Saint Gobain:

tres semanas de huelga ante los despidos

Los trabajadores de Saint Gobain Sekurit de L’Arboç harán huelga del 19 de junio al 8 de julio en protesta por los despidos que ha anunciado la multinacional argumentado una caída de la demanda de lunas para automoción.
La empresa pretende despedir a 42 trabajadores. Además de a la fábrica de L’Arboç los despidos afectan a la factoría de Avilés (otros 42 despidos) y 9 empleados de oficina entre L’Arboç y Madrid.
Los empleados de L’Arboç temían que llegase ese recorte en la división de Sekurit (vidrio para automoción) tras el cierre de la de Glass (construcción) hace un par de años. Los trabajadores de Sekurit de Saint Gobain de L’Arboç harán tres semanas de huelga contra los despidos y contra el siguiente paso que podría ser el desmantelamiento total de Saint Gobain de L’Arboç. Una
posibilidad que ya se auguró tras el cierre de la planta de Glass.
Los trabajadores de Sekurit de Saint Gobain de L’Arboç harán tres semanas de huelga contra los despidos.
Saint Gobain es la mayor empresa del Baix Penedès y cualquier recorte de plantilla es un golpe para la econo- mía de la comarca ya muy castigada por la falta de industria y liderar los índices de desempleo. Un cierre total de la empresa, paso a paso, planea como un presagio. Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con los trabajadores de Saint Gobain en su lucha por la defensa
de los puestos de trabajo.

Baltasar Santos
Tribuna Socialista

Entrevista a:

José Manuel “Pepe” Sayagués

Secretario federal del Sector Postal de UGT

José “Pepe” Sayagués es funcionario, del Cuerpo Ejecutivo del Servicio Postal en CORREOS. Se afilió a UGT en 1977 y el mismo año funda la Sección sindical de UGT Correos de Ferrol. En 1979 pasa a representar a la UGT en la Comisión Estatal del Personal Postal (Correos) designado por la Ejecutiva Estatal del Sindicato Correos UGT. En 1982 participa en la fundación de la FSP-UGT y es legido Secretario Acción Sindical en la Permanente Estatal del Sindicato de Correos en la nueva Federación. Desde 1996 es el Secretario Federal del Sector Postal de la UGT. Desde 1994 es miembro del Consejo Asesor Postal (máximo órgano institucional de carácter consultivo del sector postal en España compuesto por representantes del gobierno, operador público postal, consumidores, empresarios, sector privado y sindicatos). Entre otras responsabilidades en el ámbito internacional, es representante Sector Postal de UGT en PTTI Internacional Postal, Telegraph, Telephone.

Pregunta: En 2009, Correos tenía una plantilla de 64.037 trabajadores y trabajadoras, la última cifra a la que hemos podido acceder, según el Informe Anual de 2020, la plantilla era de 52.456, es decir, se han perdido 11.581 puestos de trabajo en la última década, un 18%. ¿A qué se ha debido esta merma?

La reducción de personal se debe a varios factores. Si bien la dirección lo achaca a la caída de la carta por la sustitución electrónica, esto no es del todo cierto. El descenso de las cartas era algo que se estaba anunciando desde antes del año 2000 por el desarrollo de Internet. Correos tiene lo más difícil en una empresa como la nuestra (la red de carteros y la red de oficinas) con esa estructura encontrar productos para distribuir en cualquiera de las dos redes es lo más sencillo. Sin embargo, los gestores que han pasado por nuestra organización en todo ese tiempo, salvo honrosas excepciones, se han acomodado a cuadrar las cuentas con reducciones de personal en lugar de hacer lo más obvio buscar nuevos negocios compatibles con nuestra actividad.

Además, la política de clientes igualmente está siendo un fracaso. Recientemente leíamos en la prensa que la empresa adjudicataria de la entrega de notificaciones del Ayuntamiento de Madrid tenía una serie de problemas por falsificaciones de firmas en la entrega de las multas de tráfico. Los carteros coincidimos en nuestro día a día con los repartidores de otras empresas, y vemos como ellos sí reparten las cartas de los clientes más importantes: empresas eléctricas, de gas, etc. ¿Qué ha sucedido con nuestra fuerza comercial?

Asimismo, los directivos de Correos no han entendido Internet, por ejemplo; hoy todas las devoluciones de las compras de internet y una parte importante de las entregas se pueden hacer en cualquier local comercial: Ferreterías, ortopedias, tiendas de ultramarinos, etc. Y nuestras oficinas cada vez con menos contenido.

P: En los últimos diez años, la inflación ha subido un 12,77%. ¿Cómo han evolucionado los salarios para los trabajadores y trabajadoras de Correos?

Históricamente todos los empleados del sector público tenemos año a año una pérdida de nuestro poder adquisitivo (siempre nos suben el salario por debajo del IPC) ya hemos perdido la cuenta de la cantidad. Cuando la situación llega a un límite difícilmente soportable lo más que se le ocurre al Gobierno de turno es compensarnos con otro tipo de regulaciones como el otorgarnos días por antigüedad. La pregunta es ¿para qué queremos más días libres si no tenemos suficientes recursos económicos para SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES BASICAS?

Lo realmente insólito es que a esta fecha y con la inflación al 9% en Correos todavía no nos han aplicado la subida pactada para el año 2022 y estamos en el mes de junio. ¿Con qué motivación acuden los trabajadores al puesto de trabajo?

P: Los días 1, 2 y 3 de junio, UGT y CCOO habéis llevado a cabo una huelga y manifestaciones con un gran seguimiento. ¿Cómo valoras la respuesta de los trabajadores y trabajadoras de Correos a la convocatoria sindical?

La valoración de nuestro sindicato y la de los compañeros de CCOO es de que la huelga ha sido un éxito. Y la movilización un éxito sin parangón con una manifestación el día 1 que puede calificarse de histórica ya que hemos conseguido inundar las calles del centro de Madrid con 20.000 trabajadores enfundados con camisetas amarillas (el color del servicio público postal) reunidos en torno a la reivindicación y el lema de “Salvar el Servicio Publico Postal”.

La huelga y manifestación, se producen después de cuatro años de gestión de un equipo directivo encabezado por Juan Manuel Serrano, una persona sin conocimientos ni experiencia en gestión empresarial que, si ya suscitó dudas por tal razón en sus inicios, ahora ya podemos decir sin temor a equivocarnos que el balance es no solo negativo sino catastrófico. Correos está cerca de la ruina y este es un dato objetivo carente de esa subjetividad que se nos achaca a los sindicatos en nuestras percepciones. En ese sentido podemos señalar algunos aspectos incontrovertibles

– Una caída de actividad que no tiene parangón.

– Los nuevos negocios no llegan a las carterías.

– Los paquetes y parte del negocio más rentable se pasan a la filial Correos Exprés.

– Las instalaciones de la matriz han sido vaciadas para ser ocupadas por la filial.

– Reducciones de plantilla (7.000 empleos en cuatro años).

– Pérdidas económicas como nunca habíamos conocido.

– Créditos para pagar las nóminas.

– Una apuesta por el empleo precario mediante contratos a tiempo parcial.

Y un largo etc.

Suponemos que ni el Gobierno, ni la SEPI se habrán sorprendido de esta movilización (la primera en cuatro años) porque llevamos tres años denunciando, por activa y pasiva, que la deriva suicida a la que Juan Manuel Serrano estaba llevando a Correos solo conducía a la catástrofe. Todo aquello que predecíamos desde UGT y CC.OO., que iba a suceder, ha sucedido. Y lo peor es que ni los órganos de control (Ministerios concernidos) ni el Gobierno, como garante corrector final de las desviaciones, han tomado decisiones a tiempo para salvar el desastre. Antes al contrario ha existido una extraña actitud, Tancredismo, por parte del Gobierno permitiendo que Correos construya una realidad virtual con un escenario distópico dibujado mediante un derroche económico insultante en campañas de publicidad. Todo, bajo la premisa falaz de que las cartas han muerto (falaz porque es una media verdad interesada para fabricar una mentira que posibilite desguazar un servicio público y una empresa que siempre ha respondido a los desafíos y evoluciones tanto económicas como tecnológicas). El proyecto difundido por Juan Manuel Serrano (que no aparecía en el programa electoral del PSOE ni tampoco en documento alguno conocido del actual Gobierno) partía de la reconversión de Correos en una simple empresa de logística y paquetería mediante la cual desarrollar proyectos de negocio, en algunos casos tan exóticos como disparatados (véase el anuncio de entrar en la privatización de Correos de Brasil previa entrevista de Serrano con Ministros de Bolsonaro) amén de otros, basados en ensoñaciones y ocurrencias de no sabemos qué gurús y lobbies económicos sobrevenidos al calor de una empresa pública que en 2018 manejaba una actividad de dos mil millones de euros (de los que el 65% procedía de las actividades postales que se daban por muertas).

P: En vuestros comunicados venís señalando que el problema en Correos es un “conflicto político”. ¿Podrías explicar por qué? También habéis dicho que se está desmantelando el servicio postal público. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay riesgo de privatización?

La mala gestión de Correos ha devenido en conflicto político porque Correos es (al margen de su naturaleza de empresa pública) el operador responsable de prestar el Servicio Postal Universal y además cumple con un papel muy importante como lo es el de vertebrar nuestro país y ser un agente para el desarrollo económico y social. Como ocurre en cualquier país desarrollado de nuestro entorno. Precisamente todo esto, que está en la esencia de nuestro trabajo, se ha abandonado en los últimos años pretendiendo que Correos sea una simple empresa más del sector de la logística y paquetería. Baste un ejemplo para que alguien con sentido común reflexione. ¿Qué empresa de paquetería y de logística convencional puede sustituir el papel que desempeña Correos y el Servicio Público como garante en el ejercicio del derecho democrático al voto en las elecciones?

Correos, como operador postal, tiene una logística inherente a funcionamiento y la paquetería es una actividad que se lleva desarrollando desde siempre, aunque ahora Juan Manuel Serrano intente disfrazarse de “innovador” desde un adanismo patético, diciendo que Correos debe orientarse a la paquetería. Antes de nacer Serrano Correos ya llevaba paquetes. Otra cosa es adecuar la organización a la explosión de la paquetería vinculada al e-commerce, algo que ya se venía haciendo antes de la llegada de este equipo directivo. Desde el sentido común no es posible conciliar el aventurerismo irreflexivo del señor Serrano y los “lobbies de interés económico” y gurús que lo asesoran (anótese aquí el papelón jugado por la Consultora Deloitte) con la decisión de desguazar (transformación le llaman) el sistema postal en nuestro país. actuaciones que definen un desconocimiento de la naturaleza de Correos y de las innegables potencialidades de futuro de esta empresa pública si se adoptaran decisiones racionales, reflexivas y sensatas basadas en un modelo evolutivo, gradual, consensuado y midiendo el impacto de las decisiones para evitar fracasos como el actual.

Por supuesto que hay riesgo de privatización. Entre otras cosas porque los que peinamos canas, leemos y viajamos, sabemos que las privatizaciones o se hacen por la vía directa de un gobierno implacable y ajeno a las consecuencias de ello o se abordan dilatando la decisión por la vía de promover las causas primero (el deterioro del servicio público) que lleven al efecto de privatizar como solución in extremis e irreversible para “salvar algunos muebles”. En Correos, por una decisión muy “particular” de Juan Manuel Serrano (y sus socios/consultores en la tarea) o bien por indecisión, desconocimiento o desidia del Gobierno, todo parece indicar que el camino es irreversible, si no hay una reacción de última hora de alguien con poder (y sentido común) que lo impida.

P: Correos cuenta, según el informe anual de 2020, con 8.381 puntos de atención: 6011 servicios rurales y 2370 oficinas. Son cifras que pueden competir con cualquier entidad bancaria e incluso en la España vaciada las mejora. ¿Podría Correos, en coordinación con el ICO, ser una alternativa del Estado al deterioro del servicio bancario que prestan las entidades financieras privadas?

Claro que Correos está capacitado para prestar servicios bancarios. Correos tiene unos sistemas informáticos punteros, tiene oficinas por todo el país, tiene personal suficientemente preparado por nuestra historia de Caja Postal, la colaboración posterior con Argentaria, BBBA y el acuerdo de comercialización con Deutsche Bank, etc. Correos en la actualidad presta un sinfín de servicios que también prestan los bancos como el cobro de recibos, los giros, los reembolsos, las remesas de emigrantes, tenemos acuerdos para ser el cajero de algunas entidades, entre nuestro elenco de productos hay varias tarjetas de recarga y crédito, etc. UGT ha reclamado, reiteradamente (por ejemplo, con ocasión de la Ley Postal 43/2010) desde que el gobierno socialista decidió el 13 de Marzo de 1991 que la Caja Postal dejara de depender de Correos y Telégrafos y rompió un modelo postal que siempre existió (y sigue existiendo en otros países europeos, caso de Francia, Italia, etc.) que además de una utilidad social incuestionable conlleva aportar capacidad y potencialidad en los retos de diversificación, de eficacia social y de eficiencia económica, que son desafíos aceptados en los Operadores designados como prestadores del Servicio Postal Universal, como es Correos en España.

Por otra parte, cabe apuntar que, en algunas reuniones sobre el tema bancario, Correos ha dicho que por la tesorería de Correos circulaba más cantidad de dinero por este tipo de prestaciones que el total de nuestros ingresos (por aquellas fechas 2.000 millones de €). Así pues, con la necesidad de diversificación seria, solvente y basada en proyectos creíbles que tiene Correos y dada la situación de la banca en nuestro país, que está reduciendo el número de oficinas y la atención al público, una solución de este tipo no debería ser difícil ponerse manos a la obra. Pero, insisto, con una seriedad, conocimiento del contexto y de lo que se tiene entre manos, del que hasta ahora se ha carecido.

Conclusión: Se puede afirmar que, si la situación y caos existente no se aborda con prontitud, algún día se estudiará en las Universidades el caso Correos. Cómo hundir una Empresa Pública y deteriorar un Servicio Público en cuatro años sin perecer en el intento y sin que nadie con responsabilidad política haga nada por evitarlo. Ya lo he dicho alguna vez, los 300 años de historia de Correos, el esfuerzo vocacional de miles de empleados postales para conseguir mantener el funcionamiento en niveles aceptables de un Servicio Público -uno de los más apreciados según las encuestas del CIS hasta hace poco- con sueldos bajos y condiciones laborables precarias, no merece este abandono político rociado de publicidad falsa y engañosa. En 1990 con ocasión de la reforma de La Poste, en Francia, en un acto en Paris -fui testigo- un ministro socialista dijo “en la reforma postal el modo de hacerla, es tan o más importante, que el objetivo”. Pues eso.

Roberto Tornamira para Tribuna Socialista

En casa del herrero cuchillo de palo

A día de hoy, las personas trabajadoras asalariadas de la UGT no podemos negociar nuestro Convenio Colectivo que ya fue denunciado por la empleadora (UGT) en septiembre de 2020, y no podemos hacerlo porque han eliminado, de forma unilateral, nuestro ámbito negociador; al mejor estilo de las peores patronales. Han eliminado en los Estatutos y reglamentos internos, que no en la ley, la Sección Sindical Estatal, así como las secciones sindicales de las comunidades autónomas. Lo que viene a suponer la desorganización sindical de las personas trabajadoras asalariadas. Ahora, para negociar nuestros convenios tenemos que tratar con el organismo y la comunidad autónoma que correspondan, rompiendo así la unidad del colectivo, dificultando y haciendo casi imposible negociar las mismas condiciones laborales y salariales para todo el conjunto de las trabajadoras y trabajadores de UGT en todo el Estado.

Este problema arranca con el último Congreso Confederal de la UGT que se celebró del 18 al 20 de mayo de 2021, donde se intentó modificar la normativa Confederal con la finalidad de eliminar la norma que establece la existencia de una Sección Sindical Estatal para negociar un Convenio Colectivo Marco para todos los trabajadores y trabajadoras al servicio de UGT y sus organismos, la cual no fue finalmente aprobada, ya que, debido a la intervención de los compañeros de la Sección Sindical Estatal, se retiró la enmienda que lo pretendía.

Al finalizar el Congreso Confederal, y a la vista de que este no aprobó la modificación pretendida, la normativa sobre la existencia del Convenio Colectivo Marco, que se pretendía motivar por la adecuación de la representación de las trabajadoras y trabajadores de UGT, FeSMC-UGT, por escrito, de 24-05-2021, del Secretario de Organización Federal, decidió unilateralmente, reinterpretar los Estatutos Federales y disolver la Sección Sindical Estatal de los Trabajadores de UGT.

La Audiencia Nacional admitió a trámite la demanda contra la disolución de la Sección Sindical Estatal y de todas las secciones sindicales regionales, recientemente, el 07/06/2022 ha salido la sentencia sobre este juicio, el juez desestima nuestra reclamación y nos viene a decir que somos una organización sindical y que como tal nuestros dirigentes pueden redactar sus estatutos y reglamentos u organizar su administración interna como crean conveniente.

Ahora mismo hemos emplazado a la ejecutiva confederal a que tome partido y busque solución, a la fecha de la publicación de este artículo no ha habido respuesta alguna.

No descartamos movilizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras asalariados de la UGT, si no se busca una solución a esta situación cuanto antes.

Los y las sindicalistas debemos combatir las actitudes antisindicales, por mucho que los jueces interpreten que los dirigentes pueden hacer lo que les dé la gana con las organizaciones y con más fuerza cuando se produce dentro de nuestras propias organizaciones.

¡¡Viva la lucha obrera!!

Trabajadoras y trabajadores asalariados de la Unión General de trabajadores.

Entrevista a José Luis Mazón Lloret

Pregunta.- ¿Podrías explicar brevemente la actividad del sector de la Consultoría, y las Tecnologías de la Información y el perfil del trabajador de este sector?

Es un Sector compuesto de trabajadores altamente cualificados en distintas ramas de las ciencias y de la ingeniería, que realizan tareas de asesoramiento profesional y técnico a terceras empresas y entidades, públicas y privadas, dónde ayudan a implementar y a desarrollar: sistemas de información, la digitalización, gestión y automatización de los procesos productivos, metodologías de trabajo, herramientas de atención al cliente, de negocio, ventas y marketing, auditoría, contabilidad, recursos humanos, documentación, comunicación, etc. Hay un importante porcentaje de trabajadores externalizados desde los sectores financiero, seguros, comercio, energía, etc., que ceden estas actividades auxiliares a las empresas del Sector TIC, para que las mismas personas les sigan prestando esos servicios, pero desde fuera de su organización y ya sin vinculación como empleadores, lo cual precariza sus condiciones de trabajo con el tiempo. Actualmente, la mujer esta infrarrepresentada dentro del Sector.

Pregunta.- Representas a uno de los sectores de mayor valor añadido, de entre el sector servicios. ¿Se le reconoce a los trabajadores y trabajadoras del sector de la Planificación y Consultaría ese valor?

No. Con los años, la profesión se ha ido devaluando. Hasta mediados de la década del 2000, éramos profesionales muy bien remunerados y con buenas condiciones, pues existía escasez de profesionales y una alta demanda. Pero eso derivó en un abuso de la negociación individual empresario/trabajador en detrimento de la negociación colectiva, de manera que el convenio sectorial se ha quedado estancado en tablas salariales con niveles de hace 20 años, que no reflejan la realidad del mercado (tenemos hasta una decena de categorías profesionales por debajo del actual SMI). El convenio apenas regula nada, y, por ejemplo, contempla una de las mayores jornadas laborales de los Convenios sectoriales Estatales, 1800 horas, y un texto absolutamente obsoleto en muchos aspectos.

Pregunta.- Tras la crisis económica de 2008 vuestro convenio colectivo estuvo muchos años con subida cero. ¿Cuánto poder adquisitivo han perdido los trabajadores y trabajadoras de este sector en los últimos diez años?

Ciertamente, desde 2009 hasta 2017 la negociación del Convenio estuvo paralizada, y esto ha implicado una pérdida acumulada de un 15,7 % hasta 2021. Si tuviésemos en cuenta el IPC actual de abril de 2022, la pérdida se dispara hasta el 24%. Aunque el convenio ha tenido algunas subidas en 2017-2019, la compensación y absorción realizada contra los complementos personales que están fuera de convenio, hace que, al final, muchos trabajadores ganen lo mismo y vean como su salario se devalúa año tras año, pues implica una subida real del 0%.

Pregunta.- Estáis llevando a cabo movilizaciones ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones?

Queremos un convenio digno, que se ponga a nivel de mercado y que dé un salto cualitativo en Tablas. Últimamente, el Sector compite en precios, que no en calidad, y un porcentaje importante del salario de los trabajadores queda todavía a discreción del empleador, que premia con subidas individuales, fuera de convenio, de manera arbitraria e injusta, a aquellos que “esclavizan” sus vidas a la empresa y deciden no conciliar la vida laboral con la personal y familiar. Es el modelo neoliberal del meritoriaje, el “peloteo” llevado hasta las últimas consecuencias. Queremos un convenio que regule Sectorialmente el mayor número posible de conceptos, que sea un suelo de calidad, para evitar la competencia en precios, el “dumping social”, y que luego pueda ser mejorado en las empresas por medio de la articulación de la negociación colectiva.

Pregunta.- ¿Qué pretende la patronal?

La patronal quiere seguir teniendo un convenio de mínimos, que les otorgue un amplio margen para la negociación individual y, al mismo tiempo, unas tablas salariales bajas que les sirvan para subcontratar a precios bajos parte de su actividad a otras empresas más pequeñas. También se niegan a regular ninguno de los elementos que definen al Sector, como son las guardias, las disponibilidades, el trabajo a distancia, etc. para que la flexibilidad absoluta y la dedicación total a la empresa y a los requerimientos del cliente, sean lo que determine el horario de los trabajadores y se haga al menor coste posible. Todo lo dejan a la negociación en las empresas, con la Representación Legal de los Trabajadores (RLT), sí existe, o para hacerlo de maneral individual.

Pregunta.- ¿Piensas que no quedará más remedio que convocar una huelga sectorial?

Sin duda que sí. La patronal está muy cómoda, y nunca se ha visto presionada a ese nivel. Este Sector necesita que sus trabajadores tomen conciencia del poder colectivo que tienen y de cómo pueden influir en que todo esto cambie. Si los informáticos y consultores parásemos, se paralizaría todo el país.

Pregunta.- La reforma laboral que se aprobó a primeros de este año ha recuperado la ultraactividad de los convenios y, parcialmente, la hegemonía del convenio sectorial sobre el de empresa ¿Qué otros elementos lesivos, introducidos por las reformas de 2010 y 2012, consideras urgente derogar de aquellas reformas laborales?

En primer lugar, la ausencia de autorización administrativa en los EREs. La autorización administrativa, al final, obligaba a las empresas a pagar mejores indemnizaciones, por encima de lo que marca la ley, y nosotros conseguíamos mejores acuerdos. Y, en segundo lugar, la reducción del coste del despido y la desaparición de los salarios de tramitación, que han aumentado la arbitrariedad y la injusticia en el despido individual.

Pregunta.- El sector de las tecnologías de la información siempre habéis sufrido una gran rotación en el empleo. ¿Cómo crees que va a resolver este problema, y el de la temporalidad, la última reforma laboral?

La alta rotación en el Sector no se ha debido a la temporalidad y la contratación, sino a la búsqueda de salarios más altos o condiciones individuales mejores que en la anterior empresa, por tanto, este tema no lo va a resolver la reforma laboral. Tampoco somos un Sector que sufra temporalidad.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

La reforma laboral a debate

Os hago un resumen de mi posición respecto a la reforma laboral, tal cual la planteé el 10 de febrero, en el Ágora Republicana de Getafe, donde el CATP-Getafe organizó un debate semipresencial sobre la reciente reforma laboral. En el acto participé como ponente junto al compañero Jesús Béjar, sindicalista de CCOO.

Realicé una exposición abordando los antecedentes, los elementos más lesivos de las reformas de 2010 y 2012, el proceso de negociación y el desenlace con el debate parlamentario del 3 de febrero.

Recordé que las reformas de 2010 y de 2012 se introdujeron en un momento de crisis económica, y que esa crisis, según los organismos económicos nacionales e internacionales, públicos y privados ya fue superada hace años. Por tanto, no tiene razón de ser mantener unas medidas laborales, muy duras para los trabajadores, que fueron tomadas en función de un contexto económico que ha sido superado.

También recordé que aquellas reformas laborales fueron contestadas por las organizaciones sindicales con tres huelgas generales (una en 2010 y dos en 2012).

Señalé que en estos diez años que ha transcurrido desde 2012, las organizaciones sindicales y los partidos políticos que se reclaman de la izquierda; incluidos los dos que componen el Gobierno de coalición, se comprometieron con sus bases y con sus votantes a derogar las reformas, en plural.

En estos años, se ha ido perdiendo el plural para quedarse el singular: “Vamos a derogar la reforma laboral de 2012”. Y de ahí se pasó a vamos a derogar los elementos más lesivos.

En esta línea de compromiso, la Ministra de Trabajo, dijo ante el plenario del Congreso de CCOO del mes de octubre de 2021: “¡Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias!”

Si comparamos las expectativas y promesas con el resultado de la reforma, queda una sensación de decepción, pues se reduce a la recuperación del principio de ultraactividad y a las materias de Salario y Jornada para el convenio sectorial. Dos elementos muy importantes, pero que saben a poco comparado con todo lo que no ha sido derogado.

Pasando al bloque de los elementos más lesivos, enumeré los preceptos introducidos por la reforma de 2010:

  • La posibilidad de despedir con 20 días por año trabajado y máximo de 12 mensualidades.
  • Introdujo la “previsión de pérdidas” para poder aplicar despidos colectivos.
  • Rebajó la indemnización del despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades.
  • Se introdujo la posibilidad de descuelgue del convenio por causas económicas.
  • Se amplió la capacidad de las empresas de aplicar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

La reforma de 2012, profundizó en la flexibilización, en favor de los empresarios, de los aspectos novedosos de la reforma de 2010, y además introdujo los siguientes:

  • Eliminó el principio de ultraactivididad de los convenios colectivos (derogado en la reciente reforma),
  • Dio prevalencia aplicativa al convenio de empresa, sobre todos los convenios sectoriales. (se ha recuperado la prevalencia sectorial para la Jornada y el Salario).
  • Se suprimió la autorización administrativa en la aplicación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
  • Se vaciaron las causas justificativas del despido, pasando a estimar causa justificada el descenso de los ingresos durante tres trimestres.
  • Se eliminó el pago de los salarios de tramitación.

Como puede verse, son muchos y muy profundos los elementos lesivos que no se han tocado, precisamente todos los que han actuado más directamente en la devaluación de los salarios y en la transformación de empleo con derechos en empleo precario. Y cabe el riesgo de entenderse que todos esos elementos lesivos quedan legitimados al no haber sido abordados en esta reforma.

Por otra parte, la reciente reforma laboral, sin ser una mala reforma, introduce algunos aspectos en la contratación cuyas bondades generan duda. Por ejemplo, el contrato formativo dual pasa de los 25 a los 29 años, la edad de los trabajadores que pueden ser contratados, condenando a muchos y muchas jóvenes a verse en este tipo de contratación que, además de ser temporal, no genera indemnización a su finalización.

Otro ejemplo es la flexibilización que se ha hecho del contrato Fijo-Discontinuo, “este contrato puede ser utilizado por la Empresas de Empleo Temporal (ETT) y en otras actividades de contrata y subcontrata”, dice literalmente el nuevo redactado del Estatuto de los Trabajadores.

Y otro ejemplo más es el nuevo “Contrato Indefinido adscrito a la construcción”, mediante al cual la prensa ya ha publicado que 280.000 trabajadores pasan a fijos. Si bien el cambio sustancial que los trabajadores de la construcción van a tener es que en el contrato de obra o servicio determinado vinculado a la construcción tenían una indemnización de 20 días por año trabajado y ahora será de 25,5 días por año trabajado. Lo que no se entiende es por qué no se les aplican los 33 días de indemnización si se les dice que son fijos. Por lo demás, cuando el trabajador de una obra en un edificio termine la obra, se quedará sin empleo, como cuando no era fijo.

Habrá que valorar, cuando haya cifras a medio y largo plazo, por ejemplo 12 o 18 meses, si la transformación de la contratación ha sido real, es decir que los trabajadores y trabajadoras bajo las nuevas fórmulas de contratación han mejorado en sus condiciones de trabajo o simplemente han visto cambiar el título de su contrato.

Por último, respecto al proceso negociador, considera que se han producido “errores”, pues ha habido nula información a los trabajadores en general hasta que no se ha producido el acuerdo definitivo. Los trabajadores están siendo informados a posteriori del acuerdo, pero no han sido preguntados a priori.

Si la reforma ha sido condicionada por la Comisión Europea, como ha expresado el Secretario General de UGT, por la cuestión de los fondos europeos de recuperación, hay que concluir que los derechos de los trabajadores han sido moneda de cambio para la obtención de unos fondos que están dirigidos íntegramente a la modernización y digitalización de las empresas, lo que en muchos casos ya se traduce en más destrucción de puestos de trabajo, como es el caso de la industria del automóvil.

Concluí diciendo que hay que continuar reivindicando la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Y que hay que duplicar el número de inspectores e inspectoras de trabajo, si queremos que las normas laborales se cumplan verdaderamente.

Roberto Tornamira, sindicalista de UGT

y miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

MoMentuM: Economía Digital

Los servicios bancarios son un servicio
básico que la sociedad necesita

La exclusión financiera se extiende en nuestra sociedad. Afecta a las generaciones de más edad, afecta a más del cincuenta por ciento de los municipios del todo el Estado y afecta a los millones de clientes de servicios bancarios que no tiene capacidad económica para invertir. Y ha afectado a más de 120.000 trabajadores y trabajadoras del sector, quienes han perdido su puesto de trabajo.

En la “España vaciada” se combina la desaparición de las oficinas bancarias, con la precaria situación de acceso a internet que aún se sufre en muchas localidades. Esto provoca un coste añadido a los ciudadanos de estos municipios que tienen que hacer kilómetros de desplazamiento para realizar operaciones bancarias básicas.

Que afecte a estos colectivos de población no significa que sólo les afecte a ellos. Los jóvenes y los clientes, con independencia de su edad, de las entidades financieras de las grandes urbes también ven como son mal atendidos o sencillamente no atendidos por las entidades en las que mantienen una cuenta corriente.

Desde hace unos años, se ha conformado un oligopolio que concentra más del 70% del mercado financiero en manos de cinco grandes entidades: Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell y Unicaja+Liberbank (los tres primeros aglutinan el 60% del negocio). Siempre ha sido muy difícil para los clientes visualizar y demostrar que se están tomando medidas y fijando criterios de actuación que se manifiestan contrarios a los intereses de la clientela, pero a la vista de lo que está ocurriendo no es descabellado pensar que es eso lo que está pasando.

Cobrar comisiones de mantenimiento de cuenta cada tres meses, aunque ya no te informen de tus movimientos bancarios por escrito; cobrar comisiones por hacerte tu mismo una transferencia, desde el ordenador de tu casa; tener que realizar en el cajero automático prácticamente todas las operaciones que necesita el 85% de la clientela; trasladar el riesgo de manejo de efectivo al cliente, en plena calle… Son alguna de las situaciones más habituales que se están produciendo.

A ello hay que añadir que la red de cajeros automáticos sufre de un deterioro y déficit de mantenimiento galopante: no es difícil acudir a una oficina con dos o tres cajeros automáticos y que haya que esperar una larga cola, porque de tres solo funciona uno.

El servicio de atención presencial también está en franco deterioro, no por culpa de los trabajadores de las oficinas, sino por la escasez de plantilla que sufren; por la combinación de la ola de despidos que ha sufrido el sector y por la pandemia: bajas más empleados en teletrabajo.

Todas estas vicisitudes son comunes a la práctica totalidad de las entidades financieras, excepto a las que solo ofrecen servicio virtual; estás no ofrecen cajeros y la plantilla es ínfima, en comparación con las entidades tradicionales.

La banca, siempre ha fundamentado su negocio en la confianza. Pero hoy esa confianza se está deteriorando. Una inmensa mayoría de clientes se sienten excluidos de un servicio que se basaba en esa confianza para mantener su dinero, poco o mucho, en custodia de unas entidades que lo manejaban en el mercado interbancario (prestándoselo entre ellas).

Dicen que no nos cobran por mantener nuestro dinero en una cuenta a la vista, pero sí nos acribillan a comisiones, bajo motivaciones muchas veces difíciles de entender, por ejemplo “comisiones por gastos de correspondencia”, aunque haga años que no te envían una carta. Argumentan que los tipos de interés del BCE están en cero o cercano a cero, lo cual es cierto. Pero ellos cobran en torno a un 6% los créditos al consumo; esos que las familias trabajadoras siempre han necesitado para comprar el frigorífico, la lavadora la televisión, etc.

Se desprecia a los depositantes. La banca se ha transformado en un servicio exclusivo para inversores. El problema es que esa gran mayoría de quienes estamos obligados a mantener una cuenta bancaria no tenemos capacidad de ahorro y mucho menos aún de inversión. Y no es una exageración decir que tenemos una cuenta corriente de forma obligada, pues no se puede hacer nada sin una cuenta corriente: no se puede cobrar la pensión, no se pueden pagar los recibos de los suministros ni podemos pagar los impuestos, esto último solo afecta a quienes no eludimos al fisco.

Qué se puede hacer ante esto y quién debe hacerlo

El Estado debería asumir sus responsabilidades y dar respuesta a una situación que se agrava. El servicio bancario es un servicio básico que la sociedad necesita, por tanto, son las instituciones del Estado quienes deben velar por que sea un derecho efectivo.

Hay normativa comunitaria y estatal que regula los derechos de los clientes y que no haya abuso en la prestación de estos servicios. Sin embargo, sin que haya una ley que obligue a tener una cuenta bancaria, la vida diaria es difícil de entender sin una herramienta básica como lo es una cuenta corriente.

El Estado, a través del FROB, ha tenido en sus manos una entidad, Bankia, que era en el 61% de sus acciones propiedad del Estado. Sin embargo, desde 2012; cuando el Estado nacionalizó la entidad, invirtiendo 22.400 millones de euros, no se orientó a dar una alternativa bancaria a la sociedad, sino que se dedicó a competir en el mercado como un banco más; pecando de los mismos malos “usos y costumbres” que las demás. Fue una oportunidad perdida, aunque el 14% de las acciones de la actual Caixabank no son un mal punto de apoyo económico para constituir una banca pública.

Es conveniente que se conozca que, en Europa, aunque no sea objeto de una especial publicidad, existe una importante presencia de una banca pública rentable y solvente en: Alemania, Francia, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc. España es un caso extremo en el sentido de no disponer de ningún banco público que trabaje directamente con el público.

La banca pública no tiene porqué competir con la banca privada, aún menos cuando las entidades privadas están renunciando a dar un servicio decente a millones de clientes que no tienen capacidad para invertir en fondos de inversión. Nadie tiene que pensar que la banca pública regalará el dinero; hay que buscar el equilibrio entre rentabilidad social por el servicio que se presta y la rentabilidad económica, sin la presión de un accionariado que demanda dividendos cada año.

El Estado cuenta con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que sufre una dependencia de las entidades privadas para distribuir sus campañas crediticias y de préstamo. Un particular y una empresa no pueden dirigirse al ICO para obtener financiación de forma directa.  Por otra parte, una vez entregada Bankia a “la Caixa”, el Estado solo cuenta con Correos y lo que queda de la antigua red de Caja Postal, con más de 8.300 puntos de atención en todo el territorio, particularmente en la “España Vaciada”. En cada oficina bancaria funcionaba una estafeta de correos, muy empleada por cierto para realizar giros bancarios. Dichas estafetas se privatizaron desde 1991 vendiéndolas a un banco extranjero que poco tiempo después prescindió de las mismas, y que en este momento serian de gran utilidad para realizar las operaciones financieras más elementales

La creación de una banca pública, a partir de estas herramientas del Estado, resolvería la dependencia del ICO de las entidades privadas, dotaría de contenido financiero a Correos; que, por cierto, está siendo colonizado por Banco Santander y, sobre todo, daría una solución para los depositantes que solo demandan servicios básicos de ingresos, reintegros, cobros y pagos de recibos. Resulta evidente que no podrán edificarse unos parques sociales de viviendas de alquiler sin una entidad financiera pública que aporte la financiación crediticia necesaria, pues de los presupuestos de los ayuntamientos no cabe esperar la financiación crediticia necesaria

A corto plazo lo más acuciante es la dotación de las oficinas de Correos de un servicio financiero que sería, sobre todo, de gran utilidad, en aquellas ciudades en las que no ha quedado ninguna oficina bancaria. El gobierno podría contar para lograr dicho propósito de los recursos derivados de la venta de la participación en CaixaBank, donde en este momento no se aprecia ninguna influencia de la participación pública citada.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario Federal de UGT en el Sector
Financiero, Seguros y Oficinas.
Miembro del Comité por la Alianza de
Trabajadores y Pueblos.

Julio Rodríguez López
Ex Presidente del Banco Hipotecario de España.
Miembro de Economistas Frente a la Crisis.

REPUBLICANAS

MUJERES REPUBLICANAS DEL

COMITÉ POR LA ALIANZA DE TRABAJADORES Y PUEBLOS

EN APOYO A RAQUEL RODRÍGUEZ, COMPAÑERA DE CÁDIZ.

¡POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA!

Las grabaciones que afectan a la compañera Raquel Rodríguez, a la salida de su lugar de trabajo de Río San Pedro (Puerto Real), durante la huelga del metal de los compañeros de Cádiz, podrían encausarla penalmente por su difusión en los medios de comunicación y redes sociales, dada la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, probada por el Gobierno de Rajoy en 2015, con el voto en contra de toda la oposición.

La compañera Raquel, está citada en el juzgado de Instrucción nº. 3 de Cádiz, fruto de esta ley antidemocrática, polémica y represiva, sin sentido alguno que señala a cualquier ciudadano o ciudadana del Estado español que ejerza su derecho a manifestación y expresión en las calles, que merma las libertades fundamentales y que se ejerce prácticamente desde las Fuerzas y Cuerpos policiales.

Desde el Colectivo de Mujeres Republicanas del CATP, lanzamos nuestro apoyo explícito a todos y cada uno de los compañeros y compañeras trabajadores del pueblo gaditano que salieron a secundar la legítima huelga y a defender los derechos que nos asisten, haciendo un llamamiento a CATP Andalucía, sindicalistas y trabajadores del mismo sector metalúrgico a solidarizarse con Raquel y con todos y todas aquellas que vayan a tener que hacer frente a un proceso judicial por la actual LEY MORDAZA, que deja al descubierto su carácter opresor contra TODAS LA CLASE TRABAJADORA.

¡Ni un paso atrás en la lucha por los avances sociales!

Recortan, engañan y hacen el ridículo

El pilar básico de un Estado del Bienestar, de una sociedad que se precie de ser moderna, desarrollada y con visión solidaria, es disponer de un firme sistema de salud público, universal y gratuito. Es incuestionable (aunque desgraciadamente muchos no lo creen) que todos, todas, debemos tener una sanidad pública de calidad, que garantice una atención básica a nuestros posibles problemas de salud.

El gran problema es que ese “pilar básico” se está viniendo abajo en Andalucía. Todo indica que el gobierno de las derechas del Partido Popular con Ciudadanos, apoyado por la ultra derecha de Vox, está dejando caer el sistema de la sanidad pública, apoyando la privatización de este derecho básico.

No lo digo por criterios subjetivos, que también los tengo, ya que llevo un par de meses queriendo “ver” a mi médico de atención primaria y es imposible. Lo digo por criterios objetivos, de esos que son irrefutables, y que los puedo resumir en los tres siguientes.

En primer lugar, recordar que hace solo dos meses, el Gobierno de la Junta de Andalucía dejó en la calle a más de 8.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud, con el argumento de que ya había pasado el COVID-19 y que no tenían presupuesto para sus contratos. Mentira que haya pasado los efectos de la pandemia (obvio) y mentira que no haya presupuesto, ya que hace unas semanas presentaban el mayor presupuesto que nunca haya tenido la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, órgano independiente, señaló hace unos días en su informe anual, que Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con menor inversión sanitaria por habitante, por detrás de la Comunidad de Murcia y por delante de la de Madrid, a propósito, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Mientras que el gobierno andaluz dedicará en 2022 unos 1.388 euros por habitante en gasto sanitario, en Castilla León, Extremadura, Navarra, Asturias o Euskadi, superarán los 1.800 y 1.900 euros por persona, es decir un 35% más. Es una evidencia indiscutible.

En tercer lugar, porque el lumbrera de turno (Consejero de Salud), apoyado por el Gobierno PP-C`s, no tienen otra idea para solucionar el colapso del sistema sanitario andaluz, que pedir la incorporación de jubilados sanitarios para paliar el despido de los 8.000 profesionales. Esa estrategia, digna de alguien que no tiene ni idea de la realidad que gestiona, logra que solo se incorpore un médico jubilado (al que habría que hacerle un monumento en la puerta del hospital al que se incorpore), y falla en el 99,99% de sus estimaciones, convirtiendo a Andalucía en el hazme reír de toda España. Inaudito. En cualquier otro lugar dimitiría por honestidad o ética, debido a su ineptitud, en Andalucía el gobierno de las derechas lo apoya.

Todo es demasiado vergonzoso, demasiado triste, demasiado trágico, pero lo peor de todo es que es verdad … y no pasa nada.

Rafael Fuentes

Militante socialista de Málaga

La reforma de las Pensiones: Avances y Retos

El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por  Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP. 

La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.

La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).

El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.

Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.

Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.

El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.

El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.

También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:

  • Impulsar desde 2022 medidas para que las pensiones mínimas superen los umbrales de pobreza, según determina la Carta Social Europea.
  • Reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas con discapacidad.
  • Mejorar en el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho.
  • Realizar una auditoría de la Seguridad Social, que incluya los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el año 1967.
  • Establecer complementos específicos para los pensionistas jubilados anticipadamente con largas carreras de cotización.

Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.

Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.

Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.

Toni Ferrer

29/11/21

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