Recortan, engañan y hacen el ridículo

El pilar básico de un Estado del Bienestar, de una sociedad que se precie de ser moderna, desarrollada y con visión solidaria, es disponer de un firme sistema de salud público, universal y gratuito. Es incuestionable (aunque desgraciadamente muchos no lo creen) que todos, todas, debemos tener una sanidad pública de calidad, que garantice una atención básica a nuestros posibles problemas de salud.

El gran problema es que ese “pilar básico” se está viniendo abajo en Andalucía. Todo indica que el gobierno de las derechas del Partido Popular con Ciudadanos, apoyado por la ultra derecha de Vox, está dejando caer el sistema de la sanidad pública, apoyando la privatización de este derecho básico.

No lo digo por criterios subjetivos, que también los tengo, ya que llevo un par de meses queriendo “ver” a mi médico de atención primaria y es imposible. Lo digo por criterios objetivos, de esos que son irrefutables, y que los puedo resumir en los tres siguientes.

En primer lugar, recordar que hace solo dos meses, el Gobierno de la Junta de Andalucía dejó en la calle a más de 8.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud, con el argumento de que ya había pasado el COVID-19 y que no tenían presupuesto para sus contratos. Mentira que haya pasado los efectos de la pandemia (obvio) y mentira que no haya presupuesto, ya que hace unas semanas presentaban el mayor presupuesto que nunca haya tenido la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, órgano independiente, señaló hace unos días en su informe anual, que Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con menor inversión sanitaria por habitante, por detrás de la Comunidad de Murcia y por delante de la de Madrid, a propósito, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Mientras que el gobierno andaluz dedicará en 2022 unos 1.388 euros por habitante en gasto sanitario, en Castilla León, Extremadura, Navarra, Asturias o Euskadi, superarán los 1.800 y 1.900 euros por persona, es decir un 35% más. Es una evidencia indiscutible.

En tercer lugar, porque el lumbrera de turno (Consejero de Salud), apoyado por el Gobierno PP-C`s, no tienen otra idea para solucionar el colapso del sistema sanitario andaluz, que pedir la incorporación de jubilados sanitarios para paliar el despido de los 8.000 profesionales. Esa estrategia, digna de alguien que no tiene ni idea de la realidad que gestiona, logra que solo se incorpore un médico jubilado (al que habría que hacerle un monumento en la puerta del hospital al que se incorpore), y falla en el 99,99% de sus estimaciones, convirtiendo a Andalucía en el hazme reír de toda España. Inaudito. En cualquier otro lugar dimitiría por honestidad o ética, debido a su ineptitud, en Andalucía el gobierno de las derechas lo apoya.

Todo es demasiado vergonzoso, demasiado triste, demasiado trágico, pero lo peor de todo es que es verdad … y no pasa nada.

Rafael Fuentes

Militante socialista de Málaga

La reforma de las Pensiones: Avances y Retos

El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por  Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP. 

La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.

La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).

El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.

Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.

Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.

El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.

El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.

También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:

  • Impulsar desde 2022 medidas para que las pensiones mínimas superen los umbrales de pobreza, según determina la Carta Social Europea.
  • Reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas con discapacidad.
  • Mejorar en el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho.
  • Realizar una auditoría de la Seguridad Social, que incluya los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el año 1967.
  • Establecer complementos específicos para los pensionistas jubilados anticipadamente con largas carreras de cotización.

Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.

Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.

Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.

Toni Ferrer

29/11/21

Ante una manifestación contra las libertades

Algunos sindicatos policiales y de la Guardia Civil se concentraron el miércoles 24 de noviembre, frente la Delegación del Gobierno en Madrid. Estuvieron arropados por las tres derechas franquistas, al igual que este último sábado.  Miles de policías y guardias civiles, venidos de toda España, se manifestaron por el centro de Madrid hasta la Cortes, sin ninguna cortapisa por parte de Delegación de Gobierno.

Los sindicatos policiales convocantes, contaron de nuevo con la presencia de los líderes del PP, VOX y Ciudadanos; los franquistas a los que se refería el diputado Odón Elorza en el Congreso de los Diputados, para exigir el mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, “Ley Mordaza”. Se manifiestan contra las reformas que el Gobierno quiere hacer a la Ley Orgánica 4/2015. Reformas que deben ser tratadas en la Comisión de Interior de las Cortes el 14 de diciembre. reformas que, como es fácil demostrar, solo son de detalle y no abordan lo esencial del contenido de la ley. Buena parte de ellas no hacen sino traducir lo establecido por sentencias judiciales que declaran inconstitucional algún aspecto de la ley.

Esta ley fue impuesta en marzo de 2015 por el gobierno Rajoy. Elaborada por el equipo del entonces ministro del interior Fernández Diaz (buena parte de este equipo, incluido el exministro, están hoy enjuiciados por diversos actos delictivos y corrupción). Ya entonces, fue caracterizada como una «ley totalitaria» e incluso, según el fiscal general de la época, tachada de estar al límite de la «inconstitucionalidad».

Recordemos que un amplio movimiento por la derogación de la ley se ha desarrollado en el movimiento obrero y en las organizaciones democráticas. El 14 de junio tuvo lugar un mitin en Madrid, con el apoyo de CCOO y UGT y participación de la CATP, para celebrar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. En ese mitin se decidió continuar la campaña por la derogación de la “ley Mordaza”. Compromiso que el gobierno de coalición incluyó entre sus promesas electorales y pactos de gobierno.

Después de Cádiz

La manifestación del sábado es una respuesta reaccionaria frente a la movilización de los trabajadores de Cádiz. En la movilización de los trabajadores gaditanos se ha demostrado, entre otras cosas, para qué sirve la “ley Mordaza” y su utilización contra los «conflictos sociales», como está previsto en el Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015, un cuento de hadas en contraste con la realidad vivida. La represión indiscriminada de la policía muestra esta realidad. Y todo ello con la cobertura del gobierno de coalición.

La manifestación del 27-N, ha sido una manifestación contra las libertades conquistadas, y, en especial, contra el derecho de reunión y manifestación, arrancados al Estado en la lucha contra el franquismo. Contra los derechos obreros y de los pueblos como el catalán, el gaditano…contra su libertad de organización y expresión.

Era también, sin duda, una manifestación contra el Gobierno, a pesar de que con él, el sueldo de policías y guardias civiles ha subido una media del 21,5% entre 2018 y 2021, y de que las plantillas se han incrementado en 13.000 efectivos: 5.000 para la Policía Nacional y 8.000 para la Guardia Civil. El resto de los empleados públicos solo tuvo, en el mismo periodo, una subida del 6,25% y tuvo limitada la reposición de efectivos.

La movilización de policías y guardias civiles es la demostración de la incompatibilidad entre democracia, libertades e Instituciones heredadas del franquismo presididas por la Monarquía. No es por casualidad que la policía y la guardia civil no conocieron ninguna depuración después de la muerte de Franco.

Hoy no hay ninguna garantía de poder ejercer las libertades necesarias para luchar por derechos sociales, salarios, condiciones de trabajo o pensiones dignas, no con la amenaza que representa la “ley mordaza”.

El CATP considera que la campaña por su derogación verdadera debe multiplicarse y que interesa a TODAS las organizaciones que reclaman de la libertad, los derechos trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. Por nuestra parte continuaremos con las decisiones tomadas en el mitin de Madrid del 14 de junio, y relanzamos la campaña internacional al respecto.

Coordinadora Estatal del CATP

conferencia.catp@gmail.com

Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

Solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz

El pasado 19 de noviembre Tribuna Socialista remitió un mensaje de solidaridad a los compañeros y compañeras del sector metalúrgico que han defendido hasta el final sus derechos. La lucha de los metalúrgicos de Cádiz es la lucha de todos los sectores de nuestro país.

Defender la industria es defender los puestos de trabajo.

En Cadiz los trabajadores del metal defienden su convenio con una huelga general indefinida, en Galicia la comarca de A Mariñas convoca una jornada de huelga con un seguimiento masivo ante la destrucción de la industria dejando a centenares de familias sin medios para vivir, «la comarca se desangra» gritaban en la multitudinaria manifestación.

En el Baix Llobregat el paro registrado en el mes de octubre asciende a 38.026 personas, la amenaza de despidos y de destrucción de la industria significará la ruina para muchas familias trabajadoras. Seat tiene un ERTE desde septiembre a junio, que arrastra a las empresas auxiliares, que representan más de cien mil trabajadores.

El sector del automóvil está amenazado y con él, la industria más importante que queda en nuestro país. Miles de puestos de trabajo están amenazados por la transformación de la llamada «economía verde y el trabajo moderno» que, aumenta la precariedad, las condiciones laborales y pone en peligro miles de puestos de trabajo. En el automóvil y todas las empresas auxiliares donde se quiere imponer el coche eléctrico, sin ninguna garantía para mantener los puestos de trabajo actuales, por cada 5 trabajadores que se necesitan para hacer un coche de combustión se necesita un solo trabajador para el coche eléctrico, además con la subida de precios desorbitada de la electricidad se pone en peligro la industria electro intensiva.

La experiencia de las reconversiones industriales anteriores, desde el cierre de la siderurgia y la construcción naval en los 80, al más reciente de las minas y centrales térmicas del carbón, demuestran que las promesas de empleo alternativo no se cumplen, el reciente caso de Nissan, donde lo único seguro es que la factoría cierra a final de año, es una repetición de lo ocurrido en otros sectores.

Nuestro punto de vista es que hay que defender todos los empleos, no resignarse a reducir el número de despidos o a conseguir indemnizaciones algo mejores. Para defender todos los puestos de trabajo, para que no haya más despidos, hace falta coordinarse preparar una respuesta unida, la unidad de los trabajadores de todas las empresas afectadas o con posibilidad de estar afectadas es fundamental.

Es de urgente actualidad la plena derogación de las reformas laborales, que tanto facilitan los despidos! Todos los gobiernos deben asumir la defensa de los puestos de trabajo en la industria.

Os invitamos a establecer un procedimiento de dialogo e intercambio de información que permita dar pasos para coordinar nuestra acción en defensa de la industria y de sus puestos de trabajo. Emplazando a las organizaciones sindicales a tomar todas las medidas necesarias para ello.

Para seguir debatiendo e informando de la situación en nuestra comarca, recibir y acordar las acciones a llevar a cabo. Te convocamos el día 15 de diciembre a las 18:15 en la Sala de Can Pascal C/ Cavallers nº 26 de Esparreguera.

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP Baix Llobregat)

El discurso único de la transición verde: un peligro para la clase trabajadora

El cambio climático es una realidad innegable. Los efectos
destructivos de un sistema económico capitalista basado en la
especulación, el consumismo, la expoliación de los recursos
del planeta y en la explotación del hombre por el hombre, y
en manos del poder financiero, son claros. No me extenderé
sobre ello.
Es necesario tomar medidas para atajar el problema que el
cambio climático supone para el conjunto de la humanidad
y especialmente para las generaciones futuras. Pero el gran
peligro está en que la transición verde y la digitalización de
la economía se ha convertido en el nuevo discurso único, en
el que derechas e izquierdas están de acuerdo, como antes fue-
ron discursos únicos el cumplimiento de los indicadores ma-
croeconómicos que nos llevaron al austericidio o la prima de
riesgo, que llevó a recortes en el sistema público, nunca más
revertidos,
Tenemos ejemplos concretos que nos deben llevar a los so-
cialistas a romper con ese discurso único, con ese consenso
aparente, que solo está produciendo destrucción de empleo,
pobreza y desafección a la política, No es cierto que todos ten-
gamos la misma responsabilidad en el desastre planetario, ni
por asomo. Es el sistema económico el que hay que cambiar.
La única alternativa es el control público de lo que es de
todos: el planeta y los recursos naturales. En manos del poder
financiero, solo encontraremos más destrucción de las fuerzas
productivas y más desigualdad. Mientras unos se frotan las
manos con la transición verde, gastando el dinero público en
financiar cierres de empresa, deslocalizaciones y reestructura-
ciones de plantillas, con la excusa de la transición verde, otros,
la mayoría social, la clase trabajadora sufre las consecuencias.
Veamos algunos ejemplos en Cataluña que no son diferentes
a los que se producen en el resto del Estado español y en el
mundo entero:
-La banca: con la excusa de la digitalización de los servicios,
han dejado de prestar un servicio del que el conjunto de tra-
bajadores somos reos. Decenas de miles de puestos de trabajo
menos en el sector bancario, reducción del número de oficinas
y se deja colgado a miles de personas incapaces de realizar las
operaciones más elementales de forma digital.
-El Sector de la Automoción: Tras el cierre de Nissan y el
Bluf de la china GWM se ha producido la expulsión del mer-
cado de trabajo de miles de personas. En las demás empre-
sas del sector, la fabricación del coche eléctrico (de dudosa
eficiencia ambiental por el impacto ecológico de las baterías)
conllevará la expulsión del mercado de trabajo de al menos el
40% de las plantillas al necesitarse menos mano de obra.
11
noviembre de 2021
Este mes de noviembre, en una región ampliamente desin-
dustrializada (el Penedès-Garraf). se ha anunciado un nuevo
cierre de empresa de componentes para el automóvil que no
serán necesarios para fabricar el coche eléctrico. Mahle de Vi-
lanova i la Geltrú cierra dejando en la calle a 343 trabajado-
res. La multinacional alemana fabrica piñones de motor para
vehículos. Esa pieza no se utiliza en los motores eléctricos de
coche.
Este cierre se une al de la división de Glass de Saint Gobain
en L’Arboç, la Robert Bosch en Castellet i la Gornal, Alfisa
en Santa Margarida i el Monjos, El Corte Inglés en La Bisbal
del Penedès, entre otras. La desindustrailización del Penedès
y Garraf avanza en un desangrado sin que se sepa nada de los
reclamados planes de reindustrialización necesarios ante un
desempleo creciente en unas comarcas en las que la presión
demográfica sigue creciendo con población procedente del
área metropolitana de Barcelona.

  • Zonas de bajas emisiones en las ciudades: la imposibili-
    dad de circular por amplias zonas urbanas y periurbanas con
    determinados vehículos considerados contaminantes es una
    cuestión que afecta negativamente a la clase trabajadora, es-
    pecialmente con rentas más bajas, ante la imposibilidad de in-
    vertir en un coche eléctrico (por su precio) y poder desplazarse
    a trabajar.
  • Eléctricas: el mercadeo de las eléctricas es un claro ejem-
    plo de especulación de las multinacionales con las denomina-
    das energías verdes, que se traduce directamente en pobreza
    energética.
    Podría seguir poniendo ejemplos, pero la cuestión es que
    hay que romper con ese discurso único. La transición verde no
    puede ser justa cuando quita el sustento a millones de trabaja-
    dores de todo el mundo, mientras el poder financiero invierte
    en los objetivos de desarrollo sostenible para mantener e incre-
    mentar su tasa de beneficio.
    Los socialistas hemos de poner freno. Nuestra gente, la clase
    trabajadora, está amenazada y el gran peligro es que de seguir
    en el discurso único, los partidos de izquierda seremos vistos
    por nuestra gente como parte del problema, causando desafec-
    ción política y labrando el terreno para los negacionistas del
    cambio climático y el populismo de la ultraderecha.
    Hay que elevar la voz y exigir soluciones para la industria,
    poniendo freno a los cierres y despidos y aplicando medidas
    de control público sobre la industria y sobre las causas del
    cambio climático.
    Baltasar Santos

    Primer secretario PSC El Vendrell

En solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz

Al Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), apoya y anima a participar en la Concentración que, convocada por distintas organizaciones, tendrá lugar el viernes día 26, a las 19:00 en la Puerta del Sol (Madrid).
La lucha de los trabajadores y trabajadoras del metal, y de la mayoría social gaditana, trasciende la reivindicación del Coordinadora Estatal del CATP Convenio Colectivo provincial. Es la lucha por la defensa 24 de noviembre de 2021 de los puertos de trabajo, contra el desmantelamiento y la
deslocalización permanente que viene sufriendo la industria en nuestro país, con el único fin de las multinacionales de migrar a países en los que pueden imponer salarios de miseria, abusando de la ausencia de convenios colectivos,
e incluso imponiendo a otros gobiernos la no aplicación de la normativa laboral existente.
En España, el peso del sector industrial ha caído paulatinamente hasta situarse en 2019 en un 14,64% del PIB, frente al 18,7% que suponía en el año 2000. El problema que afrontan con digno arrojo los trabajadores y trabajadoras
del metal en Cádiz, junto a sus familias y vecinos, es el problema de los trabajadores y trabajadoras de la comarca de A Mariña (Lugo), que también están en movilización contra la destrucción de empleo que les amenaza en las fábricas de Vestas y Alcoa. Como lo es también la situación que se sufre en Barcelona: en SEAT con un ERTE “interminable”; o en Nissan contra el cierre de la fábrica. Y así podríamos citar distintos puntos de conflicto, incompren-
siblemente inconexos, aunque a pesar de sus diferentes formas o ritmos el origen está en la voracidad del capital.

En solidaridad con la lucha de los compañeros y compañeras del metal en Cádiz y con todas las luchas obreras, los compañeros y compañeras del CATP en Madrid, nos veremos a las 18:45 en la esquina del edificio Apple, Puerta del Sol esquina a Carrera de San Jerónimo.

Rechazamos la prohibición de Concentración solidaria,
por parte de Delegación del Gobierno en Madrid

Entrevista a Sergio Barbero

Delegado sindical UGT Productos Tubulares

Tribuna Socialista entrevista a Sergio Barbero, delegado de UGT en Productos Tubulares, empresa a la que dado los últimos 20 años de su vida. Con la reciente fusión con el grupo de empresas Tubos Reunidos, llevan al cierre de la aceria de Sestao en la que trabaja Sergio y el traslado de la plantilla a la factoría de Amurrio.

Pregunta.- ¿Nos podéis dar una visión global de la evolución de la empresa y como y porque se llega a la situación actual?

Respuesta.- El principio del problema viene de hace años. Después de dar unos beneficios enormes se hacen una serie de movimientos, como el intento de fusión de Tubos Reunidos con CODESA en 2007-2008, operación para la cual se pidió un crédito de casi 200 millones de euros, operación que al final no se llevó a cabo, pero el crédito no se devolvió. En años sucesivos se repartieron dividendos, dejando a la empresa descapitalizada, y endeudada. Eso, sumado a unos años malos en los que una crisis tras otra ha hecho reducir carga de trabajo y margen de beneficios… Ha terminado en una refinanciación de deuda de 350 millones, y ahora sumamos el rescate de la SEPI, que no deja de ser otro crédito de 112 millones más…

P.- ¿Cuántos trabajadores/as formáis la plantilla del grupo o por empresa? y ¿cómo afectan estos movimientos de la empresa a las condiciones de vida y trabajo de la plantilla?

R.- La plantilla aproximada es de 800 trabajadores en TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL (Amurrio), 400 en PRODUCTOS TUBULARES(Trápaga), de ellos unos 70 en la acería de Sestao y unos 40 en ACECSA (Navarra).Los afectados serían los 70 de la acería de Sestao, aunque aún no hay nada negociado ni sabemos en qué condiciones se van. Y los 40 de Navarra, a los que por distancia se les complicará aún más el traslado, y no sabemos qué pasará con ellos.

P.- En Septiembre ya se hablaba del traslado de la planta de Trápaga a Amurrio. El 28 de octubre iniciáis nuevas movilizaciones contra ese traslado. ¿Cuál es la situación actual, realmente no habrá ERE como prometía la empresa al anuncio de este traslado?

R.- El ERE se supone descartado, según nos dicen, en el acuerdo con la SEPI (no nos han enseñado el acuerdo) no se contemplan despidos traumáticos.

Eso sí, ya han despedido con indemnización a casi 60 trabajadores de 61 años o más: 18 de Trápaga, y los demás en el resto del grupo.

P.- Desde el sindicato, ¿en qué modo pensáis que la fusión de todas las sociedades: Tubos Reunidos en Amurrio, Productos Tubulares en Trápaga y Aceros Calibrados en Iruña, va a suponer un beneficio para los trabajadores más cuando está pendiente el cierre de la planta de Trápaga?

R.- Qué vemos desde la sección sindical de UGT en la planta de productos Tubulares. Pues que para los trabajadores todo son inconvenientes e incertidumbres: viajes, no saber a qué puesto van, no les aseguran que los que vayan a Amurrio sigan trabajando en la acería, hablan de distribuirles por otros puestos de la planta, lo que supone que los que ahora tienen contrato eventual en Amurrio ven peligrar su futuro en la empresa…pero claro, eso no son “despidos traumáticos”.

Desde Productos Tubulares, nos da miedo el futuro de nuestra planta, al dejar de ser una empresa independiente, pasamos a depender aún más, si cabe, del futuro del grupo y del futuro de la planta de Amurrio; nuestra planta no depende tanto como la de Amurrio del mercado del petróleo y de Estados Unidos. Con nuestra acería propia, podríamos salir airosos por nuestra cuenta. Y que decir de los navarros que incluso en los peores años han dado beneficios. Con la unificación de las empresas y las acerías, si cae Amurrio, caemos Todos.

P.- La incorporación de María Sicilia, directora de estrategia de Enagás, al consejo de administración del Grupo Tubos Reunidos ¿supone tranquilidad para la plantilla por los futuros contratos que puedan llegar o solo es maquillaje por parte de la empresa para justificar el rescate que está en el aire?

R.- Comentario de la plantilla… “¿Nos están regateando los IPC con el salario congelado desde el 2017, y contratan 2 consejeras nuevas?”

P.- A modo de conclusión ¿podéis decirnos qué es lo que más preocupa y qué queréis lograr con las movilizaciones y futuras negociaciones?

R.- Lo que más nos preocupa es la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores, y de la planta. Queremos que nos aseguren la continuidad de la planta de Trápaga, el mantenimiento de la plantilla con unas condiciones dignas, que no sean como siempre los trabajadores los que paguen por la avaricia de los accionistas…

Comite redaccion Tribuna Socialista

A %d blogueros les gusta esto: