Defender la sanidad pública

La sanidad pública es uno de los pilares del «Estado del Bienestar» que constituye el denominado «salario social», es decir, aquella parte de nuestro salario que nos es devuelto en forma de educación pública, sanidad pública y otros derechos sociales. Pero bien sabemos que los derechos sociales solo pueden existir cuando hay servicios públicos que lo garantizan y cuando esos servicios públicos tienen el personal, los medios y los fondos suficientes.

La sanidad pública es la que nos iguala a todos en la prestación de servicios dedicados a proteger o recuperar nuestra salud, pero desde hace algunos años, los fondos de inversión privados han fijado sus ojos en los servicios públicos ansiosos de hincar el diente al suculento salario social y en particular en la sanidad.

Tal y como afirmamos en la editorial, «La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto«.

Ahora que se acercan elecciones municipales y en algunas comunidades, también autonómicas, las políticas de salud deben estar en el centro del interés de los programas electorales porque la recuperación de un modelo de sanidad público de calidad no cae del cielo sino de la inversión económica en sanidad.

La atención primaria, las urgencias, la hospitalaria, la salud mental, el transporte sanitario necesitan personal bien cualificado y bien remunerado e infraestructuras y equipamientos adecuados. Es la lucha por el principal pilar de nuestro estado de bienestar que está siendo desmantelado y des- prestigiado en beneficio de las mútuas privadas, y de los fondos de inversión que buscan rentabilizar su capital convirtiendo los servicios públicos en servicios externalizados,privatizados, a los que se deja de calificar como públicos para rebautizarlos con el eufemismo de «servicios de interés general». No es nada nuevo. Ya lo advertíamos en febrero de 2019, en el TS99: «Es notoria y pública,la lamentable situación de la sanidad pública en Madrid, con desvío de fondos constantes a la sanidad privada, hospitales de gestión pública-privada, carencias graves de medios y personal, falta de modernización de instalaciones, etc...».

Tampoco es algo exclusivo de Madrid, en Cataluña, donde no gobierna el PP, la sanidad está sufriendo la privatización de igual manera. De hecho, los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Gobierno de Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…

La sanidad privada, sin embargo, ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó en 2019, 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados. Hoy, el 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.

Los vampiros de la sanidad pública no entienden de fronteras y encuentra sus aliados naturales en los gobernantes de la derecha, como es el caso de Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía, por citar tan solo dos ejemplos. Están conviertiendo la sanidad pública en un lucrativo negocio privado, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en todas partes, en detrimento del servicio público que nos iguala y que es nuestro, ¡Hay que pararlos! y exigir a los partidos, en mi caso, mi partido es el PSC, a que se comprometa a revertir la situación, y eso solo se hace con partidas presupuestarias concretas para invertir en lo público y no en lo privado.

La sanidad, la educación o las pensiones son patrimonio de todos los trabajadores, por lo que los que aspiramos a ser partido de representativo de la clase trabajadora, tenemos deberes para demostrar que no es lo mismo un partido que otro.