Mes: abril 2018

El pasado 10 de marzo de 2018 tuvo lugar en Madrid una Conferencia Estatal convocada tras el llamamiento de la Plataforma de Sindicalistas al que Tribuna Socialista se adhiere y apoya, y cuyo contenido podeis consultar aquí. (http://plataformasindicalistas.blogspot.com.es/).

La conferencia contó con una amplia representación de sindicalistas y socialistas de todos los pueblos del Estado. Nuestro compañero José Antonio Iniesta, militante del PSC y miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista formó parte de la Mesa de la Conferencia y nos hace llegar la crónica y las resoluciones de la misma.

Para defender el sistema público de pensiones

HACE FALTA ORGANIZAR LA MOVILIZACIÓN UNIDA

Miles de pensionistas han salido a las calles en protesta contra los recortes de pensiones aprobados por los sucesivos gobiernos. La subida del 0,25%, repetida año tras año, ha desencadenado la indignación social que ha llevado a esta gran movilización. Pero el 0,25% no es el único recorte ni el único peligro que amenaza al sistema público de Seguridad Social, garantía del derecho a una pensión de jubilación.

 Quieren acabar con el sistema público de Seguridad Social, conquista fundamental de la lucha de la clase trabajadora.

Un sistema contributivo de solidaridad entre generaciones, basado en las cotizaciones sociales (salario di- ferido), organizado en una Caja Única a escala de Estado y garantizado por el propio Estado, que debe, según la Ley, aportar los fondos necesarios para pagar las pensiones en caso de bajada de ingresos del sistema. Un sistema que cubre la subsistencia del trabajador en caso de jubilación o enfermedad y la de su familia en caso de fallecimiento.

Pretenden reducir la Seguridad Social a unas pensiones mínimas que no garanticen la subsistencia para obligar a quienes tengan medios a recurrir a los Fondos privados de Pensiones (poniendo su jubilación y sus ahorros en manos de banqueros y especuladores). Como impuso en Chile la dictadura de Pinochet, con el resultado de enriquecer a los administradores de los Fondos mientras las pensiones bajan a la mitad de su valor anterior.

Quieren romper la Caja Única de la S. Social, como propone el acuerdo de gobierno PNV-PSOE-PP en el  País Vasco.

Quieren sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema para reducirlas a pensiones o subsidios asistenciales, es decir, la mínima expresión.

Quieren eliminar las cotizaciones como forma de financiación del sistema y sustituirlas por impuestos (una operación que permitiría a los empresarios reducir las cotizaciones sociales y que pondría todo el sistema en manos del gobierno de turno y sometido a las prioridades de pago de la deuda).

La reforma de pensiones de Zapatero atrasó la edad de jubilación a los 67 años y aumentó el periodo de cómputo, para reducir las pensiones. La de Rajoy supone, según la OCDE, reducir las pensiones a medio plazo un 40%.

Pero la política del gobierno va más lejos en el proceso de voladura de la S. Social:

Cuando Rajoy llegó al gobierno, la Seguridad Social tenía un superávit anual y un Fondo de Reserva, la “hucha de las pensiones”, con más de 60.000 millones de euros. En 5 años, han vaciado la hucha, y dejado a la S. Social con una deuda de más de 20.000 millones (el gobierno, en lugar de aportar los fondos necesarios para cubrir el déficit como exige la ley, ha “prestado” dinero a la S. Social). En 2017 fueron casi 8.000 millones, este año se prevé que sean más de 15.000 millones.

La caída de ingresos de la Seguridad Social no es consecuencia de ningún envejecimiento demográfico, sino de las reformas laborales, y los recortes de los gobiernos, que han llevado a una bajada generalizada de salarios y, por tanto, de cotizaciones. Y el gobierno ha seguido subvencionando a los empresarios con bonificaciones y exenciones de cotizaciones, con cargo a la caja de la Seguridad Social. Más de 3000 millones cada año.

El sistema español de SS es sostenible, contrariamente a lo que dicen los que proponen cambiar el modelo. Nuestro modelo es sólido, quieren esconder que durante años los excedentes de cotizaciones (mas de medio billón de euros) no se utilizaron para reforzar las reservas del sistema con lo que ahora habría de sobre para afrontar el futuro.

Con esta política, preparan nuevos recortes de pensiones, para los cuales tienen un instrumento privilegiado:

La Comisión del Pacto de Toledo, lugar de “consenso” de la derecha económica del PP, Ciudadanos, PNV, CiU, etc con las organizaciones que hablan en nombre de la clase trabajadora. Ese pacto de Toledo ha aprobado ya muchos recortes de pensiones.

Los pensionistas, con sus movilizaciones, han dicho ¡basta! a esta situación. El gobierno ha dado signos evidentes de su debilidad y del terror que le produce la movilización. Hay que seguir en esa vía, profundizar la lucha. No basta con una convocatoria tras otra que acaben por agotar al movimiento.

Hay que acabar con el enfrentamiento entre Plataformas y Organizaciones. Hay que preparar una gran movilización, una marcha a Madrid que reúna a cientos de miles, a un millón de trabajadores y pensionistas, con sus organizaciones. Hay que continuar la lucha hasta obligar al gobierno a ceder, sin descartar la convocatoria de una Huelga General si fuera preciso.

Organizar esta movilización exige la unidad de todas las organizaciones de la clase trabajadora. La Conferencia Estatal en Defensa del Sistema Público de Seguridad Social, que ha reunido en Madrid el 10 de marzo a 120 sindicalistas, trabajadores, trabajadoras y cargos electos, haciéndose eco de la aspiración a la UNIDAD de la inmensa mayoría de trabajadores, (ya sean activos, desocupados o pensionistas), ha acordado dirigirse a todas las organizaciones que hablan en nombre de la clase trabajadora y los pensionistas, sindicatos, Plataformas, Asociaciones, Partidos… para exigir que hagan todos los esfuerzos para que se lleve a cabo la Unidad, sin imposiciones por ninguna parte, para convocar una gran movilización en Madrid y las movilizaciones que sean precisas en las distintas localidades y centros de trabajo, hasta obligar a al gobierno a retroceder, o, si es necesario, hasta echarlo, para recuperar la Caja de la Seguridad Social, para mantener el sistema solidario de reparto, para subir las pensiones según el IPC y recuperar las pérdidas de los últimos años, para derogar, en fin, las reformas laborales, los recortes de salarios y cotizaciones y los diversos recortes de pensiones impuestos por los gobiernos.

Desde hace unos cuantos meses se está poniendo de manifiesto el gran poder de movilización y convocatoria de las mujeres (sobre todo en torno al pasado 8 de marzo) y de los pensionistas. Ambos colectivos están defendiendo con fuerza y convicción sus reivindicaciones en un contexto macro económico más favorable (crecimientos del PIB por encima del 3%). Las protestas tienen una lógica explicación, sobre todo si consideramos que las mujeres han sufrido especialmente los efectos de la crisis y los pensionistas han perdido poder adquisitivo (0,25%, copago farmacéutico y medicinas fuera del sistema), al margen de que muchos han tenido que ayudar a sus familiares más cercanos: hijos y nietos, ante la necesidad de frenar los destrozos causados por la deplorable gestión de la crisis económica.

En todo caso, los jóvenes han sido muy perjudicados por la crisis. Sin embargo, y al margen de las movilizaciones y de los efectos causados en su día por el movimiento 15-M, los jóvenes, a pesar de su fuerza potencial, no se han distinguido últimamente por su capacidad de movilización, ni están representados suficientemente en los partidos políticos y sindicatos. Estos precedentes no son un buen presagio, sobre todo cuando está a punto de cumplirse el 50º aniversario de las movilizaciones del Mayo francés del 68, particularmente en París.

El miedo, el desánimo y la migración de muchos jóvenes al extranjero, en busca de un empleo, justifican esta situación, Una generación calificada  como “perdida” por algunos y que, sin embargo, en buena medida, se viene refugiando en los últimos años en el voto anti sistema (voto de denuncia y protesta). No nos debe extrañar. El desempleo y la precariedad están causando destrozos sin precedentes en los jóvenes y en otro colectivo muy sensible: los mayores de 45 años. Según UGT, la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años se  sitúa en el 37,5% (558.200 personas). Además, el 57% de los jóvenes de 30 años tienen un contrato temporal  (1.347.100 personas), alcanzando el 72% en los menores de 25 años (631.200).  Una situación laboral agravada por la extensión de la precariedad producida por la reforma laboral de 2.012: contratos temporales y a tiempo parcial, falsos autónomos, plataformas digitales, becarios… A lo que hay que añadir la insuficiencia (y los recortes) de nuestro sistema de protección social: baja cobertura por desempleo, ínfimas ayudas sociales,  incertidumbre por las futuras pensiones. Esto ha hecho que las personas de 16 a 29 años sean el grupo de edad con una mayor tasa de pobreza o exclusión social, el 37,9%,

Además de esta extrema precariedad laboral y de la escasa protección social, los jóvenes sufren los bajos salarios y la práctica imposibilidad de acceder a una vivienda. Con este panorama, es imposible vincular a los trabajadores jóvenes a las empresas; simplemente porque dificulta mucho su formación y su cualificación permanente y, desde luego, el desarrollo de un  proyecto familiar y con futuro. Por eso resulta provocador que la CEOE pretenda extender el contrato de formación y aprendizaje, no sólo a los jóvenes menores de 30 años, sino también a los mayores de 45 años despedidos en sectores en declive (estos contratos no tienen indemnización por despido), lo que en la práctica significa abaratar más el despido y consolidar aún más la precariedad de nuestro mercado de trabajo.

Como consecuencia, los jóvenes se ven obligados a convivir en una sociedad muy marcada por la desigualdad, la pobreza y la exclusión social; que, no lo olvidemos, tiene rostro de joven, mujer e inmigrante. La situación se agrava porque la desigual protesta y  movilización social de los jóvenes no tiene cauces eficaces de participación en organizaciones sociales ¿Qué hacer ante semejante situación?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el desempleo no es un hecho fatal e irreversible. Por eso, hay que redoblar la iniciativa  política para luchar por el pleno empleo, como el eje fundamental del pretendido “Pacto (Plan de Choque) Inter Generacional con Perspectiva de Género”. En coherencia con ello, es prioritario trabajar para cambiar nuestro modelo productivo, dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas y apostar decididamente por la industrialización; así como por una legislación laboral consensuada (derogación de la reforma laboral y autonomía de las partes), por políticas activas de empleo, cualificación profesional, oficinas públicas de empleo eficaces (recolocación) y por buscar nuevos yacimientos de empleo.

En segundo lugar, se deben reactivar los instrumentos clásicos de la socialdemocracia: aumentar la inversión pública (política social, medioambiente, infraestructuras…), constituir una banca pública (ICO, Bankia…) con capacidad de intervenir en la economía y consolidar un parque estratégico de empresas públicas. Además de abordar a fondo la reforma de la política fiscal encaminada a que paguen todos y, sobre todo, a que paguen más los que más tienen. En todo caso, la suficiencia, la progresividad y una mayor equidad del impuesto deben estar garantizados. El propósito final debe ser incrementar los ingresos del Estado y alcanzar la media de la presión fiscal europea: España está 7 puntos por debajo de la media de la zona euro, lo que supone un déficit de recaudación de unos 70.000 millones de euros. Por estas razones, tiene especial interés la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, recaudar más a través del impuesto de sociedades y recuperar el impuesto de patrimonio y de sucesiones, entre otras medidas. Cuando Rajoy pregunta: ¿De dónde va a salir el dinero? Hay que decirle claramente que una financiación suficiente debe ser la consecuencia final de una política fiscal que nos equipare a la UE. Esta debería ser también la preocupación del Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y no la de justificar el recorte a los pensionistas con argumentos absurdos e incalificables (escaso ahorro en fondos de pensiones, capitalizar la vivienda del pensionista, alargar la jubilación a los 70 años…).

En tercer lugar, hay que recuperar el ideal de lucha por una sociedad más justa y con valores: justicia, igualdad, honradez, solidaridad… Lo que nos exige a todos redoblar el trabajo con el propósito de que los jóvenes asuman los valores tradicionales de siempre, adaptados a una sociedad global, digital e intercomunicada. En clara contraposición con la ideología capitalista responsable de un consumo exacerbado, así como del control exclusivo y férreo de los medios de comunicación de masas, de la desregulación del sector financiero y de la penetración  y control de los sectores clave de la economía.

Por último, debemos impulsar la emancipación de los jóvenes por los propios jóvenes, con el propósito de que puedan organizar su fuerza potencial en los partidos políticos y en los sindicatos. No debemos olvidar que, en estos momentos, el problema de los jóvenes se confunde con el problema de nuestra sociedad y que el futuro del trabajo- seguramente digital y robotizado- dependerá exclusivamente de la capacidad y protagonismo de nuestros jóvenes. Esto sólo será posible si recuperamos las ideas socialdemócratas, superando todo tipo de nacionalismos e, incluso, de populismos extremos de izquierda y de derechas. Con estas ideas se pueden ganar unas elecciones comprometiendo y movilizando a la izquierda sociológica y a los jóvenes, sin recurrir a políticas de centro, siempre acomodaticias y nada ilusionantes. Sólo falta un partido fuerte que las defienda y las aplique con convicción y entusiasmo a todos los niveles de nuestro tejido social. Desde el convencimiento de que son las ideas más apropiadas para responder a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en la actualidad. Y, además, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos: jóvenes desempleados y en precario, mujeres e inmigrantes. A estos colectivos son, precisamente, a los que se debe dirigir una política de izquierdas claramente diferenciada de las rancias recetas (fracasadas) de la derecha conservadora.

Lo más grave de la presente situación es que no sólo estamos ante una crisis coyuntural. Existe una fuerte crisis estructural (y de ideas) relacionada con el empleo, la centralidad del trabajo, el desarme fiscal, el cambio climático, el drama que representan las migraciones y el desmantelamiento de la propia democracia. También una fuerte carencia de valores, cuya solución requiere un cambio radical en los modos de producir, de consumir, de vivir y de asumir los costes que implica nuestra vida personal, familiar y de relación con los demás seres humanos y con la naturaleza. Por eso, es urgente ofrecer alternativas progresistas y creíbles que generen ilusión y esperanza en los más jóvenes, lo que nos ayudará a romper el hábito de vivir exclusivamente para trabajar y obtener dinero, con el agravante de que ese dinero se emplea para consumir mucho y mal (teoría del decrecimiento), lo que representa la principal causa de nuestra desmedida huella ecológica.

En estos debates la socialdemocracia europea y los jóvenes están muy poco presentes. Por eso, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Qué hacer para que los jóvenes participen activamente y con ilusión en aplicar las ideas socialdemócratas? No es fácil responder a esta pregunta, pero la palabra compromiso, en defensa del socialismo democrático, debe formar parte de la respuesta, lo que sin duda facilitará la necesaria convergencia estratégica entre las fuerzas progresistas y los jóvenes.

Por eso, los partidos y sindicatos no deben convertirse en superestructuras alejadas de la realidad social y, por su parte, los jóvenes deben reafirmar su compromiso político y sindical y exigir el funcionamiento plenamente democrático de las organizaciones políticas y sociales.

En todo caso, los jóvenes deben conocer y recordar nuestra historia reciente y la lucha de nuestros mayores y de los miles y miles de héroes anónimos, que han defendido desinteresadamente, desde hace más de cien años, las ideas progresistas; precisamente cuando en este año se celebra el 130º aniversario de la fundación de UGT. Una buena ocasión para preguntarnos de dónde venimos y a dónde queremos ir con el concurso y la participación activa de los jóvenes. Finalmente, en este viaje hacia el futuro, no debemos prescindir de una cierta utopía: nadie sin empleo, sin casa, sin abrigo, sin alimentos, y tampoco sin educación, sin asistencia sanitaria y, en coherencia con ello, sin una renta mínima de inserción, en una democracia más participativa, que haga posible una sociedad de hombres libres, iguales, honrados e inteligentes.

Antón Saracíbar

La libertad y la democracia en nuestro país no han sido gratuitas. Nuestra sociedad sufrió la intolerancia y el crimen de Estado durante 40 años: exilio, persecuciones, cárcel, clandestinidad, represión, tortura y muerte. No lo deberíamos de olvidar; no para mantener rencor, sí para evitar que vuelva a ocurrir.

La democracia y la libertad se defienden practicándolas. Por tanto, al menor síntoma de retroceso o intento de cuestionar su praxis debemos ponernos en alerta y no minusvalorar los efectos de los ataques que puedan recibir.

La música, la literatura, el cine, la pintura, cualquier manifestación artística ha de ser respetada, si bien no tiene porqué gustar a todos ni ser compartida por todos. Respetar la pluralidad social que se manifiesta a través del arte es respetar la democracia. Nadie puede poner en duda que son las manifestaciones artísticas “heredadas” de las grandes civilizaciones de la historia las que nos han permitido evolucionar como humanidad civilizada; si es que bajo el sistema capitalista y su barbarie merecemos tal calificación.

El acto de censura a una obra de arte, el secuestro de un libro o la condena a tres años de cárcel para un rapero, se suman a otros síntomas de ataques a la libertad y a la democracia.

Los ataques a la libertad y la democracia no son ajenos a la “Ley Mordaza” ni a quienes la promovieron; el Partido Popular, un Partido que hace uso y abuso constantemente de las prerrogativas que les da el poder, en particular poniendo la fiscalía al servicio de su interpretación ideológica de la sociedad. Una visión más cercana a los 40 años de franquismo que a una sociedad moderna y democrática.

Tan grave como los ataques a la libertad de expresión artística son los ataques al derecho constitucional de huelga: recordemos que son más de 300 los trabajadores y trabajadoras que han sido encausados, muchos de ellos aún continúan con causas abiertas, por haber ejercido su derecho a la huelga. Hoy, día 23 de febrero sin ir más lejos, en Valladolid, se ha retenido y llevado a Comisaría a tres compañeras por pegar carteles para promocionar la huelga del día 8 de marzo; en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

No es ajeno a esta deriva el hecho triste de que haya personas presas en la España de hoy, por hechos políticos; la privación de libertad es para el que roba, para el que mata, para el que viola, pero nunca para el que piensa de manera distinta, aunque legalmente no tenga la razón. Es producto una vez más de la interpretación que el PP tiene de la ley y la justicia, poderes cuya separación nos pone muy difícil de vislumbrar.

Es una deriva peligrosa que no podemos dejar pasar, no podemos ser cómplices ni con el silencio.

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio,porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío.

Cuando finalmente vinieron a por mí,
no había nadie más que pudiera protestar.»

Poema «Cuando los nazis vinieron…»  Martín Niemöller

Roberto Tornamira

TS Madrid