Desde hace relativamente poco tiempo, asistimos a un comportamiento político que niega el principio democrático de respeto a la convivencia en paz, de falta de respeto a quien no piensa lo mismo que ellos, y de no aceptación a los resultados electorales, cuando no son favorables a su Partido.
Este proceder, caracterizado por el uso constante de verdades alternativas, convierte a los demás en enemigos que deben ser perseguidos con saña e incluso encarcelados. Puede parecer una barbaridad, que lo es, pero actualmente se utiliza este proceder por la derecha, de forma reiterada sin ninguna prudencia ni por supuesto justificación. Con distintos grados de intensidad: modo Brasil, al asalto; o a la manera Plaza de Colón, modo faltón, buscan generar un clima de “enfrentamiento civil”, cuando la realidad es que sólo una parte muy reducida de la sociedad se sitúa en esa clave, quedando en evidencia que esa actitud carece de fundamento alguno.
Digo desde hace poco tiempo, pensando noviembre de 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales fue acosado hasta tener que pedir refugio político en Argentina, o en enero de 2021 cuando fue asaltado el Capitolio de los USA, o en diciembre de este pasado año 2022 en Perú, donde la maniobra de acoso de la derecha política ha conseguido el encarcelamiento de Pedro Castillo y ha sumido al país en un caos de represión y muerte. Pero recordamos menos otras épocas donde está manera de fomentar el odio derivó en gravísimas consecuencias, como fue la creación de un clima de inestabilidad política para justificar el golpe de Estado militar contra la Segunda República española.
La tergiversación del juego democrático, mediante actitudes y declaraciones que generan un falso clima de enfrentamiento social, hacen desviar la mirada de la actividad normal de cualquier parlamento con su acción deliberativa y legislativa, coloca al ciudadano en una situación donde lo que parece importar de verdad es la diferencia con el otro, diferencia que si no existe se inventa, donde se convierten argumentos en piedras y se sobredimensionan los problemas, negando además su resolución pacífica mediante la discusión y la conciliación. Todo esto sería imposible sin la colaboración necesaria de una preocupante mayoría de medios de comunicación de masas.
El recurso irresponsable a esta forma de actuar en una democracia, mediante la violencia verbal y gestual, es utilizada a conciencia por parte de la derecha y la ultraderecha que ven como su mito ultraliberal se cae hecho pedazos ante las consecuencias de sus crisis constantes y las graves desigualdades sociales que genera. La aparición tormentosa de líderes ademocráticos como Trump, Bolsonaro, Orban, etc., que, dentro de sistemas democráticos, intentan alargar la agonía del capitalismo neoliberal, cómo un epílogo inaplazable de este sistema económico.
Ni siquiera la deriva del social liberalismo, bajo un falso manto de socialdemocracia, ha podido evitar la miseria de un modelo de regresión e injusticia social, que finalmente dejó a la vista sus carencias y su verdadera faz para afrontar una epidemia o para evitar una guerra. Y como ha ocurrido otras veces, instituciones constitucionales creadas para garantizar el respeto a las normas y al juego democrático, instituciones garantes del respeto a los derechos y libertades fundamentales, han sido intencionalmente manipuladas, léase Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…
Sorprende el alcance de estas actitudes irresponsables de ciertos políticos y/o magistrados y de ciertos medios de comunicación, ante las consecuencias de la ruptura de esos delicados equilibrios. Es un sinsentido esta puesta en riesgo de la arquitectura constitucional para conseguir que determinada opción política obtenga lo que no le otorgan los ciudadanos por vías democráticas, y por tanto es aún más impresentable e inaceptable por destruir algo tan importante para un fin tan espurio.
Ante esta situación, donde esos determinados partidos de la derecha antidemocrática practican únicamente ruido y enfrentamiento, buscando el conflicto civil para conseguir el poder por el poder, no podemos responder más que con participación y lucha democrática/pacifica, por ejemplo defendiendo bienes comunes como la Sanidad Pública o las Pensiones, en la más absoluta normalidad, demostrando que el discurrir del juego democrático permite que los conflictos expresados por el pueblo soberano se resuelvan en el Parlamento, sean los que sean y tengan la gravedad que tengan.
El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.
Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.
Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.
De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.
La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.
Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.
Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.
No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:
Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.
Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.
Tanto este “País del Cuento” que os voy a relatar, como todos sus personajes solo están en mi delirante imaginación, por lo tanto, todo parecido con la realidad, es pura ficción, sometida al análisis crítico del lector.
¿Como de respetable y respetada es o debe ser la constitución de un país democrático?, teniendo en cuenta que desde hace más de sesenta años soy gallego de adopción os contestaré que “depende”.
Había una vez, desde el principio de los tiempos, en el sur de Europa un país, que durante su larga historia fue conquistado y reconquistado una y otra vez, por muy distintas “civilizaciones” o “culturas” fue dominado y regido de diversas maneras más o menos dictatoriales y también democráticas o seudodemocráticas, fueron muchas y muy variadas las dinastías, y abundantes las castas que durante toda su historia, sometieron de forma más o menos brutal durante muchos siglos a la población de este hipotético pueblo.
Sin embargo, a pesar de los constantes sometimientos, vejaciones, penurias, sufridas por los ciudadanos de este país, siempre tuvieron dificultades para auto-gobernarse, a veces se produjeron algunos tímidos intentos de autogobierno, pequeñas y timoratas escaramuzas, tratando de rebelarse contra el poder dominante, que conseguían establecer eventual y tímidamente sistemas más o menos democráticos, que fracasaban una y otra vez, pues siempre pasaba lo mismo, surgían enseguida las individualidades propias e inevitables de las gentes de aquel singular lugar.
El problema vital de aquel país y de sus sociedades, siempre era el mismo, la incapacidad de unirse para conseguir un fin común aunque este fuera importante para todos, cada vez que se iniciaba un proyecto colectivo para mejorar la vida de sus habitantes, el colectivo que presentaba la iniciativa, era escrutado criticado y vilipendiado por los demás, sin analizar su propuesta y sin presentar ninguna alternativa, solo se producía sin argumentos válidos la descalificación al promotor de la idea, injuriándole y acusándole de las mayores falsedades, hasta acabar inevitablemente con las incipientes autodeterminaciones, volviendo irremediablemente a dar entrada al dictador de turno, o a la dinastía monárquica que se limitaba pacientemente a esperar el desastre para poner “paz”, con las formas que al parecer eran las únicas que el pueblo entendía, que simplemente y como rebaños de sumisas ovejas en lugar de autogobierno, necesitaban ser pastoreados por el despotismo más brutal, sin que hubiera lugar a ninguna libre decisión.
Por lo cual aquella sociedad, durante siglos y de alguna manera también en la actualidad, parece preferir ser dirigidos despóticamente para que todo funcione más o menos a gusto de regímenes totalitarios, pues siempre se evidencia cierta tranquilidad cuando está dirigida sometida o mangoneada tiránicamente por alguien. En las esporádicas ocasiones en las que el pueblo pretendía experimentar formas más o menos democráticas, es cuando se producían las envidias, las intrigas, las desconfianzas, los abusos de poder, las guerras, incluso entre hermanos, hasta que de nuevo, aparecía una dinastía de las que esperaban la ocasión en algún exilio cercano, o bien un dictador por la fuerza de un golpe de estado, derribaba la endeble democracia y se hacía con el poder, humillando otra vez a los ciudadanos, que una vez más eran incapaces de unirse contra esa injusta situación, claudicando sumisos ante el poder impuesto, que en muchas ocasiones utilizaba a los personajes que habían representado democráticamente al pueblo, como cómplices de la represión.
En ese país, eran frecuentes los conflictos y las guerras por el poder, la última de las citadas guerras fue la llamada Guerra Civil, provocada por un golpe de Estado, que consiguió derribar por la fuerza uno de aquellos intentos democráticos, una cruenta y fratricida guerra, que enfrentó incluso a hermanos y que costó la ruina e incluso la vida, a una gran cantidad de ciudadanos de todas las edades, con la consiguiente destrucción de patrimonio y en especial de la poca dignidad que podría quedar.
Pues bien, como suele ocurrir después de una guerra, que en teoría se había planificado para evitar la autodestrucción de los gobernantes democráticos que habían sembrado el caos y que daría paso a una dictadura provisional, cuyo fin teórico era calmar las aguas y luego se instauraría una democracia. Ganó esa guerra criminal un militar insignificante, pero con mucho caudillaje y con pocos escrúpulos, una gran ansia de poder, que rodeándose de abundante gente de su calaña, consiguió someter a lo que quedaba de la población de aquel país, consiguiendo incluso mantenerlo aislado del resto de países de su entorno, que sí habían conseguido unirse y autogobernarse, con sistemas imperfectos pero democráticos.
Pues bien, una vez acabada la guerra por eliminación de todo aquel que pudiera significar un obstáculo, aquel personaje mediocre se autoproclamó Jefe de gobierno de lo que a partir de entonces se convertía una vez más en una dictadura, este dictador, que supo rodearse de incondicionales sumisos, consiguió con gran facilidad y con la inestimable ayuda del Clero, que como es sabido siempre esta con el poder, someter rígidamente a lo que él llamó su pueblo, durante más de cuarenta años, sin necesidad de soportar rebeliones de importancia, consiguiendo mantener el poder, hasta su muerte tranquilamente en la cama de su palacio, anciano y enfermo, pero ostentando hasta el final el poder absoluto.
Antes de morir y para mantener a su país humillado lo cual no era difícil, al darse cuenta de que era un ser mortal, quiso inmortalizar su poder instaurando la monarquía una vez más, sin aconsejarse por nadie, nombrando heredero tras jurar fidelidad a su proyecto, a un príncipe de una dinastía que nunca destacó por sus luces, que ya había gobernado antaño, dejando por tanto su sucesión atada y bien atada.
Esta decisión, evidentemente no fue cuestionada por los acólitos del fallecido dictador, clero incluido, que veían como su estatus, podría seguir igual o mejor, ya que se convertían en cortesanos.
El dictador, junto con la corte recién creada, ante las presiones de los países vecinos con democracias consolidadas, que aumentaban considerable y peligrosamente, se inventaron lo que se dio en llamar una democracia asistida, no fuera que algunos se creyeran de verdad que el poder emana del pueblo, que sí que emana, pero poquito. Pues bien, sentaron durante meses a unas destacadas mentes pensantes, que en su gran parte habían sido y eran íntimos colaboradores del Dictador, para que elaboraran -que ironía- una “Constitución democrática” pero sin pasarse, como tenía el resto de países modernos.
Tras meses de sesudos estudios, se elaboró una “Constitución” que, como merito principal, tenía el consenso general de aquellos llamados Padres, que la habían confeccionado siguiendo fielmente las pautas del dictador, lo cual no garantizaba demasiado su libertad.
El compromiso, era que esa “Constitución” no considerara -olvidara- las aberraciones y crímenes de Estado, ocurridos anteriormente y por lo tanto tratara con “sensibilidad” a militares, golpistas, asesinos, torturadores, políticos colaboradores de la dictadura, y una especial “Ternura” con los miembros del Clero, que tan cerca estuvieron siempre del Dictador, eso a pesar que la propia “Constitución” declaraba que se trataba de un país aconfesional, lo cual tampoco era del todo exacto.
Una “Constitución” que dogmatizara, que la forma de gobierno sería la Monarquía “Parlamentaria”, es decir que el jefe del Estado, sería el que, de forma totalmente arbitraria, había decidido el dictador, es esa Constitución que, no obstante, recogía como cualquier otra derechos y obligaciones. Las obligaciones eran cumplidas estrictamente, aunque muchos de los derechos después de cuarenta años de supuesta democracia aún siguen sin ser efectivos, ante la vergonzosa pasividad de nuestros partidos políticos.
La muerte del dictador, trajo como consecuencia lo que se dio en llamar irónicamente “Transición Democrática Ejemplar”, que dio paso a algo tan esperanzador en aquel entonces, como fueron unas elecciones “libres”, por fin aquellas gentes, podrían elegir a quien les iba a gobernar, por fin no se verían sometidos al poder, por fin no les robarían, por fin no les engañarían, por fin serian ellos los que decidirían quien les gobernaría, por fin tenían una “Constitución”, que permitiría a esos políticos elegidos por el pueblo, poner a su disposición esos derechos que a los ciudadanos la Carta Magna les garantizaba.
Pues bien, después de varias décadas de “Transición Ejemplar”, y como siempre ha ocurrido en ese “País del Cuento” que os estoy relatando, los ciudadanos, siguen siendo igual de sumisos que antes con las dictaduras, igual que antes con las monarquías, igual que antes de los imperios, siguen siendo envidiosos, siguen siendo incapaces de unirse para nada, siguen siendo prepotentes cuando alcanzan un mínimo de poder, siguen robando prevaricando y malversando, cuando los ciudadanos los colocan en cotas de poder, siguen mintiendo a los ciudadanos para conseguir su elección, solo utilizan la “Constitución” para su conveniencia y como arma arrojadiza, pero no la cumplen en los aspectos sociales, ni en cuanto a los derechos de los ciudadanos, los habitantes de ese país del Cuento, siguen sin tener asegurado, el derecho a una educación digna y gratuita, siguen sin tener derecho a una vivienda digna, siguen sin tener derecho al trabajo, siguen muriendo de hambre niños y ancianos en las calles, mientras cada año que pasa hay más millonarios.
Una “Constitución” que no garantiza la equivalencia del voto entre ciudadanos, pues depende de dónde vivan o a quien quieran votar, su voto vale más o menos, una “Constitución” que no garantiza poder ser revisada, ya que solo se revisa para favorecer a los poderosos.
Este país, en el que ahora los políticos son elegidos por el pueblo, pero que una vez en el poder, se olvidan del pueblo y que solo respetan la “Constitución”, para aquello que se ajusta a su forma de gobernar, un país en el que en materia educativa, los políticos de todos los colores, nunca se han puesto de acuerdo, en elaborar unas leyes, que faciliten a los ciudadanos una educación, que les permita tener capacidad de análisis, ante la verborrea de los políticos, especialmente cuando se presentan a las elecciones, algo que es evidente que a los distintos partidos políticos, no les interesa, pues un ciudadano que sabe lo que quiere y a lo que tiene derecho, lo exige democráticamente, es más fácil gobernar a ciudadanos dóciles, que solo con tener acceso al futbol y a los toros tienen suficiente para satisfacer su “intelecto”.
En una ocasión a un político honrado, –que también los hay- en el “País del Cuento” se le ocurrió Proponer en el Parlamento, eliminar los toros y el futbol y con el dinero que el Pueblo se gasta en esos eventos, elaborar un impuesto, con el que pagar las becas a todos los estudiantes con pocos recursos, hacer viviendas sociales, para que nadie viviera en la calle y cosas así, además de ser el hazmerreír de la Cámara, de ser pasto de las críticas más feroces de la prensa, a día de hoy este político está en paradero desconocido.
Que esto venga ocurriendo con los partidos conservadores a nadie le extraña, pero es muy grave que, en este país del cuento, un partido que se autodenomina de izquierda, progresista, que dice luchar por una sociedad justa como le ordena sus estatutos y que así lo hizo en el exilio, con eufemismos como Socialdemocracia, enmascara soezmente su evidente giro a la derecha más retrograda, desacreditando a aquellos pocos militantes que siguen manteniendo sus valores socialistas y morales, ensalzando y promoviendo a los obedientes y sumisos pero sin ideales.
En fin, como afirmé al principio de este cuento, este país está en mi imaginación, quizás exista, pero cualquier parecido con la realidad, quizá sea fruto de mi calenturienta mente.
Si alguien se ve reflejado en este cuento no le pediré disculpas, que reflexione a ver si es cierto, si cuadra con su personalidad y si se encuentra capacitado para demostrar que no es así.
Con este cuento, no pretendo herir a nadie, solo deseo que la gente adquiera capacidad de análisis y que cuando elijamos a quien nos va a representar, sepamos lo que nos conviene como personas, como colectivo y como sociedad.
El pasado 7 de noviembre se realizó el encuentro estatal en defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y democráticos, y por la República.
El Acto en el que Tribuna Socialista participó, tanto en su organización como en el debate, dado el carácter de miembro del CTAP, contó con la participación de más de 200 personas, que de forma individual o en representación de sus organizaciones o mareas, decidieron participar del debate y las conclusiones del mismo.
En este número de Tribuna Socialista creemos necesario informar tanto del manifiesto que se aprobó en dicho acto como de las iniciativas que se presentaron por parte de los participantes.
Manifiesto por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República
A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan para ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social, compuesta entre otros por:
Los trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus derechos y su poder adquisitivo.
Los desempleados y desempleadas que ven como su situación se cronifica sin solución.
Los que sufren un ERTE y temen el despido, a pesar de las ayudas y exenciones económicas recibidas por sus empresas.
Los que sufren aislamiento por el coronavirus y ven con miedo que la pandemia se desborda.
Los estudiantes que ven como la enseñanza “telemática”, y los escasos medios humanos y materiales de la enseñanza pública burlan su derecho a la educación. Jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio.
Los que sufren la legislación obsoleta de protección de niños, niñas y adolescentes, que facilita desvincularlos de sus familias biológicas. Son miles los casos de menores de edad tutelados por las comunidades autónomas, pero en la práctica esa custodia la ejercen a menudo empresas privadas, que dictan expedientes de riesgo y desamparo, de manera arbitraria.
Los pensionistas y los trabajadores y trabajadoras hoy, pensionistas mañana, que defienden el sistema público de pensiones y ven que el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo no restituye los ingentes fondos que se han detraído de la caja para el pago de las pensiones.
La población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud.
Las mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial.
Las familias bajo el umbral del hambre. Las que temen por la vida de sus mayores en las residencias.
Los autónomos, los falsos (asalariados bajo fórmulas mercantiles) y los verdaderos, a los que se les expulsa del mercado en el que se privilegia a las grandes corporaciones.
Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de enfrentarnos a ese falso dilema, cuyo objetivo es disfrazar la lucha de clases con todo tipo de eufemismos. Las medidas que están tomando los gobiernos, para afrontar la pandemia y sus efectos, no afectan por igual a explotadores y explotados, a ricos y a pobres. Mientras los primeros aumentan sus fortunas, y aprovechan la situación para imponer nuevas bajadas de salarios y recortes de derechos, los segundos sufren las consecuencias de la crisis económica galopante. Para ahogar las exigencias de la mayoría se fomentan formas de autoritarismo y represión. La clase dominante quiere imponer su visión de que lo bueno para ellos, es bueno para la totalidad, como cuando el presidente de la CEOE ha criticado la limitación del precio de los alquileres, tachando la medida de ideológica, pero, a este mismo señor, no le debió parecer ideológica la venta de viviendas sociales a fondos buitre y guardó silencio.
Quienes tratan de aprovechar la pandemia para llevar agua al molino de sus intereses, intentan someter a toda la sociedad y a las organizaciones obreras y populares a su voluntad. Para ello mantienen las contrarreformas laborales y de pensiones favorables a sus intereses, exigiendo a la mayoría trabajadora del país que renuncie a defender sus derechos y reivindicaciones. Las compañeras y compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS REIVINDICACIONES SE DEFIENDEN.
Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:
La derogación íntegra de las reformas laborales. Contra las que la clase trabajadora se levantó en huelga general, en tres ocasiones, en 2010 y 2012.
La derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y una auditoría, sin límites temporales, que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social destinados a pensiones.
La derogación de la «ley Mordaza», que cuestiona las libertades de expresión y movilización.
La derogación del artículo 135.3 de la Constitución, que cuestiona el gasto público para la defensa de la salud y el bienestar de los pueblos.
La derogación del artículo 315.3 del Código Penal (a la espera de que la proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE en el Congreso, para derogarlo, llegue a buen fin).
La defensa de la sanidad y la educación públicas, y un presupuesto de emergencia para salvarlas.
La derogación de la Ley 15 de 25 de abril/1997, “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema de Salud Pública”. Verdadera puerta de entrada de la empresa privada en la gestión del Sistemas Público de Salud.
La devolución al Estado, hasta el último euro, de los fondos entregados a la banca privada. La creación de la banca pública.
Un plan de inversiones y empleo público para crear miles de empleos.
La libertad de los presos políticos encarcelados por defender el derecho de las nacionalidades y regiones existentes en el Estado español a decidir cómo quieren relacionarse entre ellas libre y voluntariamente. Continuar y amplificar la campaña por la amnistía de los presos políticos catalanes.
La derogación íntegra de la LOMCE y de todas las contrarreformas educativas.
La abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de los que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo.
El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social.
La exhumación de todas las víctimas del franquismo. La anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad y los derechos de los pueblos, como parte del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.
Puntos de partida básicos que nos permitirán abordar con una lógica distinta, en beneficio de la mayoría, la reconstrucción y el bienestar de esta sociedad. Para ello es necesario acabar con instituciones franquistas enquistadas en el sistema, que hacen imposible conseguir buena parte de las reivindicaciones. Hoy es indispensable un cambio social y político.
La minoría de la sociedad se empeña en continuar el viaje de la historia en un vehículo que pro- tege sus intereses, la Constitución de 1978, que nos ha hundido en la actual crisis económica, social y
de convivencia. Una Constitución que fue condicionada por el aparato del Estado franquista, que dejó las instituciones del Estado infectadas de adeptos que añoran el autoritarismo, la arbitrariedad criminal y usurpadora de la dictadura. Elementos que someten la vida de los pueblos a los intereses de los poderes económicos parásitos: en la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la polí- tica, en los medios de comunicación… todos ellos al servicio de la oligárquica casta política y social.
Hay que aportar medios a los trabajadores y trabajadoras y a los pueblos, para salir del abismo en que nos están hundiendo. Compartimos el concepto arraigado de la justicia social, del bien común y del respeto a la vida, nos rebelamos contra un sistema económico que está diseñado en función de los intereses de la minoría: la oligarquía que desprecia la vida de nuestra clase social. El movimiento obrero y democrático necesita recuperar y fortalecer las organizaciones creadas y levantadas por los trabajadores jugándose la vida y la libertad, incluso durante la dictadura franquista. Tienen que acentuar el giro hacia la defensa de las prioridades de la clase trabajadora, no solo en los discursos y programas: también en los hechos, rompiendo con la lógica del mercado, defendiendo los derechos que nos dejaron en herencia aquellas generaciones de luchadores y luchadoras. Hay que decir basta ya de saquear lo público por la vía de la privatización directa e indirecta, de desviar servicios públicos a manos privadas. Basta ya de devaluar los servicios públicos mediante mermas en la inversión en medios técnicos y humanos. Mientras estas cosas ocurren, el Estado se endeuda para asegurar los negocios privados que no garantizan el empleo. Hay que orientar esas ingentes cantidades de dinero a las prioridades de la mayoría social, como son la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Tanto la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 a 2018 como la actual pandemia vírica han puesto en evidencia el doble rasero de las políticas económicas, la mayor parte de las veces en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por lo cual la mayoría necesita la República como herramienta y punto de apoyo para cambiar esta realidad que a la mayoría le es adversa.
El Encuentro del 7 de noviembre llama a todos los sectores de la sociedad y a los colectivos sociales que luchan por sus legítimos derechos, a los partidos y sindicatos: sus objetivos son incompatibles con la Constitución de 1978. Democracia es acabar con la herencia franquista y con este estado pútrido. Defender la supervivencia de los trabajadores y los pueblos exige abrir camino a la República en la que:
La soberanía resida verdaderamente en el pueblo, y solo en el pueblo.
El Estado sea laico y ninguna religión se inmiscuya en el sistema educativo ni cuente con prerrogativas que le permitan influir en las cuestiones de Estado al margen de la democracia.
El Estado se base en los derechos de los pueblos, cuya vinculación sea libre y voluntaria, garantizando la convivencia fraternal y la riqueza cultural.
El derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una jubilación basada en el reparto sean una realidad mediante un mandato constitucional e instituciones que lo garanticen.
Se garantice el estado de bienestar en el que los sistemas públicos de sanidad, educación, dependencia, pensiones y vivienda velen por las necesidades y la dignidad de las personas, no por los intereses privados.
El derecho a la vida y la salud, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a un futuro para la juventud, la lucha contra el patriarcado… son incompatibles con la corrupción que recorre las instituciones del Estado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La corrupción, que parte de la Corona y rebosa por las ventanas de la Casa Real. El poder judicial ejerce de brazo armado de la putrefacción del partido fundado por el exministro de Franco, Manuel Fraga, que cobijó y alentó a la extrema derecha más rancia y fascista que desprecia los Derechos Humanos y que hoy vuelve a estar representada en las instituciones.
La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. República es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. República son servicios públicos inviolables e imprivatizables, derechos de los trabajadores y las trabajadoras protegidos de verdad, blindados frente a la especulación y la explotación. Es la protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. La República la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.
Tras la experiencia de estos 43 años, al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, no nos queda otro camino que luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se someta, como han hecho los gobiernos hasta ahora, a los dictados del capital financiero y la Monarquía. Los trabajadores y trabajadoras y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, de lograr que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver.
Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Único camino
para preservar los intereses de la mayoría y derrotar las resistencias de la minoría.
Luchar por proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.
Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. El Encuentro del 7 de noviembre de 2020 es un punto de partida para:
Reunir a compañeras y compañeros y colectivos que compartan nuestro combate en constituir comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, centros de instrucción, administraciones, en el campo, localidades…
Reforzar la información, el intercambio, la acción común.
Ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.
El CATP impulsa, junto con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales, la próxima República, que será el instrumento con que los pueblos de España resuelvan por fin, tomar con fuerza en sus propias manos la construcción de un futuro de democracia y esperanza.
Iniciativas presentadas y apoyadas en el Encuentro por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República
Apoyo solidario a los compañeros de Aciturri, de Getafe, en lucha contra la deslocalización de la empresa. Y por el respeto al derecho de huelga que les está siendo vulnerado.
Contra la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, con motivos arbitrarios.
Apoyar la lucha de la COESPE en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la rea- lización de una auditoría del gasto de la Seguridad Social, sin límite temporal, para que todos los fondos gastados y/o detraídos indebidamente sean devueltos a la caja de las pen- siones. Nos comprometemos a difundir y participar en la concentración que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 12:00 ante el Congreso de los Diputados.
¿Qué República queremos? La respuesta debe tomar forma en derechos y en la defensa de los mismos: servicios públicos, derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los pensio- nistas, de los jóvenes y las mujeres de nuestra clase social. Así como la libertad sindical, las libertades de expresión, manifestación, reunión y los derechos de los pueblos. Cons- truiremos la República desde los movimientos sociales y las luchas obreras.
Reclamamos atención a los más necesitados. Son insuficientes las medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revelan como meras campañas de propaganda. Las ayudas, rentas básicas o mínimas que se establezcan desde el Gobierno, no pueden concederse a cambio de becas ni cuestionar derechos como las prestaciones por desempleo, las pensiones…
Tomamos posición contra el desmantelamiento de la industria que aún queda en nuestro país. Y contra la destrucción de empleo, tanto en la industria misma como en los sectores subsidiarios de la misma.
Reiteramos nuestro apoyo a todos los compañeros represaliados o procesados judicial- mente por ejercer su derecho a la huelga o por participar en justas luchas en defensa de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y/o en cualquier otra lucha por los derechos sociales y democráticos.
Mostramos nuestro apoyo a los miembros del ejército que han sido represaliados y expul- sados del mismo por luchar y reivindicar respeto y derechos democráticos en el seno de esa institución.
Apoyamos y nos comprometemos a difundir y participar en la manifestación convocada por las Mareas Blancas, que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 17:00, en defensa de los servicios públicos sanitarios.
El CATP y las organizaciones que han participado en el Encuentro del 7 de noviembre, apoyamos a los hermanos y hermanas de clase social que se ven obligados a migrar. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social internacional, todos sus miembros deben tener los mismos derechos sin discriminación.
Se propone que el manifiesto y sus contenidos lleguen a los plenos municipales, asambleas regionales y autonómicas en forma de mociones, propuestas… y que se difunda su contenido profusamente.
Tribuna Socialista 
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