13 de noviembre, aire fresco para la Sanidad Pública

Para muchos madrileños y madrileñas, la gran manifestación que discurrió por las calles de Madrid el domingo día 13 de noviembre ha sido como abrir la ventana en una fresca mañana de primavera.

Desde las manifestaciones contra la guerra, en febrero de 2003, o aquellas en las que en marzo de 2004 exigíamos saber “¿quién ha sido?”, tras los atentados de Atocha y las mentiras de Aznar, no se veía en Madrid una masa compacta de ciudadanos y ciudadanas reivindicando al unísono; en este caso en defensa de la Sanidad Pública, o, dicho de otro modo, contra su privatización.

En un artículo anterior, “La agresión permanente a la Sanidad Pública”, abordé este asunto ante la alarmante cascada de ceses y dimisiones de responsables sanitarios autonómicos y desde la óptica del personal sanitario y sus reivindicaciones. Y las consecuencias que la política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde que el 30 de junio de 2003 se perpetrara “El Tamayazo”, están teniendo para la Sanidad de todos y todas. Hoy quiero abordar un par de aspectos, tras la multitudinaria manifestación del día 13.

Tras el estallido democrático madrileño, el Gobierno regional y el sindicato corporativo de médicos de Madrid (Amyts) han cerrado un acuerdo por el que, en lugar de abrir 80 centros de urgencias, en los pueblos de la comunidad, abren 49, pero con médico; por lo que Ayuso y su gobierno retroceden en su pretensión de abrir centros de urgencias sin médico. Es una solución al conflicto con los médicos, pero no para los pueblos los 31 pueblos que nos dispondrán de ese servicio. Tampoco resuelve el profundo deterioro que se ha producido en la Sanidad Pública y sus graves consecuencias para los y las pacientes.

El problema no es solo de gestión, es un problema político; por mucho que a la señora Díaz Ayuso le moleste. Es por eso que alguien debería asumir responsabilidades por el caos creado, en primer lugar, el Consejero de Sanidad, el Sr. Ruiz Escudero. Pero incluso si dimitiera ella misma, como coreaban los manifestantes, eso tampoco se resolvería el problema.

La solución para los 6,8 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid se daría si se produjese un giro copernicano en la política que se aplica. Es decir, que cuando dicen que construyen hospitales que sea cierto y que no pretendan que aceptemos como hospital el “Zendal”, cuando en realidad es un almacén de enfermos, pues como bien preguntó el Sr. Casado el día de la inauguración ¿dónde están los quirófanos? La solución, entre otras, es que se revierta la privatización de los hospitales públicos que han sido dados en gestión privada.

La solución llegará cuando no haya hospitales con más de 400.000 habitantes asignados como pacientes, como es el caso del Ramón y Cajal, La Paz, el 12 de Octubre o la Fundación Jiménez Díaz… por citar solo cuatro ejemplos. Así disminuirían las listas de espera para operaciones, para consultas externas con especialistas y la saturación de las urgencias hospitalarias. Hay que contratar médicos, enfermeras, auxiliares y celadores.

Si además se deja de maltratar a los Médicos Interinos Residentes (MIR), tanto en sus condiciones económicas, de jornada y de asignación de plazas, estaríamos en el camino de devolver el reconocimiento que nunca debió perder el ejercicio de la medicina, en el ámbito público.

Lejos de aplicar soluciones, el PP de Madrid se dedica, por boca de su presidenta, a intentar enfrentar a los médicos con los pacientes; culpándoles del caos sanitario que ella ha creado.

Hay que dotar de plantilla a los Centros de Atención Primaria en toda la Comunidad, de manera que se acabe con lo que nos dijeron, que era por la pandemia: la atención médica telefónica, la de la cita previa telemática… y todas las trabas que los usuarios y usuarias venimos sufriendo en los últimos tiempos. Por supuesto, es inaceptable la pretensión de establecer la videoconsultas.

No soy yo quién para establecer cuáles son las soluciones en materia sanitaria a los problemas generados por la política de devaluación de la Sanidad Pública que se aplica en esta Comunidad. Solo señalo lo que cualquier ciudadano un poco informado percibe, sin entrar a criterios económicos que dejan claro que esto no es un error sino un plan premeditado, aspecto que señalé en el artículo antes citado.

Por otra parte, de la macro manifestación del pasado domingo se desprende que los ciudadanos y ciudadanas también tenemos derecho a la política. Aunque escuchando las reacciones de Dª. Isabel y su ¿equipo?, pudiera parecer que solo ella y el PP tienen derecho a ejercerla. Esta pretensión de la derecha española no es novedosa, la expresan de forma sostenida en el tiempo cuando no gobiernan; momentos en los que todo gobierno es ilegítimo, según ellos claro está. La anti política es uno de los peligros que nos acechan, y el mejor antídoto son las políticas públicas y la defensa de lo que es de todos y todas.

Los derechos a la libertad de expresión y de manifestación, aunque el PP los lesionó con su “Ley Mordaza” en 2015 (aún no derogada), son derechos para el libre ejercicio político de las personas, y eso es lo que ocurrió el domingo 13. Es evidente que para que haya una movilización alguien tiene que convocar, fijar un recorrido y un horario, entre otras cosas porque es lo que obligatoriamente se tiene que hacer ante Delegación de Gobierno. Pero de lo que no puede caber ninguna duda es que el día 13 de noviembre se manifestaron, libremente, trabajadores y trabajadoras de todas las edades, y por lo que expresaban, muy conscientes de querer defender la Sanidad Pública que pagan con sus impuestos. Puede que hubiese muchos y muchas de ellos que también tengan una póliza con alguna entidad médica privada, pues bien saben que, salvo las tarjetas “premium” inalcanzables económicamente para el 80% de los asalariados, en la sanidad privada también hay clases y que cuando la cosa es grave les derivan a la pública.

No quiero terminar sin señalar algo que me ha llamado la atención, tras la manifestación, al leer, ver y escuchar algunos medios de comunicación. Resulta que ¡la Plaza de Cibeles ha encogido! Sí, a mi también me ha parecido increíble. Es la conclusión a la que he llegado tras recordar que dichos medios, hace seis meses, publicaban que a la celebración de la 14ª “Champions League” del Real Madrid habían acudido a Cibeles 500.000 seguidores. El día 13, no pude pasar de Atocha.

Roberto Tornamira Sánchez
15nov22

¿Ha mejorado el empleo para los asalariados y asalariadas?

Se celebra con efusión los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero hay que bajar un poco la intensidad de los focos para evitar que nos deslumbren. Claro que los trabajadores deseamos que las cifras de empleo sean positivas, pero lo que en verdad queremos es que mejoren las condiciones de trabajo: salario, cantidad de horas trabajadas, cuantas veces pasa por el desempleo al cabo del año, que baje la siniestralidad…

Hay que aclarar que no es lo mismo hablar de los “afiliados” a la Seguridad Social que de “afiliaciones”; un mismo trabajador puede causar alta en la Seguridad Social varias veces al mes, como desgraciadamente ocurre por la rotación en el empleo.

Veamos algunos datos concretos para valorar en qué medida está mejorando el empleo:

La tasa de temporalidad al cierre del primer trimestre de 2022 fue del 24,2%, al tercer trimestre del presente año ha descendido al 20,18%. Es decir, que ha tenido un descenso del 4,02%, según datos del Instituto nacional de Estadística. Es un dato positivo, aunque es pronto para ver el efecto de la reforma laboral en materia de contratación. No podemos olvidar que continuamos 7 puntos por encima de la tasa media de temporalidad que en la UE-2021 se cerró en el 13,2%.

También conviene tomar distancia en la lectura de los datos, pues la estacionalidad marca diferencias importantes en las cifras de empleo de un trimestre a otro, así como entre sectores.

La reforma laboral de principios de año canceló el “Contrato de Obra o Servicio” y flexibilizó el “Fijo Discontinuo”. Según esto, la previsión es que baje la tasa de temporalidad y se incremente la contratación indefinida. Sin embargo, lo que esperamos que cambie son los contenidos de las condiciones de trabajo, no solo los datos estadísticos.

Un parámetro que nos puede dar una imagen fidedigna de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo es la variación en el número de horas trabajadas, en cómputo semanal, por los asalariados.

Horas semanales trabajadas por los asalariados y asalariadas

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE

…. Trimestre que registra un mayor número de horas trabajadas en la serie histórica

…. Trimestre que registra un menor número de horas trabajadas en el periodo 2008-2013

…. Trimestre que registra un menor número de horas trabajadas en el periodo de pandemia

Lo primero que nos dicen los datos de la tabla es que el número de horas trabajadas semanalmente, en el primer trimestre de 2022, no ha superado la cifra de horas trabajadas en el mismo trimestre de 2008. Y, que, respecto al frenazo económico provocado por la crisis sanitaria, comparando el 1er trimestre de 2019 y el del año actual, el incremento de horas trabajadas es de 762.700 horas semanales, lo que equivale a unas 19.067 jornadas completas de 40 horas, un incremento del 0,14%, no parece un crecimiento como para hacer una fiesta.

La grafica anterior representa la media trimestral anual, sin distinguir trimestres. Destaca que en 2013 las horas trabajadas cayeron aún más que durante el año 2020, el peor año de pandemia. Este dato cuantitativo hay que relacionarlo con la gran destrucción de empleo que provocó la reforma laboral de 2012, no derogada en todos sus efectos lesivos, cuyas medidas desembocaron en la mayor tasa de paro registrada en la historia de nuestro país, el 26,06% en el 2º trimestre de 2013. Aquella reforma laboral fue una tremenda operación para la transformación trabajo con derechos en empleo precario.

Por otra parte, y con una inflación desbocada, otro parámetro que hay que valorar para saber si el empleo mejora verdaderamente, es la pérdida o ganancia de poder adquisitivo de los salarios.

Tabla comparativa entre inflación y subida media salarial

En el acumulado de estos doce años, los precios han crecido un 25,44% frente al 18,57% de los salarios, es decir, que la pérdida acumulada en este periodo es del 6,87%. Sin perder de vista que el diferencial entre inflación y salarios del pasado año 2021 fue de 5%. Las expectativas no son halagüeñas para los salarios, pues todos los organismos económicos internacionales prevén que la inflación va para largo.

En el mismo periodo de años, de 2010 a 2022, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 633,3 € a 1.000 €; ha experimentado un crecimiento medio del 4,45% anual. Es un dato positivo, sin duda. La subida del SMI tira de los salarios hacia arriba, aunque no siempre se transforme en incrementos reales para los trabajadores y trabajadoras, por la absorción que muchos empresarios aplican a otros conceptos que no son el salario base.

Comprendo y comparto que los sindicatos, UGT y CCOO, se hayan levantado de la mesa de negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), ante las propuestas de la CEOE de una subida salarial para los tres próximos años del 8% (2,66% anual) y sin cláusula de revisión. Sin embargo, es una llamativa coincidencia, o no, que la subida salarial media a octubre sea del 2,64%, un 0,02% menos que la propuesta de la patronal. No se ha firmado el “Pacto de Rentas” promovido por el Gobierno, pero lo hechos coinciden plenamente en que el coste de esta nueva versión de crisis económica carga sobre los salarios, con una devaluación constante.

Hay que poner freno al trasvase de rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. El Gobierno debe intervenir en este desequilibrio, como en tantos otros que se están produciendo en perjuicio de los más débiles. No es posible esperar a que pasen las crisis, pues ya vemos como se encadenan una con otras. Para convencer a Gobierno y patronales solo cabe la movilización unida y coordinada de todos los sectores en conflicto.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario General de FeS-UGT-Madrid

(Artículo publicado en el mes de mayo, actualizado al cierre de octubre)

9 de Noviembre: Una gran huelga paralizó las principales ciudades de Grecia.

Los problemas vienen de lejos. El 5 de julio de 2015 se realizó un referéndum en Grecia convocado por el Gobierno de SYRIZA, había que determinar; si el pueblo griego aceptaba o no los planes de rescate que las distintas instancias económicas internacionales querían imponer a los griegos. Pese a las presiones recibidas en favor del Sí e, inesperadamente para algunos, el 62% de los electores votó en contra del rescate con más de 20 puntos de diferencia sobre el Sí.

Alexis Tsipras presidente del gobierno que había hecho campaña por el no, desobedece el mandato del pueblo y acepta las condiciones de la Cumbre de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, en algunos aspectos más duros que los que proponían antes del Referéndum.

En las siguientes elecciones generales gana las elecciones Nueva Democracia (ND) obteniendo una mayoría de 158 escaños de los 300 que tiene la cámara de representantes griegos.

Durante estos 12 años, a los trabajadores del sector público se le han aplicado recortes salariales de hasta el 40% y el salario mínimo pese a haber percibido algún aumento está en 713€.

La huelga del día 9 de noviembre convocada por la Confederación General de Trabajadores (GSEE) y el Frente General de Lucha (PAME) sindicatos mayoritarios tuvo un gran seguimiento, miles de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores sociales se manifestaron contra la subida de precios que el gobierno permite y exigen subidas salariales, subida de las pensiones y del salario mínimo. Además del restablecimiento de la negociación colectiva.

El lema contra la pobreza y la guerra fue ampliamente coreado por las manifestaciones convocadas.

Según algunos dirigentes la huelga fue masiva no porque fuese convocada por los sindicatos mayoritarios sino porque era una necesidad para la mayoría social, para gritar que hay que acabar con el saqueo al trabajo y salarios de hambre que no permite llegar a final de mes a las familias trabajadoras, contra las subidas de precios en la alimentación y la energía por la codicia de los patronos y empresas energéticas.

También fue muy extendido el grito contra la guerra, que los manifestantes no hacen suya.

Las declaraciones de responsables sindicales indican que la lucha continuará, y se preparan nuevas movilizaciones en el sector público y privado.

Sorprenderá la clase obrera griega cómo dice la editorial de T.S en este número.

José Antonio Iniesta
Militante socialista y miembro del Comité de Redacción de T.S.

Crónica del 15 de octubre de 2022, en defensa del Sistema Público de Pensiones

Por segundo año consecutivo, el movimiento de Pensionistas ha conseguido llevar a cabo una movilización muy masiva en Madrid. Al igual que el 16 de octubre de 2021, el 15 del mismo mes, pero de este año 2022, centenares de miles de personas se manifestaron desde Atocha a Callao. La policía municipal de la capital cifró la manifestación en 25.000 asistentes; por tanto, no sería exagerado decir que no menos de 40.000 manifestantes se echaron a la calle a defender el Sistema Público de Pensiones.

Manifestantes con banderas de Andalucía, Galicia, Extremadura, Cataluña… y por supuesto republicanas, llegados en tren, autocar o coche desde todos los puntos del Estado español; todos con sus propios medios, haciendo honor a la frase que Marx y Engel hicieron patrimonio de la humanidad trabajadora en el Manifiesto fundacional de la I Internacional (1864): “La emancipación de los trabajadores habrá de ser obra de ellos mismos”.

Los motivos concretos de la Manifestación eran varios, pero todos dirigidos a la defensa de las pensiones públicas, entre otros:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
  • Incremento de pensiones y salarios acorde al IPC.
  • Rechazo de la reforma que pretende llevar a cabo el ministro de Seguridad Social.

Es importante señalar que en la manifestación del pasado año también se reivindicó una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Aquella reivindicación es hoy una obligación legal, recogida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Obligación que el Gobierno tiene pendiente cumplir, según los plazos establecidos en la Disposición Adicional sexta de dicha Ley.

La Auditoría se fundamenta en el informa del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2020, que estableció que, en el periodo 1989 a 2013, el Estado ha utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros de las pensiones para pagar partidas que debiera haber asumido con impuestos.

Entre la multitud de pancartas se podían leer consignas como: “Que los bancos devuelvan los 60.000 millones”, en alusión al dinero público prestado a la banca en la crisis de 2008, o “Ni un euro para la Guerra”, en clara crítica al sustancioso incremento de los gastos militares en los presupuestos del año próximo.

Entre los asistentes no solo había pensionistas o sindicalistas que acudían a título individual. Había familias con sus hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y jóvenes que expresaban que las pensiones no son un problema solo de los mayores.

Tan solo once días antes de esta manifestación, el 4 de octubre, el Gobierno hizo pública su “pretensión” de subir las pensiones “alrededor” del 8,5%, según palabras de la Ministra de Hacienda. Muchos asistentes valoraron positivamente este anuncio, aunque consideraban que había sido un anuncio con el objetivo de desinflar la asistencia a la manifestación. No obstante, no olvidan que, en 2021 los y las pensionistas de nuestro país perdieron entre 3,5 y 4 puntos de poder adquisitivo: las pensiones se incrementaron en el 2,5% para los contributivas y un 3% para las mínimas y las no contributivas, frente a un IPC real del 6,5%.

Muchos de los asistentes eran militantes de diversos sindicatos, incluidos UGT y CCOO, por lo que son conscientes de que los salarios se incrementan en la negociación de los convenios colectivos. Por ello, no comparten la propuesta de “Pacto de Rentas” que ha lanzado el Gobierno a patronal y sindicatos, cuyo incremento rondaría el 3% anual con una duración de tres años. Pacto que ha encallado por la negativa de la CEOE a asumir las cláusulas de revisión salarial que garantizarían que los salarios se revisasen con el IPC de cada año. A cierre del mes de septiembre, la subida media en los convenios colectivos es del 2,61%, en los que han alcanzado acuerdo, por lo que si el IPC se cierra en el entorno del 8,5% que estima el Gobierno, los salarios perderían en promedio casi un 6%; que habría que sumar al 4,1% de pérdida de poder de compra de los salarios en 2021: la media de la subida salarial en los convenios fue del 2,4%.

Se corearon cánticos contra la reforma de la Ley de Seguridad Social que plantea el ministro Escrivá, por la que se ampliaría de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora que establece la pensión futura de los pensionistas. Se estima que, si esta reforma se lleva a cabo, las pensiones perderían una media del 8%.

La satisfacción de los convocantes, por la masiva asistencia, confirmaba que la movilización es el único método para alcanzar las justas reivindicaciones de la mayoría social, y el Sistema Público de Pensiones lo es.

Rogelio Obrador
Militante socialista de Madrid

Entrevista: Marifrán González

Marifrán González es trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Valencia, desde 2012, antes estuvo en hospitales y residencias como auxiliar. Desde 2019 es representante de sus compañeras de trabajo por la UGT Servicios Públicos y forma parte de la Asociación de profesionales del SAD en la Comunitat Valenciana; Asociación con la que ha participado y organizado movilizaciones y diversas acciones para reclamar mejores condiciones de trabajo para el colectivo.

Pregunta: ¿Cómo describirías el sector en el que trabajas?

Respuesta.- Es un sector de los más precarizados. A parte de las condiciones penosas en que desarrollan el trabajo, además soportamos la indiferencia de las administraciones públicas. Se trata de un sector que sufre un sesgo de género, ya que el 90% son mujeres, muchas de ellas con cargas familiares y en situación de familias monomarentales.

Pregunta.- Vuestro trabajo requiere de algunos factores muy importantes, como son la confianza y la sensibilidad, pues os hacéis cargo del cuidado de personas dependientes, la mayoría de las ocasiones mayores que viven solos y solas y prácticamente os hacéis cargo de su hogar ¿Está valorado vuestro trabajo?

Respuesta.-No, no sólo no está valorado, tampoco está reconocido, ni por las administraciones, ni por la mayoría de la ciudadanía, que desconocen el alcance de nuestro trabajo. Además de confianza y sensibilidad, requiere discreción, porque en ocasiones somos nosotras las auxiliares las únicas personas en las que pueden apoyarse algunas personas usuarias del servicio. Además, hay que añadir la peligrosidad porque en ocasiones estamos solas e indefensas dentro de un domicilio con personas que son de alto riesgo, pues sufren enfermedades mentales, como esquizofrenias, psicopatías… y no siempre toman rigurosamente su medicación.

Pregunta.- El sector de Ayuda a Domicilio (SAD) no tiene un convenio colectivo de ámbito estatal, tenéis convenios autonómicos e incluso algunos provinciales. El último firmado en la Comunidad de Madrid, fija un salario (2022), para una Auxiliar de Ayuda a Domicilio con 36 horas de jornada (Salario base + plus convenio + plus transporte), de 1.057,89 €, poco más que el SMI, y un incremento para 2023 del 0,5%. ¿Está este convenio en la media de vuestro sector? ¿Qué incremento salarial tenéis previsto para este año en la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que el IPC anual se prevé en torno al 9%?

Respuesta.- Con respecto a temas salarial tenemos una cuenta pendiente. Se suponía que nuestro sector tenía que cobrar una equiparación salarial ya que, a todas las trabajadoras de este sector, se nos exigía una titulación o una capacitación, pues bien, esta equiparación salarial se vio ligada a la nueva licitación que se ha alargado varios años, con lo cual no hemos tenido una subida de sueldo. Esto, por un lado.

Por otra parte, para gestionar los nuevos convenios colectivos, la Administración autonómica hizo unas tablas salariales en las que tampoco han incluido al SAD, alegando que la licitación ya estaba concedida y no se podía aumentar el presupuesto. Desde el SAD se exigió, que hicieran una ampliación presupuestaria exclusivamente para subirnos el sueldo igual que al resto de auxiliares de residencias de centros de Día, de centros de la mujer, de centros de acogida, etcétera, pero se nos ha excluido.

En cuanto al convenio colectivo de Ayuda a Domicilio en País Valenciano está paralizado desde el 2016 que venció el anterior; por lo que, a fecha de hoy 22 de octubre del 2022, seguimos sin tener un nuevo convenio colectivo y sin saber ni cuándo ni cuánto nos subirá el sueldo. No solo hemos perdido poder adquisitivo, sino que muchas trabajadoras solo tienen como ingreso su sueldo y están pasando verdaderos apuros para llegar al final de mes.

Pregunta.- ¿Se corresponden estos salarios con las exigencias de vuestro trabajo?

Respuesta.- No, como he comentado anteriormente nosotras vivimos situaciones de riesgo, (con personas que padecen enfermedades mentales, ex toxicómanos, etc.) y carecemos de un plus de peligrosidad. Así mismo, tampoco tenemos un plus de toxicidad y en nuestro trabajo entramos en viviendas con condiciones higiénicas deplorables, (suciedad, plagas, etc.), dentro del sector sanitario o sociosanitario somos las peor pagadas.

Pregunta.- Este sector utilizaba mucho los contratos de “Obra o Servicio” ¿Cómo os han cambiado las condiciones de trabajo, tras la última reforma laboral de principios de este año?

R espuesta.- Bueno en ese sentido se han acogido a la norma que rige actualmente y están haciendo indefinidos, eso sí, de pocas horas, (20,25,29h). Con esta práctica se saltan claramente lo que dice el Convenio Colectivo, (mejorar el contrato de las personas que ya están trabajando), las compañeras que piden que se les amplíe las horas de contrato las obligan a trabajar por la tarde en jornadas partidas, de ese modo se ahorran tener que pagar el almuerzo y de paso nos precarizan un poco más.

Pregunta.- ¿Cuáles son las enfermedades profesionales que más comúnmente sufrís? ¿Están reconocidas como tales enfermedades de esta profesión?

Respuesta.- En general, todas las enfermedades músculo esqueléticas. La mayoría de ellas por hacer movimientos repetitivos (como en los trabajos de limpiezas), o bien por realizar trabajos con unas circunstancias inadecuadas (levantamiento en camas que no son articuladas, etc.), porque, aunque se pueda disponer de grúas y otros accesorios que faciliten nuestro trabajo debido a las circunstancias del hogar de las personas usuarias, esos aparatos no pueden entrar en las habitaciones, baños, etc.

En caso de sufrir un accidente o lesión mientras estás trabajando, la mutua da cobertura, pero no la contempla como una enfermedad profesional, en caso de que se cronifique.

Otro gran problema que se nos plantea, es que no se permite acceder a los domicilios de las personas usuarias del servicio para valorar los riesgos laborales, haciendo prevalecer, la ley de privacidad a la de riesgos laborales, es decir no estamos sujetas a una norma básica que tienen cualquier persona trabajadora, como es el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo.

Pregunta.- Los últimos gobiernos elevaron, progresivamente, la edad de jubilación de 65 a 67 años. Ahora, el actual Gobierno, está fomentando alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años ¿En vuestro trabajo, es posible trabajar con esas edades?

Respuesta.- No es imposible realizar nuestro trabajo a esas edades, y esta es una de las mayores reivindicaciones de nuestro colectivo, que se revise la normativa y que se nos permita poder jubilarnos a los 60 años. En este sentido nos os hemos unido con plataformas de personal sanitario y auxiliares de residencias, para pedir al Gobierno que cambie la ley y se adelante la edad de jubilación.

Mari Pau García Cupertino

para Tribuna Socialista
Miembro del Colectivo de Socialista en el CATP

Francia al rojo vivo

Desde que el pasado 19 de junio Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional las dificultades para aplicar las políticas neoliberales que representa el presidente de la Republica Francesa van en aumento y no solo en la cámara de representantes parlamentarios, también en las calles, en las centros de trabajo, en los centros de estudio y universidades, en la sanidad y en el sector educativo, encuentra una amplia contestación.

La Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPE) convocó una gran manifestación en Paris para el pasado 16 octubre, en ella desfilaron sectores representativos de todo el país, jubilados, estudiantes, sanitarios y enseñantes que están padeciendo las consecuencias de la política que aplica Macron. La manifestación ha sido valorada como un éxito.

El martes 19 los sindicatos convocaron una huelga intersectorial que partía de los trabajadores de las empresas energéticas a las que se unieron los transportistas, enseñantes y sanitarios para reclamar aumentos salariales igual al IPC, además de las subidas salariales, los médicos pediatras demandaban el aumento de especialista para un sector en que faltan especialistas en medicina infantil y mas recursos para la sanidad, oponiéndose a la ley de financiación a la Seguridad Social que ha bajado su partida presupuestaria en 1.800 millones y el núme- ro de camas hospitalarias a disminuido un 12,4%, al mismo tiempo la partida destinada a gastos milita- res y de guerra es de 3000 millones de euros.

Los jubilados y pensionistas se manifestaban defendiendo el actual sistema de pensiones públicas que el Sr Macron quiere reformar para aumentar la edad de jubilación y el sistema de cómputo.

Los Liceos Profesionales tienen una carencia de profesores evidente debido a los continuos recortes. Profesores y estudiantes marchan juntos en defensa de la enseñanza profesional pública.

La NUPE que obtuvo 127 escaños en las ultimas elecciones, combina su trabajo parlamentario con el apoyo a los sectores que luchan por sus reivindicaciones, presento una moción de censura contra los presupuestos de Macron, moción que sirvió para poner al descubierto el verdadero carácter del Gobierno de la V República.

La primera ministra Elisabeth Borne tubo que aplicar por dos veces el articulo 49.3, articulo que algunos lo califican de dictatorial y golpista ya que permite aprobar propuestas de ley o presupuestos sin que estas sean votadas por los parlamentarios elegidos por el pueblo. Este articulo exige a la oposición una moción de censura o sea tumbar al gobierno. Para ello toda la oposición se tendría que poner de acuerdo, algo casi imposible. Como se pierde la moción de censura la ley es aprobada automáticamente. Así ha sido con el Presupuesto

La mayoría social en Francia no permitirá que se utilicen este tipo de prácticas demasiado asiduamente.

José A. Iniesta

Organizar verdaderas movilizaciones para defender verdaderas reivindicaciones

La tasa de variación anual del IPC en el mes de septiembre se sitúa en el 8,9%, un mes más da un golpe a las economías de las familias trabajadoras.

Ante la escalada inflacionista, que viene machacan- do la capacidad de compra de los trabajadores y ante el temor de que esto provocase una ola de movilizaciones como la que se realizó en la Bahía de Cádiz o con las dos semanas de huelga en el metal de Ourense.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aconsejados por la Unión Europea y el Sr Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, corrieron a la búsqueda de un Pacto de Rentas que sirviese de contención salarial y tuviese bien amarradas a las organizaciones sindicales más representativas, para permitir que los especuladores de todo pelaje llenasen sus arcas, una vez más, a costa de los trabajadores, pensionistas de los pequeños comerciantes y de la precariedad de los jóvenes.

Pese a que los sindicatos presentaron una plataforma de mínimos, que admite una pérdida de poder adquisitivo muy elevada, al plantear una subida de 3,5% para el 2022, 2,5 para el 2023 y 2,00 para el 2024, la COE no admitió el más mínimo ligamen de los salarios a la subida de la inflación, ¡quieren las manos libres! Para en nombre de la libre competencia presentar unas cuentas de resultados insultantemente beneficiosas, como las que acabamos de conocer mientras se escribe este articulo y que son: Iberdrola 3.090millones de beneficio 29% más que en el 2021, Repsol 3.222 millones de beneficio 40% más que en el 2021, Banco Santander 7.300 millones de beneficio 25% más que en el 2021, Sabadell 709 millones de beneficio 92% más que en el 2021.

Los trabajadores resisten y muestran su disposición a la luchar por aumentos salariales según el IPC real como han demostrado los del metal de Ourense que tras dos semanas de huelga han subido 5% para el 2022, 5,5% para el 2023 y un 4,5% para el 2024, la cláusula de revisión señala que los aumentos serán mayores si el IPC sigue creciendo, poniendo un tope del 18%.

UGT y CCOO habían convocado huelga de dos días en Tarragona y el de Barcelona, pero fueron des- convocadas después de haber firmado los respectivos convenios provinciales con las subidas siguientes: Tarragona 6,2 para el año 2022, 3,4 para el 2023, 2,8 para el 2024 y del 2,4 para el 2025, sin absorciones ni compensaciones en estos dos casos, también incluye cláusula de revisión que será del 8,5% de la que sobrepase el IPC al final de la vigencia del convenio.

Como vemos la firma de estos convenios no garantiza el poder adquisitivo de los salarios.

Algunas conclusiones inmediatas; de un lado, los trabajadores han mostrado su disposición a luchar por sus salarios y condiciones laborales, de otro lado y en la práctica, supone la aplicación del Pacto de Rentas deseado por patronal y Gobierno, finalmente contención de salarios y desmovilización.

La clase obrera no renunciará a sus derechos y la lucha por la subida salarial sin pérdida de poder adquisitivo, se conseguirá.

La escala móvil de salarios para que estos suban automáticamente con la subida del IPC. Es una reivindicación que es de plena actualidad, acompañada de un control de precios exhaustivo para todos los productos de primera necesidad, tanto energéticos como alimenticios.

Para lograrlo habrá que organizar verdaderas movilizaciones que recojan verdaderas reivindicaciones en unidad con las organizaciones sindicales en las que se integren todos los sectores.

José A.Iniesta

Editorial: El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado.

Manifestaciones y movilizaciones de todo tipo: en defensa de la Sanidad pública; por la reapertura de sus Centros de Atención Primaria; contra el vergonzoso incremento del tiempo de espera para pruebas médicas o citas con especialistas. Movilizaciones masivas de familiares contra la privatización de las residencias y el mal trato a las personas mayores, producto de la mercantilización de este servicio esencial. Denuncias de los sindicatos de la educación pública, y de las asociaciones estudiantiles, por la caída del número de profesores, por el déficit de plazas para estudiar FP o contra las leyes de Educación que no cambian sustancialmente los problemas crónicos que deterioran el sistema educativo público, en favor del privado. Las arbitras de fútbol luchando por subidas salariales dignas, al igual que lo están reclamando las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, en todo el Estado. Se cuentan por miles las empresas y sectores en los que los trabajadores reclaman subidas de sueldo acordes al IPC real. Los trabajadores de la industria ven como sus plantas de producción continúan siendo deslocalizadas a otros países, buscando, los empresarios, de salarios más bajos, y como a nombre de una supuesta ecología, se les despide con promesas de “tecnologías verdes” sin concretar. Los trabajadores de las líneas aéreas en pie de guerra en defensa de sus derechos laborales, como los trabajadores de Contact Center, los de Consultoría… Los pensionistas preparan una gran movilización para el 15 de octubre en Madrid.

La lista de conflictos y problemas sociales es larga, muy larga, tanto en el terreno de la defensa de los servicios públicos, como en el campo de los derechos laborales y la defensa del salario y las pensiones, devaluadas por la desbocada carestía de la vida.

Pero el Gobierno parece vivir en una burbuja que le hace ciego y sordo a lo que está ocurriendo en la calle. A pesar de ello, nadie puede decir que las medidas que están tomando sean negativas: 0,2 céntimos de ayuda a los carburantes, 10 euros en el abono transporte a jóvenes (en Madrid), 450 millones de euros para la gratuidad del transporte de cercanías Renfe, 200 euros al mes para quienes perciben menos de 14.000 € al año, 15% de incremento a las pensiones no contributivas (PNC); sabiendo que esta medida afecta al 4,5% de los pensionistas, excepción ibérica al precio del gas (con fecha de caducidad en mayo de 2023).

Parece claro y objetivo que, si en una balanza pudiésemos poner los problemas que sufre la mayoría de la sociedad, para los que reivindica soluciones desde hace años, y en el otro colocásemos las medidas bienintencionadas del Gobierno, la fuerza de la gravedad se decantaría, sin duda, por las reivindicaciones y quejas en defensa de lo público, los derechos laborales y contra la devaluación de salarios y pensiones.

La derecha por su parte, en todas sus formas: PP, VOX y C´s, se encarga de salvaguardar los intereses del gran capital, como son los bancos y las empresas de la energía.

Las medidas del Gobierno son paliativas, sucedáneos de solución, que comienzan a ser percibidas como placebos y trampantojos por esa mayoría social que, por naturaleza, es el verdadero caladero de votos de la izquierda. Quizá por esto, es por lo que las encuestas no reflejan la perspectiva que tiene el Gobierno de sí mismo, y que desearía.

Todas esas medidas quedan difuminadas cuando escuchamos decir a la ministra de Trabajo que el SMI debe subir un 4,5%, mientras que el IPC se ha situado en agosto en el 10,5%. O cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos dice que quiere, con la aquiescencia del Gobierno al completo, pasar de 25 a 35 años el número de años cotizados para hallar la base reguladora de la pensión, es decir la pensión futura.

El Gobierno puede lanzar muchas iniciativas, pero mientras no resuelva los grandes problemas estructurales que sufren los pueblos que componen el Estado español, será como el equipo de fútbol que tiene las cuentas saneadas pero que no gana títulos.

Estamos a menos de un mes para que tenga lugar una gran manifestación en Madrid, el 15 de octubre, convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) y el conjunto de organizaciones que compone el movimiento de Pensionistas. Movilización que cuenta con el apoyo del CATP y de Tribuna Socialista. En esta movilización se le reclama al Gobierno que cumpla con su obligación legal de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que no lleve a cabo la reforma de Pensiones que propone el ministro Escrivá y que revalorice las pensiones con el IPC real, no con el IPC medio; subterfugio matemático que en 2021 provocó una pérdida del 4% en la capacidad de compra de los pensionistas.

Se podrá decir que lo que se pide es muy caro, puede que sea cierto. Pero más cara sale la guerra y están dispuestos a más que duplicar el presupuesto anual en defensa, hasta llegar a los 23.000 millones de euros anuales. O más caro sale sanear a los bancos privados con 65.000 millones en efectivo, del dinero público, más 35.000 en activos fallidos de la Sareb: 100.000 millones de dinero público que, aún, ninguna institución del Estado ha reclamado su devolución a las arcas públicas.

El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado y que sirvan para resolver los problemas. Dejemos de jugar al escondite con topes al precio del gas, que por detrás y por delante se les compensa a las empresas gasistas. Dejemos de tomar medidas estéticas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, para recaudar 3.500 millones cada año, durante dos años, cuando el incremento interanual de la luz, en julio, ha sido del 53,44%, cuando, solo las cuatro grandes energéticas: Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, sumaron más de 14.000 millones de euros de beneficio en 2021. Cuando el oligopolio de la banca: Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja, batieron récord de beneficios en 2021, superando los 20.000 millones de euros.

La filosofía económica que necesita la mayoría social es “ni un euro para la Guerra y si se interviene en el mercado, que sea de verdad”.

Sindicalistas en Defensa de las Pensiones

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018(1), en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.

Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

  1. https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

Saint Gobain:

tres semanas de huelga ante los despidos

Los trabajadores de Saint Gobain Sekurit de L’Arboç harán huelga del 19 de junio al 8 de julio en protesta por los despidos que ha anunciado la multinacional argumentado una caída de la demanda de lunas para automoción.
La empresa pretende despedir a 42 trabajadores. Además de a la fábrica de L’Arboç los despidos afectan a la factoría de Avilés (otros 42 despidos) y 9 empleados de oficina entre L’Arboç y Madrid.
Los empleados de L’Arboç temían que llegase ese recorte en la división de Sekurit (vidrio para automoción) tras el cierre de la de Glass (construcción) hace un par de años. Los trabajadores de Sekurit de Saint Gobain de L’Arboç harán tres semanas de huelga contra los despidos y contra el siguiente paso que podría ser el desmantelamiento total de Saint Gobain de L’Arboç. Una
posibilidad que ya se auguró tras el cierre de la planta de Glass.
Los trabajadores de Sekurit de Saint Gobain de L’Arboç harán tres semanas de huelga contra los despidos.
Saint Gobain es la mayor empresa del Baix Penedès y cualquier recorte de plantilla es un golpe para la econo- mía de la comarca ya muy castigada por la falta de industria y liderar los índices de desempleo. Un cierre total de la empresa, paso a paso, planea como un presagio. Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con los trabajadores de Saint Gobain en su lucha por la defensa
de los puestos de trabajo.

Baltasar Santos
Tribuna Socialista
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