Desde hace relativamente poco tiempo, asistimos a un comportamiento político que niega el principio democrático de respeto a la convivencia en paz, de falta de respeto a quien no piensa lo mismo que ellos, y de no aceptación a los resultados electorales, cuando no son favorables a su Partido.
Este proceder, caracterizado por el uso constante de verdades alternativas, convierte a los demás en enemigos que deben ser perseguidos con saña e incluso encarcelados. Puede parecer una barbaridad, que lo es, pero actualmente se utiliza este proceder por la derecha, de forma reiterada sin ninguna prudencia ni por supuesto justificación. Con distintos grados de intensidad: modo Brasil, al asalto; o a la manera Plaza de Colón, modo faltón, buscan generar un clima de “enfrentamiento civil”, cuando la realidad es que sólo una parte muy reducida de la sociedad se sitúa en esa clave, quedando en evidencia que esa actitud carece de fundamento alguno.
Digo desde hace poco tiempo, pensando noviembre de 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales fue acosado hasta tener que pedir refugio político en Argentina, o en enero de 2021 cuando fue asaltado el Capitolio de los USA, o en diciembre de este pasado año 2022 en Perú, donde la maniobra de acoso de la derecha política ha conseguido el encarcelamiento de Pedro Castillo y ha sumido al país en un caos de represión y muerte. Pero recordamos menos otras épocas donde está manera de fomentar el odio derivó en gravísimas consecuencias, como fue la creación de un clima de inestabilidad política para justificar el golpe de Estado militar contra la Segunda República española.
La tergiversación del juego democrático, mediante actitudes y declaraciones que generan un falso clima de enfrentamiento social, hacen desviar la mirada de la actividad normal de cualquier parlamento con su acción deliberativa y legislativa, coloca al ciudadano en una situación donde lo que parece importar de verdad es la diferencia con el otro, diferencia que si no existe se inventa, donde se convierten argumentos en piedras y se sobredimensionan los problemas, negando además su resolución pacífica mediante la discusión y la conciliación. Todo esto sería imposible sin la colaboración necesaria de una preocupante mayoría de medios de comunicación de masas.
El recurso irresponsable a esta forma de actuar en una democracia, mediante la violencia verbal y gestual, es utilizada a conciencia por parte de la derecha y la ultraderecha que ven como su mito ultraliberal se cae hecho pedazos ante las consecuencias de sus crisis constantes y las graves desigualdades sociales que genera. La aparición tormentosa de líderes ademocráticos como Trump, Bolsonaro, Orban, etc., que, dentro de sistemas democráticos, intentan alargar la agonía del capitalismo neoliberal, cómo un epílogo inaplazable de este sistema económico.
Ni siquiera la deriva del social liberalismo, bajo un falso manto de socialdemocracia, ha podido evitar la miseria de un modelo de regresión e injusticia social, que finalmente dejó a la vista sus carencias y su verdadera faz para afrontar una epidemia o para evitar una guerra. Y como ha ocurrido otras veces, instituciones constitucionales creadas para garantizar el respeto a las normas y al juego democrático, instituciones garantes del respeto a los derechos y libertades fundamentales, han sido intencionalmente manipuladas, léase Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…
Sorprende el alcance de estas actitudes irresponsables de ciertos políticos y/o magistrados y de ciertos medios de comunicación, ante las consecuencias de la ruptura de esos delicados equilibrios. Es un sinsentido esta puesta en riesgo de la arquitectura constitucional para conseguir que determinada opción política obtenga lo que no le otorgan los ciudadanos por vías democráticas, y por tanto es aún más impresentable e inaceptable por destruir algo tan importante para un fin tan espurio.
Ante esta situación, donde esos determinados partidos de la derecha antidemocrática practican únicamente ruido y enfrentamiento, buscando el conflicto civil para conseguir el poder por el poder, no podemos responder más que con participación y lucha democrática/pacifica, por ejemplo defendiendo bienes comunes como la Sanidad Pública o las Pensiones, en la más absoluta normalidad, demostrando que el discurrir del juego democrático permite que los conflictos expresados por el pueblo soberano se resuelvan en el Parlamento, sean los que sean y tengan la gravedad que tengan.