Especial Congreso del PSOE. Defender la ley de amnistía esdefender la democracia.

La estrategia seguida por la derecha política, judicial y mediática desde las últimas elecciones al Congreso de los diputados ha sido la negación de la legitimidad del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero, por los acuerdos de investidura, luego por la ley de amnistía, las últimas semanas la financiación singular de Cataluña.

Efectivamente, la ley de amnistía ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha para cuestionar la legitimidad no solo del gobierno de Pedro Sánchez sino también de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió.

Tras el fracaso de la investidura de Feijoo, al no reunir la mayoría parlamentaria necesaria, el PSOE comenzó a negociar con el resto de partidos del arco parlamentario con la intención de conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Desjudicializar la política, y devolver los conflictos políticos a la política, ha sido una constante del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero fue la constitución de una mesa de diálogo, luego la aprobación de los indultos, y después, la ley de amnistía, que forma parte de los acuerdos entre los partidos de la investidura. Justo, la estrategia opuesta a la que había practicado el PP, tanto bajo el liderazgo de Rajoy como con Casado, y ahora con Feijoo.

La derecha ha utilizado la ley de amnistía para cuestionar la legitimidad tanto del gobierno de Pedro Sánchez como de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió

Digo que defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo.
Por ende, oponerse a su aplicación es oponerse a la democracia parlamentaria, y en esa línea están alineados PP y VOX, pero también parte de los jueces que se niegan a aplicarla.
De hecho, de las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, según la Fiscalía General del Estado, solo se ha aplicado a 108 personas, la mayoría policías.

Defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo

Se está dando una oposición radical de algunos jueces, como Llarena en la aplicación de la Ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los diputados.

De las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, los jueces solo la han aplicado a 108 personas, la mayoría policías.

Paralelamente, el PP sigue atacando, presentando recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por parte de sus gobiernos autonómicos, cuyo trámite ha sido suspendido por el TC por no considerar que se vulneren competencias autonómicas.
Llama la atención poderosamente, que junto a las 15 autonomías que han presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, también presentó recurso el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que de esta forma, contradice lo que los diputados y diputadas castellanomanchegos habían votado en Las Cortes.

García-Page se ha alienado con el PP para la presentación de recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, contraviniendo la decisión de los diputados y diputadas castellano-manchegos que la votaron a favor

Por ello, saludo con satisfacción el comunicado de izquierda socialista de Castilla la Mancha (publicado en la sección de Tribuna Abierta, en este número de Tribuna Socialista), posicionándose en favor de la Ley de Amnistía, en favor de sus diputados y diputadas, y exigiendo la retirada inmediata del recurso presentado por Page, y que augura un congreso regional tenso entre los que defienden la legitimidad democrática de lo aprobado en el congreso de los diputados, y Page, siempre alineado con los gobiernos del PP.
No me cabe duda, que el 41ºCongreso ha de cerrar filas en defensa de la convivencia entre los pueblos, en defensa de la ley de amnistía, en defensa de la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez, y en defensa de la democracia.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC-el Vendrell
Comité de redacción de TS

Especial Congreso del PSOE. El negocio de las guerras empobrece a la clase trabajadora

Uno de los temas principales que los congresos sindicales y de partidos políticos deberían abordar es el del empobrecimiento de la clase trabajadora bajo economía de guerra. Introducimos el debate.

Solo hay que leer o ver las noticias de lo que pasa en el mundo, para darse cuenta del auge belicista existente a nivel internacional. Tanta información, tanta información sesgada que nos inmuniza ante la barbarie, máxime cuando no hay respuesta organizada para hacerle frente.
El genocidio del pueblo palestino y la escalada del conflicto en oriente medio son, hoy día, el principal foco, que tiene como protagonista al estado sionista de Israel, con el criminal Netanyahu a la cabeza, a los gobiernos islamistas de Hamas o Hizbulá (entre otros), pero sobretodo, alimentado por la desidia de los gobiernos occidentales con intereses no solo geopolíticos, sino más bien económicos tanto por el negocio en la venta de armamento, los intereses en la apropiación de los recursos naturales de los países destruídos, y los intereses en la «reconstrucción» de lo destruído.
La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede constituir solo una declaración de buenas intenciones sino que debe materializarse en medidas concretas, como el fin del suministro de armamento a Israel, el fin inmediato del genocidio, el restablecimiento de los servicios básicos para la población palestina, sanitarios, educativos…; la ruptura de las relaciones bilaterales con el gobierno israelí…

La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede ser solo una declaración de buenas intenciones, sino recoger medidas concretas

Aciertan los sindicatos británicos en su congreso del TUC, con la moción que añadimos en la sección de Tribuna Abierta de este numero de Tribuna Socialista.
Otro de los focos bélicos en el mundo es la guerra de Rusia y Ucrania. Muchos son los factores que inciden en el origen y continuidad de este conflicto. Guerra de imperialismos, guerra económica por el control del Mar Muerto, Guerra por la energía, por el control de la producción agrícola…siempre con Estados Unidos por detrás, alimentando la venta de armas, haciendo negocio con su gas licuado, exigiendo economías de guerra en Europa y favoreciendo el crecimiento de la OTAN a costa de la provocación al criminal Putin.
Las víctimas aquí no solo son el pueblo ruso y ucraniano, sino que los efectos de esta guerra que amenaza con convertirse en nuclear afectan a toda Europa y a África.

Las víctimas de la guerra de Ucrania no son solo el pueblo ruso y ucraniano, sino que afecta a toda Europa y África

La afectación de la guerra de Ucrania en Europa es bien sabida: aumento del coste de la energía, por tanto afectación a los hogares pero también a la industria, y a las economías de los países más industrializados (Alemania, Francia…).
Afectación en el coste y en el propio suministro de los alimentos, que afectan en el encaremiento del coste de la vida para los europeos, y en la falta de grano, principal alimento en muchos países de África.
Inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna… en definitiva, destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en el mundo.

La guerra de Ucrania está generando inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna y en definitiva destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora

Todos estos efectos directos de la guerra no son sino un caldo de cultivo abonado para populismos, nacionalismos excluyentes y extrema derecha, con consecuencias también directas sobre los derechos y libertades de la clase trabajadora.
Y otro de los efectos del auge belicista que provoca pobreza son los movimientos migratorios, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país, y que se retroalimentan con más racismo y xenofobia, y por tanto con más confrontación entre clase trabajadora.

Las guerras y las economía de guerra también generan movimientos migratorios y de refugiados, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país.

Completar un análisis exhaustivo de los conflictos en el mundo es tarea imposible para este artículo, pero podemos citar la intromisión internacional en Venezuela, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales; los conflictos bélicos en África alimentado por la corrupción de unos gobiernos al servicio de los intereses de las multinacionales que expolian sus recursos naturales (diamantes, Coltán, Platino..); o las guerras en Sudán, Birmania, Etiopía, el Sahel…o la escalada de conflictos en el Mar del Sur de China. Siempre, detrás de estas guerras que diezman la población o les les hace abandonar sus hogares, hay detrás intereses de los países historicamente imperialistas como Francia, Alemania, Rusia, China o Estados Unidos, que además hacen gran negocio con el comercio de armas.
Por ello, cuando decimos No a la Guerra, no es simplemente una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.

«No a la Guerra», no es solo una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.

Y desde un punto de vista local, en España nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras, redefiniendo el papel de nuestros representantes. tanto en el gobierno como en las instituciones europeas y organismos internacionales bajo el paradigma del cuestionamiento de «¿a qué intereses sirven nuestros posicionamientos internacionales?»

En España, nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras

La influencia de la economía de guerra sobre los salarios, sobre la cesta de la compra, sobre la energía, sobre los servicios públicos… todo ello debería ser objeto de resoluciones en los congresos de los partidos que se reclaman de la izquierda, y en particular, y por supuesto en el 31ª Congreso del PSOE, como principal partido de la clase trabajadora.

Baltasar Santos

Comunicado de IS-PSOE-CLM.

Hoy hemos sabido por la prensa que el Tribunal Constitucional ha decidido dejar en suspenso la tramitación de los recursos de inconstitucionalidad presentados por 16 Comunidades Autónomas contra la Ley de Amnistía (Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistia para la normalización institucional, política y social en Cataluña), 15 gobernadas por el Partido Popular y el recurso presentado por Castilla La Mancha, gobernada por Emiliano García-Page Sánchez.

Castilla-La Mancha fue la única comunidad no gobernada por el PP que presentó recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía

Entre los argumentos del Tribunal Constitucional para estudiar durante dos meses los recursos presentados por las 16 autonomías, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas interesadas carezcan de legitimidad legal para recurrir una Ley como la de Amnistía, que no vulnera en absoluto ninguna competencia autonómica.

Queremos dejar clara esta cuestión desde Izquierda Socialista de Castilla La Mancha, la Ley de Amnistía no sólo no conculca ninguna competencia autonómica, sino que en ningún caso perjudica los intereses materiales de los castellano-manchegos. Algo que no es tan claro si pensamos en los recursos económicos que se emplean por parte del Gobierno Regional para hacer oposición a la mayoría parlamentaria y al Gobierno progresista de España.

Existe una clara incongruencia política entre el recurso de inconstitucionalidad presentado por García-Page Sánchez, Presidente socialista con mayoría absoluta en el Parlamento Regional de Castilla La Mancha, y la actuación de los Diputados socialistas de la región que han votado a favor de la mencionada Ley de Amnistía en las Cortes Generales. ¿Dónde se sitúan los compañeros Diputados y Diputadas frente al recurso de inconstitucionalidad de García-Page a día de hoy? ¿Dónde está su liderazgo regional y provincial, dónde su opinión sobre el tema? ¿Están con Madrid o con Toledo en este asunto? Han votado sí a la Ley de Amnistía y su Jefe de filas regional, su Secretario General les ha puesto una enmienda a la totalidad de sus votos.

la Ley de Amnistía no conculca ninguna competencia autonómica y en ningún caso perjudica los intereses materiales de los castellano-manchegos

Lo cierto es que en Castilla La Mancha este asunto está generando discusiones y rupturas entre compañeros y compañeras, desde el momento que dependemos de la decisión unipersonal del Presidente castellano-manchego, en un alarde de monitorización personalista de la voluntad general del PSOE de la región y de la voluntad popular, que ahora tumba momentáneamente el Tribunal Constitucional. Mientras que, desde Izquierda Socialista de CLM seguimos haciéndonos la pregunta del millón: ¿con quién o quienes tomó la decisión Emiliano García-Page Sánchez de recurrir la Ley de Amnistía?

Mientras los diputados de Castilla-La Mancha votaron a favor de la ley de amnistía García-Page presentaba el recurso

¿con quién o quienes tomó la decisión Emiliano García Page?

En cierto modo, si atendemos a los motivos del compañero Presidente de Castilla La Mancha para presentar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía, por vulnerar los intereses de los castellano-manchegos o las competencias de nuestra región, generando desigualdad territorial y ciudadana, una Ley singular y extraordinaria como esta, podemos comprender el reproche de la derecha extrema, PP, y la extrema derecha, Vox, exigiendo a los Diputados/as socialistas en el Congreso que no traicionen nuestra tierra con su voto. Y deja igualmente mal a todos y todas l@s militantes socialistas de Castilla La Mancha.

No tod@s l@s militantes del PSOE de CLM pensamos como García-Page respecto de la Ley de Amnistía. Ni mucho menos. Es más, antes de iniciar ningún tipo de recurso de inconstitucionalidad García-Page debería haber consultado al menos con la militancia de Castilla La Mancha y con los órganos regionales del PSOE, ¿hizo esto último?.

No todos los militantes del PSOE de CLM pensamos como García-Page respecto de la ley de amnistía

La posición de Emiliano García-Page Sánchez frente a la Ley de Amnistía les ha dejado a las derechas votando su estrategia electoral-populista, para hacer oposición al Gobierno progresista de España, dejando en una posición incómoda, cuando no insostenible a nuestros representantes en la Cortes Generales.

Desde Izquierda Socialista de CLM no podemos entender que un Gobierno (Junta de Comunidades de CLM) y un Presidente socialistas hagan oposición junto a la derecha extrema y a la extrema derecha (PP y Vox) al Parlamento y al Gobierno progresista de la nación.

No obstante, como estamos inmersos en un nuevo proceso congresual entendemos que si no se está de acuerdo en cómo se dirige el Partido Socialista, existen los instrumentos democráticos internos adecuados para presentar una alternativa clara y contundente frente a la candidatura de Pedro Sánchez.

Entendemos que decir las cosas claramente no van en contra de los intereses de los militantes, pero lo que sí es contrario a los intereses de los y las militantes es hacer guerras de guerrillas utilizando los platós de las televisiones más conservadoras, y sobre todo utilizar el voto militante y ciudadano para hacer oposición política al Parlamento y al Gobierno progresista de la nación.

El recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía por parte del gobierno de Castilla-La Mancha debe ser retirado de forma inmediata

Independientemente de cómo resulte la decisión final del Tribunal Constitucional, izquierda Socialista de Castilla-La Mancha, entendemos que debe de ser retirado de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía por parte del Gobierno de Castilla La Mancha. Y si no es así, deberíamos presentar en el próximo proceso congresual regional una alternativa clara y contundente contra aquellos que no toman en cuenta a la militancia PSOE y a los votantes de Castilla La Mancha.

De no retirarse el recurso, en el próximo congreso regional deberíamos presentar una alternativa clara contra los que ignoran a la militancia y al electorado del PSOE en CLM

Coordinadora Regional de IS-PSOE-CLM
Toledo a 17 de Septiembre del 2024

Democracia a la carta

El 28 de julio se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, a penas 72 horas después Washington declaró presidente a Edmundo González.

                Desconozco el escrutinio real, pues, efectivamente, las instituciones venezolanas no han publicado las actas electorales. Lo único que han dicho los observadores internacionales es que el gobierno de Maduro debería hacer públicas las actas; lo que no significa que desmientan los datos del gobierno venezolano, ni que los avalen.

                Sé que no es comparable, pero no me resisto a mencionar que, en Madrid, el Gobierno del PP presidido por la señora Ayuso se ha negado a publicar las actas de la policía, referidas a las inspecciones en las residencias de mayores en las murieron en abandono 7.291 personas, al menos, a las que se les negó su derecho de asistencia hospitalaria. Aún no he visto ni oído a ninguna instancia internacional que recrimine esta barbarie ¿Es más grave el tejemaneje de un Estado, en este caso Venezuela, que miles de muertes en condiciones infrahumanas? Parece que la “democracia” se dicta a la carta, en función de los intereses ocultos en la trastienda política.

«Ayuso se ha negado a publicar las actas de la policía, referidas a las inspecciones en las residencias de mayores en las murieron en abandono 7.291 personas, al menos, a las que se les negó su derecho de asistencia hospitalaria. Aún no he visto ni oído a ninguna instancia internacional que recrimine esta barbarie»

                Eso que llaman “la Comunidad Internacional”, para hablar por todos nosotros y nosotras, ha rechazado la orientación bolivariana desde el primer momento, incluso tras haber ganado Hugo Chávez las presidenciales de 1998 por abrumadora mayoría, pero esa democracia no tuvo el aval de Washington y a partir de ahí comenzaron las sanciones y el boicot a la economía venezolana. Pondré un ejemplo de esto como muestra del doble rasero “democrático”:

                En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio orden de congelar cualquier cuenta bancaria o bienes del exministro de Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y Henry Rangel Silva; cuentas que pudiesen estar bajo jurisdicción estadounidense, bajo la acusación de apoyo a las FARC en sus actividades de narcotráfico.

                Sin embargo, los USA no impusieron ninguna sanción a nadie de la Administración Reagan, ni disolvieron el Partido Republicano, por uno de los mayores escándalos que han protagonizado en su historia; en este caso me refiero a cuando tras las elecciones nicaragüenses de 1984 la CIA, con el conocimiento de la Casa Blanca, financió al grupo paramilitar y terrorista “Contra nicaragüense” con dinero de los cárteles de la droga.

                No me identifico con el “socialismo bolivariano” ni con el “socialismo del s. XXI” instaurado por Chávez y heredado por Maduro, lo que no me impide ver con claridad que lo que a la “comunidad internacional”, liderada por los Estados Unidos, le molesta es que se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y de las materias primas. No es un problema de respeto o no de los derechos humanos; de hecho, en Venezuela hay mayor respeto a los derechos humanos que en Arabia Saudí, donde la compañía Aramco es propiedad del Gobierno saudí y el gobierno saudí es, a su vez, propiedad de la familia Saúd ¿Alguien cuestiona las relaciones económicas y diplomáticas con Arabia Saudí? ¿Algún organismo internacional está preocupado por los resultados electorales en Arabia Saudí?

«Lo que a la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos le molesta no son los derechos humanos sino que se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y las materias primas»

                Con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a fecha de 2022, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, más que Arabia Saudí y que Irán; segundo y tercero en el ranking, respectivamente. Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo. La riqueza petrolera, de gas y carbón venezolanos la gestiona el Estado a través de PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), de la que es propietario mayoritario desde 2007.

                Conoco Phillips es la tercera mayor empresa norteamericana de petróleo, con sede en Houston (Texas) y mantiene un contencioso multimillonario contra Venezuela, pues, antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, la empresa tejana explotaba y exportaba enormes cantidades de crudo venezolano. Este no es el único conflicto que Venezuela mantiene en el mundo del petróleo, ya que desde la creación de PDVSA en los años 70 (s. XX) fueron muchos los intereses cruzados que se establecieron con compañías de diferentes países.

«Petróleos de Venezuela (PDVSA) es el verdadero objetivo y preocupación de la hipócrita Comunidad Internacional»

                Hago alusión a PDVSA porque concentra la gran riqueza energética, aunque no sea la única riqueza venezolana, y porque es el verdadero objetivo y preocupación de la hipócrita “comunidad internacional”. El bienestar del pueblo venezolano les importa más o menos lo mismo que la libertad de las mujeres sauditas, de las afganas o las de cualquiera de los emiratos árabes. Los derechos humanos en Venezuela les importan lo mismo que los derechos humanos en Palestina. En Venezuela lo que se disputa es si se liberaliza o no el petróleo o si es propiedad del Estado. Otra cosa es cómo lo gestiona el Estado venezolano, incluidas todas las trabas y boicots a los que su economía está sometida.

                El señor Edmundo González es un viejo diplomático que siempre ha estado al servicio del aparato del Estado venezolano, pero quién verdaderamente representa los intereses espurios que se dirimen en Venezuela es la señora María Corina Machado, un producto del programa World Fellows para la formación de líderes impartido por la Universidad de Yale (2009). Esta señora se declara cristiana y liberal, y comparte con el Sr. Milei la ambición por la privatización de las empresas estatales -aunque, de momento, Milei no podrá privatizar YPF-.

«La señora es un producto del programa World Fellows para la formación de líderes impartido por la Universidad de Yale»

                Los datos y los hechos se imponen a los dichos y las manipulaciones mediáticas. Washington ya intentó imponer a Juan Guaidó en 2019; se llegaron a inventar el título de “presidente interino”. Ahora utilizan a un septuagenario como pantalla para su verdadera apuesta. Todos y todas al servicio de los intereses económicos de las grandes multinacionales, protegidas a su vez por el todo poderoso aparato de Estado estadounidense.

«el bienestar del pueblo venezolano les importa lo mismo que la libertad de las mujeres sauditas, las afganas o los derechos humanos en Palestina»

El septuagenario Edmundo González es la pantalla que utiliza María Corina Machado para poner Venezuela al servicio de los intereses económicos de las grandes multinacionales

«Maria Corina Machado comparte con Milei la ambición por la privatización de las empresas estatales»

«Los datos y los hechos se imponen a los dichos y las manipulaciones mediáticas. Washington ya intentó imponer a Juan Guaidó en 2019 nombrándolo Presidente interino»

                Dejen que los pueblos decidan libremente su destino. Dejen de usurpar las riquezas de esos pueblos, así no tendrán que rechazar la inmigración que tanto les molesta.

Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE

El imposible precio de la vivienda.

Uno de los grandes problemas no resueltos en nuestra sociedad es la vivienda. Como señala Julio Rodríguez López en el capítulo XII del libro «Economía, Política y ciudadanía» (Ed Catarata. 2023) entre el año 2014 y 2022 la vivienda subió un 56,2% mientras que los salarios subieron el 13,9%. Llueve sobre Mojado.

Mi amigo Kebir malvive en una habitación compartida de Badalona pagando 550€ mensuales de alquiler, con un salario de 900€ euros netos. A Óscar, que vive con su mujer en un piso de Sant Feliu de Llobregat y están esperando un bebé, el alquiler les ha subido a 900€. El incremento de los precios de la vivienda de alquiler y las frágiles economías domésticas tienen consecuencias
dramáticas como el suicidio de un hombre de 70 años del barrio de Sant Andreu en Barcelona, o el suicidio de dos hermanas, también en Barcelona, el mismo día en que iban a ser desalojadas de su vivienda por no poder hacer frente al pago de la renta.

Jovenes, mayores, inmigrantes, todos y todas…la clase trabajadora es la que sufre la desregulación del precio de la vivienda y su especulación.

Parece que no existe fin al incremento del precio de la vivienda. El último estudio del portal inmobiliario FOTOCASA arroja datos devastadores. El precio medio de una vivienda de 80 m2 en España es de 1012€, teniendo ciudades
como Barcelona con un precio medio de alquiler de 1775€ o Madrid con un precio de 1682€. Los datos son claros. Si comparamos el precio de la vivienda con el salario mínimo interprofesional (1323 € brutos), es imposible pagar una vivienda.

Y como el precio de la vivienda es más alto en las grandes ciudades, se está expulsando a las economías domésticas más precarias hacia los extraradios, municipios y comarcas alejadas a 60- 70 km, contagiando a esos municipios y comarcas de la tensión inmobiliaria y la especulación.

Pero eso no es todo. Como quiera que son las personas y familias menos pudientes las que se tienen que buscar la vida en las zonas más alejadas de las grandes ciudades (y de los puestos de trabajo), se produce un fenómeno de
dislocación de jóvenes, inmigrantes, personas mayores, personas que viven solas… . Poblaciones donde hasta ahora se podían buscar soluciones
habitacionales en los pocos casos que se daban, ven ahora como el número de personas sin hogar aumenta, a la vez que la mendicidad, la ocupación de viviendas e infraviviendas, la demanda de servicios sociales y la alarma social se dispara en esos municipios que carecen de los recursos para ayudar a la pobreza expulsada de las grandes urbes. Un caldo de cultivo estupendo para los
populismos, los racistas y la extrema derecha. Acabar con la especulación de la vivienda es necesario para la clase trabajadora y urgente para la clase política que se reclama de izquierdas. Es necesario para la clase trabajadora porque todo el mundo tiene derecho a un techo y un hogar. Es urgente para la clase política porque la convivencia está en peligro y la situación actual empieza a ser un polvorín a punto de estallar.

Necesitamos parar los deshaucios.

Se necesita poner en circulación las 50.000 viviendas de la SAREB que en su día
fueron activos considerados tóxicos para la Banca y que el siempre amable Estado compró para sanear las cuentas de los bancos.

Se necesita poner freno a la epidemia de pisos turísticos, que no hacen sino agravar el problema.

Se necesita topar el precio de la vivienda tanto de alquiler como de compra ajustándo el precio a las posibilidades de cada cual.

Se necesitan ayudas fiscales tanto para el alquiler como la compra de vivienda, recuperando la deducción del gasto en vivienda de primera residencia en la declaración del IRPF (eliminada para viviendas adquiridas con posterioridad al
2015).

Necesitamos promover el empleo digno y aumentar los salarios. Pero fundamentalmente, necesitamos un parque público de vivienda en nuestro país. En España, el parque de vivienda social es de 450.000. mientras que la media
europea de viviendas sociales es de 2 millones.

Por tanto, España tiene un déficit de vivienda social de 1 .550.000 viviendas, por lo que parece razonable exigir que se produzca una iniciativa
pública con la participación de comunidades autónomas y ayuntamientos para la construcción de vivienda.


Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda

La crisis no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción

En materia de vivienda y suelo se puede hablar de fallo de mercado. Este último informa de la demanda satisfecha, pero no aporta información sobre quienes no pueden acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, por falta de recursos. La insuficiente oferta de viviendas a un coste moderado puede considerarse como el principal fracaso del capitalismo democrático. Existe en España una situación de difícil acceso ala vivienda para la mayor parte de la población.

                El evidente fallo de mercado en el caso de la vivienda y del suelo hace necesaria la intervención de las administraciones públicas. Se trata de ayudar a que dispongan de vivienda los colectivos más vulnerables, entre los que destacan los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda. La actuación de las administraciones públicas en España resulta un tanto complicada. Suelo y vivienda son competencias exclusivas delas comunidades autónomas, pero la mayor parte de los recursos aportados proceden del gobierno estatal.

                La proporción de hogares en los que el esfuerzo de acceso supera la tercera parte de los ingresos en España está por encima del 40%. La asequibilidad es el esfuerzo económico y financiero que han de realizar los hogares para hacer frente al precio y acceder así a la vivienda. La actual es una crisis de asequibilidad. El grado de cobertura de las necesidades de vivienda resulta en España inferior a los niveles alcanzados en otros componentes del estado bienestar, como la educación, la sanidad y las pensiones. La actual crisis de la vivienda aumenta las desigualdades y puede terminar afectando negativamente al resto del estado bienestar.

                Los precios y los alquileres de la vivienda están desacoplados respecto de los niveles de ingresos de los hogares, por la condición de activo que tiene la vivienda. Más de la mitad delas ventas de 2023 se pagaron al contado, sin necesidad de acudir a una hipoteca, lo que revela que numerosos adquirentes son inversores. Tras la crisis de 2008 los precios disminuyeron, pero permanecieron elevados, lo que desvió la demanda hacia el alquiler, ante la escasez de oferta de vivienda en propiedad deprecio asequible. En este contexto la política de vivienda es más que necesaria y debe de orientarse a resolver el problema de acceso. Numerosos hogares alquilan habitaciones en lugar de pisos completos ante la carestía de los alquileres.

                El exiguo parque de viviendas sociales de alquiler acentúa el desequilibrio. En 2020 suponía el 2,5% de las viviendas principales. En el conjunto de la UE la proporción ascendía al9,3%. El incremento de la vivienda turística reduce la oferta de alquiler y acentúa el desequilibrio. La aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha sido la actuación más destacada del actual Gobierno en la materia. La ley ha creado instrumentos para aumentar la oferta de viviendas sociales de alquiler y también ha abierto la puerta al establecimiento de controles de los alquileres. La defensa de los parques públicos de vivienda es, más que una política, una promesa de política.

                Se trata ahora de cumplirla, desarrollando actuaciones que palien la grave emergencia nacional que caracteriza el momento actual de la vivienda.

                La crisis de la vivienda no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción, algo negativo desde el punto de vista ecológico. La construcción de viviendas protegidas, para el alquiler, puede ser un instrumento útil, creando así un parque de viviendas sociales más significativo que el existente. Los precios del alquiler resultarían más asequibles que los que ahora arrasan los ingresos de los hogares más vulnerables. La construcción de viviendas protegidas se ha situado en niveles reducidos en los últimos años. La desaparición de la garantía de financiación de las viviendas protegidas desde 2013 ha sido paralela al descenso de la construcción de dichas viviendas.

                El primer bloque de actuaciones se refiere al aumento de la oferta de viviendas protegidas de alquiler y en venta. Se debe fomentar dicho aumento garantizando un flujo continuo de financiación crediticia. Los fondos europeos han “maquillado” los presupuestos estatales de vivienda en 2022-2023. Después de 2024 no habrá fondos para financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas. En 2024 son trascendentes los4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, pendientes de un convenio entre Vivienda y el ICO, para financiar la construcción de unas 43.000 viviendas sociales de alquiler. El ICO debe de asumir un papel directo. Después de2024 se debe de garantizar la financiación de unas 50.000viviendas protegidas al año. Se firmarían acuerdos o convenios bilaterales con las CC AA y Ayuntamientos para la construcción de las viviendas y también para la compra. El Estado asumiría la amortización y costes financieros de los bonos emitidos contra los ingresos de los alquileres. Además, el gasto público en vivienda debe de reforzar las ayudas directas a los arrendatarios, aproximando el gasto público en vivienda al promedio de la Unión Europea, el 0,43% del PIB.

                Las restantes herramientas estatales, Sareb, Sepes y los suelos de titularidad pública deberán de contribuir al aumento del parque de viviendas sociales de alquiler. Deberá de crearse una agencia para la construcción (o compra o rehabilitación) y gestión de viviendas protegidas. Se debe de avanzar en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda aplazo inferior al año. Es necesario controlar el aumento de los pisos turísticos.

                El segundo bloque de actuaciones es el de los controles de alquiler para contrarrestar los elevados precios alcanzados, en la línea establecida en la Ley 12/2023 a través de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). Desde marzo de2024 se ha implantado el sistema estatal de índices de precios de referencia, que descansa en la información tributaria contenida en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta delas Personas Físicas. El sistema de control permite establecer topes a los alquileres de los “grandes tenedores de vivienda” en las Zonas citadas, así como a los propietarios que no sean gran tenedor. Las declaraciones de ZMRT corresponden a las autoridades competentes en materia de vivienda, que son las comunidades autónomas. En las autonomías gobernadas por el Partido Popular no se aplicará el control de alquileres comentado, lo que reducirá el alcance de dichos controles y acentuará la trascendencia del aumento de la oferta de vivienda protegida.

Julio Rodríguez López
Es vocal del Consejo Superior deEstadística del INE,
y expresidente del Banco Hipotecario deEspaña y de Caja Granada

La ineludible regeneración democrática

La democracia es el sistema de organización social y política que distribuye el poder que emana de los ciudadanos, sujeta a los vaivenes que se producen en la sociedad, que requiere de una defensa continua de los principios que la inspiran. Más cuando son atacados, cual martillo pilón, por la derecha extrema y la ultra derecha favorecidas por un sistema comunicativo que propicia la circulación masiva de desinformación, con el objetivo espurio de deslegitimar las instituciones democráticas, cuando el Gobierno elegido democráticamente, por los ciudadanos, cae en manos del oponente político. Modelo comunicativo que articula en cada momento histórico la manera en que las personas comunican entre sí, y reciben información de los poderes públicos y de los encargados de gestionar el derecho a la información: los medios de comunicación.

Modelo que evoluciona conforme al avance técnico y tecnológico que ha producido la sustitución del sistema analógico, vertical, en el que la distribución de la información a la sociedad era potestad de unas pocas personas o grupos empresariales y el receptor un sujeto pasivo (uno para todos); por lahorizontalidad del sistema digital (entre todos) que trasforma al destinatario en un nodo de comunicación con capacidad para recibir información de múltiples fuentes, con las que crea su propio mensaje que difundea cualquier hora, desde y para cualquier lugar del planeta, a través de los canales que él mismo establece en la red planetaria que es internet, en la que nadie controla lo que se difunde y su veracidad.

Cambio tecnológico que ha supuesto un giro radical en la manera de comunicar cuyo aspecto positivo es expandir y compartir conocimiento de manera global, y el negativo de generar la circulación de información masiva donde el control de la veracidad de los mensajes que circulan se difumina, con el efecto de degradar el sentido del periodismo como garante del derecho a una información veraz, debido al uso interesado y mendaz de algunos medios digitales y redes sociales por los propagadores del populismo disruptivo difundiendo bulos, noticias falsas, tergiversaciones y mentiras, que ponen en duda la credibilidad de las instituciones democráticas, y la honorabilidad de determinadas personas públicas. O, peor aún, expandiendo el miedo al futuro para retrotraer las mentes al pasado de ordeno y mando: del atado y bien atado.

Panorama de descontrol desarrollado al amparo de una interpretación tergiversada de los derechos a la información y de libertad de expresión, que da por bueno que ambos carecen de límites, en la idea de que cualquier límite que se quiera establecer supone imponer la censura. Planteamiento maniqueo porque el derecho a la información viene referido a garantizar el acceso y la veracidad de los contenidos que se difunden; mientras que la libertad de expresión no es el libertinaje de acusar sin pruebas de delitos o faltas administrativas a personas, instituciones públicas o empresas privadas. Descontrol que degrada la democracia y al que la UE ha puesto coto, que no censura, con el recientemente aprobado —con el apoyo del grupo popular europeo donde se encuadra el PP—,Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación que recoge una serie de medidas que deben ser adoptadas por los países de la unión. Medidas que fueron expuestas por el Presidente del Gobierno en el Congreso, como parte del anunciado Proyecto de Regeneración Democrática. Propuesta abierta que no establece ninguna censura a los medios, que acaba de comenzar su andadura con un proceso de negociación con los grupos parlamentarios –menos Vox— encabezado por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y el de cultura, Ernest Urtasum.

Medidas centradas en los medios de comunicación de las que el Presidente dejó fuera, no sabemos si deliberadamente o para abrir la negociación a las propuestas de los grupos políticos, la reforma del CGPJ y de la potestad de los jueces que acabe con la politización de la justicia (lawfare o guerra legal);de la ley de secretos oficiales vigente desde el franquismo; y la ley mordaza que limita la libertad de expresión y protesta de los ciudadanos. Reformas imprescindibles para una verdadera regeneración democrática. Veremos si el Gobierno está dispuesto a abordarlas.

De momento, la negociación propuesta por el Ejecutivo se centra en una traslación del Reglamento aprobado en el Parlamento Europeo, relativas a la transparencia para obligar a los medios a publicar con detalle quiénes son sus propietarios, sus accionistas, sus fuentes de financiación y sus cifras de audiencia. Todo con el objetivo de evitar fraudes como aumentar el número de visitas al medio digital mediante el uso de bots (algoritmos que aumentan electrónicamente el número de visitas) para captar más inversión publicitaria pública que lectores; o evitar que los partidos políticos compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes, mediante la reforma de la ley de publicidad institucional para que todos los gobiernos, el nacional, y los autonómicos y locales, publiquen con detalle cómo y cuánto dinero público gastan en publicidad institucional en los medios digitales y convencionales.

Propuestas para garantizar la independencia y pluralismo mediático, que sancionen las presiones políticas y empresariales sobre los periodistas, como las amenazas lanzadas contra el Diario.es por el asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, por informar sobre las negociaciones del novio de la Presidenta con Hacienda, para evitar la condena por fraude fiscal. Y para reforzar la defensa de los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos, si se vierten calumnias contra ellos. Y, si atendemos a lo dicho por su socio de Gobierno, Sumar, para reformar la ley mordaza eliminando los delitos de opinión contra la Corona y los sentimientos religiosos; además de cambios en la ley electoral para hacer obligatorios los debates políticos, y en la ley de administración pública y gobierno abierto para aumentar y mejorar la calidad de la información que el Ejecutivo suministra a los ciudadanos.

Reformas que no solo se deben negociar con los partidos políticos, sino con otros agentes sociales implicados como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que agrupa a la parte sustancial de profesionales en ejercicio, que debe jugar un papel fundamental en el control del cumplimiento de las medidas que se aprueben, como le sugirió su Junta Directiva al Presidente del Gobierno, en una reunión reciente mantenida en Moncloa. Encuentro en el que le presentaron varias propuestas como crear una Comisión de Monitorización y Seguimiento para denunciar la vulneración de los principios deontológicos de profesionales y medios, en línea con lo que viene haciendo la Comisión Deontológica de la FAPE con sumo acierto. Comisión de Monitorización, en la que propusieron que se incluya a los propietarios de los medios —como sucede en Bélgica—, si quieren tener financiación pública. 

En paralelo, treinta y cinco organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la Fundación Alternativas o Greenpeace— registraron en la Cámara diversas propuestas para la regeneración democrática durante el debate en el Congreso relativas, por ejemplo, a la regulación de los grupos de presión o lobbies para que su agenda y reuniones con cargos públicos se publiciten, o facilitar la consulta pública de las iniciativas legislativas que lleguen al Congreso.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y
Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Video del debate en el parlamento sobre las medidas de regeneración democrática

De acuerdo

«Nuestra capacidad para adaptarnos, y para aceptarlo todo,

es uno de los más grandes peligros que corremos.”

Stanislaw Lem

La carta nos puso los dientes largos.

                Las posibilidades se abren de pronto, como pequeñas grietas por las que se suma el encantamiento, que decía Negri, y toda nuestra resignación se hace posibilidad, y los cierres de la costumbre se abren como oportunidades de avanzar democráticamente en un país que dejó tantas cosas por hacer, tantos sentidos democráticos silenciados y sin explorar, tantos agujeros negros que ha ido rellenando la costumbre, la institucionalización, el miedo, el mal menor, la inercia, la decepción…

                La carta de Pedro Sánchez se entendió políticamente. Como esa voluntad de ruptura que asume el punto de vista subterráneo, que supera los liderazgos y sus hipotecas, las trayectorias y sus lindes, como quien se topa con el final abrupto de un camino, descubre la trampa en el juego o se da cuenta de que aquellos que te pasaron la mano por el lomo de la institucionalidad nunca han dejado de despreciarte.

                No tenía otra explicación. Una decisión que es un momento, una certeza… y que luego se hace colectiva, aclaración, relato y ruptura, abriendo en el espacio público ese momento que cambia pequeñas cosas que lo cambian todo, que devuelve al espacio público esa posibilidad que es utopía, que permite pensar de nuevo desde nuestra pluralidad política múltiple y creadora rompiendo la dinámica, tediosa a veces, del acontecer público.

                Porque nada es pequeño cuando es clave. Y qué duda cabe de que la carencia de una transición democrática en nuestro poder judicial y la elipsis profunda de nuestro mandato constitucional que afirma ufano que, del pueblo español “emanan los poderes del Estado” ha configurado un poder autónomo ─no el único, lamentablemente, de nuestro sistema político─ que se sabe actor y límite, arbitrio e influencia, agente y reparto. Y hay que recordarlo, y hay que ponerse un poco así, grandilocuente y nostálgica de lo que no ha ocurrido, aunque solo sea por contraste.

                Y quizá así se entienda mejor que no fue que el Partido Popular secuestrara durante cinco años el órgano de los jueces mientras clamaba ─y clama─ por reforzar el corporativismo de este poder autónomo del Estado, sino que fue más bien un consorcio para la defensa de los intereses profesionales individuales y colectivos de sus asociados y militantes, en la que los unos acompañaban el discurso político de los otros y éstos correspondían con la continuidad en el manejo de uno de los poderes de última instancia del Estado.

                Pactar hay que pactar, y siempre es bueno llegar a acuerdos. Pero cerrado el nombramiento del nuevo Consejo, asentado de nuevo el relato de la inanidad, la decepción, la cuota, el silencio y el hacerse perdonar por los que van a seguir mandando diga lo que diga el pueblo español, nos queda apenas, otra vez, volver al pozo de las oportunidades perdidas, al inútil plañidero del análisis de las disfuncionalidades democráticas y a la parálisis de la queja mientras el juego político avanza, dejando atrás los espacios de oportunidad que hacen a la gente protagonista de sus instituciones, como un reguero de decepción que, finalmente, habrá de traer al poder a los que entienden la política como un negocio societario, envueltos, eso sí, en banderas de colores y con su trampantojo de enemigos de la patria, como parapeto de esa corrupción estructural que los jueces adecuados nunca investigan adecuadamente.

                Y ya no hará falta que los jueces elijan a los jueces, y ya no harán falta consensos para la imparcialidad sino cuotas para el agradecimiento, y ya no hará falta un parlamento que discuta ante la opinión pública la idoneidad de unos nombramientos sino que bastará el anuncio rápido de unos nombres previamente pactados por sus partidos (bajo la mirada condescendiente de Europa), y ya no hará falta que los jueces puedan o no puedan saltar de un lado al otro del estrado sino que simplemente se avengan a seguir negociando de parte de los poderes que no emanan del pueblo.

                Y ya no hará falta legislar para que el bloqueo no vuelva a ser una herramienta posible y por lo tanto válida para surfear las reclamaciones democráticas de una ciudadanía a la que cada cierto tiempo hay que enseñarle que votar realmente tampoco cambia a todos los que realmente mandan.

Gloria Elizo Serrano

Directora del Instituto Clara Campoamor para el fortalecimiento de la Democracia

Fue vicepresidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados

Recuperar los valores de la izquierda

La tradicional reticencia, con un punto de apatía, de un sector de votantes de la izquierda para movilizarse e ir a votar, no cambia por el mero cumplimiento de un proyecto progresista que pone en marcha medidas que benefician a las clases populares y medias y reducen las desigualdades; pues requiere de un discurso que acabe con esa sensación derrotista de que la izquierda siempre está a la greña, mediante el recurso al componente simbólico, olvidado de manera incomprensible, que refuerce el sentimiento de pertenencia entorno a los valores de transformación social que son la seña de identidad histórica de la izquierda. Un relato más necesario que nunca, cuando la derecha, sin complejos ni vergüenza, se apropia de ellos con descaro por dejación de la propia izquierda política y cultural, que ha caído en la trampa de que con una buena gestión ya está todo ganado.

                Que ha olvidado qué en política, y más en una sociedad que se mueve ala velocidad de la luz, nada está consolidado para siempre: ni el propio sistema democrático ni la adscripción de valores como el de libertad a la izquierda, siendo ésta, en sus múltiples facetas, la principal vitola de su ser político junto a los de igualdad y justicia social. La fijación del discurso progresista en las medidas positivas que se llevan a cabo, no es suficiente para movilizar a una parte esencial de su electorado, que ve con pasmo como los adalides más significados de la derecha sin complejos, por ejemplo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se apropia y hace bandera de esos valores, sin que nadie desde la izquierda la replique con contundencia y descubra la malignidad falsa de sus afirmaciones, con datos concretos que evidencien la perversidad de su concepto de libertad que beneficia a los ricos.

                Desde la floración del discurso populista, fascista, parece que a los políticos e intelectuales de izquierda les produce reparo, repelús, meterse en ese jardín ideológico no vaya a ser que se arme la de San Quintín por recordar, con datos históricos —materia que los voceros del populismo desconocen casi por completo y por eso se la inventan con desparpajo torero—, que la libertad, igualdad y justicia social son esencia y patrimonio de la izquierda. Valores que siempre ha querido sojuzgar la derecha y la extrema derecha. Cierto que ese posible temor o dejación, pueda estar relacionado con la furia desatada por todas las fuerzas de la caverna ante la sensación de que les están cambiando su España, con medidas como la Ley de Memoria Democrática, sacar el cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, el Impuesto Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones conforme al IPC, la reforma laboral, la Ley del solo Sí es Sí, o el impuesto a la banca y grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios. Medidas que, entre otras, han supuesto un reconocimiento y ampliación de derechos para la ciudadanía que recortan zonas de privilegio y confort de los poderosos de siempre.

                Pero, todo eso no basta sino va acompañado de un discurso, de un relato, del valor simbólico que inspira las medidas aprobadas, y las que vendrán, que las aúne y dé sentido colectivo, de izquierda, a la razón última por la que se adoptan. Sentido que no puede remitirse en exclusiva a los datos y las cifras; sino al efecto concreto que tienen en la vida de las personas y el beneficio que les procura, en línea con los valores clásicos de la izquierda: repartir y distribuir el poder y la riqueza que todavía acaparan determinados sectores y grupos sociales poderosos, en pos de una sociedad más justa.

                En estos meses asistimos, como ejemplo palmario del cabreo de esos sectores, a la rebelión de los jueces y fiscales más conservadores del poder judicial, convertidos en una especie de Partido Judicial, que con desfachatez labora en favor de la estrategia del PP de acoso y derribo del presidente del Gobierno, amparados en el poder omnímodo del que gozan en sus juzgados. Ose encastillan contra la Constitución—como hace todo dictador— en las poltronas del CGPJ, para defender la mayoría conservadora que les permite seguir nombrando jueces conservadores en los más altos escalafones del poder judicial. El ultimátum del Presidente para que el PP se avenga en el plazo de un mes a la renovación o, de lo contrario, procederá a aprobar vía parlamentaria un recorte de su capacidad para seguir nombrando jueces en el Tribunal Supremo, es el recurso que queda ante la contumacia del PP a renovarlo con la connivencia de los vocales: incluidos los progresistas.

                Pugna de sustancial calado democrático que, después de cinco años, no ha sido explicada, en su sentido y alcance público, al punto de que un sector de la izquierda la percibe como un foco más de ruido en el debate político, sin atisbar el valor trascendente que se esconde detrás, en cuanto a la mejora de la justicia y el propio sistema democrático, conforme a los valores de la izquierda. Igual sucede cuando el discurso progresista permanece inerme ante la estrategia de la derecha de acusar a la izquierda de los errores políticos que ella misma comete. Por ejemplo, nadie desde el Ejecutivo o los partidos que lo conforman, ha salido a rebatir, a desmentir, el mensaje genérico, sin pruebas y perverso, de la existencia de un foco de corrupción en el Gobierno y el entorno del Presidente, asentado en falsedades y sin pruebas. Resulta incomprensible que se pasen por alto estos mensajes, que dan verosimilitud a la máxima Goebeliana de que toda mentira repetida se convierte en verdad.

                Establecer una relación regular de los partidos y organizaciones de izquierda con intelectuales, sindicatos, agrupaciones sociales, culturales y artistas progresistas con influencia social—como la hubo en los primeros años de la transición—, sin duda permitirá forjar un mensaje más sólido y nítidamente de izquierda. Igual de necesario es reforzar y coordinar los departamentos comunicación, en las distintas esferas de poder, para que los mensajes que se lanzan a la ciudadanía tengan un poso de pedagogía de izquierda, imprescindible, para aumentar el sentimiento de comunión fática entre la ciudadanía progresista que acabe con su orfandad discursiva, cuando se ven inmersos en debates políticos o sociales en su vida cotidiana. Solo así se sentirán integrados como agentes imprescindibles en la brega por una sociedad mejor que es necesario defender a diario y, en especial, los días señalados de elección de representantes políticos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, Profesor Universitario y Doctor en Comunicación de Masas.

Hacer sindicalismo no es delito

En junio de 2023, una gran manifestación (más de 10.000 personas), recorría las calles de Madrid, desde San Bernardo hasta Atocha, (convocada por la CNT), al grito de «HACER SINDICALISMO NO ES DELITO».

                El Juez de Instrucción Número 1 de Gijón había condenado a 6 sindicalistas de CNT (5 mujeres y 1 hombre) a 3,5 años de cárcel cada uno y al pago de 125.000€ de multa a su sindicato, la CNT. El Juez aplica estás condenas en base a dos delitos del Código Penal (obstrucción a la justicia y coacciones).

                Condena a los sindicalistas a 3,5 años de cárcel, tratándoles como delincuentes comunes, desligando los hechos del ejercicio sindical a la vez que condena al sindicato al pago de 125.000€ de multa.

                Hoy, el TRIBUNAL SUPREMO, ratifica la condena del Juez de Gijón y seis personas jóvenes verán truncadas sus vidas con un encarcelamiento de 3,5 años de prisión, porque son trabajadores que han tenido la osadía de defender los derechos de una compañera trabajadora de la pastelería «La Suiza» de Gijón, a la que se debían salarios a la vez que sufría acoso laboral por parte del jefe.

                Con esta indignante noticia, pretendo zarandear las conciencias de toda la clase obrera de este país y de todas las organizaciones obreras, políticas y sindicales, para que se den cuenta de que en esta llamada democracia no hay ni Constitución ni leyes que nos protejan, siempre que cualquier juez conservador pueda retorcer los hechos para acomodarlos a su ideología.


                Está sentencia es contra la clase trabajadora de este país y como tal debe entenderlo la clase trabajadora y sus organizaciones.

                Ahora, los que pueden y deben hacer algo contra está ignominia, que hagan.

Yo me adhiero.

Carmen Alonso
Militante socialista (Trujillo-Cáceres)

Lo denuncia en su TikTok CGT Metal Madrid