Por la recuperación del socialismo

Conocí de la existencia de Tribuna Socialista en una conferencia “Per la recuperació del Socialisme” un sábado de febrero del 2014 a las 10 de la mañana en el Casal del Barrio de Ciudad Cooperativa. A través de mi militancia política y sindical, había conectado con el compañero José Iniesta que me había invitado al acto.

Descubrí un grupo de debate donde mis opiniones no eran la corriente minoritaria sino que eran compartidas y matizadas por los compañeros y compañeras que opinaban abiertamente y de manera muy crítica con su propio partido y lo hacían con la intención de ayudar a construir y recuperar el socialismo desde la base obrera. El debate seguía vivo y en el número de aquel mes de Tribuna se defendían los derechos y libertades que con la escusa de la crisis, el capital se afanaba en recortar para acabar de desmantelar el Estado del Bienestar. También en aquel número venia un artículo en defensa de los sindicatos. Me interesaba.

Desde aquel día he sido lector intermitente del Tribuna Socialista. En un tiempo dominado por la brevedad del tweet, a menudo plagado de teatralidad, inmediatez y liviana superficialidad, la apuesta comunicativa de Tribuna Socialista exige un parar la partida de ping-pon y hacer el esfuerzo de compresión, disponer de un momento de reflexión. Es una apuesta arriesgada, a contracorriente, pero vale la pena porque nos habla desde la convicción del verso libre que no está obligado a seguir pautas, ni someterse a intereses espurios, ni eufemismos: la abdicación fue una claudicación del monarca.

La habitual presencia de artículos relacionados con el internacionalismo, sindicalismo, socialismo y movimiento obrero hacen de la Tribuna Socialista un espacio de opinión y análisis necesario para las reivindicaciones de la clase obrera, sindicales, de la laicidad, de la juventud, de la autodeterminación de los pueblos libres del estado español con una voz independiente dentro del partido, integradora, apostando por la unidad y respetando la pluralidad. Actúa  como punto de encuentro, aportando opiniones de militantes socialistas de las diferentes organizaciones y territorios de los partidos socialistas del estado.

En el último número que he leído, publican un artículo sobre las recetas que, para superar la crisis actual, nos quieren imponer los “organismos y sus elegantes directivos” como los de la OCDE y la traslación de estas medidas a un lenguaje directo con las implicaciones concretas. La crítica en Tribuna para empezar y a continuación la propuesta socialista, por contraposición. Las cosas claras.

Por todo esto, y sin estar siempre de acuerdo con sus propuestas y análisis, por su inconformismo, tenacidad, modestia, constancia, contundencia, convencimiento, libertad, espero que siga durante muchos años más publicando opiniones que nos ayuden a conformar la opinión pública y hacer caminar esta sociedad hacia la República Federal de los pueblos libres del estado español.

Paco Ramos

Socialista y sindicalista

Información obrera saluda los 15 años de TS

15 años por el socialismo, por la república.

En la historia de nuestro país, y en particular del movimiento obrero, la perspectiva socialista ha estado asociada a abrir el camino a la república. Hoy, en que la incapacidad del sistema de producción capitalista para hacer frente a un reto tradicional de la humanidad: una pandemia, abrir esta perspectiva es fundamental.

Tribuna Socialista, desde nuestro modo de ver, ha combatido estos años por restablecer esta unidad  entre Socialismo y República. Y hoy república, quizás más que nunca, se asimila al conjunto de aspiraciones sociales y democráticas de los trabajadores y los pueblos de nuestro país. No se trata simplemente de cambiar un rey por un presidente.

Las circunstancias nos señalan que, la defensa de estas aspiraciones, chocan abiertamente con el modo de producción capitalista y la propiedad privada de los medios de producción.

La CEOE declara “Deuda (del Estado) no impuestos (a ellos)”, certifica por tanto la incapacidad de un sistema para responder a las necesidades de la mayoría. Y la monarquía -al lado de sus corruptelas- es la firme defensora de esta patronal y de las instituciones heredadas.

Es por ello que, para nosotros, en la perspectiva de dotar a los trabajadores y los pueblos de los instrumentos políticos útiles para su emancipación, el trabajo de Tribuna Socialista es insustituible. Larga vida a Tribuna Socialista Por el socialismo, la república y el derecho de los pueblos.

Ángel Tubau

Comité de Redacción de Información Obrera

UNA DÉCADA Y MEDIA

Se cumplen 15 años de la “refundación” de Tribuna Socialista, una revista mensual cuyo descubrimiento para mí supuso en un primer momento el confrontar mi punto de vista sobre problemas y temas de actualidad, o simplemente de pensamiento y filosofía política, con el punto de vista que sobre ellos tenían desde otras partes de España otros compañeros siempre desde el paradigma del amplio pensamiento de la izquierda en su conjunto y específicamente desde el pensamiento socialista.  Y que después en un segundo momento, más próximo este en el tiempo, me ha permitido no solo enriquecer mi pensamiento en la reflexión confrontada, sino expresar mi punto de vista en diversos artículos que he venido escribiendo para Tribuna Socialista y que espero seguir haciendo de una forma más prolífica si tengo la oportunidad de ello.

15 años, una década y media, visto en términos existenciales no parece mucho, visto en términos políticos es una barbaridad. Arrancaba esta nueva etapa de Tribuna Socialista con un recién elegido Presidente José Luis Rodriguez Zapatero tras el peor atentado que había sufrido España en su historia. La derecha lo recibió con una rabia incontrolada que subió la tensión en el país hasta límites que no habíamos conocido durante todo el periodo democrático, el ambiente en el Congreso y en el Senado era sencillamente irrespirable por las acusaciones de la derecha, se llegó a acusar al Presidente de traicionar a los muertos de ETA, los titulares y los artículos de opinión en los medios de comunicación afines a la derecha no daban tregua. Aun así se completaron dos legislaturas muy fecundas en derechos sociales, basta recordar las leyes de Igualdad de Género, de Protección de las víctimas de violencia machista, de derechos LGTBi igualando los derechos de parejas y los matrimonios, la Ley de dependencia que reconocía derechos y aportaba un paraguas económico, social y laboral a las personas dependientes o discapacitadas, etcétera; mucho se ha escrito sobre esto, no vendré ahora a ahondar más en este sentido. La segunda legislatura de Zapatero se la llevó por delante una de las peores crisis mundiales que el sistema capitalista ha sufrido, una crisis cuyo origen hay que buscarlo en la especulación económica salvaje de un sistema que antepone el interés económico de los poderosos a la vida de las personas; mucho se ha escrito también de esto y al igual que antes tampoco vendré ahora a ahondar más. Por cierto durante estas legislaturas el Gobierno de Zapatero, (el acusado de traicionar a las víctimas) con Rubalcaba como ministro del interior desarrolló una línea política que finalmente llevó al fin de ETA.

Luego llegaron dos legislaturas de gobierno de la Derecha, Rajoy llevó a España a sus peores datos de protección social, se prohibió el acceso universal a la sanidad, se impuso el copago farmacéutico, se recortó en cualquier tipo de prestación ya fuese desde una simple beca escolar o académica a la prestación por desempleo, se dejó en papel mojado la Ley de Dependencia, los desahucios crecieron como nunca en toda España, se antepuso el pago de deudas al rescate de personas, pero se rescataron bancos. En pocas palabras se situó los intereses económicos  por delante de las necesidades y la vida de las personas, y también se perdieron muchos, muchos derechos, tanto laborales con la reforma impuesta por el gobierno contra sindicatos y trabajadores, como sociales con la llamada Ley mordaza entre otros. Así mismo el llamado ‘problema catalán’ le estalló al gobierno, fruto de la simbiosis de cómo se gestionó la crisis económica y de la nula o inexistente gestión política de la derecha ante el sentir de una gran parte de la sociedad catalana; tampoco me extenderé más en estos asuntos.

La última legislatura del Gobierno de Rajoy se la llevó por delante la primera Moción de Censura que triunfa en la reciente historia democrática de España. “La Moción de la Dignidad” consiguió el apoyo de todos los partidos de la Cámara, con la excepción obvia del partido del Gobierno: el PP, y la excepción no tan obvia del otro partido de implantación nacional de ‘centro derecha’: Ciudadanos. Todos los demás se unieron para finiquitar un gobierno apabullado y noqueado por los incesantes casos de Corrupción del PP allí donde gobernaba o lo había hecho.

Finalmente llegaron dos elecciones generales, ambas ganadas por el PSOE y la formación del primer gobierno de coalición de izquierdas desde la República. Una legislatura política que ha comenzado con una pandemia sanitaria como no se conocía desde hacía más de un siglo, la cual amenaza con una traer una nueva crisis económica aún más dañina que la sufrida en la década anterior. El fascismo ha agrandado sus tentáculos, no solo en España sino en el mundo en general, aquí ha llegado a las instituciones desgajándose del PP y dando nacimiento a un partido de extrema-derecha que ha robado votos al PP al haberse divido sus tradicionales votantes, lo cual ha provocado que tanto la nueva (vieja) extrema derecha como la derecha extrema de siempre y sus medios de comunicación hayan  vuelto a reeditar la campaña de acoso y derribo al gobierno, tal como ya intentaron durante la primera legislatura del Gobierno de Zapatero. No obstante este nuevo Gobierno de Izquierdas ya ha dado señas inconfundibles de encarar esta crisis de un modo radicalmente opuesto a como se hizo anteriormente, el lema, como el gobierno no deja de repetir es: “no dejar a nadie atrás”; igualmente no entraré tampoco ahora a analizar ni las medidas, ni las características, ni las consecuencias de todo esto último, estoy completamente seguro que en los números posteriores de Tribuna Socialista todos y todas los que formamos parte de ella y nuevos y nuevas, que sin duda se nos unirán, desarrollaremos nuevos artículos en los que desglosaremos, analizaremos, pensaremos y opinaremos sobre todo esto y mucho más.

 

Con este último deseo me despido de todos los lectores hasta mi próximo artículo, hasta entonces:

¡Salud y República!

Jose Luis Bejarano Damas

Licenciado en Historia y Secretario de Política Institucional de la Agrupación del PSOE de Almensilla-Sevilla.

 

En los 15 años de Tribuna Socialista

En Latinoamérica hay una fiesta de presentación de las jóvenes en la sociedad, que se celebra a los quince años.  Pues los quince años de Tribuna Socialista, no suponen ninguna presentación en sociedad, porque TS surge desde el primer día de las entrañas mismas de la sociedad, para ser más precisos de lo más profundo del movimiento obrero.

Hay tres características que marcan el desarrollo de TS: de clase, socialista y libre.

De clase cuando esta es una definición que se busca diluir en términos más genéricos como gente, ciudadanía, pueblo, los de abajo (que no creo que haya que renegar de usarlos) pero que sigue teniendo el mismo sentido profundo que tuvo en el nacimiento del movimiento obrero y que debemos trabajar incesantemente por rescatar, porque es uno de los valores en los que se asienta cualquier movimiento de transformación social. Hoy quien apela una y otra vez al carácter de clase son precisamente los privilegiados de la sociedad, no solo marcan el carácter de clase (como hacen Trump o Buffet) sino incluso el odio de clase (imaginar por un momento a Cayetana, Monasterio o Díaz Ayuso).

Socialista porque TS tampoco cae en eufemismos, sino que lucha abiertamente por otro tipo de sociedad donde el hombre no sea explotado por el hombre. No es TS una publicación que busca “humanizar” la barbarie capitalista sino que define claramente el carácter bárbaro de un sistema que no sólo explota a la humanidad sino que destruye el planeta. TS se inscribe en la máxima que la imperecedera Rosa Luxemburgo nos lego: “socialismo o barbarie”.

Libre, porque TS ejerce de tribuna de libertad, donde las opiniones, sensibilidades y visiones son plenamente respetadas y no como sucede en tantos ámbitos de la izquierda, donde primero se mira lo que opina “el jefe” para tomar posición.

Por ultimo quiero felicitar a todo el Comité de Redacción que la ha hecho posible en todos estos años, y de forma especial a mi amigo Roberto Tornamira, incansable animador de esta magnífica realidad.

Enrique del Olmo

Miembro de la Fundación Andreu Nin

Necesitamos otro método para salir de esta crisis económica

La pandemia de COVID-19 ha dejado un efecto colateral y transversal que, como si de una lupa se tratase, ha aumentado los problemas que ya teníamos. Ha puesto en evidencia algunos que se venían camuflando e hiperbolizando otros que eran evidentes. Esto afecta a todos los órdenes: las instituciones del Estado, la política, índices económicos, situación del Estado de Bienestar…

Evidentemente los efectos más graves, gravísimos, de la pandemia han sido, por este orden: las casi treinta mil muertes y las secuelas económicas, consecuencia de parón obligado de la economía. Necesitamos reparar los daños, sin duda. Pero muchas de las reparacions habría que haberlas realizado en todo caso e incluso antes. Sería un error interpretar que en lo económico todo es culpa del coronavirus. Diagnosticar erróneamente el problema nos llevarà a aplicar un tratamiento desacertado.

En materia de empleo, uno de los factores que más nos preocupa, no sería la primera vez que se comete el error de un mal diagnóstico. Prueba de ello es que siendo uno de los países de la UE que en los últimos cuarenta años más reformas laborales ha llevado a cabo, si no el que más, mantenemos unas tasas de paro y temporalidad absolutamente inaceptables:

  • España cerró 2019 con un 14,02% de desempleo -3.191.900 personas en paro, frente al 6,3% de media en la UE.
  • La tasa de paro entre los menores de 25 años, a cierre de 2019, era 30,5%, mientras la media en los países de nuestro entorno era del 5,8%.
  • La temporalidad, al cierre del cuanto trimestre de 2019, era del 26,1%. Casi el doble del 14,2 de tasa media en la UE.

Se atribuye a Einstein la frase «no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo». Parece lógico y razonable, pero no hacemos demasiado caso al genio de la física.

Es muy desesperanzador leer y escuchar las recetas que llegan desde los organismos internacionales como el FMI, la OCDE, entre otros. Se ve que los lobbies que trabajan para los

grupos de interés económico hacen bien su trabajo pues, como si de un coro se tratase, todos: el Gobernador del Banco de España, los portavoces de los partidos de la oposición, los empresarios en el cónclave que han tenido recientemente, etcétera, repiten las mismas consignas: reformar para flexibilizar, recortar el gasto social para equilibrar la cuentas…

Dicen flexibilizar como eufemismo para evitar decir: devaluar salarios, rebajar pensiones, precarizar condiciones de trabajo…Y así llevamos cuatro décadas.

Se afanan en presionar para que se mantenga la reforma laboral que impuso el Gobierno del señor Rajoy (PP) en 2012. Defienden que creó empleo, pero no explican que primero lo destruyó: la tasa de paro en España alcanzó el 26,94% -6,3 millones de desempleados y desempleadas- al cierre del primer trimestre de 2013, justo un año después de la entrada en vigor de la citada reforma. Se procedió a transformar empleo con derechos por empleo muy precario y se devaluaron los salarios un 7,1%; comparando el salario medio bruto anual de 2018 con el de 2008, tal como constataron los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Figuras como el descuelgue del convenio: que permite al empresario desdecirse de lo firmado, la hegemonía del convenio de empresa sobre el convenio del sector o la derogación del principio de ultractividad del convenio, han sido las principales fuentes de devaluación salarial. Estos agresivos cambios que introdujo aquella reforma, y para los que allanó el camino en alguno de estos casos la reforma de 2010, han facilitado que la parte empresarial haya podido aplicar incrementos salariales por debajo de la inflación de forma sostenida durante esa década.

El efecto social y económico que este erróneo método produjo queda reflejado en un amplio “álbum de fotos” que está a disposición en multitud de publicaciones. Veamos solo tres fotos fijas para cuantificar mal resultado del método:

  • Según Eurostat, en el “Panel de Hogares de la Unión Europea”. Noviembre de 2003, señala que la tasa media de pobreza en España, entre 1998 y 2001, era del 18,5%. Y la misma fuente, Eurostat, a cierre de 2018 esa tasa había crecido 7,6 puntos, hasta alcanzar el 26,1%.
  • La misma fuente, Eurostat, en el periodo 2008 – 2017, 40.000 millones de euros pasaron de las rentas salariales al excedente bruto de explotación (EBE), lo que es lo mismo que decir que un 4% del PIB pasó de las rentas del trabajo a las rentas del capital.
  • Otra fuente, que tampoco es sospechosa de militar en el anticapitalismo, el Instituto de Investigación del banco suizo Credit Suisse, hizo público un estudio en octubre de 2019, según el cual entre 2010 y 2019, el número de millonarios en España pasó de 172.000 a 979.000, es decir su multiplicó por 5,69.

No podemos esperar que los representantes de las patronales o los líderes de los partidos conservadores, en cualquiera de sus versiones, pidan cambiar de método, pues es evidente que a sus representados les va bien. Pero si es de esperar que los representantes de: asalariados, desempleados, pensionistas, autónomos -los falsos y los reales-, tanto políticos como sindicales, exijan un cambio de método.

Otro de los aprendizajes que deberíamos extraer de la experiencia de la crisis inmobiliaria y financiera iniciada en 2008, debería ser cómo evaluamos la respuesta y el grado de solidaridad del empresariado a las ayudas del Estado. Hay que velar porque el dinero público sea rentable económicamente, pero en circunstancias como las que hemos vivido en la historia reciente y las que estamos viviendo ahora y viviremos en el próximo futuro, también y por encima de todo, hay que buscar la rentabilidad social. Pongo un ejemplo de lo anterior, con datos ya confirmados:

En junio de 2012, el mismo Gobierno que impuso la reforma laboral más agresiva de nuestra historia reciente, nos endeudó en 100.000 millones de euros para sanear la banca, a la que, solo en efectivo, inyectó más de 60.000 millones de euros. Si evaluamos qué consecuencias sociales tuvo aquella inversión, veremos que el sector financiero ganó 100.604 millones de euros entre 2009 y 2019 y en el mismo periodo ha destruido en torno a 100.000 empleos y ha generado una nueva exclusión social, al dejar al 50% de los municipios de España sin servicios bancarios básicos.

Hay que decir que solo una entidad: Bankia, compuesta por el conglomerado de cajas que dio lugar a Bankia –entre otras Caja Madrid- más la suma Banco Mare Nostrum, hoy conforma la actual Bankia, en la que el erario público metió 24.000 millones de euros y que mantiene el 60% de la propiedad de las acciones a través del FROB. En este caso, cabría la posibilidad de sacar rentabilidad social, si el Estado utilizase el Instituto de Crédito Oficial + Bankia para dotarse de un polo de banca pública que actuase en positivo para la sociedad, por ejemplo: dando servicios básicos de banca en las poblaciones abandonadas por las entidades privadas, siendo entidad de depósito para pequeños ahorradores sin que además de no remunerarles sus depósitos –dado el precio oficial del dinero- no les castiguen con oneroses comisiones, incluso sirviendo de red de distribución del crédito oficial, para no dependen de los bancos privados o estableciendo líneas de crédito para vivienda para rentas bajas, entre otras muchas posibilidades.

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018.

El discurso de la intolerancia tiene su caldo de cultivo en el deterioro de la calidad de vida. No podemos continuar abordando crisis económicas cuyo resultado final sea el empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de sociedad.

Roberto Tornamira Sánchez

Portavoz y Responsable Institucional de la

Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE)

15 años en defensa de los derechos de la clase trabajadora

Han pasado 15 años desde que el 16 de julio de 2005, un grupo de militantes socialistas, tomásemos la decisión de lanzar una revista para el debate político, recuperando la cabecera “TRIBUNA SOCIALISTA”. Eran tiempos de bonanza económica: bonanza que pocos años después comprobaríamos que era ficticia.

Las inquietudes y motivos que nos llevaron a iniciar esta andadura fueron varios:

 “…el intento de decretazo de 2002, contestado con una exitosa Huelga General (20-J), la gestión ignominiosa del accidente del Prestige, la antidemocrática involucración de España en un guerra genocida.”

“…la actitud que la derecha reaccionaria tomó tras los acontecimientos del 11 al 14 de marzo de 2004.”

“…las trabas que desde la derecha se están poniendo al proceso, esperemos que irreversible, de paz en Euskadi; el boicot al democrático proceso negociador de la reforma del Estatuto de Cataluña; o el frente común de la Iglesia, Patronal y elementos de la cúpula militar, capitaneados todos por su partido, el PP…”

Estos fragmentos forman parte del “Por qué y para qué”, documento de intenciones que está publicado en el Tribuna Socialista nº 1 (TS-nº1). Vemos que muchos de los motivos que nos animaron a esta tarea continúan en vigor. Tengo que decir que el mérito de Tribuna Socialista está haberlos puesto de manifiesto en 2005, cuando la mayoría de la sociedad vivía un ensueño económico que pronto tornaría en pesadilla.

A lo largo de estos tres lustros, hemos editado 115 números en los que hemos tomado posición activa sobre aquellos asuntos y sobre otros muchos derivados de la actividad política en nuestro país. Siempre desde una perspectiva de defensa de los intereses de la clase trabajadora.

“La primera constatación a hacer es que, desde el momento de la victoria electoral del PSOE en marzo de 2004, el PP y todos los nostálgicos del gobierno Aznar se emplean con dureza y a fondo para tratar de impedir y combatir cualquier medida adoptada por el Gobierno, atacando al Partido Socialista por cualquier motivo o excusa. En ningún momento han aceptado el triunfo socialista en las urnas; han cuestionado su legitimidad des de la misma noche electoral.”

El párrafo anterior, aunque pueda parecerlo, no está escrito la semana pasada. Es el primer párrafo del “Manifiesto de Silla”, también publicado en el TS-nº1. Manifiesto que profundizada y explicitaba las razones por las que considerábamos necesario lanzar una publicación que abordase los temas políticos más candentes.

Uno de los asuntos recurrentes ha sido la defensa de los derechos laborales, máxime en el periodo 2008/2018. Así, en el TS-nº14 (marzo de 2009), publicamos una carta que enviamos al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero –carta que invito a ser releída-, en la que le decíamos, entre otras muchas cosas:

 “Nos dirigimos a ti con motivo de la preocupación compartida entre muchos militantes socialistas sobre el desarrollo de la crisis internacional. Al comienzo de la misma, en el boletín Tribuna Socialista número 12, aplaudíamos tus comentarios del tipo “la crisis no la pagarán los más débiles”, pero ya entonces mostrábamos que los más débiles lo estaban pagando”.

Tribuna Socialista ha velado por su independencia –sólo dependemos de la voluntad de nuestros abonados y abonadas- y en coherencia con las posiciones mantenidas en los primeros cinco años de publicación, en los meses posteriores discrepamos con la posición que el Gobierno Socialista tomó a partir de mayo de 2010. Esa coherencia la plasmamos negro sobre blanco, en el TS-nº17 (septiembre de 2010), apoyando la huelga general convocada por UGT y CCOO para el 29 de ese mismo mes, y decíamos:

“La gran mayoría de los medios de comunicación se han erigido en portavoces de los mercados, es decir, de los bancos, de los especuladores bursátiles, y de sus herramientas -FMI, OCDE, BCE, el Gobernador del Banco de España…”

“Los socialistas sólo tenemos una salida: la defensa de la mayoría social y la defensa y mejora de lo público. Estas fueron algunas de las señas de identidad que los fundadores de nuestro partido, el PSOE, imprimieron en sus programas y declaraciones y por las que lucharon frente a quienes los denunciaban y calumniaban desde los medios de comunicación del momento.”

“El deterioro de las condiciones de trabajo, y una reforma laboral que lo único que garantiza es el despido fácil y barato, están creando las condiciones de una implosión social, de una crisis social, de la cual los únicos que serán responsables son los que gobiernan para los mercados, quienes les sustentan y jalean, y los mercados mismos.

Las consecuencias las vivimos meses después, las recetas que los organismos internacionales del capital “sugerían” son las mismas que dictan hoy. Han sido muchos los números de Tribuna Socialista en los que hemos reflejado la preocupación y el sufrimiento de la mayoría de la sociedad: en el TS-nº18 (diciembre 2010) “Huelga General y Socialdemocracia”, en el TS-nº19 (marzo de 2011) “El Gobierno continúa las contrareformas”, el TS-nº23, (marzo de 2012) fue una edición especial contra la reforma laboral del PP y en apoyo a la Huelga General convocada para el día 29 de ese mismo mes, y una larga lista de documentos que se pueden encontrar en los números de Tribuna Socialista, siempre en favor de los trabajadores y la trabajadoras y de sus organizaciones.

Han sido 15 años de trabajo y satisfacción. Creo que ha merecido la pena y la merece continuar con esta tarea de puesta en común, de debate entre socialistas, independientemente de los matices que pueda haber entre nosotros; esa es la riqueza de la izquierda, la pluralidad, los matices, producto de las diferentes experiencias. Tribuna Socialista se ha entregado a fondo en buscar la unidad de esa izquierda plural, reclamando el socialismo sin más apellidos.

No puedo terminar este encargo del Comité de Redacción, para nuestro 15º Aniversario, sin decir que es para mí un orgullo y un honor formar parte de aquel grupo fundador, que el 16 de julio de 2005 se reunió en la Agrupación Socialista de Silla (Valencia), para dar el primer paso de este ya largo recorrido.

Roberto Tornamira Sánchez

Afiliado al PSM.

Miembro del Comité de Redacción TS.

Carta abierta a los empresarios

En el actual clima de incertidumbre y polarización política el reconocimiento de la autonomía de las partes y el fortalecimiento de la negociación entre los interlocutores sociales será fundamental para garantizar el éxito de las futuras reformas- que se demandan desde distintos ámbitos económicos y sociales-, de acuerdo con la función que la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, esta afirmación básica y elemental no debe excluir el análisis de la compleja realidad del mundo empresarial, protegido bajo el paraguas de las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del  PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de abordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse  a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.

Esto tiene una relación directa con la crudeza del  capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable.

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos.

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, algunas azafatas de  empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una  jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social)

Esta situación hace ineludible avanzar en “la democracia económica”, término olvidado en los últimos años, como se olvidó  antaño la llamada “democracia industrial” y el “control obrero”. La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos, así como la transparencia que debe presidir la actuación de las grandes empresas multinacionales requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios que garanticen el control democrático de los trabajadores y los contrapoderes para establecer el necesario equilibrio entre las partes.

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva en este ámbito; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha.

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social  y la notable  cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social.

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy (devaluación salarial); reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y no subir los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de muchas empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general.

En cuanto al mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este  sentido, la prórroga de los ERTES y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando serias expectativas en la búsqueda de acuerdos más amplios.

En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurso a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen- a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo  reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres.

Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Para ello proponen mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra la fuerte elusión, el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, pretenden acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, insisten en potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone  equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIME y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

El hecho de que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos facilitará el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos en el Parlamento y la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…

Antón Saracíbar

Carta abierta a los empresarios

En el actual clima de incertidumbre y polarización política el reconocimiento de la autonomía de las partes y el fortalecimiento de la negociación entre los interlocutores sociales será fundamental para garantizar el éxito de las futuras reformas- que se demandan desde distintos ámbitos económicos y sociales-, de acuerdo con la función que la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, esta afirmación básica y elemental no debe excluir el análisis de la compleja realidad del mundo empresarial, protegido bajo el paraguas de las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del  PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de abordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse  a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.

Esto tiene una relación directa con la crudeza del  capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable.

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos.

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, algunas azafatas de  empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una  jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social)

Esta situación hace ineludible avanzar en “la democracia económica”, término olvidado en los últimos años, como se olvidó  antaño la llamada “democracia industrial” y el “control obrero”. La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos, así como la transparencia que debe presidir la actuación de las grandes empresas multinacionales requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios que garanticen el control democrático de los trabajadores y los contrapoderes para establecer el necesario equilibrio entre las partes.

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva en este ámbito; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha.

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social  y la notable  cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social.

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy (devaluación salarial); reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y no subir los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de muchas empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general.

En cuanto al mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este  sentido, la prórroga de los ERTES y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando serias expectativas en la búsqueda de acuerdos más amplios.

En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurso a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen- a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo  reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres.

Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Para ello proponen mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra la fuerte elusión, el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, pretenden acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, insisten en potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone  equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIME y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

El hecho de que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos facilitará el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos en el Parlamento y la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…

Antón Saracíbar

Tres lustros en el camino hacia la “REsPÚBLICA”

Desde el principio, número tras número, TS ha defendido la opción por la República como modelo de Estado y/o como forma de Gobierno. Y lo hemos hecho anteponiendo los valores que conservamos en nuestra memoria histórica, pero sin romanticismos simbólicos ni anclas en el pasado.  Con la consideración que otorgamos a esta forma de Estado: justicia, responsabilidad, libertad y democracia. Son valores que representan y encuadran la convivencia pacífica en sociedad. No son privativos de una forma de Estado, pero en nuestro imaginario los asociamos a la forma republicana.

-Un Estado en el que la Justicia sea igual para todos y todas, pero de verdad, y su prestigio no deje lugar a las dudas.

-Un Estado en el que la irresponsabilidad y la inviolabilidad sólo den cobertura a los actos de Estado y al desempeño democrático de las instituciones.

-Un Estado en el que las libertades no se vean condicionadas y los derechos fundamentales: huelga, expresión, manifestación…no se vean lesionados ni agredidos por visiones ideológicas de gobierno.

Esta concepción de la República es respetuosa con el marco jurídico de nuestro ordenamiento constitucional. En consecuencia, nuestra posición se orienta a una reforma constitucional, no por imposición; la República sí ha de ser, será por la voluntad democrática libremente ejercida por el deseo mayoritario de los ciudadanos.

Este respeto a las normas de convivencia, a la voluntad de decidir, y a las instituciones democráticas de quienes nos reclamamos republicanos hace aún más extraño que quienes precisamente representan a una institución “fundamental”, se comporten con tal desprecio a los ciudadanos y a las leyes que nos hemos dado: la corrupción es incompatible con la democracia.

No sólo es falta de respeto, sino que, presuntamente, se cometen delitos amparándose en las garantías jurídicas que reservamos a altas instituciones para preservarlas, otorgándoles una protección que sorprendentemente se utiliza para eludir controles y no rendir cuentas ante el Parlamento, y la Justicia. Además, no sólo se eluden controles, también responsabilidades fiscales, y se utiliza la institución para conseguir trato de favor, contratos, comisiones…vil enriquecimiento como fin último.

Es decir, el absurdo es que quienes ostentan la institución monárquica se comporten sin ningún respeto para con ella ni para nuestro país, mientras que quienes queremos poder decidir libremente, mediante una reforma democrática, cambiar la Monarquía por una República, sustentamos con nuestro escrupuloso respeto a las normas aquello que deseamos cambiar.

La República es para Tribuna Socialista un motor de avance hacia el futuro, mientras que la Monarquía es un eslabón que aún mantenemos con nuestro más triste y lamentable pasado. Ha sido una herramienta subsumida por la democracia mediante la constitución de 1978. Han transcurrido cuarenta y dos años de aquello y es el momento de comenzar a madurar el derecho de los pueblos del Estado a su avance democrático, sin ligaduras a estamentos cuya función social no se corresponde con una verdadera democracia.

Nuestra actitud, a pesar de todo, es un acto de conciencia, de responsabilidad y de respeto a nuestra convivencia democrática. Y, lo es aún más ante la evidencia de que ya nada justifica su existencia, de que no hay ningún motivo para preservar una institución que actúa a espaldas de quien dice representar.

Ninguna institución sirve si no tiene absoluto respeto por aquellos y aquellas a quienes representa, y no puede mantenerse si, como consecuencia de su propio comportamiento, deja de tener la confianza de los ciudadanos para el cumplimiento de sus tareas.

QUOUSQUE TANDEM ABUTERE PATIENTIA NOSTRA?

(¿cuánto tiempo abusarás de nuestra paciencia?)

En coherencia con todo lo anterior, en el Tribuna Socialista número 1, publicábamos un artículo, de la compañera Silvia Font, titulado “Propuesta por un Estado laico”. Las críticas de esta pasada semana, al Presidente del Gobierno, por no haber asistido a una misa, demuestran que el cambio constitucional no es solo la necesidad del cambio de un Rey por otra persona que encarne la cualidad de Presidente. El cambio obedece a la necesidad de dejar de ser un Estado cuyas leyes máximas aún miran hacia el pasado más lejano, cuasi medieval.

Esa coherencia nos ha llevado a colaborar con el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los pueblos (CATP) en el trabajo por la unidad para caminar hacia la República.

Por tanto, TRIBUNA SOCIALISTA, reitera su compromiso con una reforma constitucional, para que los ciudadanos decidan libremente sobre la forma del estado español, y manifiesta su inequívoca posición a favor de la  III REPÚBLICA.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista

Las necesidades de la población vs los intereses de los poderosos


El Parlamento aprobó el jueves día 9 quince días más de confinamiento, Sumarán 42 días, de momento. Tras las primeras cuatro semanas, no se han despejado las incertidumbres que pesaban sobre la mayoría social antes del 14 de marzo; lejos de ello se han agravado.  Veíamos con perplejidad como se suspendían eventos internacionales como el World Trade Mobile Congress de Barcelona mientras se permitían otros eventos de impacto similar, en cuanto a concentración del número de personas se refiere: partidos de fútbol, mítines en plazas de toros…

Sin duda, el escándalo de las residencias de las personas mayores muestra la cara más atroz, más temeraria y cruel del Mercado. Las residencias, como la Salud y muchos servicios públicos, se han convertido en un negocio que juega con la vida de las personas. El afán del beneficio y la mordida; en forma de porcentaje y/o puerta giratoria, han convertido las residencias en auténticos morideros. El negocio de las residencias demuestra que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, ni es para todos igual, ni estamos todos en el mismo barco.

¿Es una crisis sanitaria? Desde el primer momento se han dado mensajes que limitan y distorsionan el carácter de la pandèmia. Se dice: “la pandemia es una crisis sanitaria”; pero no es sólo eso. La expansión vírica ha puesto al descubierto, con toda su crudeza, el carácter del sistema económico y social al que estamos sometidos y del que somos víctimas. No abundaremos en cifras que conocen los lectores de Tribuna Socialista, es el sistema que antepone los intereses de unos pocos frente a la vida de las personas, tengan estas la edad que tengan.

Los recortes en la sanidad pública lo demuestran. La destrucción de puestos de trabajo, la carencia de medios de protección, de respiradores en la UCIs… se ha convertido en un aliado del virus

Las políticas económicas aplicadas en los últimos 10 años han dejado  desprovisto de los profesionales necesarios al sistema público sanitario. El presidente del Gobierno prometía la incorporación de 50.000 profesionales de la sanidad a los hospitales para atender a los afectados por el Covid19,  y no se han incorporado ni la mitad.

La lógica del capital, consistente en el cierre de plantas hospitalarias, la merma en infraestructuras, en medios para la investigación y la disminución de profesionales, se muestra como un arma letal cada día contribuyendo al incremento del número de muertos. Van más de quince mil, a la espera de que las comunidades autónomas, cada una con sus sistema de recuento propio (¿?), informen del número de fallecidos por coronavirus. No es una crisis sanitaria o no sólo; es la consecuencia de las decisiones impuestas por quienes nos decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

Ahora nos dicen que la crisis es de todos, porque el virus afecta a todos; sí, pero a unos afecta más que a otros. Las afectaciones en los barrios populares, donde el poder adquisitivo es más bajo, las condiciones de trabajo más precarias y el tipo de viviendas más reducido y en peores condiciones de salubridad, los contagios y las transmisiones son mayores que en barrios más pudientes, donde el poder adquisitivo está por encima de la media, como demuestra un estudio publicado estos días por El Periódico de Cataluña. Todos no son como Aznar que se recluye en su mansión de Marbella con todo tipo de lujos, por tanto las consecuencias del virus no son lo mismo para todos y todas.

Los trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTEs supone de entrada una pérdida de poder adquisitivo de entorno al 30% del salario, ¿cuánto tiempo podrá resistir la economía familiar de estos trabajadores, si la mayoría de ellos no llegaba o llegaba muy justo a final de mes? La incertidumbre se incrementa para todos aquellos que han sido despedidos sin ningún tipo de garantías de volver a encontrar empleo. También los trabajadores autónomos y pequeños empresarios ven con terror el futuro de sus proyectos empresariales o de negocio. Los estudiantes ven amenazado el curso académico sin que nadie garantice un final con aprovechamiento adecuado del aprendizaje ni que las evaluaciones serán justas para todos los alumnos; la brecha digital –por localización geográfica, renta, generación, conocimiento digital…- se está haciendo muy evidente en estos momentos.

Un coro formado por las patronales y los partidos de la derecha, están presionando al Gobierno para que éste permita a las empresas ser las que decidan qué actividad de empresa es servicio esencial o no, por tanto, quién vuelve a trabajar y en qué condiciones, sin que esté suficientemente garantizada la seguridad a los trabajadores o trabajadoras que se incorporan. Ni el Gobierno debería ceder ni un ápice a dichas presiones, ni las centrales sindicales consentirlo; la salud, la vida de las personas debe estar por encima de los intereses de unos cuantos desaprensivos que solo piensan en sus beneficios.

La crisis ha puesto al descubierto las carencias democráticas de un sistema con muchas reminiscencias del pasado, empezando por la monarquía, que actúa al servicio de los poderosos y las altas finanzas.

En el debate parlamentario del día 9 de abril, Pedro Sánchez dijo que “la Unión Europea está en peligro si no muestra su solidaridad sin fisuras“, pero la UE sigue mirando para el mismo sitio que en la crisis del 2008, es decir a los sectores financieros que nada hacen por combatir el Covid19, más al contrario, sólo ven negocio, negocio y negocio. El Banco Central Europeo hace todo lo posible para facilitar a las entidades financieras la obtención de sustanciosos beneficios: por un lado avala al 80% los créditos empresariales para que las entidades privadas no corran ningún riesgo en caso de impagos y por otro da créditos a coste cero, para que sean estas mismas entidades financieras las que fijen el porcentaje de interés por crédito a los gobiernos. Llueve sobre mojado.

De nuevo, el Gobierno tendrá que decidir entre aplicar el artículo 135 de la Constitución, que el gobierno de Zapatero pactó reformar, por el que se da prioridad al pago de la deuda o destinar dinero a la sanidad y a otros servicios públicos. La UE está descompuesta y sumida en una crisis sin fin, aparece más como un obstáculo insalvable para la solución que necesita la mayoría social que como una herramienta en favor de los pueblos de Europa. Queda en evidencia que la UE es una herramienta para los mercados. Sus estructuras e instituciones no están diseñadas para socorrer a los ciudadanos.

Es necesario un cambio en profundidad del sistema económico y de producción, en el que las principales empresas: de servicios estratégicos, energéticas, financieras, del textil, farmacológicas, y todas aquellas que sean necesarias  para atender las demandas sanitarias de la población,  se pongan al servicio del Estado, para que sea el Gobierno, con el debido control parlamentario, quien determine las prioridades de producción necesarias para cubrir las necesidades que la situación de pandemia exige hoy, y en el futuro. Con o sin pandemia, con o sin crisis, la vida de las personas y su bienestar tienen que prevalecer sobre el beneficio y la acumulación privada.

Comité de Redacción de TS