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Carta abierta al Sr. Escrivá, Ministro de Seguridad Social

Cumplan con la Ley 21/2021 y encarguen al Tribunal de Cuentas del Estado el obligado informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
Introducción
Con esta carta abierta, el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de la Pensiones Públicas”, vinculado al CATP, da por terminado el diálogo con el Gobierno que abrieron con la carta al presidente del Gobierno, enviada a Moncloa el 16 de julio y publicada en las páginas 16 y 17 Tribuna Socialista nº 136.
Para seguir el hilo de la carta al señor Escrivá, podéis acceder a la respuesta que el Gabinete de presidencia remitió el 18 de noviembre al grupo de Sindicalistas, publicada en la página 15 de Tribuna Socialista nº 138. Fue en base a esta respuesta de Moncloa que el 1 de diciembre los sindicalistas remitieron una carta al ministro. Ese mismo mes, la Jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió al grupo de Sindicalistas; cartas publicadas en Tribuna Socialista nº 139, en sus páginas 15 y 16 respectivamente.
El hecho de que con esta carta abierta se ponga punto y final al diálogo epistolar con el Gobierno, no significa que el grupo de Sindicalistas vaya a cejar en el empeño de continuar luchando por defender el Sistema Público de Pensiones. De hecho, en este mismo número 140 de TS, publicamos una nueva campaña que está en marcha, dirigida a los diputados y diputadas que votaron favorablemente a la Ley 21/2021, en la que se obliga al Gobierno a encargar una Auditoría, campaña desde organismos sindicales y sindicalistas.
Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Somos el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas”, vinculados al Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que, en el mes de julio, nos dirigimos al presidente de Gobierno en una carta firmada por más de 200 militantes políticos y sindicales, para trasladarle la preocupación que teníamos, y mantenemos, por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, que se prepara desde su departamento, señor Escrivá.

En dicha misiva explicábamos pormenorizadamente los motivos políticos y económicos por los que no se justifica la ampliación del número de años que se emplea para hallar la base reguladora de las pensiones. El dato principal que justifica nuestra posición nos lo da el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020 en el que, al analizar el periodo 1989-2013, concluye que el Estado es deudor de la Seguridad Social en, al menos, 103.000 millones de euros.

El 18 de noviembre, recibimos respuesta de Moncloa a la carta mencionada. Contestación del Gabinete de presidencia en la que se nos indicaba que se había dado traslado de la misma a su Ministerio. Fue por este motivo por el que el 1 de diciembre registramos una carta dirigida a usted, solicitándole una reunión, con usted y/o con su equipo, para poder trasladarle nuestras consideraciones. Con fecha 12 del mismo mes, su Jefa de Servicio, nos respondió amablemente derivándonos a otra instancia de su Ministerio.

Valoramos positivamente el intercambio epistolar que hemos mantenido y agradecemos las respuestas desde el Gobierno, si bien su contenido es de todo punto insatisfactorio. Y es por ello que hemos decidido responderle de forma abierta.

Celebramos la decisión del Gobierno por la que se incrementarán las pensiones contributivas en un 8,5%, decisión que fue tomada pocos días antes de la última gran Manifestación que discurrió por las calles de Madrid el 16 de octubre del pasado año, por lo que parece evidente que fue una respuesta positiva, tomada con antelación, a la movilización que COESPE y las demás organizaciones que componen el movimiento de pensionistas vienen desarrollando en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la subida del 8,5% para 2023, si a los futuros pensionistas les reducirán un 8% por efecto de la pretendida reforma del periodo de cálculo de la pensión, y si además no se compensa la pérdida de poder adquisitivo en relación con el IPC de 2021, que cerró en el 6,5% frente al 2,5% con que se revalorizaron las pensiones el año antepasado.

Además de estas cuestiones, que no por coyunturales menos importantes, es para nosotros y nosotras de una importancia fundamental que se lleve a cabo la Auditoría a la que el Gobierno se comprometió en la Ley 21/2021, por la que en febrero de 2022 deberían haber encargado dicha Auditoría y que en julio del mismo año deberían haber presentado el resultado de la misma.

Por otra parte, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social no puede hacerla una empresa privada por encargo del Gobierno, ni un órgano u organismo vinculado al Gobierno, pues a todas luces carecería de rigor, en tanto que sería un acto de “auto auditoría”. Es por esto que corresponde al Tribunal de Cuentas realizarla, por haber sido el órgano que puso sobre la mesa que la Seguridad Social no es deficitaria, sino acreedora del Estado, y por ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

Si en el periodo de 24 años estudiado por el Tribunal de Cuentas (1989-2013) son más de 103.000 millones de euros lo que el Estado ha utilizado indebidamente de los fondos de las pensiones, ¿a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social en el periodo 1967 a 2019, tal como marca la ley?

Parece obvio que el hecho de que el Estado sea deudor de estas magnitudes de dinero, al Sistema de Pensiones Públicas, pone fin a la idea que tanto se reitera, por partes interesadas, de que el sistema es deficitario.

Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con una ley votada por el Poder Legislativo, y por los propios partidos que sustentan al Gobierno. Exigimos que se paralicen las negociaciones para la reforma de las Pensiones y que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas
9 de enero de 2023

Cumplan y hagan cumplir la ley que establece la obligatoriedad de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social

La Ley 21/2021 aprobada el pasado 28 de diciembre en las Cortes establecía en la disposición adicional sexta, que “en el plazo máximo de un mes” DEBERÍA REALIZARSE UNA Auditoría de cuentas de la Seguridad Social.

La ley establecía igualmente que el informe debía ser “realizado en un plazo máximo de seis meses” y que se debía cuantificar los conceptos y su financiación “durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Nada de esto se ha hecho hasta el momento presente. El asunto es grave porque el propio gobierno está incumpliendo lo que aprobó y es ley. Y es mucho más grave en cuanto que el Tribunal de Cuentas cifró en 2019 en más de 103.000 millones los gastos impropios de la Seguridad Social, solo en el periodo 1989 a 2018.

La exigencia de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, solicitada por miles y miles de trabajadores y pensionistas de toda España, es fundamental. No es ningún capricho ni ocurrencia. Obedece a algo tan elemental como el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a saber dónde han ido a parar nuestras cotizaciones después de años y años. Una reivindicación exigida desde diferentes plataformas de pensionistas, y también desde diversas instancias y congresos de CCOO y UGT celebrados en 2021.

No solo se trata de saber dónde han ido nuestras cotizaciones, que ya de por sí sería importante. Se trata de demostrar que el sistema público de pensiones, basado en el sistema de reparto, es perfectamente viable y sostenible, y que no están justificadas de ninguna manera las medidas del Gobierno que tienden a recortar las pensiones.

Es por ello que suscribimos la petición dirigida a todos los diputados que aprobaron en Cortes la Ley 21/2021, y concretamente la realización de una auditoría, a que cumplan con la ley que ellos mismos aprobaron, y a que sin más dilación se proceda a poner en marcha lo que establece la disposición adicional sexta.

Tener una pensión digna que se revalorice de acuerdo con el aumento real del coste de la vida, no pone en peligro el sistema público. La amenaza del sistema público de pensiones viene como consecuencia de los gastos impropios, los bajos salarios, y de los regalos que de vez en cuando se conceden a los empresarios en forma de exenciones.

El grupo de Sindicalistas por la Auditoría acordó dar apoyo a esta iniciativa en la reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, y darle la máxima difusión.

Adhesiones recibidas de organismos sindicales:

  • Sección sindical UGT Ayuntamiento de Sant Boi Sección sindical UGT Ayuntamiento de Sabadell Sección Sindical CCOO Escuela Profesional Salesiana Sección sindical CCOO Hospital Valme de Sevilla Sección sindical UGT Ayuntamiento de Vila-real
  • Comité de Empresa de STEF-Madrid. Firma en su nombre: Salvador de Antonio Gutiérrez.
  • Sección Sindical de la CGT en STEF-Madrid. Firma en su nombre: Fernan- do René Sepúlveda García
  • Sección sindical UGT Ayuntamiento de Badía del Vallés Asamblea comarcal de la FeSP-UGT-Vallés Occidental

Adhesiones recibidas a título individual:

  • Aguado Suárez, Antonio. Socialista de Canarias Alonso, Emilio. Militante de UJP Álava
  • Alonso Malpesa, José Joaquín. Afiliado de UGT Arrúe Pintó, Ramón. Afiliado de ELA Berenguer, José Luís. Militante de UJP Álava
  • Bermúdez López, Mercè. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Calvo, Julio. Militante de UJP Álava
  • Carretero Ordóñez, Carolina. Delegada UGT-Vallés Occidental en DERMO- FARM
  • Castillo Márquez, Beatriz. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Centeno Ramírez, Raúl. Delegado de UGT Vallés Occidental en GAPSA Cervera, Paco. Profesor de secundaria. Afiliado de CCOO.
  • Cuevas Canales, Jesús, delegado de UGT ajto de Sant Boi Doblado, Carlos, delegado de UGT ajto de Sant Boi.
  • Fernández, Jordi. Delegado de UGT Vallés Occidental en VOLPAK, S.A.U. Fernández Asenjo, María Jesús. Afiliada de UGT
  • Font Petchamé, Lurdes. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ajto Saba- dell
  • Frutos, Juan Carlos. Delegado de UGT Vallés Occidental en VOLPAK, S.A.U.
  • Galcerán Borrull, Albert. Delegado de UGT Vallés Occidental en ROCHE DIAGNOSTICS
  • García de la Osada, María José. Afiliada CCOO
  • Garcçia Lucas, Maria José, delegado de UGT ajto de Sant Boi. García Polo, José. Miembro de Iaioflautas de Valencia
  • García Solís, Juan Ramón. Pensionista Yepes (Toledo)
  • Gimeno García, Mª. Dolores. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Gómez Fernández, Laura. Delegada UGT-Vallés Occ. en OHLA INGESAN González Carrasco, Raquel. Afiliada CCOO
  • Grimaldi Mijares, Gonzalo. SAT Andalucía
  • Huertas, Elisabeth. delegado de UGT ajto de Sant Boi.
  • Jiménez Castro, Miguel. Secretario del Comité de Empresa de Almacenes Pogar. Afiliado de CCOO
  • Jiménez Valero, Paloma. Coordinadora comarcal IS-PSOE CLM de la Mesa de Ocaña
  • López Bueno, Ángel. Afiliado de UGT
  • Martínez Montoro, Jesús Manuel. Yepes (Toledo)
  • Montoro Campaña, Elisabet. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Mora del Cerro, Frutos. Afiliado a CCOO
  • Mora Ortiz, Elsa. Concejal de UP en el Ayuntamiento de Yepes (Toledo). Afiliada de CCOO
  • Mora Ortiz, Olga. Móstoles (Madrid)
  • Muñoz Lázaro, Miguel. Militante de IU. Portavoz Plataforma Tarancón y Comarca en defensa del sistema público de la Seguridad Social
  • Ortiz Cabero, Milagros.
  • Pérez González, Carmen. Madrid
  • Pérez, Núria. Delegada de UGT Vallés Occidental en AEMA Pérez Sánchez, Agustina. Afiliada CCOO
  • Poch Pedret, Marc. Delegado de UGT Vallés Occidental en GAPSA Prieto Carretero, Carlos. Responsable Estatal de Contact Center de FeS- MC-UGT
  • Raboso Palomo, Luís. Portavoz plataforma pensionistas Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
  • Rascado, Jesús. Militante de UJP Álava Reyes Páez, Jordi. SYNCREON, SAU
  • Rivera Romero, Carlos. Delegado de UGT Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Rodríguez González, Luís. Delegado de UGT-Vallés Occidental en BIMBO, SA.
  • Sánchez-Celemín García, Miguel. IS-PSOE-CLM Corral de Almaguer Sánchez Fernández, Yolanda. Delegada UGT-Vallés Occidental en OHLA INGESAN
  • Sánchez, Gabriel. Militante de UJP Álava
  • Santos Pastor, Cándido. Delegado de UGT Vallés Occidental en ROCHE DIAGNOSTICS
  • Segarra, Rafa. Concejal de Podemos en Moncofar (Castellón)
  • Serrano, Adriano. Delegado de UGT Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Serrano Hermoso, Carlos. Secretario General del PCE en Segovia Tornamira Sánchez, Roberto. Militante de UGT y del PSOE en Madrid. Uriondo Gijón, Juan Carlos. Afiliado a CCOO
  • Uriondo Pita, Carmen. Militante IU en Narón (Galicia) Villasuso Vázquez, Roberto. Afiliado CCOO
  • Vitolo Guzmán, Mònica. Delegada UGT-Vallés Occidental en FEDAC

Carta al Ministro de Seguridad Social

Nota Introductoria a la Carta

El grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de las Pensiones Públicas” inició, el pasado mes de julio, un diálogo con el Gobierno para exigir la puesta en marcha de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social que exige la Ley 21/2021 y para rechazar la reforma de pensiones que pretende el ministro Escrivá. La carta que inicia este diálogo fue firmada por casi 250 sindicalistas (fechada el 16 de julio), y publicada en número de septiembre Tribuna Socialista 136 (páginas 16 y 17).

El director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Oscar López, respondió con fecha 18 de noviembre. Este documento de respuesta fue publicado, junto a la carta al presidente, en Tribuna Socialista de noviembre, nº 138 (páginas 14 y 15).

Enlace a la carta a Pedro Sánchez y respuesta de Moncloa

Carta a Pedro Sánchez, y respuesta recibida en Noviembre

En la reunión mensual del grupo de sindicalistas celebrada el 29 de noviembre se decidió continuar el diálogo con el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, en tanto que en la respuesta de Moncloa se indicaba que habían trasladado el asunto a este Ministerio.

En este último número de 2022 de Tribuna Socialista (TS-139), en la página

Carta al Ministro de Seguridad Social

Respuesta del Ministerio de Seguridad Social

La Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social es la clave

El tema de las pensiones es complejo, y más aún cuando hay intereses espurios a los sistemas públicos de pensiones sobrevolándolos como carroñeros.

El pasado 15 de octubre tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación, convocada por la asociaciones y plataformas de pensionistas, entre otras COESPE. Son las asociaciones que nacieron contra las reformas de pensiones de 2011 y 2013, en particular contra la devaluación de las pensiones sufrida entre los años 2013 y 2018, aplicada por los gobiernos del PP, siendo presidente el Sr. Rajoy; devaluación provocada por la aplicación del ripio 0,25% anual. A la manifestación de mediados de mes de octubre en Madrid acudieron más de 40.000 personas, llegadas de la práctica totalidad de los territorios que componen el Estado.

La movilización estaba convocada, entre otras reivindicaciones, para:

  • Exigir que salarios y pensiones se revaloricen, como mínimo, con el IPC
  • Rechazar la reforma de las pensiones por la que se ampliaría, el número de años, de 25 a 35, para hallar la Base Reguladora.
  • Que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social

Quiero centrarme en la cuestión de la Auditoría, pues es la clave para la defensa del Sistema Público de Pensiones, sin que esto signifique que las demás reivindicaciones no son de importancia.

En primer lugar, hay que señalar el valor de las movilizaciones que los mencionados colectivos de pensionistas vienen llevando a cabo desde hace más de 9 años, pues lo que en la manifestación de octubre del pasado año 2021 era una reivindicación, la Auditoría, hoy es un derecho de los pensionistas, y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y una obligación del Gobierno que ha asumido en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, en su Disposición Adicional Sexta:

“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Como podemos ver, los plazos se le han “olvidado” al Gobierno y por eso hay que refrescarle la memoria.

En segundo lugar, la Auditoría es una necesidad para el Sistema Público de Pensiones. La reivindicación se apoya en el Informe que emitió el Tribunal de Cuentas en 2020; según el cual:

“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe del Tribunal de Cuentas del Estado abarcó el periodo 1989 a 2018. Si nos fijamos en la Ley 21/2021, mandata al Gobierno a encargar una Auditoría que abarque el periodo 1967 a 2019. Cabe preguntarse: Sí en 29 años el Estado le debe 103.000 millones a las Pensiones Públicas, ¿cuánto debe de 51 años? ¿y si además el Tribunal de Cuentas contase con toda la información para establecer la cuantificación completa?

En mi opinión, es muy grave que el Tribunal de Cuentas del Estado diga por escrito en un informe que no ha contado con “toda la información para la cuantificación”.

Desde el punto de vista económico se termina con el mantra, establecido por “los mercados” y sus agentes a sueldo, de que las pensiones no son viables o que el sistema está quebrado.

En tercer lugar, políticamente, la Auditoría, pondrá al descubierto que ha habido una continuidad, desde el franquismo a nuestros días, en el uso indebido del dinero de las pensiones, por todos los gobiernos.

Estos tres elementos: que la movilización si tiene efecto, a condición de que sea de verdad y no una simple formalidad de cara a la galería; que cuando el Estado devuelva el dinero que le debe a la Seguridad Social, quedará despejada la duda (sembrada con mala intención) sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; y que se dará un gran paso en transparencia, respecto al manejo del dinero de los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.

El dinero de las Pensiones Públicas no proviene de los impuestos: Es la parte del salario que el trabajador y el empresario aportan para la pensión. Por tanto, continuemos luchando por la defensa de lo que es nuestro.

Roberto Tornamira

Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coordinadora Estatal del CATP

Mínima vergüenza

El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, es el instrumento que tienen los gobiernos para tratar que el mercado del trabajo no esclavice a quienes más necesitados están, y trabajarían por cualquier sueldo.

Muchos, demasiados, piensan que es el mercado quien debe regular los sueldos, que los gobiernos no deben intervenir y que si alguien quiere trabajar por 400 €, pues que lo haga, siguiendo una filosofía neoliberal defendida por la derecha y la ultra derecha.

Esos muchos no tienen ningún problema para llegar a final de mes y eso de la desigualdad y la pobreza, les es totalmente indiferente.

El argumento que ponen es que si sube el Salario Mínimo Interprofesional entonces subirá el paro y eso sería peor para la economía, cosa que obviamente no es cierto.  Saben que no es cierto, que no se ha demostrado, pero siguen diciéndolo y sus medios de comunicación, siguen repitiéndolo.

Me explico. En 2018, en el último año de gobierno del PP, el SMI era de 735 €.  Gobernando el PSOE se ha ido incrementado hasta los 965 € de 2021, es decir se ha producido un aumento de un 31 %. En cuanto al empleo, en septiembre de 2018, había 18,8 millones de españolas/es dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en septiembre de 2021 superaban los 19,5 millones, es decir un incremento del 6,5%. Se demuestra, en un párrafo, las mentiras de los postulados neoliberales.

Lo que sí es cierto, es que con esa subida los beneficios de las grandes multinacionales, que contratan a miles de empleados/as, se reducen en algunos millones. Es decir, que en vez de ganar unos 620 millones de euros al año, ganarían “solo” unos 610 millones.

Imagino a ese grupo de señores (sí, imagino que serían todos señores) almorzando en el restaurante con estrellas michelín de moda de Madrid, hablando entre ellos de que no se puede subir el Salario Mínimo porque reducirían sus beneficios empresariales, mientras se gastan en ese almuerzo lo que gana un trabajador/a en un mes.

Imagino a la dirección del PP reunida, llegando a la conclusión que le interesa más apoyar la postura de los empresarios/as, que en la de los trabajadores/as, diciendo posteriormente el Sr. Casado barbaridades como que él estaba en contra de cualquier aumento y que, incluso, reduciría el SMI a 850 €.

Imagino a la dirección de los medios de comunicación de las derechas y ultra derechas españolas, después de escuchar a la CEOE y al PP, dando las instrucciones a sus periodistas para que escriban titulares en contra del aumento del SMI y que se busquen para ello los argumentos que quieran.

Pero digan lo que digan, es totalmente cierto que se puede incrementar el Salario Mínimo y generar empleo. Y también es totalmente cierto que la subida del SMI reduce la desigualdad y los índices de pobreza, no encuentro mejor argumento para apoyar ese incremento.

Y también es cierto que hay demasiada gente con una mínima vergüenza, a la que le desearía que su familia viviera durante un tiempo con 965 € al mes … a ver si llega a la mitad de la primera semana.

Rafael Fuentes

Militante socialista de Málaga

Manifestación en Madrid, 16 de octubre

Defendemos las Pensiones Públicas

Auditoría pública y transparente a las cuentas de la

Seguridad Social

Bajo lemas similares a los del título de esta crónica, desfilaron con cientos de pancartas colectivas y carteles artesanales: por el paseo de Recoletos, la calle de Alcalá, hasta llegar a la Puerta del Sol, no menos de 25.000 personas. Muchas de ellas llegadas desde diferentes puntos del Estado español.

No solo fue una Manifestación de jubilados, fue una Manifestación intergeneracional, en la que había familias enteras reivindicando que se realice una Auditoría, pública y transparente a las cuentas de la Seguridad Social; reivindicación que nace de la desconfianza de millones de trabajadores y trabajadoras, pensionistas, autónomos… que desde hace mucho sospechaban que con el dinero de las pensiones se pagan otros gastos impropios a los fines de las cotizaciones. Esa sospecha pasó a ser una realidad cuando el Tribunal de Cuentas, una institución nada sospechosa de antisistema, revolucionaria o izquierdista, hizo público en 2020 un informe en el que exigía al Estado a resarcir a la Seguridad Social más de 100.000 millones de euros por gastos impropios. Ese dinero obedecería únicamente al periodo 1989-2013, y habría que actualizarlo (al menos con el IPC) además de ampliar el periodo de estudio. Al calor del informe del Tesoro Público, la Federación Pensionistas de CCOO estimó que, de no haberse pagado gastos indebidamente con el dinero de las pensiones, el Fondo de Reserva, coloquialmente conocido como la “hucha de las Pensiones”, tendrán un saldo superior al medio billón de euros.

Después han sido el Banco de España y el propio señor Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quienes han confirmado lo manifestado en dicho informe, si bien no se han puesto de acuerdo en la cuantía de lo “sangrado” a la Hucha de las Pensiones. Los manifestantes corearon lemas y cánticos contra la continua sucesión de reformas de la Seguridad Social -una más está en marcha-, siempre con el objetivo de ajustar y recortar el gasto en pensiones, a nombre de una supuesta quiebra nunca demostrada.

Entre la multitud de grupos, asociaciones, colectivos y organizaciones que convocaron y se dieron cita, estuvo el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP): Comité del que participa Tribuna Socialista.

Como en todas las Manifestaciones, se repartieron comunicados, folletos y se vendieron periódicos haciéndose eco de las reivindicaciones más sentidas por la clase trabajadora: derogación de las reformas laborales, alto a los despidos en la industria, derogación de la “Ley Mordaza”, que el Emérito entregue la fortuna, acumulada delictivamente, a los pueblos del Estado español… Todo ello en un ambiente reivindicativo.

Una de las informaciones que se repartió, fue la campaña de “Sindicalistas en Defensa de las Pensiones y por la Auditoría”, suscrita por cerca de 500 sindicalistas, principalmente de UGT y de CCOO, de todos los territorios del Estado y de distintos sectores de actividad.

El sentir de las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que se dieron cita en la mañana del sábado 16 de octubre en Madrid era muy claro: “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Roberto Tornamira

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

LLAMAMIENTO DE SINDICALISTAS

(actualizado a 22oct21, con 440 firmantes)

Apoyamos la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social

Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en la movilización en defensa de las pensiones del 16 de octubre

Gobiernos y medios de comunicación nos bombardean con la falsa idea de que el sistema público de pensiones sufre un déficit irreparable y que es necesario aplicar recortes de pensiones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en el periodo comprendido entre 1989 y 2013, se han cargado a la Caja de la seguridad Social 103.690 millones de “gastos impropios”, no correspondientes a pensiones. Un estudio de CCOO amplia el periodo de cálculo y estima esos gastos impropios en más de 500.000 millones de euros. 

La COESPE ha levantado la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, exigencia que han apoyado otras organizaciones de pensionistas y que ha sido aprobada en numerosos congresos e instancias sindicales. Entre ellos, destacamos el Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla, el de la Federación de Sanidad de CCOO, el de la Federación de Ciudadanía de CCOO de Madrid, el de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, el Congreso de UGT de Cataluña, el Congreso Confederal de UGT, y un largo etcétera. 

Como sindicalistas, nos preocupa el futuro del sistema público de pensiones. Defendemos el sistema de reparto y nos oponemos a todo recorte. Por ello, apoyamos la exigencia de una auditoría y llamamos a trabajadores y trabajadoras, tanto activos como pensionistas, a participar en la movilización convocada para el 16 de octubre y a continuar la movilización después de esa fecha.

Las firmas son a título individual:

Luis González Sanz, miembro Consejo Confederal CCOO; Roberto Tornamira Sánchez, Ex secretario general FeS UGT Madrid; Pepe Gimeno Ostariz, secretario general de FeSMC-UGT-Aragón; Mª José Wanceulen, secretaria general sindicato sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Sevilla; José Miguel Villa Antoñana, Ex secretario general Federal de FeS-UGT; José Gallego Casaus, Ex secretario organización UGT-Sevilla; Javier Ordóñez Naranjo, presidente Comité de Empresa Hospital del Aljarafe, Sevilla; Juan Miguel Fernández, jubilado, afiliado FSP-UGT; Jacinto Romero Pacheco, secretario general de FeSMC-UGT-Extremadura; Silvia Martínez Fernández, secretaria general UPTA Euskadi; Jesús Béjar Sánchez, sindicalista de CCOO Getafe; Jesús María Pérez Martínez, UJP-UGT Euskadi; Íñigo Fernández Villasante, UPTA-Euskadi; Mikel González, Sº Organización UPTA-Euskadi; Francisco Cuso, FeSMC-UGT Madrid; Pablo García Cano Locatelli, sindicalista de CCOO Industria y secretario del comité de empresa de John Deere, Madrid; José Francisco Domínguez Sevilla, sindicalista de CCOO-Educación; Miguel González Mendoza, afiliado UGT-FSP; José A. Iniesta Martín, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Víctor Iniesta García, afiliado UGT-FeSMC; Rafael Aguilera Sánchez, UGT Catalunya, región metropolitana; José Mª Herrera Molina, CCOO Sevilla; Blas Ortega Llavador, sindicalista FeSP-UGT-PV; Neus Roig Saiz, sindicalista UGT Tarragona; Xabier Arrizabalo Montoro, miembro Junta Personal Docente e Investigador, Universidad Complutense de Madrid por CCOO; Teodoro Escorial Clemente, Ex miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT; Fabián Benito Delgado, sindicalista UGT, jubilado; Josep Antoni Pozo González, Secretario general Sección Sindical UGT Ayuntamiento Sabadell; Eduardo Hernández Oñate, sindicalista UGT Metro de Madrid; Jesús Vara Castrodeza, Ex secretario general FeS-UGT Castilla y León; Guillermo Martínez Robles, Ex secretario general sector financiero, seguros y oficinas FeSMC-UGT Castilla y León; Carlos Prieto Carretero, responsable de contact center de FeSMC-UGT; Pedro Sánchez Catalá, secretario general de UGT-Prosegur; Manuel Nolla, sindicalista de CCOO RTVE; Paco Cepeda González, miembro ejecutiva Artes Gráficas, papel y cartón CCOO Madrid; Iñaki Merino Montes, sindicalista UGT Euskadi; José A. Fernández Guerras, sindicalista UGT Madrid; David Lemore Martínez, Afiliado de UGT; Miguel Sagües Navarro, Jubilado abogado de CCOO. Miembro de ASTRADE; Ignacio Bruna, Sindicalista de UGT; Ángel García Manchado, Miembro del Comité de Empresa de Telemadrid por UGT; Victoria Camarena Grau, secretaria general de UGT en Ibercaja; Ángela Santiago Cascallana, miembro de la dirección Sectorial de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT; Estefanía De Toro Torrijos. Secretaria Organización de la Sección de UGT en Quiron prevencion, y secretaria general de la Sección de UGT-Madrid en Quiron prevencion; Rubén Ranz Martín, militante del Sindicato de Comercio de UGT; Manuel Martín Beato, sindicalista de UGT en Metro de Madrid; Francisco Sánchez García, UGT-Guadalajara; Gema Alonso Porres, sindicalista de UGT; María Jesús Vivar Alonso, sindicalista de UGT; Evelio Ángulo Álvarez, responsable sindical de UGT; Monika Benito Gascón, sindicalista FeSMC-UGT-Catalunya; Jesús García San José, ex secretario general de UGT en Puertos del Estado; Daniel Pascual González, sindicalista de UGT en Metro de Madrid; Juan Fernando Díaz Mayordomo, sindicalista de UGT-Madrid; Kami A. Rafiei Kazemi, Jubilado afiliado de UGT en Madrid; Jesús Sanz González, sindicalista de UGT en el Sector de Seguros; Alfonso Castillo Gallardo, Coordinador UGT en el Ministerio de Defensa; Eduardo Sabina Blasco, miembro de la Comisión Permanente de IS-PSOE de Madrid y militante de FeSP-UGT; Daniel Pons Gené, secretario general de UGT en Cajamar; Alberto Elosua Alvarado, vicesecretario General UGT FeSMC Euskadi; Carmen Alonso Montaña, Jubilada, afiliada al PSOE; Miriam Zarallo González, delegada CCOO limpieza Hospital Virgen del Rocío; Pepe Hernández Aparicio, secretario general de FeSMC-UGT-Murcia; Aida Sánchez Merino, militante sindical de UGT-Madrid; Antonio Guerrero Cabanillas, jubilado. Afiliado a la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Madrid; Lena Balaguer, profesora, delegada sindical UGT Ayuntamiento de Sabadell; Carlos Rivera, delegado sindical, UGT Ayuntamiento de Sabadell; Carlos González D’Anglade, secretario general de UGT en GSS Line/COVISIAN Madrid; Ramon Cebrián FSP-UGT Catalunya; Juanjo Casado, región metropolitana UGT Catalunya; Juan García, jubilados UGT Baix Llobregat; Paco Calero, UGT Vallès oriental; Mariángeles Pérez Soler, delegada CCOO Vallès Occidental (Dependencia); Joseba Izaga Urrutia, FeSP UGT, Administración Gobierno Vasco; María Pedraza López-Rey, responsable Federal del Sector Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT; Francisco García Jiménez, jubilado. Afiliado al PSOE en Ciudad Real; Pedro Cobo Cuesta, Sindicalista de UGT-Cantabria; José Manuel Arévalo Badía, sindicalista de UGT-Jaén; Xavier Casas, UGT Girona; Eugenio López Torres, delegado sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío; José Francisco Jiménez Zamora, delegado Sindical CCOO Sanidad Sevilla; Mª Mar Valerio López, delegada sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío; Lisandro Moreno Jiménez, delegado CCOO Ayuda a Domicilio Sevilla; Isabel Mª Márquez García, responsable secretaría Mujer sindicato Sanidad CCOO Sevilla; María Visitación Fernández Gutiérrez, responsable Provincial del Sector de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT-Málaga; Esther Alòs García, secretaria general sección sindical UGT Universidad Autónoma de Barcelona; Ramon Voces Merayo, sindicalista CCOO, Enseñanza. Cataluña; Abel Rodríguez afiliado a la Federación de Pensionistas de CCOO; Javier Castro Navarrete, delegado CCOO Ayuntamiento de Sabadell; Oscar Hidalgo, CCOO Metro de Madrid; José Luis Sánchez, CCOO Metro de Madrid; Alfonso Blanco, CCOO Metro de Madrid; Saúl García, CCOO Metro de Madrid; Miguel Gersol, sindicalista de UGT; José Giráldez Camus, secretario general de FeSMC-UGT Cantabria; Pilar Fernández Rufo, Sindicalista de FeSMC-UGT-Sevilla; Carmen Cordero Ríos, sindicalista de UGT-Sevilla; Máximo Fernández Gómez, ex secretario Federal de Formación de FeSMC-UGT; Ester Guerrero Nistal, sindicalista del Sector Aéreo del USO; Antonio Temporal, sindicalista FeSP-UGT-PV, jubilado; Sebastià Castellano, sindicalista FeSP-UGT-PV; Juan Torres, sindicalista FeSP-UGT-PV, jubilado; Javier Parrilla, sindicalista FeSP-UGT-PV; Maripau García-Cupertino, sindicalista FeSP-UGT-PV; Manuel Gutiérrez Pinto, sindicalista UGT-Sevilla; Santos Sánchez Alonso, responsable UGT-Galicia; Fermín de Con Longo, secretario General de FeSMC-UGT-Asturias; José Luis Faus Arias, secretario General de FeSMC-Melilla; Jesús Trancho Lemes, secretario General de FeSMC-UGT-Canarias; Irene Fernández Sánchez, sindicalista de UGT-Salamanca; Concepción Hormigo Gordillo, sindicalista de UGT-Sevilla; Juan Piqué Cerdán, secretario General de UGT en BSM-Cataluña; Juan José Fuentetaja Olmos, profesor de Tecnología en enseñanzas medias de Madrid; Guadalupe González Gallardo. Ejecutiva Federación Sanidad CCO Andalucía; Antonio Montaño Ramos, Ejecutiva Federación Sanidad CCO Andalucía; Carmen Romero Sánchez, Ejecutiva Unión Provincial de CCOO de Sevilla; Sonia Mandaloniz Leal, secretaria general Sección Sindical CCOO John Deere (Madrid); Ernesto Moñino Chacón, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Florencio Andrés, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Alberto Barquero Moreno, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Javier Triviño del Río, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Antonio Fernández Olivares, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); David Carrasco Pozo, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); David Mejías Sánchez, delegado salud laboral en John Deere, Madrid (CCOO); Raúl Bedrina Saura, miembro comité empresa de John Deere, Madrid (CCOO); Eva María Sánchez Martínez, delegada sindical Ajuntament de Sabadell; Mercè Bermúdez López, delegada de l’Ajuntament de Sabadell; Paco Figueroa, sindicalista CCOO Airbus Sevilla; Ángel Limones Rodríguez, sindicalista de UGT-Sevilla; Elvira Ramírez Peinado, sindicalista de UGT-Jaén; Manuel Muñoz, UGT Correos, jubilado Barna; Juan Salvador Villagrasa, delegado UGT Correos Barna; Eugenio Rodríguez Jiménez, delegado UGT Correos Barcelona; Antonio García, afiliado CCOO Cornellá – Barcelona; Roque Borras Medina, delegado Correos UGT Barcelona; Gloria Jiménez Rodríguez, mujer republicana, Málaga; Carlos M. Doblado Ortega, delegado de UGT Ayuntamiento de Sant Boi; Elisabet Huertas Cejudo, delegada UGT Ayuntamiento de Sant Boi; Jesús Cuevas Canales, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Mª José García Lucas delegada de UGT Ayuntamiento Sant Boi; Emma Obiols Mas, delegada UGT Ayuntamiento Sant Boi; Guadalupe Torres Repollo, delegada UGT Ayuntamiento Sant Boi; Javier Fuentes Goyanes, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Joan Muntana, afiliado UGT Girona; Miguel Poca i Sánchez, afiliado UGT Barcelona; José Manuel Ocaña, afiliado UGT Barcelona; Rubén Valdés García, afiliado UGT correos Barcelona; Juan Ortiz, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Javier del Llano, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Pablo Perea, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Sergio Hoyuelos, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Javier Muñiz Ontín, miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal de UGT en BBVA; Luciano Pereda Valdemoro, secretario de Administración de la Sección Sindical Estatal de UGT en Caixabank; Juan Sánchez Fernandez, ex secretario general Federal de FeS-UGT; Germán Payán Gómez, sindicalista de UGT-Sevilla; Sebastián Moreno Rodríguez, ex secretario Federal de Banca en FeS-UGT; Ana María Díaz Díaz, sindicalista de UGT-Madrid; Gloria Díaz Díaz, sindicalista de UGT; Alexis Mecho Sorribes, sindicalista UGT. sector cerámica Castellón; Ana Usero Mainer, secretaria General de la Sección Sindical de UGT-Caixabank-Madrid, firma en nombre de toda la Comisión Ejecutiva; Antonio Deusa Pedrazo, Ex Vicesecretario General Federal de FICA-UGT; Elisabeth Montoro, delegada UGT Ayuntamiento Sabadell 158 primeros firmantes y 282 sindicalistas más.

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