¿Obedecen los planes de transición verde a la necesidad de salvar el planeta?

El diario La Vanguardia del 24 de octubre publica un artículo titulado “El alza de la luz amenaza con provocar parones en la industria”. De igual manera, los últimos meses estamos sufriendo los perversos efectos del mercadeo de la energía en manos del oligopolio energético (ver artículos en tribuna socialista, 126, sin ir más lejos). Entre estos efectos perversos se encuentra la subida exponencial del precio de la electricidad que provoca pobreza energética que sufren cada vez más hogares, aumento de los precios de productos de primera necesidad, que nos lleva a una inflación que se sitúa entre el 3% y el 4%, y ahora amenaza con parar la industria. El debate sobre el cambio climático y la transición energética se sitúa como prioritario para la clase trabajadora, no solo por los efectos negativos del cambio climático sobre el planeta, los ecosistemas y la humanidad, sino también por las consecuencias desastrosas sobre las relaciones entre el capital financiero (como propietarios de los medios de producción) y la mayoría social que conformamos el 99% de la población mundial. Analicemos:

¿Qué causa el cambio climático?

Por activa y por pasiva se nos atribuye a todos y cada uno de nosotros por igual la responsabilidad sobre el cambio climático. No reciclamos lo suficiente, consumimos productos contaminantes, malgastamos alimentos, agua, luz, gas… ¡Ya está bien!.

Si hay tres cosas claras sobre el deterioro del medio ambiente es que:

1.-El cambio climático es consecuencia de un sistema de producción de bienes de forma intensiva basado en la producción masiva al mínimo coste posible y en la expoliación de los recursos naturales que son de todos. Es decir, el desarrollo insostenible.
2.- La segunda cuestión, aún más importante si cabe, es la propiedad privada de los medios de producción que para la obtención de su tasa de beneficio a corto plazo no duda en despilfarrar los recursos naturales, contaminar, o reducir el coste de la fuerza productiva de la mano de obra.
3.- Un sistema económico basado en la “obsolescencia programada” y el fomento del consumismo capitalista. Les aconsejo ver el documental de TVE “Tirar, comprar, tirar” que retrata bien las consecuencias de esta relación entre consumo y deterioro del medio ambiente.

Las alternativas propuestas para luchar contra el cambio climático: Los objetivos de desarrollo sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha estimado que las necesidades anuales de inversión en todos los sectores serían entre cinco y siete billones de dólares.

La Alianza Mundial de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible, una coalición apoyada por las Naciones Unidas de 30 líderes empresariales que se presentó en octubre de 2019, trabaja para movilizar recursos en favor del desarrollo sostenible. Pueden ver en este enlace los objetivos y la lista de estas 30 multinacionales, y hacerse una idea de que los objetivos de la alianza mundial de inversionistas sigue siendo la de mantener e incrementar su tasa de beneficio con la excusa del desarrollo sostenible, en un sistema capitalista colapsado.

Si los inversionistas son los que deben procurar la sostenibilidad del sistema es como poner al zorro al cuidado de las gallinas.

Por poner solo un ejemplo concreto, uno de los ODS es el número 13: la acción por el clima, sobre el que el Secretario General de las Naciones Unidas ha propuesto 6 medidas:

Empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo.

Economía verde: hacer que las sociedades y los pueblos sean más resilientes mediante una transición justa para todos y que no deje a nadie atrás.

Invertir en soluciones sostenibles: los subsidios a los combustibles fósiles deben desaparecer y los contaminadores deben pagar por su contaminación.

Afrontar todos los riesgos climáticos.

Cooperación: ningún país puede triunfar por sí solo.

La transición verde

El 14 de julio de 2021, la Comisión Europea adoptó una serie de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad con el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% en esta década. La mayor utilización de energías renovables y la reducción del consumo son dos de esas propuestas. Una pregunta a los inteligentes lectores de TS: Si el precio de la energía es más caro ¿se reduce el consumo?.
Además, esta transición verde que nos propone la comisión europea, basada en la descarbonización de la economía, tiene otras 11 iniciativas legislativas entre las que destacan:

  • Detener la fabricación de automóviles de motor de combustión en 2035.
  • Gravar las importaciones de productos que generan CO2. En el caso del sector de la automoción, un ingeniero con más de 20 años de experiencia en el sector nos dice: “ningún ingeniero serio da crédito a la persecución del diesel como combustible. No ha habido ningún sector donde se haya conseguido más avances medioambientalistas que en el diesel.” Sin embargo, el bombardeo mediático contra los combustibles fósiles, y la apuesta decidida por el vehículo eléctrico forman parte de los planes de la UE para esta década. ¿con qué consecuencias?. La fabricación del vehículo eléctrico necesita menor mano de obra. Solamente en España (segundo productor de vehículos de la UE) se cifra en que la mitad de los puestos de trabajo (unos 150000) pueden tener sus días contados.
    China ha parado su producción industrial en ciertas regiones para no colapsar su gasto energético y de paso que sus productos no tengan el recargo sobre C02, provocando desabastecimiento de materias primas y de piezas en los mercados occidentales. Particularmente, en Europa, y concretamente en España, la extensión de los ERTES no es producida por la pandemia, sino por el desabasteciento del sector.

El día 13 de julio el Gobierno español aprobó el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) sobre el vehículo verde y conectado. SEAT-Volkswagen ya se ha presentado como candidata para ser receptora de dichos fondos europeos.

Igual que otras muchas multinacionales, de la automoción y de otros sectores, los fondos europeos se están convirtiendo en inyecciones de dinero para una transición verde hacia una economía descarbonizada y que necesita de menos mano de obra.

En noviembre de 2021 tendrá lugar en Glasgow una nueva cumbre de la ONU para dar un paso más en el proceso de descarbonización. Todo apunta a la adopción de medidas para aumentar la fiscalidad de combustible para vehículos y calefacción. Sus efectos sobre los precios y las necesidades energéticas de la población pueden ser explosivos.

Digitalización de la economía

No se trata de otra cara de la misma moneda. La digitalización de la economía es otra versión para aplicar los planes de mantenimiento y aumento de la tasa de beneficio para las empresas de servicios.

Con la excusa de la descarbonización de la economía los bancos cierran sucursales, echan a la calle a decenas de miles de trabajadores del sector, ofrecen un menor servicio a los clientes cautivos y nos cobran más comisiones ya no solo por las gestiones realizadas (que ya es discutible) sino por guardar el dinero en una cuenta bancaria. La ciudadanía está presa de un sistema que nos obliga a tener el dinero en el banco, y del que directamente se nos roba parte de los rendimientos de nuestro trabajo.

Según el director del Banco de España, Hernández de Cos hoy hay en España un 9% de las empresas que son insolventes y a las que se debe dejar de subvencionar. El único problema para dejar morir estas empresas y los miles de puestos de trabajo es el alto coste social que tal medida conllevaría.

Nadie cuestiona la propiedad privada de los medios de producción

Al principio de este artículo hablaba de tres grandes causas para el desastre ambiental en que estamos sumidos:

1.-El cambio climático es consecuencia de un sistema de producción de bienes de forma intensiva basado en la producción masiva al mínimo coste posible y en la expoliación de los recursos naturales que son de todos. Es decir, el desarrollo insostenible.
2.- La propiedad privada de los medios de producción que para la obtención de su tasa de beneficio a corto plazo no duda en despilfarrar los recursos naturales, contaminar, o reducir el coste de la fuerza productiva de la mano de obra.
3.- Un sistema económico basado en la “obsolescencia programada” y el fomento del consumismo capitalista. Les aconsejo ver el documental de TVE “Tirar, comprar, tirar” que retrata bien las consecuencias de esta relación entre consumo y deterioro del medio ambiente.

Ninguna de las medidas adoptadas por las distintas instituciones a nivel mundial, europeo o gubernamental va encaminada a su corrección.

En cambio, se toman medidas para la reconversión de los sectores a la producción (en manos de multinacionales) y utilización de energías limpias, afrontando una supuesta tercera revolución industrial en la que el encarecimiento de los bienes y servicios de primera necesidad y la menor utilización de mano de obra son determinantes para que el capital financiero y la alianza mundial de inversionistas sigan obteniendo su beneficio, eso sí, por el bien del planeta. Esta tercera revolución industrial que nos proponen no es sino una obsolesencia programada del sistema económico mundial para inventar otro (aparentemente) en el que las relaciones de dominación del capital financiero sobre la clase trabajadora sigan incuestionadas.

Cuidado con el consenso

Que la necesaria causa común de “salvar el planeta” no nos ciegue para ver que los verdaderos causantes del problema no solo no pueden ser parte de la solución sino que además lo agravarán. El consenso de todos los seres humanos, ricos y pobres, explotadores y explotados, no solo es una falacia sino además un insulto a la inteligencia colectiva del 99% de la población. Ningún plan elaborado por los destructores del planeta y dueños del sistema va a propiciar otra cosa que continuar expoliando los recursos naturales y explotando a la inmensa mayoría social que somos la clase trabajadora.

Baltasar Santos
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Por la nacionalización del sector energético

En los últimos meses mucho se ha debatido sobre el encarecimiento de la factura de la luz. Nos decían que con la ley de la oferta y la demanda y la gestión privada se satisfarían las necesidades de energía de la población. Nada más lejos de la verdad. El precio de la factura eléctrica ha alcanzado unas cifras escandalosas en las últimas fechas. lo cual supone una agresión para la población más necesitada y un serio obstáculo para la industria, los restaurantes, los comercios…


Mientras estamos comprando energía nuclear a Francia y electricidad a una empresa pública italiana como ENEL, España fue uno de los países que antes privatizó las empresa públicas energéticas.


En España, la empresa estatal Endesa llegó a tener más de un 40% del mercado y aunque tras la venta sucesiva de dos paquetes de acciones de ENDESA por los Gobiernos de Felipe González, el Estado aún mantenía en 1988 el 67% de la propiedad y el control público sobre la empresa eléctrica, los gobiernos de Aznar y Rato, vendieron la mayor parte de las acciones de Endesa propiedad del estado. La liberalización y privatización de ENDESA se llevó a cabo. Como premio a la privatización: puertas giratorias para políticos socialistas, peperos (Aznar fichó en 2011 por ENDESA tras haberla privatizado en 1998),y también nacionalistas.


En toda la Unión Europea los procesos de privatización que llevaban como objetivo acabar con los monopolios estatales, nos llevaron a un oligopolio de seis multinacionales. Concretamente, en el caso de España, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han ganado más de 26 millones de euros en los últimos 5 años., mientras nuestra factura de la luz sigue aumentando.


Hemos llegado a una situación inadmisible en la que el Gobierno de Pedro Sánchez tras varias medidas que se han demostrado ineficaces, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para detraer los ingresos extraordinarios de las empresas, los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’ o windfall, para destinarlos a topar el precio del gas. Suponen alrededor de 650 millones de euros. ¿será suficiente? me gustaría pensar que sí, pero creo que no va ser suficiente.


De hecho, mientras la derecha reivindica la bajada del IVA a un tipo superreducido, los sectors más progresistas coinciden en que deben aprobarse medidas de fondo en relación con el modelo energético español. ¿Qué medidas tomar? ¿crear una empresa pública o nacionalizar el sector eléctrico?


Leí en un artículo de Odón Elorza publicado en elobrero.es el 21 de agosto de 2021, que sugería la creación de una empresa pública que recuperara la gestión de más de 30 centrales hidroeléctricas cuya concesión finaliza en este periodo y hasta 2031. Ciertamente, parece una buena idea crear una empresa pública dedicada a la producción de energía que permita incidir en el precio final de la luz. Mejor una empresa pública que privada. Al menos nos aseguraríamos que no vacían los embalses como ha hecho Iberdrola para manipular el precio de la luz en las subastas de este especulativo mercado.


En la misma línea de pensamiento se inscriben las declaraciones del President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés (ERC), cuando manifiesta “Lo que se debe hacer es regular el mercado de forma diferente”, reivindicando que la Generalitat ya ha iniciado los pasos para crear una energética pública que gestiones dónde deben ubicarse los centros de producción energética.
Se necesita un modelo energético sostenible que garantice la producción alli donde se necesita, para no tener que importarla desde Argelia, Francia, o ningún otro país, sin que se tenga que trinchar el territorio con nuevas líneas de muy alta tensión, y para que se promueva el uso de las renovables.
Insisto en que prefiero una empresa pública que una empresa privada, pero es que el debate no es ese.


El debate es si el precio de la energía debe someterse a las reglas de mercado o no. Ni las propuestas del compañero Odón ni la de Pere Aragonés, ni las medidas adoptadas por Sánchez discuten el mercado, y por tanto “el mercadeo” energético. Si una empresa pública tiene que competir con las privadas, en un mercado al servicio del oligopolio privado, vamos servidos. La alternativa sería que la UE decidiera que la energía no se someta a las reglas de mercado, cosa que no va a decidir, entre otras cosas porque nadie ha situado el debate.
Si realmente queremos garantizar el suministro eléctrico de luz y gas vamos a tener que nacionalizar el sector y poner al servicio de la ciudadanía y de la industria los recursos energéticos necesarios para la vida y el funcionamiento de las fábricas, y por ende el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector industrial que como todos ustedes saben sigue menguando debido al cierre o deslocalización de las empresas hacia países más desregulados en materia ambiental.


No podemos dejar en manos del mercado lo que no debe ser objeto de especulación.


Baltasar Santos
TS Cataluña