Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos.
Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: “La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”
“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”
Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.
En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: “En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores”. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.
Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.
Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.
Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”.
Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.
Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.
Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).
Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020.
“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.
Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.
Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.
Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas.
Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.
Jose Antonio Fdez. Guerras.
Tribuna Socialista 