Intervención en la Conferencia Obrera Europea

Juan Antonio Carnés

9 de abril de 2022

El movimiento de pensionistas a nivel del Estado español por la defensa del sistema Público de Pesiones, se ha convertido en un referente de defensa de las reivindicaciones y derechos sociales de la clase trabajadora y de transparencia democrática. Ciertamente, como se pone de manifiesto en los documentos y escritos de COESPE:

» Afrontamos una situación muy díficil. El poder financiero ha conseguido una amplia mayoría parlamentaria que da cobertura a la contra reforma. La compra de voluntades de los diputados de diversas fuerzas políticas, debemos enterderlas como un producto de la corrupción y de la fuerza del poder a la sombra del sector financiero. Un poder que soborna, presiona, ofrece puertas giratorias, amenaza con campañas de prensa contra aquellos que se les opongan y financian campañas electorales y partidos políticos. Sin embargo, ello no hubiera sido suficiente, como muestra el caso francés: Macron tenía también mayoría parlamentaria y no pudo aplicar su reforma. Pero a diferencia de Francia, contra nosotros el poder financiero ha logrado el apoyo de las direcciones sindicales mayoritarias, que de espaldas a sus afiliados ha aceptado la lógica de la reforma y que algunos la tratan de defender publicamente». También es cierto que existen honradas excepciones como lo demuestran las Parlamentarias y Parlamentarios que están a favor de la Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Nuestro combate en defensa de las pensiones como salario diferido del Regimen de reparto de nuestra seguridad social claramente enfrentado a las medidas del Gobierno, que ha empezado a utilizar la guerra como argumento para recortar las condiciones laborales de los trabajadores.

En largos años de lucha que iniciamos contra el gobierno de Rajoy los pensionistas hemos creado un sólido movimiento con nuevas formas democráticas e independientes de organizar la resistencia de clase. Situaciones similares aparecen en la lucha de la sanidad pública y en defensa de los servicios públicos contra las privatizaciones. Para luchar por las reivindicaciones, la clase obrera se organiza de forma independiente fuera de los marcos del consenso, el diálogo social y pactos de renta.

Nuestro gobierno, lejos de atender las reivindicaciones sociales, se alía con los partidarios de la guerra acordando un incremento hasta 2% del PIB de los presupuestos militares. Acepta así las presiones de la OTAN y de la Unión Europea, con la querra como justificación.

El Gobierno parece tener prisa en acelerar las reformas y los recates. Tras negarse a derogar las reformas sociales de los gobiernos conservadores, generandores de bajos salarios, rechaza mantener el poder adquisitivo, dejando la vía libre a la inflación depredadora debajos salarios, y además debilita las cotizaciones sociales. En nuestro ámbito de las pensiones el Parlamento discute ahora una ley que empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a la privatización, incentivando los fondos privados.

Estamos convencidos con vosotros de que los rechazos en cadena de las reivindicaciones amparados en el aumento de los gastos militares y su vinculación con la guerra es general en muchos países europeos.

Apoyamos la convocatoria de la Conferencia Europea de Urgencia contra la guerra y los gobiernos que la promueven, con la convicción de que encontraremos caminos para la acción común contra los organizadores que niega las reivindicaciones y derechos de la clase obrera.

Esperamos y deamos con ilusión un gran éxito de la Conferencia, y colaboraremos en desarrollar sus concluiones.

¡Viva la Conferencia Europea de Urgencia contra la guerra!

Declaración sobre el Caso Pegasus

El espionaje a dirigentes y cargos electos demuestra que la podredumbre franquista sigue mandando en este país.

El 18 de abril el semanario The New Yorker publicaba la noticia: según la ONG Citizen Lab de Toronto, 65 políticos de ERC, Junts, PDeCat, CUP, Bildu han sido espiados entre 2015 a 2020 (lo que supone que ese espionaje se inició bajo el gobierno Rajoy, y ha continuado bajo el gobierno Sánchez).

Quienes no creemos en las casualidades, tenemos que observar que se trata de los mismos grupos políticos que ha sido excluidos de la información económica, dada por la Casa del Rey, en la nueva campaña de lavado de imagen de La Corona que han puesto en marcha las mismas instituciones y medios de comunicación que miraron para otro lado mientras Juan Carlos de Borbón acumulaba comisiones y dinero de dudosa procedencia y motivación.

Entre los espiados se encuentran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, dos presidentes del Parlament de Catalunya y una treintena de diputados y exdiputados. Además, hay algunos abogados de encausados, pero también activistas, parejas de políticos, padres o incluso amigos de alguien que se convirtió en un objetivo Para ese espionaje se han hackeado sus teléfonos móviles utilizando el programa PEGASUS, elaborado por una empresa israelí, y que sólo se vende a gobiernos.

La información publicada explica también que ese programa ha sido adquirido por el CNI, el servicio secreto español. Lo que significa que los servicios secretos han utilizado un programa de espionaje comprado con permiso del gobierno, muy probablemente adquirido por el Gobierno de Rajoy y mantenido por el actual, para espiar a dirigentes políticos y cargos electos.

La “solución” propuesta por el Gobierno tras la reunión con el ejecutivo catalán es que se realice un “control interno” del CNI (es decir, que el servicio de espionaje se investigue a sí mismo) y que se trate el tema en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso (cuyas deliberaciones son secretas). Dos medidas que permitirían mantener en secreto las actuaciones del CNI.

Las primeras declaraciones del gobierno decían que: “todo se ha hecho respetando la ley”. Pero ese es, precisamente, el problema: en España rige la Ley de Secretos Oficiales, (Ley 9/1968, de 5 de abril, firmada por Franco). Norma que sigue vigente y que ha sido complementada por una ley sobre los «gastos reservados”, de 1995, una ley sobre las actividades del CNI, de 2002 y una ley sobre la confidencialidad de los contratos que afectan a «seguridad y defensa», de 2011. En 1995 el Defensor del pueblo planteó, ante las Cortes, reformar estas leyes, sin ningún éxito.

En aplicación de estas normas en vigor siguen sin desclasificar –es decir, se mantienen bajo secreto oficial‐ entre otras, cuestiones como:

  • Los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria de manifestantes pacíficos amanos de unidades de la Policía Armada (reconvertida en 1978 a Policía Nacional, sin depuración alguna).
  • El golpe militar del 23F de 1981.
  • Las actividades del GAL,“guerra sucia” basada en asesinatos de militantes vascos.

Todo esto demuestra, una vez más, que partes sustanciales del aparato franquista–y no solo el espionaje‐ siguen en pie. Fueron mantenidas en los Pactos de la Moncloa y siguen mantenidas, hoy, por los partidos que se autodenominan “de Estado”, y, en primer lugar, por el PP y el PSOE. Como declaro cínicamente Felipe González el 29 de junio 1997 en El País, Para justificar promesas incumplidas de su gobierno y actuaciones del mismo contra la mayoría trabajadora, «la gente no quiere entender que se respetó un aparato del Estado heredado enteramente íntegramente de la dictadura»

Nos incluimos entre esa gente que “no quiere entenderlo”. Como partidarios de la democracia, defendemos la eliminación de todo el aparato militar, policial, judicial y de espionaje franquista. Es decir, luchamos por la República.

Declaración del Comité de enlace de mujeres republicanas.

1. El combate de la mujer por la emancipación.

En la larga lucha del movimiento obrero la mujer, en particular la mujer trabajadora, ha ocupado un lugar de vanguardia.

Recordemos que el 8 de marzo de 1857, 120 mujeres trabajadoras del textil en Nueva York murieron en un incendio provocando un enorme movimiento de solidaridad.

En 1910, el Segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas (Segunda Internacional), a propuesta de Clara Zetkin, aprobó celebrar cada 8 de marzo una Jornada de la Mujer Trabajadora.

El último domingo de febrero de 1917, las mujeres trabajadoras de San Petersburgo salieron a la calle exigiendo «Pan y Paz». Fue el inicio de la revolución rusa.

Pero en 1975 la ONU se apropió de la fecha y la proclamó Jornada de la Mujer diluyendo su carácter de clase. Es sin duda una tarea importante recobrar su sentido original sobre el lugar de la mujer trabajadora, lo cual incluye la lucha contra toda forma de opresión que sufren todas las mujeres.
En el movimiento obrero de nuestro país hay miles de ejemplos del papel de vanguardia de la mujer. Por ejemplo, en la dura huelga de Jaeger Ibérica en abril de1989 en Barcelona, donde 309 trabajadoras consiguieron la equiparación salarial, pues cobraban menos que los hombres con la misma categoría. Recientemente, se ha hecho patente la importancia de las mujeres jóvenes en las movilizaciones contra la justicia franquista a propósito de la Manada.

2. La situación en nuestro país.

La situación de discriminación de la mujer trabajadora tiene vertientes que no son medibles, pero sin duda tiene también indicadores cuantitativos de desigualdad que hay que tener en cuenta para un buen análisis de la situación.

En el terreno laboral, el desempleo, la precariedad laboral, la brecha salarial, el suelo pegajoso y el techo de cristal caracterizan la situación de discriminación y desprotección que viven las mujeres trabajadoras.

En España el número de trabajadores supera en más de 1.700.000 al de trabajadoras. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, lo que en la actualidad se traduce en más de un 17% de trabajadoras desempleadas frente al 13,7% de los trabajadores, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2019.

Además, CCOO estima que la brecha salarial, entendida como la diferencia de salario entre trabajadores y trabajadoras por la realización de las mismas tareas, se sitúa en torno al 30%. Esto se traduce en que cada mujer trabajaría gratis unas 109 jornadas anuales. Según los últimos datos del INE de 2020, el salario medio de las trabajadoras es 5.793 euros inferior al de los trabajadores (25.924 frente a 20.131 €), diferencia incluso superior a la registrada en 2009.

El movimiento obrero ha inscrito en su lucha la consigna de «a igual trabajo, igual salario». Como resultado de ese combate, según la ley, no debería existir diferencia salarial entre hombres y mujeres.

¿De dónde viene esta diferencia? En algunos casos, de la existencia de categorías distintas en los convenios colectivos (por ejemplo, en convenios de limpieza, «peón» y «limpiadora»). Pero, sobre todo, por la existencia de ramas de la producción feminizadas -no en vano hablamos de las Kellys- donde predominan los bajos salarios y la precariedad. Los empleos de las mujeres son más precarios, con una mayor tasa de temporalidad, una mayor tasa de parcialidad y una mayor tasa de desempleo.

A esa diferencia, constatada por Hacienda en empleos «legales», hay que unir los centenares de miles de mujeres que trabajan sin contrato ni Seguridad Social en sectores como la limpieza, el servicio doméstico, el cuidado de mayores, etc.

Las diferencias en los ingresos se extienden también a salarios diferidos como los subsidios de desempleo y las pensiones. Según un estudio de CCOO, las mujeres reciben una prestación por desempleo un 14,6% inferior a la que perciben los hombres. En cifras, esto significa que la prestación media de la mujer asciende a 755 € mensuales y la del hombre a 884 €. Además, la tasa de cobertura por desempleo en las féminas es, como norma general, un 10% inferior a la de los varones.

En cuanto a la pensión media de jubilación, la de una mujer es un 36,1% inferior a la que le corresponde a un hombre. Aquí se suma la diferencia de salarios (y, por tanto de cotizaciones) y que las mujeres tienen menos años trabajados. Hay que señalar que cada reforma de pensiones que aumenta los años de cotización necesarios para cobrar una pensión o el número de años que se toma como periodo de cómputo de la pensión, machaca aún más las pensiones de las mujeres. La reforma de pensiones de 2011 (pactada con UGT y CCOO) es uno de esos casos.

La prestación de jubilación es de media 453 euros inferior a la de los hombres ,803 € frente a 1.326€.

Pero no solo es una cuestión de cuantía salarial. La temporalidad de los contratos también afecta más a las mujeres que a los hombres. El 27,7% de los contratos de las trabajadoras es temporal frente al 25,9% de los contratos de ellos, según los últimos datos de la EPA. En 2020 el 63% de contratos indefinidos que se firmaron, los firmaron hombres.

Con respecto a los contratos a tiempo parcial, casi el 76% de ellos recae sobre mujeres, lo que supone que el 25,7% de trabajadoras (frente a un 7,5% de trabajadores) tengan jornadas parciales, en su inmensa mayoría no elegidas.

Temporalidad y parcialidad, el gran torpedo a la clase trabajadora que ha causado la reforma laboral que provo- ca que no nos permitan tener los derechos laborales conseguidos por la lucha de clase la trabajadora: incapacidad temporal, vacaciones, conciliación…; si los solicitas no te vuelven a contratar. En cambio sí los pueden disfrutar quien tiene jornada completa e indefinida. También provoca penalización en las prestaciones por desempleo y aumento en el pago de IRPF cuando por necesidad se tiene más de un empleador para poder vivir.

En los últimos años se habla con frecuencia del techo de cristal, como unas barreras invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y mejor remunerados. Según un informe de Grant Thornton, Women in business, el 73% de puestos directivos los ocupan hombres. En el caso de la universidad, las docentes e investigadoras suponen solo el 39,6% del total y solo un 20,8% de las catedráticas de universidades son mujeres.

3. La discriminación y la desigualdad afecta a todo el conjunto de trabajadoras.

Los trabajos que mayoritariamente desempeñan las mu- jeres, como los servicios del hogar, sanidad y serviciossociales o educación, están devaluados con respecto a profesiones ocupadas en su mayoría por hombres. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el salario mensual en una profesión feminizada, dentro de la misma cualificación, similares condiciones laborales y sectores, de media, es de 1.016 € mientras que el de una masculi- nizada está en los 1.789 €. A esto se le suma que las mujeres que desempeñan su trabajo en ocupaciones feminizadas se encuentran con muchas dificultades para cambiar a sectores con mejores condiciones laborales. Es parte de lo que se denomina «suelo pegajoso», que dificulta la mejora de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y que se completa con una mayor carga del trabajo doméstico, el cuidado de ascendientes y descendientes y la precariedad laboral que hace que muchas mujeres ejerzan trabajos sumergidos, sin contrato y por unos salarios de miseria (cuidado de niños, ancianos, limpieza doméstica), de manera que cuando no pueden trabajar por edad o enfermedad no tienen ningún ingreso ni ningún derecho a jubilación.

A esto se añade hoy el trabajo generalizado en casa, como ocurría en el siglo XIX. Particularmente en el textil. Empresas como Inditex tiene una red de mujeres que trabajan en casa, sin contrato y a la pieza. Sin olvidarnos de las mujeres migrantes, cuya situación ilustra bien el siguiente ejemplo: Una delegación de la patronal de la fresa en Huelva se desplaza a Marruecos en busca de «mujeres» de «entre 25 y 45 años» y «con hijos». Los empresarios buscan en la pobreza marroquí mano de obra barata ante la falta de jornaleros españoles dispuestos a trabajar bajo las condiciones ofertadas. Uno de los requisitos a los que se enfrentan las candidatas es la experiencia laboral en el campo, pero demostrarlo es difícil en Marruecos. Estas mujeres no disponen de documentación que justifique sus años de trabajo en la agricultura.

Cuando los reclutadores españoles les preguntan, ellas enseñan sus manos de forma instintiva. Una sola mirada a las manos de Fátima saca de dudas a cualquiera. Otro requisito para los empresarios de la fresa es que las candidatas sean mujeres. Todas. Las quieren, según consta en la convocatoria, de entre 25 y 45 años y con hijos a cargo. También se tiene en cuenta el nivel de renta para la preselección. «El organismo de empleo contó el año pasado en Marrakech con mujeres viudas y muchas separadas porque tienen hijos a cargo y necesitan esta ayuda», explican desde la Administración marroquí. Lo cierto es que las mujeres suelen ser más ágiles recogiendo fresa por el tamaño de las manos y que las cargas familiares acaban facilitando la disciplina en el trabajo y ofrecen una mayor garantía a España de que volverán a Marruecos.

Los recortes en servicios sociales que se han producido y se siguen manteniendo empujan a muchas mujeres a tenerse que hacer cargo del cuidado de hijos y mayores y las han echado del mundo laboral negándoles el derecho al trabajo y a una pensión digna, abocándolas a seguir ejerciendo el papel de cuidadoras y trabajadoras de segunda categoría y a seguir dependiendo de irrisorias pensiones de viudedad o no contributivas. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España, de las aproximadamente 400.000 personas que asistían a personas dependientes en el ámbito familiar en 2019, el 89% son mujeres. Y el 90,57% de las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares en 2019 fueron solicitados por mujeres el año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo.

En los años 2020 y 2021 y con la excusa de la pandemia los datos empeoran aún más. Han sido mujeres la mayoría (95,77%) de las personas que solicitaron la reducción especial de jornada durante casi doce meses, con la consiguiente pérdida de salario. La incertidumbre no solo laboral sino también del curso escolar hace que, una vez más, las mujeres, empujadas por la brecha salarial que decide quién se queda en casa para cuidados, renunciaran a sus puestos de trabajo.

Esto unido al elevado número de despidos de mujeres trabajadoras y las bajas prestaciones por desempleo fruto de esa misma brecha, acentuado aún más en este momento, nos someterán a la precariedad más absoluta. La defensa de los puestos de trabajo con salarios dignos y acabar con la brecha salarial debe estar en el centro de las reivindicaciones de toda la clase. Nada tiene que ver con nuestros intereses el rescate económico de empresas y bancos para seguir aplicando las reformas laborales.

Los incesantes recortes en gastos sociales en los presupuestos generales, municipales, etc. vienen a agravar esta situación. Faltan guarderías públicas y los centros de atención y residencias para mayores son prácticamente inexistentes. La imposibilidad de hacer frente a los costes de los servicios privados aparta de nuevo a las mujeres del mundo laboral, condenándolas a un trabajo duro, no reconocido y, por supuesto, no remunerado. Un reciente informe de Oxfam contabilizaba en 10 billones de dólares anuales, a nivel mundial, estos trabajos producidos no remunerados y que sin embargo sostienen la economía real.

4. Violencia y explotación sexual sobre las mujeres.

Se estima que la prostitución como negocio mueve unos 10 millones de euros al día en todo el Estado y que unas 400.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución (hay estudios que las sitúan en 1.000.000), que cubrirían la demanda sexual del 39% de hombres que afirman haber pagado por servicios sexuales alguna vez. Del total de mujeres en situación de prostitución se estima que el 15% son víctimas de redes de tráfico de personas y son obligadas a ejercer la prostitución bajo coacciones, amenazas y violencia. Se consideraría que el 85% ejerce la prostitución con libertad, pero la situación de exclusión y vulnerabilidad económica de la mayoría de mujeres que presta servicios sexuales hace que no sea una elección libre sino condicionada muchas veces a su propia supervivencia y/o la de su familia. Por último, los datos sobre la violencia de género y la violencia sexual ejercida contra las mujeres son un exponente clarísimo de la discriminación que sufre la mitad de la población. El pasado año se interpusieron 150.000 denuncias por violencia de género, denuncias a hombres, interpuestas por mujeres que viven en situaciones de violencia a manos de su pareja o ex pareja. 45 de ellas fueron asesinadas en 2020. Con los últimos datos en la mano, año 2015, se estima que en este país se cometen unos 10.000 crímenes sexuales al año. En su inmensa mayoría contra mujeres, niñas y niños. En ese año, 1054 mujeres habían sido

violadas en España, 4 mujeres al día, 1 cada 6 horas. Hecha la radiografía en números de la situación de la mujer trabajadora, podemos afirmar que es doble- mente oprimida; por ser mujer y por ser trabajadora. El origen de la opresión de la mujer está en la propiedad privada y en la división de la sociedad en clases, que lleva consigo la configuración de la familia patriarcal (véase al respecto lo escrito por Engels en «El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado»).
Lo que plantea Engels es la necesidad de hacer del «trabajo doméstico privado una industria pública», es decir, liberar a la mujer de la doble explotación: jornada de trabajo y jornada en casa.
Las estadísticas siguen siendo claras: la mujer asume la mayoría del trabajo doméstico. Y la solución no puede ser simplemente «compartirlo» sino hacer de ello una «industria publica», es decir, un trabajo especializado pagado.

5. La lucha por la emancipación y por los derechos de la mujer trabajadora no se puede entender más que dentro de la lucha del conjunto del movimiento obrero.

La lucha de la mujer trabajadora es la lucha del conjunto de la clase. Y no sólo porque interese a las mujeres. Alejandra Kollontai explicaba, en 1917, en el Primer Congreso Panruso de los Sindicatos, que «los trabajadores con conciencia de clase deben entender que el valor del trabajo masculino depende del valor del trabajo femenino y que, con la amenaza de sustituir la mano de obra masculina por mano de obra femenina más barata, el capitalista puede presionar sobre el nivel salarial de los hombres. Solo la falta de comprensión puede llevar a ver este tema como una mera “cuestión de la mujer”».

El desarrollo de la técnica y de la producción han puesto las bases materiales para la liberación de la mujer, al permitir que pueda tener control sobre la maternidad e incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, el mantenimiento del régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción es el principal obstáculo para su liberación. A lo que se suman residuos feudales como el poder de las distintas Iglesias, enemigas acérrimas de los derechos de las mujeres. Las últimas sentencias nos confirman que la ley no es igual para todos. En el caso de la mujer más claramente. Tenemos recientes casos como la sentencia de la Manada, en la que claramente se ve el carácter heredado del franquismo del aparato judicial. ¿Qué hubiera pasado si la «agredida» hubiera sido Ana Botín, o una guardia civil? La opresión no va en función del género, va en función de la clase. Sin duda si la agredida fuera Ana Botín no se la trataría igual, lo cual no quiere decir que a la explotación de clase no se sume una opresión de género. Es la doble pena, sí hay una opresión específica, su origen es de clase, pero es específica para provocar la división, como es específica contra la población negra u otras minorías. Hay derechos democráticos comunes a todas las mujeres, y es la clase obrera la única capaz de luchar por ellos.

Determinadas mujeres obtienen determinadas libertades, que deberían ser de todas, a base de dinero. Libertades que nos fueron arrebatadas con la caída de la II República y el establecimiento del franquismo, que señalaba las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y los mayores y la obediencia al marido como el papel que debe desempeñar la mujer. En el Estado español la opresión de la mujer toma formas propias, por el mantenimiento de buena parte del aparato judicial y policial del franquismo, entrenado para perpetuar la desigualdad y la opresión de la mujer y no para defender derechos, y por la influencia y el poder de la Iglesia Católica. La defensa de los derechos y reivindicaciones de las mujeres exige acabar con todos los residuos franquistas e imponer la separación de la Iglesia y del Estado, incluyendo la separación de la Escuela y de la Iglesia. Es decir, la República. ¿Cómo se puede hablar de igualdad, recortando en derechos y servicios públicos? ¿En enseñanza, incluyendo la educación infantil desde los 3 años, o en atención a las personas dependientes? ¿Cómo podrá la mujer trabajadora emanciparse si no se ponen los medios para ello?

La emancipación no podrá ser en cuanto no se aseguren los medios suficientes para poder entrar en el mercado de trabajo en situación de igualdad. Recordemos que las grandes luchas obreras consiguieron no sólo guarderías públicas, sino también comedores y otros servicios a los que la clase trabajadora podía acogerse, incluso en su lugar de trabajo. Uno de los objetivos del combate de la clase trabajadora es poner los medios materiales que permitan liberar a las mujeres y a los hombres de la carga de las tareas domésticas y del cuidado de los menores y de los mayores dependientes, desarrollando los correspondientes servicios públicos. Debemos exigir a nuestras organizaciones, las que se reclaman del movimiento obrero, sindicatos y partidos, que defiendan aquello por lo que nacieron. Deben ponerse al frente del combate y la defensa del conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora.

El recorte de derechos y libertades, tales como el aborto, el control de natalidad y la eliminación de servicios públicos ahondan aún más en la explotación de la clase en general, y de la mujer trabajadora en particular. Es por ello que decimos que en este régimen no cabe la emancipación de la mujer trabajadora, como no caben el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero. Este régimen es un obstáculo a batir para avanzar en la emancipación de la mujer trabajadora, como para avanzar en el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero.

Las mujeres trabajadoras somos las primeras interesadas en que las organizaciones defiendan las reivindicaciones que van contra nuestra opresión y discriminación. Es por ello que, formando parte de esas organizaciones, necesitamos una coordinación autónoma que combata por esas reivindicaciones. La defensa de estos derechos, la lucha por la igualdad y la conquista de las reivindicaciones exige derogar las reformas laborales, acabar con el aparato de Estado franquista, imponer la separación de la Iglesia y del Estado. Exige imponer la democracia, la República.

Comité de enlace de mujeres republicanas

enlacemujeresrepublicanas@gmail.com

Ante una manifestación contra las libertades

Algunos sindicatos policiales y de la Guardia Civil se concentraron el miércoles 24 de noviembre, frente la Delegación del Gobierno en Madrid. Estuvieron arropados por las tres derechas franquistas, al igual que este último sábado.  Miles de policías y guardias civiles, venidos de toda España, se manifestaron por el centro de Madrid hasta la Cortes, sin ninguna cortapisa por parte de Delegación de Gobierno.

Los sindicatos policiales convocantes, contaron de nuevo con la presencia de los líderes del PP, VOX y Ciudadanos; los franquistas a los que se refería el diputado Odón Elorza en el Congreso de los Diputados, para exigir el mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, “Ley Mordaza”. Se manifiestan contra las reformas que el Gobierno quiere hacer a la Ley Orgánica 4/2015. Reformas que deben ser tratadas en la Comisión de Interior de las Cortes el 14 de diciembre. reformas que, como es fácil demostrar, solo son de detalle y no abordan lo esencial del contenido de la ley. Buena parte de ellas no hacen sino traducir lo establecido por sentencias judiciales que declaran inconstitucional algún aspecto de la ley.

Esta ley fue impuesta en marzo de 2015 por el gobierno Rajoy. Elaborada por el equipo del entonces ministro del interior Fernández Diaz (buena parte de este equipo, incluido el exministro, están hoy enjuiciados por diversos actos delictivos y corrupción). Ya entonces, fue caracterizada como una «ley totalitaria» e incluso, según el fiscal general de la época, tachada de estar al límite de la «inconstitucionalidad».

Recordemos que un amplio movimiento por la derogación de la ley se ha desarrollado en el movimiento obrero y en las organizaciones democráticas. El 14 de junio tuvo lugar un mitin en Madrid, con el apoyo de CCOO y UGT y participación de la CATP, para celebrar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. En ese mitin se decidió continuar la campaña por la derogación de la “ley Mordaza”. Compromiso que el gobierno de coalición incluyó entre sus promesas electorales y pactos de gobierno.

Después de Cádiz

La manifestación del sábado es una respuesta reaccionaria frente a la movilización de los trabajadores de Cádiz. En la movilización de los trabajadores gaditanos se ha demostrado, entre otras cosas, para qué sirve la “ley Mordaza” y su utilización contra los «conflictos sociales», como está previsto en el Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015, un cuento de hadas en contraste con la realidad vivida. La represión indiscriminada de la policía muestra esta realidad. Y todo ello con la cobertura del gobierno de coalición.

La manifestación del 27-N, ha sido una manifestación contra las libertades conquistadas, y, en especial, contra el derecho de reunión y manifestación, arrancados al Estado en la lucha contra el franquismo. Contra los derechos obreros y de los pueblos como el catalán, el gaditano…contra su libertad de organización y expresión.

Era también, sin duda, una manifestación contra el Gobierno, a pesar de que con él, el sueldo de policías y guardias civiles ha subido una media del 21,5% entre 2018 y 2021, y de que las plantillas se han incrementado en 13.000 efectivos: 5.000 para la Policía Nacional y 8.000 para la Guardia Civil. El resto de los empleados públicos solo tuvo, en el mismo periodo, una subida del 6,25% y tuvo limitada la reposición de efectivos.

La movilización de policías y guardias civiles es la demostración de la incompatibilidad entre democracia, libertades e Instituciones heredadas del franquismo presididas por la Monarquía. No es por casualidad que la policía y la guardia civil no conocieron ninguna depuración después de la muerte de Franco.

Hoy no hay ninguna garantía de poder ejercer las libertades necesarias para luchar por derechos sociales, salarios, condiciones de trabajo o pensiones dignas, no con la amenaza que representa la “ley mordaza”.

El CATP considera que la campaña por su derogación verdadera debe multiplicarse y que interesa a TODAS las organizaciones que reclaman de la libertad, los derechos trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. Por nuestra parte continuaremos con las decisiones tomadas en el mitin de Madrid del 14 de junio, y relanzamos la campaña internacional al respecto.

Coordinadora Estatal del CATP

conferencia.catp@gmail.com

Defender la industria es defender los puestos de trabajo.

En Cadiz los trabajadores del metal defienden su convenio con una huelga general indefinida, en Galicia la comarca de A Mariñas convoca una jornada de huelga con un seguimiento masivo ante la destrucción de la industria dejando a centenares de familias sin medios para vivir, «la comarca se desangra» gritaban en la multitudinaria manifestación.

En el Baix Llobregat el paro registrado en el mes de octubre asciende a 38.026 personas, la amenaza de despidos y de destrucción de la industria significará la ruina para muchas familias trabajadoras. Seat tiene un ERTE desde septiembre a junio, que arrastra a las empresas auxiliares, que representan más de cien mil trabajadores.

El sector del automóvil está amenazado y con él, la industria más importante que queda en nuestro país. Miles de puestos de trabajo están amenazados por la transformación de la llamada «economía verde y el trabajo moderno» que, aumenta la precariedad, las condiciones laborales y pone en peligro miles de puestos de trabajo. En el automóvil y todas las empresas auxiliares donde se quiere imponer el coche eléctrico, sin ninguna garantía para mantener los puestos de trabajo actuales, por cada 5 trabajadores que se necesitan para hacer un coche de combustión se necesita un solo trabajador para el coche eléctrico, además con la subida de precios desorbitada de la electricidad se pone en peligro la industria electro intensiva.

La experiencia de las reconversiones industriales anteriores, desde el cierre de la siderurgia y la construcción naval en los 80, al más reciente de las minas y centrales térmicas del carbón, demuestran que las promesas de empleo alternativo no se cumplen, el reciente caso de Nissan, donde lo único seguro es que la factoría cierra a final de año, es una repetición de lo ocurrido en otros sectores.

Nuestro punto de vista es que hay que defender todos los empleos, no resignarse a reducir el número de despidos o a conseguir indemnizaciones algo mejores. Para defender todos los puestos de trabajo, para que no haya más despidos, hace falta coordinarse preparar una respuesta unida, la unidad de los trabajadores de todas las empresas afectadas o con posibilidad de estar afectadas es fundamental.

Es de urgente actualidad la plena derogación de las reformas laborales, que tanto facilitan los despidos! Todos los gobiernos deben asumir la defensa de los puestos de trabajo en la industria.

Os invitamos a establecer un procedimiento de dialogo e intercambio de información que permita dar pasos para coordinar nuestra acción en defensa de la industria y de sus puestos de trabajo. Emplazando a las organizaciones sindicales a tomar todas las medidas necesarias para ello.

Para seguir debatiendo e informando de la situación en nuestra comarca, recibir y acordar las acciones a llevar a cabo. Te convocamos el día 15 de diciembre a las 18:15 en la Sala de Can Pascal C/ Cavallers nº 26 de Esparreguera.

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP Baix Llobregat)

Nota informativa CILE

Llega al Comité de Redacción de Tribuna Socialista la nota informativa del CILE de la cual pasamos un resumen

El pasado día 2 de octubre, militantes, responsables de organizaciones obreras, pequeños agricultores y anti-imperialistas de 19 países de Africa y de la diáspora se reunieron en videoconferencia sobre el tema «En el combate por la soberanía, por la emancipación nacional y social, se levanta un viento nuevo sobre el continente africano».

Los 19 países de los que hubo representación fueron: Azania (Sudáfrica), Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mauritania, Níger, Nigeria, Uganda, RD del Congo, República de Guinea, Mauricio, Reunión, Ruanda, Senegal, Somalia, Togo, Yibuti. Algunos militantes de estos y de otros países no pudieron sumarse a la reunión por diversas razones técnicas. 22 compañeros tomaron la palabra durante la reunión, y se recibieron contribuciones escritas.

La reunión transcurrió en un ambiente de fraternidad y camaradería en el que la libre discusión e intercambio de experiencias fue rico. Los debates se desarrollaron sobre la situación del continente, resaltando, como declaró uno de los participantes «lo que tienen en común los distintos países, es decir, el necesario combate contra la dominación imperialista y los gobiernos a sueldo de esta y por la soberanía».

Un lugar centra al ocupó el acta de acusación contra el imperialismo y los gobiernos a sueldo del mismo. Los participantes abordaron todos los aspectos de la situación en el continente: – la pandemia de COVID19 y su gestión por los gobiernos con desastrosas consecuencias: hambre para gran parte de la población e inmensas discriminaciones en la vacunación. La pandemia se ha convertido en el pretexto para cuestionar todas las conquistas de los trabajadores y las libertades democráticas; – El saqueo de las riquezas por las potencias imperialistas valiéndose de sus aliados locales, gobiernos corruptos y partidarios de una alternancia reducida a un simple cambio de personal para aplicar la misma política entre otros puntos.

La discusión también abordó el papel necesario de las organizaciones sindicales para preservar las conquistas de los trabajadores y sus familias: «todo lo que hemos conquistado ha sido mediante la lucha» subrayó un participante. Se denunció la trampa de las treguas sociales y otras presiones a favor de las supuestas «nuevas formas de lucha» que pretenden que los sindicatos renuncien a sus reivindicaciones y a sus medios de acción, en particular la huelga.

África, más allá de la división del continente, de las fronteras artificiales y las diferencias de lenguas impuestas por la colonización. Como dijo un participante, «Hoy la tarea principal para nosotros es organizarnos a escala local, regional e internacional. Tal es el sentido de nuestro encuentro hoy». Seguir trabajando juntos y dotarnos de un marco en el que podamos apoyarnos es una demanda unánime. Se propuso el establecimiento de un polo en el continente africano a fin de «trabajar, intercambiar, comunicar, compartir nuestras experiencias y sobre todo nuestras acciones», desarrollar la solidaridad internacional: un «CILE África», inscrito en el marco del CILE (Comité Internacional de Enlace e Intercambio), presente en todos los continentes y ampliando sus actividades.

Resumen del informe enviado por el CILE

José A. Iniesta

En solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz

Al Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), apoya y anima a participar en la Concentración que, convocada por distintas organizaciones, tendrá lugar el viernes día 26, a las 19:00 en la Puerta del Sol (Madrid).
La lucha de los trabajadores y trabajadoras del metal, y de la mayoría social gaditana, trasciende la reivindicación del Coordinadora Estatal del CATP Convenio Colectivo provincial. Es la lucha por la defensa 24 de noviembre de 2021 de los puertos de trabajo, contra el desmantelamiento y la
deslocalización permanente que viene sufriendo la industria en nuestro país, con el único fin de las multinacionales de migrar a países en los que pueden imponer salarios de miseria, abusando de la ausencia de convenios colectivos,
e incluso imponiendo a otros gobiernos la no aplicación de la normativa laboral existente.
En España, el peso del sector industrial ha caído paulatinamente hasta situarse en 2019 en un 14,64% del PIB, frente al 18,7% que suponía en el año 2000. El problema que afrontan con digno arrojo los trabajadores y trabajadoras
del metal en Cádiz, junto a sus familias y vecinos, es el problema de los trabajadores y trabajadoras de la comarca de A Mariña (Lugo), que también están en movilización contra la destrucción de empleo que les amenaza en las fábricas de Vestas y Alcoa. Como lo es también la situación que se sufre en Barcelona: en SEAT con un ERTE “interminable”; o en Nissan contra el cierre de la fábrica. Y así podríamos citar distintos puntos de conflicto, incompren-
siblemente inconexos, aunque a pesar de sus diferentes formas o ritmos el origen está en la voracidad del capital.

En solidaridad con la lucha de los compañeros y compañeras del metal en Cádiz y con todas las luchas obreras, los compañeros y compañeras del CATP en Madrid, nos veremos a las 18:45 en la esquina del edificio Apple, Puerta del Sol esquina a Carrera de San Jerónimo.

Rechazamos la prohibición de Concentración solidaria,
por parte de Delegación del Gobierno en Madrid

Manifestación en Madrid, 16 de octubre

Defendemos las Pensiones Públicas

Auditoría pública y transparente a las cuentas de la

Seguridad Social

Bajo lemas similares a los del título de esta crónica, desfilaron con cientos de pancartas colectivas y carteles artesanales: por el paseo de Recoletos, la calle de Alcalá, hasta llegar a la Puerta del Sol, no menos de 25.000 personas. Muchas de ellas llegadas desde diferentes puntos del Estado español.

No solo fue una Manifestación de jubilados, fue una Manifestación intergeneracional, en la que había familias enteras reivindicando que se realice una Auditoría, pública y transparente a las cuentas de la Seguridad Social; reivindicación que nace de la desconfianza de millones de trabajadores y trabajadoras, pensionistas, autónomos… que desde hace mucho sospechaban que con el dinero de las pensiones se pagan otros gastos impropios a los fines de las cotizaciones. Esa sospecha pasó a ser una realidad cuando el Tribunal de Cuentas, una institución nada sospechosa de antisistema, revolucionaria o izquierdista, hizo público en 2020 un informe en el que exigía al Estado a resarcir a la Seguridad Social más de 100.000 millones de euros por gastos impropios. Ese dinero obedecería únicamente al periodo 1989-2013, y habría que actualizarlo (al menos con el IPC) además de ampliar el periodo de estudio. Al calor del informe del Tesoro Público, la Federación Pensionistas de CCOO estimó que, de no haberse pagado gastos indebidamente con el dinero de las pensiones, el Fondo de Reserva, coloquialmente conocido como la “hucha de las Pensiones”, tendrán un saldo superior al medio billón de euros.

Después han sido el Banco de España y el propio señor Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quienes han confirmado lo manifestado en dicho informe, si bien no se han puesto de acuerdo en la cuantía de lo “sangrado” a la Hucha de las Pensiones. Los manifestantes corearon lemas y cánticos contra la continua sucesión de reformas de la Seguridad Social -una más está en marcha-, siempre con el objetivo de ajustar y recortar el gasto en pensiones, a nombre de una supuesta quiebra nunca demostrada.

Entre la multitud de grupos, asociaciones, colectivos y organizaciones que convocaron y se dieron cita, estuvo el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP): Comité del que participa Tribuna Socialista.

Como en todas las Manifestaciones, se repartieron comunicados, folletos y se vendieron periódicos haciéndose eco de las reivindicaciones más sentidas por la clase trabajadora: derogación de las reformas laborales, alto a los despidos en la industria, derogación de la “Ley Mordaza”, que el Emérito entregue la fortuna, acumulada delictivamente, a los pueblos del Estado español… Todo ello en un ambiente reivindicativo.

Una de las informaciones que se repartió, fue la campaña de “Sindicalistas en Defensa de las Pensiones y por la Auditoría”, suscrita por cerca de 500 sindicalistas, principalmente de UGT y de CCOO, de todos los territorios del Estado y de distintos sectores de actividad.

El sentir de las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que se dieron cita en la mañana del sábado 16 de octubre en Madrid era muy claro: “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Roberto Tornamira

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Propuesta de Encuentro estatal de trabajadores activos y desempleados, pensionistas, jóvenes de todos los pueblos.

A pesar del boicot mediático, la manifestación estatal el 16 de octubre ha representado un hito en la movilización y resistencia frente los intereses del capital financiero; en concreto de la banca y las aseguradoras, que quieren privatizar el Sistema Público de Pensiones, intereses que el gobierno vehiculiza y para los que busca el apoyo de los sindicatos a través del “Diálogo Social”.

La movilización del 16-O ha sido un éxito, por varias razones:

Las reivindicaciones son claras y comunes. Los trabajadores, activos o en paro, los jóvenes, pensionistas… todos se reconocen en ellas:

  • Defensa del sistema público de Pensiones; Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.
  • Derogación de las reformas laborales y de pensiones.

Porque es un llamamiento a la unidad de todos los trabajadores y los pueblos.

Porque aúna exigencias sociales con la defensa de las libertades.

Porque pone en evidencia la necesidad de que los sindicatos se unan y se comprometan en la defensa de estas reivindicaciones.

El CATP ha participado en esta movilización que se ha convocado a iniciativa de la COESPE, y se reafirma en que debe continuar con los objetivos planteados. Prestamos una atención particular al “Llamamiento de sindicalistas en apoyo a la Auditoría para defender el sistema público de Pensiones”. Es una herramienta de lucha que debe tener desarrollo y continuidad.

Es el momento de ayudar a unir fuerzas y resistencias ante los planes que el capital, la UE, anuncia. Y, en particular, ante los cierres de empresas, despidos y “reconversiones y deslocalizaciones” que se preparan al amparo de la “economía verde” y los fondos de la UE.

Los trabajadores chocan con las instituciones del régimen monárquico, parapeto del capital financiero, al que secundan gobiernos y dirigentes políticos y sindicales.

Es necesario impulsar la movilización independiente ante los llamados al consenso con la derecha franquista y la patronal, organicémonos por las reivindicaciones y los derechos de los pueblos.

La Coordinación del CATP propone organizar un ENCUENTRO de trabajadores, jóvenes, pensionistas…

Proponemos el 15 de enero de 2022.

Llamamos a organizar colectivos, comités del CATP; territoriales, de empresa y/o centro de trabajo, que se reúnan, que participen en las movilizaciones, que nos hagan llegar sus propuestas y contribuciones.

Llamamos a buscar la relación organizada con los diferentes movimientos de resistencia que se desarrollan en Europa y en particular a participar en la Conferencia Obrera Europea que se organiza en febrero, en París, a iniciativa de trabajadores franceses y griegos.

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