Carta a Pedro Sánchez

Nota introductoria a la Carta a Pedro Sánchez

El grupo de Sindicalistas que promueve esta misiva al presidente del Gobierno, nace en octubre de 2021, a partir del Llamamiento reivindicativo de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, secundado por casi 500 firmantes, hombres y mujeres militantes de distintas organizaciones sindicales de clase, de la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

A mediados del mes de julio del presente año, se han dirigido al presidente del Gobierno, para trasladarle su compromiso con la defensa del Sistema Público de Pensiones. Coherentemente, le exigen que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social; que, a diferencia del pasado año, ha pasado de ser una reivindicación a una obligación contraída en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre.

Los y las firmantes de la carta, recuerdan a Pedro Sánchez que se han incumplido los plazos que el Gobierno asumió en la citada ley, en cuya disposición adicional sexta, el Gobierno se comprometió a encargar un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social en el plazo de un mes, y a presentar este informe en el plazo de seis meses ante la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados.

Los y las sindicalistas, remarcan en la carta su preocupación por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, por la que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones pretende, con acuerdo del Gobierno en su conjunto, elevar el número de años para hallar la base reguladora de la pensión de 25 a 35 años.

Les parece inaceptable que el Estado sea deudor de la Seguridad Social en cientos de miles de millones de euros; deuda que han acumulado la práctica totalidad de los gobiernos desde 1967, y que por el contrario se continúen llevando a cabo reformas de la Ley de Seguridad Social de recorte.

Estos y estas sindicalistas esperaban una respuesta por parte de Moncloa, respuesta que a fecha de hoy no se ha producido.

En defensa del Sistema Público de Pensiones, con la exigencia de que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en Ley, y para protestar por la brutal pérdida de poder adquisitivo que salarios y pensiones están sufriendo por el alza de los precios, este grupo de sindicalistas anuncia que llamará a participar y se sumará a la Manifestación prevista para la mañana del 15 de octubre en Madrid, en el cortejo y tras la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP.

La Carta

Complejo de la Moncloa

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Secretario general del PSOE y presidente del Gobierno

Avenida de Puerta de Hierro, S/N

28071 Madrid

Presidente:

Nos dirigimos a ti, militantes del PSOE y miembros de otras organizaciones y colectivos de los movimientos sociales, para expresarte nuestra preocupación por las reformas que, desde el Gobierno que presides, se están operando en la Ley de Seguridad Social y otras legislaciones que afectan al Sistema Público de Pensiones.

Hace ya décadas, desde el pasado siglo, que los lobbies, gabinetes de estudios y supuestos expertos al servicio del mundo financiero se lanzaron a teorizar sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones, en todo el mundo. Sin embargo, las fechas en las que profetizaban que los sistemas quebrarían han ido venciendo y los sistemas públicos de pensiones continúan siendo viables. Prueba de ello es el papel que los y las pensionistas del Estado español jugaron en la crisis de 2008 y años subsiguientes, siendo una autentica red de seguridad para las familias trabajadoras y para la sociedad en su conjunto, pues, muy probablemente, el esfuerzo de nuestros mayores evitó un estallido social:

En el periodo que va del 2008 al 2016, los hogares en los que el cabeza de familia tenía más de 65 años aumentaron su gasto en alimentación y bebidas no alcohólicas un 36,9% mientras que en aquellas familias en que la persona de referencia tenía menos de 44 años se dio un descenso del 22,3%.” Datos del Observatori Bon Preu i Esclat del consum alimentari a Catalunya, elaborado por Josep Oliver (UAB) y Ramon Roig y Xavier Segura (Tracis).

Nos preocupan las reformas que se están introduciendo en la Ley de Seguridad Social y las que se anuncian, como la que tu Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, atendiendo a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, anuncia que se aumentaría a 35 años el periodo de cotización para hallar la base reguladora.

Estas reformas, y las que se vienen haciendo desde 1985, están enfocadas a reducir la tasa de reposición, a endurecer el acceso a la pensión y a paliar las exenciones y bonificaciones que los distintos gobiernos venís haciendo a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no son otra cosa que salario diferido de los trabajadores, debiendo ser un concepto intocable. Esto no es una mera opinión, con datos de la Seguridad Social: en 1980, las empresas cotizaban el 29,25% de la base de cotización y el trabajador el 5,15%. Hasta el acuerdo de primeros de 2022, las empresas han estado cotizando el 23,60% y los trabajadores un 4,70%. Tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, las empresas van a cotizar el 24,1% y los trabajadores el 4,8%. Es decir, que las empresas seguirán cotizando un 17,61% menos que en 1980, y los trabajadores cotizarán un 6,79% menos.

A lo anterior, hay que añadir la utilización de los fondos de la Seguridad Social para realizar pagos indebidos y en todo caso ajenos a las pensiones; como así puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas del Estado en su informe de 2020, por el que, solo en el periodo 1989-2013, el Estado ha generado una deuda en la Seguridad Social de más de 103.000 millones de euros en concepto de “pagos indebidos”.

A pesar de todos estos elementos, nuestro Sistema Público de Pensiones continúa siendo una herramienta fundamental de cohesión para el Estado y un instrumento que dignifica la vida de más de 9 millones de pensionistas en nuestro país.

Por todo lo expuesto, consideramos que, antes de acometer nuevas reformas que sigan en la senda de recorte de la las Pensiones, el Gobierno está obligado por la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, a encargar un “Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.” Pues, a fecha de hoy, se han incumplido los plazos señalados en dicha Ley. En este mismo sentido, entendemos que corresponde al Tribunal de Cuentas llevar a cabo el informe al que obliga la Ley, para el periodo 1967-2019.

Los abajo firmantes de esta carta, quedamos a tu entera disposición y de los miembros de tu equipo para abordar cualquier cuestión, relativa al Sistema Público de Pensiones, que estimes oportuna.

Atentamente.

Firmantes, a título individual, de la Carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Roberto Tornamira Sánchez – Sindicalista de UGT y militante del PSOE en la Agrupación de Arganzuela.

María José García Lucas – Secretaria General de la Sección Sindical de la UGT en el Ayto. de Sant Boi.

Miguel Sagüés Navarro – Ex abogado laboralista de CCOO. Miembro de Sindicalistas por la Auditoría.

José Miguel Villa Antoñana – Ex Secretario General de FeS-UGT.

Luis González Sanz – consejo Confederal de CCOO.

Juan Fernando Díaz – Mayordomo Martínez – Miembro de Sindicalistas por la Auditoría.

José Luis Sánchez – Miembro del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

César Serrano – Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Comarca Sur de CCOO-Madrid.

Mikel González – Secretario de Organización de UPTA-Euskadi-UGT.

José Antonio Fernández Guerras – Sindicalista de UGT.

(…) hasta 250 firmas más.

Sindicalistas en Defensa de las Pensiones

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018(1), en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.

Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

  1. https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf
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