Categoría: sindical

¡UNIDAD Y MOVILIZACIÓN!

Todas y todos los trabajadores de Stef-Madrid debemos estar para recuperar el Poder Adquisitivo perdido

Una vez finalizada la vigencia del último convenio colectivo sectorial, ahora toca que, los sindicatos, nos sentemos frente a la patronal a negociar el “V Convenio Colectivo de Logística, paquetería y actividades Anexas al Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid”.

La UGT, en la última reunión sectorial que se celebró el pasado 20 de enero en Madrid, para la elección de los miembros que formarán parte en la Mesa Negociadora del Convenio, informó a los delegados asistentes de las más que previsibles dificultades que se esperan encontrar a la hora de las negociaciones que se mantendrán con la patronal. No será una negociación fácil, nunca lo han sido, como tampoco ha sido fácil aguantar estos dos últimos años la brutal subida de los precios de los alimentos y de los productos básicos, y que aún seguimos sufriendo. Por eso mismo, los trabajadores tenemos que tener clara nuestra posición, que no puede ser otra que, como mínimo, la de RECUPERAR EL PODER DE COMPRA PERDIDO.

Los incrementos salariales que se pactaron en convenio, para los años 2021 y 2022: el 1% y del 1,75% respectivamente. La buena fe de los trabajadores, al aceptar incrementos salariales moderados para esos años de pandemia, no ha sido tenida en cuenta, por la patronal ni la dirección de las empresas, ante la ola inflacionaria actual. El empobrecimiento es la consecuencia para los trabajadores y a sus familias. El dato que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre del año 2022 ha sido de un IPC del 5,7% al que debemos sumar el IPC del 6,5% en 2021. En dos años los trabajadores de STEF-Madrid hemos perdido 9,35% de poder adquisitivo.

El empobrecimiento es una lacra que está afectando a la mayoría de la clase trabajadora; afecta a todas las generaciones, desde los más jóvenes, que sufren las dificultades para la emancipación que les permita poder labrar su futuro, como a la generación de los trabajadores mayores que están cerca de la jubilación y se ven con cotizaciones bajas que, supondrán unas pensiones insuficientes para el resto de su vida. Del mismo modo afecta a los trabajadores de media edad que ven como sus salarios no dan para llegar a fin de mes, provocando en muchos casos no poder cubrir las necesidades básicas de sus familias: pagos de alquileres e hipotecas, calefacción, luz, gasolina, alimentos, ropa, productos de higiene, material escolar, salud dental de los hijos e hijas, etc. El último informe publicado por el INE, en junio de 2022, señala que el riesgo de pobreza en España se ha incrementado hasta el 27,8% en 2021, casi un punto más respecto a 2020, cuando el riesgo era del 27%.

La solicitud a la empresa de anticipos, peticiones de las prorratas de las pagas extraordinarias, entre otras cosas, han sido en estos últimos años, la práctica de muchos de nosotros para llegar a fin de mes. La empresa es conocedora de la situación por la que pasan los trabajadores, lo deja claro cuando de forma benéfica y paternalista, decide dar tarjetas regalo para consumo, para “ayudar “a los trabajadores a soportar el incremento de los precios de los alimentos. Estas medidas están muy bien, pero no sería necesario si los salarios fuesen más altos y se revalorizasen acordes como mínimo a la inflación. Nuestro bienestar no debe depender de gestos caritativos con esos obsequios o regalos. La responsabilidad social de las empresas debe conllevar una retribución, y su correspondiente revalorización más justa.

Que paguen salarios dignos y ya nos encargaremos nosotros de gestionar nuestra economía y cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias.

Lo que queda muy claro, en esta serie de crisis que venimos sufriendo desde 2008, es que siempre pagamos los mismos, es indignante. En 2008 la crisis económica, en 2020 la pandemia y en 2022, la guerra en Ucrania, y que aún continua, con un incierto final.

Nuestra postura debe ser firme; ante la empresa y la patronal, Los trabajadores debemos participar en las asambleas, llevar nuestra voz, prioridades y reivindicaciones, para que sean, llevadas a la negociación. “Es peligroso normalizar la pérdida de poder adquisitivo, pues supone asumir el empobrecimiento”. Por lo tanto, luchar por salarios que como mínimo igualen el IPC no es el techo al que debe aspirar el trabajador, sino el umbral, el punto de partida de la negociación, ya que igualar salarios a IPC, supone que la subida real sea igual a cero. El objetivo es ganar por de compra.

¡Luchemos por salarios justos!
¡No al continuo empobrecimiento de los trabajadores!

La campana no va a misa, pero avisa

Han pasado más de tres meses desde que las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, alzaron la voz para reivindicar salarios justos para los trabajadores, entendiendo que los beneficios empresariales están alcanzando valores que suponen en muchos casos cifras tan elevadas que ofenden e indignan a muchos asalariados y a sus familias, que han visto como la alta inflación les ha dado un nuevo y duro golpe, siendo víctimas, una vez más, de una crisis a la que a la clase trabajadora no se la puede responsabilizar y mucho menos ser quienes la paguen, una y otra vez; las consecuencias de una inflación que alcanza récords históricos, poniendo en situaciones muy difíciles a muchas familias y, empeorando notablemente la de muchas otras, que ya se encontraban ante situaciones muy precarias. La pérdida salarial acumulada de los trabajadores, desde el año 2013, viene siendo la dinámica normal ante las diferentes y anteriores crisis. Esto deriva a un aumento de la pobreza y pone en el umbral de la misma a muchas otras familias.

Tal y como he dicho al principio, los sindicatos alzaron la voz… y poco más. Creo recordar un par de concentraciones bajo el lema “salario o conflicto”: la primera, el 7 de octubre, por el “día internacional del trabajo decente”, ante la sede de la patronal, y la segunda, el 3 de noviembre en la Plaza Mayor de Madrid, a las que pude asistir y participar gracias a las horas sindicales que me corresponden como representante de los trabajadores.

En mi centro de trabajo también estamos sufriendo los bajos salarios y la inflación. Recuerdo realizar un comunicado como representante de los trabajadores de UGT, en el que se daba una explicación del cómo nos está afectando la inflación y la pérdida salarial acumulada que estábamos sufriendo en estos dos últimos años. Este comunicado lo hice público en los tablones de anuncios del centro de trabajo, añadiendo al mismo las fechas para las convocatorias que estaban previstas para el 7 de octubre y el 3 de noviembre, incluso para una manifestación, el 15 de octubre (sábado) que en este caso no convocaban los sindicatos, sino que fue el movimiento de pensionistas, liderado por la COESPE, quienes reivindicaban salarios y pensiones iguales al IPC. Pronto me di cuenta que las fechas que estaban previstas, excepto la del día 15, para las concentraciones que convocaban UGT Y CCOO, no facilitaría la presencia de trabajadores, ya que eran días de diario y en horario de mañana. De esta manera las concentraciones no estaban pensadas para que los trabajadores y sus familias pudiesen salir a la calle a reivindicar y protestar contra la evidente pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en 2022.

Después del 3 noviembre, finalizadas las 2 concentraciones que estaban programadas, y sin aparecer por la del día 15, algo incomprensible, no hemos vuelto a tener noticias de las organizaciones sindicales, ni de las futuras acciones a realizar ante la grave situación provocada por el alza de los precios que ha encogido los salarios. Parece que lo que se preveía como un otoño caliente se ha enfriado con la llegada del invierno; se ha olvidado toda acción, movilización y lucha, por lo menos de manera colectiva y organizada, dejando abandonados a su suerte a los trabajadores y trabajadoras en cada empresa.

En el último mes y medio del año pasado, los representantes de UGT de mi centro de trabajo decidimos seguir realizando comunicados, animando a los trabajadores a luchar por salarios justos, reivindicando subidas salariales acordes al IPC, e incluso proponiendo a la empresa una cláusula de revisión salarial, que fue rechazada, alegando que nuestro salario lo establece el convenio colectivo de aplicación, cerrado desde antes de la ola inflacionaria que sufrimos.

La modesta, pero necesaria acción sindical que hemos podido realizar durante este último mes y medio, los representantes de UGT en el centro de trabajo la valoramos de manera muy positiva, teniendo en cuenta que nos ha servido para conocer la opinión de los compañeros, la postura de la empresa e incluso analizar y valorar la correlación de fuerzas para determinar si es posible o no plantear un conflicto en el centro de trabajo, algo que consideramos muy complicado, debido a que somos una empresa de algo más de 250 trabajadores.

Ante un problema de tal envergadura no se puede abandonar a su suerte en cada centro de trabajo, donde la presencia o ausencia sindical, como la capacidad de negociación que puedan ejercer los trabajadores es muy limitada. Las reivindicaciones que iniciaron las organizaciones sindicales UGT y CCOO deben tener continuidad, dando la posibilidad a los trabajadores de participar, de sumarse.

Es necesaria una gran movilización para recuperar el poder adquisitivo perdido en los años 2021 y 2022; es justo pedir salarios dignos; será digno que nuestras organizaciones lideren y movilicen esta y tantas otras luchas como sean necesarias para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Sindicalista de la UGT en Madrid.

Sin indústria no hay futuro

Los días 25 y 26 de enero, la UGT FICA organizó en Algeciras unas jornadas sobre la transformación del sistema productivo. En las mismas, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, manifestó que los fondos de recuperación son una oportunidad para transformar la industria de nuestro país, pero es necesario un consenso social y político para establecer una estrategia industrial. Ha valorado el anteproyecto de la ley de industria, porque será bueno para la clase trabajadoras, pero se necesita que esta ley además de ser una realidad, cuanto antes, se mantenga en el tiempo y no se cambie en función del color político del gobierno de turno.

Pepe Álvarez señaló que el PIB industrial en España en 2021 fue del 15,3% y hay que llegar al 30% y que la industria emplea a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, apeló a potenciar la industria desde la colaboración público-privada, contando con las empresas matrices y con las pymes de nuestro país

El cambio de modelo productivo es un mantra que se lleva escuchando desde hace más de 40 años, y nadie sabe a ciencia cierta qué quiere decir exactamente. Por el camino hemos cerrado astilleros, gama blanca, siderurgias, minas, y se han sufragado cientos de expedientes de cierre con fondos públicos, y durante todo ese tiempo se ha ido perdiendo, diluyendo una concepción del modelo industrial liderado desde lo público, no con ayudas para destruir empleo sino para crearlo.

Nuestro país es el país de la Unión Europea con más kilómetros de costa y el país de la Unión Europea con más horas de sol. Parece claro que la apuesta pública por explotar industrialmente estos privilegios naturales sería una apuesta ganadora.

Desde la generación energética hasta la fabricación de vehículos con cero emisiones (hoy se apuesta por el vehículo eléctrico pero se piensa que el futuro pasa por el hidrogeno), necesitamos un proyecto industrial de país. ¿que hay dinero proviniente de los planes de transformación y resiliencia?. Bienvenidos sean, pero no esperemos que sean las multinacionales ni las Pimes las que agoten estos fondos porque caerán en un pozo sin fondo.

Se ha demostrado que cuando se trata de proteger bienes esenciales, el sector privado no es el más adecuado puesto que prioriza el beneficio económico a corto plazo al beneficio social y colectivo. Por tanto, un pacto por la industria debe ser liderado desde los gobiernos para garantizar la producción de aquellos bienes necesarios para nuestra sociedad.

Y alerta: producir tanques y bombas también es industria, y desde luego, no es el modelo industrial que la mayoría de socialistas deseamos para nuestro país.

Baltasar Santos
Comité de Redacción de TS

Carta abierta al Sr. Escrivá, Ministro de Seguridad Social

Cumplan con la Ley 21/2021 y encarguen al Tribunal de Cuentas del Estado el obligado informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
Introducción
Con esta carta abierta, el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de la Pensiones Públicas”, vinculado al CATP, da por terminado el diálogo con el Gobierno que abrieron con la carta al presidente del Gobierno, enviada a Moncloa el 16 de julio y publicada en las páginas 16 y 17 Tribuna Socialista nº 136.
Para seguir el hilo de la carta al señor Escrivá, podéis acceder a la respuesta que el Gabinete de presidencia remitió el 18 de noviembre al grupo de Sindicalistas, publicada en la página 15 de Tribuna Socialista nº 138. Fue en base a esta respuesta de Moncloa que el 1 de diciembre los sindicalistas remitieron una carta al ministro. Ese mismo mes, la Jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió al grupo de Sindicalistas; cartas publicadas en Tribuna Socialista nº 139, en sus páginas 15 y 16 respectivamente.
El hecho de que con esta carta abierta se ponga punto y final al diálogo epistolar con el Gobierno, no significa que el grupo de Sindicalistas vaya a cejar en el empeño de continuar luchando por defender el Sistema Público de Pensiones. De hecho, en este mismo número 140 de TS, publicamos una nueva campaña que está en marcha, dirigida a los diputados y diputadas que votaron favorablemente a la Ley 21/2021, en la que se obliga al Gobierno a encargar una Auditoría, campaña desde organismos sindicales y sindicalistas.
Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Somos el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas”, vinculados al Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que, en el mes de julio, nos dirigimos al presidente de Gobierno en una carta firmada por más de 200 militantes políticos y sindicales, para trasladarle la preocupación que teníamos, y mantenemos, por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, que se prepara desde su departamento, señor Escrivá.

En dicha misiva explicábamos pormenorizadamente los motivos políticos y económicos por los que no se justifica la ampliación del número de años que se emplea para hallar la base reguladora de las pensiones. El dato principal que justifica nuestra posición nos lo da el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020 en el que, al analizar el periodo 1989-2013, concluye que el Estado es deudor de la Seguridad Social en, al menos, 103.000 millones de euros.

El 18 de noviembre, recibimos respuesta de Moncloa a la carta mencionada. Contestación del Gabinete de presidencia en la que se nos indicaba que se había dado traslado de la misma a su Ministerio. Fue por este motivo por el que el 1 de diciembre registramos una carta dirigida a usted, solicitándole una reunión, con usted y/o con su equipo, para poder trasladarle nuestras consideraciones. Con fecha 12 del mismo mes, su Jefa de Servicio, nos respondió amablemente derivándonos a otra instancia de su Ministerio.

Valoramos positivamente el intercambio epistolar que hemos mantenido y agradecemos las respuestas desde el Gobierno, si bien su contenido es de todo punto insatisfactorio. Y es por ello que hemos decidido responderle de forma abierta.

Celebramos la decisión del Gobierno por la que se incrementarán las pensiones contributivas en un 8,5%, decisión que fue tomada pocos días antes de la última gran Manifestación que discurrió por las calles de Madrid el 16 de octubre del pasado año, por lo que parece evidente que fue una respuesta positiva, tomada con antelación, a la movilización que COESPE y las demás organizaciones que componen el movimiento de pensionistas vienen desarrollando en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la subida del 8,5% para 2023, si a los futuros pensionistas les reducirán un 8% por efecto de la pretendida reforma del periodo de cálculo de la pensión, y si además no se compensa la pérdida de poder adquisitivo en relación con el IPC de 2021, que cerró en el 6,5% frente al 2,5% con que se revalorizaron las pensiones el año antepasado.

Además de estas cuestiones, que no por coyunturales menos importantes, es para nosotros y nosotras de una importancia fundamental que se lleve a cabo la Auditoría a la que el Gobierno se comprometió en la Ley 21/2021, por la que en febrero de 2022 deberían haber encargado dicha Auditoría y que en julio del mismo año deberían haber presentado el resultado de la misma.

Por otra parte, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social no puede hacerla una empresa privada por encargo del Gobierno, ni un órgano u organismo vinculado al Gobierno, pues a todas luces carecería de rigor, en tanto que sería un acto de “auto auditoría”. Es por esto que corresponde al Tribunal de Cuentas realizarla, por haber sido el órgano que puso sobre la mesa que la Seguridad Social no es deficitaria, sino acreedora del Estado, y por ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

Si en el periodo de 24 años estudiado por el Tribunal de Cuentas (1989-2013) son más de 103.000 millones de euros lo que el Estado ha utilizado indebidamente de los fondos de las pensiones, ¿a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social en el periodo 1967 a 2019, tal como marca la ley?

Parece obvio que el hecho de que el Estado sea deudor de estas magnitudes de dinero, al Sistema de Pensiones Públicas, pone fin a la idea que tanto se reitera, por partes interesadas, de que el sistema es deficitario.

Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con una ley votada por el Poder Legislativo, y por los propios partidos que sustentan al Gobierno. Exigimos que se paralicen las negociaciones para la reforma de las Pensiones y que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas
9 de enero de 2023

Vox ataca a los sindicatos en Castilla-Leon

Castilla y León es la primera comunidad en disolver los servicios de mediación laboral. Desde UGT y CCOO están convencidos de que se trata de una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales, lo que conlleva «el incumplimiento de varias normas esenciales». Entre ellas, los sindicatos destacan de rechos constitucionales tales como los recogidos en los artículos 24, 28, 37 y 149; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 y otros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal.

Disolver el servicio de mediación es una muestra tangible del nulo reconocimiento a la legitimidad de la representatividad sindical por parte de PP y VOX y la nula importancia que conceden a los derechos laborales y sociales.

Baltasar Santos
Miembro del comité de redacción de TS

Nicolás Redondo Urbieta.

Una vida de lucha, en defensa de los derechos de los trabajadores

Se ha ido Nico, el de la generación del 27, la obrera, no la literaria. Nació el 16 de junio de 1927, en Barakaldo. Sufrió en su infancia la guerra civil desatada por quienes no soportan los avances sociales y las libertades para la mayoría. Así, siendo niño, entre los 9 y los 12 años, soportó el hambre, el miedo provocado por los bombardeos y el exilio; con 11 años, junto a más de dos mil niños y niñas, embarcó en el Habana, que zarpó desde Santurce rumbo a Francia.

No regresaría hasta finales de 1939, para encontrase con la España del “Cara al Sol” y la represión.

Como era lo habitual en aquellos años, comenzó su vida laboral en la pubertad, en La Naval de Sestao, con 15 años. Nicolas fue de los que estudiaba y trabajaba; por la mañana en la Escuela Náutica y por la tarde en la fábrica. Participó en las primeras huelgas obreras contra el franquismo en 1946 y 1947, en las que se mezclaba la euforia por la victoria aliada en la IIGM, con la resistencia de los trabajadores en España contra la miseria y la sobre explotación. En aquellos años ya era militante de base de la UGT y del PSOE colaborando con el reparto de propaganda, lo que le supuso la primera detención, en la primavera de 1951.

Participó activamente en la huelga de la Naval del 30 de abril del 62, en solidaridad con la que se había desatado el 7 de abril en la mina asturiana de la Cuenca del Caudal, en el Pozo Nicolasa. No descasará de colaborar en los conflictos obreros de la década de los años 60 y en viajar por todo el territorio del Estado, haciendo proselitismo y organizando sindical y políticamente; actividad que conllevaba el riesgo de cárcel y de pérdida del puesto de trabajo. Comenzó a formar parte de las direcciones del PSOE y la UGT en 1970 y el 1971, respectivamente. La Naval le despidió en 1973, era uno de los “precios” que se corría el riesgo de pagar por ser coherente.

Fue en ese año de 1973 cuando, en el XII Congreso de la UGT, es elegido Secretario General por vez primera. Participó en todos los acontecimientos políticos, sociales y de Partido de la década de los 70, destacando su actitud inteligente y generosa en el Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes, en el que optó por apoyar a Felipe González como Secretario General del PSOE, a pesar de que él contaba con apoyos suficientes para serlo, con el criterio de no dividir al Partido y optar por una persona más joven, con capacidad probada.

Fue uno de los diputados secuestrados en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Su respuesta fue la de la defensa de la democracia llamando a la movilización y exigiendo la depuración de responsabilidades.

La década de los 80 comenzó alterada por el intento de golpe de Estado y continuó siendo dura para Nicolas Redondo, quizá la más dura ideológicamente, pero, en la adversidad, prevaleció su sentido de la coherencia y la lealtad a los intereses de la clase trabajadora: se opuso a la permanencia de España en la OTAN, en el referéndum de marzo de 1986; renunció a su acta de diputado, en octubre de 1987, por el desacuerdo con el Gobierno en las políticas económicas y el reparto de la riqueza, acto en el que fue secundado por las también diputados, Antón Saracibar y Cándido Méndez; convocó, junto a las CCOO de Marcelino Camacho, la huelga del 14 de diciembre de 1988, frente a las políticas “liberales” del Gobierno Socialista.

Tras una vida de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, en 1994 puso punto y final a su dedicación sindical al frente de la Unión General de Trabajadores, Nicolás ha vivido serenamente y siendo receptor del cariño y la gratitud de sus compañeros y compañeras. Sirvan estos párrafos para dar una pequeña idea y recordar quién fue este gran defensor de las libertades y los derechos de quienes viven de su salario.

Que la tierra te sea leve, compañero.

Roberto Tornamira
4-ene-2023

¿Ha mejorado el empleo para los asalariados y asalariadas?

Se celebra con efusión los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero hay que bajar un poco la intensidad de los focos para evitar que nos deslumbren. Claro que los trabajadores deseamos que las cifras de empleo sean positivas, pero lo que en verdad queremos es que mejoren las condiciones de trabajo: salario, cantidad de horas trabajadas, cuantas veces pasa por el desempleo al cabo del año, que baje la siniestralidad…

Hay que aclarar que no es lo mismo hablar de los “afiliados” a la Seguridad Social que de “afiliaciones”; un mismo trabajador puede causar alta en la Seguridad Social varias veces al mes, como desgraciadamente ocurre por la rotación en el empleo.

Veamos algunos datos concretos para valorar en qué medida está mejorando el empleo:

La tasa de temporalidad al cierre del primer trimestre de 2022 fue del 24,2%, al tercer trimestre del presente año ha descendido al 20,18%. Es decir, que ha tenido un descenso del 4,02%, según datos del Instituto nacional de Estadística. Es un dato positivo, aunque es pronto para ver el efecto de la reforma laboral en materia de contratación. No podemos olvidar que continuamos 7 puntos por encima de la tasa media de temporalidad que en la UE-2021 se cerró en el 13,2%.

También conviene tomar distancia en la lectura de los datos, pues la estacionalidad marca diferencias importantes en las cifras de empleo de un trimestre a otro, así como entre sectores.

La reforma laboral de principios de año canceló el “Contrato de Obra o Servicio” y flexibilizó el “Fijo Discontinuo”. Según esto, la previsión es que baje la tasa de temporalidad y se incremente la contratación indefinida. Sin embargo, lo que esperamos que cambie son los contenidos de las condiciones de trabajo, no solo los datos estadísticos.

Un parámetro que nos puede dar una imagen fidedigna de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo es la variación en el número de horas trabajadas, en cómputo semanal, por los asalariados.

Horas semanales trabajadas por los asalariados y asalariadas

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE

…. Trimestre que registra un mayor número de horas trabajadas en la serie histórica

…. Trimestre que registra un menor número de horas trabajadas en el periodo 2008-2013

…. Trimestre que registra un menor número de horas trabajadas en el periodo de pandemia

Lo primero que nos dicen los datos de la tabla es que el número de horas trabajadas semanalmente, en el primer trimestre de 2022, no ha superado la cifra de horas trabajadas en el mismo trimestre de 2008. Y, que, respecto al frenazo económico provocado por la crisis sanitaria, comparando el 1er trimestre de 2019 y el del año actual, el incremento de horas trabajadas es de 762.700 horas semanales, lo que equivale a unas 19.067 jornadas completas de 40 horas, un incremento del 0,14%, no parece un crecimiento como para hacer una fiesta.

La grafica anterior representa la media trimestral anual, sin distinguir trimestres. Destaca que en 2013 las horas trabajadas cayeron aún más que durante el año 2020, el peor año de pandemia. Este dato cuantitativo hay que relacionarlo con la gran destrucción de empleo que provocó la reforma laboral de 2012, no derogada en todos sus efectos lesivos, cuyas medidas desembocaron en la mayor tasa de paro registrada en la historia de nuestro país, el 26,06% en el 2º trimestre de 2013. Aquella reforma laboral fue una tremenda operación para la transformación trabajo con derechos en empleo precario.

Por otra parte, y con una inflación desbocada, otro parámetro que hay que valorar para saber si el empleo mejora verdaderamente, es la pérdida o ganancia de poder adquisitivo de los salarios.

Tabla comparativa entre inflación y subida media salarial

En el acumulado de estos doce años, los precios han crecido un 25,44% frente al 18,57% de los salarios, es decir, que la pérdida acumulada en este periodo es del 6,87%. Sin perder de vista que el diferencial entre inflación y salarios del pasado año 2021 fue de 5%. Las expectativas no son halagüeñas para los salarios, pues todos los organismos económicos internacionales prevén que la inflación va para largo.

En el mismo periodo de años, de 2010 a 2022, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 633,3 € a 1.000 €; ha experimentado un crecimiento medio del 4,45% anual. Es un dato positivo, sin duda. La subida del SMI tira de los salarios hacia arriba, aunque no siempre se transforme en incrementos reales para los trabajadores y trabajadoras, por la absorción que muchos empresarios aplican a otros conceptos que no son el salario base.

Comprendo y comparto que los sindicatos, UGT y CCOO, se hayan levantado de la mesa de negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), ante las propuestas de la CEOE de una subida salarial para los tres próximos años del 8% (2,66% anual) y sin cláusula de revisión. Sin embargo, es una llamativa coincidencia, o no, que la subida salarial media a octubre sea del 2,64%, un 0,02% menos que la propuesta de la patronal. No se ha firmado el “Pacto de Rentas” promovido por el Gobierno, pero lo hechos coinciden plenamente en que el coste de esta nueva versión de crisis económica carga sobre los salarios, con una devaluación constante.

Hay que poner freno al trasvase de rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. El Gobierno debe intervenir en este desequilibrio, como en tantos otros que se están produciendo en perjuicio de los más débiles. No es posible esperar a que pasen las crisis, pues ya vemos como se encadenan una con otras. Para convencer a Gobierno y patronales solo cabe la movilización unida y coordinada de todos los sectores en conflicto.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario General de FeS-UGT-Madrid

(Artículo publicado en el mes de mayo, actualizado al cierre de octubre)

9 de Noviembre: Una gran huelga paralizó las principales ciudades de Grecia.

Los problemas vienen de lejos. El 5 de julio de 2015 se realizó un referéndum en Grecia convocado por el Gobierno de SYRIZA, había que determinar; si el pueblo griego aceptaba o no los planes de rescate que las distintas instancias económicas internacionales querían imponer a los griegos. Pese a las presiones recibidas en favor del Sí e, inesperadamente para algunos, el 62% de los electores votó en contra del rescate con más de 20 puntos de diferencia sobre el Sí.

Alexis Tsipras presidente del gobierno que había hecho campaña por el no, desobedece el mandato del pueblo y acepta las condiciones de la Cumbre de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, en algunos aspectos más duros que los que proponían antes del Referéndum.

En las siguientes elecciones generales gana las elecciones Nueva Democracia (ND) obteniendo una mayoría de 158 escaños de los 300 que tiene la cámara de representantes griegos.

Durante estos 12 años, a los trabajadores del sector público se le han aplicado recortes salariales de hasta el 40% y el salario mínimo pese a haber percibido algún aumento está en 713€.

La huelga del día 9 de noviembre convocada por la Confederación General de Trabajadores (GSEE) y el Frente General de Lucha (PAME) sindicatos mayoritarios tuvo un gran seguimiento, miles de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores sociales se manifestaron contra la subida de precios que el gobierno permite y exigen subidas salariales, subida de las pensiones y del salario mínimo. Además del restablecimiento de la negociación colectiva.

El lema contra la pobreza y la guerra fue ampliamente coreado por las manifestaciones convocadas.

Según algunos dirigentes la huelga fue masiva no porque fuese convocada por los sindicatos mayoritarios sino porque era una necesidad para la mayoría social, para gritar que hay que acabar con el saqueo al trabajo y salarios de hambre que no permite llegar a final de mes a las familias trabajadoras, contra las subidas de precios en la alimentación y la energía por la codicia de los patronos y empresas energéticas.

También fue muy extendido el grito contra la guerra, que los manifestantes no hacen suya.

Las declaraciones de responsables sindicales indican que la lucha continuará, y se preparan nuevas movilizaciones en el sector público y privado.

Sorprenderá la clase obrera griega cómo dice la editorial de T.S en este número.

José Antonio Iniesta
Militante socialista y miembro del Comité de Redacción de T.S.

13 de noviembre, aire fresco para la Sanidad Pública

Para muchos madrileños y madrileñas, la gran manifestación que discurrió por las calles de Madrid el domingo día 13 de noviembre ha sido como abrir la ventana en una fresca mañana de primavera.

Desde las manifestaciones contra la guerra, en febrero de 2003, o aquellas en las que en marzo de 2004 exigíamos saber “¿quién ha sido?”, tras los atentados de Atocha y las mentiras de Aznar, no se veía en Madrid una masa compacta de ciudadanos y ciudadanas reivindicando al unísono; en este caso en defensa de la Sanidad Pública, o, dicho de otro modo, contra su privatización.

En un artículo anterior, “La agresión permanente a la Sanidad Pública”, abordé este asunto ante la alarmante cascada de ceses y dimisiones de responsables sanitarios autonómicos y desde la óptica del personal sanitario y sus reivindicaciones. Y las consecuencias que la política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde que el 30 de junio de 2003 se perpetrara “El Tamayazo”, están teniendo para la Sanidad de todos y todas. Hoy quiero abordar un par de aspectos, tras la multitudinaria manifestación del día 13.

Tras el estallido democrático madrileño, el Gobierno regional y el sindicato corporativo de médicos de Madrid (Amyts) han cerrado un acuerdo por el que, en lugar de abrir 80 centros de urgencias, en los pueblos de la comunidad, abren 49, pero con médico; por lo que Ayuso y su gobierno retroceden en su pretensión de abrir centros de urgencias sin médico. Es una solución al conflicto con los médicos, pero no para los pueblos los 31 pueblos que nos dispondrán de ese servicio. Tampoco resuelve el profundo deterioro que se ha producido en la Sanidad Pública y sus graves consecuencias para los y las pacientes.

El problema no es solo de gestión, es un problema político; por mucho que a la señora Díaz Ayuso le moleste. Es por eso que alguien debería asumir responsabilidades por el caos creado, en primer lugar, el Consejero de Sanidad, el Sr. Ruiz Escudero. Pero incluso si dimitiera ella misma, como coreaban los manifestantes, eso tampoco se resolvería el problema.

La solución para los 6,8 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid se daría si se produjese un giro copernicano en la política que se aplica. Es decir, que cuando dicen que construyen hospitales que sea cierto y que no pretendan que aceptemos como hospital el “Zendal”, cuando en realidad es un almacén de enfermos, pues como bien preguntó el Sr. Casado el día de la inauguración ¿dónde están los quirófanos? La solución, entre otras, es que se revierta la privatización de los hospitales públicos que han sido dados en gestión privada.

La solución llegará cuando no haya hospitales con más de 400.000 habitantes asignados como pacientes, como es el caso del Ramón y Cajal, La Paz, el 12 de Octubre o la Fundación Jiménez Díaz… por citar solo cuatro ejemplos. Así disminuirían las listas de espera para operaciones, para consultas externas con especialistas y la saturación de las urgencias hospitalarias. Hay que contratar médicos, enfermeras, auxiliares y celadores.

Si además se deja de maltratar a los Médicos Interinos Residentes (MIR), tanto en sus condiciones económicas, de jornada y de asignación de plazas, estaríamos en el camino de devolver el reconocimiento que nunca debió perder el ejercicio de la medicina, en el ámbito público.

Lejos de aplicar soluciones, el PP de Madrid se dedica, por boca de su presidenta, a intentar enfrentar a los médicos con los pacientes; culpándoles del caos sanitario que ella ha creado.

Hay que dotar de plantilla a los Centros de Atención Primaria en toda la Comunidad, de manera que se acabe con lo que nos dijeron, que era por la pandemia: la atención médica telefónica, la de la cita previa telemática… y todas las trabas que los usuarios y usuarias venimos sufriendo en los últimos tiempos. Por supuesto, es inaceptable la pretensión de establecer la videoconsultas.

No soy yo quién para establecer cuáles son las soluciones en materia sanitaria a los problemas generados por la política de devaluación de la Sanidad Pública que se aplica en esta Comunidad. Solo señalo lo que cualquier ciudadano un poco informado percibe, sin entrar a criterios económicos que dejan claro que esto no es un error sino un plan premeditado, aspecto que señalé en el artículo antes citado.

Por otra parte, de la macro manifestación del pasado domingo se desprende que los ciudadanos y ciudadanas también tenemos derecho a la política. Aunque escuchando las reacciones de Dª. Isabel y su ¿equipo?, pudiera parecer que solo ella y el PP tienen derecho a ejercerla. Esta pretensión de la derecha española no es novedosa, la expresan de forma sostenida en el tiempo cuando no gobiernan; momentos en los que todo gobierno es ilegítimo, según ellos claro está. La anti política es uno de los peligros que nos acechan, y el mejor antídoto son las políticas públicas y la defensa de lo que es de todos y todas.

Los derechos a la libertad de expresión y de manifestación, aunque el PP los lesionó con su “Ley Mordaza” en 2015 (aún no derogada), son derechos para el libre ejercicio político de las personas, y eso es lo que ocurrió el domingo 13. Es evidente que para que haya una movilización alguien tiene que convocar, fijar un recorrido y un horario, entre otras cosas porque es lo que obligatoriamente se tiene que hacer ante Delegación de Gobierno. Pero de lo que no puede caber ninguna duda es que el día 13 de noviembre se manifestaron, libremente, trabajadores y trabajadoras de todas las edades, y por lo que expresaban, muy conscientes de querer defender la Sanidad Pública que pagan con sus impuestos. Puede que hubiese muchos y muchas de ellos que también tengan una póliza con alguna entidad médica privada, pues bien saben que, salvo las tarjetas “premium” inalcanzables económicamente para el 80% de los asalariados, en la sanidad privada también hay clases y que cuando la cosa es grave les derivan a la pública.

No quiero terminar sin señalar algo que me ha llamado la atención, tras la manifestación, al leer, ver y escuchar algunos medios de comunicación. Resulta que ¡la Plaza de Cibeles ha encogido! Sí, a mi también me ha parecido increíble. Es la conclusión a la que he llegado tras recordar que dichos medios, hace seis meses, publicaban que a la celebración de la 14ª “Champions League” del Real Madrid habían acudido a Cibeles 500.000 seguidores. El día 13, no pude pasar de Atocha.

Roberto Tornamira Sánchez
15nov22

Organizar verdaderas movilizaciones para defender verdaderas reivindicaciones

La tasa de variación anual del IPC en el mes de septiembre se sitúa en el 8,9%, un mes más da un golpe a las economías de las familias trabajadoras.

Ante la escalada inflacionista, que viene machacan- do la capacidad de compra de los trabajadores y ante el temor de que esto provocase una ola de movilizaciones como la que se realizó en la Bahía de Cádiz o con las dos semanas de huelga en el metal de Ourense.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aconsejados por la Unión Europea y el Sr Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, corrieron a la búsqueda de un Pacto de Rentas que sirviese de contención salarial y tuviese bien amarradas a las organizaciones sindicales más representativas, para permitir que los especuladores de todo pelaje llenasen sus arcas, una vez más, a costa de los trabajadores, pensionistas de los pequeños comerciantes y de la precariedad de los jóvenes.

Pese a que los sindicatos presentaron una plataforma de mínimos, que admite una pérdida de poder adquisitivo muy elevada, al plantear una subida de 3,5% para el 2022, 2,5 para el 2023 y 2,00 para el 2024, la COE no admitió el más mínimo ligamen de los salarios a la subida de la inflación, ¡quieren las manos libres! Para en nombre de la libre competencia presentar unas cuentas de resultados insultantemente beneficiosas, como las que acabamos de conocer mientras se escribe este articulo y que son: Iberdrola 3.090millones de beneficio 29% más que en el 2021, Repsol 3.222 millones de beneficio 40% más que en el 2021, Banco Santander 7.300 millones de beneficio 25% más que en el 2021, Sabadell 709 millones de beneficio 92% más que en el 2021.

Los trabajadores resisten y muestran su disposición a la luchar por aumentos salariales según el IPC real como han demostrado los del metal de Ourense que tras dos semanas de huelga han subido 5% para el 2022, 5,5% para el 2023 y un 4,5% para el 2024, la cláusula de revisión señala que los aumentos serán mayores si el IPC sigue creciendo, poniendo un tope del 18%.

UGT y CCOO habían convocado huelga de dos días en Tarragona y el de Barcelona, pero fueron des- convocadas después de haber firmado los respectivos convenios provinciales con las subidas siguientes: Tarragona 6,2 para el año 2022, 3,4 para el 2023, 2,8 para el 2024 y del 2,4 para el 2025, sin absorciones ni compensaciones en estos dos casos, también incluye cláusula de revisión que será del 8,5% de la que sobrepase el IPC al final de la vigencia del convenio.

Como vemos la firma de estos convenios no garantiza el poder adquisitivo de los salarios.

Algunas conclusiones inmediatas; de un lado, los trabajadores han mostrado su disposición a luchar por sus salarios y condiciones laborales, de otro lado y en la práctica, supone la aplicación del Pacto de Rentas deseado por patronal y Gobierno, finalmente contención de salarios y desmovilización.

La clase obrera no renunciará a sus derechos y la lucha por la subida salarial sin pérdida de poder adquisitivo, se conseguirá.

La escala móvil de salarios para que estos suban automáticamente con la subida del IPC. Es una reivindicación que es de plena actualidad, acompañada de un control de precios exhaustivo para todos los productos de primera necesidad, tanto energéticos como alimenticios.

Para lograrlo habrá que organizar verdaderas movilizaciones que recojan verdaderas reivindicaciones en unidad con las organizaciones sindicales en las que se integren todos los sectores.

José A.Iniesta
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