

El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, es el instrumento que tienen los gobiernos para tratar que el mercado del trabajo no esclavice a quienes más necesitados están, y trabajarían por cualquier sueldo.
Muchos, demasiados, piensan que es el mercado quien debe regular los sueldos, que los gobiernos no deben intervenir y que si alguien quiere trabajar por 400 €, pues que lo haga, siguiendo una filosofía neoliberal defendida por la derecha y la ultra derecha.
Esos muchos no tienen ningún problema para llegar a final de mes y eso de la desigualdad y la pobreza, les es totalmente indiferente.
El argumento que ponen es que si sube el Salario Mínimo Interprofesional entonces subirá el paro y eso sería peor para la economía, cosa que obviamente no es cierto. Saben que no es cierto, que no se ha demostrado, pero siguen diciéndolo y sus medios de comunicación, siguen repitiéndolo.
Me explico. En 2018, en el último año de gobierno del PP, el SMI era de 735 €. Gobernando el PSOE se ha ido incrementado hasta los 965 € de 2021, es decir se ha producido un aumento de un 31 %. En cuanto al empleo, en septiembre de 2018, había 18,8 millones de españolas/es dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en septiembre de 2021 superaban los 19,5 millones, es decir un incremento del 6,5%. Se demuestra, en un párrafo, las mentiras de los postulados neoliberales.
Lo que sí es cierto, es que con esa subida los beneficios de las grandes multinacionales, que contratan a miles de empleados/as, se reducen en algunos millones. Es decir, que en vez de ganar unos 620 millones de euros al año, ganarían “solo” unos 610 millones.
Imagino a ese grupo de señores (sí, imagino que serían todos señores) almorzando en el restaurante con estrellas michelín de moda de Madrid, hablando entre ellos de que no se puede subir el Salario Mínimo porque reducirían sus beneficios empresariales, mientras se gastan en ese almuerzo lo que gana un trabajador/a en un mes.
Imagino a la dirección del PP reunida, llegando a la conclusión que le interesa más apoyar la postura de los empresarios/as, que en la de los trabajadores/as, diciendo posteriormente el Sr. Casado barbaridades como que él estaba en contra de cualquier aumento y que, incluso, reduciría el SMI a 850 €.
Imagino a la dirección de los medios de comunicación de las derechas y ultra derechas españolas, después de escuchar a la CEOE y al PP, dando las instrucciones a sus periodistas para que escriban titulares en contra del aumento del SMI y que se busquen para ello los argumentos que quieran.
Pero digan lo que digan, es totalmente cierto que se puede incrementar el Salario Mínimo y generar empleo. Y también es totalmente cierto que la subida del SMI reduce la desigualdad y los índices de pobreza, no encuentro mejor argumento para apoyar ese incremento.
Y también es cierto que hay demasiada gente con una mínima vergüenza, a la que le desearía que su familia viviera durante un tiempo con 965 € al mes … a ver si llega a la mitad de la primera semana.
Rafael Fuentes
Militante socialista de Málaga
Por Martín Lozano
A mí no me gusta Almudena Grandes. No me gusta en muchos aspectos y no solo como escritora. No me gusta porque creo que ha sido muy sesgada, en favor de las tesis históricas que explican la guerra civil desde el punto de vista historiográfico del Partido Comunista. No me gusta cuando con esa voz que la naturaleza y la vida le dieron imponía su arrolladora personalidad. No me gusta cuando se declaraba, de manera implícita, la heredera de Galdós, de Don Benito Pérez Galdós y no me gustaba porque yo lo entendía como arrogancia.
Permitidme, antes de que dejéis de leer estas líneas, que os diga que de todo lo anteriormente expuesto debéis descontar un porcentaje, elegid el que gustéis, de envidia. Envidia de la mala, no creo que exista eso que se llama envidia sana. Envidia del escritor al que le gustaría conseguir el éxito, pero no solo por su número escandaloso de ventas, sino que le acompañase el triunfo del seguimiento masivo de lectores, la invitación a toda clase de eventos, el orgullo de ver sus obras llevadas al cine, la posible inmortalidad, aunque sea temporal, de sus escritos.
Pero una vez dicho que Almudena Grandes no me gusta, no creáis que es una boutade de vieux terrible y cobarde que aprovecha su muerte para epatar y llamar la atención que no gana con sus escritos, lo he puesto negro sobre blanco con ella viva, con menos repercusión aún que mis novelas. Pero sé también que la mía es una opinión, seguro que hay más, aunque frente a la mía conozco infinidad de opiniones que piensan que es una gran escritora, que sus ‘Episodios de una guerra interminable’ son excepcionales.
¿Mi opinión me nubla el sentido, me cierra los oídos y los ojos? ¡No! ¿Me lleva a no reconocer el mérito y el valor de Almudena? ¡No! ¿A no verla como una compañera, luchadora de la clase obrera y de los oprimidos? ¡¡NO!! Tal vez su arrogancia no fuera más que una forma exacerbada de esa mítica chulería que dicen nos acompaña a los madrileños de los barrios populares. Puede que su sectarismo viniera de su hartazgo de ver a las clases privilegiadas someter históricamente a su capricho a los pobres del mundo, incapaces de unirse en la lucha final. Por eso creo que, aunque no me guste, Almudena Grandes se merece que una biblioteca lleve su nombre; que como madrileña insigne su nombre encabece, en el acostumbrado rectángulo metálico, una de las calles de su querida y peleada ciudad; que se la designe hija predilecta de nuestra villa, Madrid. La palabra que tantas veces pronunció y tecleó en su ordenador para su mayor gloria y honor.
Yo seguiré opinando lo mismo de ella y sus novelas, pero también seguiré pensando que siendo el responsable político de la ciudad, elegido por una decisión estratégica oportunista de partidos, cuando ni siquiera has sido el más votado, tienes la obligación, no solo moral, de ir y representar al Ayuntamiento de Madrid en el entierro de un personaje de la notoriedad e importancia de Almudena Grandes. Aunque no te guste Almudena, aunque detestes su ideología y lo que representa, pese a que aborrezcas el lugar en el que se están celebrando las exequias por sus reminiscencias políticas, aún imaginando (como posiblemente piensa él que harían sus huestes a sus rivales de izquierdas en un caso similar) de que vas a estar rodeado de chusma hostil y de que vas a recibir una pitada infernal o un silencio sepulcral, tienes que ir. Pero eso sería pedir mucho a un miserable, que con la más estúpida de sus sonrisas y los argumentos ejemplarizantes del cinismo más recalcitrante sería capaz de justificar, (aprovecho las entrañables fiestas navideñas para la analogía literaria), las matanzas de Herodes.
Y no digamos nada de la otra autoridad obligada a asistir, nuestra ínclita presidenta, elegida libremente, como la monarquía, por todos los españoles. Presidenta que no es tan estúpida como parece y como creemos, pero si es mucho más miserable. Con esa expresión de sus ojos de gacela a punto de ser devorada por los peligrosos social-comunistas de los que el maléfico cementerio civil madrileño estuvo lleno, miles de rojos armados con un libro (no necesariamente rojo) en las manos, pisando su suelo, pero también llenando sus tumbas, que dicho sea de paso es el mejor sitio donde pueden estar y el único en que casi resultan inofensivos, ella no pudo acudir, seguro que estaba inaugurando algún Belén para celebrar la venida al mundo del Niño Dios y no podía acompañar a su salida a alguien como Almudena, que como muchos de sus nuevos vecinos seguirá siendo recordada hasta mucho después de que esos dos seres ruines desaparezcan de nuestra memoria. Nunca te perdonarán que seas Uno de los nuestros.
Gracias Maestra. Salud Compañeros.
Epílogo: Una vez cerrado y difundido el número 128 de Tribuna Socialista, correspondiente al mes de noviembre, nos llegó la noticia de la muerte de Almudena Grandes por lo que no pudimos hacernos eco de ella, con esta columna intentamos paliar ese hecho, sumando estas líneas a su homenaje.
A lo largo de la historia, uno de los problemas que ha sufrido la clase trabajadora, desde que el trabajo empezó a ser reconocido y remunerado, ha sido la cantidad económica que se considerase suficiente para compensar su esfuerzo y el beneficio que produjese su productividad. La cantidad que se daba en dinero o especie era únicamente la que permitiese cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, y que del mismo modo no generase un peligro o amenaza para los burgueses propietarios de los medios de producción, y a las estructuras del Estado puesto en función de sus intereses económicos y sociales. En este recorrido histórico podemos recordar la ”Ley de bronce del salario” del siglo XVIII, expresada en la obra de David Ricardo, entre otros, lo que se podía considerar el sistema económico de un nuevo modelo liberal.
En la actualidad, los bajos salarios siguen siendo un problema social, político y económico. Los bajos salarios y el paro, dos variables de peso, que afectan a la sociedad actual y son la razón del crecimiento de la pobreza; tanto relativa como extrema, y exclusión social. Una pobreza que con el paso de los siglos ha cambiado sus formas. En las sociedades antiguas se revelaba como una situación de penuria extrema; en las sociedades modernas era considerada la sombra de la riqueza; y en la actualidad se considera como lo negativo al desarrollo. Del mismo modo que el concepto de pobreza se transforma con el paso de los siglos, las ayudas también han ido cambiando, desde las ayudas para alcanzar la mera supervivencia de las sociedades antiguas que ofrecía el orden económico establecido, a otras más actuales como el ingreso Mínimo Vital. Otras medidas de gobierno, como el incremento del salario mínimo interprofesional, ayudan a mejorar la situación económica de los más desfavorecidos, actualizando un salario que se entiende como “suficiente”, mínimo para cubrir las necesidades que una persona necesita dentro de los estándares de la vida actual. Estos cambios y medidas para paliar la pobreza son más bien parches para evitar un estallido social que rompa los diques de una democracia que, en realidad, está basada en la desigualdad de clases, con profundas brechas sociales.
Las diferentes crisis económicas, reformas laborales, la Covid-19 y el aumento escandaloso del coste del consumo eléctrico y energético, han sido un nuevo lastre para la mayoría social, la clase trabajadora, que ha sufrido las consecuencias una vez más ,de tal manera que el riesgo de pobreza ha aumentado notablemente, afectando a capas de la población que aún no estaban en esta situación, dejando en evidencia la legislación laboral que no es capaz de afrontar las problemáticas de los nuevos tiempos.
Una de las consecuencias que ha tenido de la desproporcionada subida de precio en el consumo de energía eléctrica ha hecho crecer el IPC, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, teniendo en cuenta que los salarios se mantienen o las subidas son muy inferiores, una media del 1,5% frente al 5,5% del actual IPC (al cierre de noviembre). Una de las razones más evidentes de la devaluación salarial, es sin duda, la pérdida de una herramienta fundamental para los intereses de la clase trabajadora, como es la negociación colectiva. No hace falta decir que, tan importante herramienta, se ha perdido a causa de una reforma laboral que lo impide, dando prioridad a los convenios de empresa, dejando en segundo plano los convenios sectoriales, lo que supone una indefensión en muchos de los casos para los trabajadores, ya que en muchos sectores donde la fuerza sindical no está presente o la afiliación es baja, la capacidad de negociación es mínima, lo que condiciona los resultados de los posibles acuerdos, beneficiando a las grandes empresas y haciendo pagar a los trabajadores, una vez más, las consecuencias de la inflación. Esperemos recuperar pronto esta herramienta.
Mientras tanto, la clase trabajadora espera con incertidumbre el resultado de la negociación para la modificación de la reforma laboral, que permita recuperar esa capacidad de diálogo para los sindicatos, arma básica en tiempos de democracia en un Estado social y de derecho.
El resultado de la negociación sobre la reforma de la reforma laboral va a ser fundamental para el futuro de la clase trabajadora, una clase trabajadora que se divide entre los que esperan que sea un éxito, recuperando derechos que no debieron de perderse en ningún momento y otros que esperan resignados, acostumbrados en los últimos tiempos, a ver como sus condiciones laborales se deterioran. Esa división es el fracaso mismo de la sociedad, la espera.
No nos engañemos, no será un éxito, y tampoco motivo de resignación, lo que si será es la hoja de ruta de las futuras reivindicaciones, motivos fundados en la razón para movilizarse y continuar la lucha, recuperar la conciencia de clases, recuperemos valores.
Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Sindicalista de UGT en Madrid
Tanto este “País del Cuento” que os voy a relatar, como todos sus personajes solo están en mi delirante imaginación, por lo tanto, todo parecido con la realidad, es pura ficción, sometida al análisis crítico del lector.
¿Como de respetable y respetada es o debe ser la constitución de un país democrático?, teniendo en cuenta que desde hace más de sesenta años soy gallego de adopción os contestaré que “depende”.
Había una vez, desde el principio de los tiempos, en el sur de Europa un país, que durante su larga historia fue conquistado y reconquistado una y otra vez, por muy distintas “civilizaciones” o “culturas” fue dominado y regido de diversas maneras más o menos dictatoriales y también democráticas o seudodemocráticas, fueron muchas y muy variadas las dinastías, y abundantes las castas que durante toda su historia, sometieron de forma más o menos brutal durante muchos siglos a la población de este hipotético pueblo.
Sin embargo, a pesar de los constantes sometimientos, vejaciones, penurias, sufridas por los ciudadanos de este país, siempre tuvieron dificultades para auto-gobernarse, a veces se produjeron algunos tímidos intentos de autogobierno, pequeñas y timoratas escaramuzas, tratando de rebelarse contra el poder dominante, que conseguían establecer eventual y tímidamente sistemas más o menos democráticos, que fracasaban una y otra vez, pues siempre pasaba lo mismo, surgían enseguida las individualidades propias e inevitables de las gentes de aquel singular lugar.
El problema vital de aquel país y de sus sociedades, siempre era el mismo, la incapacidad de unirse para conseguir un fin común aunque este fuera importante para todos, cada vez que se iniciaba un proyecto colectivo para mejorar la vida de sus habitantes, el colectivo que presentaba la iniciativa, era escrutado criticado y vilipendiado por los demás, sin analizar su propuesta y sin presentar ninguna alternativa, solo se producía sin argumentos válidos la descalificación al promotor de la idea, injuriándole y acusándole de las mayores falsedades, hasta acabar inevitablemente con las incipientes autodeterminaciones, volviendo irremediablemente a dar entrada al dictador de turno, o a la dinastía monárquica que se limitaba pacientemente a esperar el desastre para poner “paz”, con las formas que al parecer eran las únicas que el pueblo entendía, que simplemente y como rebaños de sumisas ovejas en lugar de autogobierno, necesitaban ser pastoreados por el despotismo más brutal, sin que hubiera lugar a ninguna libre decisión.
Por lo cual aquella sociedad, durante siglos y de alguna manera también en la actualidad, parece preferir ser dirigidos despóticamente para que todo funcione más o menos a gusto de regímenes totalitarios, pues siempre se evidencia cierta tranquilidad cuando está dirigida sometida o mangoneada tiránicamente por alguien. En las esporádicas ocasiones en las que el pueblo pretendía experimentar formas más o menos democráticas, es cuando se producían las envidias, las intrigas, las desconfianzas, los abusos de poder, las guerras, incluso entre hermanos, hasta que de nuevo, aparecía una dinastía de las que esperaban la ocasión en algún exilio cercano, o bien un dictador por la fuerza de un golpe de estado, derribaba la endeble democracia y se hacía con el poder, humillando otra vez a los ciudadanos, que una vez más eran incapaces de unirse contra esa injusta situación, claudicando sumisos ante el poder impuesto, que en muchas ocasiones utilizaba a los personajes que habían representado democráticamente al pueblo, como cómplices de la represión.
En ese país, eran frecuentes los conflictos y las guerras por el poder, la última de las citadas guerras fue la llamada Guerra Civil, provocada por un golpe de Estado, que consiguió derribar por la fuerza uno de aquellos intentos democráticos, una cruenta y fratricida guerra, que enfrentó incluso a hermanos y que costó la ruina e incluso la vida, a una gran cantidad de ciudadanos de todas las edades, con la consiguiente destrucción de patrimonio y en especial de la poca dignidad que podría quedar.
Pues bien, como suele ocurrir después de una guerra, que en teoría se había planificado para evitar la autodestrucción de los gobernantes democráticos que habían sembrado el caos y que daría paso a una dictadura provisional, cuyo fin teórico era calmar las aguas y luego se instauraría una democracia. Ganó esa guerra criminal un militar insignificante, pero con mucho caudillaje y con pocos escrúpulos, una gran ansia de poder, que rodeándose de abundante gente de su calaña, consiguió someter a lo que quedaba de la población de aquel país, consiguiendo incluso mantenerlo aislado del resto de países de su entorno, que sí habían conseguido unirse y autogobernarse, con sistemas imperfectos pero democráticos.
Pues bien, una vez acabada la guerra por eliminación de todo aquel que pudiera significar un obstáculo, aquel personaje mediocre se autoproclamó Jefe de gobierno de lo que a partir de entonces se convertía una vez más en una dictadura, este dictador, que supo rodearse de incondicionales sumisos, consiguió con gran facilidad y con la inestimable ayuda del Clero, que como es sabido siempre esta con el poder, someter rígidamente a lo que él llamó su pueblo, durante más de cuarenta años, sin necesidad de soportar rebeliones de importancia, consiguiendo mantener el poder, hasta su muerte tranquilamente en la cama de su palacio, anciano y enfermo, pero ostentando hasta el final el poder absoluto.
Antes de morir y para mantener a su país humillado lo cual no era difícil, al darse cuenta de que era un ser mortal, quiso inmortalizar su poder instaurando la monarquía una vez más, sin aconsejarse por nadie, nombrando heredero tras jurar fidelidad a su proyecto, a un príncipe de una dinastía que nunca destacó por sus luces, que ya había gobernado antaño, dejando por tanto su sucesión atada y bien atada.
Esta decisión, evidentemente no fue cuestionada por los acólitos del fallecido dictador, clero incluido, que veían como su estatus, podría seguir igual o mejor, ya que se convertían en cortesanos.
El dictador, junto con la corte recién creada, ante las presiones de los países vecinos con democracias consolidadas, que aumentaban considerable y peligrosamente, se inventaron lo que se dio en llamar una democracia asistida, no fuera que algunos se creyeran de verdad que el poder emana del pueblo, que sí que emana, pero poquito. Pues bien, sentaron durante meses a unas destacadas mentes pensantes, que en su gran parte habían sido y eran íntimos colaboradores del Dictador, para que elaboraran -que ironía- una “Constitución democrática” pero sin pasarse, como tenía el resto de países modernos.
Tras meses de sesudos estudios, se elaboró una “Constitución” que, como merito principal, tenía el consenso general de aquellos llamados Padres, que la habían confeccionado siguiendo fielmente las pautas del dictador, lo cual no garantizaba demasiado su libertad.
El compromiso, era que esa “Constitución” no considerara -olvidara- las aberraciones y crímenes de Estado, ocurridos anteriormente y por lo tanto tratara con “sensibilidad” a militares, golpistas, asesinos, torturadores, políticos colaboradores de la dictadura, y una especial “Ternura” con los miembros del Clero, que tan cerca estuvieron siempre del Dictador, eso a pesar que la propia “Constitución” declaraba que se trataba de un país aconfesional, lo cual tampoco era del todo exacto.
Una “Constitución” que dogmatizara, que la forma de gobierno sería la Monarquía “Parlamentaria”, es decir que el jefe del Estado, sería el que, de forma totalmente arbitraria, había decidido el dictador, es esa Constitución que, no obstante, recogía como cualquier otra derechos y obligaciones. Las obligaciones eran cumplidas estrictamente, aunque muchos de los derechos después de cuarenta años de supuesta democracia aún siguen sin ser efectivos, ante la vergonzosa pasividad de nuestros partidos políticos.
La muerte del dictador, trajo como consecuencia lo que se dio en llamar irónicamente “Transición Democrática Ejemplar”, que dio paso a algo tan esperanzador en aquel entonces, como fueron unas elecciones “libres”, por fin aquellas gentes, podrían elegir a quien les iba a gobernar, por fin no se verían sometidos al poder, por fin no les robarían, por fin no les engañarían, por fin serian ellos los que decidirían quien les gobernaría, por fin tenían una “Constitución”, que permitiría a esos políticos elegidos por el pueblo, poner a su disposición esos derechos que a los ciudadanos la Carta Magna les garantizaba.
Pues bien, después de varias décadas de “Transición Ejemplar”, y como siempre ha ocurrido en ese “País del Cuento” que os estoy relatando, los ciudadanos, siguen siendo igual de sumisos que antes con las dictaduras, igual que antes con las monarquías, igual que antes de los imperios, siguen siendo envidiosos, siguen siendo incapaces de unirse para nada, siguen siendo prepotentes cuando alcanzan un mínimo de poder, siguen robando prevaricando y malversando, cuando los ciudadanos los colocan en cotas de poder, siguen mintiendo a los ciudadanos para conseguir su elección, solo utilizan la “Constitución” para su conveniencia y como arma arrojadiza, pero no la cumplen en los aspectos sociales, ni en cuanto a los derechos de los ciudadanos, los habitantes de ese país del Cuento, siguen sin tener asegurado, el derecho a una educación digna y gratuita, siguen sin tener derecho a una vivienda digna, siguen sin tener derecho al trabajo, siguen muriendo de hambre niños y ancianos en las calles, mientras cada año que pasa hay más millonarios.
Una “Constitución” que no garantiza la equivalencia del voto entre ciudadanos, pues depende de dónde vivan o a quien quieran votar, su voto vale más o menos, una “Constitución” que no garantiza poder ser revisada, ya que solo se revisa para favorecer a los poderosos.
Este país, en el que ahora los políticos son elegidos por el pueblo, pero que una vez en el poder, se olvidan del pueblo y que solo respetan la “Constitución”, para aquello que se ajusta a su forma de gobernar, un país en el que en materia educativa, los políticos de todos los colores, nunca se han puesto de acuerdo, en elaborar unas leyes, que faciliten a los ciudadanos una educación, que les permita tener capacidad de análisis, ante la verborrea de los políticos, especialmente cuando se presentan a las elecciones, algo que es evidente que a los distintos partidos políticos, no les interesa, pues un ciudadano que sabe lo que quiere y a lo que tiene derecho, lo exige democráticamente, es más fácil gobernar a ciudadanos dóciles, que solo con tener acceso al futbol y a los toros tienen suficiente para satisfacer su “intelecto”.
En una ocasión a un político honrado, –que también los hay- en el “País del Cuento” se le ocurrió Proponer en el Parlamento, eliminar los toros y el futbol y con el dinero que el Pueblo se gasta en esos eventos, elaborar un impuesto, con el que pagar las becas a todos los estudiantes con pocos recursos, hacer viviendas sociales, para que nadie viviera en la calle y cosas así, además de ser el hazmerreír de la Cámara, de ser pasto de las críticas más feroces de la prensa, a día de hoy este político está en paradero desconocido.
Que esto venga ocurriendo con los partidos conservadores a nadie le extraña, pero es muy grave que, en este país del cuento, un partido que se autodenomina de izquierda, progresista, que dice luchar por una sociedad justa como le ordena sus estatutos y que así lo hizo en el exilio, con eufemismos como Socialdemocracia, enmascara soezmente su evidente giro a la derecha más retrograda, desacreditando a aquellos pocos militantes que siguen manteniendo sus valores socialistas y morales, ensalzando y promoviendo a los obedientes y sumisos pero sin ideales.
En fin, como afirmé al principio de este cuento, este país está en mi imaginación, quizás exista, pero cualquier parecido con la realidad, quizá sea fruto de mi calenturienta mente.
Si alguien se ve reflejado en este cuento no le pediré disculpas, que reflexione a ver si es cierto, si cuadra con su personalidad y si se encuentra capacitado para demostrar que no es así.
Con este cuento, no pretendo herir a nadie, solo deseo que la gente adquiera capacidad de análisis y que cuando elijamos a quien nos va a representar, sepamos lo que nos conviene como personas, como colectivo y como sociedad.
Paco Ascón
Xares-Ourense
El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP.
La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.
La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).
El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.
Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.
Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.
Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.
El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.
El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.
También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:
Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.
Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.
Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.
Toni Ferrer
29/11/21
Normalidad democrática, pero para quién.
El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.
Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.
Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.
De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.
La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.
Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.
Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.
No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:
Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.
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