Editorial: La Economía va bien, según a quién preguntes

El legítimo ejercicio de decir lo que se piensa es tan saludable como hacer deporte. Es agotador, sí, como el ejercicio físico, pero según los facultativos estimula el organismo y se duerme mejor. También se corre el riesgo de lesiones, pues siempre habrá quién nos pongan una zancadilla o la etiqueta de “enemigo”. El Comité de Redacción de Tribuna Socialista venimos practicando esta disciplina desde que iniciamos la actividad en julio de 2005, y lo hacemos como un deporte de equipo, debatiendo cada editorial que firmamos. En TS-140 queremos poner el foco en la situación económica.

El Gobierno de coalición resalta y pone en valor lo bien que va la economía: el IPC se ha moderado al 5,7% “el más bajo de Europa”; la tasa de paro es la de las más bajas desde que hay registros; la temporalidad ha caído en picado; tenemos los precios de energía, gas en particular, más bajos de la UE…

Todo eso que se dice y se publica es cierto, los datos son irrefutables. No obstante, como decía Gila: “depende de con quién lo compares”.

En relación con el IPC(1), en 2021 se impuso el IPC medio, 3,08%, para la revalorización de las pensiones y para las comparativas con el incremento salarial, cuando el IPC interanual a diciembre fue del 6,5%. Este año que ha terminado, el IPC medio se ha situado en el 8,39%, sin embargo, se toma de referencia el interanual a diciembre que ha sido del 5,7%.

Las Pensiones contributivas, que representan el 95% de todas las pensiones, se revalorizaron para 2022 con un 2,5%, cuando debieran haberse revalorizado con el 6,5%, acorde al IPC de diciembre. Por lo que las pensiones contributivas arrastran un déficit del 4%. Para 2023, la revalorización aprobada por el Gobierno para las pensiones contributivas es del 8,5%, parejo al IPC medio del año pasado, por tanto, siendo una medida positiva motivada por la movilización del movimiento de pensionistas del 15 de octubre, se arrastra una pérdida de poder de compra del 4%. Sin olvidar la pérdida de poder adquisitivo de los años en los que el PP impuso el incremento de las pensiones con un mísero 0,25% (de 2014 a 2017 ambos inclusive).

Por su parte, los salarios se incrementaron en promedio el 1,47% y el 3,24%, en 2021 y 2022 respectivamente. Esto supone una pérdida acumulada, en estos dos últimos años, del 7,54%. Comparando el incremento con el IPC de diciembre, que es el que el Gobierno está utilizando este año.

Hay que señalar, pues ahí el foco alumbra con menos intensidad, que el IPC de la cesta de la compra: Alimentación y bebidas no alcohólicas, se ha situado en el 15,7%, prácticamente tres veces el IPC interanual y el doble que el IPC medio. Esto vale para salarios y para pensiones. Para evitar este juego de IPCs; entre interanual, subyacente, medio… habría que aplicar el mismo principio que se utiliza en derecho penal: “la condición más beneficiosa”, en este caso para el ciudadano. Como veremos a continuación esta propuesta no es descabellada, a la vista de los beneficios empresariales.

Para la clase empresarial la economía va muy bien, aunque no lo reconozcan. Los beneficios de las 35 empresas que componen el Ibex, se estiman en 56.321 millones de euros, al cierre de 2022, a expensas de que las empresas hagan públicos sus beneficios al cierre del 4º trimestre de 2022. Banco Sabadell ya ha declarado que, en 2022, ha obtenido un 62% más de beneficio neto que en el ejercicio anterior.

Un dato que orienta sobre la lujuria en la que está instalado el mercado libre, libre según para quién, es la remuneración de un banquero (no confundir con un bancario) del Banco Santander que en 2021 percibió una remuneración de 14,6 millones de euros; dato aportado por la Asociación Española de Banca (AEB). Alguien puede argumentar que esto es anecdótico, pero estaría mintiendo, pues la “anécdota” beneficia, al menos, a 221 directivos del sector financiero, que cobran más de 1 millón de remuneración cada año, según la misma fuente, la AEB. Por ejemplo, la señora Botín, presidenta del Banco Santander percibió en 2021 (aún no hay datos del 2022) 12,29 millones de euros, un 23% más que antes de la pandemia. El consejero delegado del BBVA, el Sr. Álvarez tuvo una remuneración de 9,16 millones de euros y el presidente de Caixabank, el Sr. Goirigolzarri, dobló la remuneración que tenía en Bankia, al pasar de cobrar en torno a 800.000 euros al año, cuando Bankia era de propiedad pública, para percibir en 2021 1,7 millones de euros. Remuneraciones que no incluyen las aportaciones a los Fondos de Pensiones.

Estos datos son de estos años de pandemia y crisis. Datos que no permiten pensar más que el alza desmesurada de los precios tiene la finalidad única de saquear los bolsillos de la clase trabajadora para cebar las cuentas de una minoría social privilegiada. Una vergüenza, en definitiva, porque esos beneficios salen del incremento de los precios de los productos básicos.

La lujuria económica no está instalada solo en el sector financiero. Se estima que las empresas de la energía también han obtenido beneficios multimillonarios: Iberdrola 12.825 millones de euros, Repsol 6.033. O las de telecomunicaciones, como Telefónica, con un beneficio estimado de 12.815 millones de euros. Los presidentes de estas empresas obtuvieron remuneraciones estratosféricas, en 2021: el señor Galán, presidente de Iberdrola, se embolsó 13,2 millones de euros, el Sr. Brufau, presidente de Repsol, obtuvo una retribución de 2,77 millones de euros y el presidente de Telefónica, el Sr. Álvarez Pallete, percibió 1,92 millones de euros.

El Banco de España ha hecho público que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios. ¿Solo 7 veces? Teniendo en cuenta que, según el INE, el salario mediano en España en 2021, mismo año de las cifras dadas respecto a las remuneraciones de los altos directivos, fue de 1.757,4 € brutos. Según esto, los percibido por el presidente de Iberdrola supone 626 veces el salario mediano de los trabajadores y trabajadoras, y la remuneración de la señora Botín supone 583 veces dicho salario mediano.

En una cosa tiene razón la ministra Belarra, cuando llama “capitalistas despiadados” a los propietarios y directivos españoles, y pone de ejemplo a Juan Roig, presidente y propietario de Mercadona – este señor tuvo un sueldo bruto de 10,65 millones de euros en 2021-. Si tomamos el Convenio Colectivo de Mercadona, veremos que el grupo profesional mejor pagado es el de “Gerentes y Coordinadores”, con un sueldo base mensual de 1.643,35, es decir que el Sr. Roig, ese que tanto se ha ofendido por las palabras de la ministra, gana 540 veces más que la media de los mejor pagados de su empresa. En lo que no tiene tanta razón la Sra. Belarra, o habría que matizar, es en que solo señala a los capitalistas despiadados, como si hubiese un capitalismo no despiadado.

Por otra parte, en relación a los datos de empleo, es indudable que las estadísticas de temporalidad han mejorado, en el sentido de que con el cambio legal en la última reforma laboral, la que no derogó los aspectos más lesivos de las reformas de 2010 y 2012; al derogar el “contrato de obra o servicio” y flexibilizar, es decir, ampliar las posibilidades de uso del “contrato fijo-discontinuo” la temporalidad ha caído de forma muy significativa, al haberse reducido un 5%, respecto a 2021.

El número de parados, con datos de la EPA a cierre del 4º trimestre de 2022, se ha situado en 3.024.000 (12,9%), lejos del 1.927.600 (8,60%) que arrojó la EPA al final de 2007, mejor dato de paro previo a la citada crisis. El empleo de los jóvenes menores de 25 años tampoco ha ido bien, pues el paro juvenil ha subido del 31,2% de 2021 al 32,3% en 2022.

Hay un dato que quizá nos dé una imagen fidedigna de la situación del empleo en nuestro país, como lo es el número de horas trabajadas semanalmente, dato que el INE desagrega por trimestres. Según esta fuente, la media de horas trabajadas semanalmente, por los y las asalariados, en 2008, fue de 547.787.300, mientras que la media de los tres primeros trimestres de 2022 ha sido de 521.109.100, un 4,87% inferior al primer año de la gran crisis de lo que va de s. XX. ¿Se puede decir que hemos salido de la crisis de 2008? La mayoría de la sociedad no.

El último informe que publicó el INE, en junio de 2022, en base a los datos de 2021, el riesgo de pobreza se ha incrementado hasta el 27,8%, casi un punto más respecto a 2020, cuando el riesgo era del 27%.

Podríamos analizar otros factores e índices, pero ya no sería una editorial sino una tesis, y no es nuestra intención desarrollar un documento excesivamente extenso. Con los datos analizados, podemos sacar al menos tres conclusiones objetivas:

  • Los salarios y las pensiones están perdiendo poder adquisitivo.
  • La inflación no se justifica, en un porcentaje muy importante, con el alza de los carburantes y/o la energía, sino con el incremento de los márgenes de beneficio de las grandes empresas y grupos empresariales.
  • Los datos estadísticos de empleo han mejorado, pero aun no se ha recuperado el nivel de empleo ni de horas trabajadas previo a la crisis económica que el mercado libre desató en 2008.

Y alguna conclusión política:

  • Están muy bien la ayudas y medidas que el Gobierno viene tomando, pero es evidente que esas medidas paliativas y transitorias no resuelven los graves problemas estructurales que generan pobreza entre las asalariados y asalariados.
  • Que no es posible hablar de pactos de rentas, no de hecho ni de derecho, con una clase empresarial avariciosa y despiadada.
  • Que es necesario defender las rentas del trabajo, no solo en el salario directo (los sueldos), también el salario diferido (las pensiones) y el salario indirecto (los servicios públicos: Sanidad, Educación y Dependencia.

Fuente: INE

Editorial: La inflación también es un arma

Europa está revuelta no solo por la guerra en Ucrania, hay armas que matan de pobreza, como la carestía de la vida, que afecta a todos los países del continente. Nuestro país cerró 2021 con una tasa del riesgo de pobreza o exclusión social del 21,7%. Seis meses después, la cifra a cierre de junio ha crecido hasta el 27,8% (Fuente: INE). Esto significa que 13 millones de personas se encuentran en esta lamentable situación.

En otros países del continente las cosas no son diferentes, salvo en la resistencia activa de la mayoría social y en particular de los trabajadores y trabajadoras.

Estos meses atrás, en Gran Bretaña han ocurrido más cosas que la muerte de Isabel II y las fastuosas idas y venidas de su féretro. Incluso cuestiones que, aunque no se relacionan, están vinculadas con la grotesca situación que vive el partido conservador en el Gobierno. Nos referimos a la huelga del transporte ferroviario que tuvo lugar el pasado 21 de junio, la mayor de los últimos 30 años, seguida por más de 40.000 trabajadores. Boris Johnson dijo al sindicato de ferroviarios, RMT, que: “a pesar de la huelga, los planes de reforma del transporte ferroviario seguirían adelante”, además de amenazarles con contratar trabajadores de agencias (lo que en España conocemos como ETTs). Sin saber, en aquel momento, que quien no seguiría adelante sería él. A las movilizaciones se sumaron los trabajadores del Metro de Londres. La huelga afectó a las estaciones ferroviarias de Inglaterra, Escocia y Gales y a la capital del reino.

Se reivindicaba que los sueldos se incrementen en el mismo porcentaje que el coste de la vida, contra las reducciones de personal, la eliminación de las oficinas de expedición de billetes y contra la decisión del Gobierno de quitar la financiación de la red metropolitana londinense.

El 31 de agosto fueron los trabajadores del servicio postal, Royal Mail, convocados por el sindicato CWU, quienes paralizaron la actividad. Estaban llamados a la huelga más de 100.000 trabajadores, y los motivos coincidían con los trabajadores ferroviarios en la reclamación de incrementos salariales iguales a la inflación.

Como los ferroviarios y los trabajadores del correo, los estibadores de Felixstowe: en el puerto de carga más grande de Gran Bretaña, el 26 de agosto se inició una huelga de 8 días, para exigir subidas salariales.

Otros sectores se echaron a la calle y pararon la actividad: los camioneros se aseguraron aumentos salariales del 20 %, los trabajadores del aeropuerto de Gatwick ​lograron el 21 % de incremento y los de la aerolínea British Airways, consiguieron el 13%.

Además de las bravuconadas del penúltimo jefe del Gabinete británico, el Gobierno reaccionó con cambios legales que significan el retroceso de, al menos, un siglo en los derechos de movilización y huelga de los trabajadores; facilitando a las empresas el uso de personal temporal (los llamados “esquiroles” en España), lo que hasta este año era considerado un delito. La represión contra los sindicatos toma su forma en la posibilidad de ser juzgados por “huelga ilegal”, con multas que podrían ser de 250.000 a 1 millón de libras (285.000 a 1.140.000 euros).

Al mismo tiempo que han tenido lugar estas expresiones de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, se desarrolla en todo el país un potente movimiento contra la guerra, o sea contra la implicación directa del gobierno británico que se ha convertido, después de Estados Unidos, en el principal proveedor de armas y de entrenamiento de los soldados ucranianos. Estar en contra de la Guerra no es compatible con alimentar la guerra con armas.

La situación en Francia no es diferente, el pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en París, con cerca de 140.000 asistentes, que finalizó en la emblemática plaza de la Bastilla. ¿Los motivos? Son idénticos a los de las movilizaciones de los trabajadores británicos: contra la carestía de la vida, salvando las formas y ritmos de las movilizaciones.

Desde el 27 de septiembre se mantiene el conflicto en las refinerías francesas, con una huelga en la que los trabajadores exigen un 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.

La reacción del Gobierno de Macron ha sido similar a la de Gobierno británico: Obligación administrativa de retorno al trabajo, la requisición. O lo que es lo mismo: la anulación del derecho a huelga.

El martes 18, más de 150.000 personas se manifestaron en Marsella, Burdeos, Lyon, Montpellier, Reims, Rouen, Amiens, Lille, Poitiers, Orléans y Estrasburgo. No solo trabajadores de las refinerías. También trabajadores de la Enseñanza, del sector agroalimentario y los comercios por un reparto justo de la riqueza y un aumento salarial. Los manifestantes llamaron a respetar su derecho a la huelga. Quebrar este derecho, es lo que ha hecho el Gobierno finlandés en el mes de septiembre, como es lo que se hace en España, por la vía de los servicios mínimos abusivos o apelando al artículo 172 del Código Penal, una vez que el 315 fue derogado.

Podríamos poner otros ejemplos de movilizaciones en otros países de Europa, por los mismos motivos o parecidos, excepto en España. No porque la carestía de la vida en nuestro país sea más baja que en Francia o Gran Bretaña, ni en otros países de nuestro entorno; la media del IPC en la Zona Euro estaba en mayo del presente años en el 8,8%.

Tampoco se puede achacar a que no hay problemas sociales y laborales. De hecho, según datos del INE, las jornadas de huelga en España se han incrementado en el periodo enero/agosto en un 25,61%, comparado con el mismo periodo de 2021.

Los trabajadores de Vueling, compañía aérea con sede en Barcelona, irán a la huelga los viernes, domingos, lunes y festivos durante los tres próximos meses, hasta el 31 de enero, en demanda de incrementos salariales que revaloricen sus salarios por encima del IPC. Como ellos, los trabajadores de Renfe irán a la huelga los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Otros sectores están en conflicto, como las trabajadoras de la limpieza en cuatro provincias de Castilla La Mancha; los trabajadores y trabajadoras de diferentes servicios sanitarios de Madrid, como los de las Urgencias de Atención Primaria, son solo ejemplos de los cientos de empresas y decenas de sectores en lucha.

Las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, el 15 de octubre o las del 22 del mismo mes, en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, demuestran que hay motivos para la movilización y que los trabajadores y la ciudadanía en general tiene predisposición a luchar por defender sus derechos, solo falta la voluntad de organizar la movilización, por parte de quienes tienen capacidad para ello. Los groseros beneficios que están anunciando las principales empresas españolas justificarían por sí solos dicha movilización.

En la siguiente tabla y en la gráfica que la representa, podemos extraer, a simple vista, dos conclusiones, entre otras: una, que la inflación comienza su ascenso antes de que Putin invadiese Ucrania, por tanto, la guerra no lo justifica todo. Y la otra, que si en otros países la clase trabajadora está movilizada en defensa de su sustento, contra la vida cara, en España hay más motivos.

La inflación en buena medida provocada no solo solo favorece a las grandes empresas, sino que podemos decir que es la traducción de la política de guerra en el terreno social, como se dice popularmente es «el impuesto a los pobres».

La Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social es la clave

El tema de las pensiones es complejo, y más aún cuando hay intereses espurios a los sistemas públicos de pensiones sobrevolándolos como carroñeros.

El pasado 15 de octubre tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación, convocada por la asociaciones y plataformas de pensionistas, entre otras COESPE. Son las asociaciones que nacieron contra las reformas de pensiones de 2011 y 2013, en particular contra la devaluación de las pensiones sufrida entre los años 2013 y 2018, aplicada por los gobiernos del PP, siendo presidente el Sr. Rajoy; devaluación provocada por la aplicación del ripio 0,25% anual. A la manifestación de mediados de mes de octubre en Madrid acudieron más de 40.000 personas, llegadas de la práctica totalidad de los territorios que componen el Estado.

La movilización estaba convocada, entre otras reivindicaciones, para:

  • Exigir que salarios y pensiones se revaloricen, como mínimo, con el IPC
  • Rechazar la reforma de las pensiones por la que se ampliaría, el número de años, de 25 a 35, para hallar la Base Reguladora.
  • Que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social

Quiero centrarme en la cuestión de la Auditoría, pues es la clave para la defensa del Sistema Público de Pensiones, sin que esto signifique que las demás reivindicaciones no son de importancia.

En primer lugar, hay que señalar el valor de las movilizaciones que los mencionados colectivos de pensionistas vienen llevando a cabo desde hace más de 9 años, pues lo que en la manifestación de octubre del pasado año 2021 era una reivindicación, la Auditoría, hoy es un derecho de los pensionistas, y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y una obligación del Gobierno que ha asumido en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, en su Disposición Adicional Sexta:

En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Como podemos ver, los plazos se le han “olvidado” al Gobierno y por eso hay que refrescarle la memoria.

En segundo lugar, la Auditoría es una necesidad para el Sistema Público de Pensiones. La reivindicación se apoya en el Informe que emitió el Tribunal de Cuentas en 2020; según el cual:

El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe del Tribunal de Cuentas del Estado abarcó el periodo 1989 a 2018. Si nos fijamos en la Ley 21/2021, mandata al Gobierno a encargar una Auditoría que abarque el periodo 1967 a 2019. Cabe preguntarse: Sí en 29 años el Estado le debe 103.000 millones a las Pensiones Públicas, ¿cuánto debe de 51 años? ¿y si además el Tribunal de Cuentas contase con toda la información para establecer la cuantificación completa?

En mi opinión, es muy grave que el Tribunal de Cuentas del Estado diga por escrito en un informe que no ha contado con “toda la información para la cuantificación”.

Desde el punto de vista económico se termina con el mantra, establecido por “los mercados” y sus agentes a sueldo, de que las pensiones no son viables o que el sistema está quebrado.

En tercer lugar, políticamente, la Auditoría, pondrá al descubierto que ha habido una continuidad, desde el franquismo a nuestros días, en el uso indebido del dinero de las pensiones, por todos los gobiernos.

Estos tres elementos: que la movilización si tiene efecto, a condición de que sea de verdad y no una simple formalidad de cara a la galería; que cuando el Estado devuelva el dinero que le debe a la Seguridad Social, quedará despejada la duda (sembrada con mala intención) sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; y que se dará un gran paso en transparencia, respecto al manejo del dinero de los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.

El dinero de las Pensiones Públicas no proviene de los impuestos: Es la parte del salario que el trabajador y el empresario aportan para la pensión. Por tanto, continuemos luchando por la defensa de lo que es nuestro.

Roberto Tornamira

Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coordinadora Estatal del CATP

Fiscalidad: Que contribuya más el que más tiene Fiscalidad

Es las épocas de “vacas flacas” es cuando más se notan las diferencias entre las políticas fiscales progresistas y las liberales, las de izquierda y las de derecha. Los impuestos son las aportaciones de los ciudadanos por diferentes conceptos (renta, patrimonio, bienes inmuebles, vehículos…). Su recaudación permite aplicar polítcas públicas. Una de las características de las políticas socialdemócratas es la aplicación de una fiscalidad que permitas quién más tiene aporte más para cubrir las necesidades de todos, especialmente, de los que menos tienen. Las políticas liberales, al revés, aplican bajadas de impuestos, especialmente a las rentas más altas con el objeto de reducir el peso de las políticas públicas y privatizar todo lo privatizable generando negocio privado para los suyos.

Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid eleva la desfachatez fiscal a su enésima potencia, no solo baja los impuestos a los más ricos, sino que además, el dinero público recaudado lo utiliza para favorecer a las rentas más altas. El anuncio de la creación de becas al estudio para los hijos de famílias bienestantes que van a colegios privados en detrimento de más dinero público para la sanidad y educación públicas son un buen ejemplo.

Pero el mes de septiembre ha estado cargado de noticias relacionadas con la fiscalidad, especialmente con la competencia o competitividad fiscal que las autonomías gobernadas por el PP están anunciando sobre el Impuesto de Patrimonio. Madrid fue la pionera, ahora Andalucía y Galicia anuncan exenciones o rebajas del impuesto de Patrimonio, es decir bajadas a los más ricos. Esta estrategia de competir en bajadas de impuestos a los más ricos es una clara declaración del objetivo de estos gobiernos autonómicos: reducir las políticas públicas a su mínima expresión y atraer las rentas más altas. Políticas para ricos.

Pedro Sánchez ha censurado esta medida de «competencia fiscal a la baja” y ha dicho que “Lo importante es fortalecer el Estado del Bienestar, que nos defiende frente a adversidades como la pandemia”.

Por otro lado, el impuesto a las energéticas y la banca, así como el nuevo impuesto que se ha anunciado sobre las grandes fortunas, son medidas que se orientan a que contribuya más el que más tiene, pero que deberían aplicarse no temporalmente, sino de manera estructural.

En Europa también cuecen habas. La primera medida que ha anunciado la flamante nueva ministra conservadora, Liz Truss es reducir los ingresos del Estado, rebajando varios impuestos, por lo general a las rentas más altas, en un total de 55.000 millones de euros para reactivar la economía. La laborista Rachel Reeves, en la oposición, dice que esta es la estrategia para favorecer a los ricos para que su gasto llegue a los más pobres.

En el primer mandato de Macron en Francia ya se han aprobado importantes rebajas fiscales a las clases más pudientes, con la supresión parcial del impuesto sobre la fortuna o disminuyendo del 45% al 30% la tasación máxima del capital. Ahora, el segundo mandato se ha iniciado con el anuncio de los superbeneficios de las grandes multinacionales en Francia, ante los que el gobierno Macron se niega a gravar fiscalmente, de forma contratria a lo que exige la oposición de izquierdas, Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) que reclama un impuesto ante tan descomunales beneficios, mien- tras los servicios públicos se están deteriorando a la velocidad de la luz

El debate ideológico por la fiscalidad no es cualquier cosa. Los servicios públicos que deben garantizar la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, está en juego. Defender hoy los impuestos puede parecer impopular, pero los impuestos son necesarios. Eso sí, justos. Que sirvan para redistribuir la riqueza que se genera en beneficio de toda la población. Unos impuestos que obliguen a que el que más tiene contribuya más, para cubrir las necesidades de quien menos tiene.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

¿El fin de la abundancia? ¿de qué abundancia hablamos?

Hace unas semanas, en una intervención solemne en la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente francés, Emmanuel Macrón, afirmó que habíamos llegado al fin de la abundancia. Ante el contexto actual de escasez de bienes y suministros de primera necesidad, Macrón apelaba a evitar el derroche. ¿qué derroche?

Hace mucho tiempo que ni franceses, ni españoles, ni italianos, griegos o alemanes podemos permitirnos malgastar ni despilfarrar porque vivimos al día. La pobreza se ha extendido a más población, y la vulnerabilidad energética y económica no solo sacude los bolsillos de quién no tiene un empleo, sino también los bolsillos de trabajadores asalariados, autónomos y pensionistas que ven que sus ingresos actuales no bastan.

Nadie sabe a ciencia cierta si a lo que Macrón llama “abundancia” es, en realidad, el “estado de bienestar” que lleva años en franco retroceso.

Sería bueno que Macrón recordara que quien se ha llevado las fábricas a Asia para abaratar costes (y salarios) no han sido los trabajadores europeos, sino las direcciones de las empresas multinacionales que están dejando un gran reguero de destrucción productiva y de creciente desempleo.

Sería bueno que Macrón recordara que quién ha asfixiado hasta la extenuación a la clase trabajadora de viejo continente han sido las políticas neoliberales y austericidas, con las que la clase trabajadora ha pagado los excesos y las burbujas del poder financiero internacional.

Antes de pedir nuevos sacrificios a la clase trabajadora, haría bien Macrón en reconocer que ni las privatizaciones del sector público, ni los recortes en pensiones y en derechos de la clase trabajadora han servido para apaciguar a los hambrientos mercados, pero sí para precarizar las economías familiares de quien no tiene más sustento que el fruto de su trabajo.

Harían bien Macrón y todos los líderes europeos en reconsiderar si las políticas energéticas e industriales de Europa se han ajustado a las necesidades de los europeos. Harían bien en reconsiderar que la dependencia energética del gas ruso, argelino o estadounidense no son las soluciones de los europeos necesitan ni las fábricas europeas necesitan.

Haría bien Macrón en concretar la definición de la abundancia de la que anuncia el final, porque como ya le ha advertido el Secretario General de la CGT francesa, no hay trabajadores, en ningún país europeo, que naden en la abundancia.

Habrá que preguntarle a Macrón si “el fin de la abundancia” es consecuencia del seguidismo a la política militar expansionista de estados unidos y la OTAN,

con tanta responsabilidad sobre la escalada de provocaciones que han dado lugar a la guerra como culpa tiene Putin y sus oligarcas, por ser el primero en condenar a su pueblo y al ucraniano a una guerra fraticida.

Habrá que preguntarle a Macrón si por abundancia se refiere a llevar una vida digna y normal, mediante la que las personas puedan tener un frigorífico, una lavadora, calefacción y poder acceder a alimentos saludables.

Habrá que preguntarle a Macron si el fin de la abundancia es un nuevo ataque a los derechos y conquistas sociales de los trabajadores en Europa, fundamentalmente en coberturas sociales como las prestaciones por desempleo y las pensiones, o la educación o la sanidad.

El anuncio del fin de la abundancia está provocando que la población tome conciencia de que Rusia se había convertido en el granero del mundo y principal proveedor de Gas a centroeuropa, y China en la fábrica del mundo, y que las políticas europeas no han hecho otra cosa que facilitarlo.

La escasez de componentes para el sector de la automoción y materias primas para la industria, el encarecimiento de las energías y combustibles y con él, el encarecimiento de todos los productos, especialmente los de primera necesidad, no son consecuencia de la guerra sino consecuencia de años de destrucción de la otrora Europa social.

La vil invasión de Putin a Ucrania ha acelerado las consecuencias de las políticas liberales y austericidas de Europa, poniendo al descubierto el desabastecimiento energético, que pone en peligro la producción industrial, aumenta los costes de distribución y deja en situación de pobreza energética a varios millones de europeos, generando una inflación que la clase trabajadora no puede permitirse durante mucho tiempo.

La verdadera caracterización de la guerra es el dominio económico de los “mercados”, principalmente el mercado europeo del gas, codiciado por las empresas estadounidenses que ven como su gas licuado, obtenido mediante la técnica del Fracking se configura como la gran solución para evitar el desabastecimiento de energía en Europa, y el colapso industrial. De momento, EEUU ya ha desbancado a Argelia como primer suministrador de gas licuado a España, y Europa se debate entre traer ese gas a través del Midcat o a través de un nuevo gaseoducto que atraviese desde España hasta Italia. Eso sí, en cualquier caso, el gas americano siempre será más caro que el gas ruso, algo que los empresarios alemanes están comenzando a cuestionar. Dice el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores, y aquí hay unos pescadores muy interesados en que el río continúe revuelto.

Si el fin de la abundancia es el fin del estado de bienestar, me temo que ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en ningún país, la clase trabajadora va a estar de acuerdo con ese final.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

¿Gobernar sin ideales?

A pesar de mis setenta y siete años cumplidos, sigo siendo un poco iluso, toda mi vida, especialmente esa parte donde mi implicación política fue mas directa y activa, he sido catalogado como “utópico”, por la mayoría de las personas que me rodearon, mi mujer y mis hijos lo llevan con resignación, pero lo curioso es que las mayores confrontaciones e incomprensiones por mi utopía, las he sufrido siempre de quien en teoría menos se debería de esperar, de mis propios compañeros de ideología.

Ideología, eso que cada vez existe menos en la política actual, ideología que en los grupos de la derecha nunca existió, pues básicamente sus actos están dirigidos e inspirados desde siempre, por cuestiones exclusivamente macroeconómicas y la finalidad de su empeño, es siempre la de aumentar los dividendos de las empresas que manejan a la sociedad, este hecho, que viene siendo así desde que el ser humano abandono el trueque y se inventó la moneda, era propio de la sociedad conservadora, y también de la que se hizo conservadora, al conseguir el espejismo de unas mininas comodidades ficticias, que quiso conservar ante los compañeros que aún no las tenían.

Pero desde que los socialistas, tuvimos la desgracia de tener que gobernar nuestro país con mayoría absoluta, nuestra derechización ha sido constante y progresiva, perdiendo una tras otra, nuestras señas de identidad que nos diferenciaban, justamente por esa utopía que era la persecución de una sociedad justa.

Perdimos el pudor, cada vez éramos mas sumisos a los caprichos del Capital, cada vez nuestros ideales se difuminaban, con una desvergüenza que nunca antes habia sido propia de un socialista.

Una y otra vez, sucumbíamos a los caprichos de las multinacionales, asumiendo sus premisas que imponían sus brechas sociales, aun sabiendo que eso iba en contra de nuestros planteamientos éticos y morales, que cada vez son menos éticos y menos morales.

A día de hoy, el retroceso de las clases sociales más débiles, es cada vez mas evidente, pues a la falta de socialización de nuestros dirigentes, se unen una serie de crisis económicas y sociales que nos golpean una y otra vez, lo que crea un caldo de cultivo ideal, para en crecimiento desmesurado de la extrema derecha, que esa si que tiene unos ideales muy claros además de los económicos y son los facticos, con los correspondientes recortes de derechos y sometimiento de las clases mas desfavorecidas.

Hoy gobierna nuestro Partido, pero son escasas las señas de identidad socialista, que de sus decisiones se desprenden, evidentemente con la “ayuda”una Izquierda tan fragmentada de forma tan irreconciliable, que lo único que consigue es el regocijo de la derecha, que espera ansiosa nuestra total descomposición, para entrar a destruir esos pocos logros sociales, que tan lentamente con tanta timidez se van consiguiendo.

Quizás nuestro presidente lo tenga claro, yo no, yo no tengo claro, porque hemos abandonado a los saharauis, entregándoselos sin miramientos a un monarca depredador, quizás nuestro presidente tenga claro, que lo mejor ante un conflicto es armarse hasta los dientes, aumentando el odio en lugar de fomentar el dialogo, yo desde luego eso no lo tengo tan claro, quizás él, también tenga claro, que a los que huyendo de guerras en el cono africano, intentan llegar a nuestro país buscando una vida, se les asesine y masacre en colaboración con el Monarca Alauí

.

Se que es complicado gobernar con ideales, teniendo que contentar a tantos socios, que a pesar de presumir de tendencia social, solo están a nuestro lado como carroñeros, esperando satisfacer las pretensiones que no conseguirían nunca de otra forma, pero mi pregunta es ¿vale realmente la pena humillarnos destruyendo nuestros principios?, sabiendo que estamos destruyendo o colaborando a la destrucción de nuestro tejido social.

Querido presidente, querido compañero, ¿no crees que gobernar sin ideales lo hacen mejor los que hoy en la oposición esperan tu caída?, diferénciate de ellos, recupera nuestros principios, recupera nuestra ética, olvida eufemismos “socialdemócratas” y vuelve al socialismo real, esa es nuestra seña de identidad, nuestro espíritu, no es adquirir y conservar, lo nuestro, lo realmente socialista, es compartir equitativamente.

¡¡SI SOY UTOPICO, Y ESPERO SERLO MIENTRAS EL UNIVERSO ME MANTENGA COMO HUMANO PENSANTE!!

Paco Ascón
Xares, 15 de Julio de 2022

Sindicalistas en Defensa de las Pensiones

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018(1), en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.

Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

  1. https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

EL EMPLEO Y LOS SALARIOS DESPUÉS DE LA REFORMA LABORAL

Por Toni Ferrer

La reforma laboral está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, excepto algunos supuestos que entraron en vigor a partir del 30 de marzo de 2022, como los cambios en los contratos temporales y los formativos. La aplicación de la reforma laboral se está produciendo en un momento de complejidad y de dificultades para la sociedad y la economía española por los efectos de la pandemia de la Covid-19 y su desarrollo coincide con el descontrol de los precios iniciado el pasado año y agravado por la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania.

Durante la crisis de la pandemia el Gobierno PSOE-UP ha puesto en marcha un conjunto de medidas, acordadas a través del diálogo social, para proteger la salud, mantener el sistema productivo y el empleo y extender la protección social: Los ERTE y las prestaciones por desempleo y la prestación extraordinaria para los autónomos, las ayudas a las empresas mediante créditos del ICO o el IMV para las personas más vulnerables. Con el apoyo del plan europeo de respuesta a la crisis Netx Generetion que ha posibilitado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contiene las inversiones y las reformas, entre las que se encuentran la Reforma Laboral, la reforma de la Formación Profesional y también las reformas de las Políticas Activas de Empleo o la futura la ley de Empleo.

Ante los efectos de la guerra de Ucrania el Gobierno de Coalición ha aprobado un plan de choque, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y sociales para apoyar a los colectivos más vulnerables (se aumentan las cuantías del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. Se prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.

Los primeros resultados de la reforma laboral se corresponden con los primeros meses de su entrada en vigor, aun parcial, y coinciden con la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, del primer trimestre de este año. Son de reseñar, entre otras, los siguientes datos: el total de personas ocupadas alcanza los 20.084.700 y el de desempleadas, situada en 3.174.700, la tasa de desempleo es del 13,65%, lo que supone 32 centésimas más que en el trimestre anterior. La tasa de paro actual es menor a la registrada antes de la pandemia de la COVID, en los últimos 12 meses el empleo ha crecido en 878.000 personas (406.300 hombres y 471.700 mujeres), a un ritmo del 4,57% y aceleró respecto al cierre de 2021 (en el cuarto trimestre de 2021 era del 4,4%). Destaca el aumento del trabajo indefinido frente al temporal, que hace caer la tasa de temporalidad por debajo del 25%, a un 24,2%.

La Seguridad Social, en el mes de abril, ha superado los 20 millones de afiliados, y según el registro de contratos del SEPE desde primeros de año el número de contratos indefinidos ha venido aumentando progresivamente y superando las cifras históricas del registro. En enero se alcanzaron el 15% del total de los contratos, antes de la reforma la media mensual era de alrededor de un 10%, febrero subió al 22%, marzo llegó al 31% y en abril, primer mes de vigencia plena de la reforma laboral, se alcanzó un 48,7%.

En abril se puede observar como la nueva cultura de la contratación laboral basada en la estabilidad y la reducción de la temporalidad injustificada se va asentando y es llamativo como en las actividades que inicialmente manifestaron más dudas sobre la idoneidad de la reforma para sus sectores es donde más se está impulsando la contratación indefinida, ya sea tanto a tiempo completo como a través de los fijos discontinuos o a tiempo parcial. En la agricultura la contracción indefinida se extiende hasta el 50%, en la construcción al 74%, en los servicios llega a un 48% y en la industria representa un 34%.

Del total de los 698,6 mil de los contratos indefinidos registrados en el mes de abril, lo que supone el 48% del total de los contratos registrados en ese mes, de ellos 413,9 mil fueron contratos indefinidos a tiempo parcial o de fijo discontinuo, representan el 60% del total de los indefinidos. También disminuyen los contratos de menos de una semana, antes de la reforma laboral estos contratos de corta duración llegaron a ser las 3/4 partes del total la contratación mensual ahora se han reducido a uno de cada cuatro contratos registrados, es un resultado directo de la cotización adicional de 27 euros por cada baja de contrato de duración inferior a un mes. Todo apunta que los contratos temporales se están sustituyendo por contratos indefinidos a tiempo parcial o de fijos discontinuos. Aún es pronto para anticipar conclusiones, pero la tendencia de incrementos importantes de la contratación indefinida se va consolidando de forma potente con las anteriores características.

Simultáneamente a este favorable comportamiento del empleo y la contratación la evolución de la negociación colectiva en 2002 está caracterizada por la alta inflación y por el fracaso actual en las negociaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC) que debía de orientar la negociación salarial. Los datos de los Convenios Colectivos, registrados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta abril recogen un incremento salarial pactado del 2,4% con una inflación general del 8,3%, a estas fechas se recogen 2037 convenios colectivos que afectan a medio millón de empresas y a 5,44 millones de personas trabajadoras. Los incrementos sectoriales son los siguientes: en la construcción un 3,15%, en la industria un 3,1%, en los servicios un 2,1% y en la agricultura un 1,8%.

El acuerdo salarial bipartito era la condición necesaria para una negociación posterior con el Gobierno de un posible pacto de rentas. Los sindicatos y las patronales han dado por rotas las negociaciones salariales para 2022 del V AENC, que está pendiente de renovar desde 2020. La diferencia relacionada con la cláusula de revisión salarial a resultado insalvable. Para los sindicatos las cláusulas de revisión son la garantía del mantenimiento de poder de adquisitivo de los salarios y deberían ser un contenido esencial de los convenios colectivos. El actual repunte de los precios está afectando muy negativamente a los hogares con bajos ingresos, la inflación subyacente del 4,4% bate récords en abril y ya es superior a la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el Salario Mínimo Interprofesional de 2022 (SMI).

CEOE y CEPYME han hecho públicas sus recomendaciones para la negociación colectiva de este año sin cifras de incrementos salariales concretas, sin cláusulas de revisión ante las desviaciones de los precios. Planean recuperar el PIB o EBITA como referencias para la “moderación salarial” que preconizan para garantizar la competitividad, y potenciar la negociación en base al salario variable y la productividad. A su vez hacen un llamamiento a utilizar las medidas previstas desde la reforma del PP de 2012 para la devaluación salarial, que dan poder a los empresarios para modificar las condiciones sustanciales de trabajo y para las inaplicaciones de los convenios, medidas que no han sido modificadas por la actual reforma laboral.

CCOO y UGT van a impulsar las negociaciones en los ámbitos sectoriales y en las empresas con el objetivo de acordar las cláusulas de revisión para proteger el poder adquisitivo ante la inflación. Ambos sindicatos anuncian que van desplegar con gran intensidad el desarrollo de la negociación colectiva, donde plantearán las propuestas realizadas en materia salarial efectuadas en las negociaciones del V AENC. Ante las situaciones de bloqueo prevén que la conflictividad laboral pueda aumentar mediante huelgas y otras movilizaciones. Para los empleados de las administraciones públicas el Gobierno anticipa en el Programa de Estabilidad, remitido a la Comisión Europea, mantener para este año la moderación salarial con una subida del 2% y para 2023 la revalorización se haría con la previsión de inflación para ese año.

¿Ha mejorado el empleo para los asalariados y asalariadas?

Se celebra con efusión los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero hay que bajar un poco la intensidad de los focos para evitar que nos deslumbren. Claro que los trabajadores deseamos que las cifras de empleo sean positivas, pero lo que en verdad queremos es que mejoren las condiciones de trabajo: salario, cantidad de horas trabajadas, cuantas veces pasa por el desempleo al cabo del año, que baje la siniestralidad…

Hay que aclarar que no es lo mismo hablar de los “afiliados” a la Seguridad Social que de “afiliaciones”; un mismo trabajador puede causar alta en la Seguridad Social varias veces al mes, como desgraciadamente ocurre por la rotación en el empleo.

Veamos algunos datos concretos para valorar en qué medida está mejorando el empleo:

La tasa de temporalidad al cierre del primer trimestre de 2022 ha sido del 24,2%, frente al 25,4 del 4º trimestre de 2021, es decir, que ha tenido un descenso del 1,2%, según datos del Instituto nacional de Estadística. Es un dato positivo, aunque es pronto para ver el efecto de la reforma laboral en materia de contratación. No podemos olvidar que continuamos doblando la tasa media de temporalidad que en la UE-2021 se cerró en el 13,2%.

También conviene tomar distancia en la lectura de los datos, pues la estacionalidad marca diferencias importantes en las cifras de empleo de un trimestre a otro, así como entre sectores.

La reforma laboral reciente ha cancelado el “Contrato de Obra o Servicio” y que ha flexibilizado el “Fijo Discontinuo”. Según esto, la previsión es que baje la tasa de temporalidad y se incremente la contratación indefinida. Sin embargo, lo que esperamos que cambie son los contenidos de las condiciones de trabajo, no solo los datos estadísticos.

Un parámetro que nos puede dar una imagen fidedigna de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo es la variación en el número de horas trabajadas, en cómputo semanal, por los asalariados.

Lo primero que nos dicen los datos de la tabla es que el número de horas trabajadas semanalmente, en el primer trimestre de 2022, no ha superado la cifra de horas trabajadas en el mismo trimestre de 2008. Y, que, respecto al frenazo económico provocado por la crisis sanitaria, comparando el 1er trimestre de 2019 y el del año actual, el incremento de horas trabajadas es de 762.700 horas semanales, lo que equivale a unas 19.067 jornadas completas de 40 horas, un incremento del 0,14%, no parece un crecimiento como para hacer una fiesta.

La grafica anterior representa la media trimestral anual, sin distinguir trimestres. Destaca que en 2013 las horas trabajadas cayeron aún más que durante el año 2020, el peor año de pandemia. Este dato cuantitativo hay que relacionarlo con la gran destrucción de empleo que provocó la reforma laboral de 2012, no derogada, cuyos efectos desembocaron en la mayor tasa de paro registrada en la historia de nuestro país, el 26,06% en el 2º trimestre de 2013. Aquella reforma laboral fue una tremenda operación para la transformación trabajo con derechos en empleo precario.

Por otra parte, y con una inflación desbocada, otro parámetro que hay que valorar para saber si el empleo mejora verdaderamente, es la pérdida o ganancia de poder adquisitivo de los salarios.

En el acumulado de estos doce años, los precios han crecido un 18,14% frente al 15,75% de los salarios, es decir, que la pérdida acumulada en este periodo es del 2,39%. Sin perder de vista que el diferencial entre inflación y salarios del pasado año 2021 fue de 5,08%. Las expectativas no son halagüeñas para los salarios, dado que el IPC de abril se ha situado en el 8,4%, mientras el incremento de los salarios pactados en convenio hasta el mes de abril es del 2,4%.

En el mismo periodo de años, de 2010 a 2022, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 633,3 € a 1.000 €; ha experimentado un crecimiento medio del 4,45% anual. Es un dato positivo, sin duda. La subida del SMI tira de los salarios hacia arriba, aunque no siempre se transforme en incrementos reales para los trabajadores y trabajadoras, por la absorción que muchos empresarios aplican a otros conceptos que no son el salario base.

Comprendo y comparto que los sindicatos, UGT y CCOO, se hayan levantado de la mesa de negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), ante las propuestas de la CEOE de una subida salarial para los tres próximos años del 8% (2,66% anual) y sin cláusula de revisión.

Hay que poner freno al trasvase de rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. El Gobierno debe intervenir en este desequilibrio, como en tantos otros que se están produciendo en perjuicio de los más débiles. No es posible esperar a que pasen las crisis, pues ya vemos como se encadenan una con otras. Para convencer a Gobierno y patronales solo cabe la movilización unida y coordinada de todos los sectores en conflicto.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario General de FeS-UGT-Madrid

INFLACIÓN, SALARIOS Y PODER ADQUISITIVO

La inflación afecta negativamente a las empresas y los hogares, genera incertidumbre sobre los salarios y los beneficios, reduce drásticamente las rentas y el ahorro, y puede frenar la inversión y la creación de empleo. Actualmente la inflación es un fenómeno global, el año 2021 marcó récords sin precedentes en las mayores economías. En España en el mes de marzo la inflación registro una tasa interanual del 9,8%, y la subyacente (sin los precios energéticos y los alimentos frescos) del 3,4%, un nivel de inflación desconocido desde 1985. Esta espiral inflacionista se inició hace un año originada por los problemas globales de las cadenas suministros industriales, la virulenta escalada de los precios de la energía y su traslado a los procesos productivos y de distribución, y todo ello se ha visto agravado por la invasión de Putin en Ucrania.

La economía global se ha enfrentado desde el inicio del siglo XXI a tres grandes crisis -la financiera de 2008, la covid-19 en 2020 y la guerra en Ucrania este año- con muchos problemas sin resolver todavía de la primera como la desigualdad y el aumento de la pobreza, aún estamos inmersos en la recuperación de los efectos de la pandemia del coronavirus y con una inflación desbocada a causa de la segunda y la tercera. En la crisis de 2008 se produjo una gran depresión y la deflación que hundió la demanda y aumentó enormemente el desempleo, en cambio actualmente estamos inmerso en proceso de descontrol de la inflación, y esta es fundamentalmente un fenómeno monetario por eso no sirven las medidas adoptadas entonces.

Fruto de las políticas económicas basadas en la austeridad, recortes del gasto público y la devaluación salarial impuesta con las reformas laborales autoritaritas, se provocó la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras y el aumento de las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística el IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad siendo cero la nula desigualdad y 100 la total desigualdad, ha pasado de 34,2 en 2012 a 32,1 en 2020, en 2014 alcanzó el 14,7, la reducción se produce coincidiendo con la ampliación de la cobertura por desempleo y las subidas del SMI del 31,8% realizadas por el Gobierno PSOE-UP entre 2018 y 2020.

Para afrontar los efectos de la invasión de Ucrania el Gobierno de Coalición ha puesto en marcha un conjunto actuaciones recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y para apoyar a los colectivos más vulnerables (se amplía la cobertura del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. A la vez se plantea acelerar las inversiones del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

En paralelo al Plan aprobado el Gobierno viene impulsando con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT un pacto de rentas para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021. La intención es que se deberían dar respuesta a tres temas fundamentales, en concreto, a abordar la evolución de salarios, de los beneficios y dividendos empresariales y las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. Los interlocutores sociales han manifestado su predisposición al pacto de rentas, que propone el Gobierno, para evitar una espiral inflacionaria si bien han manifestado algunas de sus demandas: los empresarios insisten en ampliar las ayudas a las empresas y se oponen a nuevas subidas de impuestos y los sindicatos plantean tres ámbitos de actuación: salarial, energético y fiscal, junto con mejoras en la protección social, porque consideran que solo un acuerdo salarial no es un pacto de rentas.

Según las estimaciones hechas públicas el impacto de la escalada inflacionista sobre las rentas podría situarse en el entorno de los 70.000 millones de euros por la reducción del poder adquisitivo de los salarios y los ahorros. En cambio, los pensionistas tienen garantizado el poder adquisitivo, de acuerdo con la reforma de las pensiones de 2021 que recoge que las pensiones se revalorizan con el IPC medio anual. También hay que tener en cuenta que el aumento de la inflación al 6,5% en 2021 supuso una ampliación de la recaudación de la Agencia Tributaria. Los salarios pactados en los convenios colectivos subieron de media un 2,36% hasta marzo, una décima más que en febrero y casi un punto por encima del promedio de 2021 (1,47%).

Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales vienen negociando, de forma bipartita, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debería fijar los criterios y las recomendaciones para la negociación salarial junto con las otras materias que conforman los contenidos de los convenios colectivos. Las propuestas conocidas dan a entender que la situación actual de la negociación es muy compleja, pues CEOE y CEPYME vienen manifestado su rechazo a las propuestas de CCOO y UGT basadas en incrementos iniciales inferiores a la inflación actual y en mantener el poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial, los empresarios consideran que aumentarían la inflación por el efecto de “segunda ronda”. En ese sentido el Banco de España ha vuelto a advertir de que la tendencia al alza de las cláusulas de garantía salarial que se está registrando en la negociación colectiva en los últimos meses son un riesgo creciente de que se produzcan efectos negativos que aumenten la inflación.

La propuesta de las organizaciones sindicales, contempla un escenario plurianual en el que se plantean incrementos por ejercicio, más una recuperación gradual del poder adquisitivo que se pierda. Podrían fijar unas subidas mínimas, del 3,4% este año, del 3% en 2023 y del 2,25% en 2024. Adicionalmente se repartiría el impacto de la inflación media de 2022 en los años 2023 y 2024, y en 2025 los sueldos subirían en función del IPC medio de 2024 más un 0,25%. Los empresarios han propuesto una subida del 8% para los próximos tres años, el desencuentro se produce precisamente en la revalorización en función de la evolución precios que las organizaciones empresariales consideran inaceptable porque consideran que supondría una indexación del IPC año a año, pues ven el riesgo de que se integre definitivamente en el futuro.

La oposición de las organizaciones empresariales a las cláusulas de garantía del poder adquisitivo de los salarios no es una novedad, hasta la reforma laboral impuesta por el PP en 2012 más del 70% de los trabajadores incluidos en los convenios colectivos tenían las cláusulas de revisión salarial, pero desde entonces han llegado a descender por debajo del 20% en los últimos años. En 2022 el porcentaje de trabajadores protegidos por las cláusulas de salvaguarda salarial ha mostrado un aumento en los primeros meses de este año, alcanzando en marzo un 29,1%. Además, los convenios colectivos ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año.

Históricamente el modelo de determinación salarial que se ha venido desarrollando, en la mayoría de los acuerdos interconfederales pactados por las patronales y los sindicatos, con resultados positivos en la lucha contra la inflación se ha basado en el mantenimiento del poder adquisitivo a través de tres elementos interrelacionados. Estos elementos son: la previsión de inflación, como elemento de referencia; la cláusula de revisión salarial que debe garantizar la recuperación de desviación de la inflación respecto incremento salarial inicialmente pactado en base a dicha previsión y la toma en consideración de la evolución de la productividad para mejorar el poder adquisitivo. Estas reglas salariales han contribuido al control de la inflación, al estímulo de la demanda, al crecimiento económico y la creación empleo.

Toni Ferrer, senador socialista por Madrid. 24/04/22

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