INFLACIÓN, SALARIOS Y PODER ADQUISITIVO

La inflación afecta negativamente a las empresas y los hogares, genera incertidumbre sobre los salarios y los beneficios, reduce drásticamente las rentas y el ahorro, y puede frenar la inversión y la creación de empleo. Actualmente la inflación es un fenómeno global, el año 2021 marcó récords sin precedentes en las mayores economías. En España en el mes de marzo la inflación registro una tasa interanual del 9,8%, y la subyacente (sin los precios energéticos y los alimentos frescos) del 3,4%, un nivel de inflación desconocido desde 1985. Esta espiral inflacionista se inició hace un año originada por los problemas globales de las cadenas suministros industriales, la virulenta escalada de los precios de la energía y su traslado a los procesos productivos y de distribución, y todo ello se ha visto agravado por la invasión de Putin en Ucrania.

La economía global se ha enfrentado desde el inicio del siglo XXI a tres grandes crisis -la financiera de 2008, la covid-19 en 2020 y la guerra en Ucrania este año- con muchos problemas sin resolver todavía de la primera como la desigualdad y el aumento de la pobreza, aún estamos inmersos en la recuperación de los efectos de la pandemia del coronavirus y con una inflación desbocada a causa de la segunda y la tercera. En la crisis de 2008 se produjo una gran depresión y la deflación que hundió la demanda y aumentó enormemente el desempleo, en cambio actualmente estamos inmerso en proceso de descontrol de la inflación, y esta es fundamentalmente un fenómeno monetario por eso no sirven las medidas adoptadas entonces.

Fruto de las políticas económicas basadas en la austeridad, recortes del gasto público y la devaluación salarial impuesta con las reformas laborales autoritaritas, se provocó la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras y el aumento de las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística el IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad siendo cero la nula desigualdad y 100 la total desigualdad, ha pasado de 34,2 en 2012 a 32,1 en 2020, en 2014 alcanzó el 14,7, la reducción se produce coincidiendo con la ampliación de la cobertura por desempleo y las subidas del SMI del 31,8% realizadas por el Gobierno PSOE-UP entre 2018 y 2020.

Para afrontar los efectos de la invasión de Ucrania el Gobierno de Coalición ha puesto en marcha un conjunto actuaciones recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y para apoyar a los colectivos más vulnerables (se amplía la cobertura del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. A la vez se plantea acelerar las inversiones del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

En paralelo al Plan aprobado el Gobierno viene impulsando con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT un pacto de rentas para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021. La intención es que se deberían dar respuesta a tres temas fundamentales, en concreto, a abordar la evolución de salarios, de los beneficios y dividendos empresariales y las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. Los interlocutores sociales han manifestado su predisposición al pacto de rentas, que propone el Gobierno, para evitar una espiral inflacionaria si bien han manifestado algunas de sus demandas: los empresarios insisten en ampliar las ayudas a las empresas y se oponen a nuevas subidas de impuestos y los sindicatos plantean tres ámbitos de actuación: salarial, energético y fiscal, junto con mejoras en la protección social, porque consideran que solo un acuerdo salarial no es un pacto de rentas.

Según las estimaciones hechas públicas el impacto de la escalada inflacionista sobre las rentas podría situarse en el entorno de los 70.000 millones de euros por la reducción del poder adquisitivo de los salarios y los ahorros. En cambio, los pensionistas tienen garantizado el poder adquisitivo, de acuerdo con la reforma de las pensiones de 2021 que recoge que las pensiones se revalorizan con el IPC medio anual. También hay que tener en cuenta que el aumento de la inflación al 6,5% en 2021 supuso una ampliación de la recaudación de la Agencia Tributaria. Los salarios pactados en los convenios colectivos subieron de media un 2,36% hasta marzo, una décima más que en febrero y casi un punto por encima del promedio de 2021 (1,47%).

Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales vienen negociando, de forma bipartita, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debería fijar los criterios y las recomendaciones para la negociación salarial junto con las otras materias que conforman los contenidos de los convenios colectivos. Las propuestas conocidas dan a entender que la situación actual de la negociación es muy compleja, pues CEOE y CEPYME vienen manifestado su rechazo a las propuestas de CCOO y UGT basadas en incrementos iniciales inferiores a la inflación actual y en mantener el poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial, los empresarios consideran que aumentarían la inflación por el efecto de “segunda ronda”. En ese sentido el Banco de España ha vuelto a advertir de que la tendencia al alza de las cláusulas de garantía salarial que se está registrando en la negociación colectiva en los últimos meses son un riesgo creciente de que se produzcan efectos negativos que aumenten la inflación.

La propuesta de las organizaciones sindicales, contempla un escenario plurianual en el que se plantean incrementos por ejercicio, más una recuperación gradual del poder adquisitivo que se pierda. Podrían fijar unas subidas mínimas, del 3,4% este año, del 3% en 2023 y del 2,25% en 2024. Adicionalmente se repartiría el impacto de la inflación media de 2022 en los años 2023 y 2024, y en 2025 los sueldos subirían en función del IPC medio de 2024 más un 0,25%. Los empresarios han propuesto una subida del 8% para los próximos tres años, el desencuentro se produce precisamente en la revalorización en función de la evolución precios que las organizaciones empresariales consideran inaceptable porque consideran que supondría una indexación del IPC año a año, pues ven el riesgo de que se integre definitivamente en el futuro.

La oposición de las organizaciones empresariales a las cláusulas de garantía del poder adquisitivo de los salarios no es una novedad, hasta la reforma laboral impuesta por el PP en 2012 más del 70% de los trabajadores incluidos en los convenios colectivos tenían las cláusulas de revisión salarial, pero desde entonces han llegado a descender por debajo del 20% en los últimos años. En 2022 el porcentaje de trabajadores protegidos por las cláusulas de salvaguarda salarial ha mostrado un aumento en los primeros meses de este año, alcanzando en marzo un 29,1%. Además, los convenios colectivos ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año.

Históricamente el modelo de determinación salarial que se ha venido desarrollando, en la mayoría de los acuerdos interconfederales pactados por las patronales y los sindicatos, con resultados positivos en la lucha contra la inflación se ha basado en el mantenimiento del poder adquisitivo a través de tres elementos interrelacionados. Estos elementos son: la previsión de inflación, como elemento de referencia; la cláusula de revisión salarial que debe garantizar la recuperación de desviación de la inflación respecto incremento salarial inicialmente pactado en base a dicha previsión y la toma en consideración de la evolución de la productividad para mejorar el poder adquisitivo. Estas reglas salariales han contribuido al control de la inflación, al estímulo de la demanda, al crecimiento económico y la creación empleo.

Toni Ferrer, senador socialista por Madrid. 24/04/22

Editorial

NO A LA GUERRA

RECUPERAR LA CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS SALARIOS, PARAR LA ESPECULACIÓN

En el momento de escribirse esta editorial la guerra en Ucrania está a punto de cumplir su primer mes; en los primeros 25 días de guerra, 3,3 millones los ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares, mientras el ejercito de Putin bombardea ciudades causando víctimas civiles. Las imagines retransmitidas dan cuenta de la barbarie que está viviendo la población ucraniana, en su mayoría trabajadores.

La guerra también la sufre la clase obrera rusa quien, sin duda, pagará las consecuencias de las sanciones económicas a las que está siendo sometida por parte del imperialismo americano y los gobiernos de la Unión Europea. La guerra no es de los pueblos, ni el pueblo ucraniano ni el pueblo ruso son partidarios de la guerra y sin embargo son los principales afectados por la misma. Es difícil de calcular el coste, solo en destrucción de empleo, que supondrán las sanciones impuestas a Rusia, hay informes que lo cifran en más de un millón de empleos.

Los efectos de la guerra se hacen sentir en Europa, con matices distintos y de modo diferente a como hemos percibido las guerras que hemos venido conociendo hasta ahora. EEUU disputa con Putin, Xi Jinping y con los gobiernos de europeos el control de más cuotas de mercado, para ello, Joe Biden, impone a la UE cuál debe ser su política: Alemania tiene que renunciar al gas ruso del que depende más de la mitad del consumo alemán y obliga a aumentar el gasto armamentístico al pasar de los 57,5 millones de dólares de 2021, a los 83,5 millones de dólares en el presupuesto de 2024; España ha aumentado su gasto en defensa desde los 5.711 millones de euros de 2015 a los 9.791 presupuestados para 2022, lo que supone un incremento del 71,44% (Fuente: Ministerio de Hacienda). Aun así, no es suficiente para la industria del armamento; Rajoy se comprometió en 2014 a llegar al 2% de nuestro PIB en 2024 (se estima en torno a 20.000 millones de euros). Se abre la perspectiva a aumentos escandalosos en los próximos años, pasando a ocupar una prioridad en los presupuestos, otra prioridad junto al pago de la deuda; la presidenta de Suecia, Magdalena Anderson, lo expresaba con claridad en la Cumbre Europea del pasado 10 y 11 de marzo, «me gustaría invertir más en pensiones y escuelas, pero lo he de hacer en defensa«.

Después de la pandemia la guerra. El Gobierno de España se dispone en primera línea en la aplicación de las exigencias del mercado especulativo, medidas que van a decidir en la cumbre europea de final de mes.

Atrás han quedado las promesas incumplidas de derogar las reformas laborales y la ley mordaza. Los llamados ajustes económicos afectan más a los más desfavorecidos, de tal manera que todavía no hemos salido de las medidas adoptadas por la pandemia y preparan toda una oleada de ajustes que sin duda empobrecerán más la mayoría de asalariados.

La inflación se dispara sin control y se ha situado en el 7,6%, el interanual en febrero (el IPC más alto en los últimos 34 años). Los carburantes han superado incrementos del 30%, el precio del gas está desbocado, mientras que, el pasado año, las pensiones subieron un 2% y los salarios una media del 1,47%. Por el contrario, los capitales que componen el Ibex 35 alcanzaron en 2021 un beneficio récord de 58.543 millones de euros. La UGT denuncia que la escalada de precios es irregular y especulativa, pues el precio del Mkh se sitúa en 200€, mientras el coste de producción es de 20€ o más bajo. Ejemplo concreto de lo que denuncian los informes sobre la dinámica de rentas lo vemos en el incremento de la escandalosa remuneración del presidente de Iberdrola o de la presidenta del banco de Santander: en 2021, el señor Sánchez Galán, ha cobrado 13,2 millones de euros, un incremento del 8,23. Por su parte, la señora Botín percibió, en el mismo ejercicio económico, 11,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 15%. Estos son solo dos ejemplos de cómo se explica el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, que viene produciéndose desde la crisis de 2008.

En el conflicto del transporte por carretera, en concreto, hay que decir que está siendo utilizado por la extrema derecha y no es admisible que se utilice un conflicto legítimo para hacer la política de “cuanto peor mejor” que tanto le gusta a VOX y a los salvadores de la patria. Sin embargo, no se puede deslegitimar un conflicto y a sus promotores colgándoles etiquetas. Tampoco se entiende mucho lo de las legitimidades. No estamos ante un sindicato minoritario de trabajadores que se presenta a elecciones cada cuatro años y no alcanza el 5% de representatividad. Estamos ante organizaciones patronales, con más o con menos asociados, pero la pregunta que hay que hacer a los empresarios que rechazan a la Plataforma en Defensa del Sector del Trasnporte ¿a que proceso electoral se presentan las grandes patronales, de cualquier sector de actividad?, a ninguno. Por ende, aquí lo importante es resolver el conflicto con todas las partes implicadas y que ninguna de ellas pretenda sacar réditos espurios al verdadero problema, el alza insoportable de los precios.

El giro político del PSOE hacia la derecha, operado en el 40º Congreso que se celebró en Valencia en octubre del paso año, se va plasmando en acciones de Gobierno que se hacen difíciles de entender incluso para la propia militancia. La negativa a derogar las reformas laborales, la renuncia a blindar el Sistema Público de Pensiones. O el último episodio, el cambio drástico de criterio en relación con el Sahara, en el que todo apunta a que una vez más nuestro Gobierno de España se ha plegado a los criterios estadounidenses. Solo cabe esperar que esta decisión no nos complique el suministro de gas argelino; en su cantidad y en su precio.

Tampoco nos sirve de mucho el juego del “poli bueno” al que parece estar empeñado el otro socio del Gobierno. Un gobierno es un órgano colegiado y no cuela el permanente “nosotros no”, pero solo de boquilla en los medios.

El Consejo de Ministros del 29 de marzo aprobará lo que haya establecido el Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 de este mes; nada bueno para la mayoría social podemos esperar de esa reunión. En las calles, carreteras, en los puertos y los campos de todo el país hay movilizaciones que expresan como la mayoría de la sociedad no puede tolerar que desprecien sus derechos y no se atiendan sus reivindicaciones. Los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de Cataluña han dando un claro ejemplo de ello, con la jornada exitosa de huelga del 16 de marzo, aunque esta movilización haya sido acallada en los medios de comunicación.

Desde Tribuna Socialista decimos no a la Guerra y rechazamos la rapiña que lleva a cabo un mercado infectado de especuladores, al calor del desastre. El Gobierno debe posicionarse en la defensa de los derechos de la mayoría, no en la lógica del mercado para sacrificar dichos derechos.

Fondos de pensiones de empleo de promoción pública

El 4 de marzo, el Gobierno dio luz verde a un Proyecto de Ley para impulsar los planes de pensiones de empleo. Esto no es nuevo; está legislado en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de Planes y Fondos de Pensiones1, refundido por Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Se pretende abrir la posibilidad a que otros colectivos como autónomos, trabajadores del sector público y trabajadores de sectores productivos, que hasta ahora han tenido dificultades en el marco de la legislación antes mencionada puedan constituir un plan de pensiones de jubilación.

La ley de 1987 sirvió en su momento para reconvertir en planes de pensiones de jubilación los compromisos internos (algunos sin acuerdos colectivos) de las principales empresas del país. Y a la vez movilizar y dotar del capital necesario, las insuficientes reservas económicas que las empresas tenían destinadas a cubrir los compromisos adquiridos con sus trabajadores, constituyendo los Fondos de Pensiones externos.

Los planes y fondos de pensiones, ya sean de empresa, sector productivo, asociados o privados tienen el objeto de complementar la pensión de jubilación de la seguridad social.

En España se establecen 3 pilares:

  • 1º la pensión pública de la Seguridad Social.
  • 2º las pensiones en planes colectivos de empresas según la ley de 1987.
  • 3º para los planes individuales voluntarios y asociados. El mercado privado de pensiones.

Dice el proyecto que presenta el Gobierno:

La disponibilidad de ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral puede contribuir a mejorar las condiciones de vida tras la jubilación”.

Según esto, se da por hecho que todos los trabajadores y trabajadoras tienen capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral; la realidad nos dice otra cosa. Se calcula que un 2% de los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas tienen un plan de pensiones de empleo (2º pilar), frente al 40% de los trabajadores de las grandes empresas. El INE nos dice que, a cierre de 2020, que en nuestro país había 3.404.428 empresas. De estas, solo 4.826 (0,14%) tenían más de 250 trabajadores, es decir, solo el 0,14% son grandes empresas, el resto, el 99,86% son autónomos, microempresas y pymes.

En término medio, el 10% de los trabajadores por cuenta ajena tiene algún complemento a su pensión pública, es decir que solo 2.018.500 de trabajadores y trabajadoras cuentan con un fondo de pensión de empleo, de los 20.184.900 de ocupados que había en España al cierre del 4º trimestre de 2021.

Ese 10% de trabajadores que sí disponen de Fondo de Pensiones de Empleo se corresponde en buena medida con los trabajadores cuya remuneración salarial es superior al salario medio: 24.395,98 € brutos anuales, en 2019 (utilizamos este año para ver datos no influidos por los dos años de pandemia).

De esos 2.018.500 trabajadores y trabajadoras que cuentan con un Fondo de Pensiones de Empleo, hay de todo: empresas que aportan el 100% al Fondo, por haberlo establecido así en los convenios colectivos (al igual que las cotizaciones a la Seguridad Social su naturaleza es la de salario diferido), y empresas que, normalmente en función del año de ingreso del trabajador en la empresa (cuanto más nuevos menos derechos) las aportaciones se pueden repartir entre empresa y trabajador (en cuyo caso, hay un componente que es salario diferido, la aportación de la empresa, y otro componente cuya naturaleza es ahorro, la aportación del trabajador).

Es muy difícil concretar cuantas personas tienen un plan de pensiones en España, ya que algunos tienen uno o dos o más de empresa (si ha pasado por varias empresas que tenían planes) y uno o más como clientes de entidades financieras.

La primera conclusión que sacamos es que esta medida del Gobierno no es una medida de la que puedan beneficiarse todos los trabajadores y trabajadoras, pues la capacidad de ahorro está marcada por el salario disponible y por la capacidad económica de las empresas, pues, como podemos intuir, la inmensa mayoría de las empresas son microempresas y pequeñas empresas sin capacidad económica.

Digámoslo ya, ¡Esto va de dinero, capital e inversión!

Lo dice el proyecto de Ley:

“…un aumento del ahorro colectivo permitirá contar, en el conjunto de la economía nacional, con un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva…”

Los Fondos de Pensiones de Empleo manejaban 37.109 millones de euros, datos de finales de 2019 (Fuente INVERCO), y 86.570 millones en el mercado privado.

Para entender por qué el Gobierno Vasco ha saltado como un resorte, al calor del proyecto del Gobierno, hay que saber que las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de (Euskadi) movían, a cierre de 2020, 27.282 millones de €. Estas, las EPSV, están reguladas por el Gobierno Vasco y pueden ser de empresa, asociadas o voluntarias. Esta nueva ley que propone el gobierno de España estaría en un hibrido entre la ley de planes y fondos de 1987 y las EPSV; habrá que ver cómo queda definido.

Si sumamos el montante de los Fondos de Pensiones de Empleo (37.109 millones de €), más lo que maneja las EPSV del País vasco (27.282 millones de €), más lo que circula en el mercado privado de los planes y fondos de pensiones (86.570 millones de €), estamos hablando de un mercado de 151.817 millones de euros, el equivalente al 15% del PIB del Estado español. (Anexo-1 Los 10 planes de empleo más grandes de empresas y Anexo-2 Los 5 planes de empleo más grandes de las Administraciones Públicas, excepto Euskadi).

Por su parte, el 1er pilar, el que conocemos como el Sistema Público de Pensiones, que gestiona la Seguridad Social pagó en 2021, según sus propios datos, más de 120.000 millones de €, el 12,4% del PIB.

El inmenso volumen de dinero que se maneja en el mercado de las pensiones, sea del pilar que sea, puede ayudar a comprender el interés de quienes a futuro puedan ser las entidades privadas a las que el Gobierno piensa entregar la gestión del “fondo de pensiones de empleo de promoción pública”. Leamos otro fragmento del proyecto de Ley:

Creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación”.

Estas entidades privadas (financieras y/o aseguradoras) de la Gestión de las inversiones, según informaciones en la prensa especializada, cobrarán por la gestión un máximo de 0,4% y la depositaria un máximo del 0,1% del capital. Pero esto no se ha concretado en el Anteproyecto, y es muy importante de cara a la rentabilidad.

Sin entrar en más detalles de un complejo articulado de estos elementos, que son muy significativos para una correcta gestión, y dando por hecho que habrá consenso entre todas las partes, incluidas las entidades privadas (bancos y gestoras de fondos) ya que el pastel a gestionar puede ser de muchos millones de euros. Nos preocupa ¿cómo puede beneficiar o qué puede suponer para el trabajador y futuro pensionista?

Este sistema que puede ser beneficioso a priori, ¿servirá de excusa para ir reduciendo la pensión pública de la seguridad social, y trasladando a la gestión privada o público-privada una parte creciente de nuestra futura pensión? Y a la vez, ¿recaerá sobre los trabajadores una creciente aportación a cargo de su sueldo para compensar las pérdidas en la pensión pública?

La insistencia de los organismos internacionales: FMI, BCE, OCDE, Comisión Europea, en que los sistemas públicos no son sostenibles, a la vista de las cifras, parece que hay una clara intencionalidad en instalar esa falsa idea, para fomentar e inducir a los trabajadores a que ahorren, si pueden.

Insistimos en que la capacidad de ahorro se da por hecha, como una realidad, realidad que la mayoría de la clase asalariada no vive. Estamos hablando de generar un capital con las aportaciones más la rentabilidad que superen la inflación durante la vida laboral durante 30 a 35 años. Que una vez jubilado se pueda disponer en forma de renta financiera a lo largo de 23 años (entre los 67 y los 90 años). Y esto es pedir mucho a un sistema de aportación durante toda una vida laboral y de capitalización e inversión en la gestión. Y luego gestionar una renta financiera durante la jubilación.

En nuestra opinión el freno a la expansión de los planes y fondos de pensiones de la Ley de 1987, son los siguientes:

La legislación, fue pensada inicialmente para las grandes empresas (Bancos, Cajas de Ahorros, Sector Energía, Comunicaciones, Sector Publico) aunque se ha ido extendiendo a otros sectores productivos y empresas medianas. En que el trabajador no tiene la opción de adherirse o no al plan, ya que forma parte de sus condiciones laborales pactadas entre empresa y sindicatos.

La cuantía de la aportación durante toda la vida laboral: esta debe ser una cantidad suficiente para generar una pensión que realmente ayude a la pensión pública y esto en muchos casos no se da. Ya sea porque las empresas no pueden económicamente o no quieren aportar más. Con el inicio de la crisis económica en 2008 organismos públicos dejaron de aportar sus compromisos por pensiones que habían negociado con los sindicatos.

El tiempo de aportación debe ser a lo largo de toda la vida laboral, pero no es suficiente que la aportación la haga una empresa en la que se trabaja solo 5 ó 10 años, y las demás no. Hoy en día los trabajadores no están 30 años en una misma empresa.

La rentabilidad: estos fondos no invierten en activos que generan una gran rentabilidad ya que a más rentabilidad siempre va asociado más riesgo de obtener un resultado negativo. Con lo cual la rentabilidad suele ser moderada y esta de media entre un 2% y 4%, con el objetivo de ganar a la inflación. Muy lejos de los fondos de inversión. Según INVECO la rentabilidad media de los últimos 20 años en Fondos de Empleo es del 3,55% y en los Individuales del 2,92%. El IPC medio de estos 20 años es del 1,86%, sin embargo, en 2021 se ha cerrado con un 6,5% y las perspectivas, por la senda que han tomado los precios, no son nada halagüeñas.

Hay otros factores que habría que tener en cuenta, como la esperanza de vida, los incentivos fiscales, entre otros, para valorar a partir de qué cuantía merece la pena detraer una parte del salario para garantizar que el complemento será efectivo en relación con el fin buscado.

Ejemplo: Un trabajador que pueda ahorrar o la empresa aportar el 5% de su salario neto y este sea de 20.000 euros/año (salario medio/bruto es 24.395,98 euros y salario más frecuente/bruto 18.506,8 euros según INE a cierre de 2019), esto sería una aportación de 84 euros/mes, desde los 30 años hasta los 67, edad jubilación. Y una rentabilidad del 3%, obtendría un capital de 68.582 euros. Y a partir de la jubilación con este capital y con una rentabilidad del 3% daría una renta financiera mensual de 344 euros durante 23 años hasta agotar todo el capital. Todo ello, contando con que no puede fallar un solo día durante 60 años para ser cierto. En una hoja de cálculo todo es posible, la realidad será otra.

Josep Giró Paris

Fue Secretario General de la Sección Sindical de UGT en “la Caixa”

Roberto Tornamira Sánchez

Ex-Secretario general del Sector Financiero Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT

La banca debe ser un servicio público

La apuesta por la digitalización de la banca está dejando fuera del sistema financiero a las personas mayores, un colectivo excluido por sus limitaciones en el uso de la tecnología. El proceso va acompañado de un cierre progresivo de las sucursales bancarias, lo que ha dejado a la mitad de pueblos de Cataluña sin ninguna oficina. La situación se conoce ya con el concepto de exclusión financiera.

Entre 2008 y 2017, Cataluña pasó de 8004 oficinas a 3945. Este hundimiento del 50%, el mayor a nivel estatal, sitúa la concentración de número de sucursales por millón de habitantes en las 520, por debajo de las 595 de la media del Estado español. Cataluña, junto a Madrid y Valencia, acumula el 37% del total de puntos de atención bancaria y es la segunda comunidad con el recorte de sucursales.

De los 947 municipios catalanes, 467 (casi la mitad) no dispone de ninguna oficina bancaria, dejando un 3,2% de la población catalana sin algo tan esencial como el acceso a una entidad financiera por disponer de efectivo. Para el colectivo de personas mayores, las que tienen movilidad reducida o las que no cuenten con transporte privado, tener un cajero es un servicio básico, no un lujo.

Los municipios del Camp de Tarragona, el Baix Penedès y las Terres de l’Ebre ven con impotencia cómo el cierre de oficinas y la pérdida de servicios bancarios avanza sin freno. Desde 2008 han cerrado cerca del 70% de las sucursales bancarias de la demarcación, pasando de 800 oficinas a sólo 261 en el tercer trimestre de 2021. La mitad de los 184 municipios de Tarragona no tienen ni oficina ni cajero.

Paralelamente al desmantelamiento de los cajeros de las calles, la decisión de las entidades financieras está generando una brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores que tienen que asumir nuevas herramientas y sistemas digitales. De la vocación de servicio de las cajas de ahorro se ha pasado a la autogestión de las operaciones financieras habituales.

Esta reducción cuando no eliminación de sucursales y de cajeros automáticos, lleva a nuestros abuelos (y a todos nosotros) a tener que esperar en la calle a ser atendidos formando largas colas, y expuestos a las inclemencias del tiempo. En muchas entidades, además, el horario de atención presencial se ha reducido dramáticamente a horarios de 9 a 11h.

Con esta situación de déficit de atención presencial a las personas que necesitan hacer operaciones financieras sencillas, algunos ayuntamientos y movimientos vecinales han realizado acciones para luchar contra la exclusión financiera de nuestros mayores. En algunos ayuntamientos se han cedido espacios públicos para la instalación de cajeros, en otros se han organizado cursos de banca digital…incluso un referendum organizado en Cornudella para exigir un cajero público,

En el Vendrell, se ha acordado incrementar exponencialmente la tasa de ocupación de la vía pública, y bonificar a aquellas entidades que el “Consejo de la gente mayor” determine que realizan una gestión presencial adecuada (atención presencial durante toda la mañana, educación en el uso de las nuevas tecnologías…)

Una de las entidades financieras que han dado la cara, reconoce que la digitalización de los servicios ha ido demasiado rápido, y que de un modelo de caja de pensiones y ahorro, con vocación de servicio público, se ha pasado a un modelo bancario marcado por las cualificaciones de S&P y alejado del interés de los clientes mayores.

En Tarragona, tanto UGT como CCOO se han adherido a la Plataforma por una banca digna para las Personas Mayores y estarán presentes en la manifestación que tendrá lugar el próximo 6 de marzo frente al Banco de España, en Tarragona. El objetivo es conseguir el compromiso por parte de entidades bancarias y administraciones públicas de impulsar medidas que reduzcan la brecha digital.

Paco Orti, secretario general FeSMC-UGT de Tarragona y delegado de UGT en CaixaBank.señala que el cierre de oficinas tiene repercusiones para la ciudadanía, pero también para los trabajadores. “’El empleado se siente abandonado por parte de la entidad y esto está provocando muchas bajas”,

Siguiendo con el repaso a alternativas (infructuosas) que se han ido tomando desde los estamentos públicos, la Diputación de Tarragona, puso en marcha una prueba piloto para instalar cajeros automáticos en municipios pequeños que se habían quedado sin servicios bancarios.Un total de 12 ayuntamientos firmaron un convenio con una entidad bancaria, que se ha retirado del convenio 3 años después. En estos momentos se estudia la posibilidad de que Correos o Prosegur se hagan cargo del servicio.

Algunos ayuntamientos están pagando a los bancos para que mantengan sus cajeros.

Lo que tienen en común todas estas medidas y propuestas “bienintencionadas” es que no son suficientes, a veces, ni mínimamente efectivas.

En algunos casos,alguna entidad se ha comprometido a manterner un horario de atención que abarque todas las mañanas, y a potenciar la figura del gestor senior, para favorecer la eliminación de la brecha digital.

Sin embargo, parece claro que la única solución efectiva a corto plazo es que la banca sea un servicio público y que se reconozca el derecho subjetivo a disponer de dinero en efectivo, y a ser atendido presencialmente para realizar las tareas financieras habituales que todos necesitamos realizar.

Se puede decir de muchas maneras, pero el acceso al sistema financiero, a los ahorros de cada uno, es un servicio público que debe ser recuperado para beneficio de todos.

Banca pública YA!

Baltasar Santos

Tribuna Socialista Tarragona

Editorial

Ellos provocan la avería y después se ofrecen para la reparación

Hay que mirar la sociedad actual desde un punto de vista global y no local. Esta es una afirmación de la que muy pocos disienten. Del mismo modo, hay que ver los acontecimientos en su conjunto y no por separado.

El año 2021 ha terminado cargado de decisiones políticas y hechos económicos que están relacionados, sin embargo, se nos presentan como si fuesen independientes unos de otros. La reforma laboral no es un departamento estanco sin conexiones con la reforma de pensiones. De la misma manera que la “Ley Mordaza”, que impuso el Gobierno de Rajoy, no fue una decisión política ajena a la imposición de las reformas regresivas de aquel Gobierno: la laboral de 2012 y la de Pensiones de 2013.

Es cierto que la reforma laboral en curso (pues falta el trámite parlamentario), por sí sola, carece de gran calado, aunque se haya presentado como el descubrimiento de América. Es más lo que no se ha tocado que aquello en lo que se avanza: no se recuperan los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido improcedente, ni el tope de 42 mensualidades; no se recuperan los salarios de tramitación; no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo un ERE; ni se derogan las causas del despido colectivo u objetivo, se mantiene por tanto la batería de facilidades que se otorgó a las empresas para despedir con 20 días por año trabajado…

Todos estos mecanismos de abaratamiento, tanto de la indemnización por despido como de los salarios mismos, se conectan con el Sistema público de Pensiones, pues la devaluación salarial que se produjo en nuestro país, tras la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, son una de las vías de “agua” que vacían la Caja de la Pensiones. Cuando organismos como el FMI instan a los gobiernos a llevar a cabo reformas y abaratar los despidos, son conscientes de que sus recetas en lo laboral son la base sobre las que argumentar que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles; ellos generan la avería y se ofrecen para la reparación.

Otro eslabón que une lo laboral con las pensiones es el contrato de Formación. Las bonificaciones(1) a la contratación en este tipo de contrato son tan jugosas para las empresas como perjudiciales para el sistema público de pensiones: del 100% para las empresas con menos de 250 trabajadores y del 75% para la de más de 250 trabajadores. Además, en la reforma laboral de final de año, la edad de los trabajadores y trabajadoras que pueden ser contratados con esta modalidad se amplía de 25 a 29 años.

Del mismo modo que la reforma laboral se nos ha presentado la reforma de la Ley de la Seguridad Social con mucho foco y como un hecho aislado, se nos ofrece por “temporadas” como las teleseries: se ha cerrado el primer capítulo y estamos a la espera de conocer definitivamente los contenidos del segundo, el temido desenlace. Lo más dañino en la reciente reforma de las pensiones es la aparición del factor de revalorización vinculado al IPC medio; un cambio de método matemático que, con un IPC acumulado del 6,5%, garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de un 4%.

La inflación ha conseguido que tanto salarios como pensiones se devalúen: la media del incremento salarial, fijada en convenio, para 2021, ha sido del 1,47%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5,03%.

A este respecto del poder adquisitivo, y retomando nuestra visión global, podemos afirmar que el objetivo del capital en la crisis de 2008, provocada por ellos mismos, y en la crisis sanitaria producida por el COVID-19 tiene en común la devaluación de los salarios. En 2014, un informe de Caixabank titulaba(2): “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”. En el texto del informe añadían: “el peso de las rentas del capital exhibe una tendencia claramente al alza”. No tenemos por menos que agradecerles la sinceridad. Seis años después, a principios de 2020 y a las puertas de la pandemia, la sección de Economía de “elDiario.es” publicaba un artículo(3) de Marina Estévez, en el que entre otras cosas decía:

La última revisión estadística de las series de Contabilidad Nacional por parte del INE, del pasado diciembre (2019), muestra que las rentas del trabajo y la remuneración de los asalariados han caído más de lo que se estimaba entre 1995 y 2018, y se están empezando a recuperar de mínimos históricos (2017). En paralelo, las del capital se han elevado. El motivo no es otro que el crecimiento de las rentas inmobiliarias, que se han cuadruplicado en ese periodo.”

A punto de cerrar la edición de este número 130 de Tribuna Socialista, ha visto la luz el último informe de OXFAM, “Las desigualdades matan”, en el que se actualizan datos que retratan al sistema económico hegemónico: “La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID-19”.

La pérdida de poder adquisitivo en 2021 sumada a la pérdida salarial de más de un millón de trabajadores y trabajadoras que durante meses han sufrido un ERTE, nos permite afirmar que en el Estado español, en el bienio de pandemia, el peso de las rentas del trabajo ha continuado cayendo frente a las rentas del capital.

Esta visión de conjunto es lo que nos hace pensar que los partidos del Gobierno de coalición y los sindicatos que se sientan en las mesas de “Diálogo Social” están dando la espalda a la realidad que se vive y se percibe en la calle, sean más o menos conscientes de ello. Esta percepción es muy peligrosa, pues la decepción sumada al retroceso en las condiciones reales de vida: aumento de la pobreza, precarización, paro de larga duración cronificado… son el caldo de cultivo para el fortalecimiento del pensamiento de la extrema derecha. No podemos entender que, a estas alturas de la legislatura, no se haya derogado aún la “Ley Mordaza”, íntegramente. Legislación que da pie a las brutales actuaciones policiales vividas en Cádiz; durante y después de la huelga del metal del mes de noviembre.

Desde Tribuna Socialista, llamamos a que:

  • deroguen íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012.
  • el Gobierno encargue ya la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como se ha comprometido, y reintegre hasta el último céntimo del dinero de las pensiones que nunca debió ser utilizado más que para el pago de las pensiones.
  • en 2022 la media del incremento salarial no baje del 6,5%, con cláusula de revisión respecto al IPC acumulado de diciembre de este año.
  • Se revise la revalorización de las pensiones y se incrementen como mínimo en el 6,5%.

Si las políticas y acuerdos no suponen una solución verdadera a los problemas de la mayoría social, luego no busquen explicaciones pseudo científicas para entender los resultados electorales.

  1. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/BR_SS_GUIA_GENERAL_2020.pdf

Ver página 5 de la Guía de bonificaciones.

  1. https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/caen-rentas-del-trabajo-y-aumenta-desigualdad
  2. https://www.eldiario.es/economia/capital-espana-dispararse-ladrillo-calculado_1_1068480.html

CARNE, ¿escondemos la verdad?

El ministro de consumo en mi opinión, con respecto al reciente problema de la carne, ha cometido dos errores básicos, quizás por no ser demasiado comunicativo ante una prensa básicamente carroñera.

El primero y fundamental, es no ejercer con dureza su responsabilidad con las industrias cárnicas que no cumplen con la normativa, porque supongo que existirá dicha normativa, y si no fuera así su obligación es elaborarla, al margen de las exigencias que en este ámbito mantiene Europa.

Por otra parte, señor Garzón, creo que un ministro tiene capacidad suficiente, para convocar a todos los medios informativos, para dar a conocer a la sociedad lo que comemos y lo que destruimos para crear esa comida, antes de decirlo fuera.

Que los humanos somos depredadores, que estamos empeñados en destruir el mundo actual inexorablemente, está mas que documentado y comprobado, pues son escasos o nulos, los países que hacen el más mínimo esfuerzo por evitarlo, pero eso siempre nos lleva a la misma conclusión, la política mal entendida. Los políticos actuales están ejerciendo el maravilloso arte de la política, para proteger, cuidar, conseguir, una sociedad justa, o están ejerciéndola de una forma bastarda, egoísta y depredadora, con el único fin de permanecer en la correspondiente poltrona, durante el tiempo suficiente para conseguir enriquecerse personalmente, mediante sospechosas y burdas maniobras y conseguir una de esas pensiones vitalicias, que suele ser siempre lo primero que suben al llegar a su mandato.

Evidentemente hablo en general, porque desgraciadamente ya no existen colores políticos, que se identifiquen con la justicia social, aunque figure en sus estatutos. Me duele especialmente que esto ocurra en mi propio partido el PSOE, que se creó precisamente para lograr, algún día, esa justicia social tan anhelada.

Cualquiera que tenga un mínimo interés y una pequeña capacidad de análisis, sabe que en nuestro país han proliferado, alarmantemente, esas macro granjas donde es evidente que sus productos quizás no sean veneno, pero está claro que por pura lógica tampoco son productos de delicatesen.

También es falso eso que se nos pretende hacer creer: que con estas macro instalaciones, se genere mas empleo que con la ganadería extensiva, pues evidentemente por el contrario, esas grandes empresas cárnicas, impiden el desarrollo de las explotaciones ganaderas rurales, que además de generar empleo de calidad generan productos de alta calidad y vida en los pueblos casi abandonados.

Claro que hoy es mas caro un kilo de carne de calidad, producida en una explotación extensiva, que ese otro producto que elaboran masivamente esas macroempresas cárnicas, mediante la explotación humana y animal, con un descomunal índice de contaminación ambiental y la consiguiente destrucción de los entornos donde están instaladas.

Es por eso, que me sorprende el feroz ataque, que el poco locuaz ministro esta recibiendo por parte de la sociedad desinformada, que se deja llevar tan fácilmente por los bulos.

Me sorprende menos en esa creciente y retrograda derecha, pues es evidente que sus intereses suelen estar ligados estrechamente a este tipo de industrias de dudosa calidad y que el descubrimiento de estas verdades les deja al descubierto, además de los intereses electorales que les reporta magnificar un bulo extendiéndolo soezmente, sobre una sociedad que desgraciadamente carece de criterio propio, por lo tanto, el señor ministro le ha proporcionado gratis, la carnaza necesaria para seguir con su labor destructiva.

Lo que no me sorprende ya, aunque debería de sorprenderme, es que la mayoría de los caciques de nuestro partido, se lancen como hienas sobre el ministro por el simple hecho de decir la verdad, esa verdad que nuestros barones conocen pero ocultan, por los motivos a los que hice mención antes (no son artistas de la política son usuarios para su propio fin), es francamente vergonzoso, que incluso sus propios compañeros del “consejo”, no solo le dejen abandonado como lo hace hipócritamente el Presidente, sino que tratan de descalificarlo por todos los medios a su alcance. Siento realmente vergüenza, queridos lectores. Lo que si os puedo asegurar es que esto no es socialismo, esto no es mi PSOE, esto no es la búsqueda de una Sociedad Justa, puede que a esto se le pueda llamar “socialdemocracia” que nunca supe realmente que significa pero no es “SOCIALISMO”.

¡Feliz y esperanzador 2022!

Paco Ascón

Xares (Ourense), 11 de enero de 2022

¿A LOS VIEJOS?… ¡QUE LES DEN!

Tras la crisis económica de 2008 que afectó a todos los sectores de la economía mundial y muy especialmente al sector financiero y a cuyos devastores efectos se ha unido la pandemia producida por la Covid-19 y el consecuente confinamiento de la población en la mayoría de los países del mundo; la drástica limitación de la movilidad no sólo entre países, sino entre localidades de una misma provincia e incluso entre barrios de una misma ciudad; la paralización de gran parte de la producción industrial; la escasez de materias primas; la caída del consumo de productos de no primera necesidad como el del textil de temporada; el cierre de centros de enseñanza, colegios, institutos y universidades, museos, centros culturales, bibliotecas, teatros, cines, conciertos, festivales de música o de cine, grandes eventos deportivos, gimnasios, etc., y la casi desaparición de la actividad económica en sectores clave para nuestro país como la hostelería y el turismo.

Los efectos de esta segunda crisis ha podido ser paliada en gran parte por el exitoso instrumento de los ERTE puesto a disposición de empresas y trabajadores por el Gobierno de coalición, pero que también ha traído de la mano novedades en el ámbito laboral como el teletrabajo, que antes de la crisis era una opción minoritaria y que desde los primeros confinamientos obligatorios se ha consolidado como una realidad que va a ser cada vez más habitual y vista con normalidad para un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras. En algunos casos esta opción se vive como una obligación no deseada y en otras como un derecho que ya regulan algunas normas de tipo legal.

Las consecuencias de todo lo que hemos vivido desde el inicio de esta distopía pandémica con el terrible balance de muertes, enfermedad y sufrimientos de tantos millones de personas en el mundo, están marcando un presente y un futuro sólo en parte previsto por los poderes económicos y políticos del mundo. Entre estas consecuencias destacan lo que se viene denominando con el sustantivo “brecha”, término al que se le suele añadir varias adjetivaciones que describen situaciones en las que se produce un efecto común: la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de derechos sociales, políticos o económicos en virtud de la edad, el género, la desigualdad territorial, el nivel educativo alcanzado o el acceso a servicios sociales básicos como la sanidad, la educación, la dependencia o a los servicios de las entidades financieras. Muchas personas comparten a la vez varias de las brechas mencionadas y una de las más recurrentes es la brecha en los conocimientos informáticos que sufren no sólo las personas de mayor edad sino también las de mediana edad, en muchos casos.

La exclusión financiera que vivimos en esta época de crisis globales contrasta con una tradición económica que ahora se vive como una rémora pero que creó, adaptadas a cada momento histórico, una relación económica entre trabajo, producción, financiación y crédito que empezó a configurarse ya en el siglo XV en Italia donde se crearon entidades como los llamados “pósitos”, almacenes de grano, trigo o centeno, que prestaban estos productos con réditos moderados a agricultores que hubiesen tenido malas cosechas por inundaciones o sequías y que impedían el abandono de tierras cultivables y la caída de la cantidad de grano cosechada que era necesaria para evitar hambrunas y mantener la actividad económica de las poblaciones afectadas.

Más tarde, entre los siglos XVII y XVIII, aparecen en España, siguiendo los modelos franceses o italianos, los Montes de Piedad como sucesores naturales de los Pósitos y que se constituyen como una de las propuestas económicas más positivas que puso en marcha la Ilustración en toda Europa y que trajo profundos cambios culturales y sociales como la Revolución Francesa, la fe en el progreso económico y social, la preeminencia de la razón y la búsqueda de la felicidad.

De estos Montes de Piedad surgieron las Cajas de Ahorro, que continuaron la labor de integrar a las capas sociales más empobrecidas del campo y de las incipientes industrias que fueron sustituyendo a los tradicionales productos artesanales que surtían necesidades de consumo de las mismas localidades donde se producían.

Así pues, las cajas de ahorro fundadas por entidades sociales de carácter benéfico, por ayuntamientos, diputaciones o la propia Iglesia Católica, tuvieron desde el principio la intención de lograr la inclusión en la economía de las clases populares que no tenían acceso a créditos avalados en sus precarios ingresos y sólo podían conseguirlos empeñando los aperos de labranza o las pequeñas posesiones domésticas.

La evolución posterior de estas entidades hasta su desaparición, daría para otro artículo que iría desde el papel integrador en la economía de trabajadores, obreros y campesinos facilitando créditos y préstamos al consumo o a la adquisición de tierras, locales para comercios o hipotecas para vivienda habitual a intereses moderados y asequibles al nivel económico de esas clases populares, a la mala gestión política y económica que las llevó a su desaparición de la mano de la corrupción y del acoso y derribo a las que las sometió la gran banca privada porque las cajas suponían un 52% del sistema financiero español y eran un gigante que se les escapaba de las manos.

Además, las cajas no eran entidades propiamente públicas, pero tampoco privadas al modo que lo son los bancos, las primeras eran propiedad de sus impositores y eran gestionadas por representantes políticos y sociales elegidos democráticamente y cumplían una labor social de una importancia indiscutible para un tejido social y económico muy centrado en las necesidades locales y los segundos, los bancos, son entidades privadas centradas en el beneficio propio, sus propietarios son los accionistas, sean particulares o grandes empresas y cuya labor social brilla por su ausencia aparte de su postureo publicitario.

Toda esta introducción viene a cuento del fenómeno, que ya es viral en la prensa y en las redes sociales, incluida peticiones de firmas en la plataforma change.org, de la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores, pensionistas en su gran mayoría, pero también de todas las edades que viven y trabajan en pequeños o grandes pueblos, que tienen abiertos pequeños negocios de venta de productos de proximidad y personas de mediana edad que no tuvieron acceso no ya a la enseñanza media sino a la primaria y a las que les resulta imposible utilizar con soltura los medios informáticos necesarios para gestionar su economía sin la ayuda de familiares o vecinos.

El cierre de las denominadas oficinas, agencias o sucursales, la caída del empleo en las entidades financieras a través de los ERE, despidos masivos encubiertos, prejubilaciones cada vez en peores condiciones económicas y el consiguiente cierre de esas sucursales que eran atendidas por esas personas despedidas y que hace una década estaban presentes en cada barrio de las ciudades y de cada pueblo incluso en muchas aldeas o pedanías a través de la figura de los corresponsales o corsarios, es la causa del abandono de la atención personal a los clientes no sólo de la llamada España vaciada, sino también de muchos barrios de ciudades y pueblos de mayor población. Al hilo de este desmontaje de lo que fue una banca presente en el territorio y atenta a las necesidades de los clientes particulares y la pequeña y mediana empresa, también están desapareciendo los cajeros automáticos que estaban asociados a las oficinas bancarias y también los que se encontraban en grandes centros comerciales.

Como dislate total se está barajando una idea que apoyan algunos despistados o malintencionados medios de comunicación que consiste en que los ayuntamientos, por su cuenta y riesgo, o la empresa pública de Correos instalen cajeros en poblaciones de la España vaciada o en barrios del extrarradio de las ciudades más pobladas donde se han cerrado sucursales de bancos y sobre todo de las extintas cajas de ahorro. Esta “genial” idea encierra una nueva mordida de la banca a las cuentas públicas.

En esos cajeros automáticos no sólo se retira dinero, también se realizan ingresos en efectivo y en talones o cheques. Se pagan recibos de suministros, multas de tráfico, impuestos locales, regionales o estatales. Y todo ese movimiento genera beneficios en forma de comisiones para las entidades financieras que los gestionan.

A su vez, el mantenimiento de esos cajeros genera un gasto considerable en movimiento de fondos a través de empresas de seguridad, mantenimiento técnico y recarga y retirada diaria de efectivo.

Es decir, que la instalación y gestión de esos cajeros los pagarán los ayuntamientos o una empresa pública y los beneficios limpios irán a la buchaca de los bancos a los que les importa un bledo la exclusión financiera no sólo de las personas de edad avanzada sino a las de menor edad y a las capas más desatendidas y más precarias como son los trabajadores pobres, las mujeres y los emigrantes.

Es como si la apertura de las sucursales de antaño con todos sus gastos, como alquiler o compra de locales, instalaciones técnicas, ordenadores, cajas fuertes, sistemas de seguridad y también los cajeros automáticos y su mantenimiento fueran a cargo del dinero público y los beneficios a las empresas privadas. Se ahorran todos estos gastos además de los salariales, pero sus beneficios crecen a costa de sus mal atendidos clientes y del abandono a su suerte de muchas pequeñas empresas familiares.

La gran banca ya hace al menos una década que empezó a planificar lo que para ellos era un cambio paradigmático para adaptarse a un mundo que se iba a regir por las nuevas tecnologías, apps para teléfonos móviles y tabletas, las redes sociales, las plataformas de streaming, o los servicios on line o virtuales de empresas y organismos públicos. Este proceso es imparable, y en parte positivo, pero lleva dentro el germen de la deshumanización en las relaciones humanas, económicas, laborales, sociales o políticas. Y mientras no haya contrapesos ideológicos y políticos que regulen los efectos negativos de estas experiencias globales, todos pagaremos el precio.

Hay que luchar por una ley que obligue a las entidades financieras a asumir los costes de la digitalización despersonalizada que ya se ve que no puede pararse y obligar a una atención personal (una ley ad hoc ya está en trámite pero se queda corta) a los clientes que lo requieran.

Los bancos y antiguas cajas de ahorro ya han despedido o prejubilado a casi 200.000 trabajadores y trabajadoras desde el comienzo de la crisis del 2008 y esas mismas entidades fueron rescatadas con más de 60.000 millones de euros del dinero público (ahora habrá que añadir a esa cifra los 35.000 millones de euros de la SAREB, el banco malo creado por Rajoy y De Guindos que no iba a costarnos ni un euro) y con el vaciado inmisericorde de la hucha de las pensiones que dejó el Gobierno socialista de Zapatero.

Tal vez si una banca pública creada con los restos de las cajas de ahorro, una vez saneadas a fondo en lo económico y político, hubiese sido posible, su sola existencia y presencia en ese segmento del mercado financiero habría ejercido una competencia fortísima sobre esas empresas que han olvidado su responsabilidad social con el conjunto de la población española y no habrían provocado este desbocado fenómeno de exclusión financiera que ni siquiera beneficia a la economía española y que también excluye a un gran número de pequeñas y medianas empresas.

MANOLO PEÑALOSA

Militante Socialista de Sevilla-Andalucía

Origen, transformaciones y actualidad

A lo largo de la historia, uno de los problemas que ha sufrido la clase trabajadora, desde que el trabajo empezó a ser reconocido y remunerado, ha sido la cantidad económica que se considerase suficiente para compensar su esfuerzo y el beneficio que produjese su productividad. La cantidad que se daba en dinero o especie era únicamente la que permitiese cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, y que del mismo modo no generase un peligro o amenaza para los burgueses propietarios de los medios de producción, y a las estructuras del Estado puesto en función de sus intereses económicos y sociales. En este recorrido histórico podemos recordar la ”Ley de bronce del salario” del siglo XVIII, expresada en la obra de David Ricardo, entre otros, lo que se podía considerar el sistema económico de un nuevo modelo liberal.

En la actualidad, los bajos salarios siguen siendo un problema social, político y económico. Los bajos salarios y el paro, dos variables de peso, que afectan a la sociedad actual y son la razón del crecimiento de la pobreza; tanto relativa como extrema, y exclusión social. Una pobreza que con el paso de los siglos ha cambiado sus formas. En las sociedades antiguas se revelaba como una situación de penuria extrema; en las sociedades modernas era considerada la sombra de la riqueza; y en la actualidad se considera como lo negativo al desarrollo. Del mismo modo que el concepto de pobreza se transforma con el paso de los siglos, las ayudas también han ido cambiando, desde las ayudas para alcanzar la mera supervivencia de las sociedades antiguas que ofrecía el orden económico establecido, a otras más actuales como el ingreso Mínimo Vital. Otras medidas de gobierno, como el incremento del salario mínimo interprofesional, ayudan a mejorar la situación económica de los más desfavorecidos, actualizando un salario que se entiende como “suficiente”, mínimo para cubrir las necesidades que una persona necesita dentro de los estándares de la vida actual. Estos cambios y medidas para paliar la pobreza son más bien parches para evitar un estallido social que rompa los diques de una democracia que, en realidad, está basada en la desigualdad de clases, con profundas brechas sociales.

Las diferentes crisis económicas, reformas laborales, la Covid-19 y el aumento escandaloso del coste del consumo eléctrico y energético, han sido un nuevo lastre para la mayoría social, la clase trabajadora, que ha sufrido las consecuencias una vez más ,de tal manera que el riesgo de pobreza ha aumentado notablemente, afectando a capas de la población que aún no estaban en esta situación, dejando en evidencia la legislación laboral que no es capaz de afrontar las problemáticas de los nuevos tiempos.

Una de las consecuencias que ha tenido de la desproporcionada subida de precio en el consumo de energía eléctrica ha hecho crecer el IPC, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, teniendo en cuenta que los salarios se mantienen o las subidas son muy inferiores, una media del 1,5% frente al 5,5% del actual IPC (al cierre de noviembre). Una de las razones más evidentes de la devaluación salarial, es sin duda, la pérdida de una herramienta fundamental para los intereses de la clase trabajadora, como es la negociación colectiva. No hace falta decir que, tan importante herramienta, se ha perdido a causa de una reforma laboral que lo impide, dando prioridad a los convenios de empresa, dejando en segundo plano los convenios sectoriales, lo que supone una indefensión en muchos de los casos para los trabajadores, ya que en muchos sectores donde la fuerza sindical no está presente o la afiliación es baja, la capacidad de negociación es mínima, lo que condiciona los resultados de los posibles acuerdos, beneficiando a las grandes empresas y haciendo pagar a los trabajadores, una vez más, las consecuencias de la inflación. Esperemos recuperar pronto esta herramienta.

Mientras tanto, la clase trabajadora espera con incertidumbre el resultado de la negociación para la modificación de la reforma laboral, que permita recuperar esa capacidad de diálogo para los sindicatos, arma básica en tiempos de democracia en un Estado social y de derecho.

El resultado de la negociación sobre la reforma de la reforma laboral va a ser fundamental para el futuro de la clase trabajadora, una clase trabajadora que se divide entre los que esperan que sea un éxito, recuperando derechos que no debieron de perderse en ningún momento y otros que esperan resignados, acostumbrados en los últimos tiempos, a ver como sus condiciones laborales se deterioran. Esa división es el fracaso mismo de la sociedad, la espera.

No nos engañemos, no será un éxito, y tampoco motivo de resignación, lo que si será es la hoja de ruta de las futuras reivindicaciones, motivos fundados en la razón para movilizarse y continuar la lucha, recuperar la conciencia de clases, recuperemos valores.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez

Sindicalista de UGT en Madrid

Mínima vergüenza

El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, es el instrumento que tienen los gobiernos para tratar que el mercado del trabajo no esclavice a quienes más necesitados están, y trabajarían por cualquier sueldo.

Muchos, demasiados, piensan que es el mercado quien debe regular los sueldos, que los gobiernos no deben intervenir y que si alguien quiere trabajar por 400 €, pues que lo haga, siguiendo una filosofía neoliberal defendida por la derecha y la ultra derecha.

Esos muchos no tienen ningún problema para llegar a final de mes y eso de la desigualdad y la pobreza, les es totalmente indiferente.

El argumento que ponen es que si sube el Salario Mínimo Interprofesional entonces subirá el paro y eso sería peor para la economía, cosa que obviamente no es cierto.  Saben que no es cierto, que no se ha demostrado, pero siguen diciéndolo y sus medios de comunicación, siguen repitiéndolo.

Me explico. En 2018, en el último año de gobierno del PP, el SMI era de 735 €.  Gobernando el PSOE se ha ido incrementado hasta los 965 € de 2021, es decir se ha producido un aumento de un 31 %. En cuanto al empleo, en septiembre de 2018, había 18,8 millones de españolas/es dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en septiembre de 2021 superaban los 19,5 millones, es decir un incremento del 6,5%. Se demuestra, en un párrafo, las mentiras de los postulados neoliberales.

Lo que sí es cierto, es que con esa subida los beneficios de las grandes multinacionales, que contratan a miles de empleados/as, se reducen en algunos millones. Es decir, que en vez de ganar unos 620 millones de euros al año, ganarían “solo” unos 610 millones.

Imagino a ese grupo de señores (sí, imagino que serían todos señores) almorzando en el restaurante con estrellas michelín de moda de Madrid, hablando entre ellos de que no se puede subir el Salario Mínimo porque reducirían sus beneficios empresariales, mientras se gastan en ese almuerzo lo que gana un trabajador/a en un mes.

Imagino a la dirección del PP reunida, llegando a la conclusión que le interesa más apoyar la postura de los empresarios/as, que en la de los trabajadores/as, diciendo posteriormente el Sr. Casado barbaridades como que él estaba en contra de cualquier aumento y que, incluso, reduciría el SMI a 850 €.

Imagino a la dirección de los medios de comunicación de las derechas y ultra derechas españolas, después de escuchar a la CEOE y al PP, dando las instrucciones a sus periodistas para que escriban titulares en contra del aumento del SMI y que se busquen para ello los argumentos que quieran.

Pero digan lo que digan, es totalmente cierto que se puede incrementar el Salario Mínimo y generar empleo. Y también es totalmente cierto que la subida del SMI reduce la desigualdad y los índices de pobreza, no encuentro mejor argumento para apoyar ese incremento.

Y también es cierto que hay demasiada gente con una mínima vergüenza, a la que le desearía que su familia viviera durante un tiempo con 965 € al mes … a ver si llega a la mitad de la primera semana.

Rafael Fuentes

Militante socialista de Málaga

Nota Informativa CILE

Llega al Comité de Redacción de Tribuna Socialista la nota informativa del CILE de la cual pasamos un resumen.

El pasado día 2 de octubre, militantes, responsables de organizaciones obreras, pequeños agricultores y anti-imperialistas de 19 países y de la diáspora se reunieron en videoconferencia sobre el tema «En el combate por la soberanía, por la emancipación nacional y social, se levanta un viento nuevo sobre el continente africano».

Los 19 países de los que hubo representación fueron: Azania (Sudáfrica), Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mauritania, Níger, Nigeria, Uganda, RD del Congo, República de Guinea, Mauricio, Reunión, Ruanda, Senegal, Somalia, Togo, Yibuti. Algunos militantes de estos y de otros países no pudieron sumarse a la reunión por diversas razones técnicas. 22 compañeros tomaron la palabra durante la reunión, y se recibieron contribuciones escritas.

La reunión transcurrió en un ambiente de fraternidad y camaradería en el que la libre discusión e intercambio de experiencias fue rico. Los debates se desarrollaron sobre la situación del continente, resaltando, como declaró uno de los participantes «lo que tienen en común a los distintos países, es decir, el necesario combate contra la dominación imperialista y los gobiernos a sueldo de esta y por la soberanía».

Un lugar centra al ocupó el acta de acusación contra el imperialismo y los gobiernos a sueldo del mismo. Los participantes abordaron todos los aspectos de la situación en el continente: – la pandemia de COVID19 y su gestión por los gobiernos con desastrosas consecuencias: hambre para gran parte de la población e inmensas discriminaciones en la vacunación. La pandemia se ha convertido en el pretexto para cuestionar todas las conquistas de los trabajadores y las libertades democráticas; – El saqueo de las riquezas por las potencias imperialistas valiéndose de sus aliados locales, gobiernos corruptos y partidarios de una alternancia reducida a un simple cambio de personal para aplicar la misma política entre otros puntos.

La discusión también abordó el papel necesario de las organizaciones sindicales para preservar las conquistas de los trabajadores y sus familias: «todo lo que hemos conquistado ha sido mediante la lucha» subrayó un participante. Se denunció la trampa de las treguas sociales y otras presiones a favor de las supuestas «nuevas formas de lucha» que pretenden que los sindicatos renuncien a sus reivindicaciones y a sus medios de acción, en particular la huelga.

África, más allá de la división del continente, de las fronteras artificiales y las diferencias de lenguas impuestas por la colonización. Como dijo un participante, «Hoy la tarea principal para nosotros es organizarnos a escala local, regional e internacional. Tal es el sentido de nuestro encuentro hoy». Seguir trabajando juntos y dotarnos de un marco en el que podamos apoyarnos es una demanda unánime. Se propuso el establecimiento de un polo en el continente africano a fin de «trabajar, intercambiar, comunicar, compartir nuestras experiencias y sobre todo nuestras acciones», desarrollar la solidaridad internacional: un «CILE África», inscrito en el marco del CILE (Comité Internacional de Enlace e Intercambio), presente en todos los continentes y ampliando sus actividades.

Resumen del informe enviado por el CILE

José A. Iniesta

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