14 de abril, ¿Somos realmente republicanos?

El día 14 de abril de 2022, se cumplieron 91 años de la instauración en nuestro país, de una ilusionante forma de gobernarnos que era la República, que apenas duró nueve años, porque el capricho y las ansias despóticas de poder de un miserable dictador, nos arrebató esa ilusión. Los socialistas, éramos entonces republicanos por convencimiento, porque pensábamos que ese sistema de gobierno, era el más adecuado para crear una sociedad justa, estábamos dispuestos a defender con todas nuestras fuerzas un sistema democrático que protegería a los trabajadores, elaborando leyes justas, que nos llevaran a equipararnos con los países más avanzados en las libertades publicas e individuales, pero pronto toda aquella ilusión se vio abruptamente frustrada, en 1936 todo se derrumbó, por el golpe de estado perpetrado por el dictador general Franco, apoyado como siempre en el ejercito al que poco le gustan las libertades, también como siempre contó con la inestimable ayuda de clero, que evidentemente veía peligrar sus prebendas con una república que como es lógico, crearía un sistema de convivencia laico, con plena libertad religiosa.

Aquel golpe de estado, trajo como consecuencia una cruenta y sanguinaria Guerra Civil que terminó con una feroz y más cruenta si cabe dictadura, que durante cuarenta años reprimió sin piedad a miles y miles de demócratas, muchos de ellos socialistas de los de verdad, que se vieron avocados a persecuciones, juicios sumarísimos ilegales, fusilamientos, penas de muerte, cadenas perpetuas y en el mejor de los casos, a un exilio que inexorablemente les condujo a luchar en los campos de batalla europeos, de la Segunda Guerra Mundial, siempre salvaguardando los valores democráticos.

Tras los difíciles de olvidar cuarenta años de férrea dictadura, en los cuales no se observó por parte de nadie el más mínimo atisbo de Republicanismo, el dictador fue elaborando un sistema hereditario para la continuidad de su régimen, que incluyó el sometimiento a su capricho del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, restaurando una monarquía ya olvidada, que mantuviera firmemente atados y bien atados los principios fascistas del movimiento, para lo cual lo nombró su sucesor cuando ya la muerte acechaba su lecho, en una solemne sesión de las cortes saturada de hipocresía, con lo cual quedaba de nuevo instaurada la monarquía en nuestro país, por mucho que se quisiera edulcorar su nombre con el aditivo “Parlamentaria”, De nuevo increíblemente en España dominaba la dinastía de los borbones, con el recochineo además, del cobarde asentimiento de todos los partidos llamados democráticos, incluido el nuestro.

Es por eso, que no soy capaz de asimilar con un mínimo de cordura, que ahora nuestros dirigentes sin el más mínimo pudor, con un nivel de hipocresía incomprensible en un socialista, el pasado día 14 de Abril de 2022, una vez más, con una desfachatez insólita, celebran en la mayoría de las ciudades con un enorme boato, el 90 aniversario de la institución de la República Española, esa república que no supimos mantener y de la que ahora deberíamos tener la humildad de estar callados, si tampoco somos capaces ni siquiera de manifestarnos en contra de un monarca impuesto por el dictador, no solo un monarca sino dos, no solo no somos capaces de manifestarnos en contra, sino que le rendimos pleitesía.

Como podemos tener la poca vergüenza, de celebrar algo que no somos capaces de ensalzar y de tratar por todos los medios de recuperar.

Compañeros, ¿Dónde está nuestra dignidad?, ¿Dónde esta nuestro socialismo?, ¿Dónde está nuestra República?

Con reunir con pomposa parafernalia, en las ciudades más importantes de nuestro país, a unos cuantos militantes, que, tras unas palabras vacías de algunos de nuestros destacados cargos políticos, evidentemente no creen lo que dicen, gritemos todos a coro cuantas veces queráis ¡¡¡¡VIVA LA REPUBLICA!!!!, esta no resucitará.

Cuando hayamos recuperado para nuestro país, ese sistema justo y democrático de gobierno, cuando hayamos instaurado nuestra, robada Republica Española, entonces y solo entonces con legitimo orgullo, celebremos todos los aniversarios que queráis, pero mientras tengamos la dignidad suficiente para reconocer que no estamos a la altura.

Paco Ascón,

Xares (Ourense) 21 de abril de 2022

Canciones con Poder

El Himno de la República

Por Martín Lozano

Hay historiadores que defienden que nunca fue oficialmente el Himno de la Segunda República, ni de la Primera, aunque nos da lo mismo, porque es reconocido como tal por todo el mundo. Sí lo fue de la monarquía en el Trienio Liberal durante el reinado de Fernando VII que firmó su oficialidad el 7 de abril del 1822, forzado por el pronunciamiento de Cabezas de San Juan del coronel Rafael del Riego, que obligó al Borbón absolutista a reconocer y aplicar la Constitución de Cádiz. Este periodo liberal acabó con la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis (un argentino los llamaría de otra manera) que dio paso a la Década Ominosa.

También fue himno nacional utilizado en la Primera Guerra Carlista por las tropas liberales, pero sabemos de la corta memoria de la casa reinante y fue nuevamente prohibido por Isabel II. Después todos conocemos su uso durante los dos periodos republicanos en nuestra historia.

La letra se le atribuye a Evaristo Fernández de San Miguel y Valledor: un noble pontevedrés, duque de San Miguel (1785-1862). Quién le iba a decir que en el s XXI, el futuro para él, el himno sería el “icono” musical del pueblo republicano.

De vez en cuando en algún acto oficial, normalmente de carácter deportivo, en lugar de la Marcha Real o de Granaderos, asumida como himno de España por el régimen franquista y su sucesión borbónica, suena en cualquier alejado punto del planeta para regocijo de muchos de nosotros. El Himno de Riego, sigue sonando en todos los actos reivindicativos en favor de la proclamación de la III República y de la lucha por las libertades, la justicia y la igualdad en nuestro país. Es por esto por lo que el Himno de Riego merece estar en los puestos de honor de cualquier lista de las Canciones con Poder.

Soy Republicano, a mucha honra

Hace unos días se conmemoraba (yo lo celebraba) el aniversario de la proclamación de la II República. Los hechos fueron bien simples; después de las elecciones democráticas del 14 de abril de 1931, los partidos republicanos ganaron por amplia mayoría, ello supuso que el Rey Alfonso XIII huyera de España … igual que hizo su nieto … e igual que hicieron otros Borbones.

Algunas veces, demasiadas pienso yo, cuando en una reunión de amigos sale algún tema de política de Estado y digo que soy Republicano, me miran como si fuera una cosa rara, de muy izquierda, un tipo de siglos pasados.

Algunas veces, demasiadas pienso yo, cuando en una asamblea de mi partido planteo que es necesario señalar claramente el posicionamiento republicano del PSOE, me dicen que “ahora no es el momento”.

Pero a mí me da igual, reunión de amigos, de partido o escribirlo cada vez que puedo, sí, soy Republicano y a mucha honra.

Es más, es que no entiendo cómo podemos aceptar en el siglo XXI un modelo de Monarquía Parlamentaria, donde según nuestra Constitución “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español …”, añadiendo además que “La persona del Rey es inviolable”, es decir que puede robar, violar o lo que dé la gana y no tiene responsabilidad penal alguna (a las pruebas del anterior Rey me remito).

La Constitución Republicana señalaba que “España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones”, añadiendo además que “Todos los españoles son iguales ante la ley”, es decir, que no hay nadie inviolable.

En definitiva, que un Estado republicano solo es nuestro Estado sin la figura del “Rey”.

Y un “Rey” es un tipo, de carne y hueso, que por vía espermatozoidal va pasando de padres a hijos (todavía a varones). Estos desde su nacimiento tienen previsto convertirse en los jefes de nuestro Estado por tener la sangre azul (aunque todavía no se ha demostrado) … exactamente igual que en la época feudal.

En esta Monarquía Parlamentaria, eres súbdito/a, no elegimos al jefe del Estado, siendo esta una figura hereditaria y vitalicia, además de ser inviolable ante la ley.

En una República, eres ciudadano/a, elegiríamos al jefe del Estado, se renovaría democráticamente en las urnas y sería responsable de sus actos ante la ley.

Esa es la diferencia, tú eliges, yo lo tengo muy claro.

Rafel Fuentes

Militante Socialista y Republicano de Málaga

Nota de redacción

Declaración TS 14 abril 2022

El pasado 14 de abril, el Comité de Redacción de TS lanzó una declaración para commemorar el aniversario de la proclamación de la II República. Podeis recuperar el texto en el siguiente enlace:

https://tribunasocialista.com/2022/04/14/la-monarquia-heredada/

La Monarquía heredada

Hace tiempo ya que debiera haberse abierto el debate Monarquía o República, aunque solo sea porque quienes nacieron después de diciembre de 1960 no pudieron votar la Constitución. El debate no se ha abierto en el ámbito institucional, ni en los medios de comunicación de masas, ni en el interior de los partidos políticos con representación parlamentaria, no al menos en los grandes partidos. Sin embargo, en el seno de la sociedad se extiende el desapego, cada día mayor, a la institución monárquica; en buena medida gracias a la familia Borbón.

Los más conscientes vienen recordando que la institución monárquica y los inquilinos del Palacio de la Zarzuela fueron una herencia que nos dejó el franquismo. Cosa que las instituciones del Estado, los medios de comunicación de masas (públicos y privados), y los grandes partidos y organizaciones que se reclaman de la izquierda niegan, faltaría más.

Me propongo en este artículo demostrar que, por mucho que la Constitución de 1978 incluyera en su texto la monarquía, los padres de la Constitución, los partidos y las Cortes Generales, se limitaron a asumir la herencia de Franco.

La decisión la tomó el dictador el 22 de julio de 1969, designando al entonces príncipe Juan Carlos sucesor de Franco en la Jefatura del Estado con título de Rey, conforme a las Leyes Fundamentales del Régimen; concretamente al artículo once de la Ley Fundamental de 26 de julio de 1947(1) por el que se instauraría La Corona a la muerte de Franco. Es decir, que la monarquía data de 1947, tan solo ocho años después de acabada la guerra.

Esta Ley del franquismo fue sometida a referéndum de 6 de julio de 1947, un referéndum al estilo franquista, atado y bien atado. En él, pudieron votar todos los españoles mayores de 21 años, para responder a la pregunta: «¿Ratifica con su voto el proyecto de Ley sobre Sucesión en la Jefatura del Estado aprobado por las Cortes Españolas el siete de junio de 1947?». Hay que saber que quien no votara perdería el racionamiento y el derecho a cobrar el sueldo. Como hoy sigue ocurriendo en muchas residencias de mayores, propiedad de la Iglesia, y en muchas zonas rurales, donde el caciquismo de derechas está a la orden del día, la papeleta se rellenaba previamente en el domicilio particular.

En 1969, la prensa del régimen se hacía eco de la designación:

Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado, (…) ha designado hoy a su sucesor: don Juan Carlos de Borbón y Borbón, de 31 años. Las Cortes Españolas, reunidas hoy en sesión plenaria extraordinaria, convocadas el pasado día 17 del actual, han aprobado la propuesta de Franco, presentada en forma de ley, tras un mensaje de dos mil quinientas palabras, al que dio lectura, con emoción en la voz y firme acento en cada palabra, el propio Jefe del Estado”(2).

Por tanto, el hoy huido a Abu Dabi, Juan Carlos de Borbón era designado sucesor de Franco en la Jefatura del Estado, conforme al artículo primero de la Ley 62/1969, de 22 de julio(3). Se le designó con un argumento que deja poco lugar a la duda sobre la naturaleza y origen de esta institución:

Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento”.Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento

El 22 de julio de 1969, Juan Carlo de Borbón pronunció su discurso de adhesión y aceptación de los principios del Movimiento Nacional franquista al responder a la pregunta:

En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino?

SÍ, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino«

A lo que respondió:

SÍ, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino«

Juan Carlos de Borbón traicionó a su padre al romper el orden sucesorio de la Casa BorbónLos conflictos y traiciones en la Casa Real, entre padre e hijo debe ser parte de la tradición borbónica, por mucho maquillaje que los medios de comunicación le pongan. En aquel caso fue tan así que Juan de Borbón no renunció a sus derechos dinásticos hasta 1977. Vamos, que lo asumió “por imperativo legal”.

La colaboración de Juan Carlos de Borbón con el régimen fue total. El 19 de julio de 1974, se convierte en jefe del Estado, supliendo a Franco por enfermedad, porque el Gobierno debía firmar la ratificación del Tratado con los Estados Unidos, alcanzado en 1970, por el que los estadounidenses implantaban bases militares en suelo español, dado que el tratado vencía en 1975. Ratificación que el hoy Emérito firmó sin ninguna objeción. En este periodo, que duró mes y medio, firmo convenios, decretos y sentencias propias de la vida diaria del franquismo.

El 31 de octubre de 1975, Juan Carlos de Borbón preside el Consejo de Ministros para abordar la crisis que Hassan II abrió con la “Marcha Verde”. El 2 de noviembre de ese año volvía a dar el relevo a Franco, en su “spring” final, esta vez para consumar el desbarajuste de la salida de España del territorio colonizado del Sahara occidental. En calidad de jefe del Estado, con plenos poderes, viajó a El Aaiún para mentir en nombre del Gobierno de Carlos Arias: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres”, “no dudéis que vuestro comandante en Jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”.

Lo que no les dijo a los sahauis es que estaba en tratos secretos con Henry Kissinger y con el Rey de Marruecos, para abandonar precipitadamente el territorio y dejarlo en manos marroquíes, traicionando así al pueblo saharaui. Abandono que se consumó pocos días después de su viaje a El Aaiún.

En mi opinión, Juan Carlos I fue jefe de los tres ejércitos antes que Rey. Pues antes de ser proclamado Rey, título que no le había hecho falta en distintas ocasiones para suplir al dictador, ya había ejercido de jefe del Estado franquista. 48 horas después de hacerse pública la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado Rey, el 22 de noviembre de 1975. Ese momento no es el primer paso de la transición, es un paso más en el camino que Franco y sus más allegados trazaron muchos años antes.

La ruptura con el franquismo aún está pendiente. Felipe VI no ha hecho más que heredar la gorra de plato y la Corona que su padre recibió de las manos manchadas de sangre de un dictador. Vivimos en democracia, sí, pero con muchos límites y condiciones; tantos que a veces no parece una democracia.

(1)https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/208/A04238-04239.pdf

(2)https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/el-cronista/1969-franco-designa-20210803123755-nt.html#:~:text=El%2023%20de%20julio%20de%201969%20El%20Norte%20de%20Castilla,a%20los%20Principios%20del%20Movimiento%C2%BB.

(3)https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-915

Roberto Tornamira

Militantes del PSOE

Agrupación de Arganzuela (Madrid)

La República y los avances en derechos sociales. La consolidación del Derecho del Trabajo

Los valores y avances en todos los órdenes, y en especial, los sociales, culturales, educacionales y democráticos que aportó la II República, con el establecimiento de la laicidad y el respeto absoluto a la libertad de conciencia y el libre pensamiento, siguen vivos.

La II República fue truncada por la violencia de la oligarquía española, representada por el ejército, la iglesia y el poder económico, pero supuso un hecho sin precedentes, el acontecimiento social y democrático de mayor trascendencia acaecido en siglos, en España.

Pero me quiero referir ahora, brevemente y a modo de pincelada, al avance que supuso la II República en los derechos sociales.

La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, supuso en lo social, la constitucionalización del derecho laboral español, su consolidación como materia jurídica y procedió a sustituir el modelo corporativo de la dictadura.

La Constitución Republicana de 1931 estableció por primera vez en la historia constitucional española el derecho de libre sindicación y de libre asociación. El bienio reformista supuso una etapa de gran actividad parlamentaria y en materia de leyes sociales hubo muchas proposiciones de ley, llegando algunas a aprobarse, como ahora veremos, siendo Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero.

Las reformas más importantes fueron la ley del Contrato de Trabajo de 1931, que derogó el Código de Trabajo de 1926 y la Ley de Jurados Mixtos.

En 1931 se crearían también el Tribunal Central de Trabajo y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Y se dotaría a todas las provincias de Inspectores de Trabajo.

Las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, a la par líder de la UGT, que continuó con el mismo cargo en el Gobierno de Azaña.

Las dos piezas básicas de su proyecto de regulación de las relaciones laborales, la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos, fueron muy contestadas tanto por la CNT como por los patronos.

El número de huelgas y de incidentes violentos a consecuencia de ellas (que crearon graves problemas de orden público) se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República, a causa fundamentalmente de la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación.

Lo que estaba en juego eran dos modelos sindicales: socialista y anarcosindicalista, casi opuestos, que además seguían teniendo una presencia diferente en las diversas regiones, pues si los socialistas eran preponderantes en Madrid, Asturias y el País Vasco, los anarquistas lo eran en Andalucía, Valencia y Cataluña.

Los patronos también se movilizaron contra la reforma socio-laboral de Largo Caballero. Así, a finales de enero de 1933, en plena crisis política por los sucesos de Casas Viejas, la Confederación Patronal Española dirigió una carta abierta a Azaña en la que señalaba la “vertiginosa rapidez” con que iba siendo aprobada la nueva legislación social y se quejaba de los Jurados Mixtos que prácticamente siempre daban la razón a los obreros, gracias al voto del representante del Ministro de Trabajo que deshacía los empates. En parecidos términos se expresó la Unión Económica, que agrupaba a empresarios y economistas, que se quejó de las tendencias “socialistas” del Gobierno. Estas movilizaciones confluyeron en una asamblea económico-social celebrada en Madrid en julio de 1933, en la que se pidió la salida de los socialistas del gobierno, a los que hacían responsables de la «ruina de la economía» por el aumento de los costes (a causa de los incrementos de los salarios) y de la intervención obrera (la «socialización en frío» la llamaban) y por su ineficacia para detener y reducir el número de huelgas y garantizar la paz social.

Así pues, las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, cuyo proyecto consistía en crear un marco legal que reglamentara las relaciones laborales y afianzará el poder de los sindicatos, especialmente de la UGT, en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento.

Su fin último respondía al proyecto socialdemócrata que pretendía «otorgar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de clase.” Con ello se avanzaría hacia el logro de una sociedad socialista, pero gradualmente.

En resumen, se trataba de un proyecto que, coherente con la inspiración marxista del socialismo español, no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero que pretendía alcanzarla por cauces fundamentalmente reformistas. El modelo sindical capaz de obtener tal resultado no podía ser otro que el que encarnaba la Unión General de Trabajadores”.

La Ley de Contratos de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, regulaba los convenios colectivos (negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes) Contenía, además, normas sobre los salarios, y dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de los contratos. Además establecía por primera vez el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga que, bajo ciertas condiciones, no podía ser causa de despido.

La Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, extendía el sistema de jurados mixtos (aprobado en mayo para el sector agrario) a la industria y a los servicios. En el fondo se trataba de una reforma de la organización corporativa de la Dictadura de Primo de Rivera, en la que se ampliaban las atribuciones de los comités paritarios (en los que había participado la UGT en representación de los trabajadores). Su composición era la misma, representantes de los empresarios elegidos por las asociaciones patronales y representantes de los trabajadores representados por los sindicatos obreros, más un funcionario del Ministerio de Trabajo que era quien presidía el jurado mixto. Su misión era también: mediar en los conflictos laborales estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso, que si era rechazado por una de las partes el Jurado lo podía remitir al Consejo Superior de Trabajo, que era la última instancia mediadora.

En el apartado de los seguros sociales, el equipo de Largo Caballero dio un considerable impulso a su obligatoriedad y universalización, apoyándose en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la labor organizativa del Instituto Nacional de Previsión. El Seguro obligatorio de Retiro Obrero pasó de tres millones y medio de trabajadores a cinco millones y medio. Asimismo, un Decreto de 26 de mayo de 1931 estableció el Seguro de Maternidad con carácter obligatorio y garantizó la asistencia sanitaria por maternidad al conjunto de las trabajadoras asalariadas. Y una Ley de octubre de 1932 estableció el seguro de accidentes de trabajo, que fijaba la cuantía de las indemnizaciones.

Pese al efecto beneficioso de todas estas medidas, la paz social, uno de los objetivos del reformismo republicano, estuvo casi siempre ausente en las relaciones laborales del período. Los mecanismos de control y arbitraje establecidos por el equipo ministerial reducir la conflictividad, encauzando las disputas laborales a través de los organismos oficiales y la representación corporativa. Por ello no se realizó una reglamentación específica del uso del derecho a la huelga, que siguió rigiéndose por la restrictiva ley de 1909, parcialmente modificada por la de Jurados Mixtos de 1931. El recurso a la huelga sólo podía utilizarse una vez fracasados todos los mecanismos de mediación, previa notificación y dejando transcurrir un plazo desde la convocatoria. Toda huelga obrera o «lockout» patronal que no se ajustase a estas normas era ilegal y, por tanto, tratable por la autoridad como problema de orden público.

En definitiva, la República supuso para el derecho laboral, su entronque con el derecho internacional y la constitucionalización del mismo, además de un gran avance social, con reducción de jornada en la minería, establecimiento de la jornada máxima de 8 horas (era el 8/8/8 que reivindicaba Pablo Iglesias) avances en igualdad y en derechos sociales en general.

La II República Española aportó y consolidó derechos fundamentales para los trabajadores, muchos de los cuales, en la actualidad, y por mor de sucesivas reformas laborales involucionistas, se han recortado y se vuelve a luchar por su recuperación por considerarse derechos fundamentales y vigentes.

La II República, supuso, pues, la constitucionalización del derecho laboral español y su consolidación como materia jurídica.

Miguel Sagüés Navarro

Militante socialista de Madrid

Declaración del Comité de enlace de mujeres republicanas.

1. El combate de la mujer por la emancipación.

En la larga lucha del movimiento obrero la mujer, en particular la mujer trabajadora, ha ocupado un lugar de vanguardia.

Recordemos que el 8 de marzo de 1857, 120 mujeres trabajadoras del textil en Nueva York murieron en un incendio provocando un enorme movimiento de solidaridad.

En 1910, el Segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas (Segunda Internacional), a propuesta de Clara Zetkin, aprobó celebrar cada 8 de marzo una Jornada de la Mujer Trabajadora.

El último domingo de febrero de 1917, las mujeres trabajadoras de San Petersburgo salieron a la calle exigiendo «Pan y Paz». Fue el inicio de la revolución rusa.

Pero en 1975 la ONU se apropió de la fecha y la proclamó Jornada de la Mujer diluyendo su carácter de clase. Es sin duda una tarea importante recobrar su sentido original sobre el lugar de la mujer trabajadora, lo cual incluye la lucha contra toda forma de opresión que sufren todas las mujeres.
En el movimiento obrero de nuestro país hay miles de ejemplos del papel de vanguardia de la mujer. Por ejemplo, en la dura huelga de Jaeger Ibérica en abril de1989 en Barcelona, donde 309 trabajadoras consiguieron la equiparación salarial, pues cobraban menos que los hombres con la misma categoría. Recientemente, se ha hecho patente la importancia de las mujeres jóvenes en las movilizaciones contra la justicia franquista a propósito de la Manada.

2. La situación en nuestro país.

La situación de discriminación de la mujer trabajadora tiene vertientes que no son medibles, pero sin duda tiene también indicadores cuantitativos de desigualdad que hay que tener en cuenta para un buen análisis de la situación.

En el terreno laboral, el desempleo, la precariedad laboral, la brecha salarial, el suelo pegajoso y el techo de cristal caracterizan la situación de discriminación y desprotección que viven las mujeres trabajadoras.

En España el número de trabajadores supera en más de 1.700.000 al de trabajadoras. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, lo que en la actualidad se traduce en más de un 17% de trabajadoras desempleadas frente al 13,7% de los trabajadores, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2019.

Además, CCOO estima que la brecha salarial, entendida como la diferencia de salario entre trabajadores y trabajadoras por la realización de las mismas tareas, se sitúa en torno al 30%. Esto se traduce en que cada mujer trabajaría gratis unas 109 jornadas anuales. Según los últimos datos del INE de 2020, el salario medio de las trabajadoras es 5.793 euros inferior al de los trabajadores (25.924 frente a 20.131 €), diferencia incluso superior a la registrada en 2009.

El movimiento obrero ha inscrito en su lucha la consigna de «a igual trabajo, igual salario». Como resultado de ese combate, según la ley, no debería existir diferencia salarial entre hombres y mujeres.

¿De dónde viene esta diferencia? En algunos casos, de la existencia de categorías distintas en los convenios colectivos (por ejemplo, en convenios de limpieza, «peón» y «limpiadora»). Pero, sobre todo, por la existencia de ramas de la producción feminizadas -no en vano hablamos de las Kellys- donde predominan los bajos salarios y la precariedad. Los empleos de las mujeres son más precarios, con una mayor tasa de temporalidad, una mayor tasa de parcialidad y una mayor tasa de desempleo.

A esa diferencia, constatada por Hacienda en empleos «legales», hay que unir los centenares de miles de mujeres que trabajan sin contrato ni Seguridad Social en sectores como la limpieza, el servicio doméstico, el cuidado de mayores, etc.

Las diferencias en los ingresos se extienden también a salarios diferidos como los subsidios de desempleo y las pensiones. Según un estudio de CCOO, las mujeres reciben una prestación por desempleo un 14,6% inferior a la que perciben los hombres. En cifras, esto significa que la prestación media de la mujer asciende a 755 € mensuales y la del hombre a 884 €. Además, la tasa de cobertura por desempleo en las féminas es, como norma general, un 10% inferior a la de los varones.

En cuanto a la pensión media de jubilación, la de una mujer es un 36,1% inferior a la que le corresponde a un hombre. Aquí se suma la diferencia de salarios (y, por tanto de cotizaciones) y que las mujeres tienen menos años trabajados. Hay que señalar que cada reforma de pensiones que aumenta los años de cotización necesarios para cobrar una pensión o el número de años que se toma como periodo de cómputo de la pensión, machaca aún más las pensiones de las mujeres. La reforma de pensiones de 2011 (pactada con UGT y CCOO) es uno de esos casos.

La prestación de jubilación es de media 453 euros inferior a la de los hombres ,803 € frente a 1.326€.

Pero no solo es una cuestión de cuantía salarial. La temporalidad de los contratos también afecta más a las mujeres que a los hombres. El 27,7% de los contratos de las trabajadoras es temporal frente al 25,9% de los contratos de ellos, según los últimos datos de la EPA. En 2020 el 63% de contratos indefinidos que se firmaron, los firmaron hombres.

Con respecto a los contratos a tiempo parcial, casi el 76% de ellos recae sobre mujeres, lo que supone que el 25,7% de trabajadoras (frente a un 7,5% de trabajadores) tengan jornadas parciales, en su inmensa mayoría no elegidas.

Temporalidad y parcialidad, el gran torpedo a la clase trabajadora que ha causado la reforma laboral que provo- ca que no nos permitan tener los derechos laborales conseguidos por la lucha de clase la trabajadora: incapacidad temporal, vacaciones, conciliación…; si los solicitas no te vuelven a contratar. En cambio sí los pueden disfrutar quien tiene jornada completa e indefinida. También provoca penalización en las prestaciones por desempleo y aumento en el pago de IRPF cuando por necesidad se tiene más de un empleador para poder vivir.

En los últimos años se habla con frecuencia del techo de cristal, como unas barreras invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y mejor remunerados. Según un informe de Grant Thornton, Women in business, el 73% de puestos directivos los ocupan hombres. En el caso de la universidad, las docentes e investigadoras suponen solo el 39,6% del total y solo un 20,8% de las catedráticas de universidades son mujeres.

3. La discriminación y la desigualdad afecta a todo el conjunto de trabajadoras.

Los trabajos que mayoritariamente desempeñan las mu- jeres, como los servicios del hogar, sanidad y serviciossociales o educación, están devaluados con respecto a profesiones ocupadas en su mayoría por hombres. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el salario mensual en una profesión feminizada, dentro de la misma cualificación, similares condiciones laborales y sectores, de media, es de 1.016 € mientras que el de una masculi- nizada está en los 1.789 €. A esto se le suma que las mujeres que desempeñan su trabajo en ocupaciones feminizadas se encuentran con muchas dificultades para cambiar a sectores con mejores condiciones laborales. Es parte de lo que se denomina «suelo pegajoso», que dificulta la mejora de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y que se completa con una mayor carga del trabajo doméstico, el cuidado de ascendientes y descendientes y la precariedad laboral que hace que muchas mujeres ejerzan trabajos sumergidos, sin contrato y por unos salarios de miseria (cuidado de niños, ancianos, limpieza doméstica), de manera que cuando no pueden trabajar por edad o enfermedad no tienen ningún ingreso ni ningún derecho a jubilación.

A esto se añade hoy el trabajo generalizado en casa, como ocurría en el siglo XIX. Particularmente en el textil. Empresas como Inditex tiene una red de mujeres que trabajan en casa, sin contrato y a la pieza. Sin olvidarnos de las mujeres migrantes, cuya situación ilustra bien el siguiente ejemplo: Una delegación de la patronal de la fresa en Huelva se desplaza a Marruecos en busca de «mujeres» de «entre 25 y 45 años» y «con hijos». Los empresarios buscan en la pobreza marroquí mano de obra barata ante la falta de jornaleros españoles dispuestos a trabajar bajo las condiciones ofertadas. Uno de los requisitos a los que se enfrentan las candidatas es la experiencia laboral en el campo, pero demostrarlo es difícil en Marruecos. Estas mujeres no disponen de documentación que justifique sus años de trabajo en la agricultura.

Cuando los reclutadores españoles les preguntan, ellas enseñan sus manos de forma instintiva. Una sola mirada a las manos de Fátima saca de dudas a cualquiera. Otro requisito para los empresarios de la fresa es que las candidatas sean mujeres. Todas. Las quieren, según consta en la convocatoria, de entre 25 y 45 años y con hijos a cargo. También se tiene en cuenta el nivel de renta para la preselección. «El organismo de empleo contó el año pasado en Marrakech con mujeres viudas y muchas separadas porque tienen hijos a cargo y necesitan esta ayuda», explican desde la Administración marroquí. Lo cierto es que las mujeres suelen ser más ágiles recogiendo fresa por el tamaño de las manos y que las cargas familiares acaban facilitando la disciplina en el trabajo y ofrecen una mayor garantía a España de que volverán a Marruecos.

Los recortes en servicios sociales que se han producido y se siguen manteniendo empujan a muchas mujeres a tenerse que hacer cargo del cuidado de hijos y mayores y las han echado del mundo laboral negándoles el derecho al trabajo y a una pensión digna, abocándolas a seguir ejerciendo el papel de cuidadoras y trabajadoras de segunda categoría y a seguir dependiendo de irrisorias pensiones de viudedad o no contributivas. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España, de las aproximadamente 400.000 personas que asistían a personas dependientes en el ámbito familiar en 2019, el 89% son mujeres. Y el 90,57% de las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares en 2019 fueron solicitados por mujeres el año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo.

En los años 2020 y 2021 y con la excusa de la pandemia los datos empeoran aún más. Han sido mujeres la mayoría (95,77%) de las personas que solicitaron la reducción especial de jornada durante casi doce meses, con la consiguiente pérdida de salario. La incertidumbre no solo laboral sino también del curso escolar hace que, una vez más, las mujeres, empujadas por la brecha salarial que decide quién se queda en casa para cuidados, renunciaran a sus puestos de trabajo.

Esto unido al elevado número de despidos de mujeres trabajadoras y las bajas prestaciones por desempleo fruto de esa misma brecha, acentuado aún más en este momento, nos someterán a la precariedad más absoluta. La defensa de los puestos de trabajo con salarios dignos y acabar con la brecha salarial debe estar en el centro de las reivindicaciones de toda la clase. Nada tiene que ver con nuestros intereses el rescate económico de empresas y bancos para seguir aplicando las reformas laborales.

Los incesantes recortes en gastos sociales en los presupuestos generales, municipales, etc. vienen a agravar esta situación. Faltan guarderías públicas y los centros de atención y residencias para mayores son prácticamente inexistentes. La imposibilidad de hacer frente a los costes de los servicios privados aparta de nuevo a las mujeres del mundo laboral, condenándolas a un trabajo duro, no reconocido y, por supuesto, no remunerado. Un reciente informe de Oxfam contabilizaba en 10 billones de dólares anuales, a nivel mundial, estos trabajos producidos no remunerados y que sin embargo sostienen la economía real.

4. Violencia y explotación sexual sobre las mujeres.

Se estima que la prostitución como negocio mueve unos 10 millones de euros al día en todo el Estado y que unas 400.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución (hay estudios que las sitúan en 1.000.000), que cubrirían la demanda sexual del 39% de hombres que afirman haber pagado por servicios sexuales alguna vez. Del total de mujeres en situación de prostitución se estima que el 15% son víctimas de redes de tráfico de personas y son obligadas a ejercer la prostitución bajo coacciones, amenazas y violencia. Se consideraría que el 85% ejerce la prostitución con libertad, pero la situación de exclusión y vulnerabilidad económica de la mayoría de mujeres que presta servicios sexuales hace que no sea una elección libre sino condicionada muchas veces a su propia supervivencia y/o la de su familia. Por último, los datos sobre la violencia de género y la violencia sexual ejercida contra las mujeres son un exponente clarísimo de la discriminación que sufre la mitad de la población. El pasado año se interpusieron 150.000 denuncias por violencia de género, denuncias a hombres, interpuestas por mujeres que viven en situaciones de violencia a manos de su pareja o ex pareja. 45 de ellas fueron asesinadas en 2020. Con los últimos datos en la mano, año 2015, se estima que en este país se cometen unos 10.000 crímenes sexuales al año. En su inmensa mayoría contra mujeres, niñas y niños. En ese año, 1054 mujeres habían sido

violadas en España, 4 mujeres al día, 1 cada 6 horas. Hecha la radiografía en números de la situación de la mujer trabajadora, podemos afirmar que es doble- mente oprimida; por ser mujer y por ser trabajadora. El origen de la opresión de la mujer está en la propiedad privada y en la división de la sociedad en clases, que lleva consigo la configuración de la familia patriarcal (véase al respecto lo escrito por Engels en «El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado»).
Lo que plantea Engels es la necesidad de hacer del «trabajo doméstico privado una industria pública», es decir, liberar a la mujer de la doble explotación: jornada de trabajo y jornada en casa.
Las estadísticas siguen siendo claras: la mujer asume la mayoría del trabajo doméstico. Y la solución no puede ser simplemente «compartirlo» sino hacer de ello una «industria publica», es decir, un trabajo especializado pagado.

5. La lucha por la emancipación y por los derechos de la mujer trabajadora no se puede entender más que dentro de la lucha del conjunto del movimiento obrero.

La lucha de la mujer trabajadora es la lucha del conjunto de la clase. Y no sólo porque interese a las mujeres. Alejandra Kollontai explicaba, en 1917, en el Primer Congreso Panruso de los Sindicatos, que «los trabajadores con conciencia de clase deben entender que el valor del trabajo masculino depende del valor del trabajo femenino y que, con la amenaza de sustituir la mano de obra masculina por mano de obra femenina más barata, el capitalista puede presionar sobre el nivel salarial de los hombres. Solo la falta de comprensión puede llevar a ver este tema como una mera “cuestión de la mujer”».

El desarrollo de la técnica y de la producción han puesto las bases materiales para la liberación de la mujer, al permitir que pueda tener control sobre la maternidad e incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, el mantenimiento del régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción es el principal obstáculo para su liberación. A lo que se suman residuos feudales como el poder de las distintas Iglesias, enemigas acérrimas de los derechos de las mujeres. Las últimas sentencias nos confirman que la ley no es igual para todos. En el caso de la mujer más claramente. Tenemos recientes casos como la sentencia de la Manada, en la que claramente se ve el carácter heredado del franquismo del aparato judicial. ¿Qué hubiera pasado si la «agredida» hubiera sido Ana Botín, o una guardia civil? La opresión no va en función del género, va en función de la clase. Sin duda si la agredida fuera Ana Botín no se la trataría igual, lo cual no quiere decir que a la explotación de clase no se sume una opresión de género. Es la doble pena, sí hay una opresión específica, su origen es de clase, pero es específica para provocar la división, como es específica contra la población negra u otras minorías. Hay derechos democráticos comunes a todas las mujeres, y es la clase obrera la única capaz de luchar por ellos.

Determinadas mujeres obtienen determinadas libertades, que deberían ser de todas, a base de dinero. Libertades que nos fueron arrebatadas con la caída de la II República y el establecimiento del franquismo, que señalaba las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y los mayores y la obediencia al marido como el papel que debe desempeñar la mujer. En el Estado español la opresión de la mujer toma formas propias, por el mantenimiento de buena parte del aparato judicial y policial del franquismo, entrenado para perpetuar la desigualdad y la opresión de la mujer y no para defender derechos, y por la influencia y el poder de la Iglesia Católica. La defensa de los derechos y reivindicaciones de las mujeres exige acabar con todos los residuos franquistas e imponer la separación de la Iglesia y del Estado, incluyendo la separación de la Escuela y de la Iglesia. Es decir, la República. ¿Cómo se puede hablar de igualdad, recortando en derechos y servicios públicos? ¿En enseñanza, incluyendo la educación infantil desde los 3 años, o en atención a las personas dependientes? ¿Cómo podrá la mujer trabajadora emanciparse si no se ponen los medios para ello?

La emancipación no podrá ser en cuanto no se aseguren los medios suficientes para poder entrar en el mercado de trabajo en situación de igualdad. Recordemos que las grandes luchas obreras consiguieron no sólo guarderías públicas, sino también comedores y otros servicios a los que la clase trabajadora podía acogerse, incluso en su lugar de trabajo. Uno de los objetivos del combate de la clase trabajadora es poner los medios materiales que permitan liberar a las mujeres y a los hombres de la carga de las tareas domésticas y del cuidado de los menores y de los mayores dependientes, desarrollando los correspondientes servicios públicos. Debemos exigir a nuestras organizaciones, las que se reclaman del movimiento obrero, sindicatos y partidos, que defiendan aquello por lo que nacieron. Deben ponerse al frente del combate y la defensa del conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora.

El recorte de derechos y libertades, tales como el aborto, el control de natalidad y la eliminación de servicios públicos ahondan aún más en la explotación de la clase en general, y de la mujer trabajadora en particular. Es por ello que decimos que en este régimen no cabe la emancipación de la mujer trabajadora, como no caben el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero. Este régimen es un obstáculo a batir para avanzar en la emancipación de la mujer trabajadora, como para avanzar en el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero.

Las mujeres trabajadoras somos las primeras interesadas en que las organizaciones defiendan las reivindicaciones que van contra nuestra opresión y discriminación. Es por ello que, formando parte de esas organizaciones, necesitamos una coordinación autónoma que combata por esas reivindicaciones. La defensa de estos derechos, la lucha por la igualdad y la conquista de las reivindicaciones exige derogar las reformas laborales, acabar con el aparato de Estado franquista, imponer la separación de la Iglesia y del Estado. Exige imponer la democracia, la República.

Comité de enlace de mujeres republicanas

enlacemujeresrepublicanas@gmail.com

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