La reforma de las Pensiones: Avances y Retos

El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por  Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP. 

La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.

La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).

El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.

Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.

Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.

El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.

El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.

También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:

  • Impulsar desde 2022 medidas para que las pensiones mínimas superen los umbrales de pobreza, según determina la Carta Social Europea.
  • Reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas con discapacidad.
  • Mejorar en el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho.
  • Realizar una auditoría de la Seguridad Social, que incluya los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el año 1967.
  • Establecer complementos específicos para los pensionistas jubilados anticipadamente con largas carreras de cotización.

Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.

Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.

Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.

Toni Ferrer

29/11/21

Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

Solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz

El pasado 19 de noviembre Tribuna Socialista remitió un mensaje de solidaridad a los compañeros y compañeras del sector metalúrgico que han defendido hasta el final sus derechos. La lucha de los metalúrgicos de Cádiz es la lucha de todos los sectores de nuestro país.

Salarios dignos para una vida digna

El día 29 de septiembre salió publicado en el BOE, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para cualquier actividad: quedó fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes según sea el tipo de contrato por meses o por días. La duración de la subida, que ha sido pactada con CCOO y UGT, será hasta el 31 de diciembre, lo que es un indicativo de que es una subida provisional, dicho de otra forma las partes reconocen la insuficiencia de este acuerdo que supone, en la práctica, alargar la situación de insuficiencia a los miles de personas que solo tiernen ese ingreso y por tanto forman parte de los trabajadores pobres. 

El incremento de 15€, supone un 1,6% de aumento sobre el SMI anterior, sin embargo el IPC ha aumentado un 3,1% de media anual en el 2021, lo que supone una pérdida de más del 50% de capacidad de compra para los más de 196.000 personas que estarán afectadas en Cataluña.

A nadie se le escapa que no es posible llegar a final de mes con 965€, máximo cuando no hay ningún control sobre el aumento de precios y la mayoría social vemos y padecemos los aumentos desorbitados en los precios de la electricidad u otros suministros de primerísima necesidad. 

Según datos de la Confederación Europea de Sindicatos el número de trabajadores pobres ha aumentado en Europa un 12%, en España 16%. Las cifras sobre la recuperación económica son optimistas, el Banco de España sitúa el aumento del PIB en el 6,3%, una pregunta es necesario contestar ¿será posible la recuperación económica sin que esa recuperación llegue a los hogares la mayoría social? El SMI no puede ser una limosna como demanda el Vaticano. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha manifestado que la subida del SMI es insuficiente, que si el 1 de enero el SMI  no se sitúa en 100€ se acabaron los pactos y empezaran las movilizaciones,  seguramente que tendremos que ir por esa vía, pues a las clases más desposeídas jamás nos han regalado nada y será mediante la movilización que tendremos que conseguir salarios suficientes para cubrir todas las necesidades para tener una vida digna.

José A Iniesta 

Comité de redacción de Tribuna Socialista

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