Declaracion de Urgencia

Contra el golpe togado ¡Movilización!

El ataque a la democracia no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Lo vimos en Brasil hace unos años, cuando la derecha encarceló a Lula Da Silva para sacarle de la carrera por la presidencia del Gobierno, movimiento ilegítimo que llevó al pueblo brasileño a sufrir cuatro años a Bolsonaro. Lo vimos en Bolivia, ahora lo estamos viendo en Perú. Incluso asistimos, a través de los medios de comunicación, a las inéditas imágenes de asalto al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Es evidente que los hechos concretos distan mucho en las formas y los ritmos unos de otros, así como es diferente lo que está ocurriendo en el Estado español.

De la misma manera es evidente que también hay denominadores comunes: que la derecha no soporta que gobiernen otros que no sean ellos. Ya ocurrió el 23 de febrero de 1981, cuando la derecha, con su brazo en las Fuerzas Armadas, dio un aviso al proceso democrático.

La situación política internacional no nos es ajena, como no nos son ajenas las consignas de los think tanks, los lobbies y las instituciones internacionales del capital. La derecha política, económica, judicial y mediática no soporta que se den avances democráticos, por moderados que estos sean.

La derecha española, tome la forma que tome y se disfrace de demócrata más o menos, no soporta que se pueda avanzar en el entendimiento entre los pueblos que componen el Estado español, en particular en Cataluña. No soportan que se tomen decisiones como las que están pendientes de tomarse para incrementar el SMI, les ha molestado profundamente que las Pensiones Públicas se incrementen en el 8,5%, a partir de las movilizaciones de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Es la misma aversión que hay en Madrid, por parte del Gobierno Autonómico, contra las movilizaciones ciudadanas y la huelga de médicos para defender la Sanidad Pública. Etc, etc.

Es el Poder Judicial, que cada año preside el Rey, el que da un ¡Golpe togado! para interferir y torpedear los avances democráticos, como ocurrió en 2010 cuando el Tribunal Constitucional torpedeó el Estatuto de Cataluña, votado por el Congreso de los Diputados y por el Parlamento de Cataluña.

Controlan la misma Justicia que les tiene que juzgar de sus corruptelas, corruptelas que recorren las instituciones del Estado de arriba abajo.

Respetar las resoluciones judiciales es una cosa y acatar actos ilegítimos es inaceptable. Llamamos a que los partidos que se reclaman de la izquierda y las organizaciones de clase de los trabajadores, convoquen de urgencia manifestaciones masivas en todas las capitales de provincia, para rechazar el golpe de Estado Judicial.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

tribunasocialista1@gmail.com

Golpe de estado judicial

Cuando me comprometí a escribir esta contribución al número de diciembre de Tribuna Socialista, me planteé la idea de escribir una crónica del acto de Pedro Sánchez en Barcelona del pasado 11 de diciembre, y al hilo del discurso de nuestro Secretario General y concretamente al hilo de una de sus frases en aquel acto “Hay que devolver a la política lo que es de la política” escribir una reflexión sobre la parcialidad de la justicia y del TC y su alineamiento con la derecha franquista. Sin embargo, los gravísimos hechos ocurridos que se han ido precipitando en las últimas semanas me han llevado a extenderme en la narración de los mismos.

Acto de Pedro Sánchez en Barcelona

El pasado domingo 11 de diciembre el PSC organizó un acto en el Palacio de congresos de Barcelona, en la que miles de militantes de todas las agrupaciones de Catalunya asistimos para reforzar a nuestros alcaldes y alcaldesas y el poder del municipalismo socialista. Así mismo, el acto servía para presentar públicamente la candidatura de Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona. Sin embargo, la auténtica relevancia del acto para los militantes que no somos de Barcelona, fue la presencia y discurso del primer secretario del PSC Salvador Illa y muy especialmente, de nuestro Secretario General y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro defendió el papel de los socialistas en la gestión del conflicto político en Catalunya, abogando por el diálogo y, aunque de forma indirecta, aludiendo a las últimas reformas del código penal sobre los delitos de malversación y de sedición, como parte importante de la resolución del conflicto. De su discurso, quiero destacar su expresión de que hay que solucionar los conflictos políticos mediante la política y parar la judicialización del conflicto con los independentistas catalanes. ¡Bienvenido, Pedro! Esta es la posición que la línea editorial de Tribuna Socialista mantiene desde el inicio del conflicto ¡Los conflictos políticos se han de resolver políticamente! ¡Diálogo y política! Estrategia radicalmente opuesta al ¡A por ellos!, que mantiene un amplio sector de jueces, el antidemocrático Tribunal Constitucional, la derecha, la ultraderecha y el sector más reaccionario del PSOE, encabezado por el presidente de Castilla La Mancha, García-Page. Analicemos:

Modificación del Código Penal: el delito de sedición.

Los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno de España presentaron este mes de diciembre una proposición de ley para modificar el Código Penal. Esta iniciativa parlamentaria, hecha oficial después de que el presidente Pedro Sánchez manifestara la voluntad del Gobierno de reformar la legislación relativa al delito de sedición, contempla la sustitución de este tipo penal por otro de “Desórdenes públicos agravados”, en consonancia con el derecho comparado de nuestro entorno europeo. De hecho, entre los motivos esgrimidos por varios tribunales de estados miembros de la UE para no extraditar a los líderes del “procès” responsa- bles de los hechos acaecidos en 2017, han sido, entre otros, la inexistencia de delitos equivalentes a la sedición en los ordenamientos jurídicos de estos estados miembros. Por tanto, desde el punto de vista técnico, parece evidente que un delito del siglo XIX como el de sedición, no se corresponde con la realidad actual, y que una modificación del mismo es del todo procedente.

Pero prescindiendo de los argumentos tecnicistas-jurídicos, sobre los que el que suscribe se declara profano, lo realmente importante de esta modificación es que ayuda a la resolución del conflicto político en Cataluña, al diálogo y la convivencia.

Mientras que el Gobierno del PP de Rajoy creó el conflicto y lo agravó hasta lo insostenible, ahora, la tensión política y social es mucho menor, y la apuesta por el diálogo, la convivencia y la política es el eje sobre el que pivota la resolución del conflicto. Sin embargo, parece que hay quien prefiere el conflicto permanente porque el discurso de “España se rompe” da votos.

La decisión política de convertir el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravados es una decisión que va en la dirección correcta. Antes bien: con la intransigencia de la derecha hemos topado. Los mismos que se cargaron el Estatut de Autonomía de Catalunya son los que se oponen a la reforma del códi- go penal. Los mismos que provocaron la radicalización de un amplio sector de la sociedad catalana son los mismos que bloquean la renovación del CGPJ y el Tribunal constitucional.

Modificación del Código Penal: el delito de malversación.

El otro caballo de batalla de la derechona antidemocrática es la reforma del delito de malversación que se propone gracias al acuerdo de socialistas y republicanos, y que tiene por objetivo revertir la reforma de este delito que aprobó el PP en 2015. La reforma retoca los artículos 432, 433 y 434 del código penal de forma que cuando no existe ánimo de lucro o enriquecimiento personal, las penas serán menores que en la actualidad.

Nuevamente, sin entrar en tecnicismos, ¿Es esta una medida que ayuda a la resolución del conflicto en Catalunya? Si, ¡Bienvenida sea!. Retornar a la política lo que es político.

La escandalosa interpretación de los jueces de “ley del solo sí es sí”

Recordemos que la ley del “solo sí es sí” llegó para poner fin a la bochornosa interpretación de algunos jueces y fiscales en la incoación y sentencia en casos que clamaban al cielo.

¿Recuerdan a la jueza Victoria del Carmen Molina en una causa sobre violación, preguntando a una víctima si había cerrado las piernas con fuerza suficiente?

¿Recuerdan al fiscal García Cabañas preguntando a la víctima sobre su vestimenta para saber si era sexualmente provocadora?

¿Recuerdan al Obispo de Tenerife, monseñor Bernardo Pérez, explicando que los abusos a niños se debían a la dificultad que tienen los eclesiásticos para no caer en la tentación de sobar esos culitos tan apetecibles?

¿Recuerdan al juez Ricardo González que discrepó con su voto particular de la sentencia en el caso de “la manada” al considerar que lo que él percibía era un ambiente de fiesta y jolgorio?

Pues bien, la ley del «Solo sí es sí» llegó para aclarar estas interpretaciones. Sin embargo, nuestros jueces consideran una intromisión de la política en «sus asuntos» y para demostrarlo han reinterpretado la nueva ley a su manera, rebajando las penas a violadores y pederastas con el objetivo de ridiculizar a Irene Montero y al gobierno de Pedro Sánchez, demostrándoles quien manda en este país

Los jueces olvidan que la ley fue preparada por ilustres juristas, y su aprobación tuvo lugar tras las consultas pertinentes al gabinete jurídico del Congreso de los Diputados y su visto bueno. Hasta ese momento, no hubo ningún tipo de alarma social por peligro de reducción de penas que pudiera acarrear su aplicación.

Ahora bien, una vez aprobada los jueces empiezan a reducir penas a violadores y pederastas. No es la ley la que se equivoca, sino la interpretación interesada que hacen los jueces la que está reduciendo las penas de los violadores. No lo digo yo, lo dice el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín en RTVE, preguntado en referenca a las polémicas reducciones de penas: “La ley está bien diseñada. Es un asunto jurídico que los organismos judiciales competentes tendrán que solucionar”.

Es evidente que la misma ley que ofrece a los jueces la posibilidad de reducir las penas de violadores, permite también no reducirlas. Entonces ¿qué pasa por la cabeza de un juez cuando reduce las penas de violadores solo por dañar la imagen y la credibilidad de una ministra o de un gobierno?

Como dijo la ex vicepresidenta Carmen Calvo: “La política tiene que encontrar una solución rápida porque el problema es muy grave” y esa solución política ha pasado por el pleno extraordinario del Parlamento del día 15 de diciembre.

La soberanía popular reside en el Parlamento, ni en el TC ni en el CGPJ

La soberanía popular reside en las Cortes Generales, único poder elegido directamente por el pueblo. La composición del CGPJ debiera ser un reflejo de la voluntad popular, y para ello es indispensable que sus órganos se renueven. Sin embargo, los jueces que gobiernan el CGPJ llevan 5 años sin renovarse, y los del TC más de 6 meses. Es como sí los diputados se negaran a abandonar sus escaños cuando se producen nuevas elecciones. Vamos, que la usurpación de poder en el gobierno de los jueces y del TC provoca que estos órganos tengan una mayoría conservadora cuando el pueblo ha decidido que haya un gobierno progresis- ta. Todo muy constitucional. Esta “anomalía” es en realidad un atentado contra la democracia y contra la voluntad del pueblo.

Las decisiones políticas que toman los cargos electos elegidos por la ciudadanía están siendo secuestradas, bloqueadas e interpretadas por juristas que alineados con la derecha franquista, y eso, queridos lectores, es un golpe de estado judicial.

El gobierno ha impulsado una reforma para desbloquear la renovación del TC, que ha sido recurrida por el PP y VOX para perpetuar el bloqueo. El trasfondo es seguir con la misma política de mantenimiento del conflicto en Catalunya. El TC se cargó el Estatut de Catalunya lo que provocó la radicalización de posiciones del sector independentista. El PP y VOX utilizan las instituciones obsoletas del Estado para frenar cualquier intento de retornar a la política lo que es político y para arrogarse, mediante el TC, la función de decidir sobre lo que puede o no puede hacer el poder legisla- tivo.

Pero la cosa no acaba ahí. Como hemos analizado en el apartado anterior cualquier legislación progresista aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez es sistemáticamente interpretada en sentido contrario por los jueces, como en el caso de la ley del solo sí es sí”.

¿Y qué hacemos con los barones?

Digámoslo claro. Gente de nuestro partido defiende posiciones que le hacen el juego a la derecha, coincidente con la derecha, y de forma recurrente y reincidente.

Lo hicieron cuando promovían un gobierno de gran coalición PP-PSOE, que la militancia socialista rechazaba.

Lo hicieron cuando cesaron a Pedro Sánchez como Secretario General del partido cuando éste se mostró proclive a liderar el “No es No”.

Lo han hecho intentando dilapidar continuamente los acuerdos de gobierno con UP, o con el diálogo político con ERC o Bildu.

Lo hacen siempre, y especialmente con todo lo que hace referencia al diálogo y la negociación política para resolver los problemas que nos afectan.

¡Ya es suficiente!. En cualquier otro partido, estos barones ya estarían expulsados del partido, así que animo a los compañeros y compañeras de las agrupaciones de Castilla la Mancha y de Aragón que nos hagan llegar sus reflexiones al respecto.

Pleno extraordinario. Votación en el congreso

El día 15 de diciembre tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la votación para la reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación, cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y aclara a los jueces como interpretar la ley del “solo sí es sí”.

Al inicio del debate, PP, Vox y Ciudadanos intenta- ron que se suspendiera la sesión hasta que el TC resolviera sus recursos. La compañera Meritxell Batet rechazó su petición: “no hay razón ni hay obstáculo para no continuar con el procedimiento legislativo previsto, en defensa de la autonomía parlamentaria,de la potestad legislativa de esta cámara y del debate,que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo”.

De igual manera, el portavoz socialista, Felipe Sicilia, comparó el intento de deslegitimación de las decisiones del Parlamento por parte de la derecha con el golpe de Estado: “Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y también la democracia, contricornios. Hoy, ha querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida”.

Sin duda, la instrumentalización de la justicia por parte del PP es una constante que ha tenido una nueva expresión en este pleno extraordinario del Congreso de los diputados.

Con todo, la reforma legal salió adelante con 184 votos a favor, 84 en contra y 1 abstención, aprobando la supresión del delito de sedición, la modificación del delito de malversación, el desbloqueo del procedimiento para la renovación del TC y la aclaración a los jueces sobre cómo deben interpretar la ley del “solo sí es sí”. Faltaba solo la tramitación en el senado, y que el TC, no se entrometiera en las resoluciones políticas.

19 de diciembre de 2022: el golpe de estado judicial del TC se consuma

Sin embargo, en fecha 19 de diciembre, el TC se pronunció en sentido contrario a las resoluciones del Congreso de los diputados y estimó las pretensiones del PP, VOX y C’S, paralizando la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio TC, tal y como había solicitado el PP.

Este es un hecho sin precedentes que consuma el golpe de estado judicial alentado por el PP mediante el que lo aprobado en el Parlamento queda bloqueado por la decisión de un Tribunal constitucional, caducado y usurpado por la derecha, que es juez y parte, y que secuestra la soberanía popular del Parlamento.

Los presidentes del Senado y del Congreso se han aprestado a acatar la sentencia, aún mostrandose críticos con la misma. De igual manera, Pedro Sánchez también la ha acatado aunque ha anunciado que tomará medidas.

La militancia del PSOE se desorienta ante esta sumisión a la injusticia. Ya estamos cansados de tanto facherío.

Militantes del PSOE en defensa de la democracia.

La aprobación en el parlamento de la Reforma Legal el 15 de diciembre y su paralización por el TC el día 19 es un golpe de Estado judicial. PP, VOX, C’s y los barones socialistas que les apoyan son la guardia civil de Tejero.

Los demócratas debemos actuar con contundencia. En todas las agrupaciones socialistas es necesario pro- mover el debate y la actividad militante ante el envite de quienes quieren cargarse la democracia y al propio PSOE, como ya lo intentaron en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016, antes aludido.

Como recordarán los lectores de TS, tras aquel Comité Federal, solo gracias a la organización de plataformas militantes en apoyo al “No es No” y a Pedro Sánchez se pudo revertir la situación a la que nos encaminaban los barones; y solo gracias a ese apoyo, pudimos promover una moción de censura y elecciones generales en las que los partidos de izquierda, con el PSOE y Sánchez a la cabeza, pudimos ganar el gobierno para hacer políticas para la mayoría social.

Llueve sobre mojado con los barones alineados con la derecha y la ultraderecha que quieren secuestrar la política del parlamento y dejarla en manos de sus jueces. El acatamiento de la sentencia no ayuda, desmoviliza y crea confusión, pero lo que nuestros líderes no se atreven a decir lo debemos expresar los y las militantes en las calles.

La respuesta de los demócratas a esta crisis institucional sin precedentes requiere de una respuesta con- tundente en forma de movilización masiva para detener este golpe de estado judicial.

¡Recuperemos la democracia!

Baltasar Santos Fernández
Miembro del Comité de Redacción de TS
Primer Sec. de la agrupación PSC- El Vendrell

El Golpismo togado y la quiebra de la división de poderes

Un recuerdo a María Emilia Casas Baamonde.

Acaba de ocurrir lo que todos sabíamos que iba a suceder. El Tribunal Constitucional acepta las medidas cautelarísimas presentadas por el Partido Popular y Vox, contra la tramitación de la ley de reforma para renovar el Tribunal Constitucional (TC).

Además, se da la circunstancia de que el TC rechaza apartar a los dos Magistrados recusados por PODEMOS y PSOE, gracias al voto de los propios implicados.

Decisión inédita en nuestra democracia que supone la suspensión cautelar de la acción legislativa, por la que el Gobierno quería desbloquear al TC y su renovación de parte de sus miembros que tienen el mandato caducado.

Antes hay que recordar que el conocimiento de estas medidas cautelarísimas correspondía conocer a una Sala en la que son mayoría los progresistas, porque, aunque empatados con los conservadores, dirime el voto de calidad del presidente de Sala que es progresista. Para evitar el conocimiento de este asunto por una Sala progresista, el presidente del TC con su mandato caducado, decide que sea el Pleno quien conozca del asunto, porque en el Pleno son mayoría, por uno, los conservadores, asegurándose de antemano el resultado de las votaciones.

Faltaba el debate y votación en el Senado, que ya se había aprobado en el Congreso, que ahora se corta sin que se pueda llevar a cabo por la inédita y antidemocrática decisión del TC, que quiebra el Estado de Derecho, y se carga de facto, la división de poderes, al entrometerse e inmiscuirse en asunto cuya competencia es exclusiva del Poder Legislativo, y supone, también, que los Magistrados del TC se aúpan por encima de la Constitución y por encima del Pueblo, al ignorar de modo intencionado y con fines antidemocráticos, la Soberanía Nacional, ahora secuestrada, que emana del Pueblo y reside, de forma exclusiva, en el Poder Legislativo.

Es decir, el TC no solo no reconoce la Soberanía Nacional saltándose así la Constitución, sino que, como el PP, niega la legitimidad de nuestro Gobierno, salido de las urnas y no reconoce o desconoce a los representantes del Pueblo, elegidos por las urnas y que conforman el Poder Legislativo.

Esta conducta va más allá de un mero conflicto competencial entre poderes del Estado, cuya resolución está normada y positivizada. Supone, por el contrario, un auténtico golpe de mazo, un lawfare, un golpe togado, que rompe el Estado de Derecho y quiebra la división de Poderes (han vuelto a matar a Montesquieu), porque lo que se persigue es que los conservadores no pierdan la mayoría que ahora ostentan, como ocurre con el CGPJ, secuestrado desde hace cuatro años por los conservadores, con la misma finalidad de no perder esa mayoría.

Se convierten así, los Magistrados conservadores del TC, en auténticos golpistas togados contra la Democracia y se ponen al servicio de un Partido de extrema derecha con fuerte ligazón con el fascismo que representa VOX. Con ello, los supuestos garantes de la puridad constitucional, incumplen la ley, desconocen esas garantías y presuntamente prevarican, conocedores de la impunidad de la que están revestidos.

Pero además de todo eso, se da la circunstancia de que dos de los Magistrados cuyos votos han dado lugar al triunfo de la tropelía antidemocrática, uno de ellos el Presidente del TC, estaban concernidos, es decir, les afectaba personalmente, por cuanto tienen el mandato caducado, de ahí, la recusación presentada por PODEMOS y PSOE, que ha sido rechazada con los votos de esos mismos dos magistrados, que lejos de la decencia y coherencia judicial al no abstenerse, han votado en contra de su propia recusación por tener su mandato caducado, sin el menor pudor, pundonor y sin la menor vergüenza.

Cómo no acordarnos ante estos hechos, de la insigne Magistrada, que fue miembro del TC y la primera mujer que fue presidente de dicho TC.

María Emilia Casas Baamonde y su vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez Sánchez, se inhibieron en 2007, por cuanto entendieron que tenían un interés directo en un recurso por la reforma de la LOTC, asunto muy similar al que se dirimen en el asunto que ahora se comenta.

El TC entendió en ese momento que las abstenciones eran justificadas para no producir una apariencia de pérdida de imparcialidad y razonaba que “Debe resaltarse que la apariencia de imparcialidad ha de ser especialmente exigible cuando lo que el Tribunal juzga es su propia Ley Orgánica, dada la muy singular y relevante posición que ocupa dicha Ley en nuestro Ordenamiento para garantizar la efectividad del orden constitucional.”

Parece claro que el TC se aparta de su propia doctrina con unos fines claramente antidemocráticos.

Termino con dos reflexiones;

El silencio del Rey es ominoso por cuanto incumple claramente la Constitución al no intervenir para arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones. Es evidente que lo ocurrido es un funcionamiento claramente irregular de una institución tan importante como el TC, que obligaría claramente a la intervención del Rey. Su silencio es tan significativo que sobran más palabras.

EL Pueblo, los partidos y organizaciones de izquierda y los sindicatos de clase, debemos movilizarnos sin la mayor dilación para defender la Soberanía Nacional, el Estado de Derecho y la Democracia, poniéndose al lado del Gobierno, ya que, de otro modo, nuestra falta de reacción nos hará cómplices.

Miguel Sagüés Navarro
Socialista
Abogado Laboralista. Jubilado

Presos vascos y vascos presos tras 10 años de la desaparición de ETA

Bajo la denominación de presos vascos se entiende siempre al grupo de presos encarcelados en relación con su militancia en ETA y no exactamente a personas encarceladas que viven en el PaísVasco.

Este grupo de presos relacionados judicialmente con ETA son en este momento 177, de los cuales y según datos de El País del 8 de agosto 119 cumplen ya sentencia en cárceles situadas en la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra.

Tal como ya todo el mundo sabe la política de dispersión de presos tiene su origen en 1990, invento de Andoni Asunción, que llegaría a Ministro de Interior y que posteriormente relataría a medios como Libertad Digital1 como se había gestado esta política, ocho años después de que Felipe González ganara las elecciones con mayoría absoluta prometiendo entre otras cosas que buscaría una solución política al llamado problema vasco.

En la historia reciente desde la llamada Transición y especialmente desde 1982 con el inicio de los gobiernos del PSOE el papel de las organizaciones de izquierda en el sostenimiento de toda clase de leyes de excepción y la posterior guerra sucia no ha hecho sino embarrar hasta hoy la solución política que siempre tendrá a los presos como un elemento principal a resolver.

No es extraño encontrar preguntas difíciles de resolver como las que llevan a cientos de miles de ciudadanos a apoyar los derechos de los presos que en las propias cárceles se les niega a menudo, e incluso a exigir su amnistía cuando llevamos décadas de campañas de propaganda que las propias acciones de ETA promocionaron atacando a organizaciones obreras, sindicatos, o practicando el terrorismo indiscriminado, aquello de socialicemos el dolor.

Víctimas y agravios

No se pueden responder determinadas preguntas pasando por alto agravios comparativos que van más allá de lo que podamos opinar de ETA, como por ejemplo las cifras de víctimas.

Una y otra vez se bombardea a la opinión pública dando por buenas cifras que según medios de la derecha como el ABC2 son 853 las víctimas de ETA desde 1959 hasta 2011 en que desaparece mientras se obvian o se ocultan otras como:

  • Más 100 mil personas todavía enterradas en fosas comunes, más de 500 casos de asesinatos policiales o parapoliciales en la dictadura y tras la dictadura, en tal estadio de cosas que incluso las cifras puedan ser mayores.
  • El Gobierno Vasco reconoce en un informe oficial sobre la tortura aplicada por todos los cuerpos policiales actuantes en el País Vasco lo siguiente:

(…) Este trabajo del Instituto Vasco de Criminología ha debido hacer frente a la gran dificultad que conlleva desvelar hechos producidos en espacios cerrados y, en su mayoría, hace muchos años. Tiene por ello limitaciones que deben tenerse en cuenta para su interpretación:

El número total de denuncias registradas (4.113) es inferior al real porque no han podido rescatarse muchas de las correspondientes a los años 60, 70 y primeros de los 80. (…)3

¿Cómo no va a surgir la pregunta, la duda, de porqué a los criminales franquistas que asesinaron a cientos de miles de obreros, campesinos, sindicalistas, militantes políticos o simples profesores o intelectuales se les pudo amnistiar en 1978 respetando incluso sus propiedades así logradas y convirtiéndoles en demócratas de toda la vida de la noche al día y no se puede resolver el caso de 177 ciudadanos vascos?

Dispersión y doble condena

Es difícil, cada vez más, explicar porque cuesta tanto poner fin a una política que además de ilegal significa o ha significado ni más ni menos que una doble condena para los familiares, amigos y vecinos de los varios miles de presos y represaliados en estos muchos años de represión y terrorismo.

Muertes, heridos y cientos de accidentes menores es lo cotidiano de familiares o amigos no condenados que se ven obligados a viajar miles de km., a veces para simples vistas de 20 minutos.

Resulta sorprendente que rizando el rizo incluso el propio Gobierno Vasco (PNV/PSE-PSOE) intentara convencer a los ciudadanos de porqué en aplicación de su recientemente adquirida gestión de las cárceles había rechazado la solicitud de acercamiento de 5 presos… ¡por falta arraigo!.

Y reconocía que lo hacían porque no querían arriesgarse a recursos judiciales y problemas legales, evidentemente sin llegar a reconocer que hay connivencia entre franquistas que ponen los recursos a todo lo que de presos se trate y la mayoría del aparato judicial que como vemos estos días son tan franquistas como aquellos aunque se les llame ahora conservadores.

La solución es política o no es solución

El traslado a todos los presos políticos es una de las decisiones políticas exigibles a este gobierno, oportuno para incidir en la fraternidad de todos los pueblos del estado, y nada impide abrir el debate sobre su necesaria amnistía para cerrar un capítulo que solo beneficia a la derecha sea del color que sea, que utiliza estas aristas para provocar una y otra vez enfrentamientos ajenos a los intereses de los trabajadores, de los que luchamos por la democracia.

1 https://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-05/cuando-el-pnv-apoyaba-la-dispersion-de-presos-etarras-1276520659/

2 https://www.abc.es/espana/abci-historia-cifras-853-asesinatos-3500-atentados-y-mas-7000-victimas-202110200115_noticia.html

3 https://bit.ly/3DvjdEk

Inhaki Merino
Comite de Redacion de Tribuna Socialista
(Con la aportacion de M.G.S familiar de preso politico vasco)

Nosotros el pueblo…

Por Martín Lozano

… no tenemos ni vergüenza, ni dignidad. No sabemos ni llevar un traje de chaqueta, si yo hubiera llevado alguna vez un traje como Cary Grant hubiera sido feliz y no tan retorcido y rencoroso como soy. Nunca hubiera sido un rojo.

No hay más que verlos para saber que Alberto Luceño es un trepa, un venido a más, un nuevo rico, un aprovechado, un tipo que puede llevar tres relojes de lujo en la misma muñeca y ofrecérselos al juez como parte de su fianza, recordándonos a los mismos de su calaña, que en los años 50, vendían copias de Rolex de oro (del que cagó el moro, decíamos) en el Rastro, plumas estilográficas Parker falsas o réplicas de Rayban en la Plaza de Cascorro. Luceño es uno de los nuestros con contactos, uno que ha conseguido un teléfono para contactar con el primo del alcalde o con la jefa de compras del ayuntamiento y pega otro pelotazo, es uno como nosotros. Pero no tiene dignidad, no tiene ni un ápice de ética. Al primero que engaña es a su compinche, al primero que roba es a su camarada, al que le saca (la famosa saca) un millón de pavos y él se queda con cuatro o cinco. Que se puede esperar de un tipejo así, que basa su posición en tener deportivos de lujo, relojazos de oro, un casoplón. La imagen que nunca tendrá la quiere conseguir con cosas materiales.

En cambio Luis Medina, es otra cosa. Luis Medina es, como nos recuerdan los tribuletes de la asquerosa prensa carroñera, un aristócrata. Ya sabéis, según la RAE, el gobierno ejercido por los mejores, o en su tercera acepción la clase noble de una nación. En la Roma clásica estaba la plebe (el pueblo, el populacho, nosotros); los equites (los caballeros) de larga tradición española, que aquí podríamos darle un matiz católico, los hidalgos; y los nobilitas (los nobles), que además heredan de padres a hijos esa cualidad, la nobleza. Gente como Luis Medina, que sabe llevar un traje, unas Rayban y un reloj de oro en la muñeca, pero solo uno y además sortea a la prensa camino de los juzgados con esa ligereza y esa prestancia que le da su dignidad.

Su nobleza le viene de muy lejos. Luis ofrece al juez, como muestra de sus buenas intenciones, sus derechos hereditarios sobre la herencia de su abuela (cuatro milloncejos de nada). Como propagan los voceros, cuatro veces más de la dichosa fianza y los paniaguados izquierdistas del ayuntamiento de Madrid le piden al juez que le retire el pasaporte y le obligue a presentarse cada quince días en el juzgado. Acaso creen que se va a fugar, él, que podría ser dueño de media España. Su abuela, la de la herencia, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba (¿Quién no ha abierto la boca de asombro ante el nombrecito?), era 9 veces duquesa, 19 marquesa, 19 condesa y 4 vizcondesa. Catorce de esos títulos le daban la Grandeza de España; uno de ellos, por ejemplo, el de Medinaceli se lo concedió a su ancestro, Isabel I de Castilla, la Católica, en 1479, tan católica como su marido, Fernando de Aragón, y juntos instauraron la “Santa” Inquisición.

Abro aquí un largo inciso. ¿Cómo es posible que un título nobiliario sobreviva a la casa real que lo fundó? Ya está bien (No, está muy mal) que a los reyes no los elija nadie, que el puñetero trono sea hereditario (por la jodida y supuesta sangre real), pero qué a los elegidos a dedo (nunca mejor dicho) por esos reyes se les siga dando un tratamiento y unos privilegios, incluso una vez sustituida la dinastía que se los dio. ¡No, hombre, no! Eso no puede ser. Se acabó la dinastía, se acabaron sus títulos nobiliarios. ¡Joder! Qué en este caso son cuatro: Trastamara, Habsburgo, Austrias y Borbones. Y eso hasta que a los jefes del Estado no seamos capaces de votarlos y que lleven una banda tricolor en el pecho.

Pero volvamos con el magnífico Luis y con el despreciable Alberto, el duo “Los comisionistas. No vamos a contar que ellos se enriquecieron mientras nuestros viejos, los de las residencias que había que desviar a los hospitales públicos se morían como perros encerrados en sus habitaciones; que nuestros sanitarios no tenían material de protección y que ellos trajeron guantes y mascarillas defectuosos. No. No vamos a contar que son unos desalmados. No. Eso es la ley de la oferta y la demanda. Tú necesitas algo y yo te lo proporciono. ¿Qué me llevo dinero por ello? Esa es la base del negocio. ¿Qué un 50% es abusivo? ¿Dónde está eso escrito? Los contratos eran legales, el Ayuntamiento de Madrid y su intachable alcalde no tienen nada que ver en todo este embrollo, que la justicia terminará por aclarar, incluida la pérfida Fiscalía, repleta de rojos resentidos. Quien no ha hecho nada, no tiene nada que temer. Lo del primo de Almeida no es más que otro intento de la oposición a enmierdarlo todo, como lo del hermano de Ayuso. Pero los comisionistas no han hecho nada punible, solo han hecho lo que cualquiera de nosotros habríamos hecho en su caso: sacar tajada.

Y si hay algún culpable será Alberto, que no es más que un advenedizo, un insaciable pordiosero vestido de Tucci con un Omega y un Rolex en cada muñeca. Pero Luis no. Luis no. No hay más que verle como le quedan los trajes, si parece Cary Grant cuando entra en los juzgados, como entraba su padre por aquellos líos de faldas y pantalones. Que iba a hacer el pobre hombre si le gustaban las niñas ¿o eran los niños? Que va a hacer el pobre Luis si le gusta el lujo y además tiene derecho a ello. Él y toda su familia lleva desde hace siglos viviendo como lo que son: la aristocracia de España.

Salud Compañeros.

Editorial

Las “enfermedades” del PP son de origen genético

El PP está exteriorizando todas las patologías que sufren las instituciones del Estado. Enfermedades crónicas de origen genético; no tienen cura y la heredaron del franquismo.

La primera es la corrupción sistémica que corroe las instituciones, y al PP. Para ver la continuidad del “modus operandi” de los poderosos e instituciones de este país, antes y después de 1978, solo hay que acudir a las hemerotecas y refrescar los casos: “Barcelona Tracción” (1948/1951), “La agenda Rivara” (1958), “La quiebra de Manufactura Metálicas Madrileñas, S.A.” (años 50), “Matesa” (1969) o “Sofico” (1974). Estos ejemplos, de entre los muchos que se podrían citar, guardan toda la cadena de ADN con los Gürtel, Púnica, Lezo, Brugal… La corrupción no es cosa individual, es algo colectivo: uno o una no se lo lleva si otros y otras no lo consienten.

En la locura desatada en estas semanas pasadas en el PP, parece que quienes ejercen y llevan a gala la “enfermedad” heredada de sus ancestros políticos le han dicho a Casado lo que él le dijo a Abascal: “hasta aquí hemos llegado”. Que Casado y su escudero, Teodoro “El Tosco”, hagan en ridículo ante las instituciones de la UE, no hay problema; que se peleen con Ayuso por ver en qué fecha les conviene más el congreso del PP en Madrid, vale; que en una huida hacia adelante convoquen elecciones anticipadas en territorios, comenzando por Castilla y León, pase. Pero que se persiga la corrupción, aunque sea por tacticismo, ¡Ah no, eso sí que no!

Nadie del PP se ha manifestado frente a la sede de la calle Génova por el caso “Kitchen”, en el que utilizando los medios y recursos del Ministerio de Interior se allanó el domicilio se Bércenas para eliminar pruebas de los sobres en efectivo, la contabilidad paralela y vaya usted a saber qué más de los años de Aznar y Rajoy. Esto, es sin duda alguna, mucho más grave que si Almeida, el alcalde de Madrid ha utilizado recursos y medios del Ayuntamiento para conseguir pruebas de las, presuntas, corruptelas de IDA.

Por tanto, no es por la forma por lo que se han cargado a Casado, es por haber señalado la corrupción. Esta corrupción congénita, heredada del franquismo, plantea que la solución no puede ser solo depurar a los corruptos sino la trama institucional en que se sustenta, y que coge de abajo arriba y de arriba abajo al Estado monárquico. Esto quiere decir REPÚBLICA.

Esto explica que el PP, junto a los otros formatos de la derecha: C´s y VOX, se haya erigido en defensor y máximo justificador de los “desmanes”, bonito eufemismo, del Rey Emérito.

Esto aclara, si es que no estaba claro, porque el PP dice tener contralada la sala 2ª del Tribunal Supremo, lo dice ellos, porque obstruye la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o porque impone a jueces como Enrique Arnaldo en el Tribunal Supremo.

Jefatura del Estado, poder judicial y un partido político manchados por la corrupción, el abuso de poder para enriquecerse, participación en tramas sucias… de ahí que solo reconozcan como legítimo al gobierno cuando ellos gobiernan: Ejecutivo, Judicial y legislativo (aunque solos sea en parte, cuando no tiene mayoría absoluta). Es la verdadera situación de la separación de poderes, en apariencia.

Esta descripción, que nos ha facilitado el Partido que fundó el ex ministro de Franco, el que se bañó en Palomares, no puede ocultar el papel de los partidos y organizaciones de la izquierda.

Las elecciones en Castilla y León, aunque parezca que se celebraron hace mucho, resulta que fue el 13 de este mismo mes de febrero.

Los resultados de estas elecciones anticipadas por el PP, por Casado y “El Tosco”, solo fueron buenas para la extrema derecha y para algún partido regionalista. El PP sacó 55.000 votos menos que en 2019, pero gracias al aumento de la abstención ha sacado más procuradores en cortes.

La izquierda, PSOE y UP, ha tenido muy mal resultado. Los datos no admiten excusas, solo el PSOE perdió 117.000 votos y UP ha sacado la mitad de votos que cuando IU y Podemos se presentaron por separado.

Además del trasvase de votos, hay un fenómeno central: el aumento de la abstención, pues a pesar de que todos los partidos se emplearon a fondo en la participación, se produce un rechazo general a estos partidos y a unas instituciones regionales que, en Castilla y León en particular, son vistas como un artificio para cuadrar el mapa.

Cada cual podrá achacarle la derrota a quién quiera y al factor que más le convenga: a la inoportunidad del ministro Garzón en sacar el debate de las macro granjas, a que los progresistas de la España vaciada se han cansado de que les aldeanicen los pueblos, o al mal tiempo porque ese día llovía.

Desde el Comité de Tribuna Socialista pensamos que el problema está en que el Gobierno de coalición decepciona a gran parte de la clase trabajadora de nuestro país. Lo ha hecho con la reforma laboral que, sin ser negativa, deja sin tocar muchos de los aspectos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012; justo los que afectan a la protección por despido de los trabajadores y trabajadoras. Lo hace con su timorata actitud ante la Iglesia. Lo hace con inacción ante el problema de exclusión financiera que ha generado la banca privada. Lo hace cuando no defiende con contundencia y vigor la Sanidad Pública: la atención primaria y la hospitalaria. Lo hace cuando las pensiones pierden un 4% de poder adquisitivo. Lo hace cuando, tras inyectar ingentes cantidades de dinero en empresas privadas, como en la banca o en la industria, no solo, consiente que se destruyan puestos de trabajo por miles: ya sea vía fusiones, ya sea vía deslocalizaciones. Lo hace cuando no deroga la “Ley Mordaza”. Etc.

A la derecha no se le para diciendo “que viene la derecha”, ya sabemos que viene. A la derecha se le para atendiendo las necesidades que reclama la mayoría social, se para a la derecha no tragando con todo lo que nos imponen las instituciones económicas internacionales: FMI, BCE y la Comisión Europea (¿se acuerdan de la Troyka?).

Si el Gobierno de Coalición y los partidos que apoyan la legislatura quieren parar a la derecha más extrema, deben tomar decisiones que den satisfacción a las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, de los desempleados y desempleadas, de los y las pensionistas, de los y las autónomos, de los y las jóvenes que no ven presente ni futuro.

Nuevo culebrón en el partido de la corrupción

En un partido corrupto sus dirigentes optan por la más corrupta, aunque la disputa era dura. Recordemos, Pablo Casado llegó a liderar el partido tras la sentencia judicial del Caso Gurtel. Ese fue el punto de inflexión para que la mayoría social dijera basta y exigiera una moción de censura que unió a la mayoría del Parlamento para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

Por aquel entonces, Casado ya tuvo que lidiar con una presunta compra (o regalo) de título universitario. Poco después, en 2021, la Audiencia Nacional condenó al extesorero Luis Bárcenas y al PP por pagar las obras de su sede en Génova con dinero negro. Desde el PP, orden de silencio, una estrategia que siempre ha seguido Casado justificándolo en que no hacía comentarios sobre “casos del pasado”.

Ya con Casado como líder, la dirección del PP hablaba de un “PP nuevo”, preparándose para todo lo que tenía que venirles encima: la segunda parte del caso Gürtel, el caso de la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, los llamados papeles de Bárcenas, la finnciación del PP de Madrid, la trama Púnica, el caso Lezo, las irregularidades en la construcción del campus de la justicia en Madrid, la operación Kitchen..

En la convención nacional del PP, Casado alabó la gestión de Nicolás Sarkozí. Un día después condenaron al expresidente francés por corrupción, era la segunda condena al “ejemplar gestor francés” según Casado.

En un acto en Valencia, Casado homenajeó a la exalcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, fallecida en 2016. 16 días después un juez de Instrucción procesó a medio centenar de personas entre concejales y asesores del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá por un delito de blanqueo.

Poco después salían a la luz los “papeles de pandora” que evidenciaban la constitución de sociedades opacas en paraísos fiscales de altos dirigentes del PP como Albiol.

Durante las últimas semanas, justo después de las elecciones en Castilla y Leon explota otro posible caso de corrupción. Un tuit del Partido Popular, de hecho, apuntó a la posibilidad de que el hermano de la presidenta madrileña se hubiera lucrado de manera sospechosa mientras fallecían cientos de personas al día, en lo peor de la pandemia. Según la entrevista de Casado en la cadena COPE podía tratarse de un delito.

A partir de esas declaraciones, la guerra de poder interna en el PP, que había quedado latente en su último congreso, se abrió…y en el partido de la corrupción, lejos de proteger al delator se mata al mensajero, ahora sí fra-Casado, y abandonado por todo su equipo.

Mientras al escribir estas líneas se suceden las dimisiones, el último el campeón del mundo de lanzamiento de aceitunas, Teodoro García Ejea, y con mucha probabiidad en las próximas horas dimitirá Casado y el PP convocará congreso extraordinario, para encumbrar bien a Ayuso o bien a Feijoo, dos personajes salpicados por sus relaciones mafiosas, con corruptos, corruptores y narcotraficantes. Estamos bien servidos.

Pero como si se tratara del “Sálvame” los focos mediáticos se han centrado en el salseo de traidores y traicionados, y no en el presunto caso de corrupción de Ayuso.

De hecho el PP “legitima la corrupción” al ponerse el foco sobre el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en lugar del contrato por el que su hermano, Tomás Ayuso, cobró una comisión, según reconoció la propia IDA. La fiscalía anticorrupción ha abierto diligencias que esperamos acaben arrojando luz sobre lo sucedido.

Haya delito o no, hay dos cosas que son impepinables:

1) El hermano de Díaz Ayuso se ha lucrado con un negocio de venta de mascarillas a la comunidad autónoma de Madrid, mientras los trabajadores sanitarios se dejaban su vida intentando salvar la de los enfermos por COVID en los momentos más duros de la pandemia.

2)Mientras Casado traicionaba a España en Europa, bloqueaba la renovación del CGPJ, mentía e insultaba, era vitoreado por la gente de su partido; cuando denuncia la corrupción en el PP, todos se han puesto de acuerdo en echarle.

Tiempo habrá de hablar de la sucesión de Casado en las próximas semanas, pero Feijoo, que se postula para liderar el partido de la corrupción ya ha lanzado una misiva: pide a Pedro Sánchez que rompa el gobierno de coalición con Unidas Podemos, y se ofrece a pactar una gran coalición PP-PSOE. Espero que los militantes socialistas no tengamos que volver a decir NO es NO. Mientras tanto, VOX se frota las manos. Ya se sabe, a PP revuelto, ganancia de VOX.

Baltasar Santos

Militante PSC El Vendrell

El desprestigio de la Justicia aumenta cada día

El jueves 18 del presente mes, tomaron posesión los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) como si nada hubiese pasado. En menos de un mes ha quedado en el olvido la Comisión de Nombramientos del Congreso, donde el diputado socialista Odón Elorza puso en evidencia al juez Enrique Arnaldo, propuesto por el PP. Lo puso en evidencia por sus múltiples conexiones con casos de corrupción como el “Caso Palma Arena” o por la petición del juez al corrupto Ex ministro de Aznar, Jaume Matas: “Cuéntame lo de Panamá”.

También da la sensación de que ha pasado mucho tiempo de la bochornosa sesión plenaria del Congreso de los Diputados del día 11 de noviembre, 232 diputados, de los 350 posibles, votaron favorablemente. Tristemente se habló más de los votos disidentes, como el de Elorza, que de la vergüenza que debiera suponer elegir a ese señor como miembro del Tribunal Constitucional, sabiendo que no es ético y sí un vehemente defensor de postulados antidemocráticos que ha esgrimido desde FAES.

Tan rechazable es la elección de Enrique Arnaldo como lo es la de Concepción Espejel, también conocida en círculos judiciales como La Cospejel, por la amistad que une a la magistrada con una de las piezas claves del caso “kitchen”. Tanta es la afinidad de esta magistrada con miembros del PP que, en 2016, los propios magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la obligaron a ella y al magistrado Enrique López (hoy miembro del Gobierno de Díaz Ayuso) a excluirse del tribunal que debía juzgar la primera etapa de la trama Gürtel; la de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Estos dos jueces serían pura anécdota si no fuese por la cantidad de jueces y juezas que ejercen más como un destacamento del PP en la Justicia que como cualquier otra cosa: Francisco Pérez de los Cobos, tan afín al PP que estaba al corriente de pago de las cuotas de afiliado siendo presidente del Tribunal Constitucional; el mencionado Enrique López, el que intentó instrumentar el Caso Faisán, entre otras tropelías judiciales; o Manuel Marchena, quien al frente de la sala II del del Tribunal Supremo (la sala que el portavoz del PP en el Senado, el señor Ignacio Cosidó, se jactaba de tener controlada) acaba entrar, como caballo en cacharrería, en el poder legislativo, al utilizar vericuetos legales para despojar de su acta de diputado (elegido por el pueblo) a Alberto Rodríguez, por un asunto menor y con pruebas dudosas. La lista sería larga.

Además de una Ley de Memoria Democrática, habría que legislar una ley que garantice que este tipo de oprobios no se puedan dar en las instituciones del Estado. Ya sé que eso es muy difícil, pues partimos de la gran vergüenza que significa que el jefe del Estado que designó Franco como sucesor suyo el 22 de julio de 1969, hoy fugado en Abu Dabi, ha estado lucrándose y abusando de su cargo para construirse una fortuna que, según Forbes, ronda lo 2.000 millones de dólares.

Los golfos, tienen la teoría de que los escándalos en la prensa no duran más de 72 horas. Tristemente hay que darles la razón. En menos de un mes ya ha quedado en el olvido la catadura de estas nuevas perlas del TC. Siendo así, como vamos a recordar que el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista fue disuelto el 4 de enero de 1977, y ese mismo día se constituyó la Audiencia Nacional. Ni que decir tiene que la mayoría de los jueces del TOP pasaron a formar parte de la nueva Audiencia nacional y del Tribunal Supremo. De aquella fracción del franquismo en la “Justicia”, destacan joyas como Jaime Mariscal de Gante, que antes de ser juez instructor del TOP había sido comisario de la Brigada Político Social. Y después, magistrado de la Audiencia Nacional hasta que se jubiló en 1988.

Mariscal de Gante es un buen ejemplo de la extensión del franquismo en nuestra democracia, y quizá así se entienda mejor por qué el PP nunca a renegado del franquismo y de por qué se ponen de los nervios cuando se habla de Memoria Histórica. Su hija, Margarita Mariscal de Gante fue ministra de Justicia, en el primer Gobierno de Aznar, entre 1996 y 2000. Y su otro hijo, José Manuel Mariscal de Gante, es el comisario que en 2018 invitó a un acto oficial, con todos los honores, al torturador al servicio del franquismo: Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”.

El hijo del fugado participará en la apertura del año judicial una vez más el año que viene, y este no creo que lo haga con una pinza en la nariz. El desprestigio es merecido.

Roberto Tornamira Sánchez

Militante Socialista del PSOE en Madrid

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