texas, son macro inversiones a largo plazo para aumentar más aun las exportaciones de GNL desde los EE.UU. Estas inversiones son coherentes con la postura de la Administración Biden de mantener la guerra el tiempo que sea necesario. También son coherentes con la aprobación del mayor presupuesto de guerra de los USA para 2023, 858.000 millones de dólares, una cifra que, según la ONG World Beyond War; “Sólo con el 3% del gasto militar de los EE.UU., se acabaría con el hambre en el planeta”. A lo que Putin ha respondido con que el presupuesto para la guerra será ilimitado.

Es por tanto, en su opinión, una lucha de sectores energéticos que protegen «su petróleo», “su gas”… donde Estados Unidos pretende sustituir a Rusia como máximo suministrador de Europa, configurando una guerra económica con el pretexto de ayuda a un pueblo masacrado incluido.

Concluyó diciendo que la mejor manera de defender al pueblo ucraniano es parando la guerra de inmediato. Y no solo al pueblo ucraniano, a todos los pueblos de Europa, pues en paralelo se está desarrollando una guerra social, con el Tsunami inflacionario que está saqueando salarios y pensiones y con los ataques a los sistemas de protección pública: pensiones, sanidad, educación y dependencia.

Tras las exposiciones, tomaron la palabra algunos de los presentes:


Gloria Campos. Comparte lo expuesto por Jesús y Roberto, ambos tienen razones de peso. La guerra es un negocio próspero donde Rusia invade otro país, y acaba siendo un negocio, con no sólo la masacre de un pueblo por bombas, sino además un continente, África, desolado por la falta de alimentos.

Rusia da miedo, Zelenski es un actor, y China…??? Pero cree que es necesario seguir enviando armas.

Miguel Sagües: Está de acuerdo con Gloria respecto a que la guerra debe parar; pero expresa que tanto miedo le produce Rusia como Estados Unidos por su tradicional militarismo, y cree que la propuesta China no debe desdeñarse a pesar de las justificadas dudas…y no queremos enviar más armas, aunque, ¿qué hubiese hecho Putin sin tener enfrente esas armas?

Juan Fernando Martínez: Comparte la visión de Roberto, y pone el acento en la influencia de los Medios de Comunicación, que trasladan una visión parcial, utilizando el sufrimiento de las personas. Es como la representación de una obra de teatro, un drama.

Manuel Cusó: Manifiesta que su visión coincide con Roberto, porque ¿quién sufre? los pueblos, ucraniano, ruso… mientras que son los gobiernos quienes quieren la guerra. Son los trabajadores quienes se manifiestan contra la guerra.

Los pueblos son masacrados o perseguidos, mientras se financia la guerra con un esfuerzo económico que solo beneficia a unos pocos y a determinada Industria. Paz, sí, pero para las personas. Y, para ello, deben movilizarse los obreros europeos.

Jesús Jaén, comenta enfadado, que un debate debe fijar responsabilidad, y no convertirse en su opinión en un simple antiamericanismo. Debemos ver la agresión que sufre Ucrania, defender la Paz, y ayudar a quien sufre, humanitariamente, y con armas.

Roberto Tornamira: Desear la Paz, y exigir Alto a la Guerra, no hace que perdamos de vista cuales son las circunstancias, y de quienes es la responsabilidad, y si, ayudemos, pero sin cerrar los ojos a las consecuencias de no ver el problema en su conjunto, en toda su dimensión. La solución pasa por la movilización de masas. La paz debe exigirse, de lo contrario los gobiernos se mantendrán sordos.

Eduardo Hernández
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Detener la matanza, alto al derramamiento de sangre

Trece meses después del inicio de la guerra ésta no ha hecho sino incrementar su crueldad dejando un rastro de muertes y destrucción masiva, mientras tanto Putin sigue bombardeando ciudades y los Gobiernos europeos, subordinados a Biden siguen alimentando el fuego guerrero con el envío de armas, adiestramiento de soldados y el apoyo financiero a Zelenski convertido en portavoz del presidente americano.

El aumento del gasto militar en Alemania supone 100.000 millones cruzando una línea roja hasta el momento no cruzada desde la II Guerra Mundial, los diferentes Gobiernos europeos han llevado a cabo aumentos presupuestarios en las partidas militares disciplinándose de esta forma a los dictados de EEUU, que no parece tener ningún interés en que se acabe la guerra, si tenemos en cuenta el envío de armas y material de guerra que no cesa de enviar. Los envíos de armas y dinero son el billete de entrada en la guerra, guerra que no es de los pueblos sino a intereses ajenos a los pueblos mismos.

Cada vez más voces señalan que el viaje del primer ministro británico, Johnson se desplazó a Kiev para parar un acuerdo alcanzado entre Ucrania y Rusia en Estambul a finales de marzo primeros de abril del pasado año.

La OTAN y la ONU aparecen como organismos de guerra inhabilitados para cumplir ninguna misión ni mediación de paz, sin embargo, la paz es posible, y la primera condición para la paz es la retirada inmediata y sin condiciones del ejército de Putin y el cese inmediato del envío de armas a Zelenski.

Estados Unidos ha declarado la guerra a Europa, comercial y socialmente. La exigencia del presidente americano Bien a Alemania, de que rompa con Rusia puede suponer una caída del 12% del PIB y cinco millones de desempleados.

Pero la movilización contra la guerra se hace cada vez mayor. La respuesta dada el día 25 de febrero, aniversario del estallido de la guerra, que reunió a más de 50.000 personas en la Puerta de Brandemburgo de Berlín, respondiendo al llamamiento de Alice Schwarcer y Salira Wagenknecht, para oponerse a la guerra y por la paz, manifestación que sus organizadores valoran como la más numerosa en los últimos dos decenios, fue un éxito rotundo a pesar de las fuertes presiones que se realizaron para que fracasase, además de la campaña de calumnias emprendida contra sus convocantes.

Al calor de esta movilización se realizó una conferencia el día 4 de marzo con la participación de más de 150 participantes, entre los que se encontraban numerosos sindicalistas, diputadas y movimientos sociales que exigían al gobierno de Scholz y los Verdes que detengan la matanza, el cese del envío de armas para la guerra y que no se sienten representados por un gobierno que participa de la guerra.

Es el inicio de un gran movimiento al que se tendrá que enfrentar la coalición gubernamental del Partido Socialdemócrata Alemán y Los Verdes, convertidos en auténticos belicistas.

El lunes 27 hay convocada una huelga por el sindicato Ver. Di que representa a más de dos millones de empleados públicos y el sindicato EVG que representa a 230.000 trabajadores del sector del transporte, incluidos los trabajadores del Deutsche Bahn, Ver.di, exige una subida salarial del10,5 y EVG una subida del 12%, la inflación en Alemania registro una media en 2022 del 7,9%, el Gobierno alemán niega subidas salariales mientras aumenta en gastos militares en 100.000 millones, difícil de explicar, tanto en Berlín como en Madrid. Tambores de movilización suenan por toda Europa.

La lucha contra la guerra y la defensa de los derechos sociales y los salarios dignos aparece cada día inevitablemente más relacionada.

El ofrecimiento del presidente chino Xi Jinping para hacer de mediador es una propuesta que debería ser tenida en cuenta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para impulsar una verdadera propuesta de paz y parar la matanza de seres humanos que está ocasionando esta guerra criminal.

José Antonio Iniesta
Militante de la agrupación sociales del PSC en Sant Boi
Miembro del comité de redacción de Tribuna Socialista

Reforma de las Pensiones. Basta de canciones

No estoy de acuerdo con la reforma de las Pensiones que el Gobierno ha acordado con los sindicatos UGT y CCOO, no por el conjunto de su contenido, sino por el hecho mismo de reformar el sistema. Y ahora lo explico.

Afirmo que mi discrepancia nada tiene que ver con la hipocresía desplegada por el PP y la CEOE. Estos no están de acuerdo porque la reforma no recorta las pensiones, en general, ni endurece el acceso. Para para la derecha política y económica es una cuestión de principios. Y además porque están en campaña, el PP lleva en campaña desde la noche del 10 de noviembre de 2019 y está contra que gobiernen otros que no sean ellos.

En lo que coinciden todos: Gobierno (PSOE, IU -con su traje nuevo “Sumamos”- y Podemos), los sindicatos UGT y CCOO, los partidos que han anunciado su apoyo, ERC, Buildu, PNV… y los tres más de derechas: PP, VOX más lo que queda de C´s, es en que el sistema no es sostenible y hay que hacer reformas para hacerlo sostenible.

Es en el mantra de la insostenibilidad en lo que no puedo estar de acuerdo, pues se parte de una base falsa: se insiste en que hay que subsanar la insostenibilidad del sistema.

Llevan diciendo que el sistema es insostenible desde la década de los 80 de pasado siglo, y desde entonces, bajo distintas “canciones”, lo han ido reformando: para modernizarlo, para hacerlo sostenible, porque nos obliga la UE… Cambian la música, pero la letra siempre es la misma. El estribillo de ahora es que se está comenzando a jubilar la generación de “baby boom”.

Esta reforma es continuidad, secuela o segunda parte de la anterior reforma, la de diciembre de 2021, plasmada en la Ley 21/2021. En esa primera parte se introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), a cambió del “Factor de Sostenibilidad” que introdujo la reforma impuesta por el PP de Rajoy, en 2013; factor que vinculaba la pensión a la esperanza de vida, con lo que se perdía pensión pues la cuantía fijada en la Base Reguladora se dividía entre más años que viviría el sujeto receptor de la pensión, si es que llegaba con vida a esos años estadísticos. Con el MEI no pierdes pensión en el cálculo de la misma, pero trabajadores y empresas pasaban de pagar un 0,1% y un 0,5% más de lo que se venía pagando, respectivamente. Es decir, que los trabajadores, antes de diciembre de 2021, pagaban un 4,7% y pasaron a pagar un 4,8% y los empresarios pasaron de pagar el 23,60% al 24,1%. La reforma actual, duplica esos porcentajes, por lo que a partir de ahora pasarán a pagar 4,9% los trabajadores y 24,6% las empresas, incremento que se hará a razón de una décima anual hasta 2029.

Es decir que no se bajan las pensiones, pero los trabajadores cotizarán más. Es lo que los técnicos del ministerio llaman: incrementar los ingresos en lugar de aplicar recortes. Cada cual que lo valore como quiera. En mi opinión, no quiero que me rebajen la pensión futura, como han hecho en reformas anteriores ni que me cobren más, como ocurre en esta reforma actual, no en tanto las cuentas de la Seguridad Social no estén claras.

Esta bien la solución salomónica de mantener los 25 años actuales para de computo para hallar la Base Reguladora y con el aumento a 29 años -un paso más hacia que sea toda la vida laboral- que proponía el ministro. Veremos durante cuantos años se mantiene la opcionalidad.

Podemos, IU (¿Sumar?), y el PSOE, deberían explicar por qué se penaliza a los trabajadores que cobran por encima de los 4.495,38 € -nuevo tope de cotización que se establece- ¿son también “grandes fortunas”? pues mientras que este tope crecerá a razón del IPC-1,2%, hasta 2050, la pensión máxima, que se estable en 3.058,81 €, solo se incrementará en un ripio 0,0115%.

No entro en más por menores de la reforma e insisto en que mi rechazo no es por su contenido. Mi rechazo a esta reforma, a las anteriores y a las que vengan no cambiará mientras no se cumpla, enteramente, la Ley 21/2021, en concreto su disposición adicional sexta, donde se establece que el Gobierno debería haber encargado un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social a lo largo del mes de enero de 2022 y que presentaría ese informe a lo largo del primer semestre del mismo año. Informe que tiene que abarcar el periodo 1967 a 2019.

Este compromiso incumplido, hasta hoy, se tomó en base a que el Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe, en 2020, en el que decía que el Estado ha utilizado, indebidamente, 103.000 millones de euros de las Pensiones públicas, sólo en el periodo 1989 a 2013. Es decir, que el Estado le debe a las Pensiones esa cantidad, como mínimo. Una práctica que, por lo informado por Tribuna de Cuentas del Estado, han mantenido todos los gobiernos desde antes y después de la Transición.

¿Por qué no se ha encargado ese informe de Auditoría, antes de llevar a cabo otra reforma?

¿Con qué criterio se asegura que el sistema no es sostenible, cuando el Estado es deudor del sistema de Pensiones públicas?

¿Por qué se le hace cotizar más a los trabajadores, sin previamente tener el informe Auditoría que el Gobierno se comprometió a encargar, y por tanto está obligado a encargar?

Las direcciones de UGT y CCOO deberían explicar por qué han renunciado a la exigencia que aprobaron en sus congresos de 2021, de que se realice un Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

No se debería realizar ninguna reforma de las pensiones sin, previamente, conocer la verdadera situación económica de las cuentas de la Seguridad Social y sin que el Estado se ponga al día de sus deudas.

Si a los bancos se les dio más de 100.000 millones para sanearse, dinero que nadie los ha reclamado, mucho más justificado está que al Sistema de Pensiones se le dé el dinero que se le sustrajo, sea está la cantidad que sea.

Deteriorar permanentemente el Sistema de Pensiones Públicas sólo se entiende si se pretende fomentar los sistemas privados de pensiones. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hace el Gobierno de Ayuso, en Madrid, con la Sanidad Pública?

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

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