Ninguna vergüenza

Es culpable, eso está claro. No está en la cárcel porque a algún monárquico, que conocía bien a las familias “Reales”, se le ocurrió poner en la Constitución que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Ya lo escribí hace unas semanas, ese señor, su hijo, su nieto/a, etc., pueden hacer lo que les dé la gana, seguir aprovechando su Real puesto para sus intereses privados, cobrar comisiones de decenas de millones de euros, robar, o violarme delante tuya, y no pasaría nada, yo quedaría violado y él tan libre y contento.

Después de haber incumplido la ley en varias ocasiones, de haber prevaricado, de que lo hayan pillado en sus corruptelas, el tío se viene a España tan tranquilo.

Nos enteramos, que viene en un avión privado que pagaremos entre tú y yo, o que pagará alguien, como favor, para un futuro tráfico de influencias. Un avión que está equipado con todo tipo de lujos y costando el viaje, con tasas e impuestos, más de 100.000 € (lo que un españolito/a gana en cuatro años).

Nos enteramos, que ese avión de lujo tiene capacidad para 16 personas, por lo que el “Emérito” ha tenido un problema, no ha podido traerse a todo su séquito, por lo que habrá tenido que decirle, a algunos de ellos, que se queden en Emiratos Árabes, donde se exilió poque allí se siente a gusto, ya que como bien sabes es donde no se cumple la mayoría de los derechos humanos.

A propósito, ya sabrás quien le paga ese numerosísimo séquito de guardaespaldas, asistentes, secretarios, periodistas, médicos, enfermeros, fisios, conductores, etc., etc. Sí, así es, eso también lo pagamos entre tú y yo.

Y, además, el tío es un caradura y no tiene vergüenza alguna.

Acabo de ver el telediario y ponen las imágenes de como sale del coche, sonríe a la cámara, como si nada hubiera pasado, y hace la señal de la victoria ¡¡¡. Con dos cojones. Piensa que somos gilipollas, está claro.

Y para rematarlo, una periodista, en la distancia, le pregunta “si va a dar explicaciones” y él contesta con orgullo y superioridad “¿Explicaciones, de qué?”. Definitivamente nos menosprecia, se burla, se ríe de nosotros.

Ver eso era vergonzoso. Un tipo que debería estar en la cárcel, un tipo que se ha lucrado a costa de los españoles, que debería haber sido juzgado por corrupción, pues los delitos son evidente, que huyó de la justicia, que vuelve en avión de lujo y con su séquito, pagado por quienes había robado, que no da ninguna explicación, que llega haciendo la señal de la victoria, que considera que no debe dar ninguna explicación … y resulta que cientos de sangenjinos y sangenjinas van a verlo y gritan “Viva el Rey.

Tenemos un país jilipollesco, un país tan absurdo donde se permite que en 2022 una familia pueda hacer lo que quiera, porque desciende de no sé qué Reyes que gobernaron España de forma absolutista, hace trescientos años.

Este es un país de pandereta, de tradiciones feudales, de blanco y negro, inexplicable, un bochorno, una vergüenza, un hazmerreir para toda Europa.

Rafael Fuentes
Militante socialista de Málaga

14 de abril, ¿Somos realmente republicanos?

El día 14 de abril de 2022, se cumplieron 91 años de la instauración en nuestro país, de una ilusionante forma de gobernarnos que era la República, que apenas duró nueve años, porque el capricho y las ansias despóticas de poder de un miserable dictador, nos arrebató esa ilusión. Los socialistas, éramos entonces republicanos por convencimiento, porque pensábamos que ese sistema de gobierno, era el más adecuado para crear una sociedad justa, estábamos dispuestos a defender con todas nuestras fuerzas un sistema democrático que protegería a los trabajadores, elaborando leyes justas, que nos llevaran a equipararnos con los países más avanzados en las libertades publicas e individuales, pero pronto toda aquella ilusión se vio abruptamente frustrada, en 1936 todo se derrumbó, por el golpe de estado perpetrado por el dictador general Franco, apoyado como siempre en el ejercito al que poco le gustan las libertades, también como siempre contó con la inestimable ayuda de clero, que evidentemente veía peligrar sus prebendas con una república que como es lógico, crearía un sistema de convivencia laico, con plena libertad religiosa.

Aquel golpe de estado, trajo como consecuencia una cruenta y sanguinaria Guerra Civil que terminó con una feroz y más cruenta si cabe dictadura, que durante cuarenta años reprimió sin piedad a miles y miles de demócratas, muchos de ellos socialistas de los de verdad, que se vieron avocados a persecuciones, juicios sumarísimos ilegales, fusilamientos, penas de muerte, cadenas perpetuas y en el mejor de los casos, a un exilio que inexorablemente les condujo a luchar en los campos de batalla europeos, de la Segunda Guerra Mundial, siempre salvaguardando los valores democráticos.

Tras los difíciles de olvidar cuarenta años de férrea dictadura, en los cuales no se observó por parte de nadie el más mínimo atisbo de Republicanismo, el dictador fue elaborando un sistema hereditario para la continuidad de su régimen, que incluyó el sometimiento a su capricho del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, restaurando una monarquía ya olvidada, que mantuviera firmemente atados y bien atados los principios fascistas del movimiento, para lo cual lo nombró su sucesor cuando ya la muerte acechaba su lecho, en una solemne sesión de las cortes saturada de hipocresía, con lo cual quedaba de nuevo instaurada la monarquía en nuestro país, por mucho que se quisiera edulcorar su nombre con el aditivo “Parlamentaria”, De nuevo increíblemente en España dominaba la dinastía de los borbones, con el recochineo además, del cobarde asentimiento de todos los partidos llamados democráticos, incluido el nuestro.

Es por eso, que no soy capaz de asimilar con un mínimo de cordura, que ahora nuestros dirigentes sin el más mínimo pudor, con un nivel de hipocresía incomprensible en un socialista, el pasado día 14 de Abril de 2022, una vez más, con una desfachatez insólita, celebran en la mayoría de las ciudades con un enorme boato, el 90 aniversario de la institución de la República Española, esa república que no supimos mantener y de la que ahora deberíamos tener la humildad de estar callados, si tampoco somos capaces ni siquiera de manifestarnos en contra de un monarca impuesto por el dictador, no solo un monarca sino dos, no solo no somos capaces de manifestarnos en contra, sino que le rendimos pleitesía.

Como podemos tener la poca vergüenza, de celebrar algo que no somos capaces de ensalzar y de tratar por todos los medios de recuperar.

Compañeros, ¿Dónde está nuestra dignidad?, ¿Dónde esta nuestro socialismo?, ¿Dónde está nuestra República?

Con reunir con pomposa parafernalia, en las ciudades más importantes de nuestro país, a unos cuantos militantes, que, tras unas palabras vacías de algunos de nuestros destacados cargos políticos, evidentemente no creen lo que dicen, gritemos todos a coro cuantas veces queráis ¡¡¡¡VIVA LA REPUBLICA!!!!, esta no resucitará.

Cuando hayamos recuperado para nuestro país, ese sistema justo y democrático de gobierno, cuando hayamos instaurado nuestra, robada Republica Española, entonces y solo entonces con legitimo orgullo, celebremos todos los aniversarios que queráis, pero mientras tengamos la dignidad suficiente para reconocer que no estamos a la altura.

Paco Ascón,

Xares (Ourense) 21 de abril de 2022

Canciones con Poder

El Himno de la República

Por Martín Lozano

Hay historiadores que defienden que nunca fue oficialmente el Himno de la Segunda República, ni de la Primera, aunque nos da lo mismo, porque es reconocido como tal por todo el mundo. Sí lo fue de la monarquía en el Trienio Liberal durante el reinado de Fernando VII que firmó su oficialidad el 7 de abril del 1822, forzado por el pronunciamiento de Cabezas de San Juan del coronel Rafael del Riego, que obligó al Borbón absolutista a reconocer y aplicar la Constitución de Cádiz. Este periodo liberal acabó con la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis (un argentino los llamaría de otra manera) que dio paso a la Década Ominosa.

También fue himno nacional utilizado en la Primera Guerra Carlista por las tropas liberales, pero sabemos de la corta memoria de la casa reinante y fue nuevamente prohibido por Isabel II. Después todos conocemos su uso durante los dos periodos republicanos en nuestra historia.

La letra se le atribuye a Evaristo Fernández de San Miguel y Valledor: un noble pontevedrés, duque de San Miguel (1785-1862). Quién le iba a decir que en el s XXI, el futuro para él, el himno sería el “icono” musical del pueblo republicano.

De vez en cuando en algún acto oficial, normalmente de carácter deportivo, en lugar de la Marcha Real o de Granaderos, asumida como himno de España por el régimen franquista y su sucesión borbónica, suena en cualquier alejado punto del planeta para regocijo de muchos de nosotros. El Himno de Riego, sigue sonando en todos los actos reivindicativos en favor de la proclamación de la III República y de la lucha por las libertades, la justicia y la igualdad en nuestro país. Es por esto por lo que el Himno de Riego merece estar en los puestos de honor de cualquier lista de las Canciones con Poder.

El viaje que les debemos

Por Martín Lozano

Hace poco he viajado a un sitio que me debía y se lo debía. Fue retrasado durante años, unas veces por motivos personales y las más recientes, pandémicos. Entre febrero y marzo de 1939 salieron de nuestro país al exilio un número inimaginable de personas. No voy a entrar en cifras, creo que no es importante saber exactamente cuántas y tampoco lo es que mi abuelo fuera una de ellas.

Las sorpresas comienzan en Lleida, para mí una perfecta desconocida, siempre vislumbrada desde la autopista. El mascarón pétreo de la Seu me impresiona por su tamaño, su belleza, su porte, su antigüedad y por el ejército de migrantes que la rodean, cerco ruidoso y pacífico de una parte de los exiliados de nuestra época, que siguen sufriendo, como siempre, la injusticia, la desigualdad, la falta de libertad y democracia en sus países, expatriados como los nuestros, pero de otro color. ¡Ah! Qué no se me olvide, las bravas y las tapas del Bar Roma en la zona universitaria me han hecho cautivo, he trasladado a su barra la cabina del desaparecido peaje.

Desde allí, huyendo de la autopista de Barcelona, me interné en la carretera interior que va pasando por sitios y paisajes que nunca había conocido, aunque fuera desde la ventanilla del coche. Un buen consejo me obligó a parar en Besalú, joya medieval y románica, con un puente y unos rincones que merecen una parada que siempre será corta. Las visitas hicieron que la llegada a Figueres fuera doce horas después de la salida. Como, por cuestiones económicas, el hotel escogido está a las afueras, Figueres nos recibe con su cara más fea de polígono comercial e industrial, igual a cualquier otro, en cualquier otra ciudad.

A la mañana siguiente nos desmiente la primera impresión con su barrio de piedra, alrededor de la Casa Museo Dalí y esa misma noche andando su Rambla, mirando al cielo embobados viendo las fachadas de las casas de la burguesía catalana. María Luisa, mi inseparable compañera de correrías, ha visitado el espectacular edificio del loco genial; a ella le maravillan sus relojes líquidos y me convence de que detrás de su impostura hay un verdadero maestro de la pintura y un precursor único de la vanguardia artística, y yo, que soy un inculto, debo creerla.

Yo fui al Museo del Exilio, en La Jonquera. Está bien, pero demasiado envoltorio para tan poca chicha. Los museos están musealizados (sé que es un problema mío, lo siento. Hay que verlos, pero estoy acostumbrado al de la Batalla del Jarama, donde el contenido te apabulla y desborda la instalación).

Ya juntos visitamos el Castillo de Figueres, donde se celebró la última sesión de las Cortes republicanas en España. Las caballerizas son impresionantes es imposible imaginarlas hasta que no las ves con tus propios ojos. Algo que me ocurrió durante todo el viaje. Por la tarde en Pont de Molins pagué una deuda que adquirí en un anterior viaje. Era el lugar donde fusilaron al coronel Rey d’Harcourt, jefe militar de la Plaza de Teruel.

El lunes, día previsto para el gran Tour, empezamos por subir a La Vajol. Todos los días nos ha acompañado una Tramuntana que ha variado de fuerte a muy fuerte con rachas de impresionante, tirando a huracanada, lo que nos ha dado unos días radiantes de cielos limpios. Pese al retraso sobre el horario previsto coronamos el Coll de Lli, lugar exacto por el que Azaña, andando como nosotros, acompañado por Negrín, salió para el exilio del que nunca regresó. Durante su estancia en Francia fue perseguido por la policía franquista y por la Gestapo nazi que le robó la bandera republicana, arriada por última vez en ese precioso pueblo ampurdanés. (El no poder llegar hasta su tumba en Montauban es una de las causas de que nos hayamos juramentado para repetir el viaje con mucho más tiempo).

A horradme el describiros las sensaciones que sentí al verme allí arriba, rodeado de castaños y con el suelo tapizado de hojas llevadas en volandas por el ventarrón. Los erizos con sus pequeños tesoros marrones aún escondidos dentro, comparten la vereda con pequeñas bellotas de algunos quercus que abundan en los densos bosquetes. En el momento de coronar y con el horizonte abierto por el vendaval, se ve el Mediterráneo y parte de la costa española, algo que supongo no vio Don Manuel, pues en aquellos días llovió a mares. Imagino que cuando arriba se volvió y vio la senda que nunca más se ha de volver a pisar, sintió una amarga y profunda tristeza, viniéndole las lágrimas a los ojos. Igual que a mí recordándole allí y al ver el cartel de Le Perthus, yo también apurado por un gendarme francés para que entrara «Vite, vite» a su país. O en la arena de Argelès sur Mer, no imaginarás su tamaño hasta pisarla. Los ojos se vuelven a humedecer al entrar en el cementerio de Colliure y ver en primer plano, separada del resto, la pequeña tumba, donde duerme el imperecedero, el inmenso Machado y su minúscula madre, a los que solo tres días eternos separaron sus muertes.

En el retorno a España seguimos escuchando los versos de Machado en boca de Serrat, para muchos el que mejor los canta. Port Vendres, Banyuls sur Mer, Cerbère y tras descollar Belitres, entre los aullidos inmisericordes del viento, vemos a nuestros pies Portbou y la tierra que aún sigue sin dar reparación a los miles de enterrados en sus cunetas, ni resarciendo a los que tuvieron que huir por defender las libertades, los derechos y tuvieron el sentido moral, la vergüenza, el miedo y el valor suficientes para no quedarse en un sitio en el que habían perdido todo menos la vida.

Gracias Maestros. Salud Compañeros.

Epílogo. No voy a epilogar esta columna, por lo menos mientras quedemos uno solo de nosotros que les recordemos, les admiremos y sigamos reivindicando su memoria.

Epílogo 2. No he querido cambiar este texto pero la actualidad me lleva a terminar esta columna con la mención de otro exilio, esta vez el de miles de ucranianos (van más de tres millones), que nos hacen revivir las mismas imágenes del horror y el sufrimiento de siempre. Otra vez un pueblo soporta la invasión y la guerra en su suelo ante el ataque por parte del Ejército de un dictador, sus aliados y sus cómplices activos y pasivos.

La República y los avances en derechos sociales. La consolidación del Derecho del Trabajo

Los valores y avances en todos los órdenes, y en especial, los sociales, culturales, educacionales y democráticos que aportó la II República, con el establecimiento de la laicidad y el respeto absoluto a la libertad de conciencia y el libre pensamiento, siguen vivos.

La II República fue truncada por la violencia de la oligarquía española, representada por el ejército, la iglesia y el poder económico, pero supuso un hecho sin precedentes, el acontecimiento social y democrático de mayor trascendencia acaecido en siglos, en España.

Pero me quiero referir ahora, brevemente y a modo de pincelada, al avance que supuso la II República en los derechos sociales.

La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, supuso en lo social, la constitucionalización del derecho laboral español, su consolidación como materia jurídica y procedió a sustituir el modelo corporativo de la dictadura.

La Constitución Republicana de 1931 estableció por primera vez en la historia constitucional española el derecho de libre sindicación y de libre asociación. El bienio reformista supuso una etapa de gran actividad parlamentaria y en materia de leyes sociales hubo muchas proposiciones de ley, llegando algunas a aprobarse, como ahora veremos, siendo Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero.

Las reformas más importantes fueron la ley del Contrato de Trabajo de 1931, que derogó el Código de Trabajo de 1926 y la Ley de Jurados Mixtos.

En 1931 se crearían también el Tribunal Central de Trabajo y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Y se dotaría a todas las provincias de Inspectores de Trabajo.

Las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, a la par líder de la UGT, que continuó con el mismo cargo en el Gobierno de Azaña.

Las dos piezas básicas de su proyecto de regulación de las relaciones laborales, la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos, fueron muy contestadas tanto por la CNT como por los patronos.

El número de huelgas y de incidentes violentos a consecuencia de ellas (que crearon graves problemas de orden público) se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República, a causa fundamentalmente de la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación.

Lo que estaba en juego eran dos modelos sindicales: socialista y anarcosindicalista, casi opuestos, que además seguían teniendo una presencia diferente en las diversas regiones, pues si los socialistas eran preponderantes en Madrid, Asturias y el País Vasco, los anarquistas lo eran en Andalucía, Valencia y Cataluña.

Los patronos también se movilizaron contra la reforma socio-laboral de Largo Caballero. Así, a finales de enero de 1933, en plena crisis política por los sucesos de Casas Viejas, la Confederación Patronal Española dirigió una carta abierta a Azaña en la que señalaba la “vertiginosa rapidez” con que iba siendo aprobada la nueva legislación social y se quejaba de los Jurados Mixtos que prácticamente siempre daban la razón a los obreros, gracias al voto del representante del Ministro de Trabajo que deshacía los empates. En parecidos términos se expresó la Unión Económica, que agrupaba a empresarios y economistas, que se quejó de las tendencias “socialistas” del Gobierno. Estas movilizaciones confluyeron en una asamblea económico-social celebrada en Madrid en julio de 1933, en la que se pidió la salida de los socialistas del gobierno, a los que hacían responsables de la «ruina de la economía» por el aumento de los costes (a causa de los incrementos de los salarios) y de la intervención obrera (la «socialización en frío» la llamaban) y por su ineficacia para detener y reducir el número de huelgas y garantizar la paz social.

Así pues, las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, cuyo proyecto consistía en crear un marco legal que reglamentara las relaciones laborales y afianzará el poder de los sindicatos, especialmente de la UGT, en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento.

Su fin último respondía al proyecto socialdemócrata que pretendía «otorgar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de clase.” Con ello se avanzaría hacia el logro de una sociedad socialista, pero gradualmente.

En resumen, se trataba de un proyecto que, coherente con la inspiración marxista del socialismo español, no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero que pretendía alcanzarla por cauces fundamentalmente reformistas. El modelo sindical capaz de obtener tal resultado no podía ser otro que el que encarnaba la Unión General de Trabajadores”.

La Ley de Contratos de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, regulaba los convenios colectivos (negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes) Contenía, además, normas sobre los salarios, y dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de los contratos. Además establecía por primera vez el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga que, bajo ciertas condiciones, no podía ser causa de despido.

La Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, extendía el sistema de jurados mixtos (aprobado en mayo para el sector agrario) a la industria y a los servicios. En el fondo se trataba de una reforma de la organización corporativa de la Dictadura de Primo de Rivera, en la que se ampliaban las atribuciones de los comités paritarios (en los que había participado la UGT en representación de los trabajadores). Su composición era la misma, representantes de los empresarios elegidos por las asociaciones patronales y representantes de los trabajadores representados por los sindicatos obreros, más un funcionario del Ministerio de Trabajo que era quien presidía el jurado mixto. Su misión era también: mediar en los conflictos laborales estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso, que si era rechazado por una de las partes el Jurado lo podía remitir al Consejo Superior de Trabajo, que era la última instancia mediadora.

En el apartado de los seguros sociales, el equipo de Largo Caballero dio un considerable impulso a su obligatoriedad y universalización, apoyándose en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la labor organizativa del Instituto Nacional de Previsión. El Seguro obligatorio de Retiro Obrero pasó de tres millones y medio de trabajadores a cinco millones y medio. Asimismo, un Decreto de 26 de mayo de 1931 estableció el Seguro de Maternidad con carácter obligatorio y garantizó la asistencia sanitaria por maternidad al conjunto de las trabajadoras asalariadas. Y una Ley de octubre de 1932 estableció el seguro de accidentes de trabajo, que fijaba la cuantía de las indemnizaciones.

Pese al efecto beneficioso de todas estas medidas, la paz social, uno de los objetivos del reformismo republicano, estuvo casi siempre ausente en las relaciones laborales del período. Los mecanismos de control y arbitraje establecidos por el equipo ministerial reducir la conflictividad, encauzando las disputas laborales a través de los organismos oficiales y la representación corporativa. Por ello no se realizó una reglamentación específica del uso del derecho a la huelga, que siguió rigiéndose por la restrictiva ley de 1909, parcialmente modificada por la de Jurados Mixtos de 1931. El recurso a la huelga sólo podía utilizarse una vez fracasados todos los mecanismos de mediación, previa notificación y dejando transcurrir un plazo desde la convocatoria. Toda huelga obrera o «lockout» patronal que no se ajustase a estas normas era ilegal y, por tanto, tratable por la autoridad como problema de orden público.

En definitiva, la República supuso para el derecho laboral, su entronque con el derecho internacional y la constitucionalización del mismo, además de un gran avance social, con reducción de jornada en la minería, establecimiento de la jornada máxima de 8 horas (era el 8/8/8 que reivindicaba Pablo Iglesias) avances en igualdad y en derechos sociales en general.

La II República Española aportó y consolidó derechos fundamentales para los trabajadores, muchos de los cuales, en la actualidad, y por mor de sucesivas reformas laborales involucionistas, se han recortado y se vuelve a luchar por su recuperación por considerarse derechos fundamentales y vigentes.

La II República, supuso, pues, la constitucionalización del derecho laboral español y su consolidación como materia jurídica.

Miguel Sagüés Navarro

Militante socialista de Madrid

Declaración del Comité de enlace de mujeres republicanas.

1. El combate de la mujer por la emancipación.

En la larga lucha del movimiento obrero la mujer, en particular la mujer trabajadora, ha ocupado un lugar de vanguardia.

Recordemos que el 8 de marzo de 1857, 120 mujeres trabajadoras del textil en Nueva York murieron en un incendio provocando un enorme movimiento de solidaridad.

En 1910, el Segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas (Segunda Internacional), a propuesta de Clara Zetkin, aprobó celebrar cada 8 de marzo una Jornada de la Mujer Trabajadora.

El último domingo de febrero de 1917, las mujeres trabajadoras de San Petersburgo salieron a la calle exigiendo «Pan y Paz». Fue el inicio de la revolución rusa.

Pero en 1975 la ONU se apropió de la fecha y la proclamó Jornada de la Mujer diluyendo su carácter de clase. Es sin duda una tarea importante recobrar su sentido original sobre el lugar de la mujer trabajadora, lo cual incluye la lucha contra toda forma de opresión que sufren todas las mujeres.
En el movimiento obrero de nuestro país hay miles de ejemplos del papel de vanguardia de la mujer. Por ejemplo, en la dura huelga de Jaeger Ibérica en abril de1989 en Barcelona, donde 309 trabajadoras consiguieron la equiparación salarial, pues cobraban menos que los hombres con la misma categoría. Recientemente, se ha hecho patente la importancia de las mujeres jóvenes en las movilizaciones contra la justicia franquista a propósito de la Manada.

2. La situación en nuestro país.

La situación de discriminación de la mujer trabajadora tiene vertientes que no son medibles, pero sin duda tiene también indicadores cuantitativos de desigualdad que hay que tener en cuenta para un buen análisis de la situación.

En el terreno laboral, el desempleo, la precariedad laboral, la brecha salarial, el suelo pegajoso y el techo de cristal caracterizan la situación de discriminación y desprotección que viven las mujeres trabajadoras.

En España el número de trabajadores supera en más de 1.700.000 al de trabajadoras. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, lo que en la actualidad se traduce en más de un 17% de trabajadoras desempleadas frente al 13,7% de los trabajadores, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2019.

Además, CCOO estima que la brecha salarial, entendida como la diferencia de salario entre trabajadores y trabajadoras por la realización de las mismas tareas, se sitúa en torno al 30%. Esto se traduce en que cada mujer trabajaría gratis unas 109 jornadas anuales. Según los últimos datos del INE de 2020, el salario medio de las trabajadoras es 5.793 euros inferior al de los trabajadores (25.924 frente a 20.131 €), diferencia incluso superior a la registrada en 2009.

El movimiento obrero ha inscrito en su lucha la consigna de «a igual trabajo, igual salario». Como resultado de ese combate, según la ley, no debería existir diferencia salarial entre hombres y mujeres.

¿De dónde viene esta diferencia? En algunos casos, de la existencia de categorías distintas en los convenios colectivos (por ejemplo, en convenios de limpieza, «peón» y «limpiadora»). Pero, sobre todo, por la existencia de ramas de la producción feminizadas -no en vano hablamos de las Kellys- donde predominan los bajos salarios y la precariedad. Los empleos de las mujeres son más precarios, con una mayor tasa de temporalidad, una mayor tasa de parcialidad y una mayor tasa de desempleo.

A esa diferencia, constatada por Hacienda en empleos «legales», hay que unir los centenares de miles de mujeres que trabajan sin contrato ni Seguridad Social en sectores como la limpieza, el servicio doméstico, el cuidado de mayores, etc.

Las diferencias en los ingresos se extienden también a salarios diferidos como los subsidios de desempleo y las pensiones. Según un estudio de CCOO, las mujeres reciben una prestación por desempleo un 14,6% inferior a la que perciben los hombres. En cifras, esto significa que la prestación media de la mujer asciende a 755 € mensuales y la del hombre a 884 €. Además, la tasa de cobertura por desempleo en las féminas es, como norma general, un 10% inferior a la de los varones.

En cuanto a la pensión media de jubilación, la de una mujer es un 36,1% inferior a la que le corresponde a un hombre. Aquí se suma la diferencia de salarios (y, por tanto de cotizaciones) y que las mujeres tienen menos años trabajados. Hay que señalar que cada reforma de pensiones que aumenta los años de cotización necesarios para cobrar una pensión o el número de años que se toma como periodo de cómputo de la pensión, machaca aún más las pensiones de las mujeres. La reforma de pensiones de 2011 (pactada con UGT y CCOO) es uno de esos casos.

La prestación de jubilación es de media 453 euros inferior a la de los hombres ,803 € frente a 1.326€.

Pero no solo es una cuestión de cuantía salarial. La temporalidad de los contratos también afecta más a las mujeres que a los hombres. El 27,7% de los contratos de las trabajadoras es temporal frente al 25,9% de los contratos de ellos, según los últimos datos de la EPA. En 2020 el 63% de contratos indefinidos que se firmaron, los firmaron hombres.

Con respecto a los contratos a tiempo parcial, casi el 76% de ellos recae sobre mujeres, lo que supone que el 25,7% de trabajadoras (frente a un 7,5% de trabajadores) tengan jornadas parciales, en su inmensa mayoría no elegidas.

Temporalidad y parcialidad, el gran torpedo a la clase trabajadora que ha causado la reforma laboral que provo- ca que no nos permitan tener los derechos laborales conseguidos por la lucha de clase la trabajadora: incapacidad temporal, vacaciones, conciliación…; si los solicitas no te vuelven a contratar. En cambio sí los pueden disfrutar quien tiene jornada completa e indefinida. También provoca penalización en las prestaciones por desempleo y aumento en el pago de IRPF cuando por necesidad se tiene más de un empleador para poder vivir.

En los últimos años se habla con frecuencia del techo de cristal, como unas barreras invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y mejor remunerados. Según un informe de Grant Thornton, Women in business, el 73% de puestos directivos los ocupan hombres. En el caso de la universidad, las docentes e investigadoras suponen solo el 39,6% del total y solo un 20,8% de las catedráticas de universidades son mujeres.

3. La discriminación y la desigualdad afecta a todo el conjunto de trabajadoras.

Los trabajos que mayoritariamente desempeñan las mu- jeres, como los servicios del hogar, sanidad y serviciossociales o educación, están devaluados con respecto a profesiones ocupadas en su mayoría por hombres. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el salario mensual en una profesión feminizada, dentro de la misma cualificación, similares condiciones laborales y sectores, de media, es de 1.016 € mientras que el de una masculi- nizada está en los 1.789 €. A esto se le suma que las mujeres que desempeñan su trabajo en ocupaciones feminizadas se encuentran con muchas dificultades para cambiar a sectores con mejores condiciones laborales. Es parte de lo que se denomina «suelo pegajoso», que dificulta la mejora de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y que se completa con una mayor carga del trabajo doméstico, el cuidado de ascendientes y descendientes y la precariedad laboral que hace que muchas mujeres ejerzan trabajos sumergidos, sin contrato y por unos salarios de miseria (cuidado de niños, ancianos, limpieza doméstica), de manera que cuando no pueden trabajar por edad o enfermedad no tienen ningún ingreso ni ningún derecho a jubilación.

A esto se añade hoy el trabajo generalizado en casa, como ocurría en el siglo XIX. Particularmente en el textil. Empresas como Inditex tiene una red de mujeres que trabajan en casa, sin contrato y a la pieza. Sin olvidarnos de las mujeres migrantes, cuya situación ilustra bien el siguiente ejemplo: Una delegación de la patronal de la fresa en Huelva se desplaza a Marruecos en busca de «mujeres» de «entre 25 y 45 años» y «con hijos». Los empresarios buscan en la pobreza marroquí mano de obra barata ante la falta de jornaleros españoles dispuestos a trabajar bajo las condiciones ofertadas. Uno de los requisitos a los que se enfrentan las candidatas es la experiencia laboral en el campo, pero demostrarlo es difícil en Marruecos. Estas mujeres no disponen de documentación que justifique sus años de trabajo en la agricultura.

Cuando los reclutadores españoles les preguntan, ellas enseñan sus manos de forma instintiva. Una sola mirada a las manos de Fátima saca de dudas a cualquiera. Otro requisito para los empresarios de la fresa es que las candidatas sean mujeres. Todas. Las quieren, según consta en la convocatoria, de entre 25 y 45 años y con hijos a cargo. También se tiene en cuenta el nivel de renta para la preselección. «El organismo de empleo contó el año pasado en Marrakech con mujeres viudas y muchas separadas porque tienen hijos a cargo y necesitan esta ayuda», explican desde la Administración marroquí. Lo cierto es que las mujeres suelen ser más ágiles recogiendo fresa por el tamaño de las manos y que las cargas familiares acaban facilitando la disciplina en el trabajo y ofrecen una mayor garantía a España de que volverán a Marruecos.

Los recortes en servicios sociales que se han producido y se siguen manteniendo empujan a muchas mujeres a tenerse que hacer cargo del cuidado de hijos y mayores y las han echado del mundo laboral negándoles el derecho al trabajo y a una pensión digna, abocándolas a seguir ejerciendo el papel de cuidadoras y trabajadoras de segunda categoría y a seguir dependiendo de irrisorias pensiones de viudedad o no contributivas. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España, de las aproximadamente 400.000 personas que asistían a personas dependientes en el ámbito familiar en 2019, el 89% son mujeres. Y el 90,57% de las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares en 2019 fueron solicitados por mujeres el año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo.

En los años 2020 y 2021 y con la excusa de la pandemia los datos empeoran aún más. Han sido mujeres la mayoría (95,77%) de las personas que solicitaron la reducción especial de jornada durante casi doce meses, con la consiguiente pérdida de salario. La incertidumbre no solo laboral sino también del curso escolar hace que, una vez más, las mujeres, empujadas por la brecha salarial que decide quién se queda en casa para cuidados, renunciaran a sus puestos de trabajo.

Esto unido al elevado número de despidos de mujeres trabajadoras y las bajas prestaciones por desempleo fruto de esa misma brecha, acentuado aún más en este momento, nos someterán a la precariedad más absoluta. La defensa de los puestos de trabajo con salarios dignos y acabar con la brecha salarial debe estar en el centro de las reivindicaciones de toda la clase. Nada tiene que ver con nuestros intereses el rescate económico de empresas y bancos para seguir aplicando las reformas laborales.

Los incesantes recortes en gastos sociales en los presupuestos generales, municipales, etc. vienen a agravar esta situación. Faltan guarderías públicas y los centros de atención y residencias para mayores son prácticamente inexistentes. La imposibilidad de hacer frente a los costes de los servicios privados aparta de nuevo a las mujeres del mundo laboral, condenándolas a un trabajo duro, no reconocido y, por supuesto, no remunerado. Un reciente informe de Oxfam contabilizaba en 10 billones de dólares anuales, a nivel mundial, estos trabajos producidos no remunerados y que sin embargo sostienen la economía real.

4. Violencia y explotación sexual sobre las mujeres.

Se estima que la prostitución como negocio mueve unos 10 millones de euros al día en todo el Estado y que unas 400.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución (hay estudios que las sitúan en 1.000.000), que cubrirían la demanda sexual del 39% de hombres que afirman haber pagado por servicios sexuales alguna vez. Del total de mujeres en situación de prostitución se estima que el 15% son víctimas de redes de tráfico de personas y son obligadas a ejercer la prostitución bajo coacciones, amenazas y violencia. Se consideraría que el 85% ejerce la prostitución con libertad, pero la situación de exclusión y vulnerabilidad económica de la mayoría de mujeres que presta servicios sexuales hace que no sea una elección libre sino condicionada muchas veces a su propia supervivencia y/o la de su familia. Por último, los datos sobre la violencia de género y la violencia sexual ejercida contra las mujeres son un exponente clarísimo de la discriminación que sufre la mitad de la población. El pasado año se interpusieron 150.000 denuncias por violencia de género, denuncias a hombres, interpuestas por mujeres que viven en situaciones de violencia a manos de su pareja o ex pareja. 45 de ellas fueron asesinadas en 2020. Con los últimos datos en la mano, año 2015, se estima que en este país se cometen unos 10.000 crímenes sexuales al año. En su inmensa mayoría contra mujeres, niñas y niños. En ese año, 1054 mujeres habían sido

violadas en España, 4 mujeres al día, 1 cada 6 horas. Hecha la radiografía en números de la situación de la mujer trabajadora, podemos afirmar que es doble- mente oprimida; por ser mujer y por ser trabajadora. El origen de la opresión de la mujer está en la propiedad privada y en la división de la sociedad en clases, que lleva consigo la configuración de la familia patriarcal (véase al respecto lo escrito por Engels en «El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado»).
Lo que plantea Engels es la necesidad de hacer del «trabajo doméstico privado una industria pública», es decir, liberar a la mujer de la doble explotación: jornada de trabajo y jornada en casa.
Las estadísticas siguen siendo claras: la mujer asume la mayoría del trabajo doméstico. Y la solución no puede ser simplemente «compartirlo» sino hacer de ello una «industria publica», es decir, un trabajo especializado pagado.

5. La lucha por la emancipación y por los derechos de la mujer trabajadora no se puede entender más que dentro de la lucha del conjunto del movimiento obrero.

La lucha de la mujer trabajadora es la lucha del conjunto de la clase. Y no sólo porque interese a las mujeres. Alejandra Kollontai explicaba, en 1917, en el Primer Congreso Panruso de los Sindicatos, que «los trabajadores con conciencia de clase deben entender que el valor del trabajo masculino depende del valor del trabajo femenino y que, con la amenaza de sustituir la mano de obra masculina por mano de obra femenina más barata, el capitalista puede presionar sobre el nivel salarial de los hombres. Solo la falta de comprensión puede llevar a ver este tema como una mera “cuestión de la mujer”».

El desarrollo de la técnica y de la producción han puesto las bases materiales para la liberación de la mujer, al permitir que pueda tener control sobre la maternidad e incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, el mantenimiento del régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción es el principal obstáculo para su liberación. A lo que se suman residuos feudales como el poder de las distintas Iglesias, enemigas acérrimas de los derechos de las mujeres. Las últimas sentencias nos confirman que la ley no es igual para todos. En el caso de la mujer más claramente. Tenemos recientes casos como la sentencia de la Manada, en la que claramente se ve el carácter heredado del franquismo del aparato judicial. ¿Qué hubiera pasado si la «agredida» hubiera sido Ana Botín, o una guardia civil? La opresión no va en función del género, va en función de la clase. Sin duda si la agredida fuera Ana Botín no se la trataría igual, lo cual no quiere decir que a la explotación de clase no se sume una opresión de género. Es la doble pena, sí hay una opresión específica, su origen es de clase, pero es específica para provocar la división, como es específica contra la población negra u otras minorías. Hay derechos democráticos comunes a todas las mujeres, y es la clase obrera la única capaz de luchar por ellos.

Determinadas mujeres obtienen determinadas libertades, que deberían ser de todas, a base de dinero. Libertades que nos fueron arrebatadas con la caída de la II República y el establecimiento del franquismo, que señalaba las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y los mayores y la obediencia al marido como el papel que debe desempeñar la mujer. En el Estado español la opresión de la mujer toma formas propias, por el mantenimiento de buena parte del aparato judicial y policial del franquismo, entrenado para perpetuar la desigualdad y la opresión de la mujer y no para defender derechos, y por la influencia y el poder de la Iglesia Católica. La defensa de los derechos y reivindicaciones de las mujeres exige acabar con todos los residuos franquistas e imponer la separación de la Iglesia y del Estado, incluyendo la separación de la Escuela y de la Iglesia. Es decir, la República. ¿Cómo se puede hablar de igualdad, recortando en derechos y servicios públicos? ¿En enseñanza, incluyendo la educación infantil desde los 3 años, o en atención a las personas dependientes? ¿Cómo podrá la mujer trabajadora emanciparse si no se ponen los medios para ello?

La emancipación no podrá ser en cuanto no se aseguren los medios suficientes para poder entrar en el mercado de trabajo en situación de igualdad. Recordemos que las grandes luchas obreras consiguieron no sólo guarderías públicas, sino también comedores y otros servicios a los que la clase trabajadora podía acogerse, incluso en su lugar de trabajo. Uno de los objetivos del combate de la clase trabajadora es poner los medios materiales que permitan liberar a las mujeres y a los hombres de la carga de las tareas domésticas y del cuidado de los menores y de los mayores dependientes, desarrollando los correspondientes servicios públicos. Debemos exigir a nuestras organizaciones, las que se reclaman del movimiento obrero, sindicatos y partidos, que defiendan aquello por lo que nacieron. Deben ponerse al frente del combate y la defensa del conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora.

El recorte de derechos y libertades, tales como el aborto, el control de natalidad y la eliminación de servicios públicos ahondan aún más en la explotación de la clase en general, y de la mujer trabajadora en particular. Es por ello que decimos que en este régimen no cabe la emancipación de la mujer trabajadora, como no caben el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero. Este régimen es un obstáculo a batir para avanzar en la emancipación de la mujer trabajadora, como para avanzar en el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero.

Las mujeres trabajadoras somos las primeras interesadas en que las organizaciones defiendan las reivindicaciones que van contra nuestra opresión y discriminación. Es por ello que, formando parte de esas organizaciones, necesitamos una coordinación autónoma que combata por esas reivindicaciones. La defensa de estos derechos, la lucha por la igualdad y la conquista de las reivindicaciones exige derogar las reformas laborales, acabar con el aparato de Estado franquista, imponer la separación de la Iglesia y del Estado. Exige imponer la democracia, la República.

Comité de enlace de mujeres republicanas

enlacemujeresrepublicanas@gmail.com

Conclusiones encuentro estatal CATP 7N

ENCUENTRO ESTATAL CATP 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

El pasado 7 de noviembre se realizó el encuentro estatal en defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y democráticos, y por la República.

El Acto en el que Tribuna Socialista participó, tanto en su organización como en el debate, dado el carácter de miembro del CTAP, contó con la participación de más de 200 personas, que de forma individual o en representación de sus organizaciones o mareas, decidieron participar del debate y las conclusiones del mismo.

En este número de Tribuna Socialista creemos necesario informar tanto del manifiesto que se aprobó en dicho acto como de las iniciativas que se presentaron por parte de los participantes.

Manifiesto por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan para ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social, compuesta entre otros por:

  • Los trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus derechos y su poder adquisitivo.
  • Los desempleados y desempleadas que ven como su situación se cronifica sin solución.
  • Los que sufren un ERTE y temen el despido, a pesar de las ayudas y exenciones económicas recibidas por sus empresas.
  • Los que sufren aislamiento por el coronavirus y ven con miedo que la pandemia se desborda.
  • Los estudiantes que ven como la enseñanza “telemática”, y los escasos medios humanos y materiales de la enseñanza pública burlan su derecho a la educación. Jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio.
  • Los que sufren la legislación obsoleta de protección de niños, niñas y adolescentes, que facilita desvincularlos de sus familias biológicas. Son miles los casos de menores de edad tutelados por las comunidades autónomas, pero en la práctica esa custodia la ejercen a menudo empresas privadas, que dictan expedientes de riesgo y desamparo, de manera arbitraria.
  • Los pensionistas y los trabajadores y trabajadoras hoy, pensionistas mañana, que defienden el sistema público de pensiones y ven que el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo no restituye los ingentes fondos que se han detraído de la caja para el pago de las pensiones.
  • La población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud.
  • Las mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial.
  • Las familias bajo el umbral del hambre. Las que temen por la vida de sus mayores en las residencias.
  • Los autónomos, los falsos (asalariados bajo fórmulas mercantiles) y los verdaderos, a los que se les expulsa del mercado en el que se privilegia a las grandes corporaciones.

Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de enfrentarnos a ese falso dilema, cuyo objetivo es disfrazar la lucha de clases con todo tipo de eufemismos. Las medidas que están tomando los gobiernos, para afrontar la pandemia y sus efectos, no afectan por igual a explotadores y explotados, a ricos y a pobres. Mientras los primeros aumentan sus fortunas, y aprovechan la situación para imponer nuevas bajadas de salarios y recortes de derechos, los segundos sufren las consecuencias de la crisis económica galopante. Para ahogar las exigencias de la mayoría se fomentan formas de autoritarismo y represión. La clase dominante quiere imponer su visión de que lo bueno para ellos, es bueno para la totalidad, como cuando el presidente de la CEOE ha criticado la limitación del precio de los alquileres, tachando la medida de ideológica, pero, a este mismo señor, no le debió parecer ideológica la venta de viviendas sociales a fondos buitre y guardó silencio.

Quienes tratan de aprovechar la pandemia para llevar agua al molino de sus intereses, intentan someter a toda la sociedad y a las organizaciones obreras y populares a su voluntad. Para ello mantienen las contrarreformas laborales y de pensiones favorables a sus intereses, exigiendo a la mayoría trabajadora del país que renuncie a defender sus derechos y reivindicaciones. Las compañeras y compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS REIVINDICACIONES SE DEFIENDEN.

Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:

  • La derogación íntegra de las reformas laborales. Contra las que la clase trabajadora se levantó en huelga general, en tres ocasiones, en 2010 y 2012.
  • La derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y una auditoría, sin límites temporales, que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social destinados a pensiones.
  • La derogación de la «ley Mordaza», que cuestiona las libertades de expresión y movilización.
  • La derogación del artículo 135.3 de la Constitución, que cuestiona el gasto público para la defensa de la salud y el bienestar de los pueblos.
  • La derogación del artículo 315.3 del Código Penal (a la espera de que la proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE en el Congreso, para derogarlo, llegue a buen fin).
  • La defensa de la sanidad y la educación públicas, y un presupuesto de emergencia para salvarlas.
  • La derogación de la Ley 15 de 25 de abril/1997, “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema de Salud Pública”. Verdadera puerta de entrada de la empresa privada en la gestión del Sistemas Público de Salud.
  • La devolución al Estado, hasta el último euro, de los fondos entregados a la banca privada. La creación de la banca pública.
  • Un plan de inversiones y empleo público para crear miles de empleos.
  • La libertad de los presos políticos encarcelados por defender el derecho de las nacionalidades y regiones existentes en el Estado español a decidir cómo quieren relacionarse entre ellas libre y voluntariamente. Continuar y amplificar la campaña por la amnistía de los presos políticos catalanes.
  • La derogación íntegra de la LOMCE y de todas las contrarreformas educativas.
  • La abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de los que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo.
  • El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social.
  • La exhumación de todas las víctimas del franquismo. La anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad y los derechos de los pueblos, como parte del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.

Puntos de partida básicos que nos permitirán abordar con una lógica distinta, en beneficio de la mayoría, la reconstrucción y el bienestar de esta sociedad. Para ello es necesario acabar con instituciones franquistas enquistadas en el sistema, que hacen imposible conseguir buena parte de las reivindicaciones. Hoy es indispensable un cambio social y político.

La minoría de la sociedad se empeña en continuar el viaje de la historia en un vehículo que pro- tege sus intereses, la Constitución de 1978, que nos ha hundido en la actual crisis económica, social y

de convivencia. Una Constitución que fue condicionada por el aparato del Estado franquista, que dejó las instituciones del Estado infectadas de adeptos que añoran el autoritarismo, la arbitrariedad criminal y usurpadora de la dictadura. Elementos que someten la vida de los pueblos a los intereses de los poderes económicos parásitos: en la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la polí- tica, en los medios de comunicación… todos ellos al servicio de la oligárquica casta política y social.

Hay que aportar medios a los trabajadores y trabajadoras y a los pueblos, para salir del abismo en que nos están hundiendo. Compartimos el concepto arraigado de la justicia social, del bien común y del respeto a la vida, nos rebelamos contra un sistema económico que está diseñado en función de los intereses de la minoría: la oligarquía que desprecia la vida de nuestra clase social. El movimiento obrero y democrático necesita recuperar y fortalecer las organizaciones creadas y levantadas por los trabajadores jugándose la vida y la libertad, incluso durante la dictadura franquista. Tienen que acentuar el giro hacia la defensa de las prioridades de la clase trabajadora, no solo en los discursos y programas: también en los hechos, rompiendo con la lógica del mercado, defendiendo los derechos que nos dejaron en herencia aquellas generaciones de luchadores y luchadoras. Hay que decir basta ya de saquear lo público por la vía de la privatización directa e indirecta, de desviar servicios públicos a manos privadas. Basta ya de devaluar los servicios públicos mediante mermas en la inversión en medios técnicos y humanos. Mientras estas cosas ocurren, el Estado se endeuda para asegurar los negocios privados que no garantizan el empleo. Hay que orientar esas ingentes cantidades de dinero a las prioridades de la mayoría social, como son la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Tanto la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 a 2018 como la actual pandemia vírica han puesto en evidencia el doble rasero de las políticas económicas, la mayor parte de las veces en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por lo cual la mayoría necesita la República como herramienta y punto de apoyo para cambiar esta realidad que a la mayoría le es adversa.

El Encuentro del 7 de noviembre llama a todos los sectores de la sociedad y a los colectivos sociales que luchan por sus legítimos derechos, a los partidos y sindicatos: sus objetivos son incompatibles con la Constitución de 1978. Democracia es acabar con la herencia franquista y con este estado pútrido. Defender la supervivencia de los trabajadores y los pueblos exige abrir camino a la República en la que:

  • La soberanía resida verdaderamente en el pueblo, y solo en el pueblo.
  • El Estado sea laico y ninguna religión se inmiscuya en el sistema educativo ni cuente con prerrogativas que le permitan influir en las cuestiones de Estado al margen de la democracia.
  • El Estado se base en los derechos de los pueblos, cuya vinculación sea libre y voluntaria, garantizando la convivencia fraternal y la riqueza cultural.
  • El derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una jubilación basada en el reparto sean una realidad mediante un mandato constitucional e instituciones que lo garanticen.
  • Se garantice el estado de bienestar en el que los sistemas públicos de sanidad, educación, dependencia, pensiones y vivienda velen por las necesidades y la dignidad de las personas, no por los intereses privados.

El derecho a la vida y la salud, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a un futuro para la juventud, la lucha contra el patriarcado… son incompatibles con la corrupción que recorre las instituciones del Estado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La corrupción, que parte de la Corona y rebosa por las ventanas de la Casa Real. El poder judicial ejerce de brazo armado de la putrefacción del partido fundado por el exministro de Franco, Manuel Fraga, que cobijó y alentó a la extrema derecha más rancia y fascista que desprecia los Derechos Humanos y que hoy vuelve a estar representada en las instituciones.

La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. República es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. República son servicios públicos inviolables e imprivatizables, derechos de los trabajadores y las trabajadoras protegidos de verdad, blindados frente a la especulación y la explotación. Es la protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. La República la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.

Tras la experiencia de estos 43 años, al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, no nos queda otro camino que luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se someta, como han hecho los gobiernos hasta ahora, a los dictados del capital financiero y la Monarquía. Los trabajadores y trabajadoras y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, de lograr que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver.

Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Único camino

para preservar los intereses de la mayoría y derrotar las resistencias de la minoría.

Luchar por proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.

Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. El Encuentro del 7 de noviembre de 2020 es un punto de partida para:

  • Reunir a compañeras y compañeros y colectivos que compartan nuestro combate en constituir comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, centros de instrucción, administraciones, en el campo, localidades…
  • Reforzar la información, el intercambio, la acción común.
  • Ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.


El CATP impulsa, junto con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales, la próxima República, que será el instrumento con que los pueblos de España resuelvan por fin, tomar con fuerza en sus propias manos la construcción de un futuro de democracia y esperanza.

Iniciativas presentadas y apoyadas en el Encuentro por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

  1. Apoyo solidario a los compañeros de Aciturri, de Getafe, en lucha contra la deslocalización de la empresa. Y por el respeto al derecho de huelga que les está siendo vulnerado.
  2. Contra la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, con motivos arbitrarios.
  3. Apoyar la lucha de la COESPE en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la rea- lización de una auditoría del gasto de la Seguridad Social, sin límite temporal, para que todos los fondos gastados y/o detraídos indebidamente sean devueltos a la caja de las pen- siones. Nos comprometemos a difundir y participar en la concentración que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 12:00 ante el Congreso de los Diputados.
  4. ¿Qué República queremos? La respuesta debe tomar forma en derechos y en la defensa de los mismos: servicios públicos, derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los pensio- nistas, de los jóvenes y las mujeres de nuestra clase social. Así como la libertad sindical, las libertades de expresión, manifestación, reunión y los derechos de los pueblos. Cons- truiremos la República desde los movimientos sociales y las luchas obreras.
  5. Reclamamos atención a los más necesitados. Son insuficientes las medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revelan como meras campañas de propaganda. Las ayudas, rentas básicas o mínimas que se establezcan desde el Gobierno, no pueden concederse a cambio de becas ni cuestionar derechos como las prestaciones por desempleo, las pensiones…
  6. Tomamos posición contra el desmantelamiento de la industria que aún queda en nuestro país. Y contra la destrucción de empleo, tanto en la industria misma como en los sectores subsidiarios de la misma.
  7. Reiteramos nuestro apoyo a todos los compañeros represaliados o procesados judicial- mente por ejercer su derecho a la huelga o por participar en justas luchas en defensa de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y/o en cualquier otra lucha por los derechos sociales y democráticos.
  8. Mostramos nuestro apoyo a los miembros del ejército que han sido represaliados y expul- sados del mismo por luchar y reivindicar respeto y derechos democráticos en el seno de esa institución.
  9. Apoyamos y nos comprometemos a difundir y participar en la manifestación convocada por las Mareas Blancas, que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 17:00, en defensa de los servicios públicos sanitarios.
  10. El CATP y las organizaciones que han participado en el Encuentro del 7 de noviembre, apoyamos a los hermanos y hermanas de clase social que se ven obligados a migrar. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social internacional, todos sus miembros deben tener los mismos derechos sin discriminación.
  11. Se propone que el manifiesto y sus contenidos lleguen a los plenos municipales, asambleas regionales y autonómicas en forma de mociones, propuestas… y que se difunda su contenido profusamente.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

A %d blogueros les gusta esto: