Categoría: pensiones

Pensiones Públicas: El gran pacto entre generaciones

Ultima reunión el Pacto de Toledo, 26 de Junio de 2025

Cada vez que se habla del futuro de las pensiones reaparece la misma pregunta: ¿será sostenible el sistema? Sin embargo, más allá de las cifras o de las previsiones demográficas, las pensiones públicas representan algo más profundo: uno de los grandes contratos sociales de nuestra democracia y el pacto entre generaciones que sostiene el Estado del bienestar. El sistema español se basa en un modelo de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de quienes ya han concluido su vida laboral. Este mecanismo expresa el principio de solidaridad intergeneracional. Frente a este modelo, algunos proponen sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador ahorra para su propia jubilación. La experiencia internacional muestra que estos sistemas trasladan más riesgos a los ciudadanos y dependen de los mercados financieros, mientras que los sistemas públicos de reparto son más seguros, ofrecen mayor estabilidad en las prestaciones y refuerzan la cohesión social.

La solidaridad intergeneracional constituye uno de los pilares del Estado del bienestar europeo. En España cuenta además con una base jurídica clara: la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar un sistema público de Seguridad Social que asegure prestaciones suficientes y pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Para preservar esa estabilidad nació en 1995 uno de los acuerdos políticos y sociales más relevantes de nuestra historia reciente: el Pacto de Toledo. Tres décadas después sigue siendo el marco que ha permitido preservar el sistema público de pensiones mediante reformas graduales y consensos políticos y sociales. La principal fortaleza del sistema español ha sido precisamente ese método basado en el acuerdo institucional y el diálogo social, que ha adaptado progresivamente el sistema a los cambios económicos y demográficos sin poner en riesgo su estabilidad ni su legitimidad social.

Desde mediados de los años noventa se han sucedido diversas reformas de las pensiones. Durante el periodo de crecimiento económico entre 1995 y 2007 se adoptaron decisiones estructurales relevantes, como la separación de fuentes de financiación, que permitió que las cotizaciones sociales financiaran las prestaciones contributivas mientras el Estado asumía otros gastos del sistema. También se reforzó el carácter contributivo de las pensiones y se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que alcanzó cerca de 67.000 millones de euros. En plena crisis financiera se acordó la reforma de 2011, que aprobó la elevación gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y medidas para las jubilaciones anticipadas y parciales, así como incentivos para prolongar la vida laboral. En 2013 se adoptó una nueva reforma sin acuerdo que introdujo el índice de revalorización de las pensiones del 0,25 % y un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, lo que generó un amplio rechazo social ante la perspectiva de pérdida de poder adquisitivo y la descapitalización del Fondo de Reserva.

Las reformas pactadas entre 2021 y 2025 han tratado de recuperar el equilibrio del sistema y reforzar su legitimidad social. Entre ellas destacan la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el refuerzo de las pensiones mínimas, las medidas para reducir la brecha de género, el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la transferencia al Estado de determinados gastos impropios y el incremento de las cotizaciones mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aún siguen pendientes algunas medidas relevantes para completar este proceso de reforma, entre ellas la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y la revisión de las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización.

La sostenibilidad del sistema depende en gran medida de la evolución del empleo. En los últimos años se han producido avances significativos. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025, la ocupación se situó en 22,46 millones de personas, mientras que la tasa de desempleo descendió por debajo del 10 %, muy lejos del 26,9 % registrado en 2013. La reforma laboral de 2021 ha aumentado notablemente la contratación indefinida y ha reducido significativamente la temporalidad, que ha pasado de alrededor del 30 % a cerca del 15 %, situándose en el 12,5 % en el sector privado. A ello se suma la subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en torno al 60 % del salario medio. La productividad también ha crecido en torno al 1,4 % anual desde la pandemia, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) ha avanzado por encima del promedio de la zona euro, reforzando la base económica del sistema de protección social.

El futuro de las pensiones no depende únicamente de las reformas dentro del propio sistema. Depende también de las políticas económicas y sociales que determinan las oportunidades de las nuevas generaciones. Es necesario reforzar las condiciones que permitan a los jóvenes construir proyectos de vida estables: empleo de calidad, salarios dignos, vivienda asequible, educación pública robusta y formación adaptada a los cambios tecnológicos. Para que el pacto entre generaciones siga siendo creíble es imprescindible que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas y desarrollar trayectorias profesionales estables que les permitan cotizar de forma suficiente a lo largo de su vida laboral.

Europa atraviesa un rápido envejecimiento demográfico. España combina una de las mayores esperanzas de vida con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, lo que altera la relación entre población activa y jubilada. El sistema público supera hoy los 10,4 millones de pensiones y más de 9,4 millones de pensionistas, cifra que podría acercarse a los 15 millones en 2050. En 2024 la ratio de cotizantes por pensionista alcanzó 2,44, el mejor dato en una década. Al mismo tiempo, la digitalización, la inteligencia artificial y la descarbonización están transformando el mercado laboral. Esto exige políticas de transición justa que eviten el aumento del desempleo y la precariedad. En este contexto, la inmigración puede contribuir a sostener la población activa y reforzar la base de cotizantes del sistema de pensiones.

A menudo se afirma que España gasta demasiado en pensiones. Sin embargo, el gasto actual se sitúa en torno al 13 % del PIB, en niveles comparables a los de otros países europeos. Las previsiones del Gobierno y de las instituciones europeas sitúan este gasto alrededor del 15 % del PIB hacia 2050, considerando sostenible el actual esquema de ingresos y gastos. Por su parte, la AIReF concluyó en 2025 que, en las condiciones actuales, no son necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque estima que el gasto podría situarse en torno al 16 % del PIB en 2050. El organismo está preparando actualmente una nueva evaluación del sistema.

Treinta años después de su creación, el Pacto de Toledo sigue siendo una referencia esencial de la política social española. La renovación de sus recomendaciones, prevista para este año, constituye una oportunidad para actualizar los consensos que han permitido preservar la estabilidad del sistema durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, debería asumirse un objetivo político más ambicioso: reforzar el blindaje constitucional del sistema público de pensiones mediante el reconocimiento del carácter público del sistema y de la suficiencia y actualización de las pensiones como derechos fundamentales. Garantizar pensiones públicas suficientes y sostenibles significa proteger la dignidad de quienes han trabajado toda una vida y asegurar que las nuevas generaciones puedan confiar también en ese mismo contrato social.

Toni Ferrer Sais

Ex secretario de Acción Sindical de UGT

Ex presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado

Un Sistema Público de Pensiones válido hoy y en 2050

En los últimos meses venimos asistiendo a un constante ataque desde distintos medios de comunicación, y de todo tipo, poniendo en cuestión el actual Sistema Público de Pensiones, esto no sería ninguna novedad, ya que desde que accedí al mundo laboral hace ya 50 años ya sucedía, pero ahora ante el fracaso de todas las estrategias anteriores se trata de enfrentar a las nuevas generaciones de trabajadores jóvenes con los actuales pensionistas.

Parten los críticos de las pensiones públicas de la falsa premisa de que el sistema actual no es sostenible diciendo que para garantizar las prestaciones se tienen que destinar recursos públicos que sería necesario destinar a otros objetivos. Que el sistema Público actual no ingresa lo que gasta y, por tanto, su perspectiva si no acude el Estado en su rescate es la quiebra del Sistema.

Para poner en cuestión al Sistema se suele utilizar el argumento de que los pensionistas actuales cobran unas pensiones muy superiores a la media del salario actual de los trabajadores, y en particular de los jóvenes. Este postulado es radicalmente falso. El salario medio reconocido en el último informe del Ministerio de Trabajo es de 2.531 € mensuales, y la pensión media está situada en 1.320 € mensuales.

La realidad del contenido del Sistema Público de Pensiones nos lleva a comprobar que, en la actualidad, de los 10,5 millones de pensionista, sólo 6,5 millones pertenecen a jubilación, el resto son de viudedad (2,4 millones), orfandad (350 mil); invalidez (1,1 millones); y en favor de familiares (46 mil). Pues bien, de los 6,5 millones de pensiones de jubilación 2,5 millones no alcanzan los 1.000 € de pensión, y otros 1,5 millones no llegan a los 1.500 €; solo 1,2 millones tiene una pensión superior a los 2.500 €. Y todo a lo anterior hay que poner el detalle de que son cantidades brutas, es decir que un pensionista que percibe una pensión de 3.000 € se le aplica una retención de un 23/24%.

La segunda consideración sobre el actual Sistema Público de Pensiones viene dada por su naturaleza: un sistema de reparto que consiste en la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores de hoy con sus cotizaciones y las de los empresarios, pagan las pensiones de hoy; al igual que los pensionistas de hoy, cuando estábamos en activo, pagamos las jubilaciones de nuestros antepasados. Y este sistema solidario es el actual objeto de ataque y destrucción por parte de los “grandes intereses económicos del país”, bancos, aseguradoras, fondo de inversión, etc. Y, por supuesto de los empresarios.

El argumento que se han buscado es que los pensionistas viven muy bien a costa de las cotizaciones que realizan los jóvenes de hoy en día, y que esta situación dificulta que los actuales trabajadores tengan un nivel de vida adecuado. Entre estas carencias ponen el problema de la vivienda. En definitiva, como a lo largo de muchos años de crítica no han conseguido destruir el sistema, y que la mayoría de los trabajadores suscribieran planes de pensiones privados; la última estrategia es enfrentar a los jóvenes con sus mayores.

Tal como he señalado anteriormente, no es cierto que los pensionistas cobren esas cuantías que se exhiben por parte de la derecha mediática (sólo un porcentaje menor lo cobra), y lo que deben hacer los poderes mediáticos, y entre ellos los empresarios, es reconocer unos salarios dignos, y no someter a especulación bienes que son “vitales” en el devenir de las personas: sanidad, educación, vivienda, jubilación y dependencia, servicios que se deben garantizar si o si, por un Estado que, en el artículo 1 de su Constitución proclama “como un estado social y democrático de derecho.” Igual que en su artículo 43, se reconoce el derecho a la salud, y la obligación de los poderes públicos de llevarlo a cabo; en su artículo 47, se reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna, y la obligación de promoverlas; del mismo modo el artículo 50, establece que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

El problema de la vivienda, o de los bajos salarios de los trabajadores no son consecuencia del pago de las pensiones, como pretende hacer ver la patronal, dejando caer que si no tuvieran que pagar el 28% del salario (entre la cotización empresarial y la del trabajador), ese porcentaje podría ir al bolsillo de los trabajadores. La ventaja es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Solo basta tomar un ejemplo actual para ver cuál es la realidad de los trabajadores y desmontar esa “alegoría empresarial”. En estos últimos años en los que se ha subido un poco más dignamente el Salario Mínimo Interprofesional, hemos podido comprobar como la patronal, año tras año ha venido “compensando y absorbiendo” los pequeños incrementos, cuando el trabajador tenía cualquier complemento. Y eso que estamos hablando de salarios muy poco por encima de los 1.000.-€ ¿Sabéis al bolsillo de quién iba a ir ese 28% de las cotizaciones sociales?, ya os lo digo yo, al de los empresarios, por la vía de la compensación y absorción. En pocos años estaría totalmente neutralizado, y por contra los que no encontraríamos es que los jóvenes de hoy, sobre todo los de salarios más modestos, el día de mañana ni tendría un salario digno, ni una vivienda en condiciones, y tendrían un gran problema con su jubilación.

Para los más moderados, es decir, aquellos que no plantean la destrucción del sistema, sino que hay que llevar a cabo una reforma del Sistema, la consigna es que se establezca un sistema de capitalización en lugar de reparto, esto es, que cada trabajador cobre de pensión en función de lo que ahorre o aporte. Consagrando de esta manera todavía más la desigualdad social. Porque los salarios más bajos se verían abocados a pensiones todavía más bajas, y ello llevaría a que se fomentasen mucho más los fondos privados. “Como la Sanidad no funciona bien”, más Sanidad privada y concertada; como la “educación pública no funciona bien”, ídem de ídem. Y lo mismo se pretende con estas iniciativas.

Las pensiones públicas, al igual que el Sistema Público de Salud, o la Educación, no pueden estar sometidos al criterio “mercantilista” del beneficio. Son instrumentos que garantizan o deben garantizar la equidad entre los ciudadanos y, por tanto, si se necesitan más ingresos que se suban las cotizaciones sociales; y si el Estado tiene que aportar fondos para garantizar su funcionamiento debe formar parte de sus prioridades. Nadie se pregunta si las Empresas Municipales de Transportes, o las Compañías de Metro dan beneficios. Son un servicio público, y como tal deben funcionar. Los que cuestionan el ACTUAL Sistema Público de Pensiones debían cuestionar primero la especulación tan brutal que se produce con la vivienda, o la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. La Comunidad de Madrid desde el año 2024 ha subido el precio del módulo de la vivienda de protección pública un 30%, bajo el argumento de que si no lo subía las empresas no construía viviendas públicas. ¡SIN COMETARIOS!

José Antonio Serrano

Abogado laboralista y sindicalista

Debate 12 de Marzo: Defendamos las Pensiones Públicas

Para descargar en PDF: Charla Debate 12 de Marzo

El blindaje de las pensiones

El 26 de mayo se celebró el acto que tuvo que ser suspendido el 28 de abril, con motivo del apagón sufrido en la península Ibérica. Acto organizado por ADEPPU, al que fui invitado en calidad de presidente de ASTRADE. Compartí debate con los compañeros y compañeras de cartel, sobre un tema tan importante y complejo como el Sistema Público de Pensiones.

El acto se celebró en el Centro de Mayores “Infante Don Juan”, en el distrito de Moncloa. Como quedó patente en el debate mantenido, las pensiones es un asunto que atañe de forma directa 31 millones de habitantes, más del 63% de la población: cotizantes + pensionistas, e indirectamente a las familias de todos ellos y ellas. El hecho haberse celebrado en un centro de Mayores no significa que este sea un asunto de la sola incumbencia de los y las pensionistas.

Los intervinientes coincidimos en la necesidad de blindar las pensiones como derecho; hubo quién planteó que el texto constitucional debe mencionar explícitamente que las pensiones públicas no se puedan privatizar, en concreto el compañero, de la MERP, aludiendo al caso de Chile y las AFP, un sistema de capitalización individual gestionado por fondos de inversión internacionales. Un modelo impuesto por la dictadura pinochetista al inicio de la década de los años 80 de pasado siglo. Curiosamente, cuando comenzaron a publicarse artículos y libros de “expertos” teorizando la insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Para quienes no creemos en las casualidades, esos “expertos” no pasan de ser asalariados al servicio de entidades financieras, aseguradoras y fondos de inversión. 45 años después, el pueblo chileno comprueba que aquello fue un atropello más de la dictadura; a la vista de la situación de las pensiones en Chile y la de otros sistemas como por ejemplo el español. Los análisis de dichos “expertos” han ido modificándose a medida que iban venciendo las fechas pronosticadas y se verificaban como falsas, pues los sistemas públicos de pensiones continúan sanos y son perfectamente viables. Por el contrario, los planes de pensiones privados están sufriendo los vaivenes de las bolsas, según sople la ventolera en la Casa Blanca o las crisis económicas periódicas intrínsecas al sistema económico liberal.

Continuando con la necesidad de blindar las Pensiones Públicas, en mi opinión, y así lo expuse en el acto, es necesario concretar y que esta voluntad política se plasme en una reforma constitucional que sitúe el derecho a la pensión en la sección 1ª del Capítulo Segundo, de manera que sea un derecho fundamental; reforma constitucional y en el mismo sentido que debería extenderse a derechos como la Sanidad, la Educación y la Dependencia, si queremos, de verdad que cada vez que cambiamos de gobierno no nos cambien la ley -en Educación es fácil de entender a qué me refiero-.

También plantee que se deberían blindar las pensiones culturalmente, es decir, haciendo una campaña desde donde corresponda: el Gobierno de España, el Ministerio de Seguridad Social o el de Educación, informando y formando a la sociedad en su conjunto, a los y las jóvenes en particular, sobre la naturaleza de las pensiones y como se nutren. Desgraciadamente, un elevado porcentaje de la sociedad tiene una gran confusión a este respecto. La campaña que sugiero, debería dejar claro que el sueldo de los trabajadores asalariados por cuenta ajena, y también las percepciones de los autónomos, tienen tres partes: el salario directo, el neto a percibir cada mes; el salario indirecto, el que recibimos cuando somos atendidos en un hospital, por nuestro médico de Atención Primaria o cuando el profesorado educa a nuestros hijos e hijas, servicios que son pagados con el IRFP y el ajuste anual en la campaña Renta, o sea, con los impuestos; y el salario diferido, que se compone de la cotización del trabajador y del empresario, detraídas ambas del salario mensual.

Si lo anterior quedase claro, al menos para 21.765.400 de ocupados (dato de la EPA del primer trimestre de 2025), quedarían blindadas las pensiones en el conocimiento colectivo.

Mantengo mi afirmación de que las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, son salario de los trabajadores, en nuestro sistema de solidaridad y reparto, del que los gobiernos solo tienen la competencia de gestionar, nunca de disponer de un dinero que es de las pensiones, es decir, de los y las cotizantes.

A partir de lo anterior, se abordó la necesidad de que el gobierno cumpla con el mandato establecido en la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, de encargar un Informe de Auditoría, que debería de llevar a cabo el Tribunal de Cuentas del Estado, por ser una institución del Estado independiente de quién debe encargar el informe y por ser quien en 2020 hizo público un informe sobre la Seguridad Social en el que se determinaba que, del periodo 1989 – 2013, el Estado le debe a las pensiones más de 103.000 millones de euros, en concepto de gastos indebidos, concretamente porque los gobiernos de ese periodo utilizaron indebidamente el dinero de las pensiones de jubilación para pagar los complementos a mínimos, cuando esos complemento deben pagarse con dinero de los impuestos. Recordé que el ministro de Seguridad Social, en el periodo 2020-2023, el señor Escrivá, dijo en abril de 2023 que la deuda del Estado con las pensiones ascendía ya a 140.000 millones de euros.

El Secretario Federal del PSOE para el Pacto de Toledo, Iván Fernández, informó en este punto que el actual gobierno está poniendo 25.000 millones cada año para evitar la utilización indebida del dinero de las pensiones, información que todos los presentes celebramos. Sin embargo, y siendo importante que el actual gobierno no esté ampliando la deuda del Estado con la caja de las pensiones, recordé que la Ley 21/2021 establece que el informe de Auditoría, pendiente de encargar, abre el periodo de 1967 a 2020, por lo que cabe pensar, en buena lógica aritmética, que la deuda con el Sistema Público de Pensiones debe ser bastante más elevada que 140.000 millones de euros. Realizar la Auditoría es por tanto blindar las pensiones desde el punto de vista económico, siempre y cuando el Estado haga efectiva la devolución del dinero.

Por último, Elena Asensio, de MPM, criticó que el Gobierno haya abierto la ley a que las empresas puedan acordar Fondos Complementarios en los convenios colectivos; lo que siempre se ha conocido como “previsión social”, y que las empresas se puedan estar beneficiando de ello.

Todos estuvimos de acuerdo en que este es un asunto complejo, que daría para un debate en sí mismo. No obstante, como conocedor del tema, por haber sido representante sindical del sector financiero, además de trabajador de este sector, el cambio sustancial que ha aparecido es que, antaño los trabajadores de las grandes empresas, en sus convenios sectoriales, recibían aportaciones anuales a estos Fondos, mientras que ahora se está haciendo que los trabajadores aporten dos veces: una de forma directa, detrayendo del sueldo una cantidad mensual, y otra como siempre ha sido; haciendo la empresa la aportación al 100% siendo salario diferido, complementario a la cotización a la Seguridad Social.

Con esto se abre la puerta a posibles bonificaciones y/o exenciones en las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social, lo que equivaldría a decir que las empresas reciben dinero de las pensiones, lo cual es como poco una imprecisión, propia de un tema arduo.

Termino dando las gracias a los organizadores, y a la compañera Leonor Moggio en particular, por organizar estas reuniones de trabajo y por tener siempre en cuenta a la Asociación Trabajo y Democracia.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

Defendamos los Servicios Públicos

Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia

Son los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, pero no son los únicos.

El domingo 23 de marzo miles de personas nos hemos manifestado en las calles de Madrid, pasando por la puerta del Congreso de los Diputados, para reclamar la defensa efectiva de los servicios públicos, es decir, para pedir que se les dote de mayor presupuesto y para que se desprivatice lo privatizado.

Los servicios públicos están infradotados presupuestariamente, prueba de ello es la falta de profesionales y medios que se sufre en todos ellos: falta de pediatras en la atención primaria madrileña, falta de medios para el tratamiento del cáncer en Soria, déficit de personal de enfermería en Andalucía… son ejemplos concretos de la situación que se vive, aunque sería más correctos decir se sufre, en todas las comunidades autónomas, en unas con mayor intensidad que en otras, pero en la práctica totalidad hay un deterioro del sistema sanitario público.

Según datos de la OCDE, España gasta un 20% menos en Sanidad que la media de los países europeos. Pero el déficit no solo afecta a la Sanidad. En la Educación Pública de primaria y secundaria hay déficit se personal docente y de apoyo, de tal modo que cada día es mayor la carga de trabajo administrativo que los docentes se ven obligados a soportar. La infra dotación presupuestaria en las universidades es galopante.

El déficit de personal en las residencias de mayores es endémico y la escasez de plazas en función de las necesidades es brutal: a primeros de año se estimó que, en el conjunto del país, se necesitaban 35.000 plazas para atender la demanda de personas con Dependencia Severa. En Madrid son 270.000 las personas que, teniendo más de 65 años, viven solas.

Además del déficit presupuestario, que provoca la escasez de personal y medios, la Sanidad, la Educación y la Dependencia tienen en común la privatización por la vía de los conciertos y convenios con entidades privadas, lo que supone una sangría de dinero público que se despilfarra y va a parar al accionariado de fondos buitre y todo tipo de especuladores, caldo de cultivo para la corrupción.

Carrera de San Jerónimo (Madrid) 23 de marzo-25

Las pensiones tienen un elemento fundamental, como es que las pensiones por jubilación, orfandad y viudedad no se pagan con impuestos, sino que son parte del salario que los trabajadores y trabajadoras destinamos al pago de las pensiones.

Es la parte que pone el Estado, para los complementos a mínimos, la que se nutre con los impuestos. Y es la utilización indebida del dinero aportado por los trabajadores y trabajadoras lo que ha generado una deuda del Estado para con las pensiones valorada, en 2023, en más de 140.000 millones de euros, según el ministro de Seguridad Social, en Sr. Escrivá -hoy Gobernador del Banco de España-. Y es por este motivo que el movimiento de pensionistas consiguió que en la Ley 21/2021 se introdujese la Disposición Adicional Sexta, por la que tenía que encargarse un informe de Auditoría que abarcase el periodo 1967 a 2019. Pero este precepto legal no ha sido cumplido por el actual Gobierno. Hay que continuar exigiendo el cumplimiento de la ley, para saber cuánto dinero debe el Estado a las pensiones, es decir a los trabajadores y trabajadoras, de modo que se termine de una vez por todas con las dudas interesadas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Y, en todo caso, el Estado debe ingresar la cantidad de dinero reconocida por el Ministerio de Seguridad Social y por los informes del Tribunal de Cuentas.

Hay otros servicios que deberían ser un servicio público, pero que no lo son. Solo dos ejemplos: Vivienda y Banca.

Desde 1981 se vienen haciendo planes plurianuales para la promoción de viviendas protegidas. Hay que aseverar que el Estado ha fracasado estrepitosamente en esta materia. El error es de enfoque, y es que, en lugar de pensar en el número de hogares que el Estado debía proveer, se ha pensado siempre en utilizar la promoción de vivienda de protección oficial para fomentar la actividad económica. El mercado, no conforme con eso, se ha dedicado a corromper a los políticos que se han prestado a ello para hacerse, a bajo coste, con la propiedad de las viviendas construidas con dinero público; es el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo de la alcaldía de la señora de Aznar.

La banca por su parte es un negocio cautivo en manos de una oligarquía bancaria. Un negocio que cuanto más sufre la mayoría de la sociedad mayores beneficios consiguen, a costa de comisiones abusivas, altos intereses en los productos financieros y prácticamente nula remuneración a los depósitos, incluso en etapas en las que el precio del dinero ha subido. Este paraíso del beneficio especulativo se ha creado en dos etapas: una primera con la privatización de la red de banca pública que tenía el Estado, Argentaria; y una segunda con la dilapidación de las cajas de ahorro, de las que se han apropiado los bancos, con la jugosa aportación del Estado, por valor de más de 100.000 millones de dinero público -35.000 de coste de la SAREB + 65.000 dinero para el saneamiento de las entidades-. Tras estas acciones del Estado a favor de los intereses del capital financiero, ha venido la conformación de un oligopolio de 5 grandes entidades que no han colmado sus ansias de concentración.

Los servicios públicos no son un lujo, ni un capricho, son una necesidad que se paga principalmente con las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras, a través de los impuestos y las cotizaciones. Es la minoría, pudiente, la que, insolidariamente, no quiere pagar impuestos y en los servicios públicos no ve una necesidad, porque ellos no los necesitan.

De modo que es de celebrar que haya movilizaciones en defensa de los servicios públicos, la pena es que no haya más y que no las convoquen en unidad todas las organizaciones de los trabajadores, políticas y sindicales.

La mejor vacuna contra el fascismo son los derechos sociales y una buena red de servicios públicos.

Inicio de la manifestación en la Puerta del Sol (Madrid) 23mar25
Roberto Tornamira
Socialista afiliado al PSOE en Madrid

Cuando les interesa…la derecha se junta

PP, VOX, PNV y JUNTS se unen para impedir el aumento de las pensiones y el escudo social para las familias más vulnerables

UGT y CCOO convocan movilizaciones el próximo 2 de febrero

El pasado miércoles 22 de enero tuvo lugar la derrota del gobierno en la votación para la aprobación de la Ley Ómnibus gracias a la alianza de PP, VOX, PNV y Junts, es decir, la derecha franquista y la derecha nacionalista y carlista.

Más allá de las estrategias de gobierno y oposición, y más allá de la posibilidad de aprobar a golpe de decreto ley gran parte de las medidas derogadas con la no aprobación de la Ley Omnibus, lo que queda claro es una cosa: a las derechas patrióticas (cada una con su bandera) le interesan bien poco los ciudadanos y ciudadanas, y les interesa muy mucho echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Unos, la derecha franquista, porque nunca reconocieron la voluntad mayoritaria del pueblo de conformar un gobierno de progreso. Los otros, la derecha nacionalista, con sus diferencias, porque siempre antepusieron el interés del mercado a los derechos sociales.

La alianza de la derecha franquista y la derecha nacionalista ha impedido la aprobación del paquete de medidas recogidas en la Ley Omnibus, demostrando que cuando les interesa se unen

Sea como sea, los efectos del No de Junts, PNV, PP y VOX a la Ley Omnibus no se han hecho esperar. Entre otros:

  • A la mañana siguiente de la no aprobación de la ley, RENFE comenzaba anunciar en la megafonía de todas las estaciones, el final de la validez de los abonos gratuitos de transporte que sobre todo utilizan estudiantes y trabajadores.
  • 9,26 millones de pensionistas en toda España verán esfumarse el aumento del 2’8% de las pensiones contributivas (de hasta el 6% en muchos casos) y del 9% de las no contributivas
  • Desaparecen también los incrementos del Ingreso Mínimo Vital dirigidos a la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social y que en noviembre de 2024 afectaba a más de 2 millones de personas que conviven en 665000 hogares.
  • Desaparece momentáneamente el SMI hasta una previsible nueva regulación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que en España hay entre 2,2 y 2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional según los sindicatos.
  • Desaparece la prohibición de cortar la luz, el gas o el agua a los consumidores en situación de vulnerabilidad econòmica.
  • Desaparece la prohibición de deshaucios a familias en situación de vulnerabilidad y sin solución habitacional.
  • Desaparece la norma que permite agilizar la construcción de vivienda social.

Es necesaria una gran movilización social, política y sindical para defender las pensiones y derechos sociales negados por la derecha franquista y nacionalista

En definitiva, las derechas (las nacionalistas periféricas y centralista) unen sus fuerzas para negar a la mayoría social de nuestro país algunas de las medidas sociales que más impacto tienen sobre los ciudadanos. Como ha anunciado el secretario general de la UGT el Parlamento no puede secuestrar los derechos de la clase trabajadora, y por ello, han convocado movilizaciones el 2 de febrero para reclamar al Gobierno la aprobación de un nuevo paquete de medidas mediante un real decreto ley.

Se impone un nuevo escenario para revertir las consecuencias del NO de las derechas a la ley Omnibus que pasa por la aprobación por Decreto Ley del aumento de las pensiones y de aquellas medidas que pueden conseguir un consenso más amplio, pero también para iniciar una gran movilización social, política y sindical para parar los pies a la derecha.

Baltasar Santos
1r Secretario del PSC el Vendrell

Se llevarán tu pensión y lo sabes

Entre fiesta y fiesta muy poca gente conoce que el desfalco a la Caja Única de la Seguridad Social está entre los más 140.000 millones de euros que admitía el señor Escrivá en 2023, cuando aún era ministro de la Seguridad Social, y los 500.000 que señalaba CC.OO., en un informe. Si, has leído bien. Pero todavía queda dinero contante y sonante así que el interés por hacerse con lo que queda por parte de Fondos Buitre, Bancos, lejos de haber remitido crece por momentos. Voy a referirme al caso vasco porque vivo y tributo en Euskadi. Tenemos que fijarnos en los datos que nos aportan y buscar el truco. La Comunidad Vasca, o Euskadi, como cada cual prefiera, tasa en 12.000 millones de euros la cantidad anual de pagos a pensionistas que hemos generado aquí el derecho a cobrar lo que antes llamaban «el retiro» tras décadas de cotización. Hacía público un diario de carácter económico que el Lehendakari Pradales remitirá para este año 2025 una propuesta al presidente Pedro Sánchez con objeto de establecer el calendario de transferencia de las competencias y el soporte económico para hacer frente al pago de pensiones y prestaciones correspondientes a los territorios que Lakua gobierna, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Si bien el mencionado diario se refiere a una cantidad de 12.000 millones de euros, El Correo, vocero calificado del BBVA no hace mucho tiempo incrementó esa cantidad hasta los 12.700 millones de euros.

El Gobierno Vasco elabora una propuesta sobre el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi que prevé remitir al Ejecutivo central antes de finalizar este año, transferencia que valora en unos 12.000 millones de euros. Esta cantidad corresponde al coste anual del pago de pensiones y prestaciones en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado este martes que trabajan «discretamente» en la elaboración de una propuesta para el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que estiman en 12.000 millones de euros, y que remitirán antes de concluir 2024 al Ejecutivo de Pedro Sánchez, es decir, para inicios de 2025. En su intervención durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha destacado que se está intentando trabajar y avanzar «discretamente» en una primera propuesta de esta transferencia, cuya «orientación» pretenden trasladar antes de finalizar el año. La señora Ubarretxena no es ninguna criatura inocente así que ha remarcado la discreción para el logro del buen fin de esta transferencia. 12.700 millones de euros, bien valen toda la discreción que sea necesaria para ella y el lobby que le acompaña.

En esta tesitura, me pregunto qué debo hacer en mi calidad de pensionista. ¿Qué hacer? Me toca decidirlo como trabajador y pensionista vasco. Así que toca analizar la situación con prudencia. En marzo de este año cumplo mi tercer año como pensionista, en 2022 me subieron el mítico 8,50%, es decir, 112 euros al mes. Fue el resultado de las movilizaciones de pensionistas, pero, sobre todo, de la enorme manifestación de Madrid, con más de 30.000 personas advirtiendo a los partidos en el gobierno y sus apoyos periféricos que mantener al PP, VOX, Cs y demás elementos en la oposición no se lograba de forma gratis et amore. Y Pedro Sánchez lo entendió.

A la vuelta a Bilbao, compañeros de Pensionistas de Euskal Herria, organismo en general cercano a EH Bildu me discutieron el alcance de aquella magnífica movilización y les emplacé a ir a Madrid para poder rebatir con criterio el alcance de la movilización de COESPE y otros grupos igualmente dinámicos en la defensa activa de las pensiones públicas.

La vida me ha cambiado bastante en este tiempo, me he incorporado a la Plataforma por la Unidad de las Pensiones Públicas y democráticamente tras un bonito debate hemos solicitado la incorporación a la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, la COESPE en el mundillo jubilado y pensionista. Y es desde esta militancia estatal con gentes de los movimientos sociales vascos que escribo esta opinión contraria a la ruptura de la Caja única de las Pensiones Públicas y favorable al actual sistema de pensiones con la exigencia añadida de que se realice una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social ya, es decir, que cumplan la Ley 21/2021. Sin transferencia alguna a ningún lugar.

Reclamo la devolución de los miles de millones de euros que los distintos gobiernos han destinado a pagar partidas que deberían haber pagado con dinero de los impuestos, y no de las pensiones. Con ese dinero se acabó cualquier supuesto déficit en las cuentas de la Seguridad Social.

Y exijo que no se entregue un solo euro a Comunidad Autónoma, empresa o Fondo Buitre, puesto que los verdaderos propietarios de ese dinero no lo autorizamos y por supuesto, jamás daremos permiso a ninguna institución para saquear el fruto del trabajo de nuestras vidas y destruir así además el futuro de las generaciones que hoy trabajan y cotizan haciéndolo desgraciadamente cada vez más en precario.

No entiendo el entretenimiento en causas menores de ILPs para subir los mínimos por la vía de la discrecionalidad política a la vez que se ignora olímpicamente que el Estado, los partidos de los consensos, los de siempre y los nuevos rindan cuentas a los 9,3 millones de pensionistas que vivimos de nuestra pensión, tras haber cotizado décadas para el fortalecimiento de ese fondo común y solidario que representa a distintas costumbres, idiomas, acentos con la certeza de que si los listos que desde las instituciones quieren hacerse con una puerta giratoria con BlacRock, Vanguard u otros parásitos de este mismo tipo, no lo van a lograr dejándonos en la ruina y con una deuda pública a la argentina.

Date cuenta que los medios del capital te cuentan que el llamado gobierno vasco reclama 12.700 millones de euros para afrontar los pagos pero te ocultan cuidadosamente que la recaudación en la llamada Comunidad Autónoma de Euskadi asciende a solo 6.000. Te lo ocultan porque al conocer los dos datos, el de ingresos y gastos preguntarás lógicamente quien paga los 6.700 millones de déficit anual.

A esto respondió el dicharachero presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV que ya saben que es deficitario, pero eso no es problema. No lo es porque ellos no van a pagar la deuda, la pagaremos los demás, los que no tenemos posibilidad alguna de acceder a la llamada «ingeniería fiscal», es decir, los que pagamos todas las facturas. La pelota también está en el tejado de EH Bildu.

Obviamente, a los que no residís en Euskadi os harán la misma jugada. Desde aquí os emplazo a participar activamente en el desarrollo de COESPE u otros organismos claros y solidarios y a trabajar activamente estéis donde estéis por la Auditoría inmediata a las cuentas de la Seguridad Social.


Igualmente me dirijo a las compañeras y compañeros que en Euskal Herria luchan por las pensiones públicas y por la Auditoría.

Es el momento de no dejarnos utilizar por cantos de sirena gregarios de la banca y los fondos buitre que tocando la fibra sensible ideológica pueden hacer inviables los pagos de nuestras pensiones.

Tenemos tres tareas: pensar, pensar y pensar.

Un abrazo efusivo desde Euskadi a todas las personas trabajadoras defensoras de las Pensiones Públicas y de todo lo público allá donde os encontréis.

Una alternativa obrera, juvenil, de clase, es urgentemente necesaria. ¡Adelante!

Joseba Izaga
Miembro de “Hemen salida por la izquierda”
para Tribuna Socialista.

El blindaje de las Pensiones Públicas

Crónica del acto del 17 de octubre en Fuenlabrada

El jueves 17 de octubre, en el Espacio Joven “La Plaza” de Fuenlabrada (Madrid), tuvo lugar un acto debate bajo el título El Blidaje de las Pensiones, en el que tuve el placer de participar.

El acto fue organizado por la Asociación Nacional de Pensionistas (ADEPPU), ejerciendo de moderadora del evento Leonor Moggio, vicepresidenta de ADEPPU.

La apertura corrió a cargo de Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, quien presentó y dio paso a la intervención de la Ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz Delgado.

En su intervención, la ministra, defendió las reformas de pensiones que este gobierno ha llevado a cabo, las cuales han permitido cerrar el mes de septiembre con 8.300 millones de euros en el Fondo de Reserva de Reserva de la Seguridad Social y una previsión de alcanzar los 9.300 a final de año.

Aseguró que el Sistema Público de Pensiones es sostenible, a pesar de los mensajes agoreros de los interesados en lanzar el mensaje de que las Pensiones no están garantizadas para el futuro.

Tras una batería de tres o cuatro preguntas que la trasladó la moderadora, la ministra abandonó el acto, por cuestiones de agenda, no participando del debate posterior.

Imagen del acto en Fuenlabrada

En el debate participamos, en el orden que aparecemos en el cartel de la convocatoria:

Diego Figueroa Álvarez, Diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. En su intervención defendió la necesidad de una reforma constitucional por la que las Pensiones públicas pasen a formar parte de los Derechos fundamentales, ubicando este derecho en la sección 1ª del Capítulo segundo del Título I.

El presidente de ADEPPU, Manuel Penelas, manifestó el apoyo de su organización a la labor del Gobierno actual, que ha revalorizado las pensiones manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas, frente a los ejercicios 2014 a 2017 en los que se revalorizaron al 0,25% cada año. Puso énfasis en que las pensiones se revalorizan por ley en base a la Ley 21/2021.

Elena Asensio, portavoz del Movimiento de Pensionistas de Madrid, recordó en su intervención que los pensionistas comenzaron a alzar su voz en las calles contra la pérdida de poder adquisitivo que ocasionó la política económica del PP. Y que el movimiento de pensionistas sale todos los “lunes al sol”, para reivindicar que se blinden las pensiones, entre otras cuestiones.

De izquierda a derecha: Elena Asensio, Roberto Tornamira, Leonor Moggio, Diego Figueroa y Manuel Penelas

En mi intervención, apoyé la necesidad de la reforma constitucional para que las Pensiones, la Sanidad y otros derechos para que pasen de estar en el Capítulo de “Principios rectores de la política social y económica” a formar parte de “Derechos fundamentales y de las libertades públicas”. Este cambio llevaría a las leyes que desarrollan las pensiones como derecho a ser orgánicas en lugar de ordinarias, evitando así el constante cambio de criterios, por ejemplo, en la revalorización, cada vez que se produce un cambio de gobierno. Sería una manera de blindar las pensiones desde un punto de vista legal.

También hice la consideración de blindar las pensiones desde un punto de vista económico, y de transparencia, cumpliendo la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, por la que el Gobierno debería encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Recordé que esta disposición legal venía del informa que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas, según el cual, en el periodo 1989 a 2028, el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros. Y que es a partir de este informe que el movimiento de pensionistas estatal comenzó a reivindicar la Auditoría. La necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social la afianzó el actual Gobernador del Banco de España, siendo ministro de la Seguridad Social, cuando afirmó, en abril de 2023, que la cifra de deuda del Estado con la Seguridad Social alcanzaba ya los 140.000 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas informó que en el periodo 1989 a 2018, el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 M€ (…) el ministro de seguridad social en 2023 afirmó que la deuda del Estado con la seguridad social ascendía a 140.000 M€. (…) Es necesaria la auditoría a las cuentas de la seguridad social

De la misma manera, se blindarían las pensiones si no se hiciesen rebajas en las cotizaciones a los empresarios, ni a los trabajadores, pues desde 1980, las cotizaciones se han rebajado un 6,1%, sabiendo que cada punto porcentual supone más de 1.200 millones de euros que la Seguridad Social deja de ingresar para el pago de pensiones.

Desde 1980 las cotizaciones se han rebajado un 6,1%. Cada punto porcentual supone más de 1200 M€ que la seguridad social deja de ingresar para el pago de pensiones.

Por último, manifesté que las pensiones, y todos los derechos, se blindan saliendo a la calle a defenderlos en unidad, y que el día 26 de octubre vamos a tener una oportunidad para hacerlo.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de TS

Las Pensiones públicas se defienden en las calles

Un año más, y ya son muchos, las asociaciones de pensionistas han salido a las calles de Madrid. Como en convocatorias anteriores, miles de personas llegadas de la práctica totalidad de las comunidades autónomas se han sumado a la Manifestación del sábado 26 de octubre.

Las reivindicaciones:

  • Revalorización de las pensiones recuperando poder adquisitivo.
  • Garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
  • Realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
  • Rechazo de cualquier pretensión de privatización de las pensiones públicas.

Se dice que las pensiones se revalorizan por ley con el IPC, pero esto es una verdad a medias. El artículo 1 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre modifica el Artº 58 de la Ley General de la seguridad Social “Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”.

El punto 2 de este artículo 58 dice: “…las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior”.

Según la FUNCAS, un “think-tank” de la obra social de la CECA, nada sospechoso de trabajar en favor de los intereses de los pensionistas, comentó en su informe sobre la evolución de los precios al consumo, y en concreto respecto a la utilización del IPC medio como valor de referencia: “…en los dos últimos años al pasar el crecimiento medio del índice de precios de consumo (IPC) del 3,1 % en 2021 al 8,4 % en 2022. No obstante, detrás de esas cifras promedio se encuentran incrementos mucho mayores en un amplio listado de bienes y servicios básicos”.

Es decir, en 2021, mientras el IPC general se fijo en el 6,5% el IPC medio fue del 3,1%.

Para dejar las cosas claras, el poder adquisitivo de las pensiones estará garantizado:

1º) Cuando las pensiones recuperen el poder adquisitivo perdido, que en el periodo 2010 a 2023 acumulan una pérdida del 6,44% (ver cuadro), pérdida provocada por los cuatro años (2014 a 2017, ambos inclusive) en los que el Gobierno del PP revalorizó las pensiones al 0,25% cada año. Y por la alta inflación de los años 2021 y 2022, en los que el IPC se situó en el 6,55 y 5,7% respectivamente.

Elaboración propia para Tribuna Socialista
Fuentes: Ministerio de Seguridad Social e INE

2º) Cuando las pensiones sean un derecho fundamental y las leyes que lo desarrollen sean orgánicas, en lugar de ordinarias, de tal modo que su revalorización no quede al albur de los cambios de gobierno y de los vaivenes del mercado.

Respecto a la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, ningún plan o sistema es sostenible si se le sangra.

Los sistemas públicos de pensiones vienen siendo atacados desde la década de los 80 del siglo XX, pues son vistos, como casi todo lo público, como nichos de mercado en los que hacer beneficio privado, devaluando el objetivo de servicio público para el que fueron creados; ocurre con la Sanidad, con la Educación, con las Residencias de mayores, con la Vivienda, etc.

En 2020, el Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en el que establecía que, en el periodo 1989 a 2018, el Estado había utilizado más de 103.000 millones de euros para realizar pagos que no correspondía pagar con el dinero de las pensiones. El ministro Escrivá, en 2023, afirmó públicamente que la deuda del Estado con las pensiones ascendía a 140.000 millones. Fue a partir del informe del Tribunal de Cuentas cuando el movimiento de pensionistas reivindicó con fuerza una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Este compromiso se incluyó en la Ley 21/2021, pero, a fecha de hoy. El Gobierno no ha cumplido con este mandato legal ni ha dado explicaciones del incumplimiento.

Garantizar el Sistema Público de Pensiones es por tanto no utilizar indebidamente el dinero cotizado para pensiones como devolver a las pensiones el dinero mal utilizado. Por eso es importantísimo que se lleve a cabo la Auditoría que está mandatada por ley, para saber realmente cuánto dinero se le debe a las pensiones desde 1967 a 2019, tal como especifica la Disposición adicional sexta de la Ley 21/2021.

Es preocupante saber que más del 50% de la ciudadanía no sabe que la Sanidad no se paga con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Esto indica que se ha olvidado para una importante parte de la sociedad que las pensiones son salario de nuestras nóminas de hoy destinado a pagar las pensiones futuras; por eso la cuestión de las pensiones es un derecho que debería defender los jóvenes también. Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones pasa por no confundir lo que se paga con impuestos, los cuales manejan los gobiernos para el gasto público, con las cotizaciones a la Seguridad Social que es dinero retenido de nuestras nóminas cada mes, a lo largo de toda la vida laboral.

Por último, hay que estar atentos a las pretensiones de las aseguradoras y las entidades financieras, ávidas de pillar la gestión de las pensiones y de desviar las cotizaciones de los trabajadores a fondos privados que, a su vez, serán sometidos a la especulación bursátil sometiendo así a las pensiones a un riesgo brutal e innecesario con el que los beneficiados serán ellos, los especuladores, cobrando grandes comisiones del negocio.

Rogelio Obrador
Activista en defensa de lo Público (Madrid)

La U.E exigirá a España recortes en las pensiones

En vísperas de las elecciones al parlamento europeo del próximo 9 de Junio, el informe «Envejecimiento 2024» de la Comisión Europea que preside Úrsula Von der Leyen (Partido Popular Europeo) tumba la reforma de las pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez y exige recortes en nuestro sistema de pensiones de unos 12 mil millones de euros.

El documento revela que España será el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido al plan de reformar el sistema sin reducir en ningún momento el gasto y encomendándose sólo a subir los impuestos a los trabajadores vía cotizaciones sociales. De hecho, Bruselas pronostica un desajuste entre ingresos y gastos que generarán un déficit del 3,1% en 2053 frente al 0,2%, por ejemplo, de 2022 así como una «tendencia ascendente hasta 2050 debido a la progresiva jubilación de los trabajadores de la generación del baby boom». Una vez que la presión demográfica disminuya en la década de 2050, creen que «el gasto público en pensiones caerá ligeramente y se estabilizará en torno al 17% del PIB». Según la Unión Europea, el aumento de los impuestos al trabajo que se aplica mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), no será suficiente para cuadrar las cuentas del sistema como quiere Bruselas y el Gobierno se verá obligado a seguir subiendo las cotizaciones o reducir el gasto para ajustar un 0,8% del PIB. Para Bruselas, vincular la subida de las pensiones al IPC hará todavía hace más grande el agujero del sistema.

Unas previsiones de la UE sesgadas y tendenciosas.

El marcado sesgo liberal de la Unión Europea se deja entrever en este informe sobre pensiones y envejecimiento que no pretende otra cosa que empobrecer a los pensionistas actuales y futuros, cargar contra las políticas sociales del gobierno de Pedro Sánchez y fomentar los planes de pensiones privadas, haciendo que las pensiones públicas se incrementen solo un 0,25% independientemente del IPC, tal y como habían propuesto y aplicado en su día los gobiernos del PP. Afirmo que las previsiones de la UE son sesgadas y tendenciosas porque se basan en una bajada de población desde ahora hasta el 2070, cuando en realidad, gracias a la inmigración España aumenta población; y un menor número de cotizantes, cuando en realidad el número de cotizantes aumenta, así como el salario mínimo interprofesional que sirve entre otras cosas para aumentar los ingresos del Estado. Por tanto, si la población crece, y el empleo y los salarios aumentan, no habrá riesgo alguno para las pensiones. Razón de más para defender los derechos laborales y sociales del conjunto de la clase trabajadora en España.

Es necesaria la auditoría pública a las cuentas de las pensiones
Por último, ante el continuo ataque a las pensiones vía argumentos de insostenibilidad del sistema de pensiones, hay que reafirmarse en que nuestro sistema de pensiones es absolutamente viable y sostenible. Sólo el expolio de nuestra caja única para otros fines que no son las pensiones contributivas, han puesto en peligro nuestro sistema.

Es por ello, que es necesario realizar la auditoría pública a las cuentas de nuestra hucha común de las pensiones, a la que se comprometió Pedro Sánchez.

Montse Salvatierra
Militante del PSC-El Vendrell