La banca debe ser un servicio público

La apuesta por la digitalización de la banca está dejando fuera del sistema financiero a las personas mayores, un colectivo excluido por sus limitaciones en el uso de la tecnología. El proceso va acompañado de un cierre progresivo de las sucursales bancarias, lo que ha dejado a la mitad de pueblos de Cataluña sin ninguna oficina. La situación se conoce ya con el concepto de exclusión financiera.

Entre 2008 y 2017, Cataluña pasó de 8004 oficinas a 3945. Este hundimiento del 50%, el mayor a nivel estatal, sitúa la concentración de número de sucursales por millón de habitantes en las 520, por debajo de las 595 de la media del Estado español. Cataluña, junto a Madrid y Valencia, acumula el 37% del total de puntos de atención bancaria y es la segunda comunidad con el recorte de sucursales.

De los 947 municipios catalanes, 467 (casi la mitad) no dispone de ninguna oficina bancaria, dejando un 3,2% de la población catalana sin algo tan esencial como el acceso a una entidad financiera por disponer de efectivo. Para el colectivo de personas mayores, las que tienen movilidad reducida o las que no cuenten con transporte privado, tener un cajero es un servicio básico, no un lujo.

Los municipios del Camp de Tarragona, el Baix Penedès y las Terres de l’Ebre ven con impotencia cómo el cierre de oficinas y la pérdida de servicios bancarios avanza sin freno. Desde 2008 han cerrado cerca del 70% de las sucursales bancarias de la demarcación, pasando de 800 oficinas a sólo 261 en el tercer trimestre de 2021. La mitad de los 184 municipios de Tarragona no tienen ni oficina ni cajero.

Paralelamente al desmantelamiento de los cajeros de las calles, la decisión de las entidades financieras está generando una brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores que tienen que asumir nuevas herramientas y sistemas digitales. De la vocación de servicio de las cajas de ahorro se ha pasado a la autogestión de las operaciones financieras habituales.

Esta reducción cuando no eliminación de sucursales y de cajeros automáticos, lleva a nuestros abuelos (y a todos nosotros) a tener que esperar en la calle a ser atendidos formando largas colas, y expuestos a las inclemencias del tiempo. En muchas entidades, además, el horario de atención presencial se ha reducido dramáticamente a horarios de 9 a 11h.

Con esta situación de déficit de atención presencial a las personas que necesitan hacer operaciones financieras sencillas, algunos ayuntamientos y movimientos vecinales han realizado acciones para luchar contra la exclusión financiera de nuestros mayores. En algunos ayuntamientos se han cedido espacios públicos para la instalación de cajeros, en otros se han organizado cursos de banca digital…incluso un referendum organizado en Cornudella para exigir un cajero público,

En el Vendrell, se ha acordado incrementar exponencialmente la tasa de ocupación de la vía pública, y bonificar a aquellas entidades que el “Consejo de la gente mayor” determine que realizan una gestión presencial adecuada (atención presencial durante toda la mañana, educación en el uso de las nuevas tecnologías…)

Una de las entidades financieras que han dado la cara, reconoce que la digitalización de los servicios ha ido demasiado rápido, y que de un modelo de caja de pensiones y ahorro, con vocación de servicio público, se ha pasado a un modelo bancario marcado por las cualificaciones de S&P y alejado del interés de los clientes mayores.

En Tarragona, tanto UGT como CCOO se han adherido a la Plataforma por una banca digna para las Personas Mayores y estarán presentes en la manifestación que tendrá lugar el próximo 6 de marzo frente al Banco de España, en Tarragona. El objetivo es conseguir el compromiso por parte de entidades bancarias y administraciones públicas de impulsar medidas que reduzcan la brecha digital.

Paco Orti, secretario general FeSMC-UGT de Tarragona y delegado de UGT en CaixaBank.señala que el cierre de oficinas tiene repercusiones para la ciudadanía, pero también para los trabajadores. “’El empleado se siente abandonado por parte de la entidad y esto está provocando muchas bajas”,

Siguiendo con el repaso a alternativas (infructuosas) que se han ido tomando desde los estamentos públicos, la Diputación de Tarragona, puso en marcha una prueba piloto para instalar cajeros automáticos en municipios pequeños que se habían quedado sin servicios bancarios.Un total de 12 ayuntamientos firmaron un convenio con una entidad bancaria, que se ha retirado del convenio 3 años después. En estos momentos se estudia la posibilidad de que Correos o Prosegur se hagan cargo del servicio.

Algunos ayuntamientos están pagando a los bancos para que mantengan sus cajeros.

Lo que tienen en común todas estas medidas y propuestas “bienintencionadas” es que no son suficientes, a veces, ni mínimamente efectivas.

En algunos casos,alguna entidad se ha comprometido a manterner un horario de atención que abarque todas las mañanas, y a potenciar la figura del gestor senior, para favorecer la eliminación de la brecha digital.

Sin embargo, parece claro que la única solución efectiva a corto plazo es que la banca sea un servicio público y que se reconozca el derecho subjetivo a disponer de dinero en efectivo, y a ser atendido presencialmente para realizar las tareas financieras habituales que todos necesitamos realizar.

Se puede decir de muchas maneras, pero el acceso al sistema financiero, a los ahorros de cada uno, es un servicio público que debe ser recuperado para beneficio de todos.

Banca pública YA!

Baltasar Santos

Tribuna Socialista Tarragona

MoMentuM: Economía Digital

Los servicios bancarios son un servicio
básico que la sociedad necesita

La exclusión financiera se extiende en nuestra sociedad. Afecta a las generaciones de más edad, afecta a más del cincuenta por ciento de los municipios del todo el Estado y afecta a los millones de clientes de servicios bancarios que no tiene capacidad económica para invertir. Y ha afectado a más de 120.000 trabajadores y trabajadoras del sector, quienes han perdido su puesto de trabajo.

En la “España vaciada” se combina la desaparición de las oficinas bancarias, con la precaria situación de acceso a internet que aún se sufre en muchas localidades. Esto provoca un coste añadido a los ciudadanos de estos municipios que tienen que hacer kilómetros de desplazamiento para realizar operaciones bancarias básicas.

Que afecte a estos colectivos de población no significa que sólo les afecte a ellos. Los jóvenes y los clientes, con independencia de su edad, de las entidades financieras de las grandes urbes también ven como son mal atendidos o sencillamente no atendidos por las entidades en las que mantienen una cuenta corriente.

Desde hace unos años, se ha conformado un oligopolio que concentra más del 70% del mercado financiero en manos de cinco grandes entidades: Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell y Unicaja+Liberbank (los tres primeros aglutinan el 60% del negocio). Siempre ha sido muy difícil para los clientes visualizar y demostrar que se están tomando medidas y fijando criterios de actuación que se manifiestan contrarios a los intereses de la clientela, pero a la vista de lo que está ocurriendo no es descabellado pensar que es eso lo que está pasando.

Cobrar comisiones de mantenimiento de cuenta cada tres meses, aunque ya no te informen de tus movimientos bancarios por escrito; cobrar comisiones por hacerte tu mismo una transferencia, desde el ordenador de tu casa; tener que realizar en el cajero automático prácticamente todas las operaciones que necesita el 85% de la clientela; trasladar el riesgo de manejo de efectivo al cliente, en plena calle… Son alguna de las situaciones más habituales que se están produciendo.

A ello hay que añadir que la red de cajeros automáticos sufre de un deterioro y déficit de mantenimiento galopante: no es difícil acudir a una oficina con dos o tres cajeros automáticos y que haya que esperar una larga cola, porque de tres solo funciona uno.

El servicio de atención presencial también está en franco deterioro, no por culpa de los trabajadores de las oficinas, sino por la escasez de plantilla que sufren; por la combinación de la ola de despidos que ha sufrido el sector y por la pandemia: bajas más empleados en teletrabajo.

Todas estas vicisitudes son comunes a la práctica totalidad de las entidades financieras, excepto a las que solo ofrecen servicio virtual; estás no ofrecen cajeros y la plantilla es ínfima, en comparación con las entidades tradicionales.

La banca, siempre ha fundamentado su negocio en la confianza. Pero hoy esa confianza se está deteriorando. Una inmensa mayoría de clientes se sienten excluidos de un servicio que se basaba en esa confianza para mantener su dinero, poco o mucho, en custodia de unas entidades que lo manejaban en el mercado interbancario (prestándoselo entre ellas).

Dicen que no nos cobran por mantener nuestro dinero en una cuenta a la vista, pero sí nos acribillan a comisiones, bajo motivaciones muchas veces difíciles de entender, por ejemplo “comisiones por gastos de correspondencia”, aunque haga años que no te envían una carta. Argumentan que los tipos de interés del BCE están en cero o cercano a cero, lo cual es cierto. Pero ellos cobran en torno a un 6% los créditos al consumo; esos que las familias trabajadoras siempre han necesitado para comprar el frigorífico, la lavadora la televisión, etc.

Se desprecia a los depositantes. La banca se ha transformado en un servicio exclusivo para inversores. El problema es que esa gran mayoría de quienes estamos obligados a mantener una cuenta bancaria no tenemos capacidad de ahorro y mucho menos aún de inversión. Y no es una exageración decir que tenemos una cuenta corriente de forma obligada, pues no se puede hacer nada sin una cuenta corriente: no se puede cobrar la pensión, no se pueden pagar los recibos de los suministros ni podemos pagar los impuestos, esto último solo afecta a quienes no eludimos al fisco.

Qué se puede hacer ante esto y quién debe hacerlo

El Estado debería asumir sus responsabilidades y dar respuesta a una situación que se agrava. El servicio bancario es un servicio básico que la sociedad necesita, por tanto, son las instituciones del Estado quienes deben velar por que sea un derecho efectivo.

Hay normativa comunitaria y estatal que regula los derechos de los clientes y que no haya abuso en la prestación de estos servicios. Sin embargo, sin que haya una ley que obligue a tener una cuenta bancaria, la vida diaria es difícil de entender sin una herramienta básica como lo es una cuenta corriente.

El Estado, a través del FROB, ha tenido en sus manos una entidad, Bankia, que era en el 61% de sus acciones propiedad del Estado. Sin embargo, desde 2012; cuando el Estado nacionalizó la entidad, invirtiendo 22.400 millones de euros, no se orientó a dar una alternativa bancaria a la sociedad, sino que se dedicó a competir en el mercado como un banco más; pecando de los mismos malos “usos y costumbres” que las demás. Fue una oportunidad perdida, aunque el 14% de las acciones de la actual Caixabank no son un mal punto de apoyo económico para constituir una banca pública.

Es conveniente que se conozca que, en Europa, aunque no sea objeto de una especial publicidad, existe una importante presencia de una banca pública rentable y solvente en: Alemania, Francia, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc. España es un caso extremo en el sentido de no disponer de ningún banco público que trabaje directamente con el público.

La banca pública no tiene porqué competir con la banca privada, aún menos cuando las entidades privadas están renunciando a dar un servicio decente a millones de clientes que no tienen capacidad para invertir en fondos de inversión. Nadie tiene que pensar que la banca pública regalará el dinero; hay que buscar el equilibrio entre rentabilidad social por el servicio que se presta y la rentabilidad económica, sin la presión de un accionariado que demanda dividendos cada año.

El Estado cuenta con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que sufre una dependencia de las entidades privadas para distribuir sus campañas crediticias y de préstamo. Un particular y una empresa no pueden dirigirse al ICO para obtener financiación de forma directa.  Por otra parte, una vez entregada Bankia a “la Caixa”, el Estado solo cuenta con Correos y lo que queda de la antigua red de Caja Postal, con más de 8.300 puntos de atención en todo el territorio, particularmente en la “España Vaciada”. En cada oficina bancaria funcionaba una estafeta de correos, muy empleada por cierto para realizar giros bancarios. Dichas estafetas se privatizaron desde 1991 vendiéndolas a un banco extranjero que poco tiempo después prescindió de las mismas, y que en este momento serian de gran utilidad para realizar las operaciones financieras más elementales

La creación de una banca pública, a partir de estas herramientas del Estado, resolvería la dependencia del ICO de las entidades privadas, dotaría de contenido financiero a Correos; que, por cierto, está siendo colonizado por Banco Santander y, sobre todo, daría una solución para los depositantes que solo demandan servicios básicos de ingresos, reintegros, cobros y pagos de recibos. Resulta evidente que no podrán edificarse unos parques sociales de viviendas de alquiler sin una entidad financiera pública que aporte la financiación crediticia necesaria, pues de los presupuestos de los ayuntamientos no cabe esperar la financiación crediticia necesaria

A corto plazo lo más acuciante es la dotación de las oficinas de Correos de un servicio financiero que sería, sobre todo, de gran utilidad, en aquellas ciudades en las que no ha quedado ninguna oficina bancaria. El gobierno podría contar para lograr dicho propósito de los recursos derivados de la venta de la participación en CaixaBank, donde en este momento no se aprecia ninguna influencia de la participación pública citada.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario Federal de UGT en el Sector
Financiero, Seguros y Oficinas.
Miembro del Comité por la Alianza de
Trabajadores y Pueblos.

Julio Rodríguez López
Ex Presidente del Banco Hipotecario de España.
Miembro de Economistas Frente a la Crisis.

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