¿A LOS VIEJOS?… ¡QUE LES DEN!

Tras la crisis económica de 2008 que afectó a todos los sectores de la economía mundial y muy especialmente al sector financiero y a cuyos devastores efectos se ha unido la pandemia producida por la Covid-19 y el consecuente confinamiento de la población en la mayoría de los países del mundo; la drástica limitación de la movilidad no sólo entre países, sino entre localidades de una misma provincia e incluso entre barrios de una misma ciudad; la paralización de gran parte de la producción industrial; la escasez de materias primas; la caída del consumo de productos de no primera necesidad como el del textil de temporada; el cierre de centros de enseñanza, colegios, institutos y universidades, museos, centros culturales, bibliotecas, teatros, cines, conciertos, festivales de música o de cine, grandes eventos deportivos, gimnasios, etc., y la casi desaparición de la actividad económica en sectores clave para nuestro país como la hostelería y el turismo.

Los efectos de esta segunda crisis ha podido ser paliada en gran parte por el exitoso instrumento de los ERTE puesto a disposición de empresas y trabajadores por el Gobierno de coalición, pero que también ha traído de la mano novedades en el ámbito laboral como el teletrabajo, que antes de la crisis era una opción minoritaria y que desde los primeros confinamientos obligatorios se ha consolidado como una realidad que va a ser cada vez más habitual y vista con normalidad para un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras. En algunos casos esta opción se vive como una obligación no deseada y en otras como un derecho que ya regulan algunas normas de tipo legal.

Las consecuencias de todo lo que hemos vivido desde el inicio de esta distopía pandémica con el terrible balance de muertes, enfermedad y sufrimientos de tantos millones de personas en el mundo, están marcando un presente y un futuro sólo en parte previsto por los poderes económicos y políticos del mundo. Entre estas consecuencias destacan lo que se viene denominando con el sustantivo “brecha”, término al que se le suele añadir varias adjetivaciones que describen situaciones en las que se produce un efecto común: la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de derechos sociales, políticos o económicos en virtud de la edad, el género, la desigualdad territorial, el nivel educativo alcanzado o el acceso a servicios sociales básicos como la sanidad, la educación, la dependencia o a los servicios de las entidades financieras. Muchas personas comparten a la vez varias de las brechas mencionadas y una de las más recurrentes es la brecha en los conocimientos informáticos que sufren no sólo las personas de mayor edad sino también las de mediana edad, en muchos casos.

La exclusión financiera que vivimos en esta época de crisis globales contrasta con una tradición económica que ahora se vive como una rémora pero que creó, adaptadas a cada momento histórico, una relación económica entre trabajo, producción, financiación y crédito que empezó a configurarse ya en el siglo XV en Italia donde se crearon entidades como los llamados “pósitos”, almacenes de grano, trigo o centeno, que prestaban estos productos con réditos moderados a agricultores que hubiesen tenido malas cosechas por inundaciones o sequías y que impedían el abandono de tierras cultivables y la caída de la cantidad de grano cosechada que era necesaria para evitar hambrunas y mantener la actividad económica de las poblaciones afectadas.

Más tarde, entre los siglos XVII y XVIII, aparecen en España, siguiendo los modelos franceses o italianos, los Montes de Piedad como sucesores naturales de los Pósitos y que se constituyen como una de las propuestas económicas más positivas que puso en marcha la Ilustración en toda Europa y que trajo profundos cambios culturales y sociales como la Revolución Francesa, la fe en el progreso económico y social, la preeminencia de la razón y la búsqueda de la felicidad.

De estos Montes de Piedad surgieron las Cajas de Ahorro, que continuaron la labor de integrar a las capas sociales más empobrecidas del campo y de las incipientes industrias que fueron sustituyendo a los tradicionales productos artesanales que surtían necesidades de consumo de las mismas localidades donde se producían.

Así pues, las cajas de ahorro fundadas por entidades sociales de carácter benéfico, por ayuntamientos, diputaciones o la propia Iglesia Católica, tuvieron desde el principio la intención de lograr la inclusión en la economía de las clases populares que no tenían acceso a créditos avalados en sus precarios ingresos y sólo podían conseguirlos empeñando los aperos de labranza o las pequeñas posesiones domésticas.

La evolución posterior de estas entidades hasta su desaparición, daría para otro artículo que iría desde el papel integrador en la economía de trabajadores, obreros y campesinos facilitando créditos y préstamos al consumo o a la adquisición de tierras, locales para comercios o hipotecas para vivienda habitual a intereses moderados y asequibles al nivel económico de esas clases populares, a la mala gestión política y económica que las llevó a su desaparición de la mano de la corrupción y del acoso y derribo a las que las sometió la gran banca privada porque las cajas suponían un 52% del sistema financiero español y eran un gigante que se les escapaba de las manos.

Además, las cajas no eran entidades propiamente públicas, pero tampoco privadas al modo que lo son los bancos, las primeras eran propiedad de sus impositores y eran gestionadas por representantes políticos y sociales elegidos democráticamente y cumplían una labor social de una importancia indiscutible para un tejido social y económico muy centrado en las necesidades locales y los segundos, los bancos, son entidades privadas centradas en el beneficio propio, sus propietarios son los accionistas, sean particulares o grandes empresas y cuya labor social brilla por su ausencia aparte de su postureo publicitario.

Toda esta introducción viene a cuento del fenómeno, que ya es viral en la prensa y en las redes sociales, incluida peticiones de firmas en la plataforma change.org, de la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores, pensionistas en su gran mayoría, pero también de todas las edades que viven y trabajan en pequeños o grandes pueblos, que tienen abiertos pequeños negocios de venta de productos de proximidad y personas de mediana edad que no tuvieron acceso no ya a la enseñanza media sino a la primaria y a las que les resulta imposible utilizar con soltura los medios informáticos necesarios para gestionar su economía sin la ayuda de familiares o vecinos.

El cierre de las denominadas oficinas, agencias o sucursales, la caída del empleo en las entidades financieras a través de los ERE, despidos masivos encubiertos, prejubilaciones cada vez en peores condiciones económicas y el consiguiente cierre de esas sucursales que eran atendidas por esas personas despedidas y que hace una década estaban presentes en cada barrio de las ciudades y de cada pueblo incluso en muchas aldeas o pedanías a través de la figura de los corresponsales o corsarios, es la causa del abandono de la atención personal a los clientes no sólo de la llamada España vaciada, sino también de muchos barrios de ciudades y pueblos de mayor población. Al hilo de este desmontaje de lo que fue una banca presente en el territorio y atenta a las necesidades de los clientes particulares y la pequeña y mediana empresa, también están desapareciendo los cajeros automáticos que estaban asociados a las oficinas bancarias y también los que se encontraban en grandes centros comerciales.

Como dislate total se está barajando una idea que apoyan algunos despistados o malintencionados medios de comunicación que consiste en que los ayuntamientos, por su cuenta y riesgo, o la empresa pública de Correos instalen cajeros en poblaciones de la España vaciada o en barrios del extrarradio de las ciudades más pobladas donde se han cerrado sucursales de bancos y sobre todo de las extintas cajas de ahorro. Esta “genial” idea encierra una nueva mordida de la banca a las cuentas públicas.

En esos cajeros automáticos no sólo se retira dinero, también se realizan ingresos en efectivo y en talones o cheques. Se pagan recibos de suministros, multas de tráfico, impuestos locales, regionales o estatales. Y todo ese movimiento genera beneficios en forma de comisiones para las entidades financieras que los gestionan.

A su vez, el mantenimiento de esos cajeros genera un gasto considerable en movimiento de fondos a través de empresas de seguridad, mantenimiento técnico y recarga y retirada diaria de efectivo.

Es decir, que la instalación y gestión de esos cajeros los pagarán los ayuntamientos o una empresa pública y los beneficios limpios irán a la buchaca de los bancos a los que les importa un bledo la exclusión financiera no sólo de las personas de edad avanzada sino a las de menor edad y a las capas más desatendidas y más precarias como son los trabajadores pobres, las mujeres y los emigrantes.

Es como si la apertura de las sucursales de antaño con todos sus gastos, como alquiler o compra de locales, instalaciones técnicas, ordenadores, cajas fuertes, sistemas de seguridad y también los cajeros automáticos y su mantenimiento fueran a cargo del dinero público y los beneficios a las empresas privadas. Se ahorran todos estos gastos además de los salariales, pero sus beneficios crecen a costa de sus mal atendidos clientes y del abandono a su suerte de muchas pequeñas empresas familiares.

La gran banca ya hace al menos una década que empezó a planificar lo que para ellos era un cambio paradigmático para adaptarse a un mundo que se iba a regir por las nuevas tecnologías, apps para teléfonos móviles y tabletas, las redes sociales, las plataformas de streaming, o los servicios on line o virtuales de empresas y organismos públicos. Este proceso es imparable, y en parte positivo, pero lleva dentro el germen de la deshumanización en las relaciones humanas, económicas, laborales, sociales o políticas. Y mientras no haya contrapesos ideológicos y políticos que regulen los efectos negativos de estas experiencias globales, todos pagaremos el precio.

Hay que luchar por una ley que obligue a las entidades financieras a asumir los costes de la digitalización despersonalizada que ya se ve que no puede pararse y obligar a una atención personal (una ley ad hoc ya está en trámite pero se queda corta) a los clientes que lo requieran.

Los bancos y antiguas cajas de ahorro ya han despedido o prejubilado a casi 200.000 trabajadores y trabajadoras desde el comienzo de la crisis del 2008 y esas mismas entidades fueron rescatadas con más de 60.000 millones de euros del dinero público (ahora habrá que añadir a esa cifra los 35.000 millones de euros de la SAREB, el banco malo creado por Rajoy y De Guindos que no iba a costarnos ni un euro) y con el vaciado inmisericorde de la hucha de las pensiones que dejó el Gobierno socialista de Zapatero.

Tal vez si una banca pública creada con los restos de las cajas de ahorro, una vez saneadas a fondo en lo económico y político, hubiese sido posible, su sola existencia y presencia en ese segmento del mercado financiero habría ejercido una competencia fortísima sobre esas empresas que han olvidado su responsabilidad social con el conjunto de la población española y no habrían provocado este desbocado fenómeno de exclusión financiera que ni siquiera beneficia a la economía española y que también excluye a un gran número de pequeñas y medianas empresas.

MANOLO PEÑALOSA

Militante Socialista de Sevilla-Andalucía

Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

Manifestación en Madrid, 16 de octubre

Defendemos las Pensiones Públicas

Auditoría pública y transparente a las cuentas de la

Seguridad Social

Bajo lemas similares a los del título de esta crónica, desfilaron con cientos de pancartas colectivas y carteles artesanales: por el paseo de Recoletos, la calle de Alcalá, hasta llegar a la Puerta del Sol, no menos de 25.000 personas. Muchas de ellas llegadas desde diferentes puntos del Estado español.

No solo fue una Manifestación de jubilados, fue una Manifestación intergeneracional, en la que había familias enteras reivindicando que se realice una Auditoría, pública y transparente a las cuentas de la Seguridad Social; reivindicación que nace de la desconfianza de millones de trabajadores y trabajadoras, pensionistas, autónomos… que desde hace mucho sospechaban que con el dinero de las pensiones se pagan otros gastos impropios a los fines de las cotizaciones. Esa sospecha pasó a ser una realidad cuando el Tribunal de Cuentas, una institución nada sospechosa de antisistema, revolucionaria o izquierdista, hizo público en 2020 un informe en el que exigía al Estado a resarcir a la Seguridad Social más de 100.000 millones de euros por gastos impropios. Ese dinero obedecería únicamente al periodo 1989-2013, y habría que actualizarlo (al menos con el IPC) además de ampliar el periodo de estudio. Al calor del informe del Tesoro Público, la Federación Pensionistas de CCOO estimó que, de no haberse pagado gastos indebidamente con el dinero de las pensiones, el Fondo de Reserva, coloquialmente conocido como la “hucha de las Pensiones”, tendrán un saldo superior al medio billón de euros.

Después han sido el Banco de España y el propio señor Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quienes han confirmado lo manifestado en dicho informe, si bien no se han puesto de acuerdo en la cuantía de lo “sangrado” a la Hucha de las Pensiones. Los manifestantes corearon lemas y cánticos contra la continua sucesión de reformas de la Seguridad Social -una más está en marcha-, siempre con el objetivo de ajustar y recortar el gasto en pensiones, a nombre de una supuesta quiebra nunca demostrada.

Entre la multitud de grupos, asociaciones, colectivos y organizaciones que convocaron y se dieron cita, estuvo el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP): Comité del que participa Tribuna Socialista.

Como en todas las Manifestaciones, se repartieron comunicados, folletos y se vendieron periódicos haciéndose eco de las reivindicaciones más sentidas por la clase trabajadora: derogación de las reformas laborales, alto a los despidos en la industria, derogación de la “Ley Mordaza”, que el Emérito entregue la fortuna, acumulada delictivamente, a los pueblos del Estado español… Todo ello en un ambiente reivindicativo.

Una de las informaciones que se repartió, fue la campaña de “Sindicalistas en Defensa de las Pensiones y por la Auditoría”, suscrita por cerca de 500 sindicalistas, principalmente de UGT y de CCOO, de todos los territorios del Estado y de distintos sectores de actividad.

El sentir de las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que se dieron cita en la mañana del sábado 16 de octubre en Madrid era muy claro: “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Roberto Tornamira

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

¿De verdad es necesario reformar las pensiones?

La necesidad de reforma de las pensiones se asienta sobre una falsedad: el sistema de la seguridad social es deficitario.


El movimiento de pensionistas lleva años denunciando que algunas políticas que debían financiarse con el Presupuesto del Estado, se estaban financiando indebidamente con cotizaciones sociales, esto es, con la caja de las pensiones.
El ministro lo reconoció en Cortes en julio cuando presentaba los Acuerdos del Diálogo Social. Dijo que, además de los gastos en pensiones, con “las cotizaciones sociales se están abordando y se han abordado a lo largo de muchos años políticas de distinta naturaleza”. En el año 2020, suponían un total de 22.000 millones de euros. Escrivá reconoce que en el último ejercicio “los gastos impropios superan el nivel de déficit de la Seguridad Social”. Por tanto, si detraemos los gastos impropios, las cuentas de la Seguridad Social deberían mostrar superávit.


Conocer a cuánto asciende el saqueo que el propio Escrivá reconoce es una obligación, de ahí la exigencia de realización de una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social. Porque toda discusión sobre el futuro de la Seguridad Social exige partir de bases sólidas.


El déficit que justifica la reforma de las pensiones es un falso déficit. Son gastos dedicados a políticas de mejora de la contratación, políticas activas de empleo, subvenciones a determinados regímenes …, que no corresponde a la caja de las pensiones sino a PGE. .


El artículo 109.2 de la Ley General de Seguridad Social establece que el Presupuesto del Estado (PGE) debe hacer las aportaciones necesarias para financiar las prestaciones contributivas. En lugar de ello, Hacienda dio préstamos a la Seguridad Social. Una manipulación contable que permite que el gasto no figure en los PGE, aumentando el déficit del Estado, y, como contrapartida, en las cuentas de la S. Social aparece como gasto, creándole un déficit financiado con préstamos.


Con estas operaciones, la Seguridad Social aparece con una deuda de más de 85.000 millones de euros a 1 de diciembre de 2020.


Todas estos hechos invitan a pensar que el relato que justifica la reforma de las pensiones es una cortina de humo y por ello las organizaciones de pensionistas preparan una concentración el 16 de octubre ante las Cortes, exigiendo claridad.

Carlos Martínez
Militante UGT

Con las Pensiones, las cuentas claras

Desde la década de los 80 del pasado siglo, como mínimo, se viene poniendo a las Pensiones en el punto de mira de los recortes, además de ser el objeto del deseo del capital financiero; el gasto en pensiones está en torno a los 10.000 millones de euros mensuales, bancos y aseguradoras, nacionales e internacionales, “babean” por hincar el diente a estas macro cifras.
Los pronósticos, hipótesis y proyecciones de los economistas que trabajan para generar opinión favorable a los intereses del capital, vienen equivocándose desde hace cuatro décadas, pues, según sus predicciones, el sistema tendría que haber quebrado ya en varias ocasiones. Pero eso le ha dado lo mismo a los gobiernos.


En 1985 se llevó a cabo el primer rejón, cuando el periodo mínimo para tener acceso a la pensión pasó de 10 a 15 años y los años que se tenían en cuenta para hallar la base reguladora pasó de los 2 últimos años cotizados a los últimos 8. En 1997 se pasó de los 8 últimos años cotizados a 15. Desde la reforma de 2011, los años para hallar la base reguladora de la pensión ha ido creciendo y, a partir del próximo año 2022 será de los últimos 25 años cotizados. Cada año más de cotización que se toma para saber la base de nuestra futura Pensión, la cifra resultante decrece, pues cuanto más atrás en el tiempo el salario fue inferior. Este es solo uno de los factores que se ha utilizado para bajar la cuantía de las pensiones.


Con la reforma de 2011, se retrasó la edad de jubilación legal, de forma progresiva, de 65 a 67 (edad de jubilación que se alcanzará en 2027), y en la reforma que está en curso se alienta a que los trabajadores y trabajadoras continúen trabajando más allá de los 67. La reforma de 2013 introdujo el “factor de sostenibilidad”, que pone la pensión en relación con la esperanza de vida, y la revalorización al 0,25%, durante los años del Gobierno de Rajoy, devaluaron el poder de compra de los pensionistas al crecer las pensiones menos que los precios (IPC).


El caso es que cada vez que se reúne el Pacto de Toledo lo hace para rebajar la pensión por la que los trabajadores han cotizado a lo largo de toda su vida laboral. Argumentan que el sistema es insostenible porque comienzan a jubilarse los trabajadores y trabajadoras de la generación del “baby boom”, pero lo que no dicen es que esos trabajadores y trabajadoras, igual que son muchos para cobrar la pensión también fueron muchos y muchas para cotizar.
Como se ve, no han terminado los plazos introducidos por las reformas anteriores cuando ya está en curso una nueva reforma. Se sabe que se va a cambiar el eufemismo “factor de sostenibilidad (FS)” por otro, denominado “mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)”. El primero ya sabemos que consiste en repartir una cantidad fija a lo largo de los años desde la jubilación hasta la media de edad de mortalidad, frente al establecimiento de una pensión indistintamente de los años a los que se produzca el fallecimiento. Aún no está claro en qué consiste el MEI, pero me atrevo a pronosticar que no va a ser para subir las pensiones. Por otra parte, se penaliza a los trabajadores que se jubilen anticipadamente, aunque hayan cotizado más de 40 años. Es una media muy injusta, pues se penaliza a la generación que más ha aportado. Y puede ser doblemente injusta si se aplica a los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo entorno a los 60 años por la aplicación de un ERE.


Lo que verdaderamente supone una hemorragia económica para el sistema público de pensiones no es si hay más pensionistas o si las pensiones suben más que los precios. El problema está en tres hechos irrefutables: las consecutivas reducciones y exenciones de las cotizaciones a las empresas, la devaluación salarial, y el pago, con dinero de las pensiones, de gastos, que correspondían al Estado.


En el primer aspecto, ningún gobierno debiera haber tocado las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, pues eso es lo mismo que tocar la nómina de los trabajadores, ya que las cotizaciones a la Seguridad Social tienen carácter de salario diferido. Por tanto, lo que habría que hacer, en lugar de aplicar nuevos recortes a las pensiones, es revertir las bonificaciones y exenciones a las empresas.


El segundo factor, tiene que ver con la promesa del Gobierno de coalición, incumplida a fecha de hoy, de derogar íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012. La hegemonía del convenio de empresa sobre el sectorial, la posibilidad de los empresarios de descolgarse de la aplicación de convenio o la eliminación del principio de ultraactividad de los convenios, son tan solo tres ejemplos de los mecanismos de devaluación salarial que han tenido lugar en nuestro país desde 2010 hasta hoy.


El tercer elemento lo aportan el Banco de España, el propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sr. Escrivá, y el Tesoro Público; en relación con el dinero que debiéndose haber pagado por el Estado se pagó con el dinero de las cotizaciones. Las tres fuentes no se ponen de acuerdo en la cantidad ni en el periodo de años. Por tanto, tomo como referencia los datos del Tesoro Público, quien dice que entre 1989 y 2013, la Seguridad Social pagó, con dinero de las Pensiones, partidas que correspondían al Estado. La cantidad estimada está entre 100.000 y 155.000 millones de euros. Si, además, esa cantidad se actualizase con la capitalización que podría haber obtenido, la cifra no bajaría de los 200.000 millones de euros.


Esto último, es lo que, con justicia, lleva al movimiento de pensionistas a exigir que se realice una Auditoría pública y transparente de las cuentas de la Seguridad Social. Esta reivindicación es el eje de la movilización que ha sido convocada para el 16 de octubre próximo. Los trabajadores y trabajadoras bien merecen que se reintegre todo lo que haya sido detraído de sus cotizaciones, es decir de sus salarios.

Las cuentas claras.

Pascual Sánchez
Militante socialista

Por una auditoría pública a las cuentas de la seguridad social

En defensa del régimen de reparto de la Seguridad Social se exige una auditoría pública a las cuentas de la seguridad social

El 16 de octubre la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, junto con las más importantes plataformas de pensionistas del país, convocan a una concentración ante las Cortes, por la defensa del sistema público de pensiones exigiendo una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social, para determinar la magnitud de los saqueos sufridos por las cotizaciones sociales perpetrados por los diferentes gobiernos y su restitución a la caja única de la Seguridad Social.
Las organizaciones de pensionistas hacen un llamamiento a toda la clase obrera, a las trabajadoras y los trabajadores, activos y pensionistas, a los jóvenes, a los trabajadores en paro, a los estudiantes, para defender el futuro viable del sistema de reparto que fundamenta nuestra Seguridad Social, pues su futuro está cuestionado y en peligro por las propuestas de reformas y recortes del ministro Escrivá acordadas en el Pacto de Toledo.
Por eso, aunque los pensionistas se levantaron como rechazo a las reformas de pensiones de Rajoy, ante la continuidad de la política de recortes, manifiestan la independencia de su movimiento diciendo que ¡gobierne quien gobierne las pensiones se defienden! Y en ese marco de discusión democrática independiente han elaborado sus plataformas de reivindicaciones y exigencias: defensa del poder adquisitivo, derogar las reformas de pensiones, igualar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional, eliminar la penalización a las pensiones anticipadas a trabajadores con 40 años cotizados, subida de las pensiones de incapacidad permanente, la eliminación de la brecha de género, y rechazo a los planes privatizadores de Escrivá mediante planes de pensiones de empresa.
Las reivindicaciones no se atienden. A ellas se oponen tanto las autoridades, como los voceros de la banca y los partidarios de la privatización con fondos de pensiones. Contra las reivindicaciones se les ha dicho por activa y por pasiva que no hay recursos, que es imprescindible hacer recortes. Sin embargo los pensionistas, particularmente de la COESPE, han demostrado que toda esa argumentación era falsa. Han constatado que durante décadas, principalmente los anteriores gobiernos, han desviado las cotizaciones sociales para financiar otros gastos. Según CCOO el desvío de recursos en 2016 ascendía a 519.104 millones de euros y con posterioridad, “Economistas frente a la Crisis” los ha calculado en 843.000 millones de euros, el 72,3% del PIB. Una cuantía que, de no haberse gastado en sostener gastos no contributivos, constituiría un importante Fondo de Reserva suficiente para hacer frente a las necesidades actuales.
Por eso los pensionistas exigen una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, para saber la verdad y conocer la magnitud del saqueo, pues si este no se hubiera producido habría suficiente dinero para atender todas las reivindicaciones y nuevas necesidades de las familias obreras. Es necesario conocer la verdad sobre lo saqueado y sentar las bases de su devolución y reposición a la caja única de la Seguridad Social.
Además, el inexcusable incumplimiento del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social por parte de los gobiernos, dando préstamos en vez de aportaciones, ha generado falsos déficits y una falsa deuda de la Seguridad Social al Estado de más de 85.000 millones de euros. La anulación de esta falsa deuda y el cese de las manipulaciones contables constituyen una exigencia democrática irrenunciable.
La defensa de la Seguridad. Social compete a todos los trabajadores. Partiendo de la COESPE se han reunido muchos apoyos, con cientos de miles de firmas, cientos de mociones de Ayuntamientos, de secciones sindicales, la Federación de Jubilados y Pensionistas y el 43 Congreso Confederal de UGT, varios congresos de CCOO, parlamentarios de 8 grupos políticos diferentes, asociaciones diversas y otras coordinadoras de pensionistas. La suscriben sindicalistas europeos: la apoyan desde Alemania la comisión internacional del sindicato IG Metall de Berlín, responsables del sindicato de servicios VERDI de Berlín, de Austria, (los sindicalistas del movimiento «Rebelión de los mayores», el movimiento «Socialdemócratas y sindicalistas contra el estado de urgencia»), de Francia (la Unión de pensionistas del sindicato Fuerza Obrera de Paris).
Pero, además, el futuro del régimen de reparto de nuestra Seguridad Social no es solo un asunto de los pensionistas, pues al financiarse con las cotizaciones sociales, que son una parte del salario, su defensa está vinculada a la lucha por la subida del SMI, a la derogación de las reformas laborales que desvalorizan el empleo, a la defensa del poder adquisitivo frente a la inflación y a la necesidad urgente de una subida general de sueldos y salarios dados los aumentos de la inflación.
Por eso desde el CATP, insistimos que la defensa del futuro de la Seguridad Social corresponde a toda la clase obrera, a los sindicalistas, a las centrales sindicales, a los trabajadores activos.
Debe tenerse presente que los acuerdos del Diálogo Social plantean la creación de un “nuevo mecanismo de equidad intergeneracional” para reducir las pensiones de nuevos pensionistas; su nombre es engañoso pues la equidad entre las generaciones se conseguirá exigiendo el mantenimiento de la tasa de sustitución de la pensión inicial respecto al último salario, cercana en la actualidad a una media del 80%. El Dialogo Social deja para más adelante la implantación generalizada de los planes de empresa pensiones privadas, exigencia del capital financiero, los bancos por meter la mano en los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.
Tampoco se deben olvidar las declaraciones del ministro Escrivá de hacer cargar sobre los trabajadores las consecuencias del saqueo que los distintos gobiernos han ocasionado a la Seguridad Social utilizando para otros gastos (reducciones en las cotizaciones empresariales, por ejemplo) los excedentes o superávits del sistema de reparto que ahora deberían aplicarse. Al futuro de las pensiones de la generación baby boom (que afecta a 11 millones de trabajadores actualmente activos) Escrivá les anunció que llegada la edad de jubilación deberán tener pensiones más reducidas o tendrán que trabajar más años.
La COESPE y buena parte del movimiento de pensionistas y algunos parlamentarios han rechazado los acuerdos del Dialogo Social, pues entre todas las propuestas del Pacto de Toledo, las ya acordadas y las anunciadas, supondrán un gran paso en la destrucción de los derechos futuros a la pensión respecto a los términos en que hoy los conocemos.
El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) llama a todos las organizaciones y colectivos asociados, a los amigos y simpatizantes, muy especialmente a los trabajadores activos y la juventud a participar en las movilizaciones del 16 frente a las Cortes convocadas por la Coespe y las principales coordinadoras de pensionistas por defensa de las reivindicaciones y el sistema público de pensiones exigiendo una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad.

¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

La transparencia de las cuentas de la Seguridad social

LA TRASPARENCIA DE LAS CUENTAS DEL RÉGIMEN DE REPARTO DE NUESTRA SEGURIDAD SOCIAL ES UNA EXIGENCIA DEMOCRÁTICA IRRENUNCIABLE

El único elemento clarificador sobre la existencia de déficits o superávits de la Seguridad Social basada en el régimen de reparto es el deducido de la fiabilidad de las cuentas públicas y de la opinión que se tenga sobre la representación e imagen fiel de la gestión en los estados financieros.

El Pacto de Toledo reconoce el efecto perverso de la política seguida por los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que el propio ministerio de Seguridad Social dice que no corresponden.

Gastos impropios lo llama. Y se reconoce de forma muy clara: “No es un asunto menor; el hecho de que las cuotas de empresas y trabajadores sean utilizadas para financiar políticas estatales con entidad propia, más allá de la Seguridad social, explicaría en buena medida el déficit actualmente existente” (Recomendación nº 1 del Pacto de Toledo). Una forma retorcida de reconocer que los estados financieros de la Seguridad Social oficiales se han dado por buenos sin depurar y separar el efecto de la indebida imputación de gastos que no eran de Seguridad Social.

Pues si esas cuentas se hubieran depurado para representar fielmente la situación económica y patrimonial de la Seguridad Social, en vez de déficits, habrían figurado superávits. Esto se llama manipulación financiera de las cuentas públicas.

En los últimos meses se ha conseguido algo importante. Gracias a las movilizaciones de los pensionistas, y muy especialmente a los trabajos y exigencias de la COESPE, se reconoce que durante años se estaban financiando con cotizaciones “gastos indebidos”, es decir, que no eran de la Seguridad Social. Puede ser un paso, pero ¿de qué sirve reconocer que ha habido una indebida utilización de los recursos de la Seguridad Social, si al mismo tiempo no se corrigen sus dañinos efectos?

Por eso, lo más sobresaliente es que entre las recomendaciones no se prevea la reparación del daño causado a las cuentas de la Seguridad Social, particularmente a sus reservas, por los saqueos continuados, durante años, que las cotizaciones sociales han sufrido a manos de los diferentes gobiernos.

Un régimen de reparto que no constituye reservas en los periodos que genera superávits está abocado al fracaso. Y ese ha sido el programa de la banca, las compañías de seguros y el capital financiero, y el instrumento para ello ha sido el Pacto de Toledo. A pesar del barniz de progresismo que todos sus partidarios otorgan al Pacto de Toledo, es necesario no olvidar los antecedentes. En 1994, cuando se aprobó la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Catalá (CiU), representante directo de la burguesía catalana y española, con el objetivo de “garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits”, se señalaba ya el centro sobre el que gravitarían las reformas. En la exposición de motivos se señaló como obstáculo para resolver la problemática de la evolución presupuestaria de la Seguridad Social, a “la estructura financiera del sistema de Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto”.

En cierta medida entre las recomendaciones propuestas se encuentran algunas que a medio y largo plazo conducirá a la dislocación el funcionamiento del régimen de reparto. Por ejemplo, la recomendación 16 que apuesta por los sistemas complementarios para “cubrir al menos las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento”, e imputando su implantación en las espaldas de la negociación colectiva.

Aplicando así le línea marcada desde la creación del Pacto de Toledo: cuestionar la solidez del régimen de reparto basado en las cotizaciones sociales, es decir, en una parte del salario, el salario diferido. El posicionamiento está en sintonía con el PDeCAT. Su representante en el Pacto de Toledo escribió que “la clave de la sostenibilidad del sistema va a ser establecer más impuestos y menos cotizaciones”. En el mismo sentido se pronuncian reiteradamente CEOE y CEPYME, reclamando negociar con los sindicatos la rebaja de las cotizaciones sociales y la eliminación de la cotización adicional por horas extraordinarias

No hay lugar para hablar de déficit. La causa de los “déficits” es el incumplimiento por los gobiernos de sus compromisos financieros con la Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social han sido objeto de unas manipulaciones que se han prolongado hasta hoy, con el gobierno del PP, y que reclaman aclaración y superación. Sobre todo, se han registrado como préstamos lo que tenían que ser simples transferencias para cubrir las carencias de ingresos del sistema de Seguridad Social

La Seguridad Social desde hace años arrastra una deuda de 17.168,65 millones de euros, causada por la concesión de once préstamos por parte de la Administración del Estado durante los años de 1992 a 1999. Se concedieron para hacer frente a gastos sanitarios del Estado y para financiar déficits de la Seguridad Social previstos en sus presupuestos iniciales, pero en ambos casos el gobierno de turno optó por financiarlos a través de préstamos, en lugar de hacerlo por transferencias corrientes.

El montante de la falsa deuda de la Seguridad Social va más allá de los 70.000 millones, y cosa curiosa, las recomendaciones del Pacto de Toledo proponen que se paguen. Para ello propone entregar los edificios del patrimonio de la Seguridad Social.

Desde un punto de vista técnico, el asunto ha sido reiteradamente abordado por el Tribunal de Cuentas, con propuestas concretas de resolución que no se atendieron. En 1996 el Tribunal dictamina que lo más adecuado es “la condonación de los préstamos, lo que equivaldría en el fondo a la concesión de una transferencia, carácter que como se ha venido sosteniendo reiteradamente en años anteriores, deberían haber tenido desde el principio”. Desde entonces se ha reiterado la necesidad de la cancelación de la deuda, por condonación o por la concesión de transferencias a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estos criterios no se aplicaron ni siquiera después de las modificaciones introducidas por la Ley 24/1997, de 15 de julio, en la Ley General de Seguridad Social (LGSS) artículo 109.2, estableciendo la financiación de las prestaciones contributivas no solo con cotizaciones sociales, sino también mediante aportaciones del Estado.

El PP, ante las necesidades de complementar la insuficiencia de las cotizaciones, en lugar de disponer las transferencias oportunas desde el presupuesto del Estado, que es lo establecido en la LGSS, después de haber esquilmado el Fondo de Reserva, disponiendo de él en importes muy superiores al límite legal establecido, se empleó a fondo en ignorar la obligación que tenia de cumplir el articulo lo 109.2 de la LGSS y reanudó la práctica de los préstamos en julio de 2017, , que lamentablemente ha continuado hasta nuestros días, e incluso se continuará a lo largo de la actual legislatura.

Una muy importante consecuencia de esa manipulación contable es simple: lo que debería haberse financiado con aportaciones del Estado a la Seguridad Social y haber sido soportado por el Presupuesto de gasto del Estado, se registra como préstamo a la Seguridad Social. Es decir, no es computable como gasto no financiero del Estado, ni por tanto como parte del déficit del Estado, sino como un déficit de la Seguridad Social. Así, se ha creado un punto de apoyo  de todos los ataques de la derecha y el capital financiero para presionar al gobierno por el cambio de modelo de Seguridad Social y las propuestas de un modelo de Seguridad Social inspirado en el modelo del Reino Unido, que como es conocido se basa en tres pilares principales, uno  de carácter público y de reparto, reducido, con el fin de combatir la pobreza y un segundo pilar basado en la capitalización, colectivo,  promovido por las empresas y que aporta  la mayor parte de la pensión. El tercer pilar, también de capitalización, individual.

Con el marco de estas referencias parece razonable plantear la exigencia de una auditoria pública que ponga cada cosa en su sitio y limpie tanta mentira interesada sobre la fortaleza de nuestro sistema de reparto basado en la fuerza y organización de la clase obrera y los salarios dignos.

Juan Miguel Fernández

Madrid

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