El Comité de Redacción de Tribuna Socialista y todos sus abonados, expresamos nuestra solidaridad con mas víctimas, familiares y amigos y hacemos nuestras sus pérdidas.
Pero más allá de expresar nuestra solidaridad y apoyo con víctimas y familiares, hay que analizar causas de estos accidentes y tomar las ineludibles medidas para que no se repitan y exigir las responsabilidades que procedan.
De nuevo ha ocurrido un accidente ferroviario en la vía del Ave de Andalucía con el resultado de 69 muertos y más de una centena de heridos, algunos gravísimos. Resulta, que justo antes de las elecciones andaluzas, en esta misma vía, ocurrió otro accidente ferroviario en Ardamuz, con 46 muertos.
Como en el accidente de Ardamuz, en principio se habla de factor humano, pero avanzadas las iniciales investigaciones, parece que se trata de un fallo gravísimo en la tecnología informática digital que debería haber evitado el accidente, y se avanza que no ha sido un solo fallo, sino una concatenación de fallos en diversos sistemas de seguridad ferroviaria que deberían haber funcionado y no lo hicieron, con el funesto resultado comentado.
Entendemos que esta sucesión de accidentes, sin querer entrar en otras posibles causas no casuales sino provocadas, se debe principalmente en la caída general y diríamos que calamitosa, de la inversión en infraestructuras en particular.
Resulta evidente el abandono de la inversión en la actualización y eficiencia de los servicios públicos, vivienda, sanidad, enseñanza, mayores, infancia, mujeres, carreteras, obras hidráulicas, pero la palma de la disminución de la inversión, de la lleva los ferrocarriles, donde la inversión en infraestructuras ferroviarias ha caído un 66,7% respecto al año 2009, con una reducción de dos tercios, situándose en 4.589 millones de euros, siendo la inversión pública en España en 2025 de 37.177 millones de euros, que si bien crece en un 9,1% respecto al año anterior, está a años luz de la inversión producida en 2009, concretamente un 34% inferior.
Por el contrario, los gastos militares se han triplicado respecto a 2018, en que se situaba en unos 11.000 millones de euros, hasta alcanzar los previstos por la OTAN, fijados en 35.000 millones de euros.
Las conclusiones saltan por sí mismas, el aumento de accidentes ferroviarios es proporcional a la disminución gravísima y paulatina en infraestructuras ferroviarias, a menos inversión, más accidentes,
Y la máxima conclusión es que los recortes matan.
Tenemos en el horizonte unas elecciones generales. Todos los partidos deben comprometerse a reducir el gasto militar, para dedicarlo a gastos sociales e infraestructuras. La mayoría social se expone a accidentes de tren o de carretera, a retrasos, a multitud de incidencias producto de la falta de mantenimiento o de intereses espurios. Y a esto se unen las listas de espera o la falta de sanitarios, el deterioro de la sanidad pública, los centros de enseñanza inacabados por falta de presupuesto, la falta de profesores, la falta de dotaciones, el ahogo de la enseñanza pública, …etc. Y todo con viviendas precarias o inaccesibles. Tenemos que exigir a los candidatos que centren su programa en beneficio de la mayoría trabajadora y no de capitalistas y especulador.
Los jóvenes que indignados acampáis en las plazas sois un ejemplo de coherencia y solidaridad. Defendéis una causa justa: derecho a una vivienda y salarios dignos. Exigís y anunciáis por tanto un mundo mejor. Por el contrario, los jóvenes que irrumpís con gritos de odio, representáis lo peor de la juventud: sois los escuadristas violentos del nuevo orden que se anuncia por doquier, amenazante.
A vosotros, “escuadristas” violentos (“arriba escuadras a vencer”), me dirijo principalmente en este escrito.
Sois parte de una juventud en una etapa en la que buscáis un lugar en el mundo. Queréis también tener un trabajo digno, acceder a una vivienda y construir un futuro mejor. Sin embargo, muchos de vosotros sufrís la precariedad laboral, los bajos salarios y las dificultades para independizaros; muchos, incluso, no encontráis un trabajo acorde con vuestras capacidades. Es comprensible sentir frustración ante esta situación, pero debéis rechazar a quienes aprovechan vuestro malestar para convertirlo en odio hacia otras personas más débiles o en situación vulnerable.
Determinados discursos presentan a las personas inmigrantes, a las minorías étnicas o a las personas LGTBI como responsables de los problemas sociales. Mediante rumores, noticias falsas y mensajes repetidos en las redes sociales, intentan convenceros de que hay personas que merecen menos derechos que otras.
¿Mejora vuestro salario por insultar a una persona inmigrante? ¿Encontráis una vivienda más barata por difundir mensajes racistas? ¿Solucionáis vuestro futuro atacando a los acampados en Sol? Es evidente que no. Los problemas sociales necesitan soluciones reales, no culpables inventados. Se puede debatir sobre inmigración, seguridad o empleo, pero debemos hacerlo con argumentos y datos, sin discriminar ni atacar la dignidad de las personas más vulnerables.
Las redes sociales pueden difundir rápidamente mentiras y mensajes de odio. Por eso, antes de compartir una publicación, debéis comprobar si es cierta, consultar fuentes fiables y preguntaros quién pretende beneficiarse de vuestra ignorancia. Pensar por vosotros mismos significa no dejaros manipular.
¿Qué es un delito de odio?
El artículo 510 del Código Penal español castiga determinadas conductas que fomentan o promueven el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o grupos por motivos como el racismo, la religión, la ideología, el origen nacional, el sexo, la orientación o identidad sexual, la discapacidad o la aporofobia, es decir el odio a las personas pobres o en situación vulnerable.
También contempla determinadas conductas de humillación grave y la difusión de contenidos que incitan al odio. Las penas dependen de los hechos cometidos. Algunos supuestos del artículo 510 del Código Penal español pueden castigarse con prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses; otros, con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses. La pena concreta depende de los hechos y de las circunstancias del caso. No cualquier insulto o mensaje ofensivo constituye automáticamente un delito.
¿Qué consecuencias puede tener para un joven “escuadrista”?
En España, los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. Entre los 14 y los 17 años se aplica la Ley Orgánica 5/2000, que contempla medidas como libertad vigilada, tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad y, en los casos previstos, internamiento en un centro.
A partir de los 18 años se aplica el Código Penal. Según los hechos, pueden imponerse penas de prisión, multas y otras consecuencias legales. Las amenazas, las agresiones y las lesiones también pueden constituir delitos independientes, agravados si se dan simultáneamente las circunstancias del delito de odio.
Frente al odio, solidaridad
No permitáis que nadie utilice vuestras dificultades para enfrentaros a otros jóvenes, quizá más conscientes y solidarios, o a otras personas en situación vulnerable. Si falta empleo, reclamad oportunidades; si no podéis acceder a una vivienda, exigid soluciones; y si existe delincuencia, pedid justicia sin culpar a colectivos enteros.
La libertad no consiste en humillar al más débil o desfavorecido, sino en defender los derechos de todos. Podéis discrepar sin odiar, criticar sin discriminar y luchar por vuestros intereses sin destruir la dignidad de los demás.
No permitáis que os roben el futuro enseñándoos a odiar. Una juventud informada, crítica y solidaria es más difícil de manipular y está mejor preparada para construir una sociedad más justa, libre y respetuosa.
¡Jóvenes, Indignaos!
Luchad por salarios que permitan vivir con dignidad, que no sea un lujo tener una vivienda digna, por una sanidad pública que nos cuide a todos, por una educación pública que nos abra caminos, por transportes públicos accesibles y por unas pensiones dignas que os permitan vivir con tranquilidad cuando llegue el momento.
Porque la dignidad no se mendiga, los derechos no se regalan y el futuro no se espera: se defiende.
No olvidéis que hoy sois jóvenes, pero el tiempo no se detiene para nadie. La vida fluye, los años pasan y aquello que hoy defendéis para los demás será, tarde o temprano, lo que necesitaréis vosotros.
No renunciéis a vuestra voz. No dejéis que otros decidan por vosotros. Cada voto cuenta, cada derecho importa y cada generación tiene la responsabilidad de defender aquello que hace una sociedad más justa.
Que vuestra indignación se convierta en conciencia, vuestra conciencia en compromiso y vuestro compromiso en voto.
El próximo 29 de noviembre, recordadlo: no está en juego solo el presente. También está en juego el futuro que todas y todos merecemos vivir.
Indignaos y votad, a sabiendas de que la política es mucho más que votar cada cuatro años.
Manuel Ruiz Robles.Capitán de Navío de la Armada española, retirado.
Antiguo miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).
De Madrid a Europa: cuando la dignidad se organiza
Hay acontecimientos que, por sí solos, consiguen retratar las profundas contradicciones sociales y políticas de una época.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, paralítica y residente durante toda una vida en su vivienda de alquiler, ha sido uno de esos acontecimientos. Más allá de los detalles concretos de su caso, lo sucedido ha sido la chispa que ha aflorado una indignación acumulada durante años entre amplias capas de la sociedad española, pero, sobre todo, entre la clase obrera, la clase media y la pobreza expulsada del sistema.
La ciudadanía que sufre con el sistema, ha visto en aquel desahucio algo más que un conflicto entre una propiedad especuladora y una inquilina. Vieron un modelo que convierte la vivienda en un negocio abusivo, mientras miles de personas sufren inseguridad habitacional, alquileres abusivos y la amenaza constante de perder el hogar. Las protestas posteriores, las grandes manifestaciones y las tensiones vividas en las calles, reflejan que existe un malestar social mucho más profundo que no puede reducirse a un caso individual y que se vincula necesariamente con lo político y con la lucha de clases, la lucha de una ciudadanía mayoritaria por la supervivencia.
La ocupación y acampada de la Puerta del Sol por centenares de estudiantes, trabajadores, pensionistas y ciudadanos de todas las edades, recordando al 15M de 2011, representa precisamente esa realidad. La protesta comenzó alrededor de la cuestión del desahucio de Maricarmen y de la vivienda, pero pronto se convirtió en un espacio donde confluyen numerosas reivindicaciones sociales. Allí se habla de sanidad pública, de educación, de salarios insuficientes, de la precariedad laboral que afecta especialmente a los jóvenes, de la situación de los mayores, de los derechos de las mujeres, de la protección de la infancia y también del rechazo al incremento de los gastos militares y a la lógica de la guerra.
Lo significativo es que la acampada no expresa únicamente una protesta. Expresa también una voluntad de participación política directa. Personas que a menudo no encuentran cauces efectivos para hacerse escuchar, han decidido reunirse, debatir y organizarse colectivamente. Esa es seguramente la razón por la que la movilización ha despertado tanto interés y tanta simpatía entre amplios sectores de la población.
La tragedia adquiere una dimensión aún mayor si se considera que, pese al cambio de posición de la propiedad respecto al regreso de Maricarmen a su vivienda, este retorno nunca llegó a producirse debido a su fallecimiento. Para muchas personas, este desenlace se ha convertido en una dolorosa metáfora de la reacción y la lucha que debe darse, ante problemas que llevan años agravándose. Pone de manifiesto que es necesaria la movilización permanente contra el sistema.
Pero España no está sola en estas luchas. Lo que estamos viendo forma parte de un fenómeno internacionalista más amplio que recorre Europa, como pudo apreciarse en las reuniones internacionales realizadas en París en 2025 y en Londres en 2026 contra la guerra y el aumento de los gastos armamentísticos, pero donde también se habló de otros problemas como las pensiones, los salarios, la vivienda y otros.
En Francia, cientos de miles de personas han protagonizado movilizaciones contra políticas sociales percibidas como regresivas, especialmente en materia de pensiones, salarios y educación. Los estudiantes han vuelto a ocupar un papel destacado en las protestas, recordando que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar pasivamente un futuro marcado por la precariedad, la incertidumbre y el debilitamiento de los servicios públicos. Las movilizaciones actuales nos recuerdan mucho a las habidas en mayo de 1968.
En Portugal, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Irlanda y otros países europeos también se han desarrollado importantes movilizaciones relacionadas con el coste de la vida, la vivienda, los derechos laborales, la defensa de las pensiones, la educación pública y la oposición a las políticas de austeridad. Aunque cada país tiene sus particularidades, existe un hilo conductor evidente: millones de personas sienten que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera justa mientras aumentan las desigualdades y la inseguridad social.
A ello se suma una creciente preocupación por el incremento de los presupuestos militares en numerosos Estados europeos y una creciente contestación a la guerra, a todas las guerras. Cada vez más ciudadanos se preguntan por qué existen dificultades para financiar hospitales, escuelas o políticas de vivienda, mientras se anuncian importantes aumentos del gasto armamentístico. Independientemente de las posiciones ideológicas concretas, este debate está ganando terreno en la opinión pública y se ha convertido en una de las grandes cuestiones políticas de nuestro tiempo: NO A LA GUERRA.
Todas estas movilizaciones no son fenómenos aislados. La ciudadanía comienza a reconocerse en luchas que tienen lugar más allá de sus fronteras nacionales. Los jóvenes franceses observan lo que sucede en Madrid. Los movimientos por la vivienda en España siguen con atención las experiencias portuguesas. Los trabajadores de distintos países descubren que comparten problemas similares y que muchas de sus reivindicaciones son comunes.
Es precisamente ahí donde surge una pregunta que hace pocos años podía parecer utópica: ¿sería posible una gran movilización europea coordinada?
Una huelga general europea puede parecer, hoy por hoy, un objetivo difícil. Yo opino que no lo es. Si fortalecemos una buena organización que lance a los trabajadores a la lucha de clases en Europa y aprovechamos el clima de crispación y contestación social que recorre la mayoría de los países europeos, podrá pararse Europa.
Existen diferencias culturales, jurídicas y sindicales entre los distintos países. Sin embargo, también es cierto que la integración económica del continente ha generado problemas compartidos y respuestas cada vez más similares por parte de gobiernos e instituciones. Si las decisiones económicas tienen una dimensión europea, las resistencias sociales tiene que adquirir una dimensión continental, avanzando hacia el internacionalismo.
Una huelga general europea protagonizada por trabajadores, estudiantes, sindicalistas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, constituiría un precedente histórico muy importante. No se trataría únicamente de detener la actividad económica durante unas horas o unos días. Se trataría de enviar un mensaje claro: que la clase obrera organizada se ha puesto en marcha, que la mayoría social existe, que puede coordinarse más allá de las fronteras y que exige prioridades diferentes.
Sería una seria advertencia dirigida a los capitalistas que consideran que los derechos sociales pueden sacrificarse indefinidamente en nombre de los mercados, de la competitividad o de la geopolítica. Sería una reivindicación del derecho de los pueblos europeos a decidir que la vivienda, la sanidad, la educación, el trabajo digno y la paz ocupen el centro de las políticas públicas.
Estamos en el inicio de una nueva etapa de movilización social a escala europea, la lucha internacional se ha puesto en marcha. Desde la Puerta del Sol hasta las calles de París, desde Lisboa hasta Atenas, miles de personas están expresando una misma convicción: que otro modelo social, otro sistema, es posible y que merece la pena luchar por él.
Quizá esa sea la principal enseñanza del momento. Cuando la dignidad se organiza, cuando la ciudadanía deja de sentirse sola y descubre que comparte problemas y esperanzas con millones de personas, las protestas dejan de ser acontecimientos aislados y se convierten en una fuerza histórica. Y esa fuerza en marcha, tiene la capacidad de abrir caminos que antes parecían imposibles.
Si podemos parar Europa, paremos Europa pues, luchemos contra un sistema capitalista e imperialista cuya máxima prioridad es la guerra. Paz, casa y alquileres asequibles, trabajo digno con salarios justos que permitan superar día a día el alza de los precios, Sanidad, Enseñanza, cuidado de Mayores e Infancia, derechos de las mujeres y erradicación de la violencia en su contra, estas son las prioridades de la ciudadanía mayoritaria que se ha puesto en marcha y ha dicho ¡BASTA YA ¡
La votación de los decretos para poner límites al drama social de la vivienda ha destapado la verdadera cara de la derecha en nuestro país; tanto la derecha españolista descendiente del franquismo -PP, VOX y UPN, como la derecha catalana pujolista de Junts.
La palabrería eufemística de los medios de comunicación al servicio del capital y de los demás agentes al servicio de los intereses de la minoría privilegiada cae a plomo ante lo que realmente representa el voto de estos partidos políticos. Ante el drama que sufren las personas, familias enteras, amenazadas con ser desahuciadas; ante el atentado social que sufren millones de jóvenes a quienes se les niega su derecho básico a la emancipación, las diputadas y diputados de PP, VOX y Junts han votado defender los intereses de quienes acumulan más de medio millón de inmuebles en nuestro país: grandes empresas, fondos de inversión y Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi). Han votado defender a 27.000 grandes propietarios particulares que acumulan otras 300.000 viviendas. Han ignorado que en España hay más de 3 millones de pisos vacíos cuyos propietarios no tienen ninguna intención de sacar al mercado de la vivienda, pues son una inversión alternativa a las inversiones financieras.
La derecha en el Congreso de los Diputados ha dado la espalda a quienes necesitan un techo para vivir y ha respaldado a los especuladores que multiplican por 3, por 4 o por más el precio de los alquileres de un contrato para otro, de un mes para el siguiente.
Las diputadas y diputados que han votado NO a poner límites al despropósito del mercado de la vivienda han avalado con su voto a los gobiernos de las comunidades autónomas que se niegan a aplicar y respetar la Ley por el derecho a la vivienda: Ley 12/2023. Comunidades y ayuntamientos que no aplican la ley para poder continuar fomentando el mercado ilegal de los pisos turísticos: unos 86.000 según datos del Ministerio de la Vivienda, de los que el 18% aproximadamente están en Madrid.
En su mofa a la democracia, con su voto negativo a los decretos presentados por el Gobierno el viernes 2 de octubre, han aplaudido que la desvergonzada Ayuso pretendiese que con dinero público se le proporcionase un ático de lujo valorado en más de 6 millones de euros, cuando está viviendo en otro ático de lujo gracias a las mordidas que, presuntamente, ella y su novio/testaferro han sacado de sus chanchullos y negocios con el Grupo Quirón.
Ha sido el drama de la Vivienda, pero podría haber sido el drama de la Sanidad Pública, donde la gestión privatizadora de la derecha pone en riesgo cada día la vida y la salud de millones de personas.
Lo que está sobre la mesa con una claridad tremenda es lo dañino de las políticas liberales, de la economía de mercado, de privatizar todo lo público que ha sido construido con el esfuerzo de generaciones y generaciones de trabajadoras y trabajadores con sus contribuciones e impuestos.
La derecha lo dice claro, pero millones de votantes parecen no oírlo: viene a por las pensiones, a por la Educación, vienen a por los derechos de las y los asalariados, vienen a saquear hasta el último céntimo de nuestros salarios y pensiones.
Ayuso y Almeida, epicentro de la desvergüenza, anuncian que acudirán a su burladero de siempre, a los tribunales de injusticia, donde saben que cuentan con una mayoría dispuesta a saltarse todas las líneas éticas como en la instrucción llevada a cabo por el juez Peinado contra Begoña Gómez o como el Tribunal Supremo contra Álvaro García. Una mayoría judicial y fiscal que se niegan a perder su status privilegiado con tufo a TOP.
El envite no es solo estatal, el cual habrá que resolver en las elecciones generales, autonómicas y municipales, cuando se convoquen. La apuesta es internacional. Desde Tel Aviv a Washington, pasando por las cobardes instituciones de la UE que se pliegan a Trump, su frotan las manos con la posibilidad de una derrota de la izquierda en España.
En manos de las organizaciones de la izquierda está que los deseos de la derecha nacional e internacional no se traduzcan en realidad. Dejemos las luchas cainitas entre devenires, trayectorias y fracciones. Dejemos de una vez por todas el canibalismo y las dentelladas desde el maximalismo y desde el hegemonismo. Con la derecha en el poder de poco vale creer tener razón o ser el más grande de la oposición.
La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) nació con la vocación de ser un lugar de encuentro para la izquierda, y no hemos dejado de trabajar en este sentido. Hoy más que nunca nos orientamos hacia las iniciativas que buscan la unidad; sin confundir unidad con uniformidad ni con renuncia a las posiciones y matices de cada cual.
Están en juego los derechos y libertades sociales y los derechos públicos fundamentales para la mayoría de la sociedad.
Como se corea en muchas movilizaciones en defensa de los derechos “La lucha es el único camino”, lucha que las organizaciones políticas, sindicales y los movimientos sociales deben concretar para dar continuidad a las movilizaciones convocadas para mañana sábado día 3, movilizaciones a las que llamamos y animamos a participar.
Por Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores (CAIT) 25-6-2026
*Expresamos nuestro más firme respaldo y solidaridad con las familias trabajadoras afectadas*
*La naturaleza no distingue entre ricos y pobres al temblar; sin embargo, la tragedia y el desamparo posterior tienen un sesgo marcadamente económico* .
Dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron a Venezuela la tarde del 24 de junio, provocando graves daños en Caracas y La Guaira, así como afectaciones, derrumbes e interrupciones de servicios en Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, con reportes adicionales en Yaracuy y Trujillo. Mientras continúan las labores de rescate, la magnitud de la emergencia ha causado, de acuerdo con el más reciente balance preliminar, al menos 188 fallecidos y 1.520 heridos.
*Un fenómeno poco habitual*
Un doblete sísmico, como el registrado en Venezuela, es un fenómeno menos habitual que el de un terremoto principal seguido por réplicas menores. Este tipo de eventos ocurre cuando la rotura de una falla desencadena la de otro segmento de la misma estructura o de una falla muy próxima. En concreto, el doblete sísmico sucede cuando coinciden dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio. Venezuela está situada en una región donde la Tierra se mueve constantemente. Aunque no siempre se percibe ese movimiento, las placas tectónicas se desplazan lentamente a lo largo de años, décadas o incluso siglos. En el norte del país, la placa del Caribe y la placa Sudamericana se encuentran en una frontera compleja, caracterizada por fallas activas capaces de generar sismos significativos.
*El impacto económico del desastre sísmico*
El impacto económico de los sismos gemelos en Venezuela se proyecta en miles de millones de dólares. Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las pérdidas totales podrían oscilar entre el 1% y el 7% del PIB nacional. Este desastre representa un golpe crítico para la infraestructura y para una economía que ya arrastraba una profunda vulnerabilidad, agudizada por los efectos de las sanciones internacionales, la corrupción en la gestión de fondos públicos, un modelo rentista excesivamente dependiente del petróleo, y esto se suma recientemente al control que ejerce Estados Unidos sobre los ingresos por la venta del crudo.
*El desastre nos afecta a todos, pero la pobreza lo sufre más*
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a la unidad nacional, decretó el estado de emergencia y anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción y a la atención inmediata de la crisis. Si bien el estado de emergencia agiliza el despliegue de recursos estatales y la acción conjunta de fuerzas civiles y militares, la concentración del poder ejecutivo abre tensiones políticas estructurales. El foco del conflicto radica en definir quién administra el capital, cómo se jerarquizan las necesidades de la población y qué agendas moldearán el proceso de reconstrucción. Esta situación no puede convertirse en una oportunidad para la especulación, ni en un pretexto para trasladar el costo de la reconstrucción a quienes ya cargan con el peso de la crisis.
El desastre dejó en evidencia una brecha estructural: los peores impactos se concentraron en las clases populares, más allá de colapsos puntuales en sectores de clase media. Las zonas más golpeadas se ubican en el Litoral Central y el centro-norte del país. La Guaira sufrió la destrucción masiva de hogares y residencias, con daños críticos en comunidades vulnerables de Catia La Mar (sectores de la Avenida El Ejército, La Lucha y Las Tunitas), Macuto (Punta Brava), Caraballeda (Los Corales) y Playa Grande.
_*Hasta junio de 2026, los fondos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano bajo control y supervisión directa de Estados Unidos se estiman en unos 8.000 millones de dólares, correspondientes al volumen exportado desde inicios de año. Ante la gravedad de la situación, los trabajadores y todo el país debemos movilizarnos hoy mismo para exigir la entrega inmediata de estos recursos con el fin de atender la emergencia*_ .
Por sus hechos (frutos) los conoceréis es la frase qué, según el Evangelio de Mateo, Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña para advertir a los fieles sobre los falsos profetas que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Metáfora para significar que las personas demuestran lo que son por el resultado de sus acciones y no por sus palabras, cuyo paradigma actual es el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que le gusta que le llamen Juanma, para denotar y acentuar una campechanía falsa que no cuadra con sus acciones de Gobierno.
De ahí que le cuadre también ese otro aserto popular, atribuido a Napoleón Bonaparte, de puño de hierro en guante de terciopelo para expresar que la dureza de las acciones que se toman, deben disimularse con una aparente gentileza; es decir, una falsa preocupación por el efecto negativo de su gestión sobre las personas afectadas.
Juanma es experto en el empleo de estas estratagemas hasta el paroxismo de romper a llorar—con evidentes lágrimas de cocodrilo—en el acto conmemorativo del Día de Andalucía al recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas. Sin embargo, no tuvo ninguna palabra de aliento o apoyo para las víctimas de los recortes en la sanidad pública andaluza, cuyo epítome es el caos de los cribados para prevenir el cáncer de mama. Negligencia que ha propiciado que un número indeterminado de mujeres, que la Junta no quiere contar, hayan desarrollado un cáncer que ha provocado, de momento, tres muertes confirmadas como denuncia la Asociación Amama que aglutina a las afectadas, más de 2000, que desde hace quince años ayuda a las mujeres con este tipo de patología.
Desarrollar el arte de simular que uno se siente concernido con los problemas que afectan a la ciudadanía y, a la vez, ocultar que son produzco de una política deliberada de laminar los servicios públicos, requiere de una oratoria de dicción pausada, una gestualidad suave en los movimientos y las formas, un lenguaje simple y un tono monocorde, sin énfasis, que adormece al auditorio. En éste ámbito Juanma es imbatible al presentarse como una persona amable que no ha venido a romper nada, sino a dar estabilidad. La palabra mágica que utiliza para describir su ejecutoria, que no resulta hiriente a nadie y le sirve para ocultar, sin ruido, lo que se hace por detrás.
Pero la estabilidad que verbaliza no se compadece con los efectos que produce su política de laminación sistemática de los servicios públicos, que ha llevado a decenas de miles de andaluces a denunciar el caos sanitario con manifestaciones constantes en las ocho provincias andaluzas, por los recortes de gasto en la sanidad pública para derivarlos a la sanidad privada. Los datos son palmarios. Según el Ministerio de Sanidad, a final de 2025 en Andalucía doscientas mil personas estaban en lista de espera para una operación lo que supone un aumento del 144% desde que Juanma llegó al poder en 2019. Desde entonces la sanidad privada ha recibido 4.600 millones, a los que se sumaran los 705 millones previstos para 2027, año en el que el presupuesto sanitario público tendrá un recorte de 244 millones de euros. Cifras que sitúan a la Comunidad andaluza en el cuarto puesto por la cola, por debajo de la media nacional de gasto en sanidad pública por habitante junto con Murcia. C. Valenciana y Madrid.
Se comprende así que Juanma haya declarado recientemente que la sanidad pública será inviable en un plazo de cinco años, por lo que plantea la necesidad de una reforma profunda que, en román paladino, significa que habrá que incentivar los seguros sanitarios privados. Declaración que viene a justificar que a Juanma le preocupe poco, o nada, el deterioro de la sanidad pública evidenciado en el caso de los cribados porque, tras la operación quirúrgica de cesar a la Consejera de Sanidad que negó la negligencia cometida, se sigue negando que se hayan alterado los expedientes de las afectadas para opacar el desaguisado como denuncia Amama. O se mantiene la falta de transparencia sobre la desaparición de expedientes relacionados con contratos suscritos a dedo durante el COVID, cuya suma asciende a 242 millones de euros.
En el capítulo de promesas incumplidas la lista es larga. Sigue sin presupuesto el mil veces prometido tercer hospital para Málaga, como el anunciado más de diez veces hospital Mijas-Fuengirola. En ninguno se ha puesto ni un ladrillo, mientras aumentan las denuncias ciudadanas por la falta de centros y recursos en la atención primaria. En el capítulo de infraestructuras, sigue incumplida la promesa repetida mil veces de ampliación del tren de cercanías hasta Marbella y Estepona. Igual con la mil veces anunciada y nunca ejecutada Autovía de Ronda, por reseñar los más significativos.
En el ámbito educativo mantiene la sistemática falta de plazas públicas que afecta, de manera lacerante, a más de 2.000 familias en la provincia de Almería. Denuncia a la que se suman, según los sindicatos de la enseñanza de Andalucía, la eliminación de 10.000 plazas, mientras hay más de 500 millones presupuestados sin ejecutar, pero se aumenta el gasto en la enseñanza concertada a la que Juanma ha destinado más de 1.000 millones en los últimos cinco años, a la vez que se ha permitido el lujo de rechazar 112 millones de euros procedentes del Estado para la creación de plazas públicas. Para terminar este somero recuento del desinterés de Juanma por solventar los problemas de los andaluces, reseñar que la Junta de Andalucía solo ha construido 3.800 viviendas VPO en cinco años para una población de más de ocho millones de habitantes, a pesar de tener las competencias en vivienda, y ha optado por fomentar la colaboración público privada.
Datos que reflejan una gestión que no mira por el bienestar de los andaluces que Juanma ya no puede ocultar refugiándose en una imagen, impostada, de niño que no ha roto un plato y que se preocupa por las necesidades de todos sus administrados, sino por la de unos pocos, los señoritos de siempre, los capillitas, como les llaman en Sevilla. Prueba de ello es la alta abstención del 41,46% de electores que no fueron a votar en las autonómicas de 2022. Colchón de votantes desilusionados que, junto a la caída de velo de bonhomía falsaria de Juanma, son un enorme nicho de acción política para que la izquierda recupere el poder en Andalucía.
Por eso en las próximas elecciones queda mucho recorrido para desmontar el mensaje de que elpescao ya está vendido como afirman en privado sus acólitos, si se incide en demostrar con datos de su ejecutoria la mentira que se esconde detrás de la estabilidad que repite Juanma, y repetirá mil veces durante la campaña electoral. Que no es oro todo lo que reluce, porque la estabilidad que pregona beneficia el negocio de los poderosos de siempre. De ahí que movilizar esa bolsa de abstencionistas, cifrada en 500.000 electores, debe ser el objetivo y a los que hay que devolver la ilusión con mensajes nítidamente de izquierdas que rompan el trampantojo de la pax andaluza en la que Juanma es el César maximus.
Dice el artículo 16.3 de la Constitución que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, de lo que se desprende que España es un Estado aconfesional. Esto es igual de cierto que lo que dice el artículo 14 “Todos los españoles son iguales ante la ley,…”.
El Acuerdo entre el Estado y el Vaticano de 1979, firmado a la vez que la Constitución, es una continuidad del Concordato franquista de 1953, con la diferencia formal de que el nacionalcatolicismo se declaraba un Estado confesional y desde el 1978 decimos lo contrario, pero en los hechos el Estado continúa teniendo una relación con especial con la Iglesia.
Algunos ejemplos de privilegios para el catolicismo:
El Estado da dinero a la Iglesia vía IRPF. En la campaña de la Renta de 2024 la Iglesia recibió 429 millones de euros.
El Estado da dinero a los centros educativos concertados, de los que el 60% son propiedad de las distintas órdenes religiosas. En 2023, 7.745 millones se inyectaron por el Estado en los colegios concertados.
El Estado es consentidor del adoctrinamiento de las niñas y niños en las aulas de los colegios concertados, en algunos incluso se segrega a las niñas y los niños.
La Ley Orgánica 2/2006 (LOE) estableció la religión católica en la educación pública y la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) consolidó este anacronismo educativo.
Los inmuebles de la Iglesia están exentos de pagar IBI, incluidos los centros educativos, que son un negocio con ánimo de lucro.
Hacienda no grava con impuestos el cepillo de la Iglesia, por el que se estima se recauda más de 300 millones de euros anuales.
Estos son algunos ejemplos de las muchas ventajas que la Iglesia católica tiene en nuestro país, amparados en el ya citado Acuerdo de 1979.
Otra de las ventajas del Estado Vaticano en España es que la Iglesia tiene sus propios tribunales de justicia. Esto, junto con el poder que el franquismo otorgó a la Iglesia; es de suponer que en agradecimiento por su inestimable colaboración con el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936.
Ese poder de los curas en el franquismo, les dio carta blanca para abusar de niñas y niños durante décadas, unos abusos cuantificados en el Informe encargado por el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo, que arrojó una estimación de 200.000 casos de abusos sexuales por parte de clérigos, cifra que asciende a 400.000 si se incluye los abusos cometidos por laicos en entornos religiosos. La Conferencia Episcopal reconoce que, solo en el periodo 2020 a 2025, ha recibido denuncia de más de 1.000 casos. Cada día aparecen nuevas denuncias y va quedando acreditado que los dirigentes eclesiásticos ocultaron estos execrables delitos, moviendo de parroquia a los pederastas, colaborando de este modo en la comisión del delito.
Tanto la evidencia de que en realidad no somos un Estado aconfesional, el hecho de que la Hacienda Pública tiene una hemorragia de recaudación y la indecencia de que, como otros delincuentes, la Iglesia se vea exenta de responsabilidad por la prescripción legal de su complicidad con la multitud de pederastas que tiene en su seno, hace necesaria la ruptura del Acuerdo del Estado con el Vaticano y la derogación de todas las leyes y normas que otorgan un trato especial a la Iglesia católica, comenzando por derogar el precepto legal que establece la religión como una asignatura en la educación pública.
Son necesarias iniciativas como la que han 60 organizaciones y decenas de personalidades han puesto en marcha, con un manifiesto por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede (ver en laicismo.org)
No seremos un país moderno mientras no rompamos con el pasado.
¡No a la guerra! ¡Gastos militares para escuelas, viviendas, hospitales!
Os invitamos a participar en la conferencia y mitin internacional contra la guerra que se preparan en Londres para los días 19 y 20 de junio.
Nos hemos reunido en Madrid sindicalistas, militantes, cargos electos, venidos de distintos rincones del Estado, convocados por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, y hemos debatido libremente sobre la guerra, el genocidio, las amenazas de guerra.
Constatamos que, en todos los países, los gobiernos dedican enormes cantidades de dinero a alimentar e incrementar el gasto militar. Trump pide un incremento de casi el 50%, hasta la aterradora cifra de 1.600.000 millones de dólares. España ha gastado 89.000 millones de euros, como ha expuesto el diputado de ERC Jordi Salvador. Todos sabemos –y hasta el propio FMI lo reconoce en un reciente informe- que ese aumento del gasto militar es incompatible con las necesidades sociales. Ese dinero se desvía de la sanidad, la enseñanza, la vivienda, las infraestructuras. Es incompatible defender el gasto social, dar satisfacción a las reivindicaciones de la población trabajadora y someterse al aumento del gasto militar.
Constatamos que ese incremento del gasto militar se está traduciendo ya en muerte y destrucción. En el genocidio de Gaza, en el asesinato de niñas en una escuela en Irán, en la destrucción de varios países africanos, en el bombardeo y limpieza étnica en Líbano, en la guerra de Ucrania, que ha devorado ya las vidas de cientos de miles de jóvenes rusos y ucranianos, y que está destruyendo Ucrania. Una guerra que es alimentada por los EEUU y los gobiernos europeos, incluyendo el gobierno español, aunque éste, al mismo tiempo, se opone a la guerra contra Irán y al genocidio en Palestina.
Constatamos que los pueblos no quieren la guerra. Que millones se han movilizado en los cinco continentes contra el genocidio en Gaza, y se movilizan ahora contra el bombardeo a Irán y Líbano. Que tampoco la quiere el pueblo de Ucrania, donde cerca de dos millones de jóvenes se esconden de los reclutadores, son más de 200.000 los desertores. Donde se multiplican las acciones de resistencia –e incluso las agresiones- a los reclutadores que intentan capturar por la fuerza carne de cañón para el frente. O en Rusia, de donde miles de jóvenes huyen para no ser reclutados a la fuerza. Declaramos nuestra solidaridad con los jóvenes de Ucrania y Rusia. En Alemania, los jóvenes han ido a la huelga contra el servicio militar obligatorio: En Francia, centenares de jóvenes han lanzado un llamamiento contra esa reintroducción, que está teniendo amplia difusión.
Constatamos que, pese al rechazo de la población, los gobiernos se implican en la marcha a la guerra. Además del incremento de los gastos militares, numerosos países, como Alemania, Francia, los EEUU, toman medidas para volver a implantar el reclutamiento militar obligatorio.
Constatamos que la marcha hacia la guerra es la marcha hacia la barbarie, hacia la destrucción de las conquistas sociales y democráticas, hacia la imposición de gobiernos autoritarios. Guerra y guerra social contra las conquistas sociales son dos caras de la misma moneda.
En toda Europa, militantes y organizaciones se ponen de acuerdo para luchar contra la guerra. Desde 24 países europeos, se prepara una conferencia y mitin europeos contra la guerra, previstos para los días 19 y 20 de junio, organizados por la coalición Stop the War, con el apoyo de numerosos sindicatos del Reino Unido.
Todo militante, todo sindicato, toda organización que quiera de verdad defender la sanidad, la enseñanza, las pensiones, el derecho a la vivienda, los salarios, el propio futuro de la juventud y la población trabajadora, tiene el deber de oponerse al aumento del gasto militar, a la militarización de la sociedad, y a quienes, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, proponen que se destinen todos esos recursos a reforzar el gasto militar, y deben oponerse a la marcha hacia la guerra. Tien el deber de exigir al gobierno medidas inmediatas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán en la población trabajadora, medidas como topes de precios a bienes esenciales. Es necesario organizar en nuestro país amplias movilizaciones unitarias, como la que se desarrolló el 21 de marzo en Valencia o la que se prepara en Barcelona para el 26 de abril. Proponemos organizar movilizaciones unitarias a escala europea.
Llamamos a todos los militantes, a todas las organizaciones que quieren defender los derechos de la población trabajadora, a participar en la conferencia y mitin de Londres, a organizar delegaciones, a apoyar materialmente su realización, para que pueda ser un paso adelante en la organización del movimiento obrero contra la guerra.
La primera dificultad de los mayores de 45 años (media de edad de la población española) pudiera ser entender de que diablos hablamos cuando oímos o leemos el término ese de Inteligencia Artificial. Empeñado con entenderlo a mis 63 años he visto que casi todas las multinacionales tecnológicas, que son las que pintan algo en este asunto coinciden en algo parecido a esto: « La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que, normalmente, requerirían inteligencia humana. Esto implica dotar a las máquinas de capacidades como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural y la creatividad »
La primera pregunta que podemos y debemos hacer para actuar inteligentemente es la de siempre cuando uno es un trabajador1, un estudiante, un ciudadano consciente de que vivimos en el capitalismo: ¿Esto es útil, me debo interesar en ello? Y mi punto de vista en ese sentido es radicalmente claro, SI, debes tenerlo en cuenta, y lo puedo argumentar. ¿Dejarías de utilizar el teléfono, el tren, la imprenta, las herramientas que los avances tecnológicos han proporcionado a la humanidad por el hecho de que sean utilizados para destruir el pueblo palestino, para exterminar a más de un millón de ucranianos y rusos, para incrementar hasta el paroxismo el beneficio capitalista llevando a miles de millones de personas al hambre física2? Obviamente, no, porque las herramientas, los avances tecnológicos, en la medicina, en la agricultura, en la industria, en el transporte, son la base de una futura sociedad basada en la búsqueda de la felicidad para la propia humanidad.3
La I.A. y su burbuja
No es solamente en los medios de comunicación donde puedes hablar e incluso debatir sobre si este campo de la informática va a sufrir una cosa llamada burbuja financiera, incluso te hablarán de ello en los infinitos cursos que te ofrecen empresas privadas, unos directamente y otros a través de cursos financiados con dinero público pero que serán organizados por esas u otras empresas privadas (sin ir más lejos, los del Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE]). ¿Se refieren a eso cuando nos hablan de burbuja de la IA? Buscando con la ayuda de la propia IA (porque no te queda más remedio, porque ya los buscadores en internet la utilizan te guste o no), se encuentran algunas explicaciones, de las cuales amigo lector te dejo la que me ha parecido más comprensible.4
La IA y los despidos masivos
No es nada difícil encontrar sesudos economistas, políticos e incluso burócratas sindicales que explican los planes de despidos brutales de Amazón o las tecnológicas5. Cualquiera puede preguntarse: si los beneficios empresariales de estas empresas son gigantescos incluso con la creciente aplicación de la IA, ¿porque despedir?. Utilizando una aplicación de IA ligada a Google hemos preguntado: ¿Como justifican las empresas punteras en IA sus miles despidos cuando anuncian al mismo tiempo miles de millones en beneficios?Y entre otras cosas nos ha respondido: (…) Existe un escepticismo considerable sobre si la IA es la causa real de todos los despidos o si se está utilizando como una «cortina de humo» conveniente para justificar recortes de personal por razones financieras más tradicionales, como la codicia corporativa o la subcontratación. Algunas empresas incluso admiten que la IA es solo uno de los factores, y no el principal, detrás de las decisiones de reducción de plantilla. (…)6
Una vez más, imprescindible el socialismo
Si, como la electricidad de la que no disponen en Gaza o en la Cañada Real de Madrid7 es imprescindible para la supervivencia de la humanidad también la inteligencia artificial puede ser un elemento de gran ayuda para el desarrollo de esta hacia un mundo pleno donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sea una realidad que la burguesía cono clase social ha sido incapaz de implementar. Por duro que parezca, aunque el escepticismo ataque una y otra vez, hay que mirar de frente, empezando por eso que llamamos estado y que supuestamente ahora nos llevaría en España a defender al Fiscal General, hombre de estado defenestrado por otros hombres de estado. Usando IA nos resulta lo siguiente: Pregunta: ¿Quien y cuando alguien definió al estado como destacamentos de hombres armados? Respuesta: La frase de que el Estado consiste fundamentalmente en»destacamentos especiales de hombres armados» (o «cuerpos especiales de hombres armados») proviene de las obras de Vladimir Ilich Lenin. Lenin atribuye esta idea aFriedrich Engelsy la desarrolla ampliamente en su libro fundamentalEl Estado y la revolución.
Mikel González, diseñador gráfico de oficio,
socialista revolucionario y aprendiz de IA
1 Asalariado o autónomo de verdad y no empresario disfrazado.
2 Inseguridad alimentaria: Se estima que 345 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria en 2023, más del doble en comparación con 2020. Más del 60% de la población con hambre son mujeres y niñas.
33 En 1920 Lenin plasmaba las ideas de su ambicioso proyecto en la I Sesión del III Congreso de Juventudes Comunistas de Rusia: “Sabemos que es imposible edificar la sociedad comunista sin restaurar la industria y la agricultura, pero que no se trata de restablecerlas en su forma antigua. Hay que restaurarlas conforme con la última palabra de la ciencia, sobre una base moderna. Ustedes saben que esta base es la electricidad; que sólo el día en que todo el país, todas las ramas de la industria y de la agricultura estén electrificadas, el día en que realicen esta tarea, sólo entonces, podrán edificar, para ustedes, la sociedad comunista que no podrá edificar la generación anterior.”
En el seno de la Junta Directiva de ASTRADE y el Comité de Redacción de Tribuna Socialista hemos debatido sobre qué perfil de documentos sería más interesante compilar para esta edición especial, de modo que condensase mejor la actividad de Tribuna Socialista en estos 20 años.
La elección no fue fácil, entre editoriales, manifiestos, llamamientos, entrevistas, crónicas, artículos, documentos informativos, reportajes, declaraciones y comunicados… Finalmente nos decantamos por las cartas, en muchas ocasiones cruzadas, como fórmula de comunicación mantenida con distintos destinatarios: presidencia del gobierno, ministerios, embajadas y otros organismos no gubernamentales.
En los 31 documentos recuperados para esta edición especial, se plasma buena parte de la historia política de los último veinte años de nuestro país y a nivel internacional. La parte no contenida en el cruce de carta se complementa en las editoriales y demás documentos publicados por Tribuna Socialista. Defensa de las pensiones, preocupación por la situación democrática, toma de posición por asuntos internacionales, solidaridad con personas y organizaciones, etc., plasman el sentir socialista e internacionalista que nos ha inspirado a lo largo de estos cuatro lustros.
Como puede verse en el contenido de las cartas, Tribuna Socialista puede decir bien alto que ha preservado los valores con los que inició su andadura en 2005: independencia, no tomar posición a toro pasado de los acontecimiento y mantenimiento de los valores del socialismo. Además de ser profundamente democrático el género cultivado por la revista de las cartas colectivas, en la que los y las firmantes pudieron participar en la redacción.
Espero que las y los lectores de estos documentos se sientan motivados para acudir a los números de Tribuna Socialista en los que estas cartas fueron publicadas, para profundizar en los temas tratados y en otros asuntos que la revista publicó en aquellos momentos.
Tribuna Socialista tiene el valor de no haber dependido nunca de subvenciones ni del apoyo interesado de ningún órgano, organismo o grupo, ni público ni privado. Y confío en que continúe así en los años venideros.
Roberto Tornamira Presidente de ASTRADE y miembro fundador de Tribuna Socialista
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