Categoría: sindical

A VUELTA CON LOS ERTES

Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos. 

Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: “La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”

“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”

Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.

En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: “En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores”. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.

Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.

Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.

Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”. 

Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.

Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.

Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).

Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020. 

“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.

Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.

Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.

Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas. 

Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

LLAMAMIENTO DE SINDICALISTAS

(actualizado a 22oct21, con 440 firmantes)

Apoyamos la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social

Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en la movilización en defensa de las pensiones del 16 de octubre

Gobiernos y medios de comunicación nos bombardean con la falsa idea de que el sistema público de pensiones sufre un déficit irreparable y que es necesario aplicar recortes de pensiones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en el periodo comprendido entre 1989 y 2013, se han cargado a la Caja de la seguridad Social 103.690 millones de “gastos impropios”, no correspondientes a pensiones. Un estudio de CCOO amplia el periodo de cálculo y estima esos gastos impropios en más de 500.000 millones de euros. 

La COESPE ha levantado la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, exigencia que han apoyado otras organizaciones de pensionistas y que ha sido aprobada en numerosos congresos e instancias sindicales. Entre ellos, destacamos el Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla, el de la Federación de Sanidad de CCOO, el de la Federación de Ciudadanía de CCOO de Madrid, el de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, el Congreso de UGT de Cataluña, el Congreso Confederal de UGT, y un largo etcétera. 

Como sindicalistas, nos preocupa el futuro del sistema público de pensiones. Defendemos el sistema de reparto y nos oponemos a todo recorte. Por ello, apoyamos la exigencia de una auditoría y llamamos a trabajadores y trabajadoras, tanto activos como pensionistas, a participar en la movilización convocada para el 16 de octubre y a continuar la movilización después de esa fecha.

Las firmas son a título individual:

Luis González Sanz, miembro Consejo Confederal CCOO; Roberto Tornamira Sánchez, Ex secretario general FeS UGT Madrid; Pepe Gimeno Ostariz, secretario general de FeSMC-UGT-Aragón; Mª José Wanceulen, secretaria general sindicato sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Sevilla; José Miguel Villa Antoñana, Ex secretario general Federal de FeS-UGT; José Gallego Casaus, Ex secretario organización UGT-Sevilla; Javier Ordóñez Naranjo, presidente Comité de Empresa Hospital del Aljarafe, Sevilla; Juan Miguel Fernández, jubilado, afiliado FSP-UGT; Jacinto Romero Pacheco, secretario general de FeSMC-UGT-Extremadura; Silvia Martínez Fernández, secretaria general UPTA Euskadi; Jesús Béjar Sánchez, sindicalista de CCOO Getafe; Jesús María Pérez Martínez, UJP-UGT Euskadi; Íñigo Fernández Villasante, UPTA-Euskadi; Mikel González, Sº Organización UPTA-Euskadi; Francisco Cuso, FeSMC-UGT Madrid; Pablo García Cano Locatelli, sindicalista de CCOO Industria y secretario del comité de empresa de John Deere, Madrid; José Francisco Domínguez Sevilla, sindicalista de CCOO-Educación; Miguel González Mendoza, afiliado UGT-FSP; José A. Iniesta Martín, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Víctor Iniesta García, afiliado UGT-FeSMC; Rafael Aguilera Sánchez, UGT Catalunya, región metropolitana; José Mª Herrera Molina, CCOO Sevilla; Blas Ortega Llavador, sindicalista FeSP-UGT-PV; Neus Roig Saiz, sindicalista UGT Tarragona; Xabier Arrizabalo Montoro, miembro Junta Personal Docente e Investigador, Universidad Complutense de Madrid por CCOO; Teodoro Escorial Clemente, Ex miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT; Fabián Benito Delgado, sindicalista UGT, jubilado; Josep Antoni Pozo González, Secretario general Sección Sindical UGT Ayuntamiento Sabadell; Eduardo Hernández Oñate, sindicalista UGT Metro de Madrid; Jesús Vara Castrodeza, Ex secretario general FeS-UGT Castilla y León; Guillermo Martínez Robles, Ex secretario general sector financiero, seguros y oficinas FeSMC-UGT Castilla y León; Carlos Prieto Carretero, responsable de contact center de FeSMC-UGT; Pedro Sánchez Catalá, secretario general de UGT-Prosegur; Manuel Nolla, sindicalista de CCOO RTVE; Paco Cepeda González, miembro ejecutiva Artes Gráficas, papel y cartón CCOO Madrid; Iñaki Merino Montes, sindicalista UGT Euskadi; José A. Fernández Guerras, sindicalista UGT Madrid; David Lemore Martínez, Afiliado de UGT; Miguel Sagües Navarro, Jubilado abogado de CCOO. Miembro de ASTRADE; Ignacio Bruna, Sindicalista de UGT; Ángel García Manchado, Miembro del Comité de Empresa de Telemadrid por UGT; Victoria Camarena Grau, secretaria general de UGT en Ibercaja; Ángela Santiago Cascallana, miembro de la dirección Sectorial de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT; Estefanía De Toro Torrijos. Secretaria Organización de la Sección de UGT en Quiron prevencion, y secretaria general de la Sección de UGT-Madrid en Quiron prevencion; Rubén Ranz Martín, militante del Sindicato de Comercio de UGT; Manuel Martín Beato, sindicalista de UGT en Metro de Madrid; Francisco Sánchez García, UGT-Guadalajara; Gema Alonso Porres, sindicalista de UGT; María Jesús Vivar Alonso, sindicalista de UGT; Evelio Ángulo Álvarez, responsable sindical de UGT; Monika Benito Gascón, sindicalista FeSMC-UGT-Catalunya; Jesús García San José, ex secretario general de UGT en Puertos del Estado; Daniel Pascual González, sindicalista de UGT en Metro de Madrid; Juan Fernando Díaz Mayordomo, sindicalista de UGT-Madrid; Kami A. Rafiei Kazemi, Jubilado afiliado de UGT en Madrid; Jesús Sanz González, sindicalista de UGT en el Sector de Seguros; Alfonso Castillo Gallardo, Coordinador UGT en el Ministerio de Defensa; Eduardo Sabina Blasco, miembro de la Comisión Permanente de IS-PSOE de Madrid y militante de FeSP-UGT; Daniel Pons Gené, secretario general de UGT en Cajamar; Alberto Elosua Alvarado, vicesecretario General UGT FeSMC Euskadi; Carmen Alonso Montaña, Jubilada, afiliada al PSOE; Miriam Zarallo González, delegada CCOO limpieza Hospital Virgen del Rocío; Pepe Hernández Aparicio, secretario general de FeSMC-UGT-Murcia; Aida Sánchez Merino, militante sindical de UGT-Madrid; Antonio Guerrero Cabanillas, jubilado. Afiliado a la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Madrid; Lena Balaguer, profesora, delegada sindical UGT Ayuntamiento de Sabadell; Carlos Rivera, delegado sindical, UGT Ayuntamiento de Sabadell; Carlos González D’Anglade, secretario general de UGT en GSS Line/COVISIAN Madrid; Ramon Cebrián FSP-UGT Catalunya; Juanjo Casado, región metropolitana UGT Catalunya; Juan García, jubilados UGT Baix Llobregat; Paco Calero, UGT Vallès oriental; Mariángeles Pérez Soler, delegada CCOO Vallès Occidental (Dependencia); Joseba Izaga Urrutia, FeSP UGT, Administración Gobierno Vasco; María Pedraza López-Rey, responsable Federal del Sector Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT; Francisco García Jiménez, jubilado. Afiliado al PSOE en Ciudad Real; Pedro Cobo Cuesta, Sindicalista de UGT-Cantabria; José Manuel Arévalo Badía, sindicalista de UGT-Jaén; Xavier Casas, UGT Girona; Eugenio López Torres, delegado sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío; José Francisco Jiménez Zamora, delegado Sindical CCOO Sanidad Sevilla; Mª Mar Valerio López, delegada sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío; Lisandro Moreno Jiménez, delegado CCOO Ayuda a Domicilio Sevilla; Isabel Mª Márquez García, responsable secretaría Mujer sindicato Sanidad CCOO Sevilla; María Visitación Fernández Gutiérrez, responsable Provincial del Sector de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT-Málaga; Esther Alòs García, secretaria general sección sindical UGT Universidad Autónoma de Barcelona; Ramon Voces Merayo, sindicalista CCOO, Enseñanza. Cataluña; Abel Rodríguez afiliado a la Federación de Pensionistas de CCOO; Javier Castro Navarrete, delegado CCOO Ayuntamiento de Sabadell; Oscar Hidalgo, CCOO Metro de Madrid; José Luis Sánchez, CCOO Metro de Madrid; Alfonso Blanco, CCOO Metro de Madrid; Saúl García, CCOO Metro de Madrid; Miguel Gersol, sindicalista de UGT; José Giráldez Camus, secretario general de FeSMC-UGT Cantabria; Pilar Fernández Rufo, Sindicalista de FeSMC-UGT-Sevilla; Carmen Cordero Ríos, sindicalista de UGT-Sevilla; Máximo Fernández Gómez, ex secretario Federal de Formación de FeSMC-UGT; Ester Guerrero Nistal, sindicalista del Sector Aéreo del USO; Antonio Temporal, sindicalista FeSP-UGT-PV, jubilado; Sebastià Castellano, sindicalista FeSP-UGT-PV; Juan Torres, sindicalista FeSP-UGT-PV, jubilado; Javier Parrilla, sindicalista FeSP-UGT-PV; Maripau García-Cupertino, sindicalista FeSP-UGT-PV; Manuel Gutiérrez Pinto, sindicalista UGT-Sevilla; Santos Sánchez Alonso, responsable UGT-Galicia; Fermín de Con Longo, secretario General de FeSMC-UGT-Asturias; José Luis Faus Arias, secretario General de FeSMC-Melilla; Jesús Trancho Lemes, secretario General de FeSMC-UGT-Canarias; Irene Fernández Sánchez, sindicalista de UGT-Salamanca; Concepción Hormigo Gordillo, sindicalista de UGT-Sevilla; Juan Piqué Cerdán, secretario General de UGT en BSM-Cataluña; Juan José Fuentetaja Olmos, profesor de Tecnología en enseñanzas medias de Madrid; Guadalupe González Gallardo. Ejecutiva Federación Sanidad CCO Andalucía; Antonio Montaño Ramos, Ejecutiva Federación Sanidad CCO Andalucía; Carmen Romero Sánchez, Ejecutiva Unión Provincial de CCOO de Sevilla; Sonia Mandaloniz Leal, secretaria general Sección Sindical CCOO John Deere (Madrid); Ernesto Moñino Chacón, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Florencio Andrés, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Alberto Barquero Moreno, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Javier Triviño del Río, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Antonio Fernández Olivares, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); David Carrasco Pozo, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); David Mejías Sánchez, delegado salud laboral en John Deere, Madrid (CCOO); Raúl Bedrina Saura, miembro comité empresa de John Deere, Madrid (CCOO); Eva María Sánchez Martínez, delegada sindical Ajuntament de Sabadell; Mercè Bermúdez López, delegada de l’Ajuntament de Sabadell; Paco Figueroa, sindicalista CCOO Airbus Sevilla; Ángel Limones Rodríguez, sindicalista de UGT-Sevilla; Elvira Ramírez Peinado, sindicalista de UGT-Jaén; Manuel Muñoz, UGT Correos, jubilado Barna; Juan Salvador Villagrasa, delegado UGT Correos Barna; Eugenio Rodríguez Jiménez, delegado UGT Correos Barcelona; Antonio García, afiliado CCOO Cornellá – Barcelona; Roque Borras Medina, delegado Correos UGT Barcelona; Gloria Jiménez Rodríguez, mujer republicana, Málaga; Carlos M. Doblado Ortega, delegado de UGT Ayuntamiento de Sant Boi; Elisabet Huertas Cejudo, delegada UGT Ayuntamiento de Sant Boi; Jesús Cuevas Canales, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Mª José García Lucas delegada de UGT Ayuntamiento Sant Boi; Emma Obiols Mas, delegada UGT Ayuntamiento Sant Boi; Guadalupe Torres Repollo, delegada UGT Ayuntamiento Sant Boi; Javier Fuentes Goyanes, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Joan Muntana, afiliado UGT Girona; Miguel Poca i Sánchez, afiliado UGT Barcelona; José Manuel Ocaña, afiliado UGT Barcelona; Rubén Valdés García, afiliado UGT correos Barcelona; Juan Ortiz, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Javier del Llano, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Pablo Perea, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Sergio Hoyuelos, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Javier Muñiz Ontín, miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal de UGT en BBVA; Luciano Pereda Valdemoro, secretario de Administración de la Sección Sindical Estatal de UGT en Caixabank; Juan Sánchez Fernandez, ex secretario general Federal de FeS-UGT; Germán Payán Gómez, sindicalista de UGT-Sevilla; Sebastián Moreno Rodríguez, ex secretario Federal de Banca en FeS-UGT; Ana María Díaz Díaz, sindicalista de UGT-Madrid; Gloria Díaz Díaz, sindicalista de UGT; Alexis Mecho Sorribes, sindicalista UGT. sector cerámica Castellón; Ana Usero Mainer, secretaria General de la Sección Sindical de UGT-Caixabank-Madrid, firma en nombre de toda la Comisión Ejecutiva; Antonio Deusa Pedrazo, Ex Vicesecretario General Federal de FICA-UGT; Elisabeth Montoro, delegada UGT Ayuntamiento Sabadell 158 primeros firmantes y 282 sindicalistas más.

Salarios dignos para una vida digna

El día 29 de septiembre salió publicado en el BOE, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para cualquier actividad: quedó fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes según sea el tipo de contrato por meses o por días. La duración de la subida, que ha sido pactada con CCOO y UGT, será hasta el 31 de diciembre, lo que es un indicativo de que es una subida provisional, dicho de otra forma las partes reconocen la insuficiencia de este acuerdo que supone, en la práctica, alargar la situación de insuficiencia a los miles de personas que solo tiernen ese ingreso y por tanto forman parte de los trabajadores pobres. 

El incremento de 15€, supone un 1,6% de aumento sobre el SMI anterior, sin embargo el IPC ha aumentado un 3,1% de media anual en el 2021, lo que supone una pérdida de más del 50% de capacidad de compra para los más de 196.000 personas que estarán afectadas en Cataluña.

A nadie se le escapa que no es posible llegar a final de mes con 965€, máximo cuando no hay ningún control sobre el aumento de precios y la mayoría social vemos y padecemos los aumentos desorbitados en los precios de la electricidad u otros suministros de primerísima necesidad. 

Según datos de la Confederación Europea de Sindicatos el número de trabajadores pobres ha aumentado en Europa un 12%, en España 16%. Las cifras sobre la recuperación económica son optimistas, el Banco de España sitúa el aumento del PIB en el 6,3%, una pregunta es necesario contestar ¿será posible la recuperación económica sin que esa recuperación llegue a los hogares la mayoría social? El SMI no puede ser una limosna como demanda el Vaticano. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha manifestado que la subida del SMI es insuficiente, que si el 1 de enero el SMI  no se sitúa en 100€ se acabaron los pactos y empezaran las movilizaciones,  seguramente que tendremos que ir por esa vía, pues a las clases más desposeídas jamás nos han regalado nada y será mediante la movilización que tendremos que conseguir salarios suficientes para cubrir todas las necesidades para tener una vida digna.

José A Iniesta 

Comité de redacción de Tribuna Socialista

RMB-UGT: Por una auditoría pública a la seguridad social

La UGT de Cataluña decidió hace dos congresos organizar una estructura territorial denominada, en su momento, Región Metropolitana de Barcelona (RMB) que integra las comarcas del Maresme, Vallés Oriental, Vallés Occidental, Baix Llobregat, Barcelonés Norte y Barcelonés Sur. En este territorio se concentra la mayor parte de la producción industrial, logística y de servicios de Cataluña. En el ámbito sindical representa el 78% de la afiliación de UGT.
La moción de urgencia, que reclama una auditoría pública a la seguridad social, entre otras cosas, fue presentada por todas las comarcas representadas en la RMB y defendida por el compañero Barrachina secretario de la Unión Comarcal de L’Hospitalet y recibió el apoyo unánime de los delegados y delegadas de la asamblea.

Los delegados y delegadas asistentes al congreso de la Región Metropolitana de Barcelona, después de conocer las recomendaciones surgidas de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, declaramos que:
-Desde hace muchos años la Seguridad Social ha tenido importantes superávits de cotizaciones sociales que, en vez de utilizarse como fondos de reserva, han sido utilizadas para financiar gastos ajenos a la Seguridad Social. En documentos de comparecientes en comisiones parlamentarias se ha llegado a afirmar que desde la década de los noventa del siglo pasado, si la utilización de las cotizaciones sociales se hubiera acumulado –en vez de utilizarlas en gastos impropios-, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros. Recientemente, la prensa se hacía eco de un informe del Tribunal de Cuentas en el cual se decía que el Estado tenía que resarcir con más de 100.000 millones las arcas de la Seguridad Social por la inadecuada utilización de las cotizaciones sociales. Es decir, habría recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales, si no se hubieran utilizado de manera incorrecta.
-Esta realidad, sobre la que no se han dado explicaciones, ni ha habido transparencia, es inadmisible e inaceptable. Y contrasta con el hecho de que entre las recomendaciones del Pacto de Toledo no haya ninguna referencia a esta cuestión, cuando lo que se está discutiendo es la viabilidad de un sistema que ha demostrado sobradamente que el sistema de reparto en que se basa el sistema público de pensiones es perfectamente viable.
Del mismo modo que es inaceptable que se hable del déficit de la Seguridad Social, sin señalar de donde viene este déficit, o sin mencionar las causas del mismo:
Es por eso que:
-La Asamblea de la RMB denuncia la campaña que, desde determinados sectores interesados, quieren dar la imagen de una Seguridad Social en quiebra, razón por la cual necesitaría “reformas” con “urgencia”. Campaña que ha sido amplificada por todos aquellos que tienen interés en hablar del déficit de la Seguridad Social, y ponen el énfasis en la supuesta insostenibilidad del sistema público, desde el Banco de España, pasando por la AIREF, hasta llegar a la OCDE.
-La Asamblea de la RMB denuncia el mantenimiento de las reformas laborales que han provocado una rebaja de los salarios, y por tanto de las cotizaciones, que, junto con las exenciones patronales, suponen una reducción importante de las fuentes de ingresos. La derogación de las reformas laborales continúa siendo una exigencia elemental para defender las pensiones.
-La Asamblea de la RMB afirma la necesidad de exigir el cumplimiento del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga en el Estado a hacer las aportaciones necesarias para el sostenimiento del sistema público, cuando sea necesario. Rechaza que, en vez de aportaciones, se haga préstamos. Política que ha provocado un endeudamiento artificial de la Seguridad Social, que ahora se pretende liquidar con la cesión de edificios que forman parte de su patrimonio.
-La Asamblea de la RMB afirma la necesidad de exigir una auditoría pública de la Seguridad Social. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a saber qué se ha hecho con sus cotizaciones después de años de trabajo.
-La Asamblea de la RMB acuerda igualmente trasladar esta petición a todos los órganos correspondientes para que el conjunto de la UGT haga suya esta exigencia.

José A. Iniesta
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

ELCOGAS NO SE CIERRA.

elcogasEl 18 de junio de 2014 los empleados de Elcogas reunidos por la empresa recibieron la noticia más temida: los propietarios decidían desconectar la planta de la Red Eléctrica. La fecha decidida: 31 de diciembre de 2014. La razón: la falta de marco de regulación a partir de 1 de enero de 2015. La consecuencia: casi 300 trabajadores (150 de plantilla y 150 de contrata) a la calle además de un golpe, casi definitivo, a una comarca (Puertollano) ya muy castigada desde el inicio de la crisis.

Este es el inicio de un conflicto que a día de hoy acumula casi 18 meses de lucha. Sus trabajadores nunca han perdido la esperanza de continuidad de un proyecto que se forjó hace más de 20 años. Elcogas surgió como idea a finales de los años 80 y fue el primer Ciclo Combinado que se instaló en España. Con todo, su mayor logro no fue éste, sino la capacidad de quemar carbón de Puertollano, de muy mala calidad, coque de la Refinería de Repsol en Puertollano también, y transformarlo en un gas sintético listo para quemarse en una turbina de gas con un alto rendimiento y de manera limpia. Había nacido la primera central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado en España. Un proyecto de demostración auspiciado por la Unión Europea que ha demostrado, a lo largo de estos años, que es posible quemar carbón autóctono de forma eficiente y limpia.

Desde ese ya lejano 18 de junio de 2014 los trabajadores han realizado multitud de acciones de protesta para denunciar el cierre de la central de carbón más moderna que posee España en la actualidad.

  • Cortes diarios de carretera, entre las diez y diez y media de la mañana
  • Marcha andando desde la central al pueblo de Puertollano, 13 km a las cuatro de la tarde de una calurosa tarde de un 5 de septiembre.
  • Manifestaciones en julio de 2014 y septiembre de 2015 en Puertollano respaldadas por más de 15.000 asistentes.
  • Encierros con pernocta en la central, el primero allá por julio de 2014, durante varios días alternos del mes de diciembre de 2014 y continuos, desde el 22 al 30 de diciembre. El último de ellos de 13 días consecutivos, entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre de 2015.
  • Huelgas en donde los trabajadores han aprovechado para trasladar sus reivindicaciones al Ministerio de Industria en Madrid, a la sede de la Junta de Castilla la Mancha en Toledo tanto con Dolores de Cospedal como con Emiliano García-Page y a los accionistas de la central (Endesa como socio mayoritario además de EDF, Iberdrola).

En todo este proceso ha habido varios momentos clave. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2014, establecida como fecha de fin de actividades por la propia empresa. El 30 de diciembre los trabajadores levantan el encierro definitivo en las instalaciones de Elcogas, al ser informados de un principio de acuerdo entre Ministerio de Industria y Accionistas.

Este principio de acuerdo no se materializó finalmente de ninguna manera…con lo que los trabajadores, engañados, debieron ponerse en pie de guerra de nuevo.

El 31 de julio de 2015 el Ministro de Industria firma la Resolución que posibilita el cierre de Elcogas y da tres meses a la empresa, hasta 31 de octubre, para que el mismo se produzca. De nuevo deben intensificarse las movilizaciones por parte de los trabajadores ante la inacción de accionistas y Gobierno de España, incapaces en sí mismos de llegar a un acuerdo que dé viabilidad a la planta.

La primera consecuencia de esta Resolución, tras acuerdo en Consejo de Administración extraordinario de la compañía, supone que los trabajadores de contrata, alrededor de la mitad de la plantilla de Elcogas, es despedida con fecha 1 de septiembre de 2015.

El 29 de septiembre se abre la negociación de un ERE extintivo para todo el personal de plantilla de Elcogas.

El 22 de octubre la plantilla al completo decide encerrarse de nuevo en las instalaciones de la planta como medida de presión ante la falta de diálogo entre la Administración y los accionistas de Elcogas.

El 29 de octubre a media mañana, entre rumores de principio de acuerdo, de nuevo, aparece el técnico de la Junta de Castilla la Mancha que debe certificar la “desconexión” de la planta. Llega con el apoyo de 4 furgones de policía. Los trabajadores deciden, de forma espontánea, sentarse en la puerta de entrada de la central para impedir de forma pacífica que el funcionario entre en las instalaciones. Finalmente dicho funcionario levanta acta de la visita, diciendo que ha sido imposible el acceso a la central.

El principio de acuerdo de la mañana del 29 de octubre se materializa en la concesión por parte de la Administración de un nuevo período de tres meses para llevar a cabo el cierre de la central. Se paraliza el

ERE extintivo que se venía negociando desde finales del mes de Septiembre pero el expediente de cierre que pende sobre la planta sigue adelante.

Se estima que durante este período se puede llegar a un acuerdo que pueda incluir a Elcogas dentro del Régimen Retributivo Específico, a cambio de que la central se comprometa a producir energía quemando un 30% de biomasa. La empresa se compromete a elaborar un Plan de Viabilidad bajo estos parámetros y enviarlo al Ministerio de Industria que deberá analizarlo.

Los trabajadores levantan su encierro pero permanecen vigilantes. El engaño de las Navidades pasadas aún está muy presente para la mayoría de ellos. Aún es incierto el futuro de Elcogas, esa central que fue exhibida con orgullo por sus accionistas cuando iniciaba su andadura. Esos mismos accionistas que ahora pretenden cerrarla sin, ni siquiera, barajar otras alternativas para dar viabilidad a la que fue pionera en su momento y anticipó la nueva forma de hacer energía, respetuosa con el medio ambiente. Un proyecto ilusionante que se fue haciendo realidad desde el principio y cuyos accionistas, principales empresas energéticas del país, pretenden cerrar alegando causas económicas, mientras sus cuentas de resultados no dejan de crecer.

Concentración Ministerio Industria. Noviembre 2014

Los trabajadores de Elcogas llevan luchando más de 18 meses al grito de ELCOGAS NO SE CIERRA. Una de las razones del éxito de esta lucha ha sido la UNIÓN que han demostrado. Inasequibles al desaliento, no han abandonado la lucha en ningún momento. Y todo ello a pesar de que la incertidumbre ha hecho mella en la salud de muchos de estos luchadores.

La preocupación se ha materializado de diversas formas, problemas psicológicos, afecciones cardiacas, insomnio crónico, etc. Todos los desvelos, al final, habrán merecido la pena si se consigue el objetivo final: que no se apague la luz de una instalación industrial pionera en la generación de electricidad de manera limpia. #ElcogasNoSeCierra#.

Mónica Martínez y Daniel Esteban