A VUELTA CON LOS ERTES

Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos. 

Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”

“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”

Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.

En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.

Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.

Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.

Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”. 

Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.

Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.

Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).

Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020. 

“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.

Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.

Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.

Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas. 

Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

TRANSICIÓN JUSTA… ¿Qué transición JUSTA?

Detrás de la aprobación de los Fondos Europeos de Recuperación para afrontar la reciente crisis económico – sanitaria, ¿hay una visión renovada de la Socialdemocracia internacional?


Los efectos de la crisis económica del 2008, más la crisis sanitaria del COVID han sido devastadores; se han visto acrecentados por las medidas tomadas desde las políticas neoliberales que se aplicaron para “salir” de la debacle económica. Los resultados son, por ejemplo: el estado lamentable de los servicios públicos, y más en concreto de la sanidad pública a la que esos postulados liberales han dejado sin medios suficientes ante cualquier situación de peligro y se ha deteriorado gravemente la atención sanitaria en general.
Son muchas las voces que han escrito y hablado con rigor sobre las causas y consecuencias de adoptar esas ideas dogmáticas, de sesgo neoliberal, y la catástrofe social a la que de manera reiterada conducen una y otra vez, J. Torres, M. Etxezarreta, T. Ferrer, J. L. Rodríguez Zapatero, P. Krugman, V. Navarro, y otros, venían alertando del error del austericidio provocado por las políticas económicas tras 2008, y de la catástrofe sanitaria ocasionada por el abandono de la prevención, la investigación y las políticas sanitarias públicas; de ahí la necesidad de un giro copernicano que establezca la primacía de lo SOCIAL como paradigma de la Economía, supeditando esta a las personas y no al revés.
Si tenemos como referencia esa visión de nuestra sociedad, los Fondos de Recuperación permitirán un relanzamiento político y económico europeo, a corto y medio plazo, pero no será sostenible en el tiempo; salvo que se reviertan las condiciones socio laborales que se aplicaron en su día bajo el pretexto de ser medidas “necesarias” para salir de la crisis: Reforma laboral de la Negociación Colectiva, deflación salarial y precariedad laboral como mantras del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea y el Banco de España cuando actúa de vocero del BCE.


Es, en mi opinión, fundamental que los Fondos tengan las consecuencias que todos esperamos, paliar y recuperar los servicios públicos dotándoles de los presupuestos que fueron recortados. También, hay que recordar que ni las crisis ni sus causas son achacables a los trabajadores ni al modelo social Democrático de Derecho, sino al modelo económico imperante y que crisis tras crisis siempre es el Estado de Bienestar, el sector Público, quien acude al rescate de los sectores privados (Banca, Inmobiliario, etc.). Con un esfuerzo de todos los ciudadanos para recuperar lo que unos pocos, casi siempre los mismos, han dilapidado.


Si no corregimos en profundidad este modelo económico injusto e ineficiente; solo hay que ver los efectos medioambientales del modelo económico actual, volverá a ocurrir lo mismo inevitablemente, y no nos referimos sólo a las crisis sistémicas inherentes a él, también a las medidas que las derechas adoptan para lavar sus errores y culparnos a los demás. Los Fondos no pueden ser un simple cuidado paliativo de un enfermo crónico, deben ayudar, pero ellos solos no cambiaran, pasado el tiempo, las causas del problema.


El verdadero problema, el causante recurrente es el modelo económico neoliberal, una teoría económica que, de manera taimada, oculta que si es evaluada con los mismos criterios que ella exige y de los que presume, no cumpliría ninguno de ellos:

-Eficacia y eficiencia

-Creación constante de riqueza

-Progreso social

Este es el absurdo intelectual y económico del paradigma neoliberal, presumir crisis tras crisis de eficacia económica durante el bucle temporal del Día de la Marmota.

Eduardo Hernández Oñate
Presidente de ASTRADE

¿De verdad es necesario reformar las pensiones?

La necesidad de reforma de las pensiones se asienta sobre una falsedad: el sistema de la seguridad social es deficitario.


El movimiento de pensionistas lleva años denunciando que algunas políticas que debían financiarse con el Presupuesto del Estado, se estaban financiando indebidamente con cotizaciones sociales, esto es, con la caja de las pensiones.
El ministro lo reconoció en Cortes en julio cuando presentaba los Acuerdos del Diálogo Social. Dijo que, además de los gastos en pensiones, con “las cotizaciones sociales se están abordando y se han abordado a lo largo de muchos años políticas de distinta naturaleza”. En el año 2020, suponían un total de 22.000 millones de euros. Escrivá reconoce que en el último ejercicio “los gastos impropios superan el nivel de déficit de la Seguridad Social”. Por tanto, si detraemos los gastos impropios, las cuentas de la Seguridad Social deberían mostrar superávit.


Conocer a cuánto asciende el saqueo que el propio Escrivá reconoce es una obligación, de ahí la exigencia de realización de una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social. Porque toda discusión sobre el futuro de la Seguridad Social exige partir de bases sólidas.


El déficit que justifica la reforma de las pensiones es un falso déficit. Son gastos dedicados a políticas de mejora de la contratación, políticas activas de empleo, subvenciones a determinados regímenes …, que no corresponde a la caja de las pensiones sino a PGE. .


El artículo 109.2 de la Ley General de Seguridad Social establece que el Presupuesto del Estado (PGE) debe hacer las aportaciones necesarias para financiar las prestaciones contributivas. En lugar de ello, Hacienda dio préstamos a la Seguridad Social. Una manipulación contable que permite que el gasto no figure en los PGE, aumentando el déficit del Estado, y, como contrapartida, en las cuentas de la S. Social aparece como gasto, creándole un déficit financiado con préstamos.


Con estas operaciones, la Seguridad Social aparece con una deuda de más de 85.000 millones de euros a 1 de diciembre de 2020.


Todas estos hechos invitan a pensar que el relato que justifica la reforma de las pensiones es una cortina de humo y por ello las organizaciones de pensionistas preparan una concentración el 16 de octubre ante las Cortes, exigiendo claridad.

Carlos Martínez
Militante UGT

Con las Pensiones, las cuentas claras

Desde la década de los 80 del pasado siglo, como mínimo, se viene poniendo a las Pensiones en el punto de mira de los recortes, además de ser el objeto del deseo del capital financiero; el gasto en pensiones está en torno a los 10.000 millones de euros mensuales, bancos y aseguradoras, nacionales e internacionales, “babean” por hincar el diente a estas macro cifras.
Los pronósticos, hipótesis y proyecciones de los economistas que trabajan para generar opinión favorable a los intereses del capital, vienen equivocándose desde hace cuatro décadas, pues, según sus predicciones, el sistema tendría que haber quebrado ya en varias ocasiones. Pero eso le ha dado lo mismo a los gobiernos.


En 1985 se llevó a cabo el primer rejón, cuando el periodo mínimo para tener acceso a la pensión pasó de 10 a 15 años y los años que se tenían en cuenta para hallar la base reguladora pasó de los 2 últimos años cotizados a los últimos 8. En 1997 se pasó de los 8 últimos años cotizados a 15. Desde la reforma de 2011, los años para hallar la base reguladora de la pensión ha ido creciendo y, a partir del próximo año 2022 será de los últimos 25 años cotizados. Cada año más de cotización que se toma para saber la base de nuestra futura Pensión, la cifra resultante decrece, pues cuanto más atrás en el tiempo el salario fue inferior. Este es solo uno de los factores que se ha utilizado para bajar la cuantía de las pensiones.


Con la reforma de 2011, se retrasó la edad de jubilación legal, de forma progresiva, de 65 a 67 (edad de jubilación que se alcanzará en 2027), y en la reforma que está en curso se alienta a que los trabajadores y trabajadoras continúen trabajando más allá de los 67. La reforma de 2013 introdujo el “factor de sostenibilidad”, que pone la pensión en relación con la esperanza de vida, y la revalorización al 0,25%, durante los años del Gobierno de Rajoy, devaluaron el poder de compra de los pensionistas al crecer las pensiones menos que los precios (IPC).


El caso es que cada vez que se reúne el Pacto de Toledo lo hace para rebajar la pensión por la que los trabajadores han cotizado a lo largo de toda su vida laboral. Argumentan que el sistema es insostenible porque comienzan a jubilarse los trabajadores y trabajadoras de la generación del “baby boom”, pero lo que no dicen es que esos trabajadores y trabajadoras, igual que son muchos para cobrar la pensión también fueron muchos y muchas para cotizar.
Como se ve, no han terminado los plazos introducidos por las reformas anteriores cuando ya está en curso una nueva reforma. Se sabe que se va a cambiar el eufemismo “factor de sostenibilidad (FS)” por otro, denominado “mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)”. El primero ya sabemos que consiste en repartir una cantidad fija a lo largo de los años desde la jubilación hasta la media de edad de mortalidad, frente al establecimiento de una pensión indistintamente de los años a los que se produzca el fallecimiento. Aún no está claro en qué consiste el MEI, pero me atrevo a pronosticar que no va a ser para subir las pensiones. Por otra parte, se penaliza a los trabajadores que se jubilen anticipadamente, aunque hayan cotizado más de 40 años. Es una media muy injusta, pues se penaliza a la generación que más ha aportado. Y puede ser doblemente injusta si se aplica a los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo entorno a los 60 años por la aplicación de un ERE.


Lo que verdaderamente supone una hemorragia económica para el sistema público de pensiones no es si hay más pensionistas o si las pensiones suben más que los precios. El problema está en tres hechos irrefutables: las consecutivas reducciones y exenciones de las cotizaciones a las empresas, la devaluación salarial, y el pago, con dinero de las pensiones, de gastos, que correspondían al Estado.


En el primer aspecto, ningún gobierno debiera haber tocado las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, pues eso es lo mismo que tocar la nómina de los trabajadores, ya que las cotizaciones a la Seguridad Social tienen carácter de salario diferido. Por tanto, lo que habría que hacer, en lugar de aplicar nuevos recortes a las pensiones, es revertir las bonificaciones y exenciones a las empresas.


El segundo factor, tiene que ver con la promesa del Gobierno de coalición, incumplida a fecha de hoy, de derogar íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012. La hegemonía del convenio de empresa sobre el sectorial, la posibilidad de los empresarios de descolgarse de la aplicación de convenio o la eliminación del principio de ultraactividad de los convenios, son tan solo tres ejemplos de los mecanismos de devaluación salarial que han tenido lugar en nuestro país desde 2010 hasta hoy.


El tercer elemento lo aportan el Banco de España, el propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sr. Escrivá, y el Tesoro Público; en relación con el dinero que debiéndose haber pagado por el Estado se pagó con el dinero de las cotizaciones. Las tres fuentes no se ponen de acuerdo en la cantidad ni en el periodo de años. Por tanto, tomo como referencia los datos del Tesoro Público, quien dice que entre 1989 y 2013, la Seguridad Social pagó, con dinero de las Pensiones, partidas que correspondían al Estado. La cantidad estimada está entre 100.000 y 155.000 millones de euros. Si, además, esa cantidad se actualizase con la capitalización que podría haber obtenido, la cifra no bajaría de los 200.000 millones de euros.


Esto último, es lo que, con justicia, lleva al movimiento de pensionistas a exigir que se realice una Auditoría pública y transparente de las cuentas de la Seguridad Social. Esta reivindicación es el eje de la movilización que ha sido convocada para el 16 de octubre próximo. Los trabajadores y trabajadoras bien merecen que se reintegre todo lo que haya sido detraído de sus cotizaciones, es decir de sus salarios.

Las cuentas claras.

Pascual Sánchez
Militante socialista

El SMI: Una palanca para la recuperación justa

Durante la crisis sanitaria, provocada por la pandemia de la covid-19 con sus pavorosos efectos económicos y sociales, se ha puesto en evidencia la necesidad de un nuevo consenso a nivel internacional: no repetir las políticas de austeridad aplicadas durante la última crisis financiera. Como resultado de este cambio de orientación, la Unión Europea (UE) ha adoptado una decisión histórica con el Plan de Recuperación (Next Generation EU), pese las reservas de los sectores neoliberales a una acción económica y financiera común.


Cada vez hay más voces que defienden que la salida de esta pandemia y la recuperación de la economía y el empleo pasa por no repetir los recortes de los derechos laborales, en los servicios públicos y también en los sistemas públicos de pensiones impuestos por las políticas neoliberales en la crisis de 2008. En esa línea el Gobierno de PSOE-UP ha puesto en marcha un conjunto de medidas para proteger las rentas familiares y el tejido productivo, como las ayudas a las empresas, los ERTES, la prestación extraordinaria para los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital.


La pandemia ha agudizado las desigualdades y pobreza laboral que ya existían en nuestro país, como consecuencia de la reforma laboral y de los recortes sociales del Partido Popular. Así, la etapa de recuperación de la economía desde 2014 se sustentó en la precariedad y los bajos salarios, pero ese modelo sociolaboral produce que la redistribución de la renta sea profundamente injusta y que las prestaciones sociales no den cobertura a todas las personas vulnerables.


Según un informe recientemente publicado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), los trabajadores pobres han aumentado un 12% en Europa y un 16% en España. El análisis de los datos refleja que, a pesar de la mejora de la coyuntura económica de 2010 a 2019, el porcentaje de trabajadores expuestos a la pobreza creció. Esto dejó a muchas personas en una situación de vulnerabilidad, incrementada con la llegada de la crisis del coronavirus. Una forma de abordar una recuperación justa es a través de la garantía de unos salarios dignos para las personas trabajadoras.


La economía a nivel global, europeo y de nuestro país ha iniciado una fase de recuperación, pero es aún insuficiente para superar el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía y el empleo. La erradicación de las desigualdades sociales, que corren el riesgo de cronificarse como consecuencia del desempleo y del repunte de los precios que afecta a las rentas familiares, y en particular a los jóvenes y personas vulnerables, establecen un nuevo desafío: repartir la recuperación de forma justa. Y ello mediante el empleo con derechos y el crecimiento de los salarios impulsados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


La nueva frontera de la recuperación justa ha sido explicitada con contundencia por el presidente de EE.UU, Joe Biden, al responder a los empresarios a una pregunta sobre la escasez de trabajadores en el país, especialmente tras la pandemia de coronavirus pese a los millones que aún permanecen en el desempleo. El presidente contestó: “’¡Páguenles más!”. El presidente afirmó en mayo que la aceleración del ritmo de crecimiento de los salarios era una “característica” y “no un defecto” de la economía postpandemia; en abril había promulgado un decreto que establece que todas aquellas empresas “bajo contrato con el Gobierno federal paguen un salario mínimo de 15 dólares por hora” a sus trabajadores, anteriormente fijado en 10,95 dólares la hora. La medida para incrementar el salario mínimo a los trabajadores que sean contratados por empresas o subcontratas federales empezará a aplicarse a finales de marzo de 2022. Los salarios se aumentarán después en función de la inflación anual.


La Comisión Europea presentó en el mes de febrero un proyecto de Directiva de salarios mínimos, para garantizar que estos no sean inferiores al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario medio de cada Estado miembro. La propuesta es un paso importante, pero adolece de naturaleza obligatoria, es decir, la Comisión Europea lo propone cono una guía indicativa para los Estados. Sin embargo la CES demanda que este “umbral de decencia” sea obligatorio, lo que permitiría que más de 24 millones de europeos pudieran beneficiarse de un aumento de sueldo.


La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound), ha elaborado un informe sobre los 22 estados europeos que tienen regulado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): de los estados analizados -21 comunitarios más el Reino Unido que tienen regulado el SMI (faltan Dinamarca, Croacia, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia)- sólo España, Bélgica, Estonia y Grecia han congelado el SMI este año. Los otros 18 restantes lo elevaron en porcentajes que fluctúan desde el 1% de Irlanda, Francia y Malta hasta el 16,3% de subida de Letonia.


En 2019 el gobernador del Banco España, en una comparecencia en el Congreso, anunció los graves efectos negativos sobre la evolución del empleo que supondría la subida del SMI a 900 euros mensuales, ya que podría provocar pérdidas de empleo a los trabajadores jóvenes y los más mayores, llegando a cuantificar la destrucción de puestos de trabajo en unos 160.000 empleos (un 0,8% del total de los ocupados). Recientemente el Banco de España publicó un análisis sobre los impactos que tuvo en términos de empleo el alza del 22,3% en 2019, llegando a la misma y anticipada conclusión: la subida del SMI aprobada por el Gobierno pasó una elevada factura a los trabajadores que percibían esta remuneración. El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo en 2019 restó al menos 100.000 empleos, especialmente entre los mayores de 45 años, mientras que la creación de empleo disminuyó entre los más jóvenes.
El Gobierno de Coalición adoptó en su programa el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio de nuestro país al final de la legislatura, en cumplimiento de la Carta Social Europea. Para ello se creó una comisión de personas expertas para definir cuál es el 60% del salario medio y la senda para alcanzarlo en 2023. La comisión ya ha hecho públicas sus conclusiones a partir de tres escenarios: Desde el SMI actual de los 950 euros mensuales en 14 pagas, el objetivo del 60% del salario medio en España llegaría a los 1.011 euros brutos al mes, considerando que no suben los salarios en España en 2020, y los 1.049 euros brutos al mes en el escenario de mayor aumento de los sueldos. Por lo tanto, en los próximos tres años se tendría que plasmar ese aumento del SMI de los 61 a 99 euros en términos absolutos.


A principios 2021 el Gobierno de Coalición aplazó la actualización del SMI con el argumento de no dañar la recuperación económica y la eventual generación de empleo, esperando revisar esta situación en esta mitad de año según la evolución de la pandemia y de la economía y el empleo. UGT y CCOO ya han advertido al Gobierno de que sería un grave error político y económico congelar el SMI tras una crisis como la que se ha vivido y con el IPC en niveles superiores al 2,5%. Esta reclamación sindical se ha encontrado con la oposición de las organizaciones patronales.


La comisión de expertos prevé, en los tres escenarios, una posible subida para este año entre 12 y 19 euros, que dejarían el SMI en 2021 entre los 962 y 969 euros, pero dejando claro que no les corresponde a ellos decidir, al igual que el propio gobernador del Banco de España, que con prudencia ha reconocido que la decisión corresponde a los ámbitos políticos. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está recogido en nuestra regulación, en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye al Gobierno la potestad para fijar su cuantía. También se establece que el Gobierno debe antes consultar a las organizaciones empresariales y sindicales a través del diálogo social.

Toni Ferrer

La agenda social para una recuperación justa

Han transcurrido cerca de dieciocho meses desde la declaración de la pandemia de la covid-19, por la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país más del 70% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la misma. Cuando el Gobierno anunció este objetivo, dentro de la lucha contra los efectos del coronavirus, las derechas y la ultraderecha, acompañadas por algunos medios de comunicación, pusieron en duda su cumplimiento. La realidad les ha desmentido, de hecho, las consecuencias de la quinta ola en cuanto a contagios son sensiblemente menores a las anteriores, por el grado de inmunidad alcanzado a nivel territorial y generacional.


La economía está recuperando los niveles previos a la crisis provocada por la covid-19, como resultado de las políticas puestas en marcha por el Gobierno para proteger la salud, el mantenimiento del sistema productivo y del empleo, garantizar las rentas y la protección social para trabajadores por cuenta ajena, autónomos y personas vulnerables. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que la economía española crecerá un 2,4% en el tercer trimestre respecto al segundo, lo que situaría el PIB en el 95% del que se alcanzó a finales de 2019.


En los meses de verano se ha visto consolidada la tendencia positiva de la evolución del empleo, recogida por la EPA del segundo trimestre de 2021, cuando el número de ocupados aumentó en 464.900 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 19.671.700. El empleo ha crecido en 1.064.400 en los 12 últimos meses, respecto al segundo trimestre de 2020, cuando se produjo el mínimo de ocupación desde el inicio de la pandemia. En referencia al segundo trimestre de 2019 la variación es de –133.300. En el mes de agosto el paro registrado contabilizó una reducción récord de más de 82.000 personas, dejando la cifra total de desempleados en 3,3 millones, mientras que en agosto de 2020 el total de personas desempleadas era de 3,8 millones. No obstante, aún se está lejos de alcanzar los 3,06 millones de desempleados registrados en agosto de 2019.

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional prevén que en 2022 España sea el país que más crezca y el Gobierno quiere que ese crecimiento económico impulse la creación de empleo y cohesión social, de modo que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se acompañe de una agenda social para potenciar una recuperación justa, con el potente diálogo social que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura. Mediante políticas públicas que garanticen que el crecimiento y la riqueza se redistribuyan y se consoliden los derechos y libertades para el conjunto de la ciudadanía, de forma que la lucha contra el coronavirus se proyecte también en la recuperación, modernización y transformación económica y social, reduciendo las desigualdades y fomentando la solidaridad.


Gran parte de las medidas de la agenda social y económica se tratarán en la elaboración de los PGE-2022 y el Plan Anual Normativo 2021, que incluye las iniciativas de naturaleza normativa que tiene previsto aprobar el Consejo de ministros hasta el 31 de diciembre. Está compuesto por 144 iniciativas normativas: 6 leyes orgánicas, 28 leyes ordinarias y 110 reales decretos. Una tercera parte de las mismas tienen que ver con los compromisos que España ha contraído con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Algunas de las nuevas normas previstas para los próximos 4 meses son las leyes de Formación Profesional, Ciencia, la de creación y crecimiento de empresas, Vivienda, 5G, la reforma laboral, la reforma de pensiones o el desarrollo de la ley de Educación. La reforma fiscal se prevé para 2022.


En el último trimestre de 2021 el Gobierno debe afrontar compromisos centrales, como la derogación de la reforma laboral, cuyo objetivo, tal y como se recoge en el programa del Gobierno, es modernizar nuestro mercado de trabajo y desmontar la legislación laboral lesiva que impuso el Gobierno del Partido Popular. Actualmente se está abordando en el diálogo social, de forma tripartita por el Ejecutivo junto con los sindicatos y patronales. El primer bloque de la reforma de pensiones ya está en el Congreso; dicho bloque incorpora la garantía del poder adquisitivo para los pensionistas actuales y futuros, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad. También la Ley Estatal de Vivienda debería ver la luz antes de que finalice el año, además del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.


Uno de los principales problemas que actualmente enfrenta la economía española es el histórico incremento del precio de la luz, una cuestión compleja pero que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Uno de los puntos que viene monopolizando el debate económico y político tiene que ver con los márgenes de la normativa europea para reducir los precios, o la oportunidad de una empresa pública de energía. Mientras el PP critica el sistema de formación de precios que ellos mismos aprobaron en 2013, el objetivo del Plan del Gobierno es conseguir que al finalizar este año 2021 la ciudadanía haya pagado por su recibo de la luz una cantidad muy similar a la que pagó en un año como 2018.


El Gobierno pretende que la subida desmedida del precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista tenga un impacto mínimo en el recibo que pagan los ciudadanos. Algunas medidas que ya se han puesto en funcionamiento para lograrlo son la reducción del IVA de la factura eléctrica del 21% al10% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7%. A ello hay que añadir otras, como la protección a los hogares vulnerables, la ampliación de la prohibición del corte de suministro, la ampliación de la base de beneficiarios del bono social eléctrico, la creación de un bono social térmico o evitar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas. El Plan también se compone de medidas estructurales, como la apuesta por las energías renovables, las más baratas para generar electricidad. La pretensión es que las renovables dominen el mercado, precisamente la mayor penetración de renovables en los mercados de futuros de electricidad indican que España tendrá precios inferiores a Francia y a Alemania en 2022 y 2023.


La inflación se ha instalado en el actual proceso de recuperación. En el mes de agosto los precios subieron un 3,3% en nuestro país, situación común a otras muchas economías desarrolladas. El pasado julio en la zona euro la inflación alcanzó el 2,2%, el nivel más elevado desde octubre de 2018, y pese a que los precios no se han acelerado tanto como en Estados Unidos (5,4%), la inflación sí viene superando mes a mes el promedio de sus socios europeos. Son diversos los efectos colaterales de mantenerse en el tiempo, y aunque los bancos centrales tienen la esperanza que se superen, podrían lastrar la economía española al reducir el poder adquisitivo a los trabajadores públicos y privados, dañar el consumo, gravar la factura de las pensiones y erosionar la competitividad de las empresas.


La subida salarial pactada en los convenios colectivos de trabajo se situó en el 1,56% en julio, por debajo del IPC, según datos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento salarial está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, pactado por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, que planteaba subidas salariales superiores al 2% y que aún no ha sido renovado para 2021. Ante el rebrote de la inflación se requiere tener claro que la recuperación no puede darse con una nueva devaluación salarial, por ello es necesario actualizar el SMI en 2021 y proteger la evolución de los salarios en las actividades públicas y privadas, junto con la garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Toni Ferrer