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Por España contra el Rey

Toma este breve artículo, de crítica y denuncia, el título de la obra “Por España contra el Rey”, del genial escritor valenciano Blasco Ibáñez (1867-1928), autor de “Cañas y barro” fundador del periódico “El pueblo”, que sobrevivió a su muerte, editado en Valencia con el subtítulo de “Diario republicano de la mañana”.

El diario “El pueblo”, desde su fundación por Blasco Ibáñez hasta su último número en 1939, incautado por la Falange, trató de aunar siempre, desde su primer número, a todas las fuerzas antimonárquicas, tratando fraternalmente a todo aquel que se identificara como republicano.

Autor de obras universales, tales como “La barraca”, “Una nación secuestrada” y “Los cuatro jinetes del apocalipsis”, publicada esta última en 1916, en pleno horror de la Gran Guerra, en donde la muerte y la desolación cabalgaron por primera vez, a una escala nunca vista, en una Europa devastada.

A juicio de no pocos analistas existe un riesgo cierto de que se repita por tercera vez una Gran Guerra. Son múltiples la señales que la anuncian: la guerra proxy de los USA contra la Federación de Rusia, utilizando a Ucrania como cebo; el genocidio que el gobierno sionista de Netanyahu está perpetrando en los territorios históricos del pueblo palestino, con imágenes diarias de un horror difícil de soportar sin sentir nauseas; además de otras numerosas regiones del planeta, incendiadas por Occidente y castigadas por los espantosos males que, irracionalmente, la especie humana se inflige a sí misma.

Rusia, gobernada por un régimen no menos oligárquico, alienante y criminal que el capitalismo global de Occidente, es una potencia nuclear de primera magnitud, con el consiguiente riesgo de una respuesta suicida al humillante cerco de la OTAN, que arrasaría países que, como España, tienen bases militares estratégicas de los USA instaladas en su territorio.

Siendo Rusia el país más extenso de la Tierra es obvio que no aceptará ver amenazada su supervivencia por la entrada de Ucrania en la OTAN, o la instalación junto a su frontera de misiles que porten armas nucleares, con tiempos de vuelo hacia Moscú de escasos minutos, que neutralizarían toda posibilidad de una respuesta efectiva.

Guerra de Ucrania apoyada irresponsablemente por Felipe VI. Un rey cuya persona es inviolable, aunque delinca. Un rey que mantiene secuestrada esta “democracia modélica” del Reino de España; en realidad un reino heredado de Franco, “atado y bien atado” mediante la falsa ley de Amnistía de 1977, una ley electoral preconstitucional y su candado constitucional. Lo que impone de hecho un nuevo bipartidismo en esta segunda restauración borbónica, análogo al turnismo de Cánovas y Sagasta a finales del siglo XIX, fundamentados en el poder de las oligarquías y el caciquismo.

La reciente tragedia en el levante español, causada por el cambio climático y la tradicional corrupción urbanística, agravada por evidentes negligencias, han provocado un aterrador balance de muertos y heridos, incluida una gigantesca devastación, nunca vistos.

Tras el desplome de agua, cañas, y barro por el barranco del Poyo, con su rastro de muerte y desolación, se ha escenificado, con seis días de retraso, una indignante comitiva real a la zona cero de la tragedia.

Un postureo real, o quizás algo más, que ha entorpecido, en un escenario dantesco, las tareas de rescate de cadáveres y de limpieza, acabando la farsa como el rosario de la aurora.

Farsa promovida por una iniciativa del rey Felipe VI, ansioso por limpiar la imagen de su corona, en otro intento oportunista de proyectar un perfil de “rey salvador”, análogo a su discurso a la Nación televisado en directo por TVE, retransmito en directo por todas las cadenas el 3 de octubre de 2017, de funesta memoria en los Països Catalans.

Esta segunda debacle de Felipe VI ha sido un burdo intento de limpiar y de afianzar su corona, análoga a la actuación de Juan Carlos I durante el autogolpe del 23-F de 1981; un Borbón “rey salvador” que, además de defraudar a la Hacienda pública, ha trasladado su domicilio fiscal a Abu Dabi, poniendo a buen recaudo su oculta fortuna familiar.

Alguien debería aclarar el porqué de tan burda comedia, además de identificar quién o quiénes han movido los hilos de una tramoya tan inquietante.

¿Fue una decisión del Rey Felipe VI? ¿Entonces, por qué tardó seis días en aparecer en Paiporta, la zona cero de la tragedia? ¿Fue casual la agresión al Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, que acompañaba al Rey? ¿Por qué el Rey se quedó allí tras la evacuación del Presidente Sánchez, y no abandonó inmediatamente el lugar? ¿Por qué Felipe VI no prestó tampoco la menor atención a la Reina Leticia, embarrada y desamparada? ¿Acaso sabían ciertos servicios del Estado que la violencia iba a ir dirigida exclusivamente contra el Presidente del Gobierno de España y la Reina Leticia, y no contra el Rey? ¿Fue casual? ¿Fue planeado? ¿Con qué finalidad? ¿Fue una actitud “valerosa” la del Rey y “cobarde” la del Presidente? ¿Hubo una conspiración para agredir al Presidente del Gobierno de España forzando su evacuación? ¿Se buscó dar una falsa apariencia de “huida precipitada” del Presidente Sánchez? ¿Por qué medios afines a la monarquía apoyan la imagen de un “Rey salvador”, que nadie ha votado, protagonista de una comedia tan burda, y, en cambio, enfangan la del legítimo Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, votado en las urnas?

La cruda realidad es que la juventud trabajadora está siendo enviada a despedazarse y morir en las trincheras, a ambos lados de los frentes de batalla entre Oriente y Occidente, mientras los oligarcas promotores de guerras, siguen acrecentando sus beneficios a costa de los muertos de la clase trabajadora: nuestros muertos.

No nos callarán.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de Navío de la Armada (retirado).

Portavoz del colectivo ANEMOI

Fue miembro de la Unión Militar Democrática (UMD)

Marcha republicana 16J

El 16 de junio, tal y como estaba previsto y organizado, miles de republicanas y republicanos, llegados de diversos puntos del Estado, nos dimos cita en las calles de Madrid, no menos de 15.000, muchos más de los 4.000 que dijo Delegación de Gobierno, quien debería comprarse unas gafas nuevas de contar manifestantes o dejar de dar por válidas las cifras que le dictan los agentes de la “fachipol”.

La pluralidad de las organizaciones y colectivos convocantes hizo muy variados los lemas que se corearon:

-España mañana será republicana.

-Ni uno más, Felipe “El último”.

Estos, entre otros muchos lemas y canciones. Las conversaciones, los carteles y las pancartas hacía alusión a la necesidad de avanzar en la Democracia, considerando la República como un medio para el avance en derechos y a la Monarquía como una institución anclada en el pasado: el más distante, por ser una institución proveniente de la Edad Media; y el más cercano, ya que La Corona actual se asienta en la herencia que las leyes de sucesión del dictador impusieron a la llamada transición.

No se trata de cambiar un rey por un presidente, eso, dicho así, es una simpleza. Se trata de que el jefe del Estado pueda ser elegido por el pueblo soberano, en lugar de un relevo por genética. Es una cuestión básica en democracia y para que la democracia pueda deshacerse los lastres del pasado.

Se trata de que el concepto de jefe del Estado, en paralelo con la jefatura de los tres ejecitos, es el contenido de esa herencia del franquismo. Los republicanos y republicanas no queremos un jefe del Estado militar, ya lo sufrimos desde 1939 a 1975, y continúa con la misma gorra de plato desde 1975, heredada claro está.

Para avanzar en democracia es necesario que la estructura del Estado, sus tres poderes, no sean súbditos de un o una monarca, tanto da el género, que tiene sus raíces donde las tiene la Casa Borbón.

República no es cuestión de símbolos, banderas, conmemoraciones…siendo estas muy importantes para garantizar la memoria histórica, es cuestión de derechos:

– Derecho de los pueblos a vivir en paz, sin constantes provocaciones para la confrontación, sean estas políticas, judiciales o del tipo que sean.

– Derecho a la libertad de expresión y movilización sin ser criminalizados por leyes como la “Ley Morzada” que tan ávidamente aplican jueces y fiscales.

– Derecho a vivir con dignidad, sin que más del 26% de la población viva en la pobreza y donde el 50% de los asalariados y asalariadas viven con menos de 1.500 € netos al mes en 12 pagas.

– Derecho a una red de servicios públicos bien dotada en medios y profesionales:

Con facultativos en todas las urgencias extrahospitalarias.
Con condicionales laborales para los profesionales de la Sanidad Pública que no les obligue a migrar.
Con una Educación pública de calidad, en lugar de financiar con dinero público educación segregacionista y de doctrina religiosa.
Con un Sistema Público de Pensiones que no sea sangrado por el Estado, para justificar su pretendida privatización. Cumplimiento de la Ley 21/2021 “Auditoría”.
Con una red de residencia para mayores en las que no se les ponga en riesgo por subordinar el bienestar de los y las residentes a los intereses económicos de las empresas.

Son muchos los avances pendientes en derechos, pero esos avances difícilmente se van a conseguir en un Estado cuyo modelo esta enlazado con el franquismo.

Pascual Sánchez

Militante socialista de Madrid

Nace Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores

La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.

Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.

DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/

Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.

En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.

En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.

DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.

Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.

DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.

Mercedes Huertas
Presidenta de DJRM
I Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial

Encuentro Estatal del CATP: Madrid 27 de abril 2024

El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial, con compañeras y compañeros llegados de distintos puntos del Estado español: Catalunya, Andalucía, Euskadi, País Valencià, Castilla La Mancha, Castilla y León, Canarias…y también de Madrid.

Las intervenciones han analizado la catastrófica senda por la que el capitalismo arrastra a la sociedad: Genocidio contra el pueblo palestino, caos en la Sanidad Pública, saqueo de los sistema públicos de pensiones por parte de los gobiernos, precariedad en el empleo y pobreza de los trabajadores apalancada por las reformas laborales, represión de los movimientos sociales y de la resistencia de la clase trabajadora apoyándose en leyes como la “Ley Mordaza”, jibarización de la industria en España y en el conjunto de los países de Europa, guerra en Ucrania que está desangrando a la juventud ucraniana y rusa en una guerra de oligarcas e imperialistas por el reparto de los mercados de la energía, y un largo etcétera de situaciones que conforman un oscuro presente y futuro.

Sin que fuese un punto previsto para el debate, la situación que se vive en estos momentos en el Estado español ha estado presente en las palabras de los y las intervinientes. El lavado de cara del franquismo y el disfraz de “demócratas” que supuso la transición se cae a trozos cada día más. Las instituciones del Estado apestan a fascismo. Lo que venimos viendo en otros países, como Brasil, con el encarcelamiento de Lula y el derrocamiento de Dilma Rousseff; lo visto en Peru, con el encarcelamiento de Pedro Castillo; lo recientemente visto en Portugal, con la operación mediático-judicial, para hacer dimitir a Antonio Costa…ahora lo estamos viendo en España con la acción de boicot legislativo y permanente “lawfare” desde el poder judicial y la judicatura prevaricadora, combinada con la pléyade de medios de comunicación que maneja la derecha política y económica.

Los hechos señalados y constatables marcan la agenda del CATP, con el objetivo inequívoco de ser una herramienta útil para apoyar la resistencia de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras, pensionistas, agricultores y campesinos, autónomos, desempleados y desempleadas, y la juventud que son hijas e hijos de las familias trabajadoras.

La manera de salir del pozo en el que el capital financiero nos está metiendo es luchar por la República. Por eso se ha adoptado en el Encuentro el firme compromiso de trabajar en favor de la marcha republicana a Madrid que se prepara pare el día 16 de junio, 10º aniversario de la abdicación del huido a Abu Dabi.

El Encuentro ha puesto en el frontispicio de los compromisos la lucha con el Genocidio que se está cometiendo en Gaza desde hace más de 7 meses, que se ha cobrado la vida de más de 34.000 palestinos y palestinos, la mayoría de ellas mujeres y niños. En manos de los pueblos que componen el Estado español está la exigencia de la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con el Estado sionista israelí. No se puede decir que se va a reconocer el Estado palestino y que se están vulnerando los derechos humanos y a la par continuar con la compra-venta de armas entre España e Israel.

Como ya se ha dicho, muchos han sido los asuntos tratados en este Encuentro. Resaltar la campaña que el CATP tiene iniciada para dirigirnos a la Ministra de Sanidad, Mónica García. Campaña que ha tomado la forma de una carta colectiva, que a la celebración del encuentro ya cuenta con más de 600 adhesiones.

Roberto Tornamira

Miembro de Tribuna Socialista

Reproducimos la carta y la aportación escrita que se presentó al Encuentro explicativa de por qué es necesario derogar la Ley 15/97, así como los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86, entre otras normativas.

Carta a Mónica García, ministra de sanidad

Sra. Ministra:

En todo el Estado, y bajo formas diversas en las distintas autonomías, la Sanidad Pública vive una situación muy difícil. Los servicios de salud no se han recuperado de los durísimos recortes que sufrieron en el periodo 2010-2018. El deterioro de las condiciones de trabajo ha llevado a una fuga de profesionales. Las listas de espera se hacen insoportables, y han aparecido importantes demoras en los centros de Atención Primaria, lo que origina la saturación de las urgencias hospitalarias. En todas partes, los procesos de privatización avanzan, amparándose en un marco legal que lo permite.

Aunque las competencias de gestión están en manos de las comunidades autónomas, eso no significa que el ministerio que usted dirige no tenga posibilidades de actuar para cambiar la situación, pues hablamos de legislación de ámbito estatal.

Le pedimos que actúe de inmediato en tres terrenos:

Derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, de los artículos 66,67 y 90 de la Ley 14/1986 General de Sanidad y de todas las disposiciones que permiten la privatización de la sanidad.

Derogación de las normas que permiten la intromisión de las mutuas en el control de las bajas laborales por contingencias comunes.

Aprobación de un presupuesto de urgencia finalista para la sanidad, que permita a los distintos servicios de salud recuperarse de los recortes sufridos y mejorar su funcionamiento y condiciones de trabajo para frenar y revertir la fuga de profesionales.

Nos parece que son propuestas en sintonía con su posición, manifestada en distintos momentos. Le solicitamos que, desde su Ministerio, ponga en marcha las medidas necesarias para aplicarlas.

Quedando a su entera disposición para poder abundar sobre estos asuntos, en una reunión con usted o con quien usted determine.

Aportación al Encuentro del CATP 27-Abr

Defendamos la Sanidad Pública

“Derogación de las leyes que hacen posible la privatización sanitaria”

En muchos territorios del Estado se han desarrollado movimientos sociales en defensa de los servicios públicos: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia. Movimientos encabezados y configurados por las y los militantes que se resisten al saqueo de lo público por parte del libre mercado.

Sabiendo que en comunidades como Andalucía, Cantabria o Cataluña, entre otras, hay una importante respuesta ciudadana contra la destrucción de la Sanidad Pública, en Madrid ha fraguado un movimiento consolidado en torno al espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, en el que se agrupan decenas de asociaciones vecinales y colectivos en defensa de la Sanidad Pública, coordinados en plataformas de distrito y organizados por una asamblea representativa del conjunto de organizaciones. Es el espacio que lideró las grandes manifestaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023.

La lucha en defensa de la Sanidad Pública no se da solo en los fogonazos de macro manifestaciones; son las concentraciones semanales, los encierros, las campañas de sensibilización que se llevan a cabo lo que hace posible las grandes manifestaciones. Pero toda esta lucha será baldía si no tiene un reflejo político.

Incomprensiblemente, las grandes organizaciones políticas y sindicales asisten como espectadoras de esta confrontación, entre quienes se apropian de los sistemas públicos para incrementar su negocio y quienes resisten en defensa de lo que tantas generaciones se han esforzado por construir.

El tremendo esfuerzo de tantas y tantos militantes, esfuerzo sostenido en el tiempo, tiene que tener un resultado, como lo ha tenido la perseverancia del movimiento de Pensionistas forzando la Ley 21/2021, a pesar de que, sorprendentemente, el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

La determinación de la ciudadanía, a lo largo de todo el Estado español, por defender la Sanidad Pública tiene que verse reflejado en la coherente derogación de las leyes que hacen posible la privatización de la Sanidad Pública:

Los artículos 66 y 67 de la Ley 14/1986 Ley General de Sanidad, establecieron los “convenios singulares”, para abrir la puerta a la colaboración con hospitales privados.
El artículo 90 de la misma Ley, establece los “conciertos para la prestación de servicios sanitarios” con medios ajenos a los públicos.
La Ley 15/1997 amplió los convenios y conciertos a “cualesquiera entidades admitidas en derecho, así como a través de la constitución de consorcios, fundaciones…pudiéndose, además, establecer acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas”.

Han pasado 23 años desde el traspaso de las competencias del INSALUD a las últimas comunidades autónomas que recibieron esta competencia, pero los artículos de la Ley 14/86 y la Ley 15/97 en su totalidad continúan siendo el cimiento sobre el que se asienta el trasvase de dinero y servicios públicos hacia las empresas privadas de la salud. Siendo la corrupción entorno al negocio de la Sanidad una de las consecuencias más nefastas.

Siendo, la actual ministra de Sanidad, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), decía en 2013: “La rentabilidad en sanidad es un concepto peligroso. Solo puedes aumentar en rentabilidad si disminuyes en dar salud, no hay otra fórmula”. Y tenía razón.

Congruentemente con lo expuesto, animamos a continuar con la campaña de adhesiones a una carta a la Ministra de Sanidad, Mónica García, para que se abra en el Consejo de Ministros y en el Poder Legislativo el debate necesario para la derogación de la Ley 15/97 y los preceptos señalados de la Ley 14/86.

Apoyan esta resolución:

Roberto Tornamira, miembro del CATP y de la Asociación Vecinal “Nudo Sur” (Madrid).- Carol Ruiz White, miembro del Espacio Vecinal Fuencarral-El Pardo por la Sanidad Pública.- José Manuel Martín, activista de la Plataforma de Rivas con la Sanidad Pública.- Luis Páramo, miembro de la Unión Ciudadana por la Mejora en las Residencias (U.C.M.R.) y Ana Pérez Fernández, portavoz de Coespe-Madrid.

8M. Solidaridad con las mujeres palestinas

En la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del «Día de la Mujer Trabajadora», que se comenzó a celebrar al año siguiente. Desde entonces, esta fecha, hoy llamada “día de la mujer” sirve para reivindicar la igualdad en todas las esferas de la vida, el fin de patriarcado y para denunciar la violencia y discriminación que todavía hoy sufrimos las mujeres.

Pero hoy, 8 de marzo de 2024 nuestra reivindicación se dirige al mundo para exigir el fin del genocidio en Palestina. Desde su inicio, el estado israelí ha asesinado a más 12.000 niños y niñas y 8.190 mujeres. De las 7000 personas desaparecidas, el 70% son mujeres, niños y niñas.

Nuestra solidaridad con las mujeres palestinas:

Mujeres que están siendo detenidas, vejadas o asesinadas.
Mujeres a las que han tenido que practicar cesáreas sin anestesia, curar heridas con vinagre doméstico, realizar operaciones sin luz al amparo de teléfonos móviles, mujeres que contraen infecciones y mueren por complicaciones. 60.000 embarazadas darán a luz en estas condiciones en los próximos meses.
Mujeres que trabajaban en un sistema educativo que está siendo bombardeado y que ha causado ya centenares de víctimas entre las mujeres docentes de universidades, escuelas e institutos.

Exigimos el alto el fuego inmediato y fin del genocidio.

Exigimos que cese la destrucción de cualquier recurso vital para el pueblo palestino: ambulancias, escuelas, hospitales, centros de salud, panaderías, tanques de agua, paneles de energía.

Las mujeres socialistas del Vendrell y el Baix Penedès mostramos nuestra solidaridad con la resistencia activa de las mujeres palestinas.

Su sufrimiento no debe seguir siendo ni ignorado ni silenciado.

Exigimos el alto el fuego inmediato y permanente y la ruptura de todas las relaciones con Israel.

Hoy no hay 8 de marzo sin apoyar a las mujeres palestinas.

Montse Salvatierra
Militante PSC el Vendrell
Mujeres socialistas del Penedés

17 de Febrero. Alto a la masacre en Palestina

En unos días se cumplirán los 5 meses de la masacre sistemática que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza, donde la cifra de muertos se acerca a los 30.000; de los cuales, el 70% son mujeres y niños.

He escuchado bastante polémica en relación a que en los manifiestos y pancartas principales de la manifestación celebrada el sábado día 17 de febrero, no figuraba el término Genocidio. Solo cabe pensar que el hecho de no utilizar esta expresión, por parte de los convocantes, era para no molestar, ofender… al gobierno de Netanyahu, pues en castellano, según la RAE, Genocidio se define como: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.”

Lo cierto es que más que discutir sobre si la palabra genocidio aparece o no escrita, no puede caber duda de que lo que se está cometiendo en Gaza desde el 7 de octubre es un Genocidio.Considero que tiene más lógica polemizar sobre si es importante que Israel se moleste o no, cuando lo que las manifestaciones masivas que está habiendo en muchas ciudades del mundo están pidiendo a sus gobiernos es que rompan relaciones diplomáticas con el Estado sionista israelí; ojo, con el Estado sionista y con el Gobierno de Netanyahu, no así con el pueblo de Israel.

No puedo dejar de pensar en por qué nuestro Gobierno de coalición de izquierdas no da el paso de romper relaciones con Israel, ni se ha sumado a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional, y me hago hipótesis en la cabeza a este respecto. La que más solidez toma es la de que más que preocuparles, a nuestro Gobierno de coalición de izquierdas, que se pueda molestar el Gobierno de Netanyahu, les preocupa que se moleste la Administración de Biben, pues desde que estalló oficialmente la guerra en Ucrania, tras la entrada de las tropas de Putin en territorio ucraniano, somos percibidos como el alumno aventajado de la OTAN; título por el que pugnan Sunak, Sochlz, Macrón y Sánchez, junto a los demás presidentes y presidentas de los países miembros de esa estructura militar.

Cuando se critica a los sindicatos, por lo que hacen y también por lo que no hacen, se suele decir que si no existiesen habría que inventarlos. Pues bien, no existe un movimiento contra la guerra, ¡habrá que inventarlo!, ya que la única manera de que los gobiernos cambien de rumbo es con las masas en la calle exigiendo y reivindicando, y esto vale contra la guerra y contra las políticas contrarias a los intereses de la mayoría de la sociedad.

Las críticas a las formas verbales de los convocantes eran legítimas, incluso las comparto, pero de ahí a no acudir a la manifestación y boicotearla, me parece que hay una gran diferencia. Supongo que a los y las gazatíes que están rodeados de muerte les parecerá bienvenida toda ayuda, incluso el apoyo abstracto de un manifiesto y/o una movilización, la convoque quien la convoque. En este sentido, valoro muy positivamente que las confederaciones sindicales UGT y CCOO hayan convocado la manifestación del día 17, así como que el PSOE haya convocado a sus bases y que haya desfilado con una pancarta propia en esta manifestación.

Lo cierto es que hubo pancartas, como la del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que sí denunciaban el Genocidio que Israel está cometiendo, y a nadie le molestó, ni desde la organización de la manifestación se instó a que se retirasen estas pancartas.

La manifestación que tuvo lugar el 27 de enero si que fue muy masiva, pero a aquella no se sumaron las grandes organizaciones sindicales y partidos. Es una pena que la izquierda ande como en la película “La vida de Brian”. Es tan grotesco como triste que ante un crimen de masas como el que se está cometiendo, un crimen que dura ya más de 77 años, que las organizaciones que dicen defender los intereses de la mayoría social, las grandes, las medianas y las minúsculas, no sean capaces de buscar la unidad para rechazar semejante atrocidad.

Rompamos relaciones con los países genocidas y con las satrapías. No podemos criticarles y acto seguido venderles armamento.

Reconsideremos con quienes nos aliamos y a qué aventuras militares imperialistas nos llevan esos supuestos aliados, quienes en realidad buscan apoderarse de mercados y materias primas.

Digamos no a la guerra, como lo dijimos en 2003 contra la guerra en la que nos metieron los criminales de las Azores.

Unidad para parar el Genocidio, el Exterminio, la Matanza, el Crimen de lesa humanidad… Basta ya.

Rogelio Obrador

Socialista de Madrid no afiliado

¡La amnistía es necesaria para la mayoria social!

El proyecto de ley de amnistía fue rechazado el martes 30 de enero en el Congreso de los Diputados con el voto en contra a última hora de los 7 diputados de Junts. La Comisión de Justicia del Congreso decidirá cuando se volverá a presentar el Proyecto.

El riesgo de que no haya amnistía pondría en serio riesgo la legislatura, al romperse la mayoría que votó la investidura de Pedro Sánchez. Flaco favor se hacen a si mismos los diputados de Junts al votar lo mismo que PP y VOX y dar alas al franquismo político y judicial.

Por su parte, el juez García -Castellón – incapaz de averiguar quién era un tal M. Rajoy en el caso Gurtel, incapaz de no ver nada de lo que sucede en Marbella, y que ha organizado más de 20 procesos e investigaciones contra Podemos (todos archivados), se ha dedicado las últimas semanas a intentar acusar de terrorismo a Carles Puigdemont y otros dirigentes.

Otro juez, Joaquín Aguirre acusó en la TV pública alemana, las presuntas conexiones rusas del Procés (operación Voloh) saltándose a la torera el secreto del sumario, dando argumentos y opiniones esperpénticas, y dictando el mismo día un auto acusando a Puigdemont de alta traición.

No son unos pocos jueces politizados. Es la cúpula judicial, el CGPJ que lleva 5 años caducado quien encabezan la ofensiva. No quieren que se hable de Lawfare, pero, la confabulación del aparato judicial más rancio y la política de PP y VOX no parece una casualidad. No es casual que en la manifestación del 28E, el PP ensalzara a estos jueces como héroes nacionales. No es casual tampoco que el PP exija que la elección del CGPJ corresponda a los propios jueces y no al parlamento votado por el pueblo. De esta forma, podrían bloquear todas las decisiones del Parlamento y del gobierno contrarias al ideario político de estos jueces.

El Rey, Felipe VI tampoco es neutral en este tema. Lejos de cumplir con su obligación de arbitrar y moderar “el funcionamiento regular de las instituciones”, el día 14F, en Barcelona, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, Felipe VI ha apelado al «respeto» a las resoluciones del Poder Judicial porque tiene atribuida, en exclusiva, la función de juzgar como poder «independiente y plenamente separado» de los demás. A pesar de que sus resoluciones excedan de las funciones democráticas que tienen atribuídas los jueces y a pesar de que la cúpula del CGPJ lleve más de cinco años usurpando el cargo. De hecho, en el mismo acto, el presidente del CGPJ elevó su voz para gritar a los políticos «dejennos en paz», ante la connivencia del monarca. Por tanto, el Rey, en nombre de quien se firman las sentencias, también forma parte del problema.

Es necesario restablecer la fraternidad entre los pueblos y su unidad ante un enemigo común, la herencia del franquismo que atenta contra la igualdad, contra el medio ambiente, contra la libertad y contra los derechos de los trabajadores y los pueblos. Por eso es necesaria la amnistía.

Espero que la amnistía sea aprobada. Espero que la apuesta por la convivencia, la política y los derechos de trabajadores y pueblos se abra camino. Que la política se normalice, y que podamos tener una legislatura de avances sociales, económicos y democráticos avalada por la mayoría parlamentaria que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Carles Arroyo
Militante PSC

Redoblar la lucha por la Amnistía

Getafe 8 de febrero

El debate sobre la Amnistía se ha instalado en la sociedad, sin que eso signifique que este sea un tema de máxima preocupación del conjunto de la ciudadanía. Según el barómetro del 17 de enero, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo al 2,3% de los encuestados sitúan la amnistía como uno de los tres principales problemas del país.

En el acto que tuvo lugar en Getafe el pasado día 8, en el que tuve el honor de compartir mesa de debate con Gloria Elizo, Ana González y Jesús Béjar, pudimos debatir sobre a quién y por qué le preocupa la amnistía, y qué beneficios puede tener para el conjunto de la sociedad.

Una cuestión previa que se planteó fueron los antecedentes del conflicto en Cataluña. Se señaló que no se puede olvidar que en septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprobó democráticamente la reforma del Estatut. Este documento fue enviado a las Cortes para su aprobación, lo que ocurrió en marzo de 2006. Una vez aprobado, también democráticamente por el poder legislativo, se procedió a convocar un referéndum en Cataluña en junio de 2006, siendo aprobado por los y las votantes. Hasta aquí todo normal.

Este proceso legítimo fue rechazado por la derecha españolista, el PP principalmente, y por los “hombres de Estado del PSOE”, esos que acompañan a la derecha siempre que tienen ocasión. El PP, judicializó el Estatut llevándolo al Tribunal Constitucional, alto tribunal que, en 2010, cercenó 14 y modificó 23 de los artículos de la ley aprobada por el legislativo autonómico y estatal.

Este proceder, con prácticamente los mismos protagonistas: PP, Ciudadanos, VOX y la corte de Felipe González, la hemos visto en 2006 y 2007, cuando Zapatero aceleró el proceso de paz en el País Vasco, que devino en fin de la violencia, o cuando en 2021 Pedro Sánchez procedió a indultar a los presos políticos catalanes del “procés”.

Tanto los protagonistas de la refracción como los contenidos refractados delatan a un nacionalismo hegemónico que lleva muchas décadas camuflado detrás de la rojigualda, a nombre de “salvar España”.

Solo el 2,3% de la ciudadanía ve en este asunto una preocupación prioritaria. Porcentaje este que debe ser coincidente con quienes en 1978 se consignaron para dar continuidad al franquismo. Los que, en enero de 1977, por el real Decreto Ley 1/1977 le cambiaron el nombre al Tribunal de Orden Público y lo rebautizaron con el de Audiencia Nacional.

Están preocupados muchos del estamento armado, quienes se consideran un Estado dentro del Estado, cuyo jefe en la cadena de mando es el jefe del Estado, como el dictador. Siempre han dicho que la institución monárquica es “decorativa”, pero se pongan como se pongan ostenta la jefatura del Estado, y así lo han demostrado los dos borbones de la democracia, la última en el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que echó gasolina al fuego.

A mi modo de ver, los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos que componen el Estado español, en su inmensa mayoría, no se consideran nacionalistas: ni vascos, ni catalanes ni gallegos, menos aún quienes hemos nacido en cualquiera de los demás territorios del Estado. Asistimos a la confrontación de intereses de las minorías privilegiadas que pugnan por controlar el dinero de los impuestos y los resortes del poder en los distintos territorios. De entre esos grupos destaca el nacionalismo español, heredero del nacionalcatolicismo franquista, que fue el nacionalismo imperante durante los cuarenta años de dictadura y que ahora continua siendo excluyente hacía los demás nacionalismos. En su pugna, estos grupos de interés, no dudan en utilizar los símbolos, como la bandera, o la lengua, como elementos de confrontación.

Los ciudadanos y ciudadanas que componemos la pluralidad de pueblos del Estado español, necesitamos una convivencia pacífica y no de confrontación permanente, para avanzar en los retos comunes a todos los pueblos del Estado.

Según el aludido último barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la sociedad son la Economía, la Sanidad y el Empleo.

Efectivamente, necesitamos que el Gobierno gobierne para que la especulación inflacionaria deje de esquilmar sueldos y pensiones. Especulación que toma su forma concreta en el conflicto de los agricultores, con los diferenciales entre los precios en origen y los precios de venta a los consumidores.

Necesitamos que los gobiernos: central, autonómicos y municipales, cumplan con lo establecido en el artº 43 de la Constitución:

“Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

La privatización de la Sanidad Pública ha llevado el sistema de salud a una situación que, lejos de “prevenir” asegura el caos cada vez que la situación se tensa. Esto fue brutal en la pandemia y acaba de ser nuevamente evidente en la epidemia anual de gripe invernal. Es por ello fundamental derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 1986 y la ley 15/97, que habilitan a las comunidades autónomas a poner la Sanidad Pública en manos de las empresas privadas, trasladando el objetivo de “la Salud de los ciudadanos” a “los Beneficios de los accionistas”.

Necesitamos que las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras deje de precarizarse, por lo que es preciso que el Gobierno derogue de verdad las reformas laborales de 2010 y 2012, las que han destruido y precarizado el empleo en este país, facilitando el despido, desregulando las condiciones laborales y abaratando los salarios.

Por estos motivos, la amnistía debe servir para cerrar la brecha de convivencia que la política represiva del Gobierno de Rajoy abrió con Cataluña. No es una cuestión formal, es una necesidad democrática.

Roberto Tornamira

Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE

Declaración de blanquerna

Redoblar la lucha por la Amnistía

Reunidos en Madrid el 27 de noviembre en la Librería Blanquerna de Madrid a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), con el objetivo de redoblar el combate por obtener una verdadera ley de amnistía que afecte a «todos los perseguidos por el Proces» y para acabar con toda la legisla- ción represiva de herencia franquista, en particular la Ley Mordaza.

Hemos considerado que para conseguir esta ley es necesaria la implicación y movilización de todas las organizaciones obreras y democráticas, que no podemos confiar en los meros mecanismos parlamentarios e institucionales.

Que la consecución de estos objetivos, así como la defensa de las organizaciones, los militantes y elegidos del pueblo que luchan por ellas, exige que en todo el Estado, en todos los pueblos de este país, se desarrolle un amplia campaña al respecto con el objetivo de vencer a la reacción impulsada por los franquistas amparándose en la instituciones heredadas de la dictadura.

La lucha por la amnistía es inseparable de la lucha en defensa de todas las libertades y los derechos sociales.

8M: Apoyar la resistencia palestina es preservar el significado del Dia Internacional de la Mujer Trabajadora

El exterminio en Palestina tiene rostro de mujer. Con los datos de febrero de 2024 se han asesinado 12.000 niños y niñas y 8.190 mujeres. De las 7000 personas desaparecidas, el 70% son mujeres, niños y niñas.

Mujeres que pierden a sus familiares, que son detenidas y víctimas de todo tipo de violencia. Muchas enviudan o pierden a sus hijos e hijas. Absolutamente todas enfrentan esta situación con actitud de resistencia activa. Su sufrimiento suele ser ignorado o directamente silenciado. Son detenidas e interrogadas, sometidas a violencia, tortura y vejaciones, lo que ha provocado hasta la muerte de algunas de ellas, trabajadoras de todos los ámbitos y sectores: periodistas, poetas, escritoras, artistas, médicas, deportistas, docentes… Mujeres de cuatro generaciones han sido asesinadas junto a sus hijas e hijos.

Mujeres a las que han tenido que practicar cesáreas sin anestesia, curar heridas con vinagre doméstico, realizar operaciones sin luz al amparo de teléfonos móviles, criaturas que nacen prematuras y con bajo peso, y mujeres que contraen infecciones y mueren por complicaciones. 60.000 embarazadas darán a luz en estas condiciones en los próximos meses.

Ya sea como enfermeras, cuidadoras, madres, hijas, espías o combatientes activas, las mujeres han sido parte de los conflictos a lo largo de la historia. Además de tener que velar por la alimentación y la supervivencia de sus familias, encontrando el sustento y la atención médica necesarias en una situación de pobreza, pérdida de trabajo y destrucción del hogar. Hoy 14.000 unidades familiares dependen de las mujeres palestinas.

Después de haber bombardeado las ambulancias, las escuelas, las panaderías, los lugares de culto, los tanques de agua y los paneles de energía, y luego de haber aislado a Gaza del mundo exterior cortando Internet y los medios de comunicación, 30 hospitales y 53 centros de salud quedaron fuera de servicio, 150 instituciones de salud fueron parcialmente atacadas por Israel, hoy en día los vemos bombardeando cualquier recurso de vida en Gaza.

Por otra parte está siendo atacado el sistema educativo, otro sector feminizado, por pertenecer al rol de cuidado atribuidos culturalmente a las mujeres, en el que están siendo asesinadas trabajadoras y que ha sido especial objeto del genocidio mediante la destrucción de todas las universidades, bombardeo de las escuelas e institutos asesinando centenares de docentes.

Las que tomaron la decisión de reunirse en los centros sindicales cuando miles de trabajadores fueron detenidos y enviados a campos de trabajo o asesinados directamente, fueron detenidas, torturadas, vejadas y asesinadas.

El día 8 de marzo se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA porque en marzo de 1911 la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas así lo decidió, para honrar a las mujeres que lucharon y luchan por la emancipación de los trabajadores y por tanto por su propia liberación de la doble opresión y explotación. Explotadas como cualquier trabajador y oprimidas por el hecho de ser mujeres.

Nos indignamos frente al silencio o al cinismo de la dirección de las organizaciones que dicen defender los derechos de las mujeres y participan en la política de genocidio.

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