Categoría: pensiones

Defendamos lo público frente a la barbarie de lo privado.

Ayer fueron las pensiones, hoy las residencias, mañana volverá a ser la Sanidad.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid, este 26 de noviembre, por segundo día consecutivo; ayer fueron miles quienes se manifestaron en contra de la violencia machista, hoy han sido miles quienes ha salido a denunciar que “no fueron muertes, que fueron asesinatos”, los 7291 fallecimientos que se produjeron en las residencias de Madrid, en los primeros meses de pandemia.

Familias de los y las fallecidas, y personas que en solidaridad se han sumado a la marcha, han recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (IDA), del PP, les negó la asistencia sanitaria hospitalaria, vulnerando de este modo la Constitución del 78 que tanto defienden, en sus artículos 15 y 43, pues, ¿acaso no fue se les negó “el derecho a la vida y a la integridad física”, cuando se les dejó abandonados a su suerte, sin medidas paliativas siquiera? ¿No fue “inhumano y degradante” dejar que se asfixiaran sin ningún acompañamiento ni intento de minimizar su agonía? ¿Tutelaron los “poderes públicos y organizaron la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”?

Una parte mayoritaria de los y las jueces y fiscales parece que ha decidido dedicarse más a hacer el quite a la derecha, su opción ideológica, que a servir a la justicia. Los vericuetos jurídicos y judiciales, dejan impunes a los malhechores y sus decisiones políticas criminales, no solo negligentes: fiscales que no han escuchado a las familias ni a las trabajadoras de las residencias; juzgados que archivan las causas sin abrir juicio oral… Solo la presión social de las familias de las víctimas, su presencia en algunos medios de comunicación, el hecho de haber llevado su justa causa a las instituciones europeas… esta haciendo que casi cuatro años después se abran causas con Ayuso y su Gobierno, por los protocolos de la vergüenza, los que negaron la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de residentes en las residencias de Madrid.

En la manifestación de hoy, no solo han reclamado “Verdad y Justicia”, han exigido una Ley marco estatal

que regule el funcionamiento de las residencias, que se ponga freno al negocio por el cual se maltrata a decenas de miles de ancianos y ancianas. Cuando un servicio público se pone en manos de la iniciativa privada, el objetivo deja de ser el bienestar de los ciudadanos y ocupan su lugar la avaricia y el lucro de los accionistas, de y los fondos buitre, a quienes la salud, el bienestar y la vida digna les trae sin cuidado.

La privatización de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero cáncer de la sociedad actual: colegios, hospitales, residencias… donde el beneficio impone el recorte de personal y de las condiciones de trabajo, de la calidad de los alimentos y de su cantidad, entre otras cosas. Ciertos políticos ceden, vergonzosamente, ante los lobbies de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Los hay más desvergonzados, si cabe, como la señora Ayuso, que van en busca de esos grupos de interés económico, que viajan a Estados Unidos y otros países, para ofertar al “mejor” postor hacerse cargo de servicios públicos que ella está predispuesta a privatizar.

Los ciudadanos y ciudadanas, como hoy, como en las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública, organizadas el espacio de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, o como las grandes manifestaciones organizadas por el movimiento estatal de pensionistas, tiene que echarse a la calle a defender lo que es suyo. Nadie debería olvidar que los servicios públicos se financian y construyen con nuestros impuestos directos, cada mes que nos descuentan el IRPF de la nómina; y de los indirectos, cada vez que compramos algo y nos aplican el IVA; además de otros impuestos y tasas, como el IBI, ese del que la Iglesia está exenta.

Reclamar justicia, como reclamar que lo público no se privatice y/o que se desprivatice lo privatizado, es hacer mejor esta sociedad bárbara.

Roberto Tornamira
Miembros del Comité de Redacción de TS

Como sindicalistas, llamamos a trabajadores y trabajadoras en activo o pensionistas, a participar masivamente en la manisfestacion de 28 de octubre en Madrid.

Las organizaciones de pensionistas convocan, de nuevo, una manifestación estatal el 28 de octubre en Madrid, en defensa del sistema público de pensiones y con la exigencia de la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social en el centro de sus reivindicaciones.
Estamos hartos de que se nos repita, una y otra vez, que las pensiones futuras no son sostenibles” y que hay que aceptar nuevos recortes nuevos retrasos de la edad de jubilación, cuando el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en unos años, los gobiernos de turno sacaron más de 100.000 millones de euros de la caja de la Seguridad Social para “gastos impropios” (es decir, para pagar cosas que no son pensiones contributivas). Por eso necesitamos la auditoría para eliminar este argumento de los que quieren destruir nuestro sistema público de pensiones basado en el mecanismo solidario de reparto.
Recordamos que la auditoria es una reivindicación del movimiento pensionista, lanzada por la COESPE, que con el apoyo de un grupo de diputados por la transparencia de las cuentas públicas consiguieron que fuera incluida en la ley 21/2021 de reforma del sistema público de pensiones. Y también la auditoria es una demanda que fue aprobada en el Congreso Confederal de UGT y en
muchos congresos de Uniones Territoriales y Federaciones de CCOO.
Es inaceptable que el gobierno que se dice “progresista” incumpla este mandato parlamentario.
Desconfiamos de la última reforma de pensiones que abre la vía a la privatización de nuestra Seguridad Social a través de los fondos de pensiones de empresa y que, aunque mantiene la actualización de las pensiones según el IPC medio, deja en manos de la AIReF el futuro de esta medida. Recordamos que la AIReF es un organismo de control fiscal, creado por exigencias de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, y no los derechos de la población trabajadora y los y las pensionistas.
Somos conscientes de que sin salarios dignos no puede haber pensiones dignas.
Proponemos dirigirnos a las federaciones de pensionistas de organizaciones sindicales de toda Europa para explicar el combate en defensa de las pensiones en el Estado Español y, en particular, la movilización del 28 de octubre.
Por todo ello llamamos a sindicalistas, pensionistas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras en activo a preparar la manifestación del 28 de octubre y a participar en ella. Porque, gobierne quien gobierne, el derecho a las pensiones públicas se defiende.

Sindicalistas por la auditoria es un colectivo de militantes sindicales de UGT, CCOO y otras organizaciones, creado en 2021 para apoyar las movilizaciones del movimiento independiente de pensionistas y, en particular, la exigencia de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social: sindicalistasxauditoria@gmail.com

22 de octubre

Movilización de pensionistas

Otro año más, el movimiento de Pensionistas se ha movilizado por el centro de Madrid, para exigir que el Gobierno encargue, de una vez por todas, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como exige la Ley 21/2021 en su Disposición Adicional Sexta, para que se garantice por Ley, y no por decreto año a año, que el incremento de las pensiones sea igual o superior al IPC, y para que la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional.
Recodemos que el movimiento de pensionistas viene defendiendo el mantenimiento del poder de compra de las pensiones desde que el gobierno de Rajoy (PP), aplicase una ripia subida del 0,25% entre los años 2013 y 2018, ambos inclusive, como puede verse en la siguiente tabla:

acumulado del índice general de precios al consumo (IPC), ha sido en estos 16 años de crisis concatenadas, del 26,9% mientras que las pensiones se han revalorizado 24,1%, por lo que la pérdida acumulada es del -2,8%.

Por otra parte, parece razonable que la pensión mínima se equipare con el SMI, establecido en 1.080 euros por 14 pagas A día de hoy, la pensión mínima para un o una pensionista, sin cónyuge a cargo, es de 783,10€ por 14 pagas, mientras que, si la pensión está destinada a una persona con cónyuge a cargo, la cuantía asciende a 966,20€ por 14 pagas. En cualquiera de los casos es insuficiente para vivir, si lo comparamos con los 1.584€ del precio medio en España para una vivienda en alquiler o con los incrementos de precio de los alimentos en los últimos 12 meses: +75% el aceite de oliva, el 44,9% del azúcar, el 21,9% del arroz o el incremento general del precio de los alimentos, que en los primeros
meses del año alcanzó un +16,7%.
Para Tribuna Socialista, la reivindicación con mayor contenido es la necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social. Esta es una reivindicación que el movimiento de pensionistas sumó a su lucha a partir de los informes del Tribuna de Cuentas del Estado, en particular el de 2020, cuando se hizo público que todos los gobiernos han venido utilizando indebidamente decenas de miles de millones de euros de las pensiones para el pago de otras partidas, más de 103.000 millones de euros exactamente. Esta cifra corresponde tan solo al periodo 1989 a 2018.
En la Ley 21/2021 el gobierno se comprometió a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, algo que tendría que haber hecho en febrero de 2022. De la misma manera, esa misma Ley exige que el Gobierno presentase el informe de la Auditoría en el plazo de seis meses, es decir, que tenía hasta mediados de 2022 para presentar dicho informe. A fecha de hoy no hay noticias
del encargo de esta Auditoría que debía abarcar el periodo 1967 a 2019.
La realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por un organismo oficial no dependiente del Gobierno, con los datos de los que ya se disponen, dejaría claro de una vez por todas que el Sistema Público de Pensiones, que se dota con el salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, es perfectamente sostenible y que no precisa de reformas que lo ponen a los pies de bancos y aseguradoras con fórmulas variopintas, cuyo único objetivo es la privatización del Sistema Público.
En el Acuerdo para formar gobierno, PSOE y Sumar nada han dicho a este respecto, como nada han dicho de otras reivindicaciones sociales que piden la desprivatización de la Sanidad Pública o que se deje de financiar a la Iglesia, la católica y cualquiera otra.
Como dicen los pensionistas en sus movilizaciones, “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

La lucha en defensa de las Pensiones Públicas continua

El 25 de mayo ha tenido lugar una concentración de pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Una movilización más de las muchas que se han llevado a cabo desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy impuso la devaluación de las Pensiones Públicas, al revalorizarlas durante años con un ridículo 0,25%.

Las movilizaciones de pensionistas han motivado algunos avances para las pensiones públicas, como la revalorización del 8,5% que el actual Gobierno decidió para este año 2023 (decisión que se tomó una semana antes de la gran manifestación de pensionistas del 16 de octubre de 2022, en Madrid). Las movilizaciones de los pensionistas también han conseguido que la Ley 21/2021 obligue al Gobierno a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

La exigencia de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social comenzó siendo una reivindicación del movimiento de Pensionistas, a partir del informe que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas del Estado en el que, tras estudiar el periodo 1989 a 2013, se establecía que el Estado ha utilizado de manera sistemática e indebida más de 103.000 millones de euros. Recientemente, el ministro Escrivá ha dicho en la prensa que la deuda del Estado con las Pensiones Públicas asciende a 140.000 millones de euros.

La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a encargar una Auditoría que estudie el periodo 1967 a 2021. El Gobierno debería haber encargado la Auditoría en enero de 2022 y haber presentado el Informe de Auditoría antes de final de junio de 2022. El Gobierno no ha cumplido aún con esta obligación legal, mientras que sí ha cumplido con la condición que le imponía la UE de realizar una nueva reforma de las Pensiones Públicas.

Si el Gobierno admite que el Estado le debe, como mínimo, 140.000 millones de euros a la caja de las Pensiones ¿qué necesidad había de realizar una nueva reforma de las Pensiones, aunque fuese para incrementar los ingresos?

Si el Tribunal de Cuentas del Estado ha detallado en su informe de 2020 que los distintos gobiernos, en el periodo 1989 a 2013, han utilizado indebidamente más de 103.000 millones, y ahora el ministro de Seguridad Social admite que ya son 140.000 ¿cuántas decenas de miles de millones le debe el Estado al Sistema Público de Pensiones para el periodo 1967 a 2021?

¿Por qué se insiste en la falsedad de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?

Basta de alimentar los beneficios de las grandes corporaciones privadas con los derechos fundamentales: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

En la concentración estaba convocada para exigir, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, ¡Ya!
  • Pensión mínima igual al SMI: 1.080 € (La pensión mínima en 2023 se sitúa en 783 €).
  • Pensión de viudedad al 100% de la Base Reguladora del finado/a (hoy es del 52%).
  • Revalorización de las pensiones con el IPC, por ley, para todos los años.

Las intervenciones en el cierre de la concentración de pensionistas de esta mañana han dejado claro que la lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones continuará tras el verano de este año.

Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Reforma de las Pensiones. Basta de canciones

No estoy de acuerdo con la reforma de las Pensiones que el Gobierno ha acordado con los sindicatos UGT y CCOO, no por el conjunto de su contenido, sino por el hecho mismo de reformar el sistema. Y ahora lo explico.

Afirmo que mi discrepancia nada tiene que ver con la hipocresía desplegada por el PP y la CEOE. Estos no están de acuerdo porque la reforma no recorta las pensiones, en general, ni endurece el acceso. Para para la derecha política y económica es una cuestión de principios. Y además porque están en campaña, el PP lleva en campaña desde la noche del 10 de noviembre de 2019 y está contra que gobiernen otros que no sean ellos.

En lo que coinciden todos: Gobierno (PSOE, IU -con su traje nuevo “Sumamos”- y Podemos), los sindicatos UGT y CCOO, los partidos que han anunciado su apoyo, ERC, Buildu, PNV… y los tres más de derechas: PP, VOX más lo que queda de C´s, es en que el sistema no es sostenible y hay que hacer reformas para hacerlo sostenible.

Es en el mantra de la insostenibilidad en lo que no puedo estar de acuerdo, pues se parte de una base falsa: se insiste en que hay que subsanar la insostenibilidad del sistema.

Llevan diciendo que el sistema es insostenible desde la década de los 80 de pasado siglo, y desde entonces, bajo distintas “canciones”, lo han ido reformando: para modernizarlo, para hacerlo sostenible, porque nos obliga la UE… Cambian la música, pero la letra siempre es la misma. El estribillo de ahora es que se está comenzando a jubilar la generación de “baby boom”.

Esta reforma es continuidad, secuela o segunda parte de la anterior reforma, la de diciembre de 2021, plasmada en la Ley 21/2021. En esa primera parte se introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), a cambió del “Factor de Sostenibilidad” que introdujo la reforma impuesta por el PP de Rajoy, en 2013; factor que vinculaba la pensión a la esperanza de vida, con lo que se perdía pensión pues la cuantía fijada en la Base Reguladora se dividía entre más años que viviría el sujeto receptor de la pensión, si es que llegaba con vida a esos años estadísticos. Con el MEI no pierdes pensión en el cálculo de la misma, pero trabajadores y empresas pasaban de pagar un 0,1% y un 0,5% más de lo que se venía pagando, respectivamente. Es decir, que los trabajadores, antes de diciembre de 2021, pagaban un 4,7% y pasaron a pagar un 4,8% y los empresarios pasaron de pagar el 23,60% al 24,1%. La reforma actual, duplica esos porcentajes, por lo que a partir de ahora pasarán a pagar 4,9% los trabajadores y 24,6% las empresas, incremento que se hará a razón de una décima anual hasta 2029.

Es decir que no se bajan las pensiones, pero los trabajadores cotizarán más. Es lo que los técnicos del ministerio llaman: incrementar los ingresos en lugar de aplicar recortes. Cada cual que lo valore como quiera. En mi opinión, no quiero que me rebajen la pensión futura, como han hecho en reformas anteriores ni que me cobren más, como ocurre en esta reforma actual, no en tanto las cuentas de la Seguridad Social no estén claras.

Esta bien la solución salomónica de mantener los 25 años actuales para de computo para hallar la Base Reguladora y con el aumento a 29 años -un paso más hacia que sea toda la vida laboral- que proponía el ministro. Veremos durante cuantos años se mantiene la opcionalidad.

Podemos, IU (¿Sumar?), y el PSOE, deberían explicar por qué se penaliza a los trabajadores que cobran por encima de los 4.495,38 € -nuevo tope de cotización que se establece- ¿son también “grandes fortunas”? pues mientras que este tope crecerá a razón del IPC-1,2%, hasta 2050, la pensión máxima, que se estable en 3.058,81 €, solo se incrementará en un ripio 0,0115%.

No entro en más por menores de la reforma e insisto en que mi rechazo no es por su contenido. Mi rechazo a esta reforma, a las anteriores y a las que vengan no cambiará mientras no se cumpla, enteramente, la Ley 21/2021, en concreto su disposición adicional sexta, donde se establece que el Gobierno debería haber encargado un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social a lo largo del mes de enero de 2022 y que presentaría ese informe a lo largo del primer semestre del mismo año. Informe que tiene que abarcar el periodo 1967 a 2019.

Este compromiso incumplido, hasta hoy, se tomó en base a que el Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe, en 2020, en el que decía que el Estado ha utilizado, indebidamente, 103.000 millones de euros de las Pensiones públicas, sólo en el periodo 1989 a 2013. Es decir, que el Estado le debe a las Pensiones esa cantidad, como mínimo. Una práctica que, por lo informado por Tribuna de Cuentas del Estado, han mantenido todos los gobiernos desde antes y después de la Transición.

¿Por qué no se ha encargado ese informe de Auditoría, antes de llevar a cabo otra reforma?

¿Con qué criterio se asegura que el sistema no es sostenible, cuando el Estado es deudor del sistema de Pensiones públicas?

¿Por qué se le hace cotizar más a los trabajadores, sin previamente tener el informe Auditoría que el Gobierno se comprometió a encargar, y por tanto está obligado a encargar?

Las direcciones de UGT y CCOO deberían explicar por qué han renunciado a la exigencia que aprobaron en sus congresos de 2021, de que se realice un Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

No se debería realizar ninguna reforma de las pensiones sin, previamente, conocer la verdadera situación económica de las cuentas de la Seguridad Social y sin que el Estado se ponga al día de sus deudas.

Si a los bancos se les dio más de 100.000 millones para sanearse, dinero que nadie los ha reclamado, mucho más justificado está que al Sistema de Pensiones se le dé el dinero que se le sustrajo, sea está la cantidad que sea.

Deteriorar permanentemente el Sistema de Pensiones Públicas sólo se entiende si se pretende fomentar los sistemas privados de pensiones. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hace el Gobierno de Ayuso, en Madrid, con la Sanidad Pública?

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Misiles o pensiones

Un artículo de La Vanguardia del 23 de enero resumía con este título la situación de Francia, tras el levantamiento de la clase obrera francesa contra la reforma de las pensiones anunciada por el Presidente Macrón mientras, paralelamente, también anunciaba un aumento del gasto militar que llega a los 413 000 millones de euros (un aumento del 35%). Más de 2 millones de trabajadores participaban de la huelga y las movilizaciones. Sin embargo, a pesar de la resistencia de la clase trabajadora, la reforma se ha concretado en el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, aumentar de 42 a 43 los años para tener la jubilación al 100 por cien y empezar a desmantelar los regímenes especiales. La lucha en defensa de las pensiones continúa en Francia liderada por La Francia Insumisa haciendo tambalear al gobierno de Macron.

Pero, si en Francia se produce esta batalla, «cuando veas las barbas de tu vecino cortar…». Hace unos días, la Comisión Europea lanzaba una amenaza a España: la penalización máxima del Fondo de Recuperación si incumple con la reforma de las pensiones. ¿Y cuál es esta reforma de las pensiones que exige la UE para los españoles?

Cómputo de la pensión

La ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados. UGT y CC.OO piden. que, en líneas generales, se mejore el acceso a la jubilación porque «no hay ningún país en el que se exijan 15 años para cobrar una pensión».

Factor de sostenibilidad

Europa exige que España tenga un factor de sostenibilidad que automatice el equilibrio de las

pensiones, pero este sistema, aprobado por el PP en 2013, no lo quiere el PSOE. España quiere un Mecanismo de Equidad Intergeneracional para que las pensiones suban un 0,6 % de los cuáles el empresario se haga cargo del 0,5 % y el resto lo ponga el trabajador.

Aquí no se tiene en cuenta el aumento progresivo de la esperanza de vida y, por lo tanto, de cobro de pensiones durante más tiempo ni de otros aspectos demográficos como la natalidad o la inmigración.

Por la auditoría a las cuentas públicas

Mientras el debate sobre las pensiones cruza las fronteras para cernirse sobre nuestro país, sigue sin cumplirse la auditoría pública a las cuentas de la seguridad social, que demostraría la viabilidad del actual sistema de pensiones, y el expolio de la caja única de las pensiones cuyos fondos se han saqueado a lo largo de los años para trasladarlos a otros fines. Una vez más, desde Tribuna Socialista trasladamos la exigencia de cumplir con este compromiso.

Más presupuesto para misiles

Mientras se exige menor gasto en pensiones, por otra parte los compromisos adquiridos con la OTAN se van cumpliendo, produciéndose un incremento del gasto militar que este año está previsto en 12317 millones de euros.

Por ello, entre pensiones y misiles: ¡Pensiones!

¡Alto a la guerra!

Baltasar Santos
Comité de Redacción de TS

Cumplan y hagan cumplir la ley que establece la obligatoriedad de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social

La Ley 21/2021 aprobada el pasado 28 de diciembre en las Cortes establecía en la disposición adicional sexta, que “en el plazo máximo de un mes” DEBERÍA REALIZARSE UNA Auditoría de cuentas de la Seguridad Social.

La ley establecía igualmente que el informe debía ser “realizado en un plazo máximo de seis meses” y que se debía cuantificar los conceptos y su financiación “durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Nada de esto se ha hecho hasta el momento presente. El asunto es grave porque el propio gobierno está incumpliendo lo que aprobó y es ley. Y es mucho más grave en cuanto que el Tribunal de Cuentas cifró en 2019 en más de 103.000 millones los gastos impropios de la Seguridad Social, solo en el periodo 1989 a 2018.

La exigencia de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, solicitada por miles y miles de trabajadores y pensionistas de toda España, es fundamental. No es ningún capricho ni ocurrencia. Obedece a algo tan elemental como el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a saber dónde han ido a parar nuestras cotizaciones después de años y años. Una reivindicación exigida desde diferentes plataformas de pensionistas, y también desde diversas instancias y congresos de CCOO y UGT celebrados en 2021.

No solo se trata de saber dónde han ido nuestras cotizaciones, que ya de por sí sería importante. Se trata de demostrar que el sistema público de pensiones, basado en el sistema de reparto, es perfectamente viable y sostenible, y que no están justificadas de ninguna manera las medidas del Gobierno que tienden a recortar las pensiones.

Es por ello que suscribimos la petición dirigida a todos los diputados que aprobaron en Cortes la Ley 21/2021, y concretamente la realización de una auditoría, a que cumplan con la ley que ellos mismos aprobaron, y a que sin más dilación se proceda a poner en marcha lo que establece la disposición adicional sexta.

Tener una pensión digna que se revalorice de acuerdo con el aumento real del coste de la vida, no pone en peligro el sistema público. La amenaza del sistema público de pensiones viene como consecuencia de los gastos impropios, los bajos salarios, y de los regalos que de vez en cuando se conceden a los empresarios en forma de exenciones.

El grupo de Sindicalistas por la Auditoría acordó dar apoyo a esta iniciativa en la reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, y darle la máxima difusión.

Adhesiones recibidas de organismos sindicales:

  • Sección sindical UGT Ayuntamiento de Sant Boi Sección sindical UGT Ayuntamiento de Sabadell Sección Sindical CCOO Escuela Profesional Salesiana Sección sindical CCOO Hospital Valme de Sevilla Sección sindical UGT Ayuntamiento de Vila-real
  • Comité de Empresa de STEF-Madrid. Firma en su nombre: Salvador de Antonio Gutiérrez.
  • Sección Sindical de la CGT en STEF-Madrid. Firma en su nombre: Fernan- do René Sepúlveda García
  • Sección sindical UGT Ayuntamiento de Badía del Vallés Asamblea comarcal de la FeSP-UGT-Vallés Occidental

Adhesiones recibidas a título individual:

  • Aguado Suárez, Antonio. Socialista de Canarias Alonso, Emilio. Militante de UJP Álava
  • Alonso Malpesa, José Joaquín. Afiliado de UGT Arrúe Pintó, Ramón. Afiliado de ELA Berenguer, José Luís. Militante de UJP Álava
  • Bermúdez López, Mercè. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Calvo, Julio. Militante de UJP Álava
  • Carretero Ordóñez, Carolina. Delegada UGT-Vallés Occidental en DERMO- FARM
  • Castillo Márquez, Beatriz. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Centeno Ramírez, Raúl. Delegado de UGT Vallés Occidental en GAPSA Cervera, Paco. Profesor de secundaria. Afiliado de CCOO.
  • Cuevas Canales, Jesús, delegado de UGT ajto de Sant Boi Doblado, Carlos, delegado de UGT ajto de Sant Boi.
  • Fernández, Jordi. Delegado de UGT Vallés Occidental en VOLPAK, S.A.U. Fernández Asenjo, María Jesús. Afiliada de UGT
  • Font Petchamé, Lurdes. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ajto Saba- dell
  • Frutos, Juan Carlos. Delegado de UGT Vallés Occidental en VOLPAK, S.A.U.
  • Galcerán Borrull, Albert. Delegado de UGT Vallés Occidental en ROCHE DIAGNOSTICS
  • García de la Osada, María José. Afiliada CCOO
  • Garcçia Lucas, Maria José, delegado de UGT ajto de Sant Boi. García Polo, José. Miembro de Iaioflautas de Valencia
  • García Solís, Juan Ramón. Pensionista Yepes (Toledo)
  • Gimeno García, Mª. Dolores. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Gómez Fernández, Laura. Delegada UGT-Vallés Occ. en OHLA INGESAN González Carrasco, Raquel. Afiliada CCOO
  • Grimaldi Mijares, Gonzalo. SAT Andalucía
  • Huertas, Elisabeth. delegado de UGT ajto de Sant Boi.
  • Jiménez Castro, Miguel. Secretario del Comité de Empresa de Almacenes Pogar. Afiliado de CCOO
  • Jiménez Valero, Paloma. Coordinadora comarcal IS-PSOE CLM de la Mesa de Ocaña
  • López Bueno, Ángel. Afiliado de UGT
  • Martínez Montoro, Jesús Manuel. Yepes (Toledo)
  • Montoro Campaña, Elisabet. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Mora del Cerro, Frutos. Afiliado a CCOO
  • Mora Ortiz, Elsa. Concejal de UP en el Ayuntamiento de Yepes (Toledo). Afiliada de CCOO
  • Mora Ortiz, Olga. Móstoles (Madrid)
  • Muñoz Lázaro, Miguel. Militante de IU. Portavoz Plataforma Tarancón y Comarca en defensa del sistema público de la Seguridad Social
  • Ortiz Cabero, Milagros.
  • Pérez González, Carmen. Madrid
  • Pérez, Núria. Delegada de UGT Vallés Occidental en AEMA Pérez Sánchez, Agustina. Afiliada CCOO
  • Poch Pedret, Marc. Delegado de UGT Vallés Occidental en GAPSA Prieto Carretero, Carlos. Responsable Estatal de Contact Center de FeS- MC-UGT
  • Raboso Palomo, Luís. Portavoz plataforma pensionistas Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
  • Rascado, Jesús. Militante de UJP Álava Reyes Páez, Jordi. SYNCREON, SAU
  • Rivera Romero, Carlos. Delegado de UGT Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Rodríguez González, Luís. Delegado de UGT-Vallés Occidental en BIMBO, SA.
  • Sánchez-Celemín García, Miguel. IS-PSOE-CLM Corral de Almaguer Sánchez Fernández, Yolanda. Delegada UGT-Vallés Occidental en OHLA INGESAN
  • Sánchez, Gabriel. Militante de UJP Álava
  • Santos Pastor, Cándido. Delegado de UGT Vallés Occidental en ROCHE DIAGNOSTICS
  • Segarra, Rafa. Concejal de Podemos en Moncofar (Castellón)
  • Serrano, Adriano. Delegado de UGT Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Serrano Hermoso, Carlos. Secretario General del PCE en Segovia Tornamira Sánchez, Roberto. Militante de UGT y del PSOE en Madrid. Uriondo Gijón, Juan Carlos. Afiliado a CCOO
  • Uriondo Pita, Carmen. Militante IU en Narón (Galicia) Villasuso Vázquez, Roberto. Afiliado CCOO
  • Vitolo Guzmán, Mònica. Delegada UGT-Vallés Occidental en FEDAC

La clase trabajadora francesa defiende sus Pensiones Públicas


Encuentro de la Delegación española con Mèlenchon en París 21 de enero 2023

El jueves día 19 de enero tuvo lugar una jornada de huelga en los sectores más importantes de la actividad productiva. Huelga convocada, en unidad, por todos los sindicatos franceses y secundada por el 80% de los trabajadores y trabajadoras de sectores estratégicos: centrales nucleares, hidroeléctricas, refinerías, transporte, enseñanza… Esta jornada de huelga ha superado el paro, también exitoso, del 5 de diciembre de 2019.

Las más de 200 manifestaciones que se convocaron para la tarde del mismo día 19 desbordaron todas las previsiones más optimistas; 400.000 manifestantes en París, 140.000 en Marsella, 60.000 en Toulouse, 50.000 en Nantes… Un total de 2 millones de trabajadores y trabajadoras, jóvenes y de todas las generaciones se echaron a la calle para decirle a Macron que rechazan la reforma de la ley de pensiones que prepara su Gobierno.

Tan solo 72 horas después de la jornada de huelga, el 21 de enero, organizaciones juveniles y la “La Francia Insumisa” de Mèlenchon, organizaron una marcha por las calles de París a la que acudieron más de 150.000 manifestantes. En esta marcha participó una importante delegación de pensionistas españoles que tomaron la palabra desde la tribuna de oradores. Antes del inicio de la marcha, mantuvieron un encuentro con Jean-Luz Mèlenchon.

Tanto en la huelga y las manifestaciones del día 19 como en la gran manifestación del día 21, la clase trabajadora francesa le ha dicho al liberal Macron que no quiere trabajar más años (pretende pasar de 62 a 64 la edad legal de jubilación); a nombre de un mantra que en el Estado español conocemos bien “si no se aplica la reforma, el sistema no será sostenible”. Rechazan la ampliación del periodo de cotización a 43 años (un año más sobre los 42 actuales), para poder recibir la pensión máxima.

El mantra de la “insostenibilidad” es ya viejo y está muy manoseado. En Francia, argumenta el Gobierno, habría un déficit económico en las pensiones del 0,8% ¿Es ese el problema? Sin embargo, Macron no ha tenido ningún problema en incrementar su gasto militar en un 40% desde 2019, al pasar de 295.000 millones de euros a los actuales 413.000 millones para los años 2023 y 2024.

Apelaba Eusebio Val -corresponsal de La Vanguardia en París-, en su artículo “Francia aumentará un 35% su gasto en defensa pese a la necesidad de rigor presupuestario”, publicado el día 23 de este mes de enero, al viejo dilema “gastar en mantequilla o en cañones”, en este momento en que el suelo europeo vuelve a tener lugar un conflicto armado, desde hace 11 meses. Este es un debate que la prensa española suela eludir, pues parece que la guerra nos es ajena y nuestra única relación con la misma es de solidaridad.

No es el Gobierno francés el único gobierno europeo que pretende dar otra vuelta regresiva a su sistema público de pensiones, en España también se pretende. El común denominador es que todos los gobiernos asumen los dictados de los organismos económicos internacionales: Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional… entre otros; organismos que dicen lo que los gobiernos deben hacer, pero cuyas cúpulas directivas no son elegidas democráticamente.

Desconozco si el Estado francés ha utilizado, indebidamente, dinero de las pensiones para pagar gastos que debieran ser pagados con fondos provenientes de los impuestos; en el Estado español sí ha ocurrido, como así lo confirma un informe del Tribunal de Cuentas del Estado, emitido en 2020, en el que se cuantifica una deuda del Estado con las Pensiones de más de 103.000 millones de euros ¿En estas condiciones cómo se puede hablar de “insostenibilidad del sistema”?

Es inaceptable, aquí en Francia y en cualquier parte del planeta, que se quieran deteriorar los sistemas públicos de pensiones, para fomentar los productos financieros privados; que es lo que son en ultima instancia los fondos privados de pensiones, tomen la forma que tomen. Deteriorar lo público para inducir a los ciudadanos, a los que se lo pueden permitir, a consumir productos privados es lo que hace con la Sanidad Pública, por ejemplo, el Gobierno ultraderechista del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid.

Desde la tribuna de oradores al final de la Manifestación del 21 de enero

Es muy saludable ver que la clase trabajadora resiste, que tiene vigor para la lucha frente a las pretensiones de los agentes que trabajan para eso que llaman “libre” mercado. Todos los trabajadores y trabajadoras del mundo debemos celebrar la unidad de los sindicatos franceses, pues sin esa unidad y sin la determinación de dar la pelea en favor de los intereses de los asalariados y asalariadas, estamos avocados a perder poder adquisitivo en el salario directo (el sueldo), a retroceder a golpe de reformas en el salario diferido (las pensiones) y a que nos reduzcan a un mero servicio asistencial el salario indirecto (los servicios públicos).

Hoy podemos decir que la lucha de la clase trabajadora está viva, al menos en Francia.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario Estatal de la UGT
para el Sector Financiero, Seguros y Oficinas

Crónica del 15 de octubre de 2022, en defensa del Sistema Público de Pensiones

Por segundo año consecutivo, el movimiento de Pensionistas ha conseguido llevar a cabo una movilización muy masiva en Madrid. Al igual que el 16 de octubre de 2021, el 15 del mismo mes, pero de este año 2022, centenares de miles de personas se manifestaron desde Atocha a Callao. La policía municipal de la capital cifró la manifestación en 25.000 asistentes; por tanto, no sería exagerado decir que no menos de 40.000 manifestantes se echaron a la calle a defender el Sistema Público de Pensiones.

Manifestantes con banderas de Andalucía, Galicia, Extremadura, Cataluña… y por supuesto republicanas, llegados en tren, autocar o coche desde todos los puntos del Estado español; todos con sus propios medios, haciendo honor a la frase que Marx y Engel hicieron patrimonio de la humanidad trabajadora en el Manifiesto fundacional de la I Internacional (1864): “La emancipación de los trabajadores habrá de ser obra de ellos mismos”.

Los motivos concretos de la Manifestación eran varios, pero todos dirigidos a la defensa de las pensiones públicas, entre otros:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
  • Incremento de pensiones y salarios acorde al IPC.
  • Rechazo de la reforma que pretende llevar a cabo el ministro de Seguridad Social.

Es importante señalar que en la manifestación del pasado año también se reivindicó una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Aquella reivindicación es hoy una obligación legal, recogida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Obligación que el Gobierno tiene pendiente cumplir, según los plazos establecidos en la Disposición Adicional sexta de dicha Ley.

La Auditoría se fundamenta en el informa del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2020, que estableció que, en el periodo 1989 a 2013, el Estado ha utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros de las pensiones para pagar partidas que debiera haber asumido con impuestos.

Entre la multitud de pancartas se podían leer consignas como: “Que los bancos devuelvan los 60.000 millones”, en alusión al dinero público prestado a la banca en la crisis de 2008, o “Ni un euro para la Guerra”, en clara crítica al sustancioso incremento de los gastos militares en los presupuestos del año próximo.

Entre los asistentes no solo había pensionistas o sindicalistas que acudían a título individual. Había familias con sus hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y jóvenes que expresaban que las pensiones no son un problema solo de los mayores.

Tan solo once días antes de esta manifestación, el 4 de octubre, el Gobierno hizo pública su “pretensión” de subir las pensiones “alrededor” del 8,5%, según palabras de la Ministra de Hacienda. Muchos asistentes valoraron positivamente este anuncio, aunque consideraban que había sido un anuncio con el objetivo de desinflar la asistencia a la manifestación. No obstante, no olvidan que, en 2021 los y las pensionistas de nuestro país perdieron entre 3,5 y 4 puntos de poder adquisitivo: las pensiones se incrementaron en el 2,5% para los contributivas y un 3% para las mínimas y las no contributivas, frente a un IPC real del 6,5%.

Muchos de los asistentes eran militantes de diversos sindicatos, incluidos UGT y CCOO, por lo que son conscientes de que los salarios se incrementan en la negociación de los convenios colectivos. Por ello, no comparten la propuesta de “Pacto de Rentas” que ha lanzado el Gobierno a patronal y sindicatos, cuyo incremento rondaría el 3% anual con una duración de tres años. Pacto que ha encallado por la negativa de la CEOE a asumir las cláusulas de revisión salarial que garantizarían que los salarios se revisasen con el IPC de cada año. A cierre del mes de septiembre, la subida media en los convenios colectivos es del 2,61%, en los que han alcanzado acuerdo, por lo que si el IPC se cierra en el entorno del 8,5% que estima el Gobierno, los salarios perderían en promedio casi un 6%; que habría que sumar al 4,1% de pérdida de poder de compra de los salarios en 2021: la media de la subida salarial en los convenios fue del 2,4%.

Se corearon cánticos contra la reforma de la Ley de Seguridad Social que plantea el ministro Escrivá, por la que se ampliaría de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora que establece la pensión futura de los pensionistas. Se estima que, si esta reforma se lleva a cabo, las pensiones perderían una media del 8%.

La satisfacción de los convocantes, por la masiva asistencia, confirmaba que la movilización es el único método para alcanzar las justas reivindicaciones de la mayoría social, y el Sistema Público de Pensiones lo es.

Rogelio Obrador
Militante socialista de Madrid

Sindicalistas en Defensa de las Pensiones

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018(1), en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.

Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

  1. https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf