Galdós es de los grandes, pero Grandes no es de los de Galdós.

Por Martín Lozano

Este año se ha celebrado el centenario de la muerte de Don Benito Pérez Galdós, quiero escribirlo así con el Don y los dos apellidos, solo algunos lo merecen, otros con el nombre o el apellido van que chutan, un populismo éste que me gusta. Hablando de populismos, Don Benito, que no era de la clase obrera, la retrató como pocos y, no inventó, pero popularizó lo que podría llamarse Novela Histórica, con una particularidad, hizo protagonistas, además de a los grandes personajes, a los pequeños partícipes de esa historia. La Ilíada, La Odisea, La Biblia son grandes novelas históricas, pero Don Benito nos contó los grandes hechos de nuestro país a través de actores sencillos, que en sus Episodios Nacionales transcurren desde el primero, Trafalgar, comienzo de la primera serie, hasta la Restauración Borbónica en su inconclusa cuarta serie. Todo el siglo XIX.

Aprovechando los fastos los Episodios están en los quioscos en una edición cara y de dudosa calidad, pese a la publicitada encuadernación en ‘oro’ y con los ‘grabados originales’, reproducidos en una paupérrima resolución. Alguien que pese a su apellido no estará nunca entre los Grandes se ha atrevido a llamar a una parte de su obra ‘Episodios de una…’ y en cada entrevista y en los videos de la gran exposición que ha hecho la Biblioteca Nacional sobre Don Benito tiene la osadía, ella es muy osada, de decir que admira a Don Benito, que es una devota y humilde aprendiza y que es en su honor (todo esto, por supuesto, con ese vozarrón que la naturaleza y la vida le han dado). Pese a la gran corte de admiradores y lectores que tiene si quisiera parecerse en lo más mínimo a Galdós dejaría de ser tan sectaria en su dichosa serie, en la que aplica la técnica, con resabios estalinistas, de que si algún acontecimiento o dato histórico contrastado le molesta para sus fines políticos, simplemente lo cambia, lo modifica o lo amputa. Entre esos fines, que son varios, está, también muy estaliniano, la divinización y el culto a la personalidad del líder, en este caso histórico: llámese Líster, Modesto, Ibárruri o Antón.

También con el nombre de ‘España Salvaje. Los otros Episodios Nacionales’ se ha publicado una selección de textos de varios autores que nos hace viajar por el territorio del horror hispano a lo largo del siglo XX, intentando contestar a una pregunta imposible: ¿Qué es España? ¿Es solo Una? ¿Alguna vez ha sido Grande? ¿Llegará a ser Libre? Unamuno, Valle Inclán, el viaje de una nación y su paso por el colonialismo, el imperialismo, el fascismo, el franquismo. Un viaje muy interesante.

Volvamos a Don Benito, centro real de esta digresión. Además de los personajes del pueblo que aparecen en sus magistrales Episodios Nacionales, en el resto de su obra también hay donde elegir: Marianela, Fortunata y Jacinta, Tristana, Doña Perfecta, Tormento, Misericordia. Paro aquí, no tengo páginas para describir su ilimitado universo literario.

Varias veces sonó para el Premio Nobel de Literatura. Los bien pensantes de este país pusieron todo su empeño en impedirlo, los clericales, los conservadores, vamos, los patriotas de siempre, los que prefieren que antes que un rojo, entonces el término no estaba tan consolidado como años más tarde, pero el concepto era el mismo, pues preferían que el galardón y el premio se lo llevara un escritor inglés o un francés que Don Benito, liberal, en el mejor sentido de la palabra, y republicano. Se gastaron una pasta en hacer una campaña internacional para impedirlo, como los de ahora, acordaos de Aznar haciendo el ridículo en EEUU con su tejano vallisoletano y al Partido Popular en el Parlamento Europeo torpedeando a Sánchez y por extensión a España. «Antes rota que roja o muerta que de otro». ¡Ay! La vieja idiosincrasia catolicona de los patrióticos caballeros españoles. ¿Caballeros o arrieros?

Mi manía contra Almudena, sí, he de reconocerlo, no viene de nada, me parece una buena escritora sin más, a ratos una pelmaza, con demasiada carga mediática inmerecida. De izquierdas, feminista, procaz y escribe en El País, además puede que si yo estuviera casado con el director del Instituto Cervantes vendería algunos miles de mis libros, solo puede, ¡eh! También puede que si hubiera firmado las ‘Edades…’ como Manolo Los tengo, Grandes no hubiera ganado el ‘Sonrisa Vertical’, también puede, pero eso no se sabrá nunca. Lo que tengo claro es una cosa, Don Benito es de los grandes escritores en castellano y merece la pena leerlo.

Gracias por todo Maestro. Salud Compañero.

Martín Lozano

Tribuna Socialista-Madrid

Conclusiones encuentro estatal CATP 7N

ENCUENTRO ESTATAL CATP 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

El pasado 7 de noviembre se realizó el encuentro estatal en defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y democráticos, y por la República.

El Acto en el que Tribuna Socialista participó, tanto en su organización como en el debate, dado el carácter de miembro del CTAP, contó con la participación de más de 200 personas, que de forma individual o en representación de sus organizaciones o mareas, decidieron participar del debate y las conclusiones del mismo.

En este número de Tribuna Socialista creemos necesario informar tanto del manifiesto que se aprobó en dicho acto como de las iniciativas que se presentaron por parte de los participantes.

Manifiesto por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan para ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social, compuesta entre otros por:

  • Los trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus derechos y su poder adquisitivo.
  • Los desempleados y desempleadas que ven como su situación se cronifica sin solución.
  • Los que sufren un ERTE y temen el despido, a pesar de las ayudas y exenciones económicas recibidas por sus empresas.
  • Los que sufren aislamiento por el coronavirus y ven con miedo que la pandemia se desborda.
  • Los estudiantes que ven como la enseñanza “telemática”, y los escasos medios humanos y materiales de la enseñanza pública burlan su derecho a la educación. Jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio.
  • Los que sufren la legislación obsoleta de protección de niños, niñas y adolescentes, que facilita desvincularlos de sus familias biológicas. Son miles los casos de menores de edad tutelados por las comunidades autónomas, pero en la práctica esa custodia la ejercen a menudo empresas privadas, que dictan expedientes de riesgo y desamparo, de manera arbitraria.
  • Los pensionistas y los trabajadores y trabajadoras hoy, pensionistas mañana, que defienden el sistema público de pensiones y ven que el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo no restituye los ingentes fondos que se han detraído de la caja para el pago de las pensiones.
  • La población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud.
  • Las mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial.
  • Las familias bajo el umbral del hambre. Las que temen por la vida de sus mayores en las residencias.
  • Los autónomos, los falsos (asalariados bajo fórmulas mercantiles) y los verdaderos, a los que se les expulsa del mercado en el que se privilegia a las grandes corporaciones.

Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de enfrentarnos a ese falso dilema, cuyo objetivo es disfrazar la lucha de clases con todo tipo de eufemismos. Las medidas que están tomando los gobiernos, para afrontar la pandemia y sus efectos, no afectan por igual a explotadores y explotados, a ricos y a pobres. Mientras los primeros aumentan sus fortunas, y aprovechan la situación para imponer nuevas bajadas de salarios y recortes de derechos, los segundos sufren las consecuencias de la crisis económica galopante. Para ahogar las exigencias de la mayoría se fomentan formas de autoritarismo y represión. La clase dominante quiere imponer su visión de que lo bueno para ellos, es bueno para la totalidad, como cuando el presidente de la CEOE ha criticado la limitación del precio de los alquileres, tachando la medida de ideológica, pero, a este mismo señor, no le debió parecer ideológica la venta de viviendas sociales a fondos buitre y guardó silencio.

Quienes tratan de aprovechar la pandemia para llevar agua al molino de sus intereses, intentan someter a toda la sociedad y a las organizaciones obreras y populares a su voluntad. Para ello mantienen las contrarreformas laborales y de pensiones favorables a sus intereses, exigiendo a la mayoría trabajadora del país que renuncie a defender sus derechos y reivindicaciones. Las compañeras y compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS REIVINDICACIONES SE DEFIENDEN.

Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:

  • La derogación íntegra de las reformas laborales. Contra las que la clase trabajadora se levantó en huelga general, en tres ocasiones, en 2010 y 2012.
  • La derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y una auditoría, sin límites temporales, que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social destinados a pensiones.
  • La derogación de la «ley Mordaza», que cuestiona las libertades de expresión y movilización.
  • La derogación del artículo 135.3 de la Constitución, que cuestiona el gasto público para la defensa de la salud y el bienestar de los pueblos.
  • La derogación del artículo 315.3 del Código Penal (a la espera de que la proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE en el Congreso, para derogarlo, llegue a buen fin).
  • La defensa de la sanidad y la educación públicas, y un presupuesto de emergencia para salvarlas.
  • La derogación de la Ley 15 de 25 de abril/1997, “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema de Salud Pública”. Verdadera puerta de entrada de la empresa privada en la gestión del Sistemas Público de Salud.
  • La devolución al Estado, hasta el último euro, de los fondos entregados a la banca privada. La creación de la banca pública.
  • Un plan de inversiones y empleo público para crear miles de empleos.
  • La libertad de los presos políticos encarcelados por defender el derecho de las nacionalidades y regiones existentes en el Estado español a decidir cómo quieren relacionarse entre ellas libre y voluntariamente. Continuar y amplificar la campaña por la amnistía de los presos políticos catalanes.
  • La derogación íntegra de la LOMCE y de todas las contrarreformas educativas.
  • La abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de los que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo.
  • El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social.
  • La exhumación de todas las víctimas del franquismo. La anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad y los derechos de los pueblos, como parte del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.

Puntos de partida básicos que nos permitirán abordar con una lógica distinta, en beneficio de la mayoría, la reconstrucción y el bienestar de esta sociedad. Para ello es necesario acabar con instituciones franquistas enquistadas en el sistema, que hacen imposible conseguir buena parte de las reivindicaciones. Hoy es indispensable un cambio social y político.

La minoría de la sociedad se empeña en continuar el viaje de la historia en un vehículo que pro- tege sus intereses, la Constitución de 1978, que nos ha hundido en la actual crisis económica, social y

de convivencia. Una Constitución que fue condicionada por el aparato del Estado franquista, que dejó las instituciones del Estado infectadas de adeptos que añoran el autoritarismo, la arbitrariedad criminal y usurpadora de la dictadura. Elementos que someten la vida de los pueblos a los intereses de los poderes económicos parásitos: en la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la polí- tica, en los medios de comunicación… todos ellos al servicio de la oligárquica casta política y social.

Hay que aportar medios a los trabajadores y trabajadoras y a los pueblos, para salir del abismo en que nos están hundiendo. Compartimos el concepto arraigado de la justicia social, del bien común y del respeto a la vida, nos rebelamos contra un sistema económico que está diseñado en función de los intereses de la minoría: la oligarquía que desprecia la vida de nuestra clase social. El movimiento obrero y democrático necesita recuperar y fortalecer las organizaciones creadas y levantadas por los trabajadores jugándose la vida y la libertad, incluso durante la dictadura franquista. Tienen que acentuar el giro hacia la defensa de las prioridades de la clase trabajadora, no solo en los discursos y programas: también en los hechos, rompiendo con la lógica del mercado, defendiendo los derechos que nos dejaron en herencia aquellas generaciones de luchadores y luchadoras. Hay que decir basta ya de saquear lo público por la vía de la privatización directa e indirecta, de desviar servicios públicos a manos privadas. Basta ya de devaluar los servicios públicos mediante mermas en la inversión en medios técnicos y humanos. Mientras estas cosas ocurren, el Estado se endeuda para asegurar los negocios privados que no garantizan el empleo. Hay que orientar esas ingentes cantidades de dinero a las prioridades de la mayoría social, como son la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Tanto la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 a 2018 como la actual pandemia vírica han puesto en evidencia el doble rasero de las políticas económicas, la mayor parte de las veces en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por lo cual la mayoría necesita la República como herramienta y punto de apoyo para cambiar esta realidad que a la mayoría le es adversa.

El Encuentro del 7 de noviembre llama a todos los sectores de la sociedad y a los colectivos sociales que luchan por sus legítimos derechos, a los partidos y sindicatos: sus objetivos son incompatibles con la Constitución de 1978. Democracia es acabar con la herencia franquista y con este estado pútrido. Defender la supervivencia de los trabajadores y los pueblos exige abrir camino a la República en la que:

  • La soberanía resida verdaderamente en el pueblo, y solo en el pueblo.
  • El Estado sea laico y ninguna religión se inmiscuya en el sistema educativo ni cuente con prerrogativas que le permitan influir en las cuestiones de Estado al margen de la democracia.
  • El Estado se base en los derechos de los pueblos, cuya vinculación sea libre y voluntaria, garantizando la convivencia fraternal y la riqueza cultural.
  • El derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una jubilación basada en el reparto sean una realidad mediante un mandato constitucional e instituciones que lo garanticen.
  • Se garantice el estado de bienestar en el que los sistemas públicos de sanidad, educación, dependencia, pensiones y vivienda velen por las necesidades y la dignidad de las personas, no por los intereses privados.

El derecho a la vida y la salud, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a un futuro para la juventud, la lucha contra el patriarcado… son incompatibles con la corrupción que recorre las instituciones del Estado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La corrupción, que parte de la Corona y rebosa por las ventanas de la Casa Real. El poder judicial ejerce de brazo armado de la putrefacción del partido fundado por el exministro de Franco, Manuel Fraga, que cobijó y alentó a la extrema derecha más rancia y fascista que desprecia los Derechos Humanos y que hoy vuelve a estar representada en las instituciones.

La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. República es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. República son servicios públicos inviolables e imprivatizables, derechos de los trabajadores y las trabajadoras protegidos de verdad, blindados frente a la especulación y la explotación. Es la protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. La República la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.

Tras la experiencia de estos 43 años, al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, no nos queda otro camino que luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se someta, como han hecho los gobiernos hasta ahora, a los dictados del capital financiero y la Monarquía. Los trabajadores y trabajadoras y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, de lograr que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver.

Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Único camino

para preservar los intereses de la mayoría y derrotar las resistencias de la minoría.

Luchar por proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.

Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. El Encuentro del 7 de noviembre de 2020 es un punto de partida para:

  • Reunir a compañeras y compañeros y colectivos que compartan nuestro combate en constituir comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, centros de instrucción, administraciones, en el campo, localidades…
  • Reforzar la información, el intercambio, la acción común.
  • Ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.


El CATP impulsa, junto con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales, la próxima República, que será el instrumento con que los pueblos de España resuelvan por fin, tomar con fuerza en sus propias manos la construcción de un futuro de democracia y esperanza.

Iniciativas presentadas y apoyadas en el Encuentro por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

  1. Apoyo solidario a los compañeros de Aciturri, de Getafe, en lucha contra la deslocalización de la empresa. Y por el respeto al derecho de huelga que les está siendo vulnerado.
  2. Contra la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, con motivos arbitrarios.
  3. Apoyar la lucha de la COESPE en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la rea- lización de una auditoría del gasto de la Seguridad Social, sin límite temporal, para que todos los fondos gastados y/o detraídos indebidamente sean devueltos a la caja de las pen- siones. Nos comprometemos a difundir y participar en la concentración que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 12:00 ante el Congreso de los Diputados.
  4. ¿Qué República queremos? La respuesta debe tomar forma en derechos y en la defensa de los mismos: servicios públicos, derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los pensio- nistas, de los jóvenes y las mujeres de nuestra clase social. Así como la libertad sindical, las libertades de expresión, manifestación, reunión y los derechos de los pueblos. Cons- truiremos la República desde los movimientos sociales y las luchas obreras.
  5. Reclamamos atención a los más necesitados. Son insuficientes las medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revelan como meras campañas de propaganda. Las ayudas, rentas básicas o mínimas que se establezcan desde el Gobierno, no pueden concederse a cambio de becas ni cuestionar derechos como las prestaciones por desempleo, las pensiones…
  6. Tomamos posición contra el desmantelamiento de la industria que aún queda en nuestro país. Y contra la destrucción de empleo, tanto en la industria misma como en los sectores subsidiarios de la misma.
  7. Reiteramos nuestro apoyo a todos los compañeros represaliados o procesados judicial- mente por ejercer su derecho a la huelga o por participar en justas luchas en defensa de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y/o en cualquier otra lucha por los derechos sociales y democráticos.
  8. Mostramos nuestro apoyo a los miembros del ejército que han sido represaliados y expul- sados del mismo por luchar y reivindicar respeto y derechos democráticos en el seno de esa institución.
  9. Apoyamos y nos comprometemos a difundir y participar en la manifestación convocada por las Mareas Blancas, que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 17:00, en defensa de los servicios públicos sanitarios.
  10. El CATP y las organizaciones que han participado en el Encuentro del 7 de noviembre, apoyamos a los hermanos y hermanas de clase social que se ven obligados a migrar. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social internacional, todos sus miembros deben tener los mismos derechos sin discriminación.
  11. Se propone que el manifiesto y sus contenidos lleguen a los plenos municipales, asambleas regionales y autonómicas en forma de mociones, propuestas… y que se difunda su contenido profusamente.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

La vergonzosa política migratoria europea

Con la llegada de más de 16.000 migrantes a las islas Canarias en las últimas semanas se ha abierto una nueva crisis migratoria en el Estado español. El debate sobre la situación de los CIEs, o las devoluciones en caliente, solo son la punta del iceberg de una situación que atenta contra los derechos humanos, y ante la que la Unión Europea no solo colabora cerrado sus fronteras a los inmigrantes, depositándolos en infames campos de refugiados en Turquía y Grecia, sino que también pretende convertir Lampedusa, las Islas Canarias, o las ciudades de Ceuta y Melilla en grandes centros de reserva de inmigrantes ilegales, a modo de “bolsa de reserva de mano de obra barata”. 

El “protocolo de Dublín” establece que las personas solicitantes de asilo han de presentar su solicitud en el primer país de la Unión al que accedan, aunque no conozcan el idioma ni tengan afinidades culturales.

Unido al vergonzoso acuerdo con Turquía, en virtud del cual, Turquía se queda con los inmigrantes que huyen de Siria, Afganistán, Irak, etc, a cambio de a cambio de 6.000 millones de euros y a cambio de que la Unión Europea cierra los ojos y los oídos ante la situación de estos inmigrantes en los campos de refugiados turcos. Ahora le toca el turno a los países frontereros como España, al que anualmente llegan decenas de miles de inmigrantes que huyen de guerras o hambrunas con la esperanza de un futuro mejor.

El resultado de esta política es de todos conocido, más de 35.000 muertes entre ahogados, muertos en las fronteras por la policía y-no pocos- suicidados. Miles de inmigrantes hacinados en CIEs o en muelles, mientras la pirámide de edad de países como España pide a gritos más inmigrantes para trabajar en las empresas y en los servicios públicos.

El traslado de los miles de inmigrantes de Arguinegín y de los CIE de Ceuta y Melilla a lugares dignos de la Península, solo es una exigencia humanitaria de urgencia. Es necesaria una nueva política migratoria que proteja los derechos humanos, que se encamine a crear las condiciones económicas para que nadie tenga que emigrar por guerras o hambruna, y que permita una rápida integración y regularización de los inmigrantes que vienen a vivir y trabajar en los países de Europa.

Baltasar Santos

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Unos presupuestos para salir por la izquierda

No sólo es importante sacar unos presupuestos progresistas que rompan la inercia de salir de crisis cíclicas con pérdida de derechos y libertades, y más precarización, además si conseguimos hacerlo con fuerzas políticas que hasta hace poco eran centrífugas, incluso con violencia estructural, sumamos a nuestra Constitución, a nuestra política, un salto cualitativo enorme al integrar en nuestro Estado, sin corsés, al “nacionalismo periférico “.

La gravedad de la pandemia, sus terribles consecuencias, no deben hacernos perder de vista la importancia de los acuerdos presupuestarios y su trascendencia a medio y largo plazo.

Para nuestra organización política territorial, y más importante para el progreso como país con un proyecto político integrador de verdad, significa la superación de un conflicto historico que nos costó vidas, que ha costado  un grave enfrentamiento, y que nos sitúa ante Europa con un horizonte de integración y superación a su vez de los “límites” Nacionales.

No sólo son unos presupuestos de progreso, sociales y de izquierda.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista-Madrid

No hemos aprendido nada

 

A pesar de lo que la mayor parte de los profesionales sanitarios deseaban y de lo que la mayor parte de la población demandaba, la segunda ola de la pandemia de SARS-CoV2 ha vuelto a ser gestionada con improvisación y sin un plan real en el corto y en el medio plazo. Un síntoma más, y van unos cuantos, de que no existen soluciones buenas a los retos colectivos como especie bajo la óptica de la rentabilidad capitalista.

Y es que, aunque con la primera oleada era esperable cierta falta de organización y caos asistencial, lo razonable era tratar de encontrar todos los fallos del sistema sanitario durante el período crítico, analizar los problemas estructurales como país en una crisis de esta índole, establecer acuerdos entre administraciones para unificar criterios, mejorar la comunicación, compartir recursos y, por último, generar estructuras de prevención y vigilancia eficaces. Lejos de esto, y a pesar de los esfuerzos de miles de profesionales de diversas disciplinas, los hitos de la gestión política pasaron por fomentar el consumo y el turismo además de escenificar un homenaje a las víctimas, cuanto menos, carente de todo sentido.

Por tanto, antes de cuestionarnos por qué nos ha vuelto a pasar esto, debemos pararnos a pensar en cual era la posición estructural de partida y, con esta revisión, encarar el futuro con una mirada mucho más amplia.

Fallos del sistema sanitario

Nuestro sistema sanitario gozaba de un gran prestigio interno gracias a una importante calidad asistencial por parte de las profesionales de salud y a la extensión universal de sus servicios. Sin embargo, a pesar de lo que la gente supone, la sanidad pública nació ya seriamente dañada desde el principio.

Y es que, aunque el modelo español sitúa a su atención primaria como la base se su sistema, la realidad es que la atención especializada y hospitalaria centran la mayor inversión del sistema. Esta descapitalización de la atención primaria, unida a una progresiva medicalización de los procesos comunes de la vida y un aumento exponencial de la demanda por parte de la población, han convertido a la urgencia hospitalaria en una segunda puerta de entrada al sistema sanitario. Algo así como una extensión de la atención primaria. Un ejemplo claro de esto es la conversión de los antiguos cuartos de socorro, auténticas urgencias ambulatorias, en puntos de atención continuada. Es decir, en una consulta médica 24 horas, a demanda, sin cupo límite. El resultado de esto: encarecimiento innecesario de la asistencia, consumismo sanitario y desborde de la capacidad de absorción de la demanda sanitaria.

Aparejado a este problema tenemos el “hospital-centrismo” (muy conveniente para la política autonómica) que produce, a nivel funcional, que los hospitales y la medicina súper-especializada sea el centro sobre el que giran todos los demás elementos del sistema sanitario. De este modo, millones de euros que servirían para programas de prevención o mejora de la vida de toda la población se han destinado a tecnología sanitaria puntera que, aunque abra las portadas de la prensa, sirve a muy poca gente y no tiene trascendencia en la salud general de la población.

Del mismo modo, los profesionales sanitarios del país, a pesar de tener una formación excelente (fruto de una gran inversión estatal), tienen unas condiciones laborales y contractuales pésimas. De entrada, el volumen de trabajo diario sería imposible sin la mano de obra “esclavizada” del personal en formación.

El programa MIR-EIR, lejos de ser un programa de excelencia formativa, se ha convertido en un ejército de mano de obra barata con la que capear la presión asistencial. Una vez que se finaliza el período formativo, nuestra élite académica acaba durante muchos años soportando contratos temporales, precarios, mal pagados, con jornadas extenuantes y una carga de trabajo difícil de asumir. Todo ello con la paradoja de que, para salir de esa precariedad, hay que aprobar unas oposiciones donde quién más investiga, publica y experiencia clínica tiene dispone de menos tiempo para preparar el examen.

Además de ello, los ratios asistenciales son deplorables. Somos el país número 20 del mundo en médicos por cada 1.000 habitantes y el número 59 en enfermeras, siendo ellas el pilar fundamental de la atención sanitaria en la mayoría de países. En concreto, España ha caído trece puestos en el ranking mundial en tan solo diez años, fruto de los graves recortes soportados durante la crisis. Solo entre 2010 y 2014 se destruyeron 10.000 empleos sanitarios y se calcula que un número aproximado del 25% de los médicos y el 30% de las enfermeras formadas desde entonces han emigrado al extranjero.

Por último y no menos importante: la inversión. España tiene uno de los sistemas sanitarios más baratos (léase infrafinanciados) de la Unión Europea. No solo es que invirtamos menos porcentaje del PIB que la media (un 1% menos), es que la sociedad española también es de las que más paga por servicios privados o seguros médicos (24% del gasto sanitario total, frente al 16% de media europea). El problema es que, además, una parte no pequeña de esa inversión pública se destina a concertaciones público-privadas, es decir, a privatizaciones encubiertas. Si a esto le unimos que los presupuestos que el gobierno central envía a las CCAA no tiene carácter finalista, es decir, que el gobierno autonómico puede gastar el dinero que recibe para sanidad en lo que considere oportuno (sea sanitario o no) sin rendir cuentas sobre ello, el cóctel resultante es la tormenta perfecta.

Problemas sociolaborales graves

Un elemento clave para entender la capacidad del país a la hora de aguantar durante los periodos de restricción de la movilidad eran todas aquellas cuestiones más relevantes para la población que la propia pandemia, entre ellas, el trabajo.

La economía sumergida supone el 24,6% del PIB nacional. Es decir, todo el trabajo que genera 1 de cada 4 euros del país se ha quedado sin amparo de subvenciones, ayudas, paro y demás formas de sobrevivir durante el forzoso parón económico impuesto durante las dos oleadas de COVID. Junto a ellos, el 16% de la masa laboral se encuentra en régimen de autónomos y dos tercios de ellos, unos dos millones, no tienen ningún empleado a su cargo. Junto a todo ello, y según la OCDE, el 32% de los españoles son incapaces de ahorrar a final de mes y solo el 10% sería capaz de sobrevivir seis meses sin ingresos. ¿Cómo va a mantener la población periodos de cuarentena o confinamientos cuando la pobreza es más urgente que el riesgo de un contagio?

Junto a este problema, y fruto de la desindustrialización ordenada por Maastrich, la terciarización económica española, ha secuestrado las decisiones en política sanitaria. Solo el turismo y la hostelería ocupan a 4 millones de personas lo que supone aproximadamente el 20% de la población activa. De hecho, si cogemos los datos de 2019, de los 70.000 millones que España ingresó por turismo extranjero, el 48% (33.600 millones) se obtuvieron entre junio y septiembre.

Problemas de perfil clínico y geográfico

Que la sociedad española está envejecida, no es ninguna novedad. En España, 8,7 millones de personas tiene más de 65 años, de los que unos 372.000 viven en residencias de mayores, el 72% en residencias privadas. Junto a ellos, como población de riesgo por perfil clínico se unen, 14 millones de hipertensos, 6 millones de diabéticos, 3 millones de enfermos pulmonares y más de 8 millones de obesos. Todo este conjunto es la población vulnerable por perfil clínico de nuestro país.

Además de ello, España tiene un gran problema de concentración poblacional. El total de la población española vive en el 13% del territorio. De hecho, de las 33 áreas de un kilómetro cuadrado con más de 400.000 habitantes de la Unión Europea, 22 están en territorio nacional. Esto significa que, en un contexto pandémico, las aglomeraciones son algo insalvable incluso para las cuestiones más sencillas como son pasear cerca del hogar. Un auténtico reto difícil de solventar sin una adecuada planificación urbana y de movilidad.

Problemas de credibilidad

La comunicación durante todo este periodo ha sido uno de los grandísimos problemas. Si bien durante el periodo inicial las instituciones parecían mantener un frente común sobre la gravedad de la situación, a medida que pasaba el tiempo, los intereses partidistas centraron la comunicación institucional en una carrera por ver quien tenía más razón. Las comunidades autónomas pelearon por desconfinar antes, por inaugurar playas y por llegar antes a una ansiada “nueva normalidad” que, más allá del nombre, prácticamente nadie alcanzó a entender en qué consistía. Esta tensión partidista ha minando un crédito institucional al que tampoco ha ayudado unos medios de comunicación que han encontrado en la pandemia un nuevo show sensacionalista del que sacar rentabilidad.

Por último, la nula ayuda de los países europeos en general y de la Unión Europea en particular, junto con las rivalidades empresariales entre farmacéuticas, están dejando un poso en el pensamiento colectivo difícil de dimensionar. Si bien la sociedad española ha demostrado enormes dosis de responsabilidad en toda la crisis, este caldo de cultivo puede hacer que en el corto plazo la población deje de obedecer las recomendaciones e inicie dinámicas de protesta y desacato que ya se han visto en otros países europeos.

Y ahora, ¿qué?

En la actualidad nos enfrentamos a una nueva desescalada con las urgencias económicas de un nuevo período clave para alguna industria: la navidad. Cabe esperar que si durante la segunda ola apenas se vieron aprendizajes de lo ocurrido en la primera, cometamos los mismos errores de la primera desescalada en la segunda. La falta de liderazgo político claro y la falta de una protección social suficiente, hace que no sea previsible otro escenario. Sin embargo, si se comienza la vacunación poblacional antes de la llegada de una tercera ola, es posible que podamos prever un escenario normalizado para la segunda mitad del 2021.

Por todo ello, lo que debemos sacar como conclusión de toda esta enorme crisis sanitaria es que sea hace urgente abordar los problemas estructurales de nuestro país en materia de salud. Más aún cuando por cuestiones climáticas se prevé la aparición de nuevas enfermedades infecto contagiosas en Europa y nuevas oleadas pandémicas a lo largo de la primera mitad de este siglo.

Los hechos y los datos científicos dan la razón a quienes abogamos por reforzamiento de los servicios públicos, una disminución de la desigualdad, un reparto del empleo y una extensión de las coberturas sociales. Pensar en salud no es sólo pensar en sanidad. Debemos combatir la pobreza, la precariedad, acometer el reto de la repoblación de la España vaciada, mejorar la composición orgánica del empleo, planificar adecuadamente infraestructuras, movilidad y transporte, reindustrializar el país y diversificar la economía por sectores sostenibles y estables. Pero también pensar en cómo cuidamos a nuestras personas vulnerables y quienes van a soportar esta tarea que debe ser remunerada y digna.

Debemos huir de mitos y glorificaciones propias de intereses espurios de los medios de comunicación. Un TAC de última generación no salva tantas vidas como un tiempo de consulta adecuado en el ambulatorio. Si esto no abre titulares en la prensa es porque no le interesa al capital que está detrás de ese medio de comunicación. Lo que no interesa a los grandes capitales es la necesidad de la gente común, esa que con su esfuerzo diario sostiene y paga sus servicios públicos.

Se abre por tanto un periodo convulso y difícil económicamente pero interesante a nivel político. Quien y cómo canalizará la agitación surgida de este periodo condicionará la política del corto y puede que del medio plazo. No permitamos que nos vuelvan robar la indignación.

Asier Muñoz González

Portavoz de la Red de Salud de Izquierda Unida

Combatir la desigualdad social

No es el mejor momento para celebrar el añorado triunfo de Joe Biden, el avance de los PGE-2021 en el parlamento y tampoco  de recordar que Pedro Sánchez ganó las elecciones generales hace solamente un año. La COVID-19 sigue causando estragos en la salud y, particularmente, en la economía y en las personas más vulnerables. Entre sus efectos más corrosivos destaca de manera muy notable el aumento de las desigualdades, la ruptura de la cohesión social y el auge del fenómeno populista. Nos referimos en concreto al deterioro de los servicios públicos, al persistente desempleo, a la pérdida de presencia de los salarios en la renta nacional, la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, las severas carencias en protección social, la brecha digital y de género, la falta de igualdad de oportunidades…

Sin embargo, y a pesar de todo, el virus está poniendo de manifiesto la notable solidaridad en la Unión Europea y, sobre todo, en nuestra sociedad y familias, así como la decidida apuesta de muchos por las políticas redistributivas y, en concreto, por eliminar las brechas sociales de todo tipo, sobre todo las que sufren muchas mujeres, en coherencia con la lucha por la igualdad que presidieron las movilizaciones obreras a lo largo de nuestra dilatada historia.

En el contexto internacional, las últimas elecciones en EEUU han estado también  muy marcadas por la lucha contra la violencia y la explotación ejercida sobre muchos inmigrantes (latinos y  personas de color). La política supremacista de Donald Trump no ha dudado en alentar los brotes de racismo y xenofobia, defender el proteccionismo comercial (“Ámerica lo primero”), la reducción de impuestos, la supeditación de la lucha contra el virus  a los negocios, así como la subordinación  de la economía y del empleo a las políticas neoliberales: la desregulación absoluta de la económica y el fuerte golpe a los derecho laborales y sociales. No resulta extraño que los electores hayan rechazado claramente esta actitud y apostado por una política más redistributiva que incluya aumentar los impuestos a los más ricos, respetar los derechos sociales, garantizar una mayor presencia del Estado en una economía social de mercado y apostar por el multilateralismo en un mundo globalizado. 

En todo caso, la Pandemia está demostrando que los países más avanzados en términos económicos, sociales y de salud pública disponen de más recursos y están superando mejor los terribles efectos de la crisis. Por eso se debe insistir en poner en valor la justicia social, la lucha por la igualdad, la protección social a los más débiles, los derechos laborales y sociales, los servicios públicos (sanidad y enseñanza) y el compromiso activo por aumentar los ingresos fiscales, entre otras medidas.

Particularmente, los servicios públicos han sufrido los destrozos de las políticas de austeridad y, actualmente, de la Pandemia. De manera especial, el personal sanitario ha carecido de la necesaria protección contra el virus, además de soportar unas penosas condiciones de trabajo: largas jornadas de trabajo y salarios muy bajos, lo que ha representado una auténtica regresión comparativa con los países más avanzados de la UE. En estas circunstancias, la prioridad del Gobierno y de las CCAA debe ser reforzar la prevención y la salud pública. En concreto, proteger a los profesionales sanitarios, examinar a fondo el funcionamiento de las residencias de mayores (son intolerables los nuevos contagios), potenciar la atención primaria, incrementar las pruebas de diagnóstico, frenar el desvío interesado de enfermos a la sanidad privada, como está ocurriendo, con muy poca transparencia, en algunas CCAA, además de coordinar la distribución de las vacunas disponibles en el momento apropiado.

En todo caso, debemos recordar que el aumento de las desigualdades está muy marcado por el desempleo, la precariedad y la dualidad de nuestro mercado de trabajo (a la cabeza, junto a Grecia, de la UE). Efectivamente, el escaso empleo que se genera contempla altos índices de precariedad: la tasa de temporalidad sigue alcanzando porcentajes intolerables, el trabajo a tiempo parcial no deseado se consolida, la prolongación de la jornada muchas veces no se paga, se deteriora la salud en el trabajo, los contratos a cero horas resultan abusivos y escandalosos y los falsos autónomos aumentan considerablemente… Sobre todo resulta intolerable el alto  desempleo de los jóvenes, mujeres, inmigrantes y mayores de 52 años, así como la baja cobertura de la prestación por desempleo que, a pesar de su mejoría, sigue siendo insuficiente para paliar la dramática situación de muchos desempleados.

Hasta ahora, las derechas se han limitado a defender que el crecimiento de la economía impulsado por la iniciativa privada es la única alternativa para crear empleo, a pesar de que se ha demostrado que ello resulta claramente insuficiente. A la izquierda se le exige, lógicamente, mucho más: alternativas y políticas públicas de inversión capaces de avanzar en la resolución de los problemas que condicionan nuestro presente y futuro e, incluso, nuestro propio Estado de Bienestar Social. En concreto, renegociar la prolongación de los ERTE y de los créditos ICO, aplicar con eficacia el IMV, así como apoyar al sector de hostelería y al pequeño comercio, en el marco del diálogo social reforzado en torno al Plan de Recuperación del Gobierno. 

Además, en estos momentos, el Gobierno debe revisar a fondo las actuales políticas activas de empleo, como ha propuesto la ministra de trabajo a los interlocutores sociales para su consideración: la cuantía de la inversión, las bonificaciones a la contratación y, sobre todo, lo relacionado con la formación y la cualificación profesional (teórica- práctica). En segundo lugar, debe elaborar un diagnóstico certero en torno a las oficinas públicas de empleo. Las oficinas públicas son muy eficaces para registrar a los trabajadores desempleados y gestionar la prestación por desempleo. En cambio, fracasan en su tarea de intermediación en el mercado de trabajo y arrastran en esta práctica a las empresas de trabajo temporal (ETT), a los interlocutores sociales e, incluso, a la Inspección de Trabajo en sus diversas competencias.

En tercer lugar debe abordar a medio plazo el cambio de nuestro modelo de crecimiento (que tenga en cuenta el cambio climático y el medio ambiente) y de nuestro modelo productivo (digitalización, conocimiento y valor añadido), al margen de dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas y de buscar nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, es imprescindible que la actividad industrial en nuestro país alcance el 20% del PIB y conviva con el turismo, la agricultura y los servicios, con el propósito de alcanzar un alto grado de diversificación de la economía en todas las CCAA, incluidas las agrarias (industria agroalimentaria). Esta será la mejor alternativa para consolidar los asentamientos de población y atraer a nuevas personas a la España del interior, lo que evitará que el espacio rural se vacíe definitivamente.

Por eso, no es extraño que los sindicatos insistan en abordar estos graves problemas y, en coherencia con ello,  exijan derogar las reformas laborales, sobre todo después del desafortunado y rechazable Informe del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de La Moncloa: Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico. Este Informe ha abierto un nuevo frente entre el PSOE y UP e, incluso, puede  reproducir las diferencias históricas que se suscitan entre las áreas de trabajo y economía de cualquier gobierno. Debemos recordar los terribles efectos de la  reforma laboral impuesta por el PP: agresiva devaluación salarial, abaratamiento del despido, intolerable precariedad del empleo, deterioro de las condiciones de trabajo y sobre todo la apuesta por el convenio de empresa en detrimento del convenio de sector, lo que ha reforzado considerablemente la actual relación de fuerzas (muy favorable a los empresarios) y expulsado en la práctica a los sindicatos de la pequeña empresa.

Por eso, en la actualidad, muchos trabajadores exigen una explicación y se preguntan ¿A qué esperan el PSOE y UP para corregir esta dramática situación? ¿Espera el Gobierno a que se aprueben los PGE-2021? y ¿Qué harán con este Informe la CEOE y los sindicatos? No es fácil contestar a estas preguntas en medio de la Pandemia. Sin embargo, existe un consenso mayoritario en derogar cuanto antes las últimas reformas laborales y, en todo caso, eliminar las medidas más lesivas para los trabajadores. En este sentido, hay que dar prioridad a los convenios colectivos de sector (las empresas en dificultades  pueden defender y argumentar siempre su descuelgue) y a la reducción de la precariedad de nuestro mercado de trabajo: recuperar la causalidad en la contratación, perseguir el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la inspección de trabajo. En definitiva, potenciar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En definitiva, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los ámbitos de negociación, así como los contenidos a negociar de manera articulada en los ámbitos inferiores.

Por lo tanto, la revisión en profundidad de la legislación laboral y el reforzamiento de la negociación colectiva no solamente afecta al acuerdo programático del actual Gobierno. Afecta también al PSOE, UP, sindicatos, trabajadores e, incluso, a los empresarios. De acuerdo con ello, la CEOE debería tener una actitud más comprometida y menos cortoplacista y, como consecuencia,  defender sin reservas la “autonomía de las partes” y buscar un acuerdo que facilite la decisión final del Gobierno. Buenas razones para que la reiterada demanda sindical- de abordar  en profundizar la legislación laboral- sea asumida como uno de los ejes fundamentales de la llamada Agenda Social (un mercado de trabajo digno y con derechos), lo que además debería facilitar la salida progresista de la crisis en esta legislatura.

Finalmente, entre las medidas progresistas se debe incluir también la protección social y, sobre todo, la política fiscal como ejes vertebradores de una ilusionante política socialdemócrata que luche eficazmente por superar las desigualdades. Para aplicar estas alternativas siempre es un buen momento; por eso, la Pandemia y la crisis económica y social no pueden ser nunca utilizadas como coartada justificativa  para retrasar su aplicación en el tiempo, sobre todo cuando son perfectamente compatibles con los PGE-2021 y con la distribución de las ayudas acordadas por la UE.

Antón Saracíbar

Principios políticos, democracia, Bildu y PGE

El que Bildu se halla sumado a apoyar en principio la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado me parece una buena noticia en un doble sentido.

Por un lado me parece un triunfo de la democracia en mayúsculas y viene a dar la razón a todos aquellos que siempre mantuvimos que contra las bombas estaban los votos, que en democracia se puede defender cualquier cosa pero siempre y exclusivamente con la palabra, lo cual lleva implícito, al menos desde un punto de vista de aceptación de los valores democráticos, no solo la defensa parlamentaria de éstos, sino sobre todo su puesta en práctica mediante el ejercicio del pacto, el acuerdo y el consenso democrático. La alternativa a esto, o sea, el desprecio de esta manera de entender la vida democrática y su traslación parlamentaria supondría un cínico ejercicio de hipocresía política, ¿cómo defenderíamos el rechazo total a hablar con Bildu?, ¿qué le diríamos?: “os hemos estado engañando (…) cuando decíamos que dejarais las armas y  aceptarais la democracia os mentíamos a sabiendas (…)” ¿Ese debiera ser el valor de nuestra palabra política?

Sin duda el camino democrático, lo que se hace en los Estados de Derecho en donde la democracia está firmemente implantada, pongamos como ejemplo el caso del Reino Unido, Irlanda, los renombrados Acuerdos del Viernes Santo y el encaje del Sinn Fein en el parlamento, es precisamente mantener sobre cualquier otra cosa los principios democráticos: el valor de la palabra, la discusión dialéctica, la confrontación de ideas y de ideologías y la capacidad de, sustentados en estos, llegar  a acuerdos y consensos con el oponente.

Por si estos argumentos de por sí no fueran lo suficientemente contundentes, debemos señalar que ninguno de los parlamentarios de EH-Bildu tiene cuentas pendientes de ningún tipo con la Justicia, que han explicitado de forma contundente su renuncia a cualquier tipo de violencia y que en otro orden de cosas, los condenados por delitos terroristas siguen y seguirán hasta que decida la justicia en la cárcel, y que ETA fue vencida por el Estado, precisamente con un gobierno socialista presidido por Jose Luis Rodriguez Zapatero y con Alfredo Rubalcaba como ministro del Interior, sin que se hiciera ningún tipo de concesión a la banda terrorista.

Pero claro mantener este discurso y ‘hacer política’ defendiendo esta línea de actuación requiere el tedioso y lento esfuerzo de hacer pedagogía, de tener que explicar sin descanso porque uno actúa de este modo, porque es este el camino correcto y cuáles son los principios básicos y sagrados de la democracia, esto suele llevar tiempo, normalmente mucho tiempo, suele dar frutos a medio y largo plazo, nunca en el momento, y obviamente algunos prefieren alinearse con el impulso sentimental, además muy humano, de rechazo que provoca el recuerdo de la violencia terrorista que comprensiblemente otorga votos per se; y si además para ‘algunos y algunas’ les vale para criticar la política de pactos de la dirección del PSOE pues miel sobre hojuelas, y no me estoy refiriendo exclusivamente a la derecha, creo que se me entiende.

Y por otro lado me parece que en la situación de excepcionalidad en la que vivimos requiere que la reconstrucción del país, que sin duda será ardua, cuente con el mayor apoyo posible de voluntades; estas voluntades en política se reflejan, en primer lugar en la aprobación  de unos Presupuestos Generales del Estado que doten con respaldo económico las líneas políticas a seguir, y en segundo lugar en la discusión y el acuerdo de esas ‘políticas a seguir’, por lo que sería deseable el acuerdo de cuantos más mejor. Si en esos acuerdos caben Bildu, un partido de izquierdas y el PNV, un partido de derecha, tanto mejor, mostraríamos que seriamos capaces de pactar con la derecha moderada y de ayudar a Bildu hacia un camino de normalización democrática; pero por todas estas razones sería deseable contar finalmente también con el apoyo de Ciudadanos, deberíamos también ser capaces de ayudar, o al menos de intentar, que Ciudadanos se alejase de las posturas radicales de la derecha extrema y de la extrema derecha y se acercarse a la centralidad. Los mismos argumentos éticos que utilizamos para anteponer la grandeza de la democracia como sistema y que por tanto no es solo aconsejable sino necesario por higiene democrática atraer a todos al debate político valen en este sentido tanto para Bildu como para Ciudadanos o para cualquier otro partido político. Nosotros, los socialistas, a priori no debemos rechazar a nadie, que quienes quieran se autoexcluya ellos mismos por sus actos, no por nuestros apriorismos. No me gustaría pensar que quienes promueven la exclusión de otros lo hagan motivados por el afán de constituirse en los únicos válidos y necesarios y por tanto en imprescindibles.

Jose Luis Bejarano Damas

Tribuna Socialista de Sevilla

Agrupación municipal de Almensilla.

No siempre tiene que seguir ganando la banca

Hace unos días los pensionistes de El Vendrell pedían a los partidos políticos que aspiran a representarles que se posicionaran exigiendo a los bancos una mayor humanización, y más personal para poder ayudarles, presencialmente, a realizar trámites que, por si solos, no saben o pueden realizar utilizando los cajeros y la banca online.

Ciertamente, los pensionistas tienen razón en exigir que la banca deje de despedir trabajadores, que vuelva a atender personalizadamente, como antaño lo hacían las cajas de ahorro, y que dejen de cobrar comisiones por todo, en especial, por hacer trámites en ventanilla, como correspondería a un “Servicio de interès general” que debiera ser público, en tanto que servicio de interès general.

No es que la banca pierda dinero. La banca siempre gana. Mientras la mayoría nos ajustamos el cinturón a los tiempos que corren, el negocio de la banca ha mejorado en plena pandemia con más de 55 millones diarios en comisiones.

Los números rojos de la banca solo obedecen a ajustes contables. El sector financiero està obteniendo mayores ganancias que el año pasado gracias, principalmente, al cobro de comisiones por prestar servicios bancarios a los clientes, que entre enero y septiembre alcanzaron la cuantía de 15.146 millones de euros.

El peso de las comisiones en el negocio bancario espanyol supone casi la tercera parte (31%) de los 23.119 millones de euros que suma el margen bruto de los seis grandes bancos.

Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) hizo público un informe según el cual “los bancos están reaccionando con subidas de comisiones a un Euribor en tasas históricamente bajas, incluso con cobros por operativa en ventanilla” que “suponen un paso más para alejar a los clientes de las oficinas bancarias” y que, especialmente en el caso de los consumidores vulnerables y de los de mayor edad, “contribuyen a aumentar la brecha digital”.

No solamente los particulares son maltratados por la banca. La administración, y puedo hablar de ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, necesitan tener el dinero público que los distintos Presupuestos asignan al pago de las nóminas de los empleados públicos, al pago de los proveedores, al pago de los distintos servicios municipales, comarcales o provinciales que se prestan a la ciudadanía. Es el dinero público que tienen asignados estas administraciones y que proviene de las tasas e impuestos que todos pagamos. Ese dinero ha de estar depositado en bancos hasta su utilización. Pues bien, los bancos en la actualidad están cobrando comisiones sobre ese dinero público. Imaginen: un banco cobra a un ayuntamiento mediano, con un presupuesto de 60 millones de euros, unas comisiones por valor de 150.000€ por la cara (0,25% de comisión por cada millón de euros depositado). Ese es el salario de unos cuantos trabajadores públicos, o el recorte de servicios como educación, limpieza de calles y recogida de basuras, o cualquier otro de los servicios prestados por la administración local,

El Banco de Santander, líder del sector, anuncia a bombo y platillo: “Santander habrá cumplido a finales de año y antes de lo previsto el objetivo de ahorro de costes de 1.000 millones de euros en Europa que anunció en 2019. La entidad espera reducir los costes por valor de otros 1.000 millones de euros en los próximos dos años en Europa“.

Eso significa que tras más de 90.000 despidos en los últimos años, la banca apunta a nuevas oleadas de despidos en el sector bancario. Despidos que crecen al mismo ritmo que aumenta la digitalización del negocio, que en el caso de Banco Santander y Bankia, suponen el 40% de sus ventas, acercándose al 60% de BBVA.

Más trato presencial reclaman los pensionistas, mayor fluidez del Crédito reivindican los autónomos, menos comisiones reinvidicamos todos.

Que mientras las economías de los trabajadores se hunden los bancos ganen más dinero que nunca, da una idea de lo podrido de un sistema económico que exige a gritos que el sector público coja las riendas de la economía, con un sistema financiero público, exclusivamente público.

Baltasar Santos

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

El pueblo chileno derrota en las urnas a los defensores de la constitución Pinochetista

El domingo día 25 de octubre se realizó el referéndum donde los chilenos decidieron por abrumadora mayoría cambiar la constitución redactada en 1980 bajo el régimen de Pinochet.

El 80% de los chilenos, que fueron a las urnas, han votado por el cambio de Constitución, en todas la regiones de Chile el voto mayoritario fue a favor del sí al cambio constitucional, solo en los distritos de Santiago de Chile donde viven los gobernantes de derechas el voto ha sido por mantener la constitución actual.

Especial relevancia tiene la alta participación, si lo comparamos con otros comicios, en el referéndum y en particular la juventud que se ha volcado en unas votaciones que son, bajo otra forma, la continuidad de las movilizaciones empezadas en octubre pasado, lo que supone una derrota para el gobierno derechista de Sebastián Piñera que se resistía hasta el último momento a realizar el plebiscito.

Ciertamente el presidente Piñera y su Gobierno salen más debilitados de lo que ya estaba, pues la lucha que durante este año han

 mantenido la mayoría social de Chile está estrechamente ligada a la defensa de las pensiones, de los estudiantes defendiendo el derecho al estudio, y de los sectores productivos fuertemente dañados, la defensa de la democracia que se concreta en la necesidad de un cambio constitucional que garantice todas las demandas mayoritariamente formuladas.

Ha sido un triunfo del pueblo que inició hace un año una lucha por sus reivindicaciones y que ha encontrado un verdadero obstáculo en la Constitución Pinochetista.

José A Iniesta

Afiliado del PSC de la agrupación de Sant Boi.

Miembro del Comité de Redacción deTS.