La angustia de las familias empezó un 9 de marzo de 2020 con el cierre de puertas en las residencias, 6 años después aún no se ha terminado porque no hemos obtenido justicia.
El 11 de marzo se creó el mando único de hospitales públicos y privados. A esa reunión asisten Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y dos consejeros: el de Sanidad y Hacienda.
Antonio Burgueño, asesor Sanitario de la Comunidad de Madrid, se reúne con Ayuso, Lasquetti y Ruiz Escudero para medicalizar las residencias, lo que nunca se hizo. Ayuso ha mentido a toda la población a este respecto, en varios comunicados.
El 18 de marzo de 2020 se firmó el primero de los 4 protocolos de discriminación sanitaria a usuarios de residencias en situación de dependencia; emitidos por parte de la Comunidad de Madrid. Esos protocolos les condenaron a miles de residentes una muerte segura y cruel.
Los protocolos fueron redactados por Peromingo y 22 Geriatras de enlace creados por Ruiz Escudero. Mur los coordina, revisa, firma y los remite a Ana Dávila.
Una decisión política que no tenía sentido, puesto que había medios materiales y humanos para poder atender a esas personas vulnerables.
Quiero recordar esos medios, más de 1500 sanitarios que se podían haber enviado a las residencias y así medicalizar, el IFEMA -al que solo se derivaron a 23 residentes leves-, hospitales privados que solo fueron derivados si tenías seguro médico privado y a los hoteles medicalizados. Ninguno de estos recursos se utilizaron mientras nuestros familiares morían ahogados en sus flemas, agarrados a los barrotes de la cama, compartiendo habitación vivos y muertos…miles de historias a cual más cruel y dolorosa para las familias.
Cuando llegaron a las residencias la UME, Bomberos y Policía Municipal, el panorama que allí se encontraron fue dantesco.
En las declaraciones que se hicieron en la Comisión Ciudadana, José Antonio Martín Pallín, Presidente de esa Comisión, en una entrevista, dijo que en los años que había asistido a Juicios nunca se encontró con tanto dolor.
Las familias interpusieron más de 700 querellas, algunas se han archivado, otras siguen a la espera de juicio y otras están en el Tribunal Constitucional con un Recurso de Amparo. Ha declarado Carlos Mur, el firmante de esos protocolos que avisó que podían ser ilegales, lo mismo que hizo Alberto Reyero. También ha declarado Francisco Javier Martínez Peromingo y en la actualidad se está a la espera de que declare Pablo Busca, Gerente del SUMMA 112 en Madrid.
Las familias no pedimos nada raro, solo JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN.
Hay muchas parejas de esos fallecidos que por edad han ido quedando en el camino y las que sobreviven no tienen esperanza de ver que se haya hecho JUSTICIA.
Es una pena que en pleno siglo XXI se esté dilatando en el tiempo la investigación del mayor HOMICIDIO de la Democracia, todo el mundo se quedó con la cifra de 7291, pero fueron más, incluidos los fallecidos en domicilio que eran dependientes, los cuales se les aplicaron los mismos protocolos discriminatorios.
En cada una de esas cifras hay una vida, una familia y unos derechos vulnerados. El duelo sigue abierto y el dolor, la rabia y la impotencia crece día a día ante el abandono de las instituciones. Nadie se ha preocupado de las familias ni de los daños colaterales que tanto dolor ha provocado.
Ultima reunión el Pacto de Toledo, 26 de Junio de 2025
Cada vez que se habla del futuro de las pensiones reaparece la misma pregunta: ¿será sostenible el sistema? Sin embargo, más allá de las cifras o de las previsiones demográficas, las pensiones públicas representan algo más profundo: uno de los grandes contratos sociales de nuestra democracia y el pacto entre generaciones que sostiene el Estado del bienestar. El sistema español se basa en un modelo de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de quienes ya han concluido su vida laboral. Este mecanismo expresa el principio de solidaridad intergeneracional. Frente a este modelo, algunos proponen sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador ahorra para su propia jubilación. La experiencia internacional muestra que estos sistemas trasladan más riesgos a los ciudadanos y dependen de los mercados financieros, mientras que los sistemas públicos de reparto son más seguros, ofrecen mayor estabilidad en las prestaciones y refuerzan la cohesión social.
La solidaridad intergeneracional constituye uno de los pilares del Estado del bienestar europeo. En España cuenta además con una base jurídica clara: la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar un sistema público de Seguridad Social que asegure prestaciones suficientes y pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Para preservar esa estabilidad nació en 1995 uno de los acuerdos políticos y sociales más relevantes de nuestra historia reciente: el Pacto de Toledo. Tres décadas después sigue siendo el marco que ha permitido preservar el sistema público de pensiones mediante reformas graduales y consensos políticos y sociales. La principal fortaleza del sistema español ha sido precisamente ese método basado en el acuerdo institucional y el diálogo social, que ha adaptado progresivamente el sistema a los cambios económicos y demográficos sin poner en riesgo su estabilidad ni su legitimidad social.
Desde mediados de los años noventa se han sucedido diversas reformas de las pensiones. Durante el periodo de crecimiento económico entre 1995 y 2007 se adoptaron decisiones estructurales relevantes, como la separación de fuentes de financiación, que permitió que las cotizaciones sociales financiaran las prestaciones contributivas mientras el Estado asumía otros gastos del sistema. También se reforzó el carácter contributivo de las pensiones y se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que alcanzó cerca de 67.000 millones de euros. En plena crisis financiera se acordó la reforma de 2011, que aprobó la elevación gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y medidas para las jubilaciones anticipadas y parciales, así como incentivos para prolongar la vida laboral. En 2013 se adoptó una nueva reforma sin acuerdo que introdujo el índice de revalorización de las pensiones del 0,25 % y un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, lo que generó un amplio rechazo social ante la perspectiva de pérdida de poder adquisitivo y la descapitalización del Fondo de Reserva.
Las reformas pactadas entre 2021 y 2025 han tratado de recuperar el equilibrio del sistema y reforzar su legitimidad social. Entre ellas destacan la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el refuerzo de las pensiones mínimas, las medidas para reducir la brecha de género, el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la transferencia al Estado de determinados gastos impropios y el incremento de las cotizaciones mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aún siguen pendientes algunas medidas relevantes para completar este proceso de reforma, entre ellas la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y la revisión de las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización.
La sostenibilidad del sistema depende en gran medida de la evolución del empleo. En los últimos años se han producido avances significativos. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025, la ocupación se situó en 22,46 millones de personas, mientras que la tasa de desempleo descendió por debajo del 10 %, muy lejos del 26,9 % registrado en 2013. La reforma laboral de 2021 ha aumentado notablemente la contratación indefinida y ha reducido significativamente la temporalidad, que ha pasado de alrededor del 30 % a cerca del 15 %, situándose en el 12,5 % en el sector privado. A ello se suma la subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en torno al 60 % del salario medio. La productividad también ha crecido en torno al 1,4 % anual desde la pandemia, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) ha avanzado por encima del promedio de la zona euro, reforzando la base económica del sistema de protección social.
El futuro de las pensiones no depende únicamente de las reformas dentro del propio sistema. Depende también de las políticas económicas y sociales que determinan las oportunidades de las nuevas generaciones. Es necesario reforzar las condiciones que permitan a los jóvenes construir proyectos de vida estables: empleo de calidad, salarios dignos, vivienda asequible, educación pública robusta y formación adaptada a los cambios tecnológicos. Para que el pacto entre generaciones siga siendo creíble es imprescindible que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas y desarrollar trayectorias profesionales estables que les permitan cotizar de forma suficiente a lo largo de su vida laboral.
Europa atraviesa un rápido envejecimiento demográfico. España combina una de las mayores esperanzas de vida con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, lo que altera la relación entre población activa y jubilada. El sistema público supera hoy los 10,4 millones de pensiones y más de 9,4 millones de pensionistas, cifra que podría acercarse a los 15 millones en 2050. En 2024 la ratio de cotizantes por pensionista alcanzó 2,44, el mejor dato en una década. Al mismo tiempo, la digitalización, la inteligencia artificial y la descarbonización están transformando el mercado laboral. Esto exige políticas de transición justa que eviten el aumento del desempleo y la precariedad. En este contexto, la inmigración puede contribuir a sostener la población activa y reforzar la base de cotizantes del sistema de pensiones.
A menudo se afirma que España gasta demasiado en pensiones. Sin embargo, el gasto actual se sitúa en torno al 13 % del PIB, en niveles comparables a los de otros países europeos. Las previsiones del Gobierno y de las instituciones europeas sitúan este gasto alrededor del 15 % del PIB hacia 2050, considerando sostenible el actual esquema de ingresos y gastos. Por su parte, la AIReF concluyó en 2025 que, en las condiciones actuales, no son necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque estima que el gasto podría situarse en torno al 16 % del PIB en 2050. El organismo está preparando actualmente una nueva evaluación del sistema.
Treinta años después de su creación, el Pacto de Toledo sigue siendo una referencia esencial de la política social española. La renovación de sus recomendaciones, prevista para este año, constituye una oportunidad para actualizar los consensos que han permitido preservar la estabilidad del sistema durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, debería asumirse un objetivo político más ambicioso: reforzar el blindaje constitucional del sistema público de pensiones mediante el reconocimiento del carácter público del sistema y de la suficiencia y actualización de las pensiones como derechos fundamentales. Garantizar pensiones públicas suficientes y sostenibles significa proteger la dignidad de quienes han trabajado toda una vida y asegurar que las nuevas generaciones puedan confiar también en ese mismo contrato social.
Toni Ferrer Sais
Ex secretario de Acción Sindical de UGT
Ex presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado
En los últimos meses venimos asistiendo a un constante ataque desde distintos medios de comunicación, y de todo tipo, poniendo en cuestión el actual Sistema Público de Pensiones, esto no sería ninguna novedad, ya que desde que accedí al mundo laboral hace ya 50 años ya sucedía, pero ahora ante el fracaso de todas las estrategias anteriores se trata de enfrentar a las nuevas generaciones de trabajadores jóvenes con los actuales pensionistas.
Parten los críticos de las pensiones públicas de la falsa premisa de que el sistema actual no es sostenible diciendo que para garantizar las prestaciones se tienen que destinar recursos públicos que sería necesario destinar a otros objetivos. Que el sistema Público actual no ingresa lo que gasta y, por tanto, su perspectiva si no acude el Estado en su rescate es la quiebra del Sistema.
Para poner en cuestión al Sistema se suele utilizar el argumento de que los pensionistas actuales cobran unas pensiones muy superiores a la media del salario actual de los trabajadores, y en particular de los jóvenes. Este postulado es radicalmente falso. El salario medio reconocido en el último informe del Ministerio de Trabajo es de 2.531 € mensuales, y la pensión media está situada en 1.320 € mensuales.
La realidad del contenido del Sistema Público de Pensiones nos lleva a comprobar que, en la actualidad, de los 10,5 millones de pensionista, sólo 6,5 millones pertenecen a jubilación, el resto son de viudedad (2,4 millones), orfandad (350 mil); invalidez (1,1 millones); y en favor de familiares (46 mil). Pues bien, de los 6,5 millones de pensiones de jubilación 2,5 millones no alcanzan los 1.000 € de pensión, y otros 1,5 millones no llegan a los 1.500 €; solo 1,2 millones tiene una pensión superior a los 2.500 €. Y todo a lo anterior hay que poner el detalle de que son cantidades brutas, es decir que un pensionista que percibe una pensión de 3.000 € se le aplica una retención de un 23/24%.
La segunda consideración sobre el actual Sistema Público de Pensiones viene dada por su naturaleza: un sistema de reparto que consiste en la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores de hoy con sus cotizaciones y las de los empresarios, pagan las pensiones de hoy; al igual que los pensionistas de hoy, cuando estábamos en activo, pagamos las jubilaciones de nuestros antepasados. Y este sistema solidario es el actual objeto de ataque y destrucción por parte de los “grandes intereses económicos del país”, bancos, aseguradoras, fondo de inversión, etc. Y, por supuesto de los empresarios.
El argumento que se han buscado es que los pensionistas viven muy bien a costa de las cotizaciones que realizan los jóvenes de hoy en día, y que esta situación dificulta que los actuales trabajadores tengan un nivel de vida adecuado. Entre estas carencias ponen el problema de la vivienda. En definitiva, como a lo largo de muchos años de crítica no han conseguido destruir el sistema, y que la mayoría de los trabajadores suscribieran planes de pensiones privados; la última estrategia es enfrentar a los jóvenes con sus mayores.
Tal como he señalado anteriormente, no es cierto que los pensionistas cobren esas cuantías que se exhiben por parte de la derecha mediática (sólo un porcentaje menor lo cobra), y lo que deben hacer los poderes mediáticos, y entre ellos los empresarios, es reconocer unos salarios dignos, y no someter a especulación bienes que son “vitales” en el devenir de las personas: sanidad, educación, vivienda, jubilación y dependencia, servicios que se deben garantizar si o si, por un Estado que, en el artículo 1 de su Constitución proclama “como un estado social y democrático de derecho.” Igual que en su artículo 43, se reconoce el derecho a la salud, y la obligación de los poderes públicos de llevarlo a cabo; en su artículo 47, se reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna, y la obligación de promoverlas; del mismo modo el artículo 50, establece que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.
El problema de la vivienda, o de los bajos salarios de los trabajadores no son consecuencia del pago de las pensiones, como pretende hacer ver la patronal, dejando caer que si no tuvieran que pagar el 28% del salario (entre la cotización empresarial y la del trabajador), ese porcentaje podría ir al bolsillo de los trabajadores. La ventaja es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Solo basta tomar un ejemplo actual para ver cuál es la realidad de los trabajadores y desmontar esa “alegoría empresarial”. En estos últimos años en los que se ha subido un poco más dignamente el Salario Mínimo Interprofesional, hemos podido comprobar como la patronal, año tras año ha venido “compensando y absorbiendo” los pequeños incrementos, cuando el trabajador tenía cualquier complemento. Y eso que estamos hablando de salarios muy poco por encima de los 1.000.-€ ¿Sabéis al bolsillo de quién iba a ir ese 28% de las cotizaciones sociales?, ya os lo digo yo, al de los empresarios, por la vía de la compensación y absorción. En pocos años estaría totalmente neutralizado, y por contra los que no encontraríamos es que los jóvenes de hoy, sobre todo los de salarios más modestos, el día de mañana ni tendría un salario digno, ni una vivienda en condiciones, y tendrían un gran problema con su jubilación.
Para los más moderados, es decir, aquellos que no plantean la destrucción del sistema, sino que hay que llevar a cabo una reforma del Sistema, la consigna es que se establezca un sistema de capitalización en lugar de reparto, esto es, que cada trabajador cobre de pensión en función de lo que ahorre o aporte. Consagrando de esta manera todavía más la desigualdad social. Porque los salarios más bajos se verían abocados a pensiones todavía más bajas, y ello llevaría a que se fomentasen mucho más los fondos privados. “Como la Sanidad no funciona bien”, más Sanidad privada y concertada; como la “educación pública no funciona bien”, ídem de ídem. Y lo mismo se pretende con estas iniciativas.
Las pensiones públicas, al igual que el Sistema Público de Salud, o la Educación, no pueden estar sometidos al criterio “mercantilista” del beneficio. Son instrumentos que garantizan o deben garantizar la equidad entre los ciudadanos y, por tanto, si se necesitan más ingresos que se suban las cotizaciones sociales; y si el Estado tiene que aportar fondos para garantizar su funcionamiento debe formar parte de sus prioridades. Nadie se pregunta si las Empresas Municipales de Transportes, o las Compañías de Metro dan beneficios. Son un servicio público, y como tal deben funcionar. Los que cuestionan el ACTUAL Sistema Público de Pensiones debían cuestionar primero la especulación tan brutal que se produce con la vivienda, o la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. La Comunidad de Madrid desde el año 2024 ha subido el precio del módulo de la vivienda de protección pública un 30%, bajo el argumento de que si no lo subía las empresas no construía viviendas públicas. ¡SIN COMETARIOS!
Qué difícil es salir del marco que define un sátrapa, máxime cuando ese ser sin alma dirige los destinos de la, todavía, primera potencia mundial con una ejecutoria que se mueve en función de la última ocurrencia que se implanta en su mente, siempre con el objetivo de apoderarse de las fuentes de riqueza económica que esquilma a las naciones que poseen esos recursos, por la fuerza y al margen del derecho internacional y la carta de los derechos humanos, que para el dictador global no existen.
La aparición de un nuevo estilo en la gestión de las relaciones internacionales que ha implantado D. Trump, el matonismo, ha desbaratado el valor de la diplomacia como guía de conducta entre las naciones para atemperar las disputas y evitar que deriven en conflictos bélicos. Diplomacia que hoy está siendo sustituida por la ley del más fuerte que es lo que determina el modelo de relaciones entre los países, sobre todo sobre aquellos que tienen recursos naturales estratégicos, para apoderarse de ellos, que es lo que desea y busca el matón de la Casa Blanca.
Cambio de modelo que tiene múltiples efectos de envergadura planetaria. El primero, el caos y desconcierto que genera en las relaciones internacionales que ya no se rigen por el derecho, los convenios y acuerdos internacionales, sino que se mueven al albur de los deseos, de la apetencia con la que se levante cada mañana el rey felón en su guarida del despacho oval. El segundo, la aparente estrategia errática en la gestión del poder global es un trampantojo para ocultar que todo, hasta las patochadas, están orquestadas con el objetivo de despistar a los líderes internacionales sobre cómo deben relacionarse con el nuevo reyezuelo planetario. Tres: desconcierto con el que son recibidos cuando visitan la Casablanca, dónde les espera una encerrona rodeado de su guardia pretoriana que les acogota y los lleva a decir y aceptar todo lo que el rey de bastos quiere escuchar conforme a sus deseos, pues si se desmanda es rápidamente recriminado por los secuaces del sátrapa, como le pasó a Zelensky.
Cuatro: Estrategia para acogotar el interlocutor que retransmite al planeta a través de las múltiples cámaras de las televisiones, que contribuyen configurar un escenario que amedrenta al interpelado que no le queda más opción que declarar su pleitesía al sátrapa, para salir huyendo de ese plató televisivo planetario lo antes posible. Ninguno de los que líderes mundiales que por allí han pasado se han atrevido a contravenir al narcisista supremo, solo Macrón se atrevió a aclararle un dato, no para contravenirle, sino para marcar la diferencia que Francia siempre busca patentizar. Y quinto: el miedo que se configura como actor protagonista del nuevo guion diplomático. Miedo a ser sancionado económicamente en los intercambios comerciales, a que tu país sea bloqueado por la USA Navy o, en el peor de los casos, a que sea bombardeado e invadido si rechazas las pretensiones del sátrapa. Intenciones que ya no se ocultan, sino que se explicitan y propalan públicamente, sin vergüenza y con amenazas, dichas como si fueran ideas sueltas que pasean por la mente Trump, cuando en realidad anticipan lo ya planeado que está a punto de ocurrir. Lo último el bombardeo de Irán.
En este panorama, todo líder político, qué impelido por las circunstancias, le dice NO, Trump lo convierte en un apestado, en un socio no fiable, como antesala, como advertencia de lo que le podría pasar si no se aviene a sus deseos. De este modo, se genera una omertá, una ley del silencio planetaria, que solo admite la sumisión a los dictados del dictador, que solo son capaces de vulnerar los líderes que alzan la voz para defender la ética política que supone no dar el visto bueno, no aceptar, la vulneración de los derechos internacionales para justificar el bombardeo de un país y desatar con ello un conflicto armado de futuro impredecible.
Se dan aquí el cruce de dos principios que, por interés político se confunden y parangonan, forzando al ciudadano a tomar partido por uno u otro, cuando en realidad es un debate falaz. La historia está repleta de ejemplos en los que las naciones poderosas, los imperios, han querido imponer su organización y estructura social sobre otros, con el resultado de ser un fracaso que ha costado miles, millones, de vidas, porque no se puede imponer por la violencia de las armas un orden social, por muy beneficioso que pueda ser, porque eso supone negar el derecho de los pueblos a evolucionar por sí mismos. Máxime en zonas del planeta como es oriente medio, donde las potencias del siglo XIX, fundamentalmente el Reino Unido en esa zona del mundo, marcaron fronteras a su interés económico sin tener en cuenta los lazos religiosos y culturales de los pueblos afectados.
El derecho internacional nace, precisamente, para limar y negociar los conflictos mediante la guía de los derechos que asisten a los países, las personas y las relaciones internacionales, para que ninguna nación haga lo que quiera con otro país menos poderoso. Para eso nació la ONU, hoy devaluada por el derecho a veto de cinco países que lo han utilizado siempre para defender por sus intereses o los de sus aliados. Desigualdad infumable a estas alturas del siglo XXI que debe corregirse. Aun así, las Naciones Unidas han evitado conflictos y mediado en otros con los casos azules.
Que en su ejecutoria las organizaciones y el derecho internacional no haya funcionado con eficacia, y más cuando su objetivo es evitar la guerra, no quiere decir que haya que meterlos en un cajón y olvidarnos de ellos, sino que hay que defenderlos por una razón ética para evitar que la vida en el planeta se convierta en una jungla gobernada por el más fuerte, que es lo que busca Trump. Por eso la postura adoptada por el Gobierno de España de negarse a aumentar el gasto militar, porque lo quiere Trump —que podía haber elegido en lugar del 5 el 10 o el 15% del PIB—, como denunciar la vulneración del derecho internacional por el ataque deliberado sobre Irán, o negarse a que las bases USA en España sean utilizadas para una guerra injusta, nos sitúan como país en el lado correcto de la historia.
No hacerlo hubiera supuesto una decepción para los españoles que defendemos los derechos internacionales, que no queremos más guerras —no hay guerras justas—, y que aborrecemos el seguidismo baboso que hacen del sátrapa otros dirigentes políticos, que así se sitúan en el lado oscuro diciéndole amén a todo. Postura que siguen el PP y Vox, derecha extrema y ultra derecha, que una vez más dejan sus meninges a un lado—si las tienen—por la obsesión de acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez, que anula en sus mentes cualquier tipo de consideración sobre la importancia de defender el derecho internacional. Defensa que no está en sus cabezas con lo que demuestran su nulo interés por las vidas humanas que, de manera abyecta, ocultan, lo que supone aceptar sin critica alguna los designios del dictador planetario, que confirma que en el fondo y en la forma son lo mismo.
Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.
El belicismo estadounidense y el llamamiento al rearme de las autoridades europeas, obedientes al mandato trumpista, amenaza con destruir las conquistas sociales nacidas de la victoria de la clase trabajadora en los frentes de batalla y en la Resistencia contra el nazi-fascismo.
Europa, desde el punto de vista geográfico, no es más que una pequeña península del gran continente euroasiático. Esta evidencia influyó decisivamente en la orientación de la defensa francesa en la segunda mitad del siglo pasado, que desarrolló una capacidad de disuasión nuclear independiente de los USA. Por ello la República francesa es hoy el único Estado miembro de la UE capaz de dar credibilidad a las medidas disuasorias, pues frente a Estados con poder nuclear el armamento convencional deja de ser disuasivo.
La creciente e impredecible agresividad de los USA, junto al colapso del régimen internacional de control nuclear, empujará a dotarse del arma nuclear a otros Estados que se sientan amenazados. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (1968) se debilita, proyectando un futuro sombrío sobre la humanidad.
Las guerras imperialistas
La crisis ucraniana constituye un punto de inflexión en la seguridad europea. El golpe de estado de 2014 en Ucrania, auspiciado por los USA, desembocó en una guerra civil en la región del Donbás. Ocho años más tarde, el presidente Vladimir Putin ordenó la denominada “operación militar especial”, en auxilio de la población rusófona con la esperanza de frenar la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Lejos de estabilizar la región, la invasión constituyó una grave vulneración del “derecho internacional” y sirvió como pretexto a los USA para iniciar una guerra proxy contra la Federación de Rusia.
El envío de armas a Ucrania alimenta la guerra de Occidente contra Rusia, que no aceptará una derrota humillante ni ver sus fronteras cercadas por una OTAN amenazante.
El rearme estanca la guerra y provoca numerosas víctimas inocentes en una sanguinaria carnicería, abriendo heridas que serán difíciles de cerrar.
La paz y la seguridad global están amenazadas por los USA, que viola sistemáticamente el derecho internacional. Su creciente agresividad lo prueba: Irak, Libia, Canadá, Dinamarca (UE), Venezuela, Gaza, Cuba, Irán, etc. Asesinatos masivos, con la complicidad del ente sionista, incluidas escuelas infantiles, sin previa provocación, con la finalidad de doblegar la voluntad de resistencia de los pueblos, extendiendo su siniestro manto de terror sobre el planeta.
El móvil de tales crímenes no es otro que su voluntad de apoderarse por la fuerza del control de las fuentes de energía fósiles y de las tierras raras. Su rivalidad con la República Popular China -intentando imponer a cualquier precio su supremacía geoestratégica, tecnológica y de control de los mercados- incrementa el riesgo de una conflagración nuclear.
Similitudes inquietantes
La Historia nos advierte que los horrores del pasado pueden repetirse. El golpe militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República española en 1936 -y la posterior guerra civil, con la implicación directa de la Alemania nazi y de la Italia fascista- anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que desembocó en el holocausto atómico de Hiroshima y Nagasaki.
La tragedia de dos guerras mundiales, constituye una advertencia severa sobre los riesgos que amenazan, por tercera vez consecutiva en poco más de cien años, al continente europeo.
El anuncio del canciller alemán “queremos hacer de nuestro ejército el ejército convencional más grande de la Unión Europea” tampoco es muy alentador, pues llueve sobre mojado.
¿Quo vadis, Europa? La urgencia de un nuevo rumbo
Pese a su gigantesca capacidad económica, la Unión Europea seguirá siendo un actor vasallo en tanto no asuma plenamente su condición geográfica. La seguridad europea, incluida la de Rusia, es indivisible. La seguridad de uno es la seguridad de todos. Difícilmente podrá construirse una paz duradera en Europa bajo la dependencia estructural del Pentágono.
La Europa que nació sobre las ruinas de la II Guerra Mundial, con la promesa de derribar muros, parece hoy obstinada en construirlos. Al abandonar los principios de solidaridad y derechos humanos en favor de un frenético rearme, la UE corre tras el espejismo de una falsa seguridad armamentista, perdiendo la autoridad moral que una vez la convirtió en un referente global.
Los países miembros de la UE actúan hoy bajo el temor al futuro. Tienden a refugiarse en un nacionalismo que fragmenta la respuesta común ante desafíos globales como la inteligencia artificial, el cambio climático o las crisis migratorias.
La situación actual ya no admite más evasivas diplomáticas ni silencios de conveniencia. Si el proyecto europeo desea sobrevivir a las tormentas del siglo XXI, debe dejar de huir de sus propios fantasmas y regresar a la senda de sus valores fundacionales, degradados por la infamia neoliberal enemiga de los pueblos.
Porque el camino hacia el futuro no consiste en seguir avanzando a ciegas, impulsados por un irresponsable ardor guerrero, sino en tener la valentía de corregir el rumbo antes de que el horizonte termine por desvanecerse entre la niebla de la guerra.
Las bases USA en España
El uso de las bases de Rota y Morón, bajo soberanía española, dependen de un convenio bilateral firmado en plena dictadura franquista con los USA, posteriormente actualizado. Por ello el Gobierno de España, en el pleno ejercicio de la soberanía española, ha decidido que no se utilicen para participar en guerras ilegales.
Tras las delirantes e intolerables amenazas proferidas por el presidente Donald Trump contra España, y la contundente y clara respuesta de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de coalición progresista, es imperativa la denuncia del convenio, que vence en mayo, y la salida inmediata de todos los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón, antes de que sea demasiado tarde.
Para ello, es necesario contar con el apoyo y movilización de todos los demócratas, de todos los progresistas de buena voluntad.
Manuel Ruiz Robles
Capitán de Navío de la Armada (retirado),
miembro del colectivo de militares demócratas contra la guerra.
La violencia es consustancial al capitalismo y sus contradicciones generan guerras imperialistas (RAE: Tendencia de un Estado a extender su dominio sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política.), para aumentar su poder y su riqueza, perpetuarse y evitar su hundimiento que actualmente se ve acelerado, pero jamás ponen muertos, los muertos los ponen siempre, los trabajadores.
Hay una verdad incómoda que atraviesa la historia contemporánea como una herida abierta: las guerras no las deciden los pueblos, sino los poderosos, pero quienes pagan el precio son siempre los mismos: trabajadores, familias humildes, jóvenes sin futuro, otras razas por el mero hecho de serlo, civiles atrapados entre fronteras que no eligieron. Ese es el sentido profundo del grito que desgarra y que vuelve una y otra vez en las calles del mundo. Hay un patrón que atraviesa siglos, fronteras y sistemas políticos: las guerras las deciden los poderosos; Los capitalistas, los gobiernos, los bloques militares, las farmaindustrias, las industrias armamentísticas, de alta tecnología, las multinacionales de la energía…quienes caen bajo las bombas, huyen con sus hijos en brazos, entierran a sus muertos en silencio, son siempre los mismos: obreros, campesinos, trabajadores.
Desde las guerras mundiales hasta los conflictos actuales, la lógica se repite Las élites económicas y políticas compiten por territorios y recursos. Los complejos industriales —especialmente el militar y la especulación bursátil— se enriquecen con cada bomba lanzada. Los agresores justifican sus decisiones en nombre de la seguridad, la patria o la libertad. Hacen las guerras para imponer su “libertad” a los países victimarios.
Antes de las guerras actuales y tras dos guerras mundiales, hubo otras guerras con las mismas falsas motivaciones: Vietnam, Corea, Guerra del Golfo 1ª 1990 a 1991 2ª 2003 a 2011), Afganistán, Irak, entre otras.
Y hoy, en pleno siglo XXI, el patrón se ha vuelto más evidente y más cruel, como se ha visto en el genocidio de Israel en Gaza.
Palestina y Oriente Medio: una crisis humanitaria que no deja de crecer.
En los últimos años, organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado repetidamente que las operaciones militares en Gaza y Cisjordania han provocado un número devastador de víctimas civiles, desplazamientos masivos y destrucción de infraestructuras esenciales. Las acusaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos han sido constantes, y muchos analistas señalan que las decisiones de líderes políticos han contribuido directamente a la escalada del conflicto y al sufrimiento de la población palestina.
Mientras tanto, los niños palestinos siguen muriendo bajo los bombardeos, las familias pierden sus hogares y la comunidad internacional se limita a declaraciones tibias que no detienen la tragedia, cuando no amparan y protegen a los genocidas; recientemente el genocida Netanyahu, con una orden internacional de detención, ha estado en Alemania de forma oficial y nada le ha ocurrido, para vergüenza de los alemanes que siguen arrastrando su mala conciencia histórica.
Estados Unidos y su papel en la región.
Estados Unidos, con menos de doscientos cincuenta años de historia, es el país más genocida que nunca ha existido, y hoy, junto con Israel. Son los dos países más peligrosos para la seguridad del mundo y provocadores de la crisis humanitaria que padecemos.
Distintos gobiernos estadounidenses, incluyendo el de Donald Trump, según numerosos análisis y reportes periodísticos, han tomado decisiones que han intensificado tensiones en Oriente Medio. Entre ellas, destacan:
El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, criticado por la ONU y por gran parte de la comunidad internacional.
El aumento del apoyo militar a Israel, indispensables para el exterminio gazatí.
La retirada del acuerdo nuclear con Irán, que reavivó un clima de confrontación y justificó las sanciones que afectaron directamente a la población iraní.
Estas decisiones, según múltiples expertos, contribuyeron a un escenario más inestable y más propenso al conflicto. Y, como siempre, los que sufren no son los que firman los decretos, sino los que viven bajo ellos.
Irán: entre sanciones, amenazas y miedo.
Irán vive desde hace décadas bajo un régimen teocrático brutal y una presión internacional que golpea sobre todo a la población civil, especialmente a las mujeres, que han estado y siguen estando en la vanguardia de la lucha y la resistencia contra el régimen de los curas barbudos. Pero que su régimen sea un sistema misógino y vulnerador de derechos, no puede justificar nunca ataques contra la soberanía iraní, y lo de atacar para dar al País la libertad, es una patraña, porque el verdadero fin es apropiarse del petróleo iraní, como han hecho con Venezuela. Las sanciones económicas, decididas por gobiernos y organismos internacionales. no afectan a los dirigentes, sino a la gente común: familias que no pueden acceder a medicinas, jóvenes sin oportunidades, trabajadores empobrecidos, atraso cultural y muchas situaciones de abusos y pobreza.
A esto se suman ataques, represalias y tensiones militares que mantienen a la región en un estado permanente de incertidumbre. Una vez más, las decisiones de unos pocos se traducen en sufrimiento para millones de trabajadores y gente del común.
Ucrania: otra guerra que no eligieron los pueblos.
La invasión de Ucrania abrió una herida más en el mapa del mundo, por causas geopolíticas, estratégicas, económicas… pero las consecuencias, como siempre, son humanas: miles de civiles muertos, millones de desplazados, ciudades arrasadas, jóvenes fusilados o encarcelados por oponerse a la leva obligatoria, mientras los gobiernos discuten, negocian o se acusan mutuamente, los jóvenes ucranianos y rusos mueren a millares en los frentes, y las familias quedan destrozadas a ambos lados de la frontera.
El capitalismo de guerra: un negocio que nunca pierde.
Hay un elemento que atraviesa todos estos conflictos: la guerra es un negocio para quienes la deciden, pero no la sufren.
Las industrias armamentísticas baten récords de beneficios, los gobiernos aumentan presupuestos militares mientras recortan en servicios públicos, las potencias compiten por gas, petróleo, rutas comerciales o influencia regional. Y los grandes medios de comunicación, alineados con el sistema capitalista, moldean la opinión pública para justificar lo injustificable, a base de fakenews, mentiras y bulos de todo tipo.
Una crisis humanitaria global.
Lo que vemos hoy no son conflictos aislados, sino una crisis humanitaria global alimentada por decisiones políticas, intereses económicos y rivalidades internacionales. Desde Gaza hasta Ucrania, desde Yemen hasta Irán, y en todas las guerras africanas, millones de personas viven bajo bombas, sanciones, ocupaciones o invasiones, siendo empujadas a la emigración. Y lo más doloroso es que la mayoría de estas personas no tienen ninguna responsabilidad en las decisiones que las condenan. Porque mientras los poderosos juegan a la geopolítica, la historia se repite y da vueltas como en un carrusel de muerte.
Hasta que no se rompa ese patrón, mientras que los pueblos no puedan decidir sobre su propio destino y la vida valga menos que los intereses económicos, este grito seguirá siendo necesario, real y vigente: NO A LA GUERRA.
Miguel Sagüés Navarro
Fue abogado laboralista de CCOO
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE
Datos anexos
Todas las fuentes se han obtenido de Wikipedia y de IA Copilot)
ASESINADOS EN PALESTINA
1.- Palestina / Gaza desde octubre de 2023.
No existe una cifra única y definitiva, pero sí órdenes de magnitud bastante claros, muertos totales y perfiles básicos.
Muertos totales en Gaza: Distintas fuentes (Ministerio de Salud de Gaza, ONU, proyectos independientes) sitúan las muertes directas oficialmente registradas en torno a 70.000–75.000 personas desde el 7 de octubre de 2023, sin contar miles de desaparecidos bajo escombros, sobre lo que se calcula que pueden triplicar la cifra de muertos que se baraja.
Niños y niñas: En torno a 20.000 menores muertos (aprox. un tercio del total).
Mujeres: En torno a 12.000–13.000 mujeres muertas.
Son proporciones brutales: mujeres y menores suman, como mínimo, cerca de la mitad de las víctimas, pero la razón de la propia realidad se impone, asesinando mujeres, evitan nacimientos de nuevos futuros combatientes “terroristas”, asesinando niñas, evitan futuras paridoras de combatientes, asesinando niños, no llegarán a combatientes.
Personal sanitario y periodistas
Personal médico y sanitario: Registros combinados de ONU y proyectos de datos hablan de alrededor de 1.700 profesionales sanitarios asesinados.
Defensa civil / rescatistas: Al menos 140 miembros de defensa civil muertos.
Periodistas y trabajadores de prensa:
En Gaza, las cifras de autoridades palestinas y organizaciones de prensa hablan de más de 200 periodistas y trabajadores de medios muertos.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) documenta al menos 210 periodistas palestinos en Gaza y, en total regional (Gaza, Yemen, Líbano, Irán, Israel), más de 250 periodistas y trabajadores de medios muertos desde el inicio de la guerra.
Todo esto son cifras de muertos directos; estudios recientes estiman que, sumando muertes indirectas (hambre, colapso sanitario, agua, etc.), el coste real de vidas podría ser aún mucho mayor.
2.- Ucrania: muertos ucranianos y rusos, civiles y militares.
Aquí la opacidad es enorme: Rusia oculta datos, Ucrania da cifras parciales, y las estimaciones independientes varían mucho.
Civiles
Ucrania: La ONU y análisis como el del Council on Foreign Relations hablan de alrededor de 56.000 víctimas civiles (muertos + heridos) desde 2022; los muertos civiles confirmados son varios miles, pero se considera que están infra contabilizados.
No hay un desglose fiable por sexo y edad comparable al de Gaza, aunque se sabe que hay muchos ancianos y también niños entre las víctimas.
Militares (ucranianos y rusos)
Las estimaciones totales (muertos + heridos) para ambos bandos, desde 2022, se mueven en el rango de cientos de miles:
Estimaciones globales de bajas (muertos + heridos): Algunas fuentes hablan de entre 400.000 y 1,5 millones de bajas militares combinadas (Rusia + Ucrania) desde 2022, dependiendo de la metodología.
3.- DESERTORES (Fuente: Diario Socialista)
Ucrania
Atraviesa una profunda crisis de deserciones en su ejército, con cifras récord que revelan el agotamiento de las tropas tras casi cuatro años de guerra a gran escala contra Rusia. Según datos de la Fiscalía ucraniana, desde febrero de 2022 se han registrado cerca de 235.000 casos de ausencia sin permiso (AWOL) y casi 54.000 deserciones propiamente dichas. Estas cifras han explotado en el último año: entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, se contabilizaron 176.000 AWOL y 25.000 deserciones.
El fenómeno se acelera en un contexto de pérdidas territoriales constantes. En noviembre de 2025, las fuerzas rusas capturaron unos 500 kilómetros cuadrados, principalmente en el este del país, mientras las negociaciones de paz mediadas por Washington vuelven a estancarse. Comandantes como Valentyn Manko admiten que «solo» se movilizan 30.000 hombres al mes, cuando se necesitarían 70.000 para rellenar todas las unidades.
La legislación marcial se aplica con dureza: 24 horas de ausencia se considera deserción y puede conllevar de 5 a 12 años de prisión, y el AWOL hasta 10 años. Sin embargo, muchos prefieren el riesgo de cárcel al frente. Testimonios de desertores describen formaciones que los convierten en «carne de cañón» con pocas probabilidades de supervivencia.
Desde noviembre de 2024, el Gobierno de Volodymyr Zelenskyy decretó una amnistía para desertores primerizos, permitiendo su regreso «sin castigo». Al menos 30.000 jóvenes han vuelto. Esta medida busca mitigar la hemorragia, pero expertos como el teniente general Ihor Romanenko advierten que los números son «demasiado altos», superando incluso los de Rusia en algunos indicadores.
Rusia
Tras el anuncio de Putin de movilización parcial el 21 de septiembre de 2022, comenzó una tercera ola de emigración rusa, con estimaciones de cientos de miles de ciudadanos varones huyendo. En la primera semana después del anuncio, 98.000 rusos huyeron a Kazajistán. Solo el 24 de septiembre, más de 8.500 rusos entraron en Finlandia por tierra, un aumento del 62% con respecto al sábado anterior. Al día siguiente, se informó que «En la frontera con Georgia, las colas de coches rusos se extienden más de 30 kilómetros (19 millas)», mientras que en los puestos de control que limitan con las regiones de Kostanay y Kazajistán Occidental, «las imágenes de coches haciendo cola para salir de Rusia muestran filas que se extienden hasta donde alcanza la vista».
Solo en esta tercera oleada, casi 300.000 ciudadanos rusos habían abandonado Rusia antes del 27 de septiembre y esa cifra se acercaba a los 400.000 para el 4 de octubre.
Una estimación indica que 700.000 rusos han huido de la movilización desde que se anunció. Muchos se dirigieron a Kazajistán, Serbia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Finlandia.
El 28 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que la movilización había concluido, aunque legalmente aún continúa. Después de eso, algunas personas siguieron emigrando por razones políticas y económicas, mientras que otras decidieron regresar a casa.
Putin firmó un decreto que introduce penas de prisión de hasta 15 años por actos cometidos en tiempos de guerra, incluyendo la rendición voluntaria y la deserción durante la movilización o la guerra.
El actor Artur Smolyaninov huyó de Rusia en octubre de 2022. Fue acusado de «desacreditar» al ejército bajo las leyes de «noticias falsas”, por hacer declaraciones antibélicas después de haber abandonado Rusia.
Destinos
Entre los destinos elegidos por los ciudadanos rusos se encuentra Turquía , con más de 100.000 rusos que buscan residencia, muchos de ellos utilizando Turkish Airlines para volar a Antalya. Georgia y Armenia también recibieron un gran número.
A principios de abril, se estimaba que 100.000 rusos habían huido a Georgia y 50.000 fueron a Armenia. En 2022, 104.000 ciudadanos rusos registraron su estancia en Serbia.
En Latinoamérica, Argentina recibió hasta enero de 2023 a más de 5.000 mujeres rusas embarazadas, quienes eligieron tener a sus hijos allí debido a la facilidad para obtener visa, la obtención automática de la nacionalidad para el recién nacido y la atención médica gratuita. En 2023, 37.700 rusos ingresaron a Argentina y 13.000 durante los primeros tres meses de 2024; de los cuales 3750 obtuvieron la residencia.
4. Ataques de Estados Unidos e Israel en Irán y víctimas civiles.
Ataques puntuales antes de la guerra abierta
Ataque israelí a instalaciones en Isfahán (abril 2024): Las versiones oficiales iraníes dicen que sin víctimas; se habrían destruido o dañado radares y sistemas antiaéreos, pero sin muertos reportados.
En otros ataques anteriores (por ejemplo, contra mandos de la Guardia Revolucionaria en Siria o Irak) sí ha habido muertos, pero suelen ser militares o mandos iraníes, y casi nunca se publica un desglose claro de mujeres y niños.
Guerra abierta EE. UU. / Israel – Irán (2026)
En la escalada más reciente:
Muertos en Irán por ataques de EE.UU. e Israel: Autoridades iraníes hablan de más de 1.300 civiles muertos por los bombardeos; medios como CBS recogen esa cifra, pero no pueden verificarla de forma independiente.
Niños y mujeres: No hay un desglose fiable y sistemático por edad y sexo publicado y verificado internacionalmente.
Periodistas iraníes: CPJ documenta al menos 3 periodistas iraníes muertos en el contexto de esta guerra, uno de ellos en ataques de EE. UU. e Israel.
Al menos 1.001 personas han perdido la vida en los ataques israelíes en Líbano y 2.584 han resultado heridas desde el inicio de la operación militar, según los datos de Ministerio de Salud del país recogidos por diferentes medios.
Según el comunicado, el número de fallecidos incluye a 79 mujeres, 118 niños y 40 trabajadores sanitarios.
GUERRAS Y GOLPES DE ESTADO DE EEUU
Desde 1850, Estados Unidos ha participado en cientos de conflictos. Aunque solo ha declarado la guerra formalmente en 5 ocasiones en toda su historia (3 de ellas desde 1850). El Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. ha documentado más de 469 intervenciones militares entre 1798 y 2022, de las cuales más de la mitad ocurrieron después de 1991.
Guerras y Conflictos Principales
Desde 1850, estas son las guerras más destacadas por su escala y duración:
Guerra de Secesión (1861–1865): Conflicto interno entre la Unión y la Confederación.
Guerra Hispano-estadounidense (1898): Resultó en la adquisición de Puerto Rico, Guam y Filipinas.
Primera Guerra Mundial (1917–1918): Intervención contra las Potencias Centrales.
Segunda Guerra Mundial (1941–1945): Contra el Eje (Japón, Alemania, Italia).
Guerra de Corea (1950–1953): Apoyo a Corea del Sur contra el Norte.
Guerra de Vietnam (1964–1975): Intervención prolongada que terminó en retirada.
Guerra del Golfo (1990–1991): Para liberar a Kuwait tras la invasión iraquí.
Guerra en Afganistán (2001–2021): La más larga de su historia, iniciada tras el 11-S.
Guerra de Irak (2003–2011): Invasión para derrocar a Sadam Husein.
Intervenciones y Cambios de Régimen
Además de las guerras formales, EE. UU. ha realizado operaciones militares directas en numerosos países:
América Latina: Invasiones u ocupaciones en Panamá (1989), Granada (1983), República Dominicana (1916-24, 1965), Haití (1915-34, 1994, 2004), Nicaragua (1912-33) y Cuba (1898-1902, 1961).
Asia y Medio Oriente: Operaciones en Libia (1986, 2011), Somalia (1993, 2007-presente), Siria (2014-presente) y Yemen (2002-presente).
Golpes de Estado y Apoyo a Cambios de Gobierno
EE. UU. ha estado vinculado (directa o indirectamente a través de la CIA) con el derrocamiento de diversos gobiernos, especialmente durante la Guerra Fría:
Año
País
Contexto/Resultado
1893
Hawái
Derrocamiento de la Reina Liliʻuokalani por intereses azucareros.
1953
Irán
Operación Ajax: Derrocamiento de Mossadegh para restaurar al Sah.
1954
Guatemala
Operación PBSUCCESS: Derrocamiento de Jacobo Árbenz.
1964
Brasil
Apoyo al golpe militar contra João Goulart.
1965
Indonesia
Apoyo al ejército en la masacre y golpe contra Sukarno.
1971
Bolivia
Apoyo al golpe de Hugo Banzer contra Juan José Torres.
1973
Chile
Apoyo al golpe de Pinochet contra Salvador Allende (no mencionado explícitamente en el fragmento, pero parte del registro histórico estándar de intervenciones)
Una vez más, el mundo contempla imágenes que creíamos desterradas del siglo XXI: ciudades bombardeadas, hospitales alcanzados por misiles, escuelas destruidas y poblaciones civiles atrapadas entre drones y artillería. Tras la devastación de Gaza, los bombardeos contra Irán y Líbano confirman que Oriente Medio vuelve a convertirse en el epicentro de una escalada militar con consecuencias imprevisibles.
La explicación oficial que ofrecen los gobiernos implicados suele ser siempre la misma: seguridad, estabilidad, defensa preventiva. Sin embargo, basta observar con atención el contexto geopolítico para comprender que estos acontecimientos forman parte de algo más profundo: una lucha por el control del orden mundial en un momento de gran inestabilidad internacional.
En este escenario, las palabras del presidente estadounidense Donald Trump resultan especialmente reveladoras. En un mensaje público reciente afirmó: “Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo ganamos mucho dinero.” Y añadió que su prioridad es impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear.
Detrás de esa cínica declaración se esconde una verdad incómoda: el petróleo continúa siendo uno de los ejes centrales de la política internacional. Oriente Medio es una de las zonas del planeta donde se concentran algunas de las mayores reservas energéticas del mundo. Controlar su estabilidad —o su inestabilidad— significa influir en el mercado energético global, y ese es el objetivo para la estrategia MAGA de Trump (Make America Great Again).
Los llamados Acuerdos de Abraham, impulsados durante la presidencia de Trump, respondían precisamente a ese objetivo: integrar a diversos países árabes en un nuevo equilibrio regional basado en el reconocimiento del Estado israelí y en la contención de Irán. Sin embargo, esa reorganización regional choca con un obstáculo que sigue sin resolverse: la cuestión palestina, convertida en genocidio del pueblo palestino. Mientras ese conflicto permanezca abierto, cualquier intento de construir una “normalización” estable en Oriente Medio seguirá siendo frágil.
Pero el tablero no termina en la región. Lo que está en juego es también la rivalidad creciente entre las grandes potencias. China es uno de los principales compradores de petróleo iraní y venezolano, lo que introduce una dimensión económica directa en los conflictos actuales. La presión militar, las sanciones y las crisis regionales se entrelazan con una competencia global por recursos energéticos, mercados y rutas comerciales. Un día Trump sube aranceles. Al siguiente, Trump rebaja las sanciones al petróleo ruso. Las bolsas y la economía mundial se tambalean a ritmo de declaración trumpista.
A esta situación se añade un riesgo que ya está teniendo consecuencias inmediatas para la economía mundial: el cierre o bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta. Por ese paso marítimo circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se transporta por mar en el mundo. Cualquier interrupción del tráfico en esa zona tiene efectos inmediatos sobre el comercio internacional, que además los especuladores del mundo entero aprovechan para aumentar su margen de beneficio.
Las consecuencias ya se notan en la vida cotidiana de millones de personas. El encarecimiento del petróleo provoca un aumento generalizado de los costes de transporte, producción y energía. Esto se traduce inevitablemente en una subida del precio de bienes y servicios que golpea con especial dureza a la clase trabajadora, tanto en Estados Unidos como en Europa y en el resto del mundo.
Europa, por su parte, se encuentra atrapada en esta dinámica. La guerra en Ucrania ha obligado a los países europeos a aumentar rápidamente su gasto militar y a reforzar su dependencia estratégica de la OTAN. El resultado es una aceleración general de la militarización internacional.
Oriente Medio no es el único foco de tensión. En distintos continentes se multiplican conflictos armados y crisis regionales: desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta los conflictos en Sudán, Yemen o la República Democrática del Congo. No estamos ante una guerra mundial en el sentido clásico del siglo XX, pero sí ante un escenario de confrontación permanente y fragmentado.
La consecuencia es un sistema internacional cada vez más inestable. Las intervenciones militares de las últimas décadas en Irak, Afganistán o Libia no han producido estabilidad, sino Estados debilitados, territorios fragmentados y sociedades profundamente heridas, pero eso al capitalismo le da igual. La destrucción de muchos hace ganar dinero a unos pocos.
Quienes aseguran que las nuevas operaciones militares pretenden reforzar el orden mundial olvidan una evidencia cada vez más visible: el uso sistemático de la fuerza no está produciendo estabilidad, sino exactamente lo contrario. En lugar de un orden internacional sólido, el mundo parece avanzar hacia una era de tensiones permanentes, conflictos regionales y una carrera armamentística cada vez más intensa.
En ese contexto, el mensaje que subyace tras muchas decisiones políticas resulta inquietante: cuando la economía global entra en crisis y la competencia entre potencias se intensifica, la guerra deja de ser una excepción y vuelve a convertirse en una herramienta habitual de la política internacional.
Por eso, frente a la lógica del rearme y de la confrontación permanente, resulta más necesario que nunca abrir un camino diferente. Frenar la escalada militar, detener las guerras en curso y reconstruir mecanismos internacionales de cooperación y diálogo no es solo una aspiración moral: es una condición imprescindible para garantizar la estabilidad económica, la seguridad colectiva y la posibilidad de construir un mundo en paz.
El capitalismo necesita la guerra. Los pueblos necesitan la paz.
El 24 de febrero se cumplió el 4.º aniversario de la guerra en Ucrania y solo cuatro días después, el 28 de febrero, EE.UU. e Israel abrieron la guerra contra Irán y Líbano. Han pasado 20 días y todo Oriente Medio está incendiado. El inicio de este nuevo conflicto ha traído otro crimen de guerra, cometido por Trump y su ejército, al matar a más de 165 niñas que asistían a la escuela en la ciudad iraní de Minab.
Las mentiras, bulos, tergiversaciones y todo tipo de engaños a la opinión pública ya no cuelan. Las motivaciones de estas guerras no son la defensa de la democracia, la libertad de las mujeres, ni las armas de destrucción masiva y/o atómica. La declaración que ASTRADE1 lanzó el 5 de marzo explica muy bien los objetivos de la guerra: el control de los canales y estrechos estratégicos para el comercio internacional y la energía, particularmente el gas y el petróleo.
Los intereses económicos son los que han inspirado y empujan al imperialismo estadounidense a apoyar golpes de Estado, invadir y amedrantar a otras naciones o a iniciar guerras; así ha sido a lo largo de los siglos XIX y XX y parece que la tendencia se recrudece en el presente siglo XXI. Así es como Israel ha ido ocupando y expulsando de su tierra al pueblo palestino desde 1948. La cuestión es que los intereses económicos defendidos por la vía de la guerra solo incumben a una minoría de la sociedad que cada día acumula más riqueza y perjudican a la gran mayoría social, en forma de muerte y empobrecimiento.
“En 2025, la riqueza conjunta de los milmillonarios en todo el mundo creció más de un 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores, y alcanzó un máximo histórico de 18,3 billones de dólares”. (Informe de Oxfam publicado el 19 de enero de 2026).
Hoy podemos afirmar, con más convencimiento si cabe, que la guerra en Ucrania es, en realidad, un conflicto larvado por los EE.UU. desde hace más de una década, para hacerse con el mercado del suministro del gas licuado y el petróleo a Europa, en detrimento de Rusia. -En Tribuna Socialista n.º 173, hicimos referencia a los 83 documentos que hemos publicado en estos cuatro años, con datos y argumentos, que justifican nuestra posición2-. Afirmar esto no es tomar partido por Putin; a los pueblos de Europa nos da lo mismo quién nos suministra la energía. Decimos NO a que sus chanchullos comerciales deriven en conflictos armados y a sus consecuencias para las condiciones de vida de la mayoría. Pongamos cifras a esto:
El IPC general acumulado de los años 2022 a 2025, ambos inclusive, es del 13,20%.
El IPC acumulado de los alimentos y bebidas no alcohólicas, en el mismo periodo, es del 26,87%.
El precio medio de la vivienda en alquiler ha superado el 46% desde finales de 2021.
Frente a esto:
Los salarios han tenido en esos cuatro años un incremento medio, en convenio colectivo, del 12,84%. Las pensiones han crecido un 17,10%.
El salario más frecuente de las asalariadas y asalariados se situó a final de 2025 en 1.220€/mes (por 14 pagas); poco más del 3% sobre el SMI del pasado año. Frente a los 1.322€ de 2021. Es decir, ha caído un -8,36%.
La tasa de pobreza y riesgo de exclusión social (índice AROPE) en España, a octubre de 2025, se situó en el 25,8%. Esto implica que más de 12 millones de personas sufren esta situación.
Una nueva oleada especulativa se cierne sobre las y los trabajadores, las y los pensionistas, las y los desempleados, en definitiva, sobre toda la clase trabajadora. A las pocas horas de iniciarse este nuevo conflicto las gasolineras empezaron a subir el precio de los carburantes, a pesar de que lo que estaban vendiendo lo tenían adquirido tiempo atrás. Como ocurrió en 2022, al inicio de la guerra en Ucrania, otros sectores irán haciendo lo mismo con los precios, con la excusa de la guerra -ya está ocurriendo con la luz y el gas-. Es la especulación más despiadada, la que abusa de los precios cuando más necesidad hay y más sufren los que menos tienen.
Si queremos merecer el calificativo de humanos o el de civilizados, no podemos dejar de horrorizarnos ante las cifras de muertos: La Vanguardia daba algunos datos el 28 de enero pasado3: “Entre ucranianos y rusos hay 2 millones de bajas (fallecidos, heridos y desaparecidos)”. Los desplazados y refugiados se cuentan por millones.
A pesar de las reticencias de nuestro Gobierno a incrementar el gasto en defensa por encima del 2% del PIB, nos parece un error entrar en la carrera de rearme impuesta por la OTAN, es decir, por los Estados Unidos de América, y seguir alimentando la guerra en Ucrania. El último caso es la nueva ayuda militar de España a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros, comprometida en la visita de Zelenski a Madrid el pasado 18 de marzo; y ya son 17.000 millones lo que España ha puesto para la guerra de Ucrania desde que se inició el conflicto.
En este mismo cuatrienio hemos asistido al genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino en Gaza, con más de 70.000 muertos, un 25% de ellos menores de edad. Escalofriante cifra a la que hay que añadir los miles de desaparecidos, exiliados, encarcelados y refugiados. Ataques que no han parado tras el tramposo “acuerdo de paz” impuesto por Trump y Netanyahu, por el que quieren apropiarse de la costa gazatí.
En menos de un mes más de 1.000 libanesas y libaneses han sido asesinados por las bombas de Israel, con una brutalidad similar a la ejercida contra el pueblo de Gaza. Más de un millón de personas se han visto forzadas a desplazarse hacia el norte de Líbano. ¿El objetivo de Israel es ocupar territorio libanés y colonizarlo?
En Irán, los civiles asesinados por los bombardeos estadounidenses ya superan los 2.000 y más de 7.000 heridos.
Recordemos que, en 2003, con el PP en el Gobierno, en España ya sufrimos el zarpazo de la guerra. No olvidemos a los 192 muertos en los atentados de Atocha y cercanías, consecuencia de la participación de nuestro país en la invasión de Irak.
Estas guerras atentan contra la vida y son la negación misma de la soberanía de los pueblos: Venezuela, Colombia, Cuba, Groenlandia, Líbano, Irán, Siria. Ritmos y formas diferentes en busca de los mismos fines imperialistas.
Las guerras bélicas, y la guerra social que se desarrolla como derivada de las primeras, son parte de la lucha de clases que no ha desaparecido; por mucha confusión que introduzcan los intelectuales pagados por el capital y difundida por sus medios de comunicación.
Ante este tétrico panorama vemos como saltan por los aires hasta las más leves redes de seguridad de las que se había dotado la democracia liberal: las leyes y normas que “garantizaban” los derechos humanos, la “justicia” internacional que apenas sí balbucea intenciones contra Netanyahu y guarda un vergonzoso silencio respecto a Trump, o las instituciones internacionales y quienes las lideran: la UE, la ONU o la OTAN, contradiciéndose según convenga, como las señoras Von der Leyen y Kaja Kallas o guardando silencio como herr Merz; yendo como un pollo sin cabeza, como el señor Guterres; o directamente exhibiendo un vomitivo servilismo como es el caso del señor Rutte. Instituciones que se han hecho pasar durante décadas por herramientas al servicio de la paz y la democracia, hoy se les cae la careta dejando claro que no son más que instrumentos del capital, al servicio de sus intereses.
Sin ninguna pretensión adulatoria, debemos reconocer la valentía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al negarle a EE.UU. el uso de las bases militares de Rota y Morón. Una posición, en este contexto, que destaca más por lo oportuno que por su efecto, y que es más valorada fuera de España que en la piel de toro. Cosas de la intoxicación mediática que sufrimos. Señalamos también que la posición del Gobierno es coincidente con el rechazo del 70% de la población a los ataques de EE.UU. e Israel, según refleja el último barómetro del CIS.
Desde la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), editora de TS, llamamos a la movilización de masas contra la guerra y a participar en todas y cada una de las acciones que se convoquen para rechazar la guerra y señalar a sus responsables y a quienes les avalan.
Reafirmamos nuestro compromiso de participar con una delegación en la Conferencia y el Mitin Internacional contra la Guerra que tendrá lugar en Londres los días 19 y 20 de junio, promovido por Stop the War4.
Como en todos los procesos electorales, todos o casi todos dicen haber ganado. Veamos que dicen los números: con datos de la Junta de Castilla y León al 99,3% escrutado.
Datos cuantitativos
Comenzamos señalando que la participación ha crecido en 2,26%, al pasar del 63,44% de las elecciones del 13 de febrero de 2022 al 65,7% en las del domingo día 15 de marzo. La abstención se sitúa en estás elecciones en el 34,3%, lo que implica que, sobre un censo electoral de 2.097.792 -Censo electoral de Residentes (CER) + Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)- 719.543 electores se han abstenido de votar.
Tenemos que destacar que Castilla y León ha celebrado estas elecciones con un CER que ha bajado un 0,87%, mientras que el CERA ha crecido un 12,52%. Es decir, que es una Comunidad en la que la población migra. Un efecto lógico en un territorio tipo de la España vaciada.
Los que crecen
El PP ha ganado las elecciones porque es el partido más votado, porque crece un 14,64% en votos y porque es el que más procuradores en Cortes ha obtenido, 33, creciendo en 2 respecto a 2022.
El PSOE crece un 3,90% en número de votos y crece también en 2 procuradores en Cortes respecto a los anteriores comicios autonómicos, alcanzando 30 escaños.
VOX crece el 8,89% en votos y pasa a tener un procurador más que hace cuatro años, situándose en 14.
Unión del Pueblo Leonés obtiene los mismos procuradores que hace cuatro años, 3 y sube un 3,38% en votos.
Los que decrecen
Soria Ya baja de 3 a 1 procurador en Cortes y tiene una caida del 44,02% en votos.
Por Ávila se queda con el único procurador que tenía, a pesar de que cae un 18,51% en votos.
Podemos-IU se presentaron en coalición en 2022, obteniendo un diputado con 62.138 votos. En las elecciones del pasado domingo se presentaron por separado, obteniendo 9.225 votos Podemos y 27.605 IU, experimentando una pérdida conjunta de votos del 40,73% en la comparativa con 2022. La consecuencia es que ambos se han quedo fuera de las Cortes de Castilla y León.
Ciudadanos también desaparece al perder el único procurador que tenía, producto de un derrumbe en votos, al perder el 92,03% de los votos que obtuvieron hace cuatro años.
Análisis cualitativo
La mayoría absoluta en las Cortes castellano leonesas se hace con 42 escaños, sobre un total de 82. Por ende, el PP se ha quedado a 9 procuradores de su objetivo y todo indica que tendrá que recurrir, como en otras comunidades, al pacto con la extrema derecha.
Se puede decir que Feijóo ha fracasado en su estrategia de distanciarse de VOX y de quebrar al PSOE. En el primero de los objetivos, hoy depende más que nunca del partido fascista de Abascal. En el segundo, a pesar de los varapalos del PSOE en Extremadura y Aragón, el Partido socialista parece resurgir. Teniendo en cuenta la campaña de acoso político que el PP puso en marcha acto seguido de las elecciones generales de 2023: denuncias y juicios prefabricados -siendo el juicio y la sentencia al ex Fiscal General del Estado el que mayor coste ha tenido para la fracción judicial del PP- o el esperpento del proceso que el juez Peinado lleva contra Begoña Gómez, por el mero hecho de ser la mujer del Pedro Sánchez, etcétera, el PSOE resiste.
Por el contrario, la izquierda alternativa al PSOE se desmorona, lo que impide alcanzar el fin último de las elecciones: el gobierno para resolver los problemas sociales.
En la misma medida que el PSOE obtiene un rebrote en estas elecciones, VOX rompe su tendencia al alza, muy lejos de las tasas de crecimiento que ha tenido en Extremadura y Aragón.
Hay prensa que traslada desanimo con mensajes del tipo “a pesar de que en 2025 ardieran 140.000 hectáreas en CyL los votantes dan su voto a la derecha”. Esto no es más que un falseamiento de la realidad. Por poner tres ejemplos de municipios en los que los incendios se cebaron el verano pasado: en Porto, Lubián y Puebla de Sanabria, tres de los municipios de Zamora próximos al Parque Natural del Lago de Sanabria, ha ganado el PSOE. Lo mismo ha ocurrido en Carucedo, pueblo leonés al que pertenecen Las Médulas.
Hay dos elementos que explican, al menos en parte, por qué a pesar de una mala gestión del PP en la prevención y extinción de incendios, consiga ganar las elecciones autonómicas:
Un elemento es que muchos electores que no se ven afectados directamente por una catástrofe, como es el caso de los incendios, no castigan a quién lo hizo mal, pues no perciben el problema como suyo. Es algo parecido al apoyo que reciben los partidos partidarios de la guerra desatada por EE.UU. e Israel en Oriente Medio, pues el conflicto se ve como una catástrofe a miles de kilómetros, sin ser conscientes de los efectos derivados en el incremento de los precios, además del altísimo coste en vidas. Esto se repite una y otra vez: el PP de Madrid ganó con mayoría absoluta, a pesar de la criminal gestión de la pandemia en las residencias, pero la percepción general es que eso es un problema de las 7291 familias que lo sufrieron. La misma lectura hacemos de la respuesta del electorado en Extremadura, Aragón y CyL respecto a la negligente y criminal gestión de la DANA, Valencia, al parecer, eso es cosa de las y los valencianos. En todos los casos, quienes tienen esa errónea percepción, son inconscientes de que nadie estamos exentos de sufrir una calamidad y que esta sea gestionada por negligentes, sobre todo cuando el negligente es el mismo una y otra vez.
El otro factor, que se cruza con el de las percepciones, es la red familiar, cuando no clientelar, en las pequeñas poblaciones, donde se vota a la persona indistintamente de lo que piense o haga.
La izquierda debería tomar conciencia de que la unidad no es un eslogan; es una necesidad, siempre que se haga en base a objetivos prioritarios comunes, sin renunciar a posicionamientos concretos de unos y otros. La defensa de la Sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones, junto con la exigencia de una acción en favor del derecho a la vivienda y el rechazo a la guerra, son criterios con el suficiente calado como para dejar a un lado los egos y las cuestiones de forma.
Los partidos de la izquierda tienen que darse cuenta de que su fuerza está en la organización de la mayoría social, que es la que sufre en última instancia las consecuencias de las políticas que solo tienen el beneficio y el individualismo en su óptica política. Organización a través de la cercanía y la pedagogía social; pretender competir con la derecha en los medios de comunicación es como pretender competir en bicicleta en una carrera de fórmula 1.
Por María Iglesias Domínguez. Redacción Tribuna Socialista
Manifestacion 8M, Madrid 2026. (Foto de Agustín Millán)
Especial 8 de marzo 2026
Cada 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres nos recuerda una verdad fundamental: la igualdad no es solo una aspiración moral, sino una exigencia democrática. La historia de los derechos de las mujeres es también la historia de la ampliación de la democracia. Allí donde las mujeres han conquistado derechos, la sociedad en su conjunto ha avanzado hacia mayores cotas de libertad, justicia social y dignidad.
El feminismo, entendido como la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres, forma parte inseparable de los valores del socialismo democrático. No se trata únicamente de reivindicar derechos formales, sino de transformar las condiciones materiales que perpetúan la desigualdad. La igualdad efectiva exige intervenir en la realidad cotidiana de las personas: en el trabajo, en la educación, en la política, en la cultura y en la vida familiar.
Durante décadas, las mujeres han protagonizado una profunda transformación social. Han conquistado derechos laborales, acceso a la educación, representación política y autonomía personal. Sin embargo, esa conquista no ha sido sencilla ni lineal. Cada avance ha sido fruto de la organización colectiva, del compromiso político y de la convicción de que la igualdad no se concede: se conquista.
Hoy, en pleno siglo XXI, los logros alcanzados conviven con desafíos persistentes. La brecha salarial, la precariedad laboral, la desigual distribución de los cuidados o la violencia machista siguen siendo realidades que afectan a millones de mujeres. Estas desigualdades no son simples accidentes sociales, sino el resultado de estructuras históricas que todavía condicionan las oportunidades y la vida de las mujeres.
Por eso el 8 de marzo no es solo una jornada de celebración. Es también un día de memoria, de reflexión y de reivindicación. Memoria de todas las mujeres que lucharon antes que nosotras para abrir caminos cuando parecía imposible hacerlo. Reflexión sobre los retos que aún quedan por afrontar. Y reivindicación de un futuro en el que la igualdad sea una realidad tangible y no solo un principio proclamado.
Uno de los ámbitos donde la igualdad sigue siendo una tarea pendiente es el mundo del trabajo. Las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral de forma extraordinaria en las últimas décadas, pero todavía encuentran obstáculos que limitan su desarrollo profesional. La parcialidad involuntaria, la menor presencia en puestos de responsabilidad o las dificultades para conciliar vida laboral y familiar son ejemplos claros de esas barreras.
La igualdad laboral no es solo una cuestión de justicia para las mujeres. Es también una condición necesaria para una economía más justa y más eficiente. Las sociedades que aprovechan plenamente el talento de las mujeres son sociedades más prósperas, más innovadoras y más democráticas.
Pero la igualdad no se limita al ámbito económico. También implica transformar las relaciones sociales y culturales que han perpetuado la desigualdad durante siglos. Significa cuestionar estereotipos, redistribuir los cuidados y construir modelos de convivencia basados en el respeto, la corresponsabilidad y la libertad.
El feminismo socialista ha defendido históricamente que la emancipación de las mujeres está vinculada a la construcción de una sociedad más igualitaria para todos. No hay justicia social sin igualdad de género, del mismo modo que no puede existir una democracia plena si la mitad de la población sigue enfrentándose a obstáculos estructurales para desarrollar su proyecto de vida.
En este sentido, el 8 de marzo también es un momento para reafirmar los valores que han guiado la lucha feminista durante generaciones: la solidaridad, la sororidad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Las mujeres no reclaman privilegios; reclaman igualdad. Reclaman poder vivir libres de violencia, acceder a empleos dignos, participar plenamente en la vida pública y construir su futuro sin barreras ni discriminaciones.
Las aspiraciones de las mujeres son, en realidad, aspiraciones profundamente democráticas. Son el deseo de vivir en una sociedad donde el origen, el género o la condición social no determinen las oportunidades de cada persona. Son la voluntad de construir un mundo donde la igualdad no sea una promesa aplazada, sino una experiencia cotidiana.
El 8 de marzo nos recuerda que ese horizonte todavía exige compromiso y acción. La igualdad se construye día a día, en las políticas públicas, en el trabajo colectivo, en la educación y en la conciencia social.
Porque cada paso que damos hacia la igualdad entre mujeres y hombres es también un paso hacia una sociedad más libre, más justa y más humana. Y ese es, precisamente, el horizonte al que aspira el socialismo democrático: una sociedad donde la dignidad, la igualdad y la libertad sean derechos reales para todas las personas.
Tribuna Socialista 
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