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¿Y si nuestras ciudades decidieran devolver poder a quienes las hacen funcionar? 

Imaginemos una distopía. Una ciudad española en la que el Ayuntamiento decidiera que los trabajadores no son únicamente contribuyentes, usuarios de los servicios públicos o mano de obra disponible para las empresas. Una ciudad en la que se reconociera algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente revolucionario: que quienes viven de su trabajo deben tener capacidad para decidir sobre la sociedad en la que trabajan y viven. 

Imaginemos que ese Ayuntamiento crease una oficina para la defensa de los derechos laborales, el fortalecimiento de la organización sindical y la participación de los trabajadores en la vida pública. 

Parece una fantasía, pero no lo es tanto. 

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha puesto sobre la mesa precisamente esa posibilidad con la creación de una oficina municipal destinada a reforzar el poder de los trabajadores y su capacidad de organización. 

Y aquí comienza nuestra distopía. 

¿Qué ocurriría si Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao o cualquier otra ciudad española decidieran hacer algo parecido? 

Probablemente sucedería algo incómodo: los trabajadores comenzarían a tener más poder. 

Y eso, para una sociedad que durante décadas ha aceptado como inevitable la subordinación del trabajo frente al capital, sería casi una anomalía. 

Porque hemos construido ciudades magníficas mientras normalizábamos empleos precarios. Hemos inaugurado grandes infraestructuras mientras miles de trabajadores no podían pagar el alquiler. Hemos hablado de innovación, competitividad y crecimiento mientras una parte de la población trabajadora encadenaba empleos inestables, jornadas interminables o salarios insuficientes para construir un proyecto de vida. 

La contradicción es evidente. 

No puede existir una ciudad verdaderamente próspera si quienes la hacen funcionar no pueden vivir dignamente en ella. 

Una política municipal socialista debería partir precisamente de ahí. 

Imaginemos un Ayuntamiento que entendiera que combatir la precariedad laboral también es política de vivienda; que mejorar los salarios también es política de igualdad; que garantizar horarios compatibles con la vida familiar también es política de bienestar. Un Ayuntamiento que protegiera a quienes trabajan en la hostelería, el comercio, los cuidados, el transporte, la limpieza o las nuevas plataformas digitales. 

Y que, por tanto, contemplara a los sindicatos no como un actor externo, sino como una expresión organizada de la ciudadanía trabajadora. 

Aquí está la cuestión fundamental. 

Durante demasiado tiempo se ha pretendido separar artificialmente la democracia política de la democracia económica. Como si la democracia comenzara en las urnas y terminara al entrar en el centro de trabajo. 

Pero un ciudadano que puede votar cada cuatro años y que durante el resto de su vida laboral carece de capacidad real para defender sus intereses frente al poder empresarial disfruta de una democracia incompleta. 

La democracia también debe entrar en las empresas. 

El sindicalismo es una de las grandes herramientas históricas para conseguirlo. Allí donde un trabajador aislado apenas tiene capacidad para negociar, la organización colectiva permite equilibrar, aunque sea parcialmente, una relación de poder profundamente desigual. 

Por eso la defensa de los derechos sindicales no es una cuestión corporativa. Es una cuestión democrática. 

Fortalecer al sindicato es fortalecer la capacidad de los trabajadores para intervenir en la sociedad. Y aquí reside la dimensión internacional de la experiencia de Nueva York. 

Desarrollar los derechos sindicales en cualquier parte del mundo significa ampliar la democracia. Significa trasladar una parte del poder desde quienes concentran la riqueza hacia quienes producen esa riqueza con su trabajo. 

No estamos hablando solamente de salarios. Estamos hablando de poder. 

Poder para negociar. Poder para organizarse. Poder para reclamar. Poder para decir no. Poder para participar. Poder, en definitiva, para no estar solo frente a quien dispone de más recursos y capacidad de decisión. Imaginemos el efecto de todo ello en nuestras ciudades. 

Trabajadores con mejores salarios tendrían más capacidad para acceder a una vivienda digna. Trabajadores con jornadas razonables dispondrían de más tiempo para sus familias y su comunidad. Trabajadores organizados podrían denunciar con mayor eficacia los abusos laborales. Jóvenes con empleos estables podrían construir proyectos de vida. 

Y una ciudadanía con mayor seguridad material tendría también mejores condiciones para participar en asociaciones, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas. 

Más derechos en el trabajo significarían más ciudadanía fuera del trabajo. Ese es, quizá, el aspecto más profundamente socialista de esta cuestión. 

El socialismo no debería limitarse a administrar mejor las consecuencias de las desigualdades. Su razón de ser histórica consiste en democratizar el poder económico y ampliar la capacidad de las mayorías para decidir sobre aquello que condiciona sus vidas. 

Por eso una ciudad gobernada desde una perspectiva socialista debería preguntarse no solamente cuánto recauda, cuánto construye o cuánto crece. Debería preguntarse también: 

¿Cuánto poder tienen sus trabajadores? 

La respuesta a esa pregunta sería un extraordinario indicador de calidad democrática. 

Nuestra distopía, por tanto, no consiste realmente en imaginar una ciudad así. La verdadera distopía sería aceptar como normal una ciudad en la que quienes la levantan, la limpian, la cuidan, la transportan, la enseñan y la mantienen funcionando carezcan de capacidad colectiva para decidir sobre sus condiciones de vida. La iniciativa de Mamdani nos ofrece una oportunidad para pensar en otra dirección. 

Una ciudad donde el trabajo tenga derechos. Donde los sindicatos tengan reconocimiento. Donde la participación de los trabajadores forme parte de la política municipal. Donde la contratación pública contribuya a extender los derechos laborales. Donde luchar contra la precariedad sea una prioridad política y donde la dignidad de quien trabaja sea considerada un patrimonio colectivo. 

Quizá entonces descubramos que una ciudad socialista no es necesariamente aquella que proclama más consignas. Es aquella que redistribuye poder. 

Y si hay una lección que podemos extraer de Nueva York es precisamente esa: que la democracia no se debilita cuando los trabajadores adquieren poder. Al contrario. Cuando el trabajador gana derechos, la democracia gana ciudadanos. Cuando el sindicato gana fuerza, la sociedad gana libertad. Y cuando las ciudades devuelven poder a quienes las hacen funcionar, las ciudades se vuelven más justas, más libres y más democráticas. 

Esa no debería ser nuestra distopía. Debería ser nuestro proyecto. 

Luis Ángel Ruiz Cardin 

fue Secretario General de UGT en Cantabria entre 1982 y 1998. 

Posteriormente desempeño el cargo de S° General de la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria y de igual manera en la fusión que tuvo como consecución: FESMC-U.G.T.