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Entrevista a Sergio Barbero

Delegado sindical UGT Productos Tubulares

Tribuna Socialista entrevista a Sergio Barbero, delegado de UGT en Productos Tubulares, empresa a la que dado los últimos 20 años de su vida. Con la reciente fusión con el grupo de empresas Tubos Reunidos, llevan al cierre de la aceria de Sestao en la que trabaja Sergio y el traslado de la plantilla a la factoría de Amurrio.

Pregunta.- ¿Nos podéis dar una visión global de la evolución de la empresa y como y porque se llega a la situación actual?

Respuesta.- El principio del problema viene de hace años. Después de dar unos beneficios enormes se hacen una serie de movimientos, como el intento de fusión de Tubos Reunidos con CODESA en 2007-2008, operación para la cual se pidió un crédito de casi 200 millones de euros, operación que al final no se llevó a cabo, pero el crédito no se devolvió. En años sucesivos se repartieron dividendos, dejando a la empresa descapitalizada, y endeudada. Eso, sumado a unos años malos en los que una crisis tras otra ha hecho reducir carga de trabajo y margen de beneficios… Ha terminado en una refinanciación de deuda de 350 millones, y ahora sumamos el rescate de la SEPI, que no deja de ser otro crédito de 112 millones más…

P.- ¿Cuántos trabajadores/as formáis la plantilla del grupo o por empresa? y ¿cómo afectan estos movimientos de la empresa a las condiciones de vida y trabajo de la plantilla?

R.- La plantilla aproximada es de 800 trabajadores en TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL (Amurrio), 400 en PRODUCTOS TUBULARES(Trápaga), de ellos unos 70 en la acería de Sestao y unos 40 en ACECSA (Navarra).Los afectados serían los 70 de la acería de Sestao, aunque aún no hay nada negociado ni sabemos en qué condiciones se van. Y los 40 de Navarra, a los que por distancia se les complicará aún más el traslado, y no sabemos qué pasará con ellos.

P.- En Septiembre ya se hablaba del traslado de la planta de Trápaga a Amurrio. El 28 de octubre iniciáis nuevas movilizaciones contra ese traslado. ¿Cuál es la situación actual, realmente no habrá ERE como prometía la empresa al anuncio de este traslado?

R.- El ERE se supone descartado, según nos dicen, en el acuerdo con la SEPI (no nos han enseñado el acuerdo) no se contemplan despidos traumáticos.

Eso sí, ya han despedido con indemnización a casi 60 trabajadores de 61 años o más: 18 de Trápaga, y los demás en el resto del grupo.

P.- Desde el sindicato, ¿en qué modo pensáis que la fusión de todas las sociedades: Tubos Reunidos en Amurrio, Productos Tubulares en Trápaga y Aceros Calibrados en Iruña, va a suponer un beneficio para los trabajadores más cuando está pendiente el cierre de la planta de Trápaga?

R.- Qué vemos desde la sección sindical de UGT en la planta de productos Tubulares. Pues que para los trabajadores todo son inconvenientes e incertidumbres: viajes, no saber a qué puesto van, no les aseguran que los que vayan a Amurrio sigan trabajando en la acería, hablan de distribuirles por otros puestos de la planta, lo que supone que los que ahora tienen contrato eventual en Amurrio ven peligrar su futuro en la empresa…pero claro, eso no son “despidos traumáticos”.

Desde Productos Tubulares, nos da miedo el futuro de nuestra planta, al dejar de ser una empresa independiente, pasamos a depender aún más, si cabe, del futuro del grupo y del futuro de la planta de Amurrio; nuestra planta no depende tanto como la de Amurrio del mercado del petróleo y de Estados Unidos. Con nuestra acería propia, podríamos salir airosos por nuestra cuenta. Y que decir de los navarros que incluso en los peores años han dado beneficios. Con la unificación de las empresas y las acerías, si cae Amurrio, caemos Todos.

P.- La incorporación de María Sicilia, directora de estrategia de Enagás, al consejo de administración del Grupo Tubos Reunidos ¿supone tranquilidad para la plantilla por los futuros contratos que puedan llegar o solo es maquillaje por parte de la empresa para justificar el rescate que está en el aire?

R.- Comentario de la plantilla… “¿Nos están regateando los IPC con el salario congelado desde el 2017, y contratan 2 consejeras nuevas?”

P.- A modo de conclusión ¿podéis decirnos qué es lo que más preocupa y qué queréis lograr con las movilizaciones y futuras negociaciones?

R.- Lo que más nos preocupa es la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores, y de la planta. Queremos que nos aseguren la continuidad de la planta de Trápaga, el mantenimiento de la plantilla con unas condiciones dignas, que no sean como siempre los trabajadores los que paguen por la avaricia de los accionistas…

Comite redaccion Tribuna Socialista

Entrevista a Luis Lombardo Plaza 

Presidente del Comité de Empresa de Telemadrid

Luis Miguel Lombardo Plaza nació en Madrid en 1972. Es titulado en Imagen y Sonido y ha desarrollado toda su carrera profesional vinculado al sector audiovisual, trabajando en medios de comunicación como Radio Televisión Española y Telemadrid.

Cuenta con una amplia experiencia formativa de profesionales del campo audiovisual en Formación Profesional, Universidad, Centros de Formación para el Empleo y Escuelas de Arte. 

Afiliado a CCOO desde 1991, fue elegido delegado del comité de empresa de Telemadrid en 1999, y desde 2015 es presidente del mismo.

En 2017 pasó a formar parte de la Comisión ejecutiva Comisiones Obreras de Madrid, y en la actualidad es el responsable de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras de Madrid.

Pregunta.- El próximo mes de enero se cumplirán nueve años desde la presentación del ERE, por el que el gobierno que presidía Ignacio González, a través de sus piezas en la dirección de Telemadrid, pretendieron despedir a 860 trabajadores y trabajadoras. ¿Qué balance haces de aquel fiasco laboral?

Respuesta.- El balance no puede ser más negativo, a finales del 2003 el Partido Popular de Esperanza Aguirre se hizo con el control de una empresa pública. Por aquel entonces, Telemadrid, contaba con un gran prestigio social y elevados niveles de audiencia, una radiotelevisión exitosa, referente en el sector audiovisual, y la hundió económica y profesionalmente, culpabilizando a los 860 trabajadores a los que nos despidió. Sin piedad llevó a cabo un ERE sin precedentes en la comunidad Madrid. Casi nueve años más tarde, y después de haber conseguido iniciar un proceso de recuperación, vuelven las prácticas de entonces, vuelve a gobernar la radiotelevisión pública madrileña el mismo partido popular, sin complejos. Parece que no hemos aprendido la lección.

P.- ¿Cómo se ha transformado Telemadrid en estos nueve años?

R.- Estos nueve años han servido para conocer las dos caras del Partido Popular en la comunidad Madrid. Después de la pérdida de la mayoría absoluta en el 2015 surgió un partido popular «avergonzado» por los innumerables casos de corrupción relacionados con su etapa de gobiernos en la región. Todo parecía poco para desmarcarse del estigma que suponía haber estado cerca de quienes habían utilizado sus responsabilidades políticas para apropiarse de los recursos públicos de todos los madrileños, lo que se utilizó como justificación para iniciar un proceso de reforma legislativa para RTVM que habilitó mecanismos de transparencia y de control por parte de mayorías cualificadas que, al menos, dificultaba el control gubernamental de la radiotelevisión pública madrileña. Desde entonces hemos vivido un corto periodo de tiempo en el que hemos conseguido recuperar parte de la audiencia y credibilidad perdida con la ciudadanía. Ahora un nuevo golpe de timón del partido popular vuelve a poner en sus manos el control de la radiotelevisión pública, y comienzan a reaparecer las viejas formas de hacer las cosas. Es pronto aún, pero nos tememos que pueda reeditarse una etapa que considerábamos que había quedado atrás.

P.- En vuestra lucha contra el ERE no solo defendíais los puestos de trabajo, también defendíais el derecho de las madrileñas y madrileños a una información plural, veraz e independiente ¿Qué os llevó a poner al mismo nivel los derechos de la plantilla y los derechos del pueblo de Madrid?

  R.- Somos defensores convencidos de los servicios públicos en general y en particular del servicio público de comunicación. Una sociedad madura democráticamente no puede funcionar sin medios de comunicación públicos independientes y plurales..

La razón de ser de una radiotelevisión pública es el servicio público esencial al que la ley le encomienda, estar al servicio de la ciudadanía, ser cercanos y útiles, esto es lo que configura y permite dar viabilidad y futuro a nuestra empresa y, en consecuencia, a nuestro trabajo.

Quien no cree en los servicios públicos tiene como objetivo el deterioro de su calidad para justificar su privatización, lo vemos en la enseñanza, en la sanidad y en los servicios sociales entre otros servicios públicos. Para algunos son sencillamente una fuente de recursos públicos con la que hacer negocios.

P.- ¿Qué valoración haces de la independencia informativa tanto en Telemadrid como en el resto de medios de comunicación públicos en este país?

R.- Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver como natural que la llegada al gobierno supone tomar el control de la radio televisión pública de turno, lo que ha generado un deterioro en la percepción del papel que deben jugar para la sociedad. Hacen falta ejemplos como el que hemos conseguido dar en los últimos años desde RTVM para evidenciar que un modelo de radiotelevisión pública independiente y útil para la ciudadanía es posible, que otro modelo de gestión es posible, que con el compromiso del conjunto de las fuerzas políticas pueden y deben habilitarse mecanismos que impidan un control gubernamental de los medios de comunicación públicos.

P.- El que fue Director General del Ente Público Radio Telemadrid Madrid, José Antonio Sánchez, y hoy es Administrador provisional, ha dicho que reducirá un 10% el presupuesto de la compañía, pero que no afectará a la plantilla ¿Qué credibilidad tiene para la plantilla esta afirmación?

  R.- Estamos hablando del presupuesto más reducido del conjunto de las televisiones públicas del Estado con una programación basada en su mayoría en producción en directo que dificulta en gran medida aplicar ningún recorte. Estaremos alerta.

P.- La plantilla de Telemadrid, con su Comité de Empresa y sus secciones sindicales a la cabeza, es una referencia de resistencia y dignidad en la defensa de los puestos de trabajo ¿Veis a corto plazo una situación de lucha como la que llevasteis hace nueve años?

R.- La lucha en la defensa de la radio televisión pública no es algo que deba circunscribirse a una etapa concreta, que tenga una fecha de inicio y de fin es una situación de trabajo constante de denuncia, algo que nunca hemos dejado de hacer y que no vamos abandonar, es una carrera de larga distancia en la que pretenden agotarnos pero no vamos a rendirnos, hemos conseguido demostrar cuáles fueron las verdaderas causas del hundimiento y descrédito de nuestra cadena, ahora el conjunto de la sociedad madrileña debe impedir que se  les vuelva a arrebatar su radiotelevisión pública y que se vuelva a repetir la historia. El conjunto de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y profesionales deben encabezar la defensa de un servicio público esencial con mayúsculas, nosotros vamos a estar ahí siempre, en la defensa de los servicios públicos, en la defensa del imprescindible papel que para la Comunidad de Madrid debe jugar Telemadrid y OndaMadrid

P.- Hace dos años Telemadrid celebró su 30 Aniversario ¿Qué parte de esa efeméride celebrasteis los trabajadores y trabajadoras?

R.- Poco podíamos celebrar con la inmensa mayoría de las compañeras y compañeros despedidos en la calle. Pero después de una oscura etapa de participar y ver que su recuperación era posible.

Telemadrid y Ondamadrid sobrevivirán a quienes ahora vuelven a intentar aprovecharse de ellas. Nosotros vemos como una pesadilla la etapa que parece iniciarse de nuevo. Pero esto no debe ocultar todo lo bueno y positivo que ha habido y habrá en torno al logotipo de Telemadrid y el de OndaMadrid.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

A VUELTA CON LOS ERTES

Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos. 

Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: “La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”

“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”

Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.

En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: “En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores”. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.

Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.

Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.

Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”. 

Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.

Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.

Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).

Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020. 

“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.

Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.

Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.

Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas. 

Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

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