Categoría: Socialismo

DESPUES DEL 28M, NO PODEMOS PARAR

Cuatro décadas preparando la privatización de nuestro Sistema Público Sanitarios

Con la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya de 1990, que permitía el uso de hospitales privados con financiación pública, y el informe Abril Martorell de 1991, que pretendía reducir el nivel de aportación de cotizaciones a la Seguridad Social al Sistema Nacional de Salud, y con copagos de los usuarios por los servicios reducidos, se inicia el proceso de privatización de nuestro Sistema Sanitario Público. Estos procesos se paralizaron parcialmente por la ciudadanía en la calle. Sin embargo, leyes de calado privatizador como la 15/97 es un apoyo más a las políticas privatizadores, al permitir que en la gestión de los servicios sanitario puedan intervenir entidades públicas y privadas.

En 1999 se crea en la Comunidad Valenciana el primer modelo público de gestión privada en España, el llamado modelo Alzira. La senda privatizadora continúa con Esperanza Aguirre con la construcción en la Comunidad de Madrid, en el periodo entre 2005 y 2008, de seis hospitales nuevos con gestión privada.

En octubre de 2012, el entonces Consejero de Sanidad Fernández Lasketty, intentó privatizar seis hospitales y 27 Centros de Salud. Las condiciones que constaban en los pliegos hechos públicos en el BOCM dejaban bien a las claras que estas medidas suponían asegurar el beneficio de las empresas que participarían en la gestión hospitalaria, más que proteger el Sistema Sanitario Público y la propia asistencia médica a la población.

El proceso de privatización de Lasketty suponía el despido de más de 5.000 profesionales sanitarios. La respuesta no se dejó esperar. Una histórica Marea Blanca se hizo visible en las calles. Los ataques contra nuestro sistema sanitario público que comenzaron en los años 90 llenan las calles dos años después del nacimiento del 15 M.

El 15 M devolvió la ilusión a la ciudadanía. Los sindicatos volvieron a estar beligerantes en defensa de lo público. Las medidas privatizadoras que habían pasado desapercibidas toman cuerpo en el mismo momento que Ignacio González y el Consejero de Sanidad Lasketty sacan a la luz el plan que intenta transformar el sistema.

Un espacio en defensa de la salud y la vida basado en la autoorganización

En 2022 el dúo Ayuso-Lasketty, retoma la senda privatizadora. Aprovechan la pandemia para desmantelar otro poco más la Atención Primaria, primer escalón fundamental de nuestro sistema sanitario público. La cartera de servicios se ve mermada. Cientos de miles de usuarios se ven privados de asignación de médicos. Más de seiscientos mil niños se encuentran sin pediatras. Se cierran los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUAP). El consejero Ruíz Escudero, presenta un nuevo modelo de Atención Primaria basado en la enfermería y video consultas.

La respuesta no se deja esperar. Esta vez corre a cargo de los usuarios de la Sanidad Pública. Con los cierres de los SUAP la ciudadanía de barrios de clase trabajadora se laza a las calles. Carabanchel, Latina y Villaverde se movilizan semanalmente. Concentraciones, manifestaciones semanales recorren las calles de los barrios de estos distritos. Durante dos años las movilizaciones no cesan. La idea de autoorganización va calando en las vecinas y vecinos de estos barrios. Las Asambleas semanales que dan paso a las manifestaciones o concentraciones son cada vez más numerosas y la implicación ciudadana también. Tareas como pegada de carteles y mesas informativas va creando un espacio de compromiso ciudadano por la apertura de las urgencias, por la demanda de más personal médico y por la defensa de una Atención Primaria que está siendo programada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia su destrucción.

En julio de 2022, los barrios de Carabanchel, Latina y Villaverde hacen un llamamiento a organizar una gran movilización. A este llamamiento se unen barrios y municipios de la Comunidad de Madrid que llevaban un proceso movilizador idéntico. Rivas Vaciamadrid, Arganzuela, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Getafe, Guadarrama. En julio de 2022 una Asamblea en la que participan representantes de Asambleas de barrios, municipios, colectivos sociales, asociaciones vecinales constituyen el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid.

El 13 de noviembre se produce la primera convocatoria de este espacio. Las calles de Madrid se convierten en una riada ciudadana que accede a la Plaza de Cibeles en cuatro columnas, convirtiéndose en la manifestación más multitudinaria que haya existido en nuestro país hasta esa fecha, por la defensa de la Sanidad Pública.

Los planes de Ayuso siguen adelante y, en febrero, de nuevo la ciudadanía toma la calle con una manifestación más numerosa que la celebrada en el mes de noviembre.

En el mes de abril Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, ante la continuación de los planes del Gobierno Ayuso organiza una Consulta Ciudadana por la Sanidad. Más de 324.000 ciudadanos y ciudadanas participan en la misma exigiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid como tarea prioritaria la financiación necesaria que permita la dotación de personal y medios necesarios para la Atención Primaria, Servicios de Urgencias Rurales, Summa 112 y Hospitales de la Comunidad de Madrid.

En esta consulta en la que no participan, UGT, CC.OO., FRAVM, SOCIEDADES MÉDICAS adquiere un gran valor de auto organización. Miles de voluntarios, convierten la consulta en una acción que ha servido para aumentar el compromiso por la defensa de la Sanidad Pública, estableciendo una conexión directa con la ciudadanía y sus preocupaciones por el deterioro de nuestro sistema sanitario público.

Gobierne quien gobierne la Sanidad Pública se defiende

Este lema es repetido hasta la saciedad en las múltiples movilizaciones en defesan de la Sanidad Pública. Sea el que sea el resultado de las próximas elecciones Autonómicas, la movilización no va a parar hasta frenar los procesos de destrucción de nuestro sistema sanitario público. El próximo 29 de mayo, la lucha se retoma. No hemos ganado nada todavía, en lo que se refiere a frenar los planes de destrucción de los servicios públicos. Sin embargo, ahora mismo hemos acumulado un capital inmenso. Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid hemos conseguido un espacio de lucha y auto organización. Un espacio que nace de la movilización. Un espacio que está siendo capaz de organizar grandes movilizaciones. Un espacio que tenemos que expandir a todos los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid. Un espacio en el que tienen cabida todos los barrios y municipios que se movilizan por la defensa del derecho a la salud y la vida que es lo que nos une.

Damián Caballero Martínez
Presidente de la PLAFHC
Miembro del Grupo Técnico de VHC del Ministerio de Sanidad.

28M, sin alternancia, sin esperanzas

Hoy se publican dos noticias que leídas juntas dejan poca esperanza en que las cosas puedan ir a mejor en Bizkaia y en Euskadi tras el 28M.

El diario el “El Correo” nos cuenta como el 56% de los municipios bizkainos siguen gobernados por el mismo partido político desde 1979, y nos da la lista de municipios, entre ellos su capital Bilbao, donde las cosas nunca cambian. Otro Diario “Argia” confirma la culminación de la privatización de la gestión del agua en Bizkaia tras acabar con todos los consorcios del agua, el ultimo el de Busturialdea.

Vivo en Barakaldo, margen izquierda del Nevión, cuna del socialismo bizkaiano y capital de la zona minera, de lo que ya no queda más que el recuerdo, tanto de lo uno como de lo otro y algo del paisaje. Mi municipio es de los que se sale de ese 56% que menciona el correo, aunque por muy poco, estuvimos gobernados por el PSE/PSOE desde el 1983 hasta 2015, 32 años, desde entonces estamos en manos del PNV, partido que consiguió la primera alcaldía de la democracia de 1979 a 1983. Como se puede ver no hay una gran alternancia política en Barakaldo, menos si tenemos en cuenta el pacto de gobierno que une a estos dos partidos en las instituciones vascas y que suele llegar hasta las políticas municipales. Las políticas de unos y otros son muy difíciles de diferenciar, si buscamos políticas “Socialistas”, por ejemplo, resulta chocante que el PSE/PSOE, como aspirante a recuperar el ayuntamiento, en sus promesas electorales se incluyan mejoras en barrios degradados, que llevan más de 30 años degradados y por los que poco hicieron en su día.

El partido socialista en Bizkaia y en Euskadi tiene muy fácil el distanciarse del PNV y de sus políticas conservadoras sin tener que recurrir a grandes obras en las infraestructuras de nuestros barrios, bastaría con defender simples ideales “Socialistas” como la lucha por lo público y contra las privatizaciones o por una laicidad real empezando por los municipios y llegando al gobierno autonómico.

El pasado mes de abril las centrales sindicales vascas, ESK y ELA, denunciaban la privatización de los almacenes de Osakidetza, el objetivo real de Osakidetza no es otro que el de cerrar los diferentes almacenes con los que cuenta hoy en las diferentes Organizaciones de Servicios, gestionados con medios y personal propio, para centralizarlos en la futura plataforma logística, cuya gestión se va a subcontratar a una empresa externa y por lo tanto, a privatizar. No es el primer ataque de privatización que sufre el Servicios Vasco de Salud, como es práctica habitual en todos los servicios de Salud del Estado, empiezan con derivaciones de pacientes a centros privados “colaboradores” para ciertos procedimientos, siguen el engorde de las listas de espera que hasta para la atención primaria pasa de horas o dias a semanas. Y acaban con el cierre de servicios, como el módulo psicosocial de Cruces, en mi municipio, que este sí que llevaba funcionando desde 1979.

También en estos días, y cara a la actual campaña a las elecciones municipales para el 28M, desde la asociación “Langilen Informazioa” nos hemos dirigido a los candidatos para que incluyan en sus mítines y en sus discursos la discusión sobre el proyecto de ley que prepara Gobierno Vasco en el que se va un poco más allá del pacto que ha alcanzado el gobierno de Pedro Sánchez con diferentes religiones. La propuesta del gobierno vasco obliga a los municipios a reservar terreno público para cualquiera de las confesiones religiosas, esta carta ya la publicamos en el número 143 de TS ( https://tribunasocialista.com/2023/05/02/ley-de-culto-en-euskadi/ ), como bromeaba, y no sin razón, un periodista de La Cadena Ser, nos vamos a convertir en el paraíso para las STARTUP religiosas.

También hemos preparado una mesa redonda en Leioa, para el próximo día 25, a la que hemos invitado a los candidatos a estas municipales a significarse en favor de la Auditoria a las cuentas de la seguridad social, algo que por ley aprobada en el congreso se debería haberse llevado a cabo hace meses.

Estos son los ejemplos más cercanos y recientes del poco interés de los candidatos en Euskadi por políticas “Socialistas”, porque el problema que siempre queda patente del PSE/PSOE en Euskadi es el pacto con los conservadores que le ata de pies mi manos para poder hacer suyas cualquiera de estas políticas por lo público, contra las privatizaciones, por una laicidad real en nuestros municipios, un pacto que se hace notar hasta en Madrid cuando el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sacar adelante los presupuestos generales del Estado con el apoyo de los abertzales.

Iñaki Merino
Comite de Redaccion de TS

Fuentes:

En política no vale todo

Cada vez es más escasa la dignidad entre los políticos del momento, realmente ¿creéis que vale todo con tal de ganar las elecciones?

Y en el caso de que se ganen ¿para qué?, ¿legislaremos siempre de la mano de la derecha?

¿Por qué esas personas maduras, con valores, con principios, con un índice de solidaridad imprescindible, con ideas propias, con el ansia e ímpetu necesario para luchar por una sociedad justa, que me consta porque los conozco, no lideran esos ideales haciéndose cargo del futuro?

La contestación es muy sencilla, por su propia decencia, honorabilidad, autorrespeto, ya que a día de hoy la política en nuestro país se ha convertido en un estercolero, siendo escasos los sufridores que ocupan su escaño con dignidad, y no como un medio de vida personal, rentable y cómodo, como hace la mayoría de nuestros representantes, a los que lo único que les importa es permanecer en la poltrona, hasta que eso les garantice una renta vitalicia.

Cada día que pasa, me da más pena el proceso de descomposición de la izquierda en nuestro país, es muy triste que se haga necesario para realizar una corrección de una ley, acudir a esta derecha que se frota las manos, cada vez que le ponemos en bandeja nuestra incompetencia.

Es muy difícil comprender, desde mi desconocimiento de las leyes y de su aplicación, lo que hemos sido capaces de hacer con lo del “sí es sí”. Es difícil de entender como es posible que, entre 23 ministros que forman el gabinete, nadie de los que se les supone una formación haya sido capaz de ver antes de su aprobación los fallos que dieron lugar al efecto contrario al que debería buscar esa ley, dejando en la calle a delincuentes antes de su teórica rehabilitación.

Es difícil comprender como ni esos ministros ni la legión de asesores que cada uno de ellos tiene, hayan sido capaces de detectar esos fallos al leer la proposición de ley, si es que la leyeron, lo cual ya dudo. Tampoco entiendo como el presidente, sabiendo como sabe de la escasa capacidad de la mayoría de “Jesuseros” que le rodean, tampoco parece habérsela leído.

Es evidente, que los diseñadores de esta ley han descuidado algunos términos de la misma en su afán de la protección real de las víctimas, pero seguramente les está preocupando más mantenerse en unas poltronas en las que no hubieran soñado estar si no fuera por el actual deterioro de nuestro partido.

Todo esto es inconcebible pero aun lo es más que no seamos capaces de unir a los progresistas para corregir los errores que lógicamente todos somos capaces de cometer, y tengamos que rogarle a la derecha más retrograda, ansiosa de protagonismo, que nos saquen de este fango en el que estamos metidos ante un proceso electoral que a la vista de los acontecimientos nos hundirá aún más.

Encima, nuestro portavoz, para disculpar la humillación, comenta que sólo son cuestiones semánticas las acordadas con el PP, que sólo se trata de un cambio en la “Fe de erratas” lo que me indigna más si cabe pues si sólo son eso ¿Por qué no se pacta con el progresismo?, siempre me molestó mucho que me tomen por imbécil.

Reconozco que no debe ser fácil para las ministras que redactaron la nueva ley supeditadas aunque lo nieguen a un “Macho Alfa”, llegar a acuerdos con quien las envía a negociar en un forzado feminismo, cerril e infantil, que sólo se desarrolla semánticamente, pero con sus poderes claramente recortados con lo cual una vez más nos encontramos con el hecho histórico de que la izquierda no nos ponemos de acuerdo “ni pa apañar pesetas”. Ya lo estamos viendo con la vicepresidenta del gobierno nombrada por el Macho Alfa, como sucesora pero que curiosamente resulta que piensa, y eso no estaba dentro de los cálculos del dirigente en la sombra, por eso ahora tocan los palos en las ruedas en lugar de unir fuerzas contra ese fascismo que cada vez está más cerca.

Yo, desde mi tierna juventud he sido utópico de convicción, por eso ahora ya con casi 78 años, ni sé ni quiero dejar de serlo y sigo esperando y ansiando, que las organizaciones progresistas se unan y trabajen en la consecución de un mundo mejor para todos, sin extorsiones partidistas sin la exigencia de reivindicaciones personales, ni de gremio, si eso se consigue alguna vez lo conseguiremos y quizás nuestros nietos, puedan por fin vivir en una sociedad justa, ya va siendo hora.

Paco Ascón
Militante socialista de Xares (Ourense)

La V República en entredicho

El sábado 15 de abril, con nocturnidad y alevosía, el presidente de la República francesa, Enmanuel Macron, promulgó la Ley de Financiación Rectificativa de la Seguridad Social para el 2023, es el nombre oficial de la conocida popularmente como reforma de las pensiones, que pretende retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Esta ley, que fue enviada al Consejo Constitucional, una institución que podríamos asemejar al Tribunal Constitucional español, pero formado por algunos ex ministros de Macron, dio luz verde a la propuesta de ley en el punto más conflictivo: prolongar la edad de jubilación dos años más.

Nada más conocerse la decisión del Consejo Constitucional, los sindicatos pidieron al Presidente que no promulgara la Ley, pero este hizo caso omiso y la promulgó, con la arrogancia que le caracteriza no quiso ni oír a los sindicatos que, unánimemente llevan meses convocando huelgas y manifestaciones en contra de la reforma de pensiones. Pero si Macron fue rápido en promulgar la Ley, igualmente rápidas fueron las caceroladas y manifestaciones que de forma espontáneas se concentraron en calles y plazas de todo el país, mostrando de esta forma que los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo francés no está dispuesto a aceptar la imposición de una ley que es sentida como una agresión intolerable a uno de los derechos más valorados por los trabajadores franceses.

En el centro de las movilizaciones está la clase obrera con todas las organizaciones sindicales haciendo la unidad y han conseguido el apoyo de la juventud y toda la sociedad francesa.

Pero la reforma de Macron que es la reforma del capital, no solo significa quitar dos años de merecido descanso a los trabajadores franceses, significa prolongar dos años más la explotación de esos trabajadores, soportar los próximos recortes que Macron tiene en cartera y por tanto incrementar dos años más el beneficio que esos patrones extraen de cada uno de los trabajadores afectados.

Como muestra la disposición aprobada por el Consejo Constitucional francés, cada día aparece con más claridad el papel de las instituciones de la V República, que actúan en contra de la gran mayoría de la sociedad francesa, en defensa de una legalidad antidemocrática que permite actuar en beneficio de una minoría y al presidente de la República mostrarse como un monarca. Es por eso que una mayoría de franceses no da legitimidad al presidente para que aplique una Ley que, ni tan siquiera se ha votado en el parlamento.

Macron está en un callejón sin salida, solo, aislado, enfrentado a su pueblo y sin capacidad de respuesta ante la oleada de movilizaciones que recorre todo el país desde hace meses y que seguramente este Primero de Mayo, en las calles de las ciudades de toda Francia volverá a resonar el grito de repudio a Macron y su Ley.

José A. Iniesta
Miembro del Comité de Redacción de T.S.
Militante del PSC en la agrupación socialista de Sant Boi

Matadlos

Dirás que vaya titular tan malvado, que no se debería utilizar nunca una palabra como esa. Que eso de “Matadlos” es demasiado horrible, cruel y diabólico.

El gran problema, el gran bochorno, es que lo diga una responsable de la esfera pública. No ha sido un desliz, lo ha pensado, lo ha escrito y lo ha divulgado. “Hoy la izquierda está acabada. Matadlos”, le escribía Isabel Diaz Ayuso, presidenta diabólica de la Comunidad Autónoma de Madrid y líder del PP de Madrid, a sus diputados y diputadas.

No contentos con ese “Matadlos”, el Sr. Maroto, portavoz del PP en el Senado, afirma con rotundidad, que hay que trasladar a la sociedad que “no hay un socialista bueno”.

Este es el modelo de convivencia que quiere el PP para nuestra sociedad, pensar y divulgar “matadlos”, y pensar y decir que “no hay un socialista bueno”. La verdad es que dan susto, parecen más cercanos a los franquistas (fundadores de su partido) que a cualquier esfera democrática.

El gran problema es que son capaces de hacerlo, lo hicieron ya hace 87 años y durante demasiado tiempo, y actualmente han mostrado ser muy eficaces dejando morir a miles de ancianos en las residencias de mayores de la Comunidad madrileña.

A nivel personal, una dice que me maten, el otro que solo muy malo. Soy nieto de socialista (a mi abuelo, sí que lo mataron), hijo de socialista y socialista, y no tengo miedo a desequilibrados que digan esas barbaridades… aunque sus hechos indiquen que quieren volver por sus andadas y levantarse contra el gobierno legítimo y democrático.

Decía que soy de familia socialista y nunca me enseñaron ni a despreciar, ni a odiar a nadie, independientemente de su ideología.

Tengo amigos del PP que son muy buena gente y los quiero… aunque también es cierto que hay otros muchos que son unos verdaderos hijos/as de puta.

Rafael Fuentes
Militante socialista de Málaga

¿EL FIN DEL SAQUEO DE EXTREMADURA?

En 1978, Mario Garivia, José Manuel Naredo y José Serna coordinaron un libro publicado en Ruedo Ibérico que llevó por título, Extremadura Saqueada. En él se analizaba el impacto del Plan Badajoz (1952) en Extremadura, un simulacro de reforma agraria. Los objetivos del plan eran la colonización, industrialización y electrificación de la región. El primero de ellos consistía en convertir a los campesinos en pequeños empresarios, el segundo fue claramente insuficiente y el tercero se basó en la construcción de centrales hidroeléctricas. Transformó, mediante la construcción de pantanos y canales, la tradicional agricultura extensiva y de secano en agricultura intensiva y de regadío. En realidad, el Plan Badajoz fomentó el saqueo de los recursos naturales extremeños que, a modo de colonia, fue espacio de inversión en aras de obtener grandes cantidades de productos agropecuarios para los grandes núcleos urbanos fuera de la región, así como una gran producción energética extraída de los nuevos complejos hidroeléctricos, cuyo excedente se exportaba sin dejar ningún beneficio para los habitantes de las dos provincias más grandes de España. La carencia de inversión industrial no energética provocaría una de las migraciones más sangrantes de la historia extremeña, al igual que en otras regiones de la España rural, que se saldó con 600.000 emigrados forzosos a Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania y Suiza.

En los últimos años, Extremadura se ha convertido en el punto de mira del Gobierno y numerosas multinacionales. El calentamiento global, y en especial la guerra en Ucrania, han obligado a Europa y España a realizar una transición energética para no depender tanto de las energías fósiles rusas, una transición que pasa por el uso de energías renovables y el impulso de una nueva industrialización verde. Los datos lo confirman: el índice de producción industrial más alto del país a inicios de 2023 estaba en Extremadura, con 24 puntos, seguido por Madrid con 10,1. Llegaron las energías renovables. En 2020, las numerosas plantas fotovoltaicas construidas en la región producían ya casi los mismos MW que las heredadas centrales hidroeléctricas del Plan Badajoz. Las plantas fotovoltaicas de San Serván (Badajoz), Ceclavín (Cáceres) y la planta Francisco de Pizarro (Trujillo), esta última la más grande de toda Europa, cubren cientos de hectáreas donde antes había ganado extensivo. Frente al discurso oficial de que la transición energética en Extremadura es la base de la transformación económica y social que necesita la región, que dejará numerosos puestos de trabajo de calidad y frenará la emigración silenciosa que sigue afectando a toda la región, la realidad es otra.

Los cientos de empleos generados para la construcción de estas enormes plantas fotovoltaicas han sido más que precarios y no han favorecido para nada el asentamiento de posibles migrantes. Todas las plantas, pertenecientes a Iberdrola, utilizaron numerosas empresas subcontratadas que en el mejor de los casos pagaban las horas extraordinarias a 10 €. Muchas de estas empresas pagaban el salario base por debajo de los convenios colectivos para las industrias siderometalúrgicas de las provincias de Cáceres y Badajoz. La jornada era de nueve horas, no de ocho, y la extra obviamente no la pagaban o la pagaban muy por debajo de lo que establecían los convenios (algo más de 16 €). Sé de lo que hablo, a mi antiguo jefe le tuve que recordar que la jornada laboral de ocho horas se había establecido en este país hace más de cien años, en 1919, por Real Decreto, tras la huelga de la Canadiense en Barcelona. Parece mentira que la industrialización en pleno siglo XXI, ya sea verde o negra, se haga a expensas de los trabajadores y no en su beneficio, a la vez que se estafa a la Seguridad Social. A esta desvergüenza empresarial, financiada y apoyada por la Junta, habría que añadir el agravio comparativo existente entre los trabajadores extremeños y los del resto del país. Las leyes laborales extremeñas han garantizado mano de obra barata y no conflictiva. Cabe recordar aquí que los convenios laborales extremeños son de los peores de toda España, que el coste laboral por trabajador es de los más bajos, solo superado por las Canarias, con una media de 2.479,20, al igual que el coste salarial por trabajador y mes, que está en 1.866,23 (INE), lo que aporta un salario medio anual de 20.479,30. Una vez terminada la planta fotovoltaica, cientos de trabajadores regresan a las colas del SEPE, ampliando esa tasa de paro, de las más elevadas del país con un 17,62% según datos actualizados del INE, solo superada por nuestra vecina y homóloga Andalucía con un 19%. Trabajo temporal y precario, ese ha sido el impacto sociolaboral de las nuevas energías renovables en Extremadura. ¿Algún beneficio en el consumo de energía? Extremadura, como buena colonia, es la región que más energía genera del país, un 487,7% de la electricidad que consume según datos del 2021. Ni empleo estable ni rebaja en el precio de la luz. Como diría Manuel Cañada (2020, Otra Extremadura. Materiales para una historia alternativa de Extremadura), el extremeño paga dos veces a las empresas que explotan su territorio, una con el dinero público facilitado por la Junta y otra con los recibos de la luz.

Extremadura se vacía. En 2021 era la cuarta comunidad autónoma con más defunciones por cada mil habitantes (11,68, INE), por detrás de Asturias, Castilla y León y Galicia. De 1.054.776 habitantes en 2022 según la población inscrita en el padrón, la población proyectada para 2037 por el INE es de 1.002.305. El envejecimiento propio de la España Vaciada deriva de la falta de expectativas laborales estables y de calidad para los jóvenes, que siguen emigrando a los grandes núcleos urbanos del país, especialmente Madrid. En Mérida, el pasado 12 de marzo, Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura por el PSOE, dijo que la llegada de las nuevas industrias verdes supondrá “una venganza histórica de la Extremadura saqueada de los años sesenta». Eso está por ver. En efecto, paralelamente a la construcción de grandes industrias energéticas, se están consolidando fastuosos proyectos industriales como el mayor matadero de cerdo ibérico de Europa en Olivenza, la fábrica de condensadores de litio en Badajoz, la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata o la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo construida por la multinacional estadounidense Diamond Foundry. La inauguración de esta última a principios de marzo de este año tuvo un acto simbólico un tanto surrealista que nos recuerda a la película de Bienvenido, Mister Marsahall, tras enterrarse un cofre con prensa del día, un crucifijo bendecido por el cura de Trujillo y una esclava de oro introducida por una mujer del pueblo que daba por concluida la inauguración. Estas nuevas industrias, especialmente las de condensadores y baterías de litio, necesitan de dicho mineral, que no por casualidad está en Extremadura. Conseguidas ya las licencias de la mina de litio en Cañaveral, la mina prevista para extraer litio en Cáceres se consiguió parar gracias a la presión de la plataforma ciudadana, Salvemos la Montaña. El impacto medioambiental y de salud pública que puede generar este tipo de minas sería brutal en una de las regiones de España con más figuras de protección del medio ambiente. Según los datos del INE, en 2020 Extremadura era la segunda de las regiones que menos gasto total usaba en protección ambiental, a la vez que era la primera que menos invertía en protección ambiental.

La situación actual es clave en la transformación de la sociedad extremeña. La denominada industrialización verde es no solo una necesidad para España, sino una oportunidad para Extremadura, eso es indudable. ¿Pero a qué coste? ¿A costa del medio ambiente, de minar ese paraíso natural de Europa llevado al cine por Carlos Pérez Romero? ¿A costa de los trabajadores, de su precariedad y la salud ciudadana? ¿Nos encontramos realmente a las puertas del fin del saqueo de Extremadura? La movilidad de las asociaciones y plataformas ciudadanas extremeñas, la voluntad política regional, la organización de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y el apoyo de los sindicatos mayoritarios a esta causa condicionarán el futuro de Extremadura en los próximos diez años. Y termino aquí, sin hablar del tren, que daría para otro artículo.

Rodrigo Muñoz Mártinez
Miembro de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)

Editorial: Doce meses de destrucción y muerte

Se ha cumplido el primer aniversario del estallido de la guerra en Ucrania; concretamente el pasado 24 de febrero, día de 2022 en el que las tropas de Putin invadieron territorio ucraniano.

Las cifras son espeluznantes. En septiembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general, Serguéi Rudskoi, afirmaba que 14.000 soldados ucranianos podrían haber muerto desde el inicio de la guerra. Un par de meses después, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., hablaba en la BBC de 200.000 soldados muertos -100.000 rusos y 100.000 ucranianos-, además de 40.000 civiles. En el mes de enero de este año, el jefe del ejército de Noruega, calculaba que 180.000 soldados rusos han muerto o que habían resultado heridos durante el transcurso del conflicto.

La propaganda de guerra -los medios de comunicación al servicio de la guerra- hace muy difícil conocer la verdad, y más aún la exactitud de muertos, heridos y desaparecidos, quizá algún día lo sepamos. Toda guerra es la máxima expresión de la barbarie. National Geographic cifra en 10 millones de muertos y 20 millones de heridos en la I Guerra Mundial. La Enciclopedia del Holocausto eleva a 55 los millones de personas muertas en la II Guerra Mundial, no sabemos si esa cifra incluye los, entre 50.000 y 100.000, muertos en Hiroshima que, el 6 de agosto de 1945, provocó la primera de las bombas atómicas que lanzó EE.UU., ni los entre 30.000 y 50.000 muertos que provocó la segunda bomba, lanzada tres días después sobre Nagasaki,. La BBC cifra en más 58.000 los soldados estadounidenses muertos en Vietnam y en no menos de 1,1 millones de vietnamitas. La guerra de los Balcanes, que se desarrolló entre 1992 y 1995, dejó 130.000 muertos… Un solo muerto ya es un espanto.

La destrucción de Ucrania está siendo doble: física, con la destrucción de viviendas, hospitales, colegios, carreteras, aeropuertos, estaciones eléctricas… y social, pues son más de 7 millones de personas las que se encuentran refugiadas en otros países de Europa y otras tantas las que se encuentra desplazadas, fuera de sus hogares, en el interior de Ucrania. El drama de la guerra se está cebando con mujeres y niños y niñas, como siempre. Ya en marzo del pasado año, el Grupo de Expertos en la Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa advertía del riesgo de ser víctima de trata en un momento en el que el flujo de refugiados en Europa estaba experimentando «su mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial».

Muerte, destrucción y sufrimiento es lo que sufre el pueblo ucraniano. El resto de los pueblos de Europa, incluido el pueblo ruso, están sintiendo los efectos del intercambio de sanciones económicas, en forma de empobrecimiento y deterioro de los servicios públicos; sanciones que, a la vista de los resultados económicos de las grandes empresas de la energía, los combustibles, la banca, el armamento, etc., solo afectan a los más débiles. Un efecto perverso, el de las sanciones, que llevamos décadas viendo en Cuba, que se vio en Irak, que se continúa viendo en Siria…; las sanciones son para los débiles, los ricos sacan producto de la guerra.

Pero la llama de la resistencia contra la guerra no está apagada. Más 1.200 militantes; políticos y sindicales, docentes, periodistas, activistas de diversos movimientos y 29 organizaciones a nivel internacional han firmado el Manifiesto ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!, manifiesto que se hizo público el pasado 11 de enero.

Diputados del Bundestag han llevado a cabo una movilización el pasado día 25 d febrero ante la Puerta de Brandemburgo, en Berlín, para llamar a la paz y la negociación. Este llamamiento ha sido apoyado en Change por más de 600.000 firmas. Como en Berlín, en Madrid, en Génova, en Bruselas, en Londres y en otras grandes ciudades europeas, miles de personas han salido a la calle a decir ¡Alto a la Guerra!

A lo largo del mes de febrero han tenido lugar actos por el ¡Alto a la guerra!, manifestaciones y concentraciones, de forma acentuada en los días del aniversario de la guerra, los días 24 y 25 de febrero, y hay actos programados para estos días próximos de marzo. De todo ellos se da cuenta detallada en los Boletines informativos del CATP. Toda esta actividad es ninguneada por los medios de comunicación de masas.

Las bravuconadas de Putin y Biden, lanzadas en escenarios y platós de TV al aire libre, acompañan a los presupuestos de guerra a los que la OTAN empuja a sus aliados, a los que el epígono de Stolypin responde que dedicará recurso ilimitados a la guerra y que suspende el tratado de control de armas nucleares. ¿Dónde nos quieren llevar? La barbarie no es la garantía de la democracia y la libertad.

La sociedad tiene que despertar, y lo va a hacer con o sin el concurso de las organizaciones políticas y sindicales que debieran estar, desde hace tiempo, al frente de la movilización y la organización contra la guerra y la barbarie.

46 años de los atentados de Atocha

Ni olvido ni perdón

El 24 de enero de 1977, hace ahora 46 años, un grupo de pistoleros franquistas entró en un despacho de abogados laboralistas de CCOO situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid , asesinando a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo que allí traba jaba Ángel Rodríguez Leal, además de herir de gravedad a otras cuatro personas.

En el comando que protagonizó la matanza, además de militantes ultraderechistas franquis tas españoles, también participó un neofascista italiano, próximo a la organización Gladio dirigida por la CIA.

La libertad costó sangre, la transición lucha, y hoy nos toca defender esos mismos valores de libertad y lucha, y no olvidar que los fascistas siguen ahí, y ahora metidos en las instituciones.

Baltasar Santos
Miembro del comité de redacción de TS

Hablemos

Desde hace relativamente poco tiempo, asistimos a un comportamiento político que niega el principio democrático de respeto a la convivencia en paz, de falta de respeto a quien no piensa lo mismo que ellos, y de no aceptación a los resultados electorales, cuando no son favorables a su Partido.

Este proceder, caracterizado por el uso constante de verdades alternativas, convierte a los demás en enemigos que deben ser perseguidos con saña e incluso encarcelados. Puede parecer una barbaridad, que lo es, pero actualmente se utiliza este proceder por la derecha, de forma reiterada sin ninguna prudencia ni por supuesto justificación. Con distintos grados de intensidad: modo Brasil, al asalto; o a la manera Plaza de Colón, modo faltón, buscan generar un clima de “enfrentamiento civil”, cuando la realidad es que sólo una parte muy reducida de la sociedad se sitúa en esa clave, quedando en evidencia que esa actitud carece de fundamento alguno.

Digo desde hace poco tiempo, pensando noviembre de 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales fue acosado hasta tener que pedir refugio político en Argentina, o en enero de 2021 cuando fue asaltado el Capitolio de los USA, o en diciembre de este pasado año 2022 en Perú, donde la maniobra de acoso de la derecha política ha conseguido el encarcelamiento de Pedro Castillo y ha sumido al país en un caos de represión y muerte. Pero recordamos menos otras épocas donde está manera de fomentar el odio derivó en gravísimas consecuencias, como fue la creación de un clima de inestabilidad política para justificar el golpe de Estado militar contra la Segunda República española.

La tergiversación del juego democrático, mediante actitudes y declaraciones que generan un falso clima de enfrentamiento social, hacen desviar la mirada de la actividad normal de cualquier parlamento con su acción deliberativa y legislativa, coloca al ciudadano en una situación donde lo que parece importar de verdad es la diferencia con el otro, diferencia que si no existe se inventa, donde se convierten argumentos en piedras y se sobredimensionan los problemas, negando además su resolución pacífica mediante la discusión y la conciliación. Todo esto sería imposible sin la colaboración necesaria de una preocupante mayoría de medios de comunicación de masas.

El recurso irresponsable a esta forma de actuar en una democracia, mediante la violencia verbal y gestual, es utilizada a conciencia por parte de la derecha y la ultraderecha que ven como su mito ultraliberal se cae hecho pedazos ante las consecuencias de sus crisis constantes y las graves desigualdades sociales que genera. La aparición tormentosa de líderes ademocráticos como Trump, Bolsonaro, Orban, etc., que, dentro de sistemas democráticos, intentan alargar la agonía del capitalismo neoliberal, cómo un epílogo inaplazable de este sistema económico.

Ni siquiera la deriva del social liberalismo, bajo un falso manto de socialdemocracia, ha podido evitar la miseria de un modelo de regresión e injusticia social, que finalmente dejó a la vista sus carencias y su verdadera faz para afrontar una epidemia o para evitar una guerra. Y como ha ocurrido otras veces, instituciones constitucionales creadas para garantizar el respeto a las normas y al juego democrático, instituciones garantes del respeto a los derechos y libertades fundamentales, han sido intencionalmente manipuladas, léase Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…

Sorprende el alcance de estas actitudes irresponsables de ciertos políticos y/o magistrados y de ciertos medios de comunicación, ante las consecuencias de la ruptura de esos delicados equilibrios. Es un sinsentido esta puesta en riesgo de la arquitectura constitucional para conseguir que determinada opción política obtenga lo que no le otorgan los ciudadanos por vías democráticas, y por tanto es aún más impresentable e inaceptable por destruir algo tan importante para un fin tan espurio.

Ante esta situación, donde esos determinados partidos de la derecha antidemocrática practican únicamente ruido y enfrentamiento, buscando el conflicto civil para conseguir el poder por el poder, no podemos responder más que con participación y lucha democrática/pacifica, por ejemplo defendiendo bienes comunes como la Sanidad Pública o las Pensiones, en la más absoluta normalidad, demostrando que el discurrir del juego democrático permite que los conflictos expresados por el pueblo soberano se resuelvan en el Parlamento, sean los que sean y tengan la gravedad que tengan.

Eduardo Hernández Oñate
Militante Socialdemócrata de Madrid

Nicolás Redondo Urbieta.

Una vida de lucha, en defensa de los derechos de los trabajadores

Se ha ido Nico, el de la generación del 27, la obrera, no la literaria. Nació el 16 de junio de 1927, en Barakaldo. Sufrió en su infancia la guerra civil desatada por quienes no soportan los avances sociales y las libertades para la mayoría. Así, siendo niño, entre los 9 y los 12 años, soportó el hambre, el miedo provocado por los bombardeos y el exilio; con 11 años, junto a más de dos mil niños y niñas, embarcó en el Habana, que zarpó desde Santurce rumbo a Francia.

No regresaría hasta finales de 1939, para encontrase con la España del “Cara al Sol” y la represión.

Como era lo habitual en aquellos años, comenzó su vida laboral en la pubertad, en La Naval de Sestao, con 15 años. Nicolas fue de los que estudiaba y trabajaba; por la mañana en la Escuela Náutica y por la tarde en la fábrica. Participó en las primeras huelgas obreras contra el franquismo en 1946 y 1947, en las que se mezclaba la euforia por la victoria aliada en la IIGM, con la resistencia de los trabajadores en España contra la miseria y la sobre explotación. En aquellos años ya era militante de base de la UGT y del PSOE colaborando con el reparto de propaganda, lo que le supuso la primera detención, en la primavera de 1951.

Participó activamente en la huelga de la Naval del 30 de abril del 62, en solidaridad con la que se había desatado el 7 de abril en la mina asturiana de la Cuenca del Caudal, en el Pozo Nicolasa. No descasará de colaborar en los conflictos obreros de la década de los años 60 y en viajar por todo el territorio del Estado, haciendo proselitismo y organizando sindical y políticamente; actividad que conllevaba el riesgo de cárcel y de pérdida del puesto de trabajo. Comenzó a formar parte de las direcciones del PSOE y la UGT en 1970 y el 1971, respectivamente. La Naval le despidió en 1973, era uno de los “precios” que se corría el riesgo de pagar por ser coherente.

Fue en ese año de 1973 cuando, en el XII Congreso de la UGT, es elegido Secretario General por vez primera. Participó en todos los acontecimientos políticos, sociales y de Partido de la década de los 70, destacando su actitud inteligente y generosa en el Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes, en el que optó por apoyar a Felipe González como Secretario General del PSOE, a pesar de que él contaba con apoyos suficientes para serlo, con el criterio de no dividir al Partido y optar por una persona más joven, con capacidad probada.

Fue uno de los diputados secuestrados en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Su respuesta fue la de la defensa de la democracia llamando a la movilización y exigiendo la depuración de responsabilidades.

La década de los 80 comenzó alterada por el intento de golpe de Estado y continuó siendo dura para Nicolas Redondo, quizá la más dura ideológicamente, pero, en la adversidad, prevaleció su sentido de la coherencia y la lealtad a los intereses de la clase trabajadora: se opuso a la permanencia de España en la OTAN, en el referéndum de marzo de 1986; renunció a su acta de diputado, en octubre de 1987, por el desacuerdo con el Gobierno en las políticas económicas y el reparto de la riqueza, acto en el que fue secundado por las también diputados, Antón Saracibar y Cándido Méndez; convocó, junto a las CCOO de Marcelino Camacho, la huelga del 14 de diciembre de 1988, frente a las políticas “liberales” del Gobierno Socialista.

Tras una vida de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, en 1994 puso punto y final a su dedicación sindical al frente de la Unión General de Trabajadores, Nicolás ha vivido serenamente y siendo receptor del cariño y la gratitud de sus compañeros y compañeras. Sirvan estos párrafos para dar una pequeña idea y recordar quién fue este gran defensor de las libertades y los derechos de quienes viven de su salario.

Que la tierra te sea leve, compañero.

Roberto Tornamira
4-ene-2023

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